¿Y qué se siente cuando ve uno entrar a nuestros barcos al puerto de La Habana? Pues orgullo… mucho orgullo. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
AHORA que en la FGR andan sacando los pendientitos que dejó tirados el diplomático Alejandro Gertz, se ve que tratan de todas las formas posibles que no se caigan casos ni queden libres quienes deben mucho, como el veracruzano Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
PORQUE eso de imputarle un desvío de apenas 5 millones de pesos para que le abrieran un nuevo proceso penal suena a muuuy poquito comparado con los más de 3 mil 100 millones de pesos de los que se hablaba cuando fue detenido en Guatemala en 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
EL HECHO es que el veracruzano está a punto de cumplir con su condena de nueve años de prisión y la Fiscalía, mientras estuvo a cargo el hoy embajador en Reino Unido, no logró ni una sola sentencia adicional a pesar de abrirle hasta nueve carpetas de investigación.
LA DUDA es si se trata de una cadena de errores y negligencia del Ministerio Público o, más grave aún, un plan con maña para que Javidú recuperara su libertad.
MIENTRAS la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se sigue peleando con legisladores de su propio partido, en Movimiento Ciudadano se frotan las manos.
CUENTAN que los naranjas están felices pues sus más recientes encuestas indican que cada vez se acercan más en la intención de voto para la elección de gobernador de 2027.
TANTO así que andan diciendo que la diferencia entre Morena y MC ya está dentro del margen de error estadístico y creen que le pueden arrebatar esa plaza a la 4T.
MUY extraña resulta la aparición de más de 500 bardas en la Alcaldía Cuauhtémoc con la leyenda: “Arturo te defiende”.
LA ALCALDESA opositora Alessandra Rojo de la Vega afirma que quien las mandó pintar es Arturo Ávila, diputado federal de Morena con quien trae pleito desde hace meses, pero el legislador dice que es un montaje. Según esto, para acusarlo de actos anticipados de campaña y sacarlo de la contienda por esa alcaldía el próximo año.
ROTULAR cada una de esas bardas cuesta más o menos 9 mil pesos, por lo que la “inversión” de quien las mandó pintar ronda los 4.5 millones de pesos, que no es poco. Así es que el misterio es triple: ¿quién las mandó pintar?, ¿con qué propósito? y ¿de dónde salió el dinero? Un verdadero caso para “La Araña”.
HAY QUIENES quedaron tan fascinados en EU por la actuación de “Bad Bunny” en el Super Bowl que le piden que se cambie el nombre a “Good Bunny”.
EN CONTRASTE, algunos están tan molestos con la fiscal general, Pam Bondi, después de que su audiencia ante legisladores del miércoles terminó a gritos, que ya están proponiendo llamarla “Bad Bondi”! Es chiste, parezca lo que parezca. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Fiebre editorial en Morena
Nos cuentan que en Morena parece haber una fiebre editorial, acompañada de una rara amnesia. El senador morenista Javier Corral aprovechó ayer la presentación del libro del Tribunal Electoral que defiende la decisión de dar la famosa supermayoría al oficialismo, para anunciar que además de su librería en Chihuahua, abrirá una sucursal en la Ciudad de México. Ni tardo ni perezoso, su correligionario Gerardo Fernández Noroña también presumió el oficio de librero, pero con una humilde mesita afuera de su casa.
A ambos, nos detallan, parece que se les olvidó lo que defendían a capa y espada, pues don Javier pidió hacerle una “cirugía” a la reforma judicial que tanto impulsó, para eliminar tómbolas y acordeones, y don Gerardo hace ya rato que no se acuerda del significado de austeridad y justa medianía. ¿Será que con sus esfuerzos editoriales quieren hacerle la competencia al libro de Julio Scherer que está haciendo fuertes olas en la 4T?
Por el bien de todos, primero La Habana
Mientras en México algunos hospitales públicos carecen de insumos básicos para operar, en Morena piensan enviar a Cuba aparatos para realizar ecografías, ventiladores pulmonares, microscopios y hasta catéteres y trócares para punciones intravenosas, además de casi 100 tipos de medicamentos básicos y para atender enfermedades crónicas. Para ello, Morena está instalando centros de acopio en todo el país y su presidenta, Luisa María Alcalde, promueve la campaña de solidaridad con el pueblo cubano y la lista de equipos y medicinas que se necesitan en la isla. Nos recuerdan que hace no mucho consideraban “golpistas” a quienes exigían medicamento para el cáncer en México. ¿Pensarán, como Fidel, que “la historia los absolverá”?
El congresista ruidoso
Nos cuentan que un congresista republicano se ha vuelto un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. El legislador estadounidense Carlos Gimenez ha cobrado notoriedad por sus críticas a la administración de la presidenta Sheinbaum en redes sociales y en medios conservadores con gran penetración, como Fox News, pero nos hacen ver que el representante de Florida, nacido en Cuba en 1960, es proclive a decir mentirijillas, como la de que a él y otros congresistas de su país les habían cancelado de última hora una reunión con la mandataria mexicana. Desde Relaciones Exteriores han salido a desmentir y contener los dichos del estridente don Carlos, pero no parece que se le quiten los ánimos de seguir en su campaña.
Pablo Gómez no duerme
La comisión para la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez ha intensificado el paso y las reuniones ya no distinguen horario, pues se llevan a cabo por las noches, tanto en Palacio Nacional como en la Secretaría de Gobernación, para afinar los últimos detalles de la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Nos cuentan que siguen atorados en temas como el financiamiento a los partidos. Pese a los atorones, nos aseguran que la propuesta se encuentra en la recta final y que la intención es presentarla antes del 28 de febrero. Eso, si PT y PVEM no tienen otros datos. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Que la ruta trazada en el Palacio de San Lázaro para el análisis y dictamen de la reforma constitucional sobre la jornada laboral de 40 horas semanales prevé la presentación ante comisiones del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tentativamente el 23 de febrero, para convencer a los diputados federales de avalar la aplicación gradual del decreto, de 2027 a 2030, y mantener solo un día de descanso por cada seis de trabajo, y no dos, como se ha demandado como parte de este cambio. Detallitos, pues.
Que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó por enésima ocasión a su hermano Saúl a recapacitar sobre la insistencia en competir por la candidatura al gobierno de Zacatecas a fin de relevar en el cargo a David para que todo quede en familia, aunque esta vez le recordó el regaño que su abuela les dedicaba: “estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas”. En tanto, ante señales encontradas, los verdes cerraron filas con la intención presidencial de abatir el nepotismo desde 2027. A ver.
Que a propósito del tema, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, descartó riesgo de injerencia gubernamental o conflicto de intereses por el nombramiento de Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria federal de Ciencia, como integrante de la Junta de Gobierno, ya que se evaluaron los perfiles por su experiencia y trayectoria, y el hecho de que 14 consejeros la hayan promovido demuestra su relevancia y que los cuerpos colegiados representan la pluralidad de la comunidad universitaria.
Que en el “nuevo” Poder Judicial hay preocupación porque no entienden qué pasó después de que una resolución del Tribunal de Disciplina, dictada el jueves y no notificada de manera oficial, cayó en manos del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien hizo escarnio en redes sociales de la suspensión del juez Juan Fernando Alvarado por irregularidades en algunos casos, pero que el legislador hizo ver que fue por otorgar una protección al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay goteras… (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Defienden a la presidenta
Tunda en redes sociales se llevó el congresista de EU Carlos A. Gimenez, por sus mensajes contra la presidenta Sheinbaum. La embajada en Washington, a cargo de Esteban Moctezuma, recordó al republicano que, con la mandataria, México ha registrado inversión extranjera récord, además de que se fortaleció el Estado de derecho, y hoy por hoy nuestro país es el principal socio de Estados Unidos. Por su parte, el subsecretario de la Cancillería para América del Norte, Roberto Velasco, le pidió respetar a la presidenta y a la soberanía mexicana.
Ratifica compromisos de México
Participó el secretario de Hacienda, Édgar Amador, en la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera, en la Ciudad de México. El funcionario reiteró ahí el compromiso del gobierno mexicano para combatir los delitos financieros, como el lavado de dinero, fraude, sobornos, evasión fiscal y financiamiento al terrorismo.
En San Lázaro también hay consenso
Los días 24 y 25 de febrero será discutida en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que establece la jornada laboral de 40 horas. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán descartó que se vaya a aprobar en “fast track”, pero lo cierto es que todas las bancadas están de acuerdo en avalar esa propuesta.
Finaliza primera evaluación
Concluyó el Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por Celia Maya, la primera evaluación a 840 personas juzgadoras. “El proceso se desarrolló bajo criterios técnicos, objetivos y verificables, con pleno respeto a la independencia judicial y sin interferir en el contenido de las resoluciones jurisdiccionales”, informó el organismo.
Pide China ampliar cooperación
El gobierno de China convocó a México a profundizar la cooperación en aras de buscar la prosperidad conjunta. El embajador asiático en nuestro país, Chen Daojiang, confió en que ambas naciones, juntas, podrán avanzar en temas comerciales, de manufactura, cadenas de valor, energía, innovación, educación, intercambios culturales y economía.
Del chongo, relevo en CTM
Hasta con la cubeta se van a dar los suspirantes a relevar a Carlos Aceves del Olmo en la secretaría general de la CTM. Tereso Medina Ramírez es el rival a vencer, pues ayer Leocadio Hernández lo denunció por presunta extorsión ante la FGR; y los aspirantes Fernando Salgado y Alfonso Godínez acusan dados cargados a su favor.
Presenta Alcalde su plan
La fiscal capitalina Bertha Alcalde presenta hoy el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. Esta hoja de ruta tiene por objeto fortalecer la capacidad de investigación de la dependencia, hacer más eficiente la judicialización de casos y mejorar la coordinación con la Secretaría de Seguridad, al mando de Pablo Vázquez. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Las ‘tormentas’ en Morena
Parece que el diputado Ricardo Monreal habla en serio cuando dice que “ya Morena tiene bastantes conflictos internos como para poder incendiar otros”. Ayer, de plano, nos adelantó que, ante las insistentes aspiraciones de su hermano, el senador Saúl Monreal, de ir por la gubernatura de Zacatecas en 2027, le va a decir “lo que dijo mi abuela Dominga Ávila: ‘Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas’”. Insistió en que “le voy a repetir esa expresión, porque no conviene la división, es un momento de cerrar filas en Morena. Creo que él es razonable”. Pero ya le ha hecho varios llamados y nada que le hace caso.
Brotan bardas para el vocero guinda en San Lázaro
De la noche a la mañana, algunas bardas de la alcaldía Cuauhtémoc aparecieron con el mensaje “Arturo te defiende”, recordando a la estrategia en 2023 con “Es Claudia” para posicionar anticipadamente a la presidenta. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó al vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, de estar detrás de la promoción personalizada de cara a la elección de 2027 y el diputado ya salió a negar la acusación y anunció que pedirá al instituto electoral capitalino que investigue a fondo quién pintó las bardas, aunque, como ha pasado siempre con las bardas “huérfanas”, nunca hay sanción alguna ni se identifica al autor de las pintas.
Por ‘revisar’ la reforma judicial… ¡en la ‘4T’!
Independientemente de que la CIDH aceptó una impugnación de la oposición por la reforma judicial, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, consideró que sí debe haber una revisión de la reforma antes de la elección de 2027, donde se votará la mitad faltante del Poder Judicial, pues se han evidenciado casos de juzgadores con “desconocimiento brutal”, y peor aún “gobernadores que se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron”. Vaya reconocimiento.
Se asoma la justicia para víctimas de Acteal
La justicia siempre tarda, pero a veces llega. Ayer, a más de 28 años de la masacre en Acteal, Chiapas, el pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción para resolver un amparo en revisión promovido por víctimas del desplazamiento forzado, quienes demandan una reparación integral del daño. A propuesta del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el Tribunal Constitucional determinó, por mayoría votos, que el caso reviste trascendencia e importancia para ser resuelto en definitiva por los ministros. La SCJN determinará cuáles son los alcances de una sentencia de amparo y las obligaciones de las autoridades en sus tres niveles de gobierno frente al fenómeno del desplazamiento forzado interno de indígenas cuando se vulneraron sus derechos humanos.
Brugada, cero y van tres
Ya parece broma, pero no lo es. Ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, insistió de nuevo en cuestionar la política editorial e informativa de los medios. Al hablar de las acciones emprendidas por su gobierno para frenar el crecimiento de la mancha urbana, que han logrado recuperar la fabulosa cantidad de 180 hectáreas, soltó con tono de reclamo: “Y a lo mejor, como no sale en medios de comunicación, pues no sabemos, ¿verdad?, no tenemos toda la información, pero se va perdiendo zona de conservación y zona verde si no actuamos”. ¿No le convendrá más mejorar su estrategia de comunicación y hacerla más asertiva en vez de andar con reproches? (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
› Jalisco y CFE echan luz al Mundial
Con la novedad de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, realizaron ayer un recorrido por el Estadio Guadalajara. Fue como parte de un encuentro, se ha informado, para acordar todo lo relacionado con los temas energéticos que atañen a la fiesta mundialista y, de paso, también para revisar las necesidades de energía eléctrica en el estado a largo plazo.
Nos comentan que, por lo pronto, ya quedó establecida la base de coordinación entre el gobierno estatal y la empresa pública para dar seguimiento en los inmuebles estratégicos del Mundial y que no se presente ningún problema a la hora de la hora. Entre éstos están, por supuesto, los aeropuertos de la capital jalisciense y de Puerto Vallarta. Calleja realiza una gira por las entidades que fungirán como sedes mundialistas, para dar acompañamiento técnico. Y Jalisco, se ha señalado, espera tres millones de visitantes durante la fiesta del balompié más importante a nivel internacional. Ahí el dato.
› Piden en Morena corregir reforma judicial morenista
Sí, la petición que elevó ayer el senador morenista Javier Corral Jurado es la de revisar la reforma judicial. Para el exgobernador de Chihuahua es necesario que, antes de elegir a la otra mitad de juzgadores que quedaron pendientes tras esa reforma, se evalúen los criterios de elección, después de que, a su ver, quedaron evidenciados “casos ejemplares de desconocimiento brutal” en los estados. “Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año.
Y a la luz de este primer año podemos hacer una evaluación”, dijo el también presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, quien insistió en que “tiene que haber criterios mucho más claros y definidos del universo de candidatos”, para hacer que prevalezca la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento… “Tiene que haber exámenes”, pidió Corral en otro claro ejemplo de las diferencias que no dejan de manifestarse al interior de la Cuarta Transformación, en donde el argumento que hasta ahora prevalece es el defender con todo la reforma judicial. Uf.
› Saúl y el vendaval
Y fue Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de los guindas en San Lázaro, quien se pronunció en contra de las aspiraciones de su hermano Saúl para suceder a su otro hermano, David, en la gubernatura de Zacatecas. “No estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano, no estoy de acuerdo, se lo digo con toda honestidad, no juego doble, nunca he jugado doble. Ésa es mi convicción”, declaró el más destacado de los integrantes de la familia Monreal.
Nos dicen que no sería la primera vez que a Saúl lo buscan contener sus seres queridos. Por estos días, él mismo dijo que Morena no debería descartarlo por su parentesco con estos políticos zacatecanos ya que David, quien hoy gobierna el estado en cuestión, tampoco lo apoya, pues, recalcó, cuando quiso convocar a funcionarios de la administración de su hermano, para formar su estructura, éstos le dijeron que, con pena y todo, no podían respaldarlo, pues no se los habían permitido. Pendientes de si Saúl recapacita.
› Duarte en prisión
Comentan que ayer no fue el mejor día para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien después de que ya saboreaba las mieles de la libertad, tras nueve años en prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa —una condena que terminaría de cumplir en abril próximo—, fue imputado por otro delito con el que —de ser hallado nuevamente culpable— se quedaría tras las rejas 14 años más. Y es que, a semanas de que pudiera poner los dos pies afuera del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, colocó una acusación que impide por el momento una salida, para muchos anticipada.
De acuerdo con los alegatos de la FGR, el exmandatario estatal todavía debe responder por el desvío de cinco millones de pesos que la Federación le entregó a su administración para apoyar a personas con discapacidad en Veracruz, un recurso que jamás llegó a este sector. Dicen que después de escuchar los 38 datos de prueba que hoy lo imputan, Duarte respondió ante el juez que aquellas acusaciones no son más que “una bola de sandeces”. Qué tal.
› Se le hizo fácil
Vaya regada la de la regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, a quien las redes sociales —que no perdonan— evidenciaron tras ser captada el pasado domingo, en un acto público, acompañada de un mono araña. Lo malo, dicen, no era la compañía, sino que se trata de una especie protegida al estar en peligro crítico de extinción. Lo feo, nos hacen ver, es que la funcionaria lo llevaba atado a una correa. Y lo peor, todo el mundo vio cuando le daba unos “sopapos”, al parecer para regañarlo por su inquietud.
Las imágenes inmediatamente detonaron la indignación de los internautas, lo que obligó a la regidora a dar una explicación que, por cierto, la dejó peor parada. Dijo Villarruel que el mono no era suyo y que se le “hizo fácil” acercarse para acariciarlo y cargarlo, aunque cuentan que el video indica todo lo contrario. Como claramente estas justificaciones no dejaron satisfecho a nadie, al final, la política emecista no tuvo más remedio que restringir el acceso a sus perfiles en Internet.
› Lecciones de coherencia desde Palacio
Más claro ni el agua. La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a aquel levantón de mano que hizo el líder del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, a la legisladora Ruth González, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Tras la polémica —que ya se creía superada, Velasco dijo que era ella la más indicada y la mejor posicionada para el cargo. La legisladora no se subió al tren y dijo que sigue haciendo su trabajo legislativo.
La Presidenta Sheinbaum, sin embargo, no quiso dejar de registrar la lanzada de Velasco y dijo: “No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir… ésa es mi opinión personal”, dijo la Jefa de Estado, quien dejó a criterio del Verde y también de Morena si se accede o no a esta maniobra política, que además va en contra de la reforma estatutaria de Morena contra el nepotismo aprobada en 2025. Pendientes. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
La vorágine de la información ha dejado relegado lo que sucedió hace casi tres semanas en Concordia, un municipio sinaloense a una hora al sur de Mazatlán. El secuestro de 10 mineros, cinco de ellos encontrados muertos, dejó de ser del interés prioritario de la mayoría de los noticiarios electrónicos y desapareció por completo de las primeras planas de los periódicos. La minera canadiense Vizsla Silver Corp. difundió ayer una actualización de cómo avanza la búsqueda de sus cinco trabajadores que siguen desaparecidos, pero no hay mucho nuevo que informar. Siguen las condolencias a los familiares de las víctimas, y la mina continúa con sus operaciones suspendidas.
Como todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con el narcotráfico y su violencia, la sociedad mexicana, incluido el gobierno, los actores políticos y los agentes económicos, ya lo normalizaron. Uno, dos, cinco, diez o más muertos o secuestrados por el crimen organizado son una estadística, número frío que sólo acumula víctimas al México rojo en el que vivimos. Pero Concordia no va a desaparecer pronto; apenas estamos descubriendo lo que se perfila como el microcosmos del horror nacional.
Concordia, que fue un centro minero de oro, plata y cobre, es un pueblo con menos de 25 mil habitantes que cruza una carretera rural. Lejos de las zonas urbanas, escondido en la Sierra Madre Occidental, durante no se sabe cuántos años ha sido el cementerio clandestino de las personas que mandó matar Iván Archivaldo Guzmán, jefe de la facción del Cártel de Sinaloa que está en guerra contra las milicias de Ismael El Mayo Zambada, que dirigió la organización criminal por cuatro décadas.
Así hubiera permanecido, ante los ojos cerrados de las autoridades, que prefirieron vivir en la simulación a tener que enfrentar la realidad y su responsabilidad. Diez mineros de una empresa canadiense, cuyo secuestro fue rápidamente publicitado, modificó esa inercia cómplice que se instaló en la región desde tiempos desconocidos. Al menos cinco de ellos fueron llevados a El Verde desde Pánuco, la comunidad donde se encontraba la mina, a unos 30 kilómetros de distancia.
El horror comenzó cuando se encontró el cuerpo de un minero en El Verde, una comunidad de mil habitantes en el municipio de Concordia, y horas después otro más. Las autoridades llegaron a excavar junto al panteón, donde se descubrió el primero, y fueron hallando otros cuerpos, algunos enterrados hace casi una década, junto con otros tres mineros.
La periodista María Idalia Gómez reveló que sólo en el área del panteón hay dos o tres fosas, con aproximadamente 120 cadáveres. En El Verde, de acuerdo con fuentes que han participado en las investigaciones sobre los cementerios clandestinos en esa zona, hay más de 20 fosas ubicadas en cuatro puntos, donde estiman que puedan haber más de mil 500 cuerpos de personas, algunos de ellos destrozados.
Concordia, revelaron Gómez y otro periodista especializado, Luis Chaparro, está controlado por los hermanos Óscar Martínez Larios, El Casco, y Gabriel Martínez Larios, Gabito, jefe de plaza en el municipio Rosario, quienes responden a Víctor Manuel Barraza, El 40, exsecretario de Iván Archivaldo y actual jefe de plaza en Mazatlán y toda la región sur de Sinaloa. De acuerdo con Gómez, El Casco enterraba en El Verde a los enemigos de Los Chapitos, y ese campo de la muerte podría llegar a ser más grande que cualquiera de los que se han encontrado en Jalisco. Hoy no se puede entrar a El Verde, porque las autoridades federales y locales lo tienen sellado para comenzar la tarea de ir abriendo fosa tras fosa.
Las autoridades federales informaron esta semana que los mineros fueron levantados por equivocación, creyendo sus atacantes que pertenecían a un grupo rival. La versión ha sido cuestionada por los mineros y por fuentes con conocimiento de primera mano de lo que sucedía ahí. La historia que narran es diametralmente distinta: no fueron confundidos, sino víctimas de una extorsión que no se quiso pagar.
Gabito, de acuerdo con esta versión, era el encargado de cobrarle a la mina 200 mil pesos mensuales, hasta hace dos meses, cuando les dijo que ya no les exigirían el efectivo, sino 50% de su producción. El cambio de método de pago parece tener como antecedente la falta de recursos de Los Chapitos para mantener su guerra fratricida con las milicias de Zambada. Poco antes lo hizo con dos minas en un municipio colindante con Concordia, donde les exigió una retribución en oro para poder pagar sicarios que le solicitaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esta versión, la mina, que tiene su sede en Vancouver, se negó, pero al mes siguiente les entregó 250 mil pesos. La respuesta fue el secuestro de sus trabajadores, con una demanda: 10 millones de rescate por cada uno, en un plazo de cinco días. “No se pagó”, dijo una fuente que supo de esta frustrada negociación, “y levantaron a los mineros”. Los llevaron a una casa en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, a unos 30 minutos de distancia de la mina, que está en la comunidad de Pánuco.
Los encargados de ejecutar el secuestro fueron los lugartenientes de El Casco, Ramón Héctor Morales, El Chino, y otros dos de los que se conocen únicamente sus apodos, El Guicho y El Bryan. Mineros de la zona sostienen que los 10 secuestrados fueron ejecutados. Sus victimarios, se cree, se fueron a refugiar a Puerto Vallarta y Zapopan, en Jalisco, controlados por el Nueva Generación. Credenciales y pertenencias de los 10 mineros fueron encontradas en días recientes en El Verde, aunque no se puede concluir la suerte de los cinco trabajadores que permanecen desaparecidos.
La extorsión de las mineras en el país ha sido un problema desde hace años, pero es un tema del que nadie quiere hablar abiertamente sobre casos específicos. Un vocero de cámaras mineras estima que los costos por extorsión llegan a ser de 10% de la utilidad, al no limitarse sólo al cobro de ese impuesto criminal, sino por las inversiones en seguridad y control de riesgos que tienen que hacer. El problema no va a parar, pero la exposición internacional del caso de Concordia forzará, probablemente, a que las autoridades, por años ciegas, abran los ojos y asuman su responsabilidad. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
El fenómeno de las desapariciones en México es, sin duda, la herida más profunda y dolorosa de nuestro tejido social. Por ello, cuando se trata de las cifras que intentan cuantificar esta tragedia, la precisión no es un lujo estadístico, sino un imperativo ético hacia las familias que buscan respuestas.
El pasado martes 10 de febrero, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este tema al ser cuestionada sobre un informe de la organización México Evalúa. La mandataria fue clara al señalar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) enfrenta severas deficiencias: “Esa plataforma tiene muchos problemas”, afirmó, refiriéndose a registros incompletos, nombres de pila sin apellidos y la falta de información sobre carpetas de investigación.
Tras analizar los datos recientes, debo decir que coincido plenamente con la Presidenta: la plataforma tiene, efectivamente, problemas muy graves. Sin embargo, mi coincidencia no nace sólo de la falta de datos técnicos en los registros, sino de la volatilidad inexplicable de sus números.
El pasado 7 de enero, al consultarla para una de las primeras entregas de mi Bitácora de este año, la plataforma reportaba 14 mil 079 personas desaparecidas en 2025. Se trataba, y así lo escribí, de un número récord para un año calendario. Pero ayer, 12 de febrero, al realizar la misma consulta, la cifra para ese mismo año se había reducido a 12 mil 687. Es decir, en apenas un mes, se esfumaron de la estadística mil 392 personas.
Para explicar un ajuste de esta magnitud en un periodo tan breve, sólo existen tres posibilidades lógicas, partiendo del hecho de que únicamente el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda —que tiene a su cargo el Registro y que depende de la Secretaría de Gobernación—, cuenta con las atribuciones para modificar estos números.
La primera posibilidad es que mil 392 personas hayan reaparecido o sido localizadas en un plazo de 30 días, lo cual sería una gran noticia. Esto implicaría un promedio de más de 40 localizaciones diarias, un éxito sin precedentes en la historia de la búsqueda en México, que obligatoriamente nos llevaría a preguntar ¿dónde están? y ¿cuál fue el protocolo que permitió hallarlas? La segunda opción es que los números reportados en enero fueran erróneos y se hayan corregido, lo cual requeriría una explicación técnica detallada sobre cómo se permitió tal margen de error. La tercera, y más preocupante, es que las cifras hayan sido manipuladas para bajarlas artificialmente.
Lo que resulta verdaderamente llamativo es la distribución geográfica de estas “reapariciones” estadísticas. De las mil 392 personas que dejaron de figurar como desaparecidas en el registro entre enero y febrero, mil 161 corresponden exclusivamente a la Ciudad de México. Es decir, el 83% de la reducción nacional se concentró en la entidad que la hoy Presidenta gobernó entre 2018 y 2024. Mientras que en la enorme mayoría de los estados los cambios en las cifras son insignificantes —apenas unos cuantos casos hacia arriba o hacia abajo—, la capital del país presenta una depuración masiva que contrasta incluso con estados en crisis profunda. La única otra entidad con un movimiento perceptible fue Sonora, con una disminución de 110 casos.
Tiene razón la Presidenta al decir que la plataforma tiene problemas, pero el problema fundamental parece ser la discrecionalidad con la que se alteran los datos sin una rendición de cuentas clara. Las cifras de desaparecidos no son simples indicadores de gestión; representan vidas, ausencias y el derecho a la verdad de miles de hogares.
Estas estadísticas deben revisarse con un ánimo genuino de ayudar a las familias y de diseñar políticas públicas eficaces para prevenir nuevas desapariciones, no para mejorar la imagen de un gobierno o maquillar una realidad que nos desborda. Si el registro se convierte en una herramienta de propaganda en lugar de un instrumento de búsqueda, el Estado mexicano estará fallándole, una vez más, a quienes lo han perdido todo (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Estados Unidos busca la integración de México en su estructura de seguridad nacional, anota el análisis de un bufete de abogados con representación en los dos países.
El vínculo y la intención serían subrayados por la creciente colaboración entre los mecanismos de seguridad y las fuerzas armadas de los dos países, lo que provoca una división en el seno del partido de gobierno, Morena.
“A nivel político, la administración Trump opera bajo la clásica doctrina Kissinger de compartimentación, según la cual el gobierno mexicano puede manifestar públicamente una postura mientras ejecuta otra bajo la autorización y supervisión estadounidense”, opinó el texto de Leon Barrena Rodríguez a través de la plataforma X.
“Públicamente, el gobierno mexicano mantiene una postura nacionalista adaptada a la base izquierdista de Morena, que exige un rechazo visible a la intervención estadounidense. En privado, autoriza una profunda cooperación y acceso operativo. Esta separación entre retórica y acción es intencional”, agregó, para luego precisar que “el secretario de Estado, Marco Rubio, aplica explícitamente esta doctrina en sus relaciones con (la presidenta Claudia) Sheinbaum, tolerando la resistencia pública siempre que la alineación operativa se desarrolle sin obstrucciones”.
Aunque consideró que busca estabilidad a corto plazo, “Estados Unidos no se conforma con una ambigüedad controlada. Su objetivo es la integración estructural de México en su arquitectura de seguridad nacional, diseñada para persistir a lo largo de las administraciones y los ciclos políticos. La cooperación táctica se utiliza como un mecanismo para condicionar las instituciones, no como un fin en sí misma”.
De acuerdo con esa visión, “Omar García Harfuch se encuentra en el centro de esta transición. Desde 2024, ha consolidado el control sobre las instituciones de seguridad y neutralizado a las facciones nacionalistas dentro de las fuerzas armadas que se oponen a la integración norteamericana.
“Desde la perspectiva estadounidense, representa continuidad, disciplina y capacidad de ejecución. Los canales de inteligencia indican que recibe cooperación sostenida en materia de seguridad y apoyo de inteligencia política con la plena aprobación de la administración Trump, lo que lo posiciona como un candidato favorito para la sucesión en 2030”.
El texto consigna que la evolución intensifica el conflicto interno de Morena, toda vez que “la facción antiestadounidense del partido, estrechamente asociada a (Andrés Manuel) López Obrador, ve cada vez más a Harfuch como un actor alineado con el extranjero, cuya autoridad se basa en Washington y no en el movimiento”.
Según el análisis, esa percepción erosiona el control de Sheinbaum y acelera la fragmentación, pues “las estructuras regionales de Morena están comenzando a perseguir agendas autónomas sin coordinación presidencial, a pesar de los esfuerzos por proyectar unidad mediante viajes y mensajes públicos”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, Online)
La inteligencia artificial está transformando la seguridad pública: amplifica capacidades, pero también riesgos. Regularla es indispensable.
Hace un par de semanas se publicó el Informe Internacional sobre la Seguridad de la IA 2026, que examina el estado actual de la inteligencia artificial, sus capacidades, riesgos emergentes y sus desafíos, sentando las bases del debate global sobre la seguridad de estas tecnologías y subrayando elementos clave en la próxima Cumbre sobre el Impacto de la IA, que se celebrará la próxima semana en India.
Según el Informe, las capacidades de IA de propósito general, es decir, aquellas capaces de realizar muchas tareas diferentes, han avanzado en razonamiento, programación y operación semiautónoma a gran velocidad, superando con creces la capacidad para regularlas y gobernarlas, lo que representa desafíos importantes.
El desarrollo de la IA permite acelerar procesos mediante la automatización de tareas complejas, análisis masivo de datos, predicción de eventos críticos e identificación de patrones difíciles de detectar para los humanos. Tiene el potencial de ser una herramienta útil para fortalecer la seguridad pública, la inteligencia financiera, la prevención del delito y la protección de infraestructuras, aunque siempre con el acompañamiento humano. Sin embargo, plantea también riesgos importantes: puede multiplicar la escala, velocidad y sofisticación de los riesgos, está sujeta a errores operativos y perpetúa asimetrías de poder. Esto exige marcos de gobernanza, evaluación continua y reglas claras de uso para que lo que fortalece a la defensa no termine fortaleciendo al delito.
En seguridad, la IA genera riesgos enormes: la posibilidad de ataques autónomos con drones, cibercrimen sofisticado, manipulación de la información, y en casos extremos podría facilitar incluso el acceso a datos sobre agentes peligrosos, elevando los riesgos de seguridad biológica.
Juan M. Aguilar (UNAM) ha documentado cómo el crimen organizado utiliza la IA para automatizar fraudes, manipular información, extorsionar, espiar con reconocimiento facial y biométrico, crear deepfakes y segmentar víctimas, aumentando su control y letalidad mientras reducen su exposición y posibilidades de trazabilidad. Menciona cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG la usan para planear rutas de tráfico, clonar voces y ejecutar estafas financieras de manera más rápida y sofisticada.
La rápida expansión de la IA y su uso indebido superan la capacidad de los sistemas judiciales, poniendo en riesgo la seguridad y la confianza pública, lo que hace urgente desarrollar una estrategia integral que combine regulación, cooperación y fortalecimiento institucional, así como establecer políticas de seguridad estandarizadas a nivel internacional para garantizar un uso seguro y ético.
Su regulación a nivel global es desigual: la mayoría de las políticas se han generado en países desarrollados, dejando rezagados a aquellos en desarrollo. Destacan los avances de la Unión Europea con su Ley de IA, que clasifica los sistemas en función del riesgo para la seguridad; Estados Unidos, que, con una menor regulación, ha avanzado sobre todo a nivel local, con marcos voluntarios y mediante órdenes ejecutivas; y China, que ha sido proactiva y ha otorgado control casi completo al Estado. En 2023, la ONU creó un Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre IA, que publicó en 2024 su informe final, que plantea recomendaciones para enfrentar riesgos, reforzar la cooperación internacional y asegurar que el desarrollo de la IA beneficie a las personas y respete los derechos humanos.
La inteligencia artificial está transformando la seguridad pública: amplifica capacidades, pero también riesgos. Regularla es indispensable, aunque el desarrollo tecnológico siempre avanzará más rápido que la ley. Los gobiernos deben incorporar IA en prevención e investigación, crear unidades especializadas robustas, atraer talento técnico y fortalecer capacidades de análisis y ciberseguridad. En este terreno, la ventaja será de quien se adapte con mayor rapidez y solidez institucional. (Eunice Rendón, El Universal Nación, p. 7)