POR INCREÍBLE que parezca, el fiscal Alejandro Gertz Manero ya le pasó a Rosario Robles el tip de cómo salir de la cárcel: hacer lo mismo que Emilio Lozoya. Es decir: salpicar pa’ todos lados.
SEGÚN lo reconoció el propio fiscal, la ex secretaria de Desarrollo Social sigue presa y no en casa, como el ex director de Pemex, porque no ha querido empinar a otros participantes de la llamada Estafa Maestra.
EL COLMO es que las graaandes revelaciones de Lozoya sobre el supuesto dinero sucio en las elecciones de 2012 no tienen en realidad mucho valor porque los delitos… ¡ya prescribieron! Cada vez queda más claro que a la 4T no le interesa la justicia, sino el circo. De ahí la invitación a Rosario Robles para que delate a más peñistas pues… the show must go on! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Recordar es vivir, dicen algunos. Y si usted observa las decenas de fotografías que circularon en los medios en diciembre de 2012, cuando miembros de todos los partidos y muchos actores de la clase política de entonces participaron en la firma del Pacto por México, verá que todo era felicidad. Sin embargo, en los pocos años que han pasado desde que fueron tomadas esas placas, la situación de muchos de los que están ahí ha cambiado. Hay gobernadores que hoy están tras las rejas o prófugos, secretarios de Estado y legisladores que hoy son investigados por corrupción y muchos que temen que pronto les llegue la lumbre a los aparejos. Y el personaje principal, el más sonriente, el presidente Enrique Peña Nieto, quien podría convertirse en el primer exmandatario en ser llevado ante los tribunales. Nos hacen ver que, si se confirman las acusaciones del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien dijo que Peña le ordenó entregar dinero sucio a los legisladores, quedará claro que muchas de esas sonrisas le costaron a los mexicanos al menos 500 millones de pesos, obtenidos de cohechos, que son los que se habrían pagado a legisladores a cambio de su voto para apoyar las reformas peñistas. Es decir, se confirmará que el presidente Peña Nieto les pagó hasta la risa. (El Universal, Nación, p. 2)
Anticurrículum. El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, es el antipolítico más famoso de las redes sociales. Este hombre, con aspiraciones a gobernar Nuevo León, fue vapuleado por su actitud machista contra su propia esposa, la influencer Mariana Rodríguez, al “regañarla” por “mostrar la rodilla” durante una transmisión en vivo. El tema se hizo polémico. A raíz de sus palabras se viralizó el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera, con el cual un buen número de internautas critican su postura. “Ataquemos que se nos siga viendo como pertenencias. Palabras, actos, bromas que, aunque sean ‘sutiles’, reafirman los roles de género que tanto lastiman a nuestra sociedad”, escriben. Así, las usuarias les recuerdan a todas las mujeres que son libres de decidir sobre su cuerpo. ¡Ay!, Samuel, Samuel… si algo había ganado, ya lo perdió. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Que representantes de la industria alimentaria acusan que la llamada ley Gatell, que prohíbe la venta de comida chatarra, representa una barrera al comercio y a la competencia, además de que da trato discriminatorio a comercios de cualquier tamaño, cines, teatros y establecimientos. Acusan que restringe la libertad de los menores, porque viola el principio de autonomía progresiva de los niños de la convención de la ONU, fomenta la informalidad y solo beneficia a los alimentos que no están empacados y no cumplen con las normas de higiene. Ya se verá si a pesar de todas estas inconsistencias, dicen, el subsecretario Hugo López-Gatell sostiene el activismo en 10 estados que han levantado la mano para aprobar esa legislación. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Ebrard, en lo suyo y la noticia de las vacunas.- El que ayer dio una gran y buena noticia, como él mismo la definió, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al anunciar que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, lograron un acuerdo para que en ambos países se produzcan entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna que desarrolla AstraZeneca, la AZD1222, contra el Covid-19. Ebrard, por cierto, enfatizó el rol central que tendrá la Fundación Carlos Slim para el financiamiento de la producción. Aunque los detalles se informarían hoy, ya trascendió que se espera que los envíos inicien en el primer semestre de 2021. Hace unos días la Universidad de Oxford y AstraZeneca anunciaron resultados provisionales de un ensayo clínico de fase I y II en el Reino Unido que mostró respuestas inmunes sólidas contra el virus SARS-CoV-2. Así que sí es una buena noticia. (La Razón, La Dos, p. 2)
‘Callaron como momias’. – Quienes “callaron como momias” –como le gusta decir al Presidente– luego de que López Obrador presentara a sus propuestas para el Conapred (ignorando las candidatas ya enlistadas), fueron los diputados y senadores de las comisiones de Género y Pueblos Indígenas. Hicieron mutis también el subsecretario y la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, quienes, a principios de julio, se habían comprometido a interceder ante el mandatario por organizaciones que buscaban colocar a un perfil idóneo en la presidencia del consejo contra la discriminación. (El Financiero, Nacional, p. 29)
De Chiapas, el relevo.- Eduardo Ramírez se perfila a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en relevo de Mónica Fernández. Nos cuentan que el legislador chiapaneco, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, además de ser cercano al líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, es reconocido por sus artes de negociación e interlocución. El 24 de agosto sería su nombramiento. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
¿El juicio del siglo? Acaso inquietos porque la población mayoritaria ha recibido con cierta indiferencia las revelaciones de Emilio Lozoya, diversos voceros de la 4T suben el volumen para decir que estamos ante el juicio del siglo.
De hecho, quieren que la ola expansiva llegue hasta el INE y de una vez usarla para exigir, de manera tramposa, la salida del consejero presidente, con quien tienen cuentas pendientes.
Queda expuesta la intención de que el tema encabece la agenda nacional y que otros asuntos, en los que reciben descalificaciones cotidianas, pasen a espacios secundarios, comenzando con la contabilidad de contagios y fallecimientos por la pandemia.
Desde el punto de vista jurídico el caso del ex director general de Pemex está en sus etapas iniciales, pero en la órbita política ya se están repartiendo a discreción sentencias condenatorias. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
No hay nada mejor para un candidato como Donald Trump que ir perdiendo en todas las encuestas y que una decisión, como la que tomó Joseph Biden, sea celebrada casi universalmente en la mayoría de los medios como la decisión que “amarrará” su triunfo. Eso no quita que todo indica que Biden ha elegido bien. A una mujer, morena, con experiencia y buenos resultados en asuntos tan complejos como la procuración de justicia. Es una decisión pensando en demográficos específicos para quitarle aTrump —aún más de lo que los había perdido— y tratar de atraer grupos que hace cuatro años abandonaron a Hillary Clinton.
La elección de Biden, además, tenía una relevancia especial en comparación con las elecciones de otros candidatos en el pasado porque es posible que éste, por su edad, porque él mismo lo ha insinuado, en caso de ser electo en noviembre no intente la reelección cuatro años después.
La presencia de Kamala Harris en la decisión de quienes acudan a las urnas en noviembre será de mayor peso que la de otros candidatos a la vicepresidencia. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Ayer por la mañana, el presidente López Obrador se dejó ir por el entusiasmo de las revelaciones de Emilio L. y aseguró que implican que los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tengan que declarar. Y luego acotó: De ahí a que sean responsables, es otro asunto; él (Lozoya) tiene que probar sus acusaciones, que es, apunto yo, la condición esencial para que citen a sus dos antecesores.
Pero en ese entusiasmo por lo que el Presidente considera el más contundente aval de su política anticorrupción, se dejó ir por la vía corta, cuando la que hay que seguir es la legal.
En ese mismo plano, pidió que el colaborador aporte más información, lo que corresponde solo al fiscal. Llegará el momento en que la FGR judicialice el caso y Lozoya declare en el tribunal, lo que permitirá conocer el detalle y pruebas de sus dichos. Mientras estén en la carpeta de investigación serán secreto, de acuerdo a la ley, no obstante algunas filtraciones que se adjudican a su estrategia de defensa.
Por lo demás, sé que el ex presidente Peña Nieto estaría dispuesto a comparecer si lo citan y ya no se diga Felipe Calderón que los retó a hacerlo y al que Lozoya no citó por su nombre, pero López Obrador incluyó en la lista de quienes deben ser citados a declarar, ya. (Joaquín López – Dóriga, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Hay indicios de que tres meses después de las previsiones oficiales, pareciera que ahora sí llegamos al pico (por lo menos el primero) de la pandemia de covid-19. Si observamos la trayectoria de los promedios móviles de siete días de los nuevos contagios diarios que son reportados por la Secretaría de Salud, se percibe ya una ligera tendencia descendente.
La cifra actual de ese promedio es de 6 mil 40 nuevos contagios por día. El pasado 2 de agosto llegamos al nivel más elevado que se tiene registrado hasta ahora, con 7 mil 23 casos para ese promedio. Hay que advertir que siempre existe la posibilidad de que el subregistro de casos esté quitando precisión a las cifras que se dan a conocer y de modo más específico, que la reducción del número relativo de pruebas aplicadas sea lo que lleve a la reducción del promedio de los casos nuevos por día.
En los últimos siete días se aplicaron 85 mil 820 pruebas, mientras que, en la última semana de julio, la cifra fue de 94 mil 817. Quienes defienden que el número de casos diarios, más allá del subregistro, sí refleja las tendencias de la pandemia, señalan que en la medida que en México las pruebas se aplican fundamentalmente a las personas que han desarrollado algún síntoma o que han tenido contacto con quienes han dado positivo, la baja de las pruebas es consecuencia y no causa de la reducción de los nuevos casos. (Enrique Quintana, El Financiero, p. 2)
Emilio Lozoya, como le exigió el fiscal general Alejandro Gertz Manero para garantizarle la libertad, imputó al gobierno que encabezó la némesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, en temas de corrupción. El 2006 no se olvida, y el fiscal está armando el ajuste de cuentas políticas con el que sueñan en Palacio Nacional, con la denuncia de hechos sobre corrupción de funcionarios y empresarios involucrados en el Proyecto Etileno XXI, la planta petroquímica en Coatzacoalcos que provocó un quebranto de mil 900 millones de pesos al erario.
Lozoya, según dijo Gertz Manero, afirmó que Odebrecht, a través de su filial de petroquímica Braskem, y su socia mexicana en el Proyecto Etileno XXI, Idesa, tuvieron “una serie de beneficios de carácter económico”, y se les dio “una serie de privilegios en precios de insumos, en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”. Frente a ellas, los 10 millones y medio en sobornos que pagó Odebrecht a Lozoya, que ahora dice el exdirector de Pemex que fue para la campaña presidencial de 2012 y para comprar voluntades políticas para las reformas del Pacto por México, palidecen. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
Es difícil imaginar un caso que provoque más indignación en la escuela judicial, una institución donde se capacitan, examinan e instrumentan programas académicos dirigidos a juzgadores federales y a quienes aspiran a serlo.
Hace unos días se informó el desenlace de un escándalo que estremeció al Consejo de la Judicatura Federal en 2018, durante la presidencia de Luis María Aguilar Morales en la SCJN. Se anunció oficialmente la destitución e inhabilitación por 10 años del magistrado Salvador Mondragón Reyes, ex director del Instituto de la Judicatura, y sanciones a otros 12 involucrados en la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el vigésimo octavo concurso interno de oposición practicado hace 30 meses. Para decirlo de forma más sencilla, se vendió el examen para juez.
Entre los castigados se encuentran Verónica Patiño, ex secretaria particular del magistrado Mondragón; José Alfredo Sánchez, ex director de informática de la escuela judicial y los secretarios Martín Mayorquín y Patricia Lee Martínez, estos dos últimos formaron parte del grupo de 91 aspirantes que pasaron la prueba en su primera etapa para el que se registraron dos mil 600 aspirantes. (Enrique Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 10)
Desde España, donde ha pasado buena parte de su ex presidencia, Enrique Peña Nieto comunicó vía telefónica un mensaje para su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. A través de un interlocutor confiable para ambos, le expresó que si la Fiscalía General de la República lo cita a declarar, viajará a México y se presentará a declarar.
Según fuentes oficiales del más alto nivel, el expresidente fue más allá. Le adelantó a su sucesor, a través del mismo correo al que los dos le tienen mucha confianza, lo que diría frente al ministerio público en caso de ser requerido:
Que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras. Que él nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal. Que la relación de Peña Nieto con Odebrecht y sus dueños siempre se dio a través de Lozoya. Que él lo presentó con ellos porque eran sus amigos, y que quien los promovió para hacer negocios en el sexenio fue el propio Lozoya. Que su campaña presidencial no necesitaba recursos del extranjero, que tenía suficiente con los apoyos de empresarios mexicanos y sobre todo, de la veintena de gobernadores priistas que en ese momento estaban en funciones. Que en el tema de la empresa Agronitrogenados, él ni amigo era de Alonso Ancira, que esa operación fue fruto de la relación de Lozoya con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y que en la reforma energética, él como presidente nunca pidió a su director general de Petróleos Mexicanos que se reuniera con ningún legislador para convencerlo de nada porque esos votos los cabildeaban sus secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no sólo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión. La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual Presidente no sólo un “gobierno espurio” sino también un “narcoestado”, según dijo el propio mandatario en días recientes.
Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto por que acusara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra. La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 6)
Se piensa que lo mejor para México es que gane Trump. En todo caso sería lo mejor para AMLO. Para los demás (los “conservadores”), Biden representa el regreso a las relaciones institucionales. Esto es un falso dilema. Las relaciones personales entre las cabezas de Estado sirven para las biografías, pero no determinan las relaciones internacionales. La buena vibra entre AMLO y Trump duró los minutos de su encuentro, mientras las relaciones entre los dos países, buenas o malas, son permanentes.
De manera que las buenas maneras entre Trump y AMLO, así como la frialdad a México que mostraría Biden, de ganar, son especulaciones. Siendo la elección de noviembre un parteaguas para Estados Unidos, para México es menos relevante.
Independientemente de las relaciones personales entre los mandatarios, hay datos objetivos que permiten suponer con quién le iría mejor a México. Biden es anticarismático al contrario de Trump cuyas bases lo idolatran por excéntrico. Biden tiene el carisma del anticarisma, pero es una persona sensata, discreta, con los pies en la tierra. Trump es un siniestro, con un pasado deleznable, con una guanga moral.
Biden integraría su gabinete con un criterio de pluralidad, como lo demuestra ya la selección de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia. Trump seguiría con sus aliados blancos, anglosajones y protestantes evangélicos (wasp). Trump es un nativista enemigo del internacionalismo; Biden conoce bien al mundo, sabe utilizar las herramientas diplomáticas, en particular sabe lo que pasa en México. (Mario Melgar Adalid, El Universal, Opinión, p. 10)
Andrés Manuel López Obrador arrancó su gobierno prometiendo que no haría una cacería de brujas. “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie -declaró en su discurso inaugural en San Lázaro-, no apostamos al circo y a la simulación”. La venganza no es su fuerte, dijo, sino “el perdón y la indulgencia”.
La justicia, sin embargo, no puede repartir perdones a discreción. Tiene reglas que deben aplicarse de manera obligatoria a todos. Por eso se creó una Fiscalía General de la República autónoma, en una reforma que empezó en 2016 y concluyó en 2018. El Presidente no puede ya ordenar justicia y gracia a los amigos, mientras aplica la ley a secas a los enemigos. Procurar e impartir justicia son hoy tareas separadas de la de gobernar.
A Emilio Lozoya se le acusa de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Los sobornos procederían tanto de Odebrecht como de AHMSA, en este último caso para la compra de Agro Nitrogenados por Pemex. Las otras dos acusaciones se desprenden del cohecho. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita no serían ilegales si los recursos son lícitos. La asociación delictuosa, que en algún momento significó formar parte de una banda del crimen organizado, hoy es cualquier delito que implique la colaboración de tres personas o más. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
“No hacemos comentarios sobre investigaciones en curso ni podemos confirmar la existencia de las mismas” es una frase que repiten mecánicamente los encargados de procuración de justicia en Estados Unidos cuando un periodista solicita información sobre el tipo de acusación que enfrenta un indiciado y la evidencia que los fiscales han recabado.
Desde luego, dicha respuesta es sumamente frustrante para un reportero –la escuché muchas veces cuando fui corresponsal en Washington en los años 90–, pero el apego a este protocolo tiene la virtud de garantizar que se cumpla con el debido proceso, piedra angular del Estado de derecho.
En México, en cambio, es excepcional que una autoridad que conozca sobre un caso penal se abstenga de opinar en público y/o dar información en privado a quien se la solicita con fines de publicación. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Primero que nada porque será la compañera de fórmula del único político que le puede ganar a Donald Trump las elecciones de este año. Los lectores de esta columna saben que su autor detesta al actual presidente de Estados Unidos por su racismo, xenofobia y populismo.
A menudo me preguntan si le iría bien a México en caso de ganar Joe Biden la próxima elección presidencial de nuestro vecino del norte. Mi respuesta siempre ha sido y seguirá siendo la misma: a Estados Unidos, a México y al mundo entero le conviene que gane Biden. Trump ha sido un Presidente desastroso con consecuencias muy negativas para Estados Unidos, México y el mundo. Ya llegó la hora de sacarlo de la Casa Blanca para que llegue un político profesional que una, no divida, a esa nación en torno a un nuevo proyecto que tome en cuenta los intereses de las minorías como los mexicanos-americanos.
No escondo, entonces, mi preferencia a favor de Biden. Ayer, el candidato demócrata nombró a la que será su compañera de fórmula, la senadora por California, Kamala Harris, quien será la candidata a vicepresidenta. Me parece una decisión muy atinada.
Kamala me gusta por ser mujer. Ya es hora —y así lo he dicho en varias ocasiones— que Estados Unidos tenga una Presidenta. Es una vergüenza que muchos países democráticos liberales ya hayan tenido una jefa de gobierno mujer, y no una de las democracias más añejas como la estadunidense. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 11)
¿Cuando menos que declaren EPN y FC? // Vericuetos judiciales // Contra un dirigente sindical // Funeral de Miranda Cardoso
A juicio del presidente de México, cuando menos dos de sus antecesores (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) deberían ser llamados a declarar en el contexto del aún gelatinoso proceso judicial que tiene a Emilio Lozoya Austin como delator personaje principal.
El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto, es decir, que la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha abundado en detalles, pistas y adelantos respecto de lo que habría de decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo para no conceder ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso judicial, pero se resiste a promover desde la silla presidencial acciones contra ex presidentes de la República, derivando el tema hacia una hipotética consulta popular en la que él abogaría por no hacer nada contra Peña, Calderón y otros a los que, sin embargo, sí desea ver sentados en el banquillo de los declarantes, aunque las diligencias judiciales no pasen de ahí. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)