NI DUDA cabe de que los ejemplos -sean buenos o malos- cunden, y una reciente muestra de ello es lo que está ocurriendo con los grupos feministas y las oficinas de Derechos Humanos.
TRAS LA TOMA de la sede de la CNDH que encabeza -es un decir- Rosario Piedra Ibarra, ya se registraron hechos similares en Ecatepec, Estado de México, así como en la capital de Puebla y en la de Veracruz, aunque en estos dos últimos casos fueron actos simbólicos.
TAL PARECE que en los gobiernos estatales y en el federal muy convenientemente se les olvidó el movimiento feminista que estaba en efervescencia a principios de año y que, si dejó las calles, fue en gran medida por la pandemia de Covid-19.
Y NO SERÍA raro que este tipo de acciones se multiplicaran en las próximas semanas, pues todo indica que, durante los meses de aislamiento, la violencia contra las mujeres, lejos de reducirse, creció de acuerdo con datos duros de fiscalías y servicios de emergencia… aunque en Palacio Nacional tengan otros datos. (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión)
Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no podrá escaparse por un pasadizo como lo hizo en el Senado el jueves pasado y así evitar los cuestionamientos de los reporteros. Nos cuentan que el próximo lunes, Piedra Ibarra tendrá un encuentro virtual con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó su presidente, Hugo Rafael Ruiz. Nos describen que hay varios legisladores de oposición que acudirán a este encuentro con la espada desenvainada, pues tienen muchos cuestionamientos de su administración, sobre todo por la toma de su edificio sede en el centro de la capital del país de parte de un grupo de feministas. Sin embargo, lo que quizá Piedra Ibarra sí podrá hacer es no responder a ninguna pregunta y escudarse en los legisladores de su partido, como lo hizo en la Cámara de Senadores.
Cuando el gobierno federal creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), con el que pretende disminuir los casos de desaparición, todo era miel sobre hojuelas con los familiares de víctimas, sin embargo, nos cuentan que en el paquete económico 2021 este organismo ni siquiera apareció. Esto trajo un mal sabor de boca para las organizaciones civiles que ahora temen que el MEIF sólo haya sido creado en el papel y que ni siquiera cuente con un peso para operar. Un augurio de los especialistas es que la Secretaría de Gobernación le podría dar recursos, pero eso no se compara con que este organismo tenga su partida propia o que incluso tenga acceso a recursos ilimitados, como lo prometió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernacion, el pasado 5 de diciembre del 2019. (Bajo Reserva, El Universal, Opinión)
Militante del 68, feminista desde la adolescencia, hija de un legendario maestro universitario, abogada, ministra de la Corte, diputada constituyente, senadora con licencia, primera mujer secretaria de Gobernación…
Sí, es probable que Olga Sánchez Cordero sea uno de los rostros más presentables en el gobierno López Obrador. Singularmente, se trata también de la funcionaria del gabinete que mayor costo político ha tenido que pagar al defender episodios impresentables, al grado de que muchos se preguntan si ha cambiado tan profundamente solo para conservarse arriba de la 4T, o si nunca existió la mujer que tantos creyeron admirar.
El capítulo más reciente de este lamentable declive es el ruidoso silencio que la ministra en retiro Sánchez Cordero exhibe en torno a Ricardo Peralta, un personaje cariñosamente cercano a su familia, al que ella promovió desde el día uno del gobierno, pero que no ha hecho sino acumular señalamientos de una corrupción galopante. Un silencio, habría que decirlo, con aroma a encubrimiento.
Poco se ha dicho que Peralta Saucedo cargaba, desde años antes del inicio de la actual administración, una trayectoria negra en el primer círculo de Miguel Ángel Mancera, como estrecho colaborador de Manuel Granados, sucesivamente líder de la Asamblea Legislativa capitalina (2012-2015), consejero jurídico de la jefatura de Gobierno (2015-2017) y, por 10 meses, dirigente nacional del PRD, todo gracias a las directrices marcadas desde el viejo Palacio del Ayuntamiento por el ahora senador y su oscuro grupo de cercanos. En la Asamblea se le llamaba “el diputado 67”, por el poder que acumulaba. (Roberto Rock L., El Universal, Opinión)
Marco Teruggi sentencia en Sputnik que las inhabilitaciones políticas se multiplican en América Latina para detener todo intento de cambio progresista. Luego de la condena judicial al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sucedió con Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Cada caso ocurre en nombre de la democracia. El golpe en Bolivia a finales de 2019, las persecuciones, postergaciones electorales…
Un entramado de actores va haciendo el cercado, alambrando la democracia, recortándola según sus intereses. Dependen del tiempo político en cada país: si se trata de derrocar, de impedir un ascenso o regreso de las fuerzas progresistas al poder o de impedir que sucedan las transformaciones desde el gobierno, afirma Silvina Romano, investigadora del Conicet, de Argentina. Esa ofensiva conduce en muchos de sus puntos al Departamento de Estado estadunidense.
“El lawfare es esta articulación del poder judicial con las corporaciones mediáticas”, las fundaciones, los grandes medios de comunicación… Hay una criminalización sistemática de procesos, grupos, personas, instituciones que promueven la intervención del Estado en la economía y la posibilidad de justicia social en América Latina. (Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, Opinión)
Cada 13 de septiembre, la bandera mexicana luce a media asta y muchas generaciones de mexicanos no saben el por qué de este acto, los medios informativos están más enfocados en lo comercial y el entretenimiento, y muy pocos a la difusión de la historia. Esta fecha de 1847-1848 representa el recuerdo más sórdido y doliente, pues el bárbaro imperio del norte, Estados Unidos (EU), arrebató a través de la invasión una vasta porción de territorio perteneciente a México: California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, más parte de Arizona, Colorado,Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Ante una guerra injusta, el ejército yanqui tomó el Castillo de Chapultepec, defendido por cadetes mexicanos. Surgió, por azares del destino, la heroica participación del Batallón de San Patricio, irlandeses que desertaron del invasor ejército estadunidense, se dieron cuenta de la injusticia y del inmoral objetivo expansionista de EU, ante un país –México– desgarrado por problemas internos. Al igual que muchos defensores de la patria, ellos también fueron sacrificados por un imperio manchado de sangre.
Así, el imperialismo yanqui hizo crecer su territorio y ejerció su dominio en lo político y lo económico. Las amenazas no cesaron y hoy, en pleno siglo XXI, el gobierno de Trump ha sido como sus antecesores, injerencista no sólo para nuestro país, sino para el resto de nuestra América Latina. EU no tiene amigos, sólo intereses, eso es en cuanto a sus gobiernos, el pueblo estadunidense es, en alguna medida, diferente; sufre el racismo, la discriminación y las desigualdades sociales más evidentes hoy que nunca. Cada nación tiene su historia, sabiéndola y entendiéndola resulta ser gran maestra para el devenir y lucha de los pueblos. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión)
Que en la reunión del gabinete federal con los padre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para aclarar la frase de su Informe sobre la “arrogancia de sentirse libres” que no era de confrontación, por el contrario es un reconocimiento a la labor de la FGR y de la Corte. Para ello recordó un pasaje de su libro Neoporfirismo: Hoy como ayer, donde narra como el Legislativo estaba a merced del gobierno de Porfirio Díaz y reconoció la virtud de “la Suprema Corte de Justicia que tuvo la –que hoy parecería– ‘arrogancia’ de actuar con libertad frente a los otros dos poderes”.
Que el juego de tronos ya comenzó en el Senado y la próxima semana el morenista Félix Salgado Macedonio pedirá licencia a su cargo para buscar la candidatura de su partido al gobierno de Guerrero. Otro que dejará su escaño, aunque aún no define cuando, será el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, quien habla muy de cerca con panistas, perredistas, emecistas y verdes para ser el candidato de una gran coalición por Guerrero.
Además de los guerrerenses, se espera que en los próximas meses se dé una desbandada de legisladores en el Congreso de la Unión para las elecciones más grandes de la historia donde se renuevan 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados. (Trascendió, Milenio, Opinión)
Ciudad Juárez.- El gobierno de la 4T comienza a tener abolladuras en el puente de mando por la escalada de conflictos sociales que se abaten sobre su proyecto. Las protestas de movimientos y diversidad de grupos afectados por sus políticas se tiñen de una retórica polarizadora que intensifica la confrontación con productores por la “guerra del agua” en Chihuahua, campesinos reticentes a una termoeléctrica en Morelos o la resistencia de los colectivos feministas contra la violencia de género. Pero la depresión en la superficie del poder de López Obrador no se debe sólo al descontento de grupos que se sienten marginados de sus programas, sino a la desautorización de sus causas o inconformidad como mera reacción en la defensa de privilegios o la manipulación de sus adversarios políticos.
Todos esos conflictos sociales tienen poco en común, salvo la falta de diálogo y la descalificación presidencial. La lectura oficial de ellos es que obedecen a una lógica electoral que recurre a una especie de guerra de baja intensidad para desgastar al gobierno hacia las elecciones de 2021 y así acotar la concentración de poder de la Presidencia con un nuevo equilibrio en el Congreso. La salida de la Conago de casi un tercio de gobernadores de la Alianza Federalista corrobora su impresión sobre el uso político de la rebelión por el agua para golpear a la 4T o la resistencia de los conservadores afectados por su proyecto detrás de la ocupación de instalaciones de Derechos Humanos por el movimiento feminista. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Opinión)
Quedó cerrado el registro de aspirantes para dirigir MORENA a partir del próximo 5 de octubre, donde 51 mujeres y hombres se sintieron con las capacidades para liderar al partido en el gobierno, que en junio de 2021 enfrentará su primer gran prueba en las elecciones más concurridas de la historia de nuestro país. Destacan nombres como el de Yeidkol Polevnsky, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.
La importancia de quién será el próximo líder de MORENA salta a la vista. Se trata, de entrada, del partido que ocupa la Presidencia de la República, que tiene asegurada la mayoría en el Senado hasta 2024, que de acuerdo a varias mediciones se podría convertir en el partido con más gubernaturas en el país y que busca refrendar la mayoría en la Cámara de diputados federales y el control de más de la mitad de las legislaturas locales.
Sin embargo, los retos no son pocos, la falta de una estructura en la mayoría de las entidades, que lograda pudiera consolidar un instituto político que viva y crezca, más allá de este 2021 sino en 2024 y siguientes años, la formación de cuadros no sólo con capacidades para registrarse como candidatos y quizá ganar elecciones, por méritos propios o simplemente por la marca, pero más aún, perfiles que puedan gobernar bien para facilitar que el partido perdure y no se genere un desencanto inmediato que haga complicado que retengan las entidades, municipios o distritos ya conquistados en las urnas, pero perdidos en el ejercicio de gobierno.
Bajo estas necesidades, MORENA requerirá de un perfil particular en la dirigencia, que pueda orquestar el trabajo hacia la verdadera transformación de un movimiento político a un partido durante y post López Obrador, capaz de refrendar el éxito de 2021 y hacerse política y socialmente viable rumbo a las elecciones por venir, sin abandonar postulados de una izquierda indispensable para lograr la equidad y crecimiento en los próximos años. (Arturo Maximiliano García, La Crónica, Opinión)
La desafección por la política entre la sociedad mexicana ha tenido lugar desde hace algunas décadas provocada en gran medida por gobiernos cuya percepción de corrupción, impunidad e ineficacia ha sido también creciente. Sin embargo, a raíz de 2018 los guardarraíles de la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2018) han acelerado su debilitamiento y con ello, se hace latente el descarrilamiento del régimen que tanto esfuerzo y tiempo ha costado construir en nuestro (desde 1977) y que ha hecho posible alcanzar grandes conquistas ciudadanas.
Elecciones periódicas y competidas, una clara y real división de poderes, constante alternancia en los puestos de elección popular, pluralidad en los órganos legislativos y una creciente y permanente expansión de las libertades eran algunas de ellas.
Utilizó el pretérito amable lector porque en los últimos 20 meses se han empezado a empañar por quien tuvo la capacidad de dar voz, representación y cauce a esa desafección social, la cual durante el tiempo de su gobierno no ha pretendido resolver sino alimentar y utilizar en su beneficio.
No es un asunto menor señalar que la división de poderes se está debilitando y es objeto de una constante presión, amenaza e intromisión presidencialista, que ha mostrado la capacidad invariable de encontrar culpables reconocibles de la corrupción en México (sus adversarios) y de simplificar la complejidad de los problemas que laceran a la sociedad, vendiéndole ideas de que para mejorar la democracia el propio Poder Ejecutivo vigilará los comicios. Incluso, se pretende poner a consulta la procuración de justicia.
Se trata, en su conjunto, de medidas que están erosionando a la democracia de una forma acelerada, pero también imperceptible para amplios sectores sociales, que se encuentran confundidos por los numerosos temas que están en la palestra pública y que se han lanzado de forma intencional. (José Luis Camacho Vargas, El Sol de México, Análisis)
A manchar la encuesta
Nos hacen ver que Porfirio Muñoz Ledo empezó a enlodar la encuesta que aplicará el INE para definir al próximo dirigente de Morena. Sus ataques al TEPJF, que preside Felipe Fuentes, dejan ver, nos explican, una estrategia para desconocer los resultados. Es decir, se anticipa a la derrota, pero quiere culpar al órgano de justicia electoral. Así no, le piden.
Se aprietan el cinturón
Recorte de 21 por ciento tendrán en el CEN del PRI los salarios de su presidente Alejandro Moreno y los secretarios. Esto, para pagar una deuda estratosférica heredada. Lo que quieren en el partido es evitar despidos de personal, sobre todo en estos momentos de crisis, por lo que con el ajuste protegen a sus colaboradores de quedarse sin empleo. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión)