El arresto de Genaro García Luna en Texas y su presentación, encadenado de pies y manos, ante una corte, es un hecho político y policial de gran envergadura porque el hombre fue la pieza que articulaba varios de los componentes principales del régimen calderonista: la corrupción gubernamental, la sangrienta estrategia de seguridad y la participación en ella del gobierno estadunidense. En la génesis de la violencia estructural que se abatió sobre el país de manera profunda y perdurable, García Luna es un factor mucho más relevante que El Chapo Guzmán, porque éste actuó siempre de un sólo lado del fenómeno, en tanto que el ex secretario federal de Seguridad Pública operó en todos: como gestor de los contratistas que hicieron fortunas con el baño de sangre; como administrador de la fuerza del Estado; como protector furtivo de aquellos a quienes se suponía que estaba combatiendo; como encubridor, junto con el entonces procurador Eduardo Medina Mora, de las complicidades estadunidenses con el narcotráfico; como conexión con las organizaciones ciudadanas que dieron justificación y cobertura a la masacre –México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, Causa en Común y demás–, y hasta como guionista del discurso mediático que acompañaba las acciones de guerra.
(Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p.25)
Las acusaciones contra Genaro García Luna no se entienden con los narcodichos, al menos con la información disponible, pero quizás el monto de sus cuentas bancarias y otras posesiones (bienes inmuebles, empresas, vehículos…), mantenidas todavía en reserva por la fiscalía estadunidense, constituyan una fortuna legalmente inexplicable de quien se desempeñó 23 años en el servicio público y que llegó a ser secretario federal de Seguridad Pública. De ser así, lo mínimo que podría deducirse es que se corrompió. A falta de datos verosímiles, acéptese la premisa viable de que se trata de un corrupto que, además, traicionó a sus jefes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, como también a su familia, a sus amigos y, peor, a todo lo que cabe en el concepto sociedad mexicana.
(Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
Al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le gustaba cuando estaba ante alguna audiencia crítica, hacer la siguiente pregunta: ¿cuántos de los aquí presentes quisieran que sus hijos fueran policías? Invariablemente la respuesta era la que García Luna andaba buscando: ninguno o muy pocos levantaban la mano. Ese, explicaba García Luna, era un buen ejercicio para señalar el principio de nuestro problema de seguridad pública. La relación entre la sociedad y la policía lleva décadas rota. En Chile, España o Estados Unidos las familias están orgullosas de tener a un hijo en la policía. No en México. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)
QUE en medio del espíritu navideño con el que cerró el Senado su periodo de sesiones, después de sacar adelante en el pleno el tema del nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica, la presidenta cameral, Mónica Fernández, y el panista Gustavo Madero hicieron las paces, después de aquel zafarrancho durante el juramento de Rosario Piedra como ombudsperson.
(Redacción, Milenio, Al Frente, p.2)
La detención de Genaro García Luna, en su departamento de Grapevine, en Dallas, el lunes 9 de diciembre, literalmente, le ha dado la vuelta al mundo: el periódico inglés The Guardian publicó el martes 10 de diciembre: “El arquitecto de la guerra contra las drogas en México fue detenido en Texas por haber recibido sobornos de los cárteles”. El periódico italiano “Globalproject” presentó ayer, 12 de diciembre, el reportaje de Andrea Cegna, “García Luna, México y el crimen organizado”. La BBC en francés anunció, el 11 de diciembre: “Estados Unidos arrestó a un exministro por tráfico de drogas.” Este hecho, efectivamente, es un gran escándalo. La aprehensión del Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), afecta sensiblemente la imagen de México en el combate contra los grupos delictivos.
Pero, la verdad, era un secreto a voces que Genaro García Luna era un funcionario intocable, protegido por el Primer Mandatario.
García Luna comenzó su ascenso político con el apoyo de su mentor, Jorge Tello Peón: encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI) del 1 de septiembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006, es decir, durante el sexenio de Vicente Fox. Luego, como hemos dicho, pasó a ser Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, quien, a pocos días de haber tomado posesión como Presidente de la República (1 de diciembre de 2006) declaró una ofensiva total contra los cárteles de la droga. Así, el 10 de diciembre de 2006 inició, oficialmente, la guerra contra el narcotráfico. (José Fernández Santillán, La Crónica de Hoy, Opinión, p.1)
Son para atender las reflexiones del Presidente sobre las conductas que pudieran existir detrás del detenido Genaro García Luna.
Todo lo que tiene que ver con temas como honestidad y corrupción son particularmente sensibles en el país; son asuntos que han estado marcando y definiéndonos. Para insistir en el lugar común: la corrupción se nos ha convertido en una forma de vida
La favorable percepción sobre la efectividad en la lucha que el Gobierno está llevando a cabo contra la corrupción es alta, pero sigue siendo relativa. Tiene que pasar por la prueba del ácido para saber qué alcances está teniendo, lo que hoy queda claro es que en las encuestas de opinión sale con un saldo favorable. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, Opinión, p.2)
La primera pista para descubrir la mansión donde Genaro García Luna se instaló en Miami, cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón, me llegó en un desayuno en Polanco, a mediados de noviembre de 2012. El director de Reporte Indigo, donde entonces trabajaba, dijo: “García Luna está viajando mucho allá, hay que saber por qué”.
Pregunté a Gerardo Reyes –quien entonces era mi amigo y ahora también es mi jefe en Univision– cómo podía buscar si alguien tenía una compañía en Estados Unidos. Me envió el link a una página del gobierno. Así hallé que un restaurante en Miami, llamado Oggi Caffe, era operado por una empresa de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna.
(Peniley Ramírez, El Universal, Nación, p.2)
UIF y el fuego amigo
Así que Morena se metió el pie solito, ayer, al impedir dotar de dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, tras frenar en San Lázaro que esta dependencia, a cargo de Santiago Nieto, pueda declarar la extinción de dominio de bienes decomisados al narco. La reserva vino, nada menos que de la diputada Lidia García Amaya, integrante del llamado Grupo Universidad, que mantiene desde hace 30 años el control de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAEH, institución que, además, es investigada por la UIF tras señalamientos de supuesto lavado de dinero. Mucha casualidad, dicen. Ya veremos qué dicen en el Senado.
Y hablando del Grupo Universidad, ya se ve que sus integrantes andan muy activos. Resulta que al menos nueve de los 10 de Morena que frenaron la despenalización del aborto en Hidalgo son precisamente del Grupo Universidad, que, dicho sea de paso, está liderado por Humberto Augusto Veras Godoy, exrector de la UAEH. El asunto trascendió en dos vertientes; por un lado, organizaciones sociales como Marea Verde acusaron a los guindas de traicionarlos y actuar bajo los intereses de dicho grupúsculo; mientras que en términos partidistas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido ya abrió un proceso en contra de los morenistas hidalguenses. (La Razón, Opinión, p.2)
La captura en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.
Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió las vísperas, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.43)
Lo comentamos aquí hace unas semanas: la mano que movió la cargada laboral dentro de la adenda al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se llama Richard y se apellida Trumka: el poderoso líder del conglomerado sindical de Estados Unidos AFL-CIO fue quien exigió a Nancy Pelosi que se incluyera en las modificaciones al documento del T-MEC la posibilidad de que el gobierno estadunidense revise en plantas mexicanas las denuncias de violaciones o prácticas laborales irregulares. “Intervencionismo laboral”, se mencionó en su momento. Y, ante la negación del gobierno mexicano, se impone revisar el Protocolo de Enmiendas al T-MEC que publica la oficina del Embajador Comercial de EU (https://bit.ly/2PJdyjc).
(Bárbara Anderson, Milenio, Negocios, p.26)
El próximo martes, en Washington, el Departamento de Estado de Michael Pompeo lanzará oficialmente la iniciativa “América Crece” para impulsar la inversión privada en infraestructura de América Latina y el Caribe (energía, telecomunicaciones, redes digitales, puertos, carreteras y aeropuertos), bajo la premisa de que la región necesita entre 100 mil y 150 mil millones de dólares anuales en este renglón para asegurar la diversificación de los mercados, la seguridad energética y la continuidad del crecimiento. Este esquema de “cooperación bilateral ampliada” comenzó a utilizarse en 2018 y ya se tienen firmados memorandos de entendimiento con Argentina, Chile, Jamaica y Panamá, y se espera que pronto lo haga México, una vez que se firmó el protocolo modificatorio del T-MEC. Por cierto, en Canadá lo llaman CUSMA y en Estados Unidos USMCA.
(J. Jesús Rangel, Milenio, Negocios, p.26)
Es evidente que todo Tratado implica una negociación; y en una negociación hay un intercambio de pretensiones. Particularmente en el caso del Tratado México Estados Unidos Canadá y su Protocolo Modificatorio, se trata de una negociación muy compleja para nuestro país, pues se negocia con estados muy poderosos, entre ellos, ni más ni menos, que con el más poderoso del mundo. En todo caso, lo que tenemos que hacer es la valoración global de lo negociado, para ver si en efecto esto es benéfico para los mexicanos.
(Martí Batres, El Universal, Opinión, p.A17)
Lo importante es el dinero, reviran a Morena
Por aquello de las contradicciones, nos dicen que lo único seguro en la 4T es que nada es seguro. Vimos ayer dos ejemplos muy claros: en la Cámara de Diputados los férreos aliados de Morena se bajaron a la mera hora del barco que llevaba a los partidos hacia una etapa de verdadera austeridad y el Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron en contra de reducir 50% las prerrogativas públicas que reciben las fuerzas políticas del país.
(Bajo Reserva, El Universal, p.2)
Una investigación en poder de las autoridades mexicanas, que se ha realizado también en colaboración con Estados Unidos, ha detectado una asombrosa fortuna en manos del presidente del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas: 5 mil 600 millones de pesos entre los años 2011 y 2018. Documentos estadounidenses exhibirían que es propietario de más de diez residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma.
Esta investigación sobre el Cruz Azul a la que tuve acceso, y que está en poder de autoridades federales, ha despertado una disputa dentro de la Secretaría de Gobernación, entre los dos subsecretarios más relevantes: Alejandro Encinas y Ricardo Peralta.
(Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p.2)
UNA DE DOS: o el subsecretario ¡para América del Norte! no sabe inglés… o a Jesús Seade le creció mucho la nariz en el proceso de renegociación del T-MEC que le impusieron desde Estados Unidos.
NOMÁS no es creíble que quien estuvo dedicado en cuerpo y alma al proceso, metido en cuanta oficina de Washington fue necesario y viajando de un país a otro, no se haya enterado de que los norteamericanos nombrarían un “agregado laboral” para, desde su embajada en México, supervisar que se cumplieran las exigencias de los sindicatos de aquel país.
UNA y otra vez desde la Cancillería insistieron en que no habría tales supervisiones y presumían que serían paneles. Lo que nunca dijeron es que esos paneles sí podrían nombrar supervisores y, además, tendrían como objetivo poner bajo la lupa a México, no a Estados Unidos y Canadá.
PARA COLMO, además de que Seade dice que no sabía lo que firmaba, la Secretaría de Economía fue hecha a un lado -oootra vez- y los senadores aprobaron el agregado al T-MEC completamente a ciegas.
(Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.14)
Dijo ayer Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, ante directivos del Consejo Coordinador Empresarial que la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos “ayudará a jalar la hebra de la enorme corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco”.
El principal negociador mexicano del T-MEC, Jesús Seade (subsecretario de Relaciones Exteriores), señaló ante senadores que lo de los agregados laborales apenas nos enteramos. No sé si fue culpa nuestra no leerlo cuando salió. Aseguró que el gobierno obradorista no está conforme con tal planteamiento que permitiría mantener formas de supervisión en asuntos laborales mexicanos desde la embajada estadunidense, en una forma apenas disfrazada de la figura originalmente impulsada desde Washington de que hubiera inspectores directamente activos en México
Tal como se preveía, Evo Morales dejó México para instalarse en Argentina, donde tiene mejores condiciones familiares y políticas para seguir activo en la política de Bolivia, donde su agrupación, el Movimiento al Socialismo, se apresta para participar en las próximas elecciones presidenciales, en las que el renunciante mandatario no participará como candidato, pero sí como coordinador de campaña…
(Julio Hernández, La Jornada, Opinión, p.10)
(Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p.13)
Alfonso Durazo está feliz, feliz, feliz. Siente que el arresto de Genaro García Luna es tanque de oxígeno para su malogrado trabajo. Considera que la detención del que fuera titular de seguridad en el sexenio antepasado justifica su ineptitud. Se equivoca. El estacazo al plan de seguridad desarrollado en el sexenio 2006-2012 es evidente. Pero el golpe asestado por los norteamericanos no tiene nada que ver con el pleito AMLO-Calderón ni con el debate nacional en torno a la inoperancia de este gobierno en términos de seguridad. En eso equivocan la lectura. El golpe estadounidense es a México, al actual, sin importar el partido que gobierne. Por supuesto, no minimizo el escándalo nacional, la indignación de muchos, el asombro de otros, la preocupación de todos. Cualquier delito del que sea culpable García Luna, arrojará vergüenza sobre los gobiernos en que trabajó.
Por cierto, hay que decir que –según los datos hechos públicos sobre las investigaciones– el asunto se remonta a 2001, al gobierno de Fox, del cual Durazo era secretario particular del presidente de la República y el jefe de García Luna llegó a ser Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general. Ahí comenzó el estrellato policial que se coronaría en los años siguientes. Así que debiera de tener cuidado don Alfonso en echar las campanas al vuelo. (Juan Ignacio Zavala, El Financiero, Opinión, p.44)
Es una “maniobra política”, reviró Manlio Fabio Beltrones en la carta que envió ayer a Reforma, luego que ese cotidiano dedicara su nota principal a la carpeta de investigación que arma la Fiscalía General en contra del exdirigente del PRI.
El otrora gobernador de Sonora ha sido señalado por “testigos protegidos” en las investigaciones por desvíos de 250 millones de pesos, que el gobierno de Peña Nieto habría transferido a Chihuahua, durante la gestión del gobernador César Duarte.
Manlio se amparó. Un buscapiés para que “en caso de que existiera alguna orden de aprehensión en mi contra, por declaraciones y falsas acusaciones, se me permitiera acceder a los supuestos dichos y evitar, así, se cometiera un atropello.
“Este recurso legal se interpuso debido al marcado interés que han demostrado diversos servidores públicos —del Estado de Chihuahua—en medios de comunicación, redes sociales, y foros nacionales, por encontrar culpables a modo”, dice la misiva.