COMO YA es costumbre, el Conacyt que encabeza María Elena Álvarez-Buylla llega tarde, mal y haciendo caravana con sombrero ajeno, ahora con la vacuna mexicana contra el Covid-19.
PRESENTÓ como un logro de la 4T lo que en realidad ha sido un esfuerzo –¡ups!– de una empresa particular: Avimex, dedicada a los productos veterinarios y cuyo director, Bernardo Lozano Dubernard, obtuvo el reconocimiento al Mérito Profesional 2020 por parte de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas.
AL PROYECTO de la empresa –¡ah, maldita ciencia neoliberal!– se sumaron con entusiasmo y conocimientos expertos del IMSS, la UNAM y el Cinvestav.
¿Y mientras qué hacía el Conacyt? Les negó el apoyo.
TAN ES ASÍ que Álvarez-Buylla anunció con bombo y platillo apenas ayer que la vacuna “Patria” –bautizada así para darle gusto al Presidente– está lista para iniciar pruebas en humanos. La realidad, sin embargo, es que esa etapa fue anunciada ¡desde agosto pasado!, pero no se llevó a cabo por falta de recursos del gobierno.
EL COLMO es que los 135 millones que supuestamente ahora aportó el Conacyt no se sabe de dónde salieron y si fueron entregados conforme a alguna regulación… o a puro capricho.
CUENTAN que en Sonora el morenista Alfonso Durazo anda sufriendo porque Ernesto “El Borrego” Gándara, de la coalición opositora, ya lo empató en la contienda por la gubernatura. Sin embargo, el ex priista tiene como problema a otro ex priista: resulta que Ricardo Bours fue postulado por Movimiento Ciudadano y aunque ocupa un lejano tercer lugar, podría terminar haciéndole el caldo gordo a Morena.
QUIENES saben cómo quema el sol en Hermosillo dicen que se trata de una venganza del ex gobernador tricolor Eduardo Bours, quien por alguna extraña razón no quiere que Gándara llegue. Da la impresión de que le preocupa que le dé un tope el borrego.
UNA DE las aristas más graves del caso de Félix Salgado Macedonio es confirmar que para Andrés Manuel López Obrador la ley no debe aplicarse, sino que debe ¡someterse a consulta! Una y otra vez el Presidente ha insistido en que toca a los guerrerenses decidir si quieren que los gobierne o no el ex senador.
EL FONDO, sin embargo, es al revés: para que en Guerrero haya elecciones limpias, los candidatos deben cumplir las reglas. Cuando López Obrador dice que primero es el voto y después las leyes, no sólo se está poniendo del lado del impresentable de Salgado Macedonio, sino que además está dejando en claro que no fue cierto aquello de que juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
YA LO DIJO Benito Juárez: “Nada por la razón y el derecho; todo por la fuerza de la popularidad”. ¿O cómo era? (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Que sin ahorrarse palabras, el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, hizo un “reconocimiento” al INE, que encabeza Lorenzo Córdova, y consideró “absolutamente despreciables” las “presiones” a los consejeros, “reacciones incompatibles con la pluralidad”, en referencia a las amenazas de Félix Salgado Macedonio, sí, pero en el Facebook Live donde habló el funcionario surgió la duda de si no le quedó el saco a alguien más en Morena o en la 4T.
Que a propósito del lío Morena INE, llama la atención que los sancionados primero omitieron el trámite de enterar sus gastos, después negaron haber hecho tales desembolsos, más tarde argumentaron que no eran candidatos y ya con la soga en el cuello, ven como falta menor haber dejado de reportar, ahora sí lo reconocen, propaganda por unos 18 mil pesos en Guerrero y de 14 mil en Michoacán. Too late!
Que la fusión anunciada ayer entre Televisa y Univision, con la incorporación de SoftBank como líder tecnológico, es una noticia favorable para el sector de acuerdo con analistas, pues adicionalmente refuerza la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Los grandes promotores son Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Enhorabuena…
Que a Claudia Sheinbaum se le hizo fácil anticipar que es posible regresar a clases presenciales en semáforo amarillo pero olvidó un pequeño detalle que se llama CNTE y que fiel a su tradición, no anda ahora, para variar, satisfecha con algunos acuerdos pendientes con el gobierno federal, además de que Hugo López-Gatell barajó las entidades en las que seguirá con la vacunación de docentes… y no figura la capital. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
¿Quién es la mano que mece la cuna para llevar al “éxito” a un partido como Morena? (La Jornada, Contraportada)
Los números de la pandemia mexicana hablan por sí solos. En 410 días desde que oficialmente inició aquí, ya alcanzamos las 210 mil muertes por Covid-19 y 2 millones 281 mil casos de contagio acumulados. Todas las proyecciones del gobierno estallaron en pedazos y, por lo que estamos conociendo ahora, de manera innecesaria. Según el Instituto para las Ciencias de la Salud Global de la Universidad de San Francisco, en un reporte que preparó para la Organización Mundial de la Salud, de haberse actuado con liderazgo, asertivamente, sin confusiones en el mensaje y buenas estrategias durante la pandemia, habría 190 mil muertos menos.
Este informe debía ser un escándalo. Hipotéticamente hablando, de haberse actuado con diligencia y responsabilidad, como sugiere el documento, sólo habrían muerto 20 mil personas en México, el 10% de las que tenemos, sin añadir los poco más de 110 mil decesos adicionales relacionados con el virus, que aún no ingresan en el casillero del cómputo oficial. ¿Por qué nadie grita ante esta atrocidad? De haber tenido un buen gobierno, México no sería el tercer país de mayor número de muertes absolutas, sino el vigesimoquinto, de acuerdo con el mapa de la Universidad Johns Hopkins, ni habría tenido el 43% de exceso de mortalidad al esperado para 2020. Sin embargo, no lo tuvimos y no lo tenemos.
La evaluación del instituto señala como parte de las fallas en el proceso de toma de decisión y en el modelo de la administración de la emergencia de la pandemia, lo siguiente:
-La excesiva concentración de autoridad y capacidad para tomar las decisiones, junto con la discusión insuficiente de éstas y la marginación de los órganos colegiados relevantes responsables de la salud pública, que revela el error de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador al haber conferido a López-Gatell la autoridad suprema para hacer lo que se le pegara en gana, a sabiendas que en Palacio Nacional estaba la fuente de su poder y el blindaje contra la rendición de cuentas.
-La falla para someter las decisiones clave de salud pública a supervisión independiente, así como implementar mecanismos efectivos para la revisión constante de la evidencia científica que fuera surgiendo, dados los altos niveles de incertidumbre, para asegurar la adaptación oportuna de las políticas correspondientes, lo que no es extraño ante la nula cientificidad de López Obrador y la claudicación de López-Gatell, por quedar bien con su jefe, ante la ciencia.
-Esto llevó a la politización de los aspectos técnicos de la evaluación de riesgos, de su planeación e implementación, acentuada por la falta de autonomía de las instituciones de salud y la erosión de los procesos institucionales en el aparato burocrático, lo que dibuja no sólo el momento del manejo de la pandemia, sino el estilo presidencial de gobernar a través de la anarquía institucional.
-La marginación de los grupos de científicos y las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en varios aspectos de la respuesta a la pandemia, con la excepción parcial de la reconversión hospitalaria y los servicios de salud, que no es algo extraño en López Obrador, porque la exclusión observada en la crisis sanitaria es normal en todos los otros aspectos de la vida pública.
“Buena gobernanza implica la formulación y el reforzamiento de las políticas en beneficio del público”, dijo Jaime Sepúlveda, director del Instituto para las Ciencias de la Salud Global, y maestro del zar del coronavirus y responsable de la estrategia para enfrentar el Covid, Hugo López-Gatell. “Ésta es premisa de la fortaleza institucional y un liderazgo efectivo. Países que tuvieron ambas condiciones, como Nueva Zelanda y Noruega, actuaron bien. Un pobre liderazgo y la debilidad institucional son, por supuesto, una mala combinación, como es el caso de México”, que condujo a “consecuencias desastrosas en 2020”.
Pero, ¿cómo no íbamos a caminar hacia ese resultado? López Obrador simplemente no creía en la seriedad de la pandemia y provocó, con sus imposiciones, demoras en las medidas de contención que provocaron dos picos en la pandemia, en julio del año pasado y este último enero. Se pueden adjudicar a errores en la toma de decisión, como lo hace el informe, las consecuencias, pero hay otros factores, también subjetivos, que ayudan a entender lo que sucedió. La arrogancia, se puede argumentar, sobre todas las cosas.
Esta arrogancia, sobre la base de creencias, en el caso del Presidente, y de jugar a la par, política, pero no científicamente López-Gatell, produjeron disparates comunicacionales. Por ejemplo, y publicada en el reporte, el 15 de marzo del año pasado la Secretaría de Salud difundió una infografía que decía: “Coronavirus Covid-19. No es una situación de emergencia. No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales ni escolares. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue con tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda. La enfermedad causada por el coronavirus Covid-19 no es grave”.
No fue una tontería, como no lo fueron los detentes y la fuerza moral para matar al virus, ni utilizar filtros solares, como recientemente sugirieron para evitar el contagio, sino un acto de arrogancia de López Obrador y López-Gatell, que domaron la pandemia y veían la luz al final del túnel cuando en realidad la oscuridad apenas comenzaba. La pareja de Palacio Nacional confrontó una crisis de salud con presunciones equivocadas, sin evaluación suficiente y malos juicios, junto con su desprecio por la vida de los mexicanos, en la forma de una política de austeridad con ausencia de acciones vigorosas y apoyos fiscales, y de una negativa a técnicas para detectar brotes y contagios.
Cuántas muertes se habrían evitado si ambos hubieran actuado con la humildad y la inteligencia que deben tener quienes tienen el poder para cambiar las cosas, pero no lo hicieron. Más allá de la retórica, nos queda para el análisis y eventuales acciones legales, su posible negligencia criminal. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 34)
Hace dos meses, el país cruzó un umbral peligroso. Por primera vez desde 2016, hubo más prisioneros que espacios disponibles en el sistema penitenciario nacional.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –la instancia que administra los penales federales– publica periódicamente un documento llamado Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional.
Su edición más reciente mostró números francamente preocupantes: en febrero, había 217,969 personas privadas de la libertad en todos los penales del país, tanto estatales como federales. Ese número empieza a ser un problema, porque a la fecha solo se dispone de 217,016 espacios en los 288 centros penitenciarios contabilizados por el OADPRS.
Eso significa que hay sobrepoblación a nivel del sistema. Hasta antes de la puesta en operación del sistema penal acusatorio, esa era la situación normal. En 2014, por ejemplo, la tasa de sobrepoblación llegó a 23% (es decir, había 123 prisioneros por cada 100 espacios).
Sin embargo, a partir de la puesta en marcha a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal, el escenario cambió rápidamente. Entre 2015 y 2018, el número de personas privadas de la libertad pasó de 247,488 a 197,988. Con eso, el sistema empezó a tener espacios de sobra.
La causa de esa disminución es sencilla y obvia: el sistema penal adoptado en la reforma constitucional de 2008 y puesto en operación en todo el país a partir de 2016 limitó la prisión preventiva oficiosa. En términos prácticos, eso significó que menos personas fueron enviadas a la cárcel a enfrentar un proceso penal. Entre 2015 y 2018, el número de personas sujetas a proceso en las prisiones mexicanas disminuyó 26%.
Pero eso cambió en la actual administración. Con la supuesta intención de combatir la impunidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Tras dos años y medio, el número de conductas en esa lista se ha triplicado.
El resultado ha sido el esperado: más personas formalmente inocentes, enviadas a prisión a enfrentar un proceso penal. De enero de 2019 a febrero de 2021, el número de procesados, tanto del fuero común como del fuero federal, aumentó 22%. En términos absolutos, eso implica un incremento de casi 17,000 prisioneros. Prácticamente todo el aumento de la población penitenciaria desde el inicio de la actual administración se explica por ese efecto.
Sobra decir que la capacidad del sistema no ha crecido al mismo ritmo que el número de prisioneros. Desde enero de 2020, se han añadido algo más de 1000 espacios en todos los centros penitenciarios. Esa dinámica de aumento del número de personas privadas de la libertad sin expansión de la capacidad no puede más que llevar a la sobrepoblación.
El desbordamiento de las prisiones conduce inevitablemente al autogobierno, la corrupción y la violencia. Y esta puede escalar rápidamente: no sorprendería que empezaran a multiplicarse las riñas, los homicidios o incluso los motines en diferentes centros penitenciarios.
Dicho de otro modo, las reformas de corte altamente punitivo de la actual administración han creado una bomba de tiempo. Y la situación no va sino a empeorar en los próximos años.
Lo trágico es que esto no sorprende en lo más mínimo. Muchos advertimos en su momento que el mayor uso de la prisión preventiva iba a acabar retacando los penales sin mejorar las condiciones de seguridad en las calles. Desgraciadamente, no nos equivocamos. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 6)
“López Obrador le falla a México”, “Enamorado de malas ideas”, “Pemex es un lastre para la recuperación”, “México sigue sumido en una crisis de derechos humanos”. Sólo algunos ejemplos de los encabezados que, en las últimas semanas, han dedicado medios internacionales al gobierno del presidente López Obrador.
Sus decisiones en materia económica, sobre todo energética, y la actitud política de un gobierno que se muestra cada día más intolerante frente a la libertad de expresión, más autoritario ante el juego democrático y más cerrado a la vigilancia internacional sobre los derechos humanos en el país, ya son materia de atención de la prensa de otras naciones.
Para el presidente López Obrador esto empieza a significar el fin de un periodo en el que pudo operar su proyecto como más le gusta: como si México estuviera aislado del mundo y nadie tuviera interés en (o derecho a) opinar sobre sus decisiones.
El diario Financial Times, la agencia Bloomberg, y las revistas The Economist, Forbes, Global Trade Magazine y Natural Gas Intelligence dedicaron artículos a la profunda caída de la economía mexicana y a lo poco que ayudarán a una recuperación las políticas del gobierno mexicano de apostar todo a un Pemex convertido en lastre, y a la intención de dificultar cada vez más la participación de empresas internacionales en el sector de energía, con una agenda que califican de nacionalista, motivada políticamente.
Los diarios The Guardian, USA Today, Los Angeles Times y otros han puesto el ojo en las recientes declaraciones del presidente de México de que Estados Unidos no tiene por qué opinar sobre derechos humanos en México, a su apoyo abierto a un candidato acusado de violación, Félix Salgado Macedonio, y a su intimidación creciente contra periodistas, organizaciones no gubernamentales y el árbitro electoral, el INE.
Cómo se comportará frente a esa vigilancia el gobierno de nuestro país dependerá mucho del resultado de la elección intermedia de junio próximo. Podría jugar a la conspiración extranjera, el complot, el enemigo antimexicano y convertirse en un régimen cerrado, a la defensiva y hostil, o aceptar que México es un país inserto en la globalización, firmante de un tratado de libre comercio de Norteamérica y jugador destacado el concierto de naciones democráticas y abiertas. Ojalá opte por lo segundo
SACIAMORBOS
Golpe a Napito: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio su fallo sobre el pleito legal que desde hace más de quince años acarrea el hoy senador consentido de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Ese fallo le puede salir carísimo política y económicamente. El laudo obliga al Sindicato Minero y al senador Gómez Urrutia (como obligado solidario), a pagar 54 millones de dólares que eran de los trabajadores de la mina de Cananea, y que “desaparecieron” de un fideicomiso.
Según el expediente 498/2007, la empresa Grupo México demostró que transfirió los 54 millones de dólares, pero el Sindicato no ha podido demostrar que ese dinero llegó a los trabajadores mineros. ¿Quién se quedó entonces con la lana? Parece que “Napito” tendrá que ponerse a vender propiedades (que le sobran) en México y Canadá, o quizá tenga que rematar los autos de lujo y la colección de armas de sus hijos. Lo bueno es que está respaldado: el presidente ha decidido tender sobre él manto de impunidad y dar al multimillonario líder sindical la categoría de perseguido político del pasado. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Ayer hablé en Radio Fórmula con el doctor Francisco Moreno, jefe médico y responsable del programa covid del Centro Hospitalario ABC, y le pregunté sobre la decisión del presidente López Obrador de cancelar la vacunación prioritaria al personal sanitario privado.
Lo primero que me dijo fue que no hay lógica, no hay una explicación. Somos el único país en el mundo en donde se está tomando esta medida siendo el país en el mundo con mayor mortalidad en trabajadores de la salud.
Entonces no hay ninguna lógica, no hay coherencia, no entendemos cuál es la razón. Lo que queremos es que entre la cordura, la razón, la lógica y que nos vacunen, y no solamente a los médicos sino a todos los que trabajamos en salud, porque llevamos un año dando la cara por este país y para la salud del pueblo de México que tan afectado ha resultado de esta lamentable pandemia.
Entonces yo espero que entre la razón y nos vacunen. Y aquí aprovecho su espacio para exhortar al gobierno a que retome esta situación que ellos mismos habían dicho, que el personal de salud era prioritario, y entender que es únicamente hacer las cosas con lógica y con la primordial idea de que la salud va antes que cualquier interés.
En enero, López Obrador dijo dos veces, el 14 y el 21, que su gobierno vacunaría en forma prioritaria a todo el personal de salud público y privado. El viernes pasado cambió y anunció: La vacunación se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados.
Que nos esperen. Y ahí dio el vuelco a su programa de vacunación médica.
Entiendo al doctor Francisco Moreno y a miles y miles de médicos y personal sanitario que no trabajan en el gobierno, que corren el mismo riesgo de contagiarse y morir y que por una decisión de gobierno, que no entiendo porque no la ha explicado, se les niega la vacuna. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Mucho más pernicioso y trascendente que el desenlace político del repugnante caso Salgado en el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, o el de los crímenes sexuales que se le imputan; más inclusive que las funestas consecuencias que acarreará para los guerrerenses (cuya vida pública seguirá pudriéndose), es la guerra popular prolongada que la pendenciera 4T viene sosteniendo contra todo lo que no puede controlar, sobre todo las instituciones del Estado que para fortuna de la sociedad operan con autonomía.
Las reacciones oficiales a la amenaza de revelar domicilios vandalizables y el virtual llamado a turbas fanáticas para que asesinen a consejeros del INE, proferida por el sexópata de los güevos intocables, no dejan duda del peligro, como nunca antes, en que se encuentra la democracia mexicana.
Según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “en ningún momento hubo una amenaza para nadie. Ustedes conocen a Félix, cómo es de dicharachero, pero en ningún momento hubo ninguna amenaza.
Juega todo el tiempo con la gente, pero ahí está su carrera, su trayectoria, siempre de manera pacífica…”.
¿Qué de lo dicharacheado no entendió en “si no se reivindican” los consejeros, “se los decimos de una vez: los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar?. Y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?”. “¿Les gustaría –preguntó a sus hordas– saber cómo está la casita del cabroncito…?”. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
El tema de fondo no son los 19 mil 872 pesos no reportados por Félix Salgado Macedonio. En lo absoluto. Reducir el tema del guerrerense a eso –tal y como lo hace Mario Delgado– es ridículo, tramposo y malintencionado.
Lo que realmente hay detrás –y en el fondo– de la actitud del guerrerense: su soberbia y su prepotencia. Lo que de verdad manifiesta su actuar –negando primero que hubiera sido precandidato y buscando luego engañar a las autoridades electorales– es dolo.
A Salgado Macedonio le ocurre algo semejante a lo que pasó con Clara Luz Flores en Nuevo León: mintió. Cada uno por razones distintas y ante hechos diferentes. Pero mintieron.
Y ese es el meollo del asunto. Tan dados que son los de la 4T a la Cartilla Moral y a sus preceptos bandera: no mentir, no engañar…
Y a la hora de la hora, cuando los pescan en la movida, intentan tergiversar los hechos y esconderlos bajo la alfombra. Eso es lo que han hecho –lo han intentado, al menos– en el caso de Félix. Y la guía viene desde Palacio Nacional hasta la explanada del Instituto Nacional Electoral, donde se han instalado el presidente de Morena y sus huestes.
El proyecto de dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, proponiendo la cancelación del registro como candidato a gobernador de Guerrero a Salgado Macedonio, tocaba precisamente el fondo del asunto: el dolo, el engaño. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
En diciembre pasado, el Panel Independiente de la Organización Mundial de la Salud –que lideran Ellen Johnson, expresidenta de Liberia, y Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda– encargó al IGHS un informe sobre cómo ha golpeado la pandemia de covid-19, con el propósito de trazar una ruta para enfrentar amenazas globales a la salud.
Ese esfuerzo dio lugar a La respuesta de México al covid-19: estudio de caso, documento que reseña de manera demoledora cómo la falta de liderazgo político, entre otros factores, condujo al país a un “fracaso” en su respuesta a la pandemia en comparación con otros países.
Mediante la excesiva concentración de autoridad y capacidad para tomar decisiones, la insuficiente deliberación en órganos colegiados relevantes, la falta de supervisión independiente, el divorcio de la evidencia científica y la politización de aspectos técnicos de la evaluación de riesgos, el gobierno federal contribuyó a causar muertes, concluye.
Situado en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad –sólo detrás de Perú, Ecuador y Bolivia–, México tuvo 43% más fallecimientos en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación con el periodo 2018-2019, contra un promedio de 17.3% en los países con más de tres millones de habitantes y datos completos de mortalidad de los últimos tres años. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Al momento de escribir estas líneas, el Instituto Nacional Electoral no había votado aún la ratificación de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, pero la votación en ese sentido parecía inminente.
No podría ser de otra manera, primero, porque el Código de Procedimientos Electorales votado en 2014 establece esa sanción, impuesta, paradójicamente, por las entonces fuerzas opositoras, a quien no declare gastos de precampaña; segundo, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lavó las manos y simplemente le mandó de regreso al INE los dictámenes que éste había elaborado para que considerara si ése era el castigo justo (cuando el Código es el único que lo contempla para esa falta).
Y, tercero, porque las inaceptables amenazas del propio Félix Salgado, de asaltar las casas de los consejeros que voten en contra de su candidatura, la de presentar un ataúd con el nombre de Lorenzo Córdova y coaccionarlo reiteradamente, la de decir que si él, Félix, no es candidato, no habrá elecciones en Guerrero, tendrían que hacer imposible a los consejeros del INE votar de otra forma que cancelar su candidatura. Incluso resulta extraño que, hasta ahora, no exista una denuncia penal contra el exalcalde de Acapulco por los diversos delitos que cometió con esas amenazas.
Todo puede pasar porque, al final, nuestras instituciones tampoco son de acero y, ante la presión del poder, pueden y, a veces, suelen doblarse. Ojalá que éste no sea el caso, porque, más allá de las muchas diferencias que pueden existir respecto al manejo del INE y, sobre todo, de la anacrónica y absurda ley electoral que nos rige, lo cierto es que los consejeros lo que están haciendo es cumplir con lo que marca la ley. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
6-5, contra Salgado Macedonio// Recurrirá ante tribunal// Cobardía de Silvano Aureoles // Militares, a ciencia y tecnología
A la hora de cerrar esta columna, seis votos contra cinco decidieron anoche sostener la negativa a que Félix Salgado Macedonio pueda ser candidato a gobernar Guerrero. En intervenciones en primera ronda, los posicionamientos fueron así: en favor de devolver candidaturas, los consejeros Espadas, Faz, De la Cruz, Favela y Ruiz Saldaña; en contra, Córdova, Murayama, Humphrey, Ravel, Rivera y Zavala.
Cualquier resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), camino jurídico que el senador guerrerense con licencia ya había advertido, horas antes de la sesión en el INE, que recorrerá.
La sesión del Consejo General electoral, realizada por la vía virtual, como ha sucedido en otras ocasiones en el contexto de la pandemia, tuvo como antecedente la movilización de Salgado Macedonio y ciudadanos guerrerenses a las afueras del edificio central del INE, acompañada por diputados federales y dirigentes partidistas, como Mario Delgado.
En el curso del propio martes se tomó incluso la decisión de pagar en una ventanilla del INE una suma cercana a 20 mil pesos, para mostrar que se cumplía con el monto del gasto de precampaña estimado por el citado instituto. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)