¿Por qué sorprende tanto si son las intrigas de siempre de la CIA, la DEA, el FBI, etcétera? (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
¿SE IMAGINAN que Morena volviera a postular a un cargo público a alguno de los 10 sinaloenses acusados de narcotráfico por Estados Unidos? Pues el líder estatal guinda ¡no lo descarta!
CUANDO LE PREGUNTARON a Edgar Barraza Castillo, salió con la novedad de que no descarta que el próximo año puedan participar como candidatos tanto el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, como el fantasmal senador Enrique Inzunza.
LA POSTURA del líder morenista sorprende, obviamente, porque parecería un reto innecesario ante la exigencia de Washington para que se castigue a los políticos mexicanos presuntamente ligados con el crimen organizado, y por los cuales está pidiendo la extradición.
CLARO, falta saber si la idea de volver a postular a los acusados es una mera ocurrencia de Barraza o si, por el contrario, cuenta con el visto bueno de la dirigencia nacional de Morena, pues Ariadna Montiel dijo que postularían sólo candidatos “intachables”.
POR CIERTO, la FGR de pronto se acordó de que existe una investigación pendiente de resolver sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Los sabuesos de Ernestina Godoy finalmente se dieron cuenta que el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa se dio el mismo día y (aparentemente) en el mismo lugar donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.
QUIENES SABEN cómo se manejan las cosas dentro de la Fiscalía de la 4T afirman que esta sería una forma, más o menos legal, de evitar que al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se le juzgue por narcotráfico como reclama Estados Unidos. De acuerdo con sus cálculos legales, a Morena le sale más barato políticamente hablando juzgar a su muchacho por el crimen de Melesio Cuén, que entregarlo a EU por narco, pero no está tan fácil separar el asunto pues la muerte de Cuén ocurre en el contexto de una reunión con presuntos criminales donde Rocha habría estado presente.
EL DE AYER fue un mal día, muy malo, para la lucha contra la violencia de género en México, pues las y los ministros de la Suprema Corte decidieron proteger a un agresor… ¡y no a la víctima!
RESULTA QUE el máximo órgano judicial dejó desamparada a María Elena Ríos Ortiz, quien sufrió un ataque con ácido por parte de su pareja, el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, quien se encuentra cómodamente recluido en un hospital en lugar de estar en la cárcel.
LOS MINISTROS que no apoyaron el reclamo de Ríos fueron Lenia Batres, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa, Estela Ríos e Irving Espinosa Betanzo, quienes rechazaron una petición de la FGR que habría cambiado las cosas.
DE NADA SIRVIÓ que la saxofonista María Elena, cuyo caso alcanzó resonancia mundial, les pidiera personalmente a las y los ministros reconsiderar su postura. Fallaron, en los hechos, en favor del agresor. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
El crimen del senador Inzunza
Desde hace dos semanas el senador Enrique Inzunza Cázarez dejó botado su trabajo en el Senado y en la Comisión Permanente, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo vinculó con el Cártel de Sinaloa. El legislador morenista, exsecretario de Gobierno del hoy gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, se ha dedicado a emitir mensajes filosóficos y fotografías en redes sociales para aparentar que no está preocupado. Y mientras él se oculta, no todos sus compañeros de Morena parecen estar dispuestos a defenderlo a capa y espada y ya comienzan a surgir voces que lo emplazan a separarse de su escaño mientras la Fiscalía General de la República realice sus investigaciones. Pero en tanto se juntan las pruebas de su culpabilidad, o se demuestra su inocencia, don Enrique mantiene su fuero y su dieta, y está cometiendo el crimen de cobrar sin trabajar. Enrique Inzunza.
El problema no es la realidad, son los medios
En medio de la seria crisis que enfrenta la autollamada Cuarta Transformación, en Palacio Nacional parecen haber decidido que el problema no es la realidad, sino quién la cuenta. Por eso llamó mucho la atención la postura de Norma Solano, titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sobre los llamados “derechos de las audiencias”. Nos dicen que hay muchas banderas rojas que hacen suponer a los expertos que detrás del discurso de “protección” se preparan nuevos lineamientos que abrirían la puerta a un mecanismo de censura disfrazado de regulación: darle al Estado capacidad para definir qué información es “veraz”, intervenir códigos éticos de los medios y convertir la autorregulación en supervisión gubernamental. La vieja tentación autoritaria: cuando el poder pierde el control de la narrativa, intenta controlar el micrófono. Norma Solano.
Larga la fila para la SEP
Donde hay más fila que en una tortillería, nos dicen, es en la Secretaría de Educación Pública, pues una media docena de nombres se barajan para ocupar el despacho ante una posible salida de Mario Delgado, quien últimamente ha tenido días difíciles. Esteban Moctezuma, quien ya ocupó la silla de Vasconcelos; Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior; Luis Humberto Fernández, quien fue titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México; la subsecretaria Angélica Noemí Juárez, e incluso Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias Humanidades, entre otros más, son los nombres que se barajan para llegar a la SEP ante una eventual salida de don Mario. Mario Delgado.
La mano azul de Julio
La guerra civil que se vive en la Cooperativa Cruz Azul, nos dicen, no se entiende sin el abogado Julio Scherer. Nos aseguran que uno de los principales impulsores para que el actual director, Víctor Velázquez, quedara al frente de la cooperativa fue Scherer, poderoso exconsejero Jurídico de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Scherer, señalan algunos personajes de la cooperativa, fue clave para que le entregaran a Velázquez los tokens de la cementera en agosto de 2020. Nos agregan que el actual mandamás en la cementera no solo fue beneficiado de los contactos de Scherer en el Poder Judicial, sino que fue ayudado desde la Fiscalía General de la República, que encabezaba Alejandro Gertz Manero. Ahora que la bomba estalló, pues hay 50 millones de dólares que se le perdieron a la cementera el proveedor implicado en el presunto fraude es de Estados Unidos, solo faltaría, nos dicen, que Palacio Nacional pague los costos políticos de los enjuagues de Scherer y Velázquez. Julio Scherer. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Que la reciente publicación de operativos clandestinos de la CIA en México ha levantado alertas en Palacio Nacional, por lo que el gobierno federal ha comenzado una nueva revisión de los agentes estadunidenses desplegados en suelo mexicano, así como de las unidades verificadas que operan agencias tipo el Buró Federal de Investigaciones dentro de cuerpos policiacos mexicanos. Por lo pronto los vecinos encendieron la mecha del enfrentamiento entre Morena y PAN por los casos Rubén Rocha y Maru Campos.
Que después de cancelar tres veces su asistencia a reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente en el Palacio de San Lázaro, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, recibió en sus oficinas a los integrantes de la Junta Directiva de ese grupo, aunque los diputados del PAN hicieron un extrañamiento y desistieron de acudir al encuentro “en lo oscurito”, mientras que MC manifestó su inconformidad por la negativa de la funcionaria a presentarse en el recinto legislativo, lejos de transparentar asuntos como el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo.
Que los estudiantes del IPN hicieron sudar de nervios a más de un funcionario, pues ayer por la tarde llegaron a la sede de Gobernación para exigir que les recibieran su pliego petitorio, que incluye la remoción del director, so pena de mantener el bloqueo en la zona. La situación se complicó cuando los jóvenes les recordaron que en 2014 el entonces secretario, Miguel Ángel Osorio, salió a dialogar con los chicos y ahora ni siquiera un subsecretario dio la cara. Tsss…
Que el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compareció ante el Congreso de Ciudad de México, donde expuso que sí se puede construir un gobierno cercano, innovador y con resultados, como el primer lugar en eficiencia policiaca y reducción de delitos de alto impacto, como homicidios y robos, mientras que la panista Liz Salgado quiso confrontarlo con una carpeta de 400 “solicitudes ciudadanas no atendidas” que sólo contenía impresiones de comentarios en redes sociales y documentos ilegibles. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Meten paz en Chilapa
Encuentro directo con los pobladores de Chilapa de Álvarez, Guerrero, sostuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado. Escucharon de viva voz la situación y demandas de las familias desplazadas, ante las que delinearon las primeras medidas para darles solución. De entrada, se estableció un corredor seguro para garantizarles acceso a víveres, atención médica e insumos de primera necesidad. Además, ofrecieron organizar un Tianguis del Bienestar y llevarles brigadas de programas sociales.
Prevén asistencia masiva
Toda la carne al asador está echando el morenismo en Chihuahua para la manifestación de este sábado contra la supuesta injerencia de la CIA en operativos de seguridad del gobierno de Maru Campos. Será la primera gran movilización a la que convoca la dirigente, Ariadna Montiel, y la militancia busca asegurar una asistencia masiva.
Alistan filtro para candidatos
Un blindaje prepara Morena, PVEM y PT para evitar que se cuelen candidatos con ligas criminales. La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, y la dirigente del Verde, Karen Castrejón adelantaron que solicitarán a la FGR y al gabinete de Seguridad reportes sobre los aspirantes e incluso investigaciones preliminares.
Ahí viene el extraordinario
La próxima semana la Comisión Permanente del Congreso definirá la fecha para un periodo extraordinario. Uno de los temas, será aplazar a 2028 la elección judicial, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López. Hay acuerdo de todas las bancadas, y ayer quedó claro que el INE, de Guadalupe Taddei, va en el mismo sentido.
Mier corrige apagón de Adán
El presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, reactivó la pantalla gigante ubicada en el Patio del Federalismo de la sede legislativa. Ahí, los visitantes podían ver las sesiones, hasta que a principios del año pasado el entonces mandamás de esa Cámara, Adán Augusto López, ordenó apagarla. Pero ya está de nuevo encendida.
Inzunza no aparece
Hablando del Senado, el morenista Enrique Inzunza faltó por tercera ocasión consecutiva a la sesión de la Comisión Permanente. En su lugar asistió Alejandro Murat, registrado como suplente. Eso sí, el sinaloense indagado en EU por narcotráfico presumió en redes la portada del libro El Arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, que, dice, está leyendo.
Empresarios, en Palacio
Nueva reunión con el empresariado mexicano sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en Palacio Nacional. La comitiva de los hombres del dinero fue encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, quien apenas el martes aseguró que hay incertidumbre por la revisión del T-MEC. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Convocatoria inédita
¿Cuándo fue la última ocasión que recuerde que en un evento público organizado por un medio de comunicación acuden tres secretarios de dependencias clave del gobierno federal? Haga cuentas y si tiene que recorrer casi una década no se sorprenda. La sociedad y el gobierno, afortunadamente, reconocen la trascendencia del medio que está leyendo, porque se marcó un hito con el foro sobre el “Crecimiento con equidad”, realizado ayer.
‘Ajolotizar’ hasta a U2
Quien está sacando ventaja de la crítica es la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pues ahora presumió con todo que “ajolotizamos a U2”. La morenista entregó a los integrantes de la banda irlandesa no solo una figura del animal endémico con el que pintarrajea toda la ciudad sino una invitación formal para que toque en el Zócalo. Eso sí, no dijo que por austeridad debe ser gratuito. A ver si por esa característica doña Clara no se queda cantando “I’ll wait for you”, si es que Bono rehúye a la cantada de a gratis.
Frustrado cambio de look
Quien se arrepintió con su nuevo look fue Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. El queretano había estrenado lentes al arranque de la Comisión Permanente, los nuevos Ray-Ban Meta AI, que se caracterizan por tener cámara y micrófono integrados. Bueno, y es que no faltaron las esquizofrénicas hordas morenistas que acusaron —en redes sociales— que el panista usaba el accesorio para ser espía de la CIA. Jajaja. Imagínese. Como si la CIA necesitara esos artilugios. Pero ayer Anaya mejor optó por sus anteojos clásicos de armazón ligero, de otros tiempos.
El tiro por la culata
La senadora Cynthia López Castro no da una en su estrategia mediática. Luego de su ‘hazaña’ de exhibir en video a Alessandra Rojo de la Vega llegando a la alcaldía en su camioneta machuchona a las 11:00 de la mañana, las “benditas redes sociales” hicieron lo suyo para recordarle su pasado priista, cuando incluso apoyaba a la hoy alcaldesa. Lo mismo cuando sacaba un rosario de elogios para el entonces presidente Peña.
El Chapo insiste en pedir su extradición a México
Joaquín El Chapo Guzmán, el más famoso capo mexicano de los últimos tiempos, insiste en exigir al juez Brian Cogan, de la Corte Este de Nueva York, su extradición a México. En una nueva carta, escrita de puño y letra en inglés, reitera que el gobierno de México es el malo de la película, que él no ha causado daño a nadie y que su condena fue injusta. Es la séptima carta, todas escritas en términos similares. El juez Cogan ya respondió a dos, desestimándolas. Y luego ya ni caso les hizo.
Emiliano, ¿a la Cuauhtémoc?
Colonias de la alcaldía Cuauhtémoc han sido tapizadas de volantes con la imagen de Emiliano Rojas, secretario particular de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, quien se presenta como presidente de Relevo Mexicano. La demarcación se consideraba bastión guinda, y en particular de Monreal, hasta que en 2021 la perdieron. El diputado intentó recuperarla en 2024 con su hija Catalina como candidata, pero fracasó. Llama la atención que a unos meses de arrancar el proceso electoral, la imagen del particular de don Ricardo esté en toda la demarcación, ¿será que es nueva apuesta para la Cuauhtémoc?
En medio ambiente, ¿debate a domicilio?
Fuerte se quejaron ayer los diputados federales del PAN porque la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, canceló en tres ocasiones una reunión con legisladores de la Comisión del Medio Ambiente. Y más se indignaron porque, al final, les pidió que mejor fueran a sus oficinas, porque su abultada agenda no le permite ir al Palacio Legislativo. Ah, y que solo vayan el presidente y los secretarios, no todos los integrantes de la comisión. “No vamos a normalizar que temas ambientales prioritarios para el país se pretendan atender mediante reuniones restringidas y fuera del escrutinio parlamentario”, reclamó el diputado Homero Niño de Rivera. Derecho de pataleo. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
Homenaje al Chapulín colorado en el Senado
“El derecho al respeto ajeno es la paz…” ¿O cómo era? Ésta fue la frase que instaló ayer a la senadora de Morena, Simey Olvera, en lo más alto de lo viral de las redes sociales —que jamás perdonan—. Y es que por supuesto que todos podemos equivocarnos, pero nos comentan que la cuestión fue que la legisladora por Hidalgo precisamente estaba presumiendo que los integrantes de su partido sí se saben las frases de Benito Juárez, aun cuando la cita correcta del Benemérito de las Américas es “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Nos dicen que el resbalón no es cosa menor en momentos en los que en el ámbito parlamentario basta con el menor descuido para ser lapidado por la contraparte, en este caso por miembros de la oposición, quienes no tardaron en mofarse de la pifia de la senadora que —por cierto, dicen— busca posicionarse para ser candidata a gobernadora de su estado. La intención de Simey, se nos insiste, era muy buena: abonar al debate de la situación política actual con pasajes históricos por la defensa de la soberanía nacional; sin embargo, el resultado fue lamentablemente adverso para ella. Auch.
Importante aclaración
Y no hay que perder de vista, nos dicen, la muy necesaria precisión que hizo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, en medio de una ola de desinformación sobre presuntos “apuntalamientos de emergencia” en el recién inaugurado Puente Nichupté en Cancún, la obra más larga en su tipo en América Latina y una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno federal en el sureste mexicano. Según las versiones falsas que corrieron como pólvora —hasta con videos y fotografías— el proyecto presenta “hundimientos evidentes a simple vista”. Lo que sorprende, nos indican, es la facilidad con la que, sin bases, algunos actores propagan miedo entre la población en una construcción clave para el desarrollo urbano de una de las zonas turísticas más importantes del país. Por eso es vital atender la información oficial: “El Puente Vehicular Nichupté es una obra segura y estable”, señaló la SICT y explicó que si hay estructuras metálicas visibles no es porque la obra se esté hundiendo sino porque precisamente cumplen la función de hacer del puente una estructura más resistente.
Cambios próximos
Y quienes siguen de cerca el acontecer de ese pequeño gran mundo que se llama Petróleos Mexicanos, nos cuentan que cada vez son más recurrentes las versiones de que el viernes habrá movimientos en la petrolera nacional y no sólo eso sino que se comenta que éstos podrían afectar a quienes despachan en los pisos superiores del enorme edificio que se ubica allá por los rumbos de Marina Nacional. Muchas de esas versiones ya se están empezando a convertir en noticias publicadas que lo único que hacen es confirmar el dicho de que si suena el río es porque agua lleva. En la lista de asuntos que estarían empujando esos ajustes están las divisiones internas, un derrame de petróleo y un accidente en una refinería que lamentablemente provocó la pérdida de vidas. Todos estos elementos se mencionan en un despacho de la agencia Reuters. Y a ello hay que agregar también las agravantes de que la empresa no sólo no ha podido aprovechar el repunte de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Irán, que también se menciona en el reporte, sino que le acaban de poner perspectiva negativa a la calificación a su nota crediticia. Uf.
El termómetro en el Edomex
Nos advierten que sigue muy vigente aquella máxima que dice que el pulso político-electoral del Estado de México es uno de los mejores indicadores de cómo va pintando la cosa en el resto del país. Así, los resultados de las elecciones a la gubernatura de esa entidad, que siempre son un año previo a las presidenciales, históricamente han servido para medir las tendencias en las urnas a escala federal. Para ejemplos nuevos nos piden echarle un vistazo a la reciente reunión entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los diputados locales mexiquenses. Ésa, nos señalan, más que un encuentro institucional, es una nueva fotografía política del Estado de México: un Congreso dominado por Morena y una oposición cada vez más reducida. Los números hablan por sí solos: 39 legisladores guindas, apenas siete del PRI —que, no sobra recordar, ostentó por un siglo la hegemonía política del estado— y sólo cuatro de Acción Nacional. Dicen también que el mensaje fue claro en los pasillos de Toluca: el estado que antes fue el gran bastión tricolor hoy vive una realidad diametralmente distinta, una Legislatura alineada casi por entero a la 4T y una oposición prácticamente borrada. Qué tal.
Agudizan candados en la 4T
En medio de tanto escrutinio público por salpicones de corrupción y narcopolítica frente a los procesos electorales que vienen, reportan que la alianza de la 4T ya tuvo que elevar la vara con la que mide qué personajes la representarán en los diversos cargos de elección popular que estarán en juego en 2027. Fue esto —más que la enésima vez que ratifican unidad— lo que más llamó la atención de la conferencia de prensa que convocaron los líderes de Morena, Ariadna Montiel; del Verde, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, este miércoles. De esta manera, las y el dirigente señalaron que ya no sólo será la encuesta el único mecanismo para designar a sus abanderados, ahora estos partidos aseguraron que las personas que aspiren no sólo tienen que preocuparse de ser populares, pues estas organizaciones políticas echarán mano de la información con la que cuentan el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias, pues, dicen algunos, tropezones sobran con gente que fue electa en comicios anteriores y ahora ponen en duda el prestigio y la legitimidad del movimiento.
Tiempo extra en el Congreso
Nos advierten que ya no es sólo la definición por saber dónde poner la elección pendiente del Poder Judicial sino las pugnas políticas recientes las que determinarán que se abra un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Así que mientras el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, mantiene abierta la posibilidad de convocar a tiempos extra parlamentarios —tentativamente a finales de este mes— para resolver el aplazamiento de los comicios de jueces a 2028, del otro lado del espectro, los del PAN también comenzaron a pronunciarse por el extraordinario, pero para llevar a esa palestra el pleito que traen con los del oficialismo por los señalamientos contra personajes de la política sinaloense y la investigación que se sigue contra funcionarios de Chihuahua por la participación de agentes estadounidenses en sus operativos. Por lo pronto, el senador Ricardo Anaya, pidió convocar a dicho periodo para que la Cámara alta discuta la desaparición de poderes en Sinaloa. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
No fue una coincidencia. Los asuntos de seguridad nacional en Estados Unidos no se manejan al azar. Sus filtraciones a los medios son calculadas o reactivas para mandar un mensaje. El martes, lo mandaron a Palacio Nacional: la cadena CNN reveló que en la escalada de la guerra secreta de la CIA contra el crimen organizado en México, sus agentes facilitaron el asesinato de un miembro del Cártel de Sinaloa, enriquecida por The New York Times, que confirmó su intervención, pero aclaró que no estuvieron en persona cuando se ejecutó la acción. La enorme tolvanera por las revelaciones no dejó poner la lupa en la unidad que participó en la acción: la fuerza Ground Branch (rama terrestre), que ejecuta operaciones clandestinas por instrucción del presidente.
Es falso, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, que agentes de la CIA operan en México por fuera de los canales oficiales de colaboración con Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó la víspera “cualquier versión” que normalizara, justificara o sugiriera la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras. Mucha verborrea, pero ayudó, para las percepciones, que la vocera de la CIA, Liz Lyons –que declinó comentar a la CNN antes de publicar–, calificara de “falso y sensacionalista” el reporte de la cadena, que “no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo vidas estadounidenses”.
Esas líneas guiaron la respuesta de Sheinbaum, y permitieron a sus voceros oficiosos colgarse del ambiguo desmentido. La CIA no podía haber hecho otra cosa, por lo explosivo de las revelaciones. El antecedente es el reporte de la Comisión Church (https://short.do/uIFWCe), hace 50 años, que investigó los planes de la CIA para asesinar a líderes en el extranjero como Fidel Castro; Rafael Trujillo, de República Dominicana, o Patrice Lumumba, del Congo, que acabó con medio siglo de asesinatos como un brazo de la política estadounidense. Dejar vivo el reporte de CNN habría abierto la puerta a una nueva investigación en el Senado.
Los trascendidos a CNN y al Times revivieron aquellos tiempos. A finales de marzo, Francisco Beltrán, El Payín, un miembro de medio nivel del Cártel de Sinaloa, murió junto con un acompañante al explotar su auto en la autopista México-Pachuca tras salir del aeropuerto Felipe Ángeles. El auto quedó como si hubiera explotado una bomba colocada en el chasis y murieron inmediatamente. Los trascendidos en Washington –tres de los cuatro autores de la información en CNN cubren seguridad nacional y el Pentágono, mientras que uno de los dos en el Times también está asignado a temas de seguridad nacional– afirmaron, citando fuentes de inteligencia, que la CIA participó en diverso grado –pero no en tierra– en el asesinato selecto de El Payín.
Nada se ha dicho hasta ahora del dato estratégico revelado por CNN: que la acción de la CIA fue encabezada por una unidad de élite secreta –dentro de una institución donde el secreto se da por definición–, para desmantelar las cadenas de los cárteles de las drogas, y como parte de “una campaña de la CIA que se ha expandido y que no se había reportado previamente, dentro de México”. Esto, más que el asesinato de El Payín, es lo más importante, porque su “neutralización”, como le llaman a este tipo de crímenes, sería consecuencia de las operaciones clandestinas que está realizando desde el año pasado.
La presidenta y el secretario de Seguridad dicen la verdad cuando niegan que eso hubiera sucedido, porque fueron hechas a sus espaldas. Por eso se les define como “clandestinas”, al ser ejecutadas de manera encubierta y, no pocas veces, de forma ilegal. En este momento, para el gobierno mexicano, es mejor mantener la posición de la presidenta ayer, que volver a incendiar el discurso con violación a la Ley de Seguridad Nacional y de intervencionismo. Si aprendieron la lección en Chihuahua, es mejor que lo solucionen de manera diplomática y no con arengas mañaneras.
La Ground Branch es definida como una fuerza Tier 1, como llaman extraoficialmente a las unidades militares de élite, que se manejan con autonomía y realizan misiones contra el terrorismo. La Ground Branch agrupa elementos reclutados de las fuerzas especiales del Ejército (las Boinas Verdes y la Fuerza Delta) y de la Marina (los Navy Seal), y es la fuerza paramilitar que tiene la CIA en su Centro de Actividades Especiales, responsable de las operaciones clandestinas en la Dirección de Operaciones de la compañía en Langley.
Su trabajo se especializa en acciones encubiertas, guerra no convencional (como los cárteles y las guerrillas), recolección de inteligencia en zonas de alto riesgo y hostiles, y donde, la parte más importante, la presencia convencional de los Estados Unidos –la cooperación institucional con el gobierno local–, hace imposible compatibilizar sus acciones con el trabajo político y diplomático, por lo cual requiere salidas plausibles para que la embajada en México, o el embajador Ron Johnson, puedan decir, sin mentir, que no tenían conocimiento de la presencia de ese grupo.
El Centro de Actividades Especiales, de donde depende la Ground Branch, se fundó en 1995 y su lema es Tertia Optio, que significa Tercera Opción. Lo que estamos viendo se deslizó en este espacio a finales de abril en la columna “México y la Tercera Opción” (https://short.do/I_PO-i), un concepto operativo dentro del pensamiento estratégico estadounidense utilizado por la CIA en todo el mundo. Es una doctrina informal que fue descrita por Loch Johnson en su libro The Third Option (2022), donde enumeraba los tres grandes instrumentos que guían la política exterior de su país: the treaties power (la diplomacia), the war power (las guerras) y the spy power (la inteligencia).
La “primera opción” fue retomada cuando Sheinbaum llegó a la Presidencia, para restablecer lo destruido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se estableció un nuevo mecanismo de cooperación, pero se fue agotando al toparse con la negativa de la presidenta de desmantelar la cadena de complicidades entre criminales y políticos. La “segunda opción”, la militar, sigue vigente, pero inviable bajo toda lógica práctica. Lo que estamos viendo hoy es la aplicación de la “tercera opción”, la última herramienta de la política exterior de Estados Unidos. La pregunta sin respuesta es por qué la CIA decidió hacerla aquí, de manera oficiosa, pública. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
La presidenta de México no parece tener control de nada.
Es cierto que desde el inicio de su gobierno cargó con el estigma de no mandar. Pero esa sensación se ha ido agudizando conforme han ido avanzando los meses. Y cuando ha tratado de dar un manotazo, éste ha quedado rápidamente sofocado. De un par de meses para acá, ya parece que no controla nada: se le rebelan los aliados, Estados Unidos la trae de piñata, hay descontrol hasta en el calendario escolar, el país no está listo para el Mundial, la economía cruje…
Este desempoderamiento de la presidenta de México se ha dado por etapas:
Gestación. El primer episodio sucedió justo al día siguiente de que arrasó en la elección presidencial. Cuando empezaron a caer los mercados y a subir el dólar por la supermayoría de Morena que garantizaba la temida aprobación de la reforma judicial, la presidenta salió a dar un mensaje de calma, dijo que se iba a discutir con tiempo. López Obrador la citó en Palacio Nacional y la presidenta electa salió con otra versión: la reforma iba e iba ya. Encima, López Obrador le nombró a la mitad del gabinete y le dejó como herencia maldita a su hijo en Morena.
Primer intento de manotazo. Cuando se fue López Obrador del poder, los morenistas sintieron que ya podían exhibir la riqueza acumulada. Empezaron los desplantes y la presidenta dio un manotazo. Con una firmeza que era inédita, presentó una carta pública con los lineamientos de austeridad en Morena. Trató de meter a todos en cintura. Fracasó. No le hicieron caso. A las pocas semanas, Adán Augusto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Monreal, Pedro Haces, Noroña pasaron un verano de oro y sus fotos entre lujos y vacaciones constituyeron un franco desafío a la presidenta.
Segundo intento de manotazo. En el 2025, el gobierno federal abrió dos investigaciones letales contra el obradorato: la del huachicol fiscal que salpicaba al secretario de Marina de López Obrador y la de La Barredora que hunde a Adán Augusto López, secretario de Gobernación y hermano de AMLO. Se (mal) interpretó como una señal de que la presidenta decía, finalmente, “ya llegué”. No fue así. La orden de la presidenta fue proteger al almirante Ojeda. Y Adán Augusto dejó de ser coordinador, pero sigue siendo el gran operador del Senado a través de su incondicional Ignacio Mier.
2026, el descontrol total. Febrero. El libro de Julio Scherer. Las acusaciones eran brutales y venían de adentro. Marzo. Sus aliados del PT y el Verde rechazaron por tercera vez su reforma electoral. Una humillación legislativa. Abril. Estados Unidos acusó por narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Reventó todo: la decisión de la presidenta de proteger a Rocha ha puesto en riesgo al país y la ha sometido a una disciplinada e incesante metralla de filtraciones y declaraciones diarias provenientes de Estados Unidos que la dejan mal parada siempre. En mayo, todavía asfixiada por el caso Rocha Moya, desató una rebelión de madres y padres de familia por el cambio de última hora en el calendario escolar. Ayer, la calificadora financiera S&P puso en perspectiva negativa a México.
Todo fuera de control. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. AX9)
Cada vez es más claro y contundente que desde el gobierno de Donald Trump han comenzado una estrategia política, diplomática y hasta económica de presión creciente sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre su partido Morena, pero que ya empieza a afectar al país.
A la petición de extradiciones de políticos del oficialismo mexicano, que se niega a entregar la doctora y a la que se sumarán muy pronto nuevos nombres, acusaciones y solicitudes sobre narcopolíticos, se suman ahora las presuntas intervenciones directas de la CIA en territorio mexicano, que dejan mal parado al secretario Omar García Harfuch y, lo más grave, una degradación de la calificación crediticia del país por parte de las calificadoras estadounidenses que encienden las alertas sobre el excesivo endeudamiento del gobierno mexicano y el nulo crecimiento e inversión que registra en estos momentos la economía nacional.
Mientras el presidente Donald Trump llega a China, a su cumbre con el líder chino Xi Jinping, desde su administración con el secretario Marco Rubio como ariete, el Departamento de Justicia como ejecutor y la Fiscalía General y las agencias estadounidenses como persecutoras, está en marcha una operación que busca someter a México y a su Presidenta a las nuevas políticas de seguridad, antidrogas y de control político que tiene Washington. Y que después de meses de solicitarle que aceptara una cooperación mayor y de exigir mayor efectividad en temas como el combate a los cárteles y el desmantelamiento de las redes de narcopolítica en su propio partido, hoy ya no son opcionales ni consensuadas con el gobierno de Sheinbaum.
El anuncio que ayer realizó la calificadora Standard and Poor’s, que cambió la calificación de México de “estable” a “negativa”, es un primer aviso sobre las condiciones difíciles que enfrenta la economía mexicana que ha perdido inversiones extranjeras y nacionales por la incertidumbre judicial, además del escaso crecimiento económico en lo que va del año. A eso se suma el aumento de la deuda pública mexicana, que creció en 7 billones en el sexenio de López Obrador, más el endeudamiento de la presidenta Sheinbaum que fue de 338 mil 997 millones de pesos tan solo en el primer trimestre de este año, en buena parte para financiar obras con pérdidas como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, ha hecho que el endeudamiento del país ya alcance el 51% del PIB y la proyección de S&P es que pueda llegar al 54%, lo que pondría en riesgo el grado de inversión que aún conserva México.
Desde Washington tienen muy claros los objetivos que persiguen en esta nueva relación con México, mientras que desde Palacio Nacional la presidenta mexicana sigue atrapada entre su ideología y la defensa de su movimiento político, lo que la lleva a que, lejos de estar buscando algún tipo de negociación o entendimiento con el gobierno de Trump sobre sus peticiones y su nueva estrategia para México, a la doctora se le vea cada vez más asediada y sin un plan de respuesta pragmático, más allá de su retórica soberanista.
Porque de acuerdo con fuentes diplomáticas de los Estados Unidos, Trump busca tres objetivos concretos en su replanteamiento de la relación con México: el control del fenómeno del narcotráfico y la narcopolítica en México que se perdió con López Obrador y retomar una nueva política de cooperación mucho más amplia del gobierno mexicano para combatir a los cárteles de la droga; recuperar también la operación política conjunta de los problemas comunes a los dos países y retomar los niveles de cooperación institucional que se perdieron con la 4T; y replantear los términos actuales del TMEC para pasar a un tratado bilateral con México en el que el gobierno trumpista impondrá sus condiciones.
Es decir que el tema ahora en la relación México-Estados Unidos, que se encuentra en un momento de crisis innegable, va más allá de que la Presidenta mexicana exija “pruebas contundentes” para decidir si entrega o no a gobernadores, dirigentes, congresistas y secretarios de su partido que ha comenzado a exigir Washington, y que según repetía ayer el director de la DEA trasciende al caso actual de Rocha Moya porque, dijo Terrance Cole ayer ante el Senado estadunidense, “esto apenas comienza” y en cualquier momento se sumarán nuevas solicitudes de extradición de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A la doctora Sheinbaum se le agotó el tiempo y, si no toma una decisión distinta a la actual, con la que claramente no tiene salida ni avanza en la normalización del diálogo y la relación tensa con el gobierno de Trump, las consecuencias ya no serán solo para ella y para su movimiento político, incluido su antecesor que sigue operando desde las sombras; el daño a Morena ya es irreversible, pero los daños y presiones para el país, en materia económica, política o de intervención cada vez más directa de los Estados Unidos, serán aún mayores e impactarán la vida y la economía de los mexicanos.
Hablar del “dilema de Sheinbaum” ya está rebasado; arengar a una “defensa patriótica” no servirá de mucho ante las nuevas políticas y la estrategia trumpista que ya controla prácticamente a todo el continente, mientras su principal socio y vecino se le sigue resistiendo. Se acabaron los dilemas y la Presidenta hoy sólo tiene que tomar decisiones. Si lo hace, como hasta ahora, pensando sólo en proteger a los suyos y salvar a Morena del embate trumpista —algo que ya se ve imposible—, la Presidenta no sólo faltará a su deber constitucional de anteponer a cualquier otra cosa los intereses nacionales y defender, no sólo la soberanía, sino la economía y la estabilidad política y social del país.
Con su indecisión o sus posiciones ideológicas, la primera presidenta mexicana condenará a México y a los mexicanos a quedar a merced de lo que decidan en Washinghton, con todas las repercusiones que eso tenga.
NOTAS INDISCRETAS…
Ya es un hecho: se pospone el entuerto de elección judicial que estaba programado para realizarse en 2027, de manera concurrente con las elecciones federales y locales de ese año. La nueva fecha para la elección de jueces y magistrados será junio del 2028 y la modificación legal para oficializar el cambio se hará en un periodo extraordinario previsto para el próximo mes de junio. Eso fue lo que informaron ayer los diputados a los consejeros y magistrados federales del INE y el Tribunal Electoral, a quienes recibieron en el Palacio de San Lázaro para escuchar sus puntos de vista sobre la fecha de la elección judicial y recibir el análisis técnico que elaboraron el instituto electoral con los problemas, complicaciones y costos que tendría juntar las dos elecciones, la federal de diputados y la de jueces y magistrados en el 2027. Fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la encargada de presentar, junto a sus pares, el análisis técnico y financiero del por qué era conveniente y más barato para el erario federal posponer la votación judicial, tal y como ya lo decidieron los diputados y ayer se los informaron a los funcionarios electorales. Vaya, entre tanta cerrazón morenista al menos en esto imperó el sentido común, porque ni era conveniente ni práctico e iba a significar un costo económico mayor la realización de esos comicios el próximo año. Pero además, posponer la elección judicial también le da un respiro a la economía del país, que en estos momentos está a la baja por la caída de inversiones nacionales y extranjeras que se espantaron y cancelaron su llegada a México, a partir de la pasada elección judicial y por la forma tan improvisada y politizada en que quedó integrado el nuevo Poder Judicial de la Federación. Así es que, por donde se le vea, no había las condiciones para repetir la cuestionada, desairada y fraudulenta elección de los “acordeones” judiciales… Y a propósito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ambiente en ese órgano comicial no deja de ser de tensión y poca coordinación entre sus 6 integrantes de la Sala Superior. Según nos dicen se observa al magistrado presidente, el chiapaneco Gilberto Bátiz, con poco apoyo institucional, al grado de que da la impresión de estar aislado y de no lograr consolidar el apoyo de sus pares, lo que sugiere un liderazgo que no se manifiesta con la cohesión esperada en un órgano colegiado. Paradójicamente en sus recientes eventos y apariciones públicas, el magistrado Bátiz ha pronunciado discursos en los que afirma que “las democracias requieren instituciones sólidas, cooperación, intercambio de experiencias para diseñar respuestas ante el reto del 2027”. Y sin duda que Bátiz tiene razón y sabe de lo que habla, lo único que falta es que lo que dice en sus discursos lo lleve a la práctica y comience por ejercer su liderazgo, operar y dialogar con el resto de los magistrados para que en el Tribunal exista lo que él pregona fuera: “cooperación e Intercambio de experiencias”, además de una solidez institucional que nomás no se ve en el TEPJF desde que él asumió la presidencia. Ojalá el magistrado presidente no termine siendo candil de la calle y oscuridad de su tribunal… Luego de que en esta columna preguntamos el lunes dónde estaba el gobernador Rubén Rocha Moya, que se desapareció desde el 2 de mayo cuando pidió licencia a su cargo, la presidenta Sheinbaum respondió en su mañanera de ese día que “se encuentra en Culiacán y mañana lo va a informar el secretario de seguridad Omar García Harfuch”. El martes ni Omar ni la Presidenta informaron nada sobre el paradero de Rocha Moya y si estaba resguardado por la autoridad federal, y fue hasta ayer cuando la mandataria confirmó que el acusado de narcotráfico por Estados Unidos sí estaba resguardado y tenía protección federal de seguridad, algo que en la víspera había negado García Harfuch. Luego la revista Proceso reveló ayer, citando una fuente de inteligencia “de alto nivel”, que Rocha Moya estaba escondido en la azotea del Palacio de Gobierno de Culiacán con protección federal y con una enfermedad respiratoria. Y aunque la gobernadora interina Yeraldine Bonilla salió a negar que su exjefe estuviera oculto en el Palacio, nuevamente Proceso informó por la tarde de ayer que, después de que se revelara su ubicación, un helicóptero del Ejército sacó a Rocha Moya de la sede gubernamental y lo trasladó, bajo un operativo militar y de seguridad, a un nuevo escondite. Todo en medio de la posibilidad latente de que el gobierno de Donald Trump ordene en cualquier momento un operativo de extracción para llevarse al mandatario sinaloense a la Corte federal del sur de Nueva York. Así el gobierno de Sheinbaum protegiendo a presuntos narcopolíticos… Los dados se detienen. Tocó Escalera, pero acecha la Serpiente. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A7)
La política mexicana se encuentra en un punto de quiebre donde la confrontación ideológica ha comenzado a desbordar los cauces institucionales para entrar en el terreno de la seguridad nacional y la soberanía.
En las últimas semanas, Morena ha emprendido una campaña de una intensidad inusitada contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El epicentro del conflicto es un operativo de la policía estatal realizado a mediados de abril en la sierra del estado, donde se logró el desmantelamiento de un narcolaboratorio de dimensiones considerables.
Lo que en cualquier otro contexto sería una victoria para el orden público, ha sido transformado por el oficialismo en un campo de batalla político. Morena señala a la mandataria como responsable de haber permitido la participación de agentes de la CIA en dicha operación, un acto que califica como una violación flagrante de la soberanía.
La ofensiva no es meramente retórica. El partido en el poder ha manifestado su intención de promover un juicio político contra la gobernadora, acusándola de violar la ley al involucrar a agentes extranjeros sin tener facultad para ello. Para amplificar esta narrativa, ha convocado a un mitin en la ciudad de Chihuahua bajo el lema “por la defensa de la soberanía nacional”, un acto cuyo objetivo central no es el debate de políticas públicas, sino la descalificación de Campos. Por su parte, la Fiscalía General de la República ha confirmado que mantiene abierta una investigación sobre la presunta presencia de la inteligencia estadunidense en el operativo, aunque en un gesto de pragmatismo inevitable, también ha tenido que reconocer que el laboratorio fue desmantelado.
Maru Campos respondió en un video difundido el pasado martes 12, en el que negó haber ordenado o haber tenido conocimiento de la presencia de agentes extranjeros. Más allá de la defensa legal, su mensaje fue un dardo político envenenado. Al referirse a los ataques de Morena, afirmó con contundencia que no es lo mismo desmantelar un centro de producción de drogas que encabezar gobiernos, “como los de ellos”, señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
Para Morena, esta jugada resulta muy arriesgada. En primer lugar, al concentrar toda su ofensiva en Campos, el oficialismo la habilita involuntariamente como la potencial lideresa de una oposición que se percibe descabezada y errática. Además, sus ataques alimentan la narrativa opositora que acusa al gobierno federal de ser permisivo con la delincuencia. Esta percepción se refuerza con la defensa institucional que el oficialismo ha hecho de personajes como el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por la justicia estadunidense. Al atacar a quien sí da resultados tangibles contra el crimen, Morena debilita la noción de que su política de seguridad, personificada por el secretario Omar García Harfuch, es superior a la de administraciones pasadas.
En el plano internacional, la situación es aún más delicada. Al condenar el “intervencionismo” y poner una camisa de fuerza a la colaboración con Estados Unidos, México parece cerrar puertas en un momento crítico. El combate al narcotráfico es una prioridad para Washington, y bajo el gobierno de Donald Trump, las presiones han escalado. Allá, el gobierno mexicano ha sido presentado sistemáticamente como débil frente a los cárteles. Rechazar la cooperación en operativos exitosos sólo da oxígeno a esa crítica.
Sin embargo, queda una duda: ¿quiere Maru Campos tomar la estafeta de la oposición nacional? Atributos no le faltan. Tiene el perfil para emular el éxito de figuras internacionales como la italiana Giorgia Meloni, la costarricense Laura Fernández o la japonesa Sanae Takaichi, mujeres que han sabido capitalizar el orden y la firmeza frente al caos. Lo que aún no está claro es si la chihuahuense posee el fuego interno necesario para encabezar una resistencia frontal contra un aparato gubernamental tan poderoso. No obstante, si Morena decide ir a fondo en su persecución, el propio instinto de supervivencia de la gobernadora podría terminar por convertirla en la lideresa que la oposición mexicana tanto ha buscado y no ha sabido encontrar. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Las posibles acciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México y la realidad de las crecientes presiones políticas del gobierno del presidente Donald Trump sobre el de la presidenta Claudia Sheinbaum dieron un nuevo giro a las relaciones bilaterales.
A comenzar por las acusaciones estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa (ahora con permiso), Rubén Rocha, y varios de sus colaboradores, que según declaración de Terry Cole, director de la Agencia Antinarcóticos (DEA), son sólo el comienzo de lo que está por venir.
Después de todo, la versión estadounidense es que políticos mexicanos de alto nivel y narcotraficantes “han estado confabulados durante años”.
Y de creer a versiones que han circulado ampliamente, pero no se han confirmado, eso incluye a varios funcionarios y políticos, especialmente del partido gobernante, incluso algunos muy cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A meras semanas de que se inicien formalmente las negociaciones en torno al acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el gobierno Sheinbaum enfrenta lo que bien podría definirse como una crisis en la que, por un lado, debe tratar de mantener canales abiertos y la mejor comunicación posible con el mismo vecino que acusa a su partido de compartir cama con la delincuencia organizada.
De hecho, rechaza la intervención estadounidense mientras hace énfasis en la cooperación bilateral.
Y todo eso, mientras pende la amenaza de una intervención militar estadounidense presuntamente para enfrentar la amenaza del narcotráfico, definido ahora como terrorismo en las leyes estadounidenses.
La presunta intervención de agentes de la CIA en el asesinato de narcotraficantes en territorio mexicano encajaría en esa política, si bien tanto la agencia como el gobierno de Sheinbaum rechazaron el reporte original de la cadena CNN.
Pero la posibilidad está ahí. Nada hay en México que pueda evitarlo. Y peor aún, queda la imagen de que el gobierno mexicano se indigne más por las acciones antidrogas de los estadounidenses que por las de los delincuentes.
De hecho, la mandataria mexicana se sintió obligada, por ejemplo, a subrayar que no hubo quejas respecto a la elección de Rocha en 2021, pero numerosos reportes de Sinaloa consignaron entonces la intervención de presuntos criminales para suprimir el voto, incluso en visitas casa por casa.
Las versiones sobre negociaciones entre jefes del narcotráfico en Sinaloa para entregarse a las autoridades estadounidenses añaden una nueva capa de complicaciones a la situación, toda vez que la captura, entrega o negociación de ese tipo lleva a que varios de los principales líderes delictivos se encuentren ahora presos en ese país y presumiblemente en plan de “cooperación”.
Y sus testimonios, así como tal vez documentos acompañantes, pueden ser el eje de las acusaciones estadounidenses y las pruebas que hoy demanda el gobierno Sheinbaum. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 33)