Carmen Aristegui F.
¿Pisará o no Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, la cárcel? ¿Y Calderón? Las preguntas flotan en el ambiente desde el momento mismo en que el fiscal general de la República anunció que Emilio Lozoya había presentado, la mañana del martes, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.
El doctor Alejandro Gertz Manero describió el conjunto de conductas ilícitas y corruptelas en las que habría participado Lozoya Austin como un subordinado que recibía órdenes de quien fuera presidente de México y de su secretario de Hacienda.
Lo denunciado por Lozoya involucra la campaña presidencial de 2012, la celebración de contratos multimillonarios y la aprobación de reformas estructurales intervenidas con sobornos a legisladores. (Carmen Aristegui F., Reforma Opinión, p.8)
Rosario Robles fue privada de la libertad el 13 de agosto de 2019. Lleva un año en la cárcel sin que un juez la haya declarado culpable. La ley no obligaba a la prisión preventiva, ya que los dos cargos por ejercicio indebido del servicio público que se le atribuyen no son graves. Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna, de tiempo atrás enemiga de Rosario, le decretó prisión preventiva porque argumentó que la exsecretaria podía tratar de escapar.
Lo paradójico es que Robles se encontraba fuera del país cuando recibió el citatorio a la audiencia en que se le detuvo, pero viajó de regreso a México y se presentó voluntariamente ante el juez: “Aquí estoy -dijo-. Vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”. Emilio Lozoya, en cambio, huyó del país para tratar de evadir la justicia y solo aceptó regresar cuando se le detuvo en España y se inició un proceso de extradición en su contra. A pesar de eso, y de que se le está juzgando por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, está enfrentando su proceso en libertad.
Lo lógico es que Robles, quien se presentó ante el juez de manera voluntaria, y cuyo presunto delito es una simple omisión de información a sus superiores, hubiese sido juzgada en libertad, mientras que Lozoya, que escapó del país y cuyos delitos son corrupción y lavado de dinero, estuviera en la cárcel. O quizá los dos deberían estar libres. Pero en México la justicia sigue siendo discrecional. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
LA ADMINISTRACIÓN de Andrés Manuel López Obrador está haciendo caravana con vacuna ajena. Es decir, está presumiendo como un logro suyo lo que en realidad fue negociado, acordado y financiado sólo por empresarios y en lo cual no intervinieron ni el gobierno de México ni el de Argentina.
ASÍ lo reveló Hugo Sigman, el capitán de Grupo Insud, el laboratorio argentino que elaborará el ingrediente activo para enviarlo a los laboratorios mexicanos Liomont, donde se hará el proceso de envasado y empaquetado de la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y Astra-Zeneca. De acuerdo con el empresario, ningún gobierno jugó papel alguno en todo este proceso y la verdadera pieza clave fue la Fundación Carlos Slim, pues corre con la mayoría de los gastos.
TAN ES ASÍ que se trata de un proyecto de riesgo, en el sentido de que comenzarán ya a producir las vacunas (por lo menos 100 millones de dosis), pero si el medicamento no pasa la fase tres de pruebas, toda la producción se irá a la basura. Pero, bueno, al menos el gobierno ya se colgó la medalla. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
El 3 de noviembre se va a distribuir en todo Estados Unidos y en menos de 15 horas podría acabar con el virus xenófobo y la visión de una política exterior etnocéntrica que ha promovido la Casa Blanca en los últimos cuatro años.
Kamala Harris es la figura que puede destruir los anticuerpos ideológicos del presidente Donald Trump porque ella forma parte del mosaico cultural que el presidente ha elegido para combatir a lo largo de su gobierno.
Desde 2011, el anatema preferido de Trump ha sido Obama; su obsesión por su color de piel se acerca peligrosamente a una locura irreversible. Fue Trump quien puso la nacionalidad de Obama en la fábrica de teorías de conspiración, es decir, en los supremacistas blancos y en una población alejada de la educación y del cosmopolitismo.
Trump deseaba demostrar que Barack Obama había nacido en Kenia, y como recordó ayer 13 de agosto, Paul Waldman en The Washington Post, el hoy presidente dijo públicamente en el 2011 que había enviado a investigadores a Hawái y que “no podía creer lo que estaban encontrando” en el registro civil donde los padres del expresidente acudieron para dar constancia de su nacimiento. Todo era mentira, pero la duda ya estaba sembrada, germinó y un segmento de la población estadounidense le creyó al empresario neoyorkino. (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, Opinión, p.40)
Doble rasero, Lozoya y El Marro
Parece que para el Poder Judicial la transparencia es selectiva, porque en los casos contra Emilio Lozoya, las dos audiencias más importantes del 2020, el Consejo de la Judicatura Federal impidió el acceso a medios de comunicación y limitó la transmisión de información por medio de un chat. Pero las audiencias realizadas en el caso contra José Antonio Yépez Ortiz El Marro se desarrollaron sin mayores contratiempos y con presencia de periodistas, quienes respetaron las medidas de distancia e higiene para evitar contagios de Covid-19. Será que hay jueces que poseen mayor entendimiento de que la sociedad tiene derecho a la transparencia o que de plano consideran que hasta entre los delincuentes hay clases sociales y doble rasero.
Conflicto en Morena por el apoyo al PRI
Vaya embrollo en el que está metido el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Nos cuentan que desde la oposición ven que don Mario honrará el acuerdo fundacional de la 64 Legislatura y su palabra para que el PRI presida la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, nos comentan que está recibiendo “presiones” de integrantes de la 4T para que no deje que el tricolor presida San Lázaro, pues desconfían de los priistas. El tema es tan delicado que algunos dicen que las fuerzas más radicales de Morena podrían lograr sacar a Delgado de la coordinación de la bancada, tema que ya preocupa a algunos de los partidos de oposición que ven al actual coordinador morenista como un hombre firme, pero con el que se pueden alcanzar acuerdos, lo que se complicaría con la llegada de un radical. (El Universal, Opinión, p.2)
El lunes 10 de agosto, el abogado Paulo Diez y el sociólogo Alfredo Figueroa presentaron una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción de la FGR. Describe cómo Emilio Lozoya, Luis Videgaray y otros exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto formaron parte de un “esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción” en Etileno XXI, un proyecto multimillonario de Pemex en Veracruz.
Las 35 páginas de la denuncia, cuya copia obtuve para esta columna, describen cómo operó en México la red de corrupción de la empresa española OHL, cómo se dio un trato privilegiado en el suministro de etano, y cómo esta red –a través de la empresa constructora del Circuito Exterior Mexiquense– financió un lobby de los intereses de este grupo en el Congreso de Estados Unidos.
La denuncia no es nueva. “Denuncié el caso Etileno XXI en junio de 2018, pero no ha pasado nada. Ahora fuimos a otra oficina y denunciamos de nuevo, a ver si hacen caso”, me dijo Diez. El abogado ha presentado decenas de denuncias que implican a Lozoya en actos de corrupción, desde que fue consejero de OHL entre 2010 y 2012 y articuló, dice, una red para financiar las campañas de Eruviel Ávila en el Estado de México y Enrique Peña Nieto en la Presidencia. (Peniley Ramírez, El Universal, Opinión, p.2)
Hace poco menos de dos semanas, José Antonio Yépez, alias El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. Un logro nada menor: el personaje había eludido a la justicia durante años y se había vuelto uno de los símbolos de nuestra impunidad.
Es normal, por tanto, que las autoridades se muestren entusiasmadas por los posibles efectos de la detención. Cuatro días después de la captura, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que “podemos resaltar sin que ello hable de una tendencia, de que a partir de este evento, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, alrededor del 50 por ciento.” Luego, matizó un poco, pero el tono siguió siendo optimista: “Estamos hablando de sólo cuatro días y esto no necesariamente es indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios dolosos a la baja”.
¿Es esa afirmación correcta? ¿La detención del Marro provocó en pocos días una drástica disminución en los homicidios en Guanajuato? Tal como lo planteó Durazo, es imposible saber: no mencionó el periodo de comparación. ¿Los cuatro días previos al operativo? ¿El promedio de la semana previa? ¿Del mes anterior? ¿De lo que va de 2020? Ni idea. (Alejandro Hope, El Universal, Opinión, p.5)
Es absurdo, inadmisible y aberrante que el crimen organizado ofrezca a la población de Guanajuato la seguridad que el Estado nacional no puede darle. Con ello, pretende quitarle la más importante función (política) que le da vida, y apropiarse de la otra (económica), que lo sostiene.
Hace una semana, el grupo delictivo más poderoso y temible, que tenía un férreo oponente, se mostró feliz de su caída a través de un videomensaje y, con el camino despejado, se comprometió ante autoridades y pueblo de Guanajuato a mantener el estado “tranquilo y en paz”.
“Podrán vivir tranquilos y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la seguridad (…) su estado ha sido liberado de las malas acciones que afectaron al pueblo…”, hizo saber el cártel hegemónico del momento.
Si se arrogó inconsciente, subliminal o fundadamente este mérito, algún día se sabrá; lo que va contra natura, es que anuncie que hará lo que nadie ha podido hacer; permitírselo, entrañaría el desplazamiento del poder político establecido legalmente, del primer deber que lo anima; o sea, dar garantía de seguridad a los ciudadanos sobre su vida y su propiedad. (Óscar Mario Beteta, El Universal, Opinión, p.9)
Qué cortedad de miras la de quienes solo ven un show mediático en el proceso iniciado contra Emilio Lozoya Austin. ¿De verdad no alcanzan a ver que lo que resulte de él, bien podría marcar un antes y un después en el combate a la corrupción pública-privada que históricamente ha carcomido al país?
Acaso sea miopía o negación, quizás escepticismo respecto a la posibilidad, ahora más real que nunca, de desterrar los pactos de impunidad con que hemos transitado de un gobierno a otro; o tal vez sea la incredulidad de que, ahora sí, dos expresidentes respondan ante la justicia sobre los latrocinios diversos en que se les implica, lo que por sí solo sería un flechazo al corazón de un sistema político sustentado en transas y complicidades.
¿Se trata de cortinas de humo como aseveran los adversarios políticos de AMLO?
Ese término aplicó correctamente en innumerables casos de corrupción: Alfredo Ríos Camarena y Félix Barra García en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo; Jorge Díaz Serrano en el de Miguel de la Madrid; los banqueros Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”, Carlos Cabal Peniche y Gerardo de Prevoisin tras las privatizaciones del de Salinas de Gortari; su hermano incómodo, Raúl, en el de Ernesto Zedillo; Gastón Azcárraga en los de Fox y Calderón; y Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y Roberto Borge en el de Peña Nieto. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.10)
La senadora demócrata de California, Kamala Harris, por ser mujer e hija de una india y un jamaiquino, hará historia en caso de llegar a la Casa Blanca como vicepresidenta. Es apenas la cuarta mujer que está en una boleta presidencial: Geraldine Ferraro, como compañera de Walter Mondale, en 1984; Sarah Palin, como compañera de John McCain, en 2008, y Hillary Clinton, como candidata a la presidencia, en 2016.
En la primavera, cuando quedó claro que sería el nominado de los demócratas, Joe Biden se comprometió a nominar a una mujer como su compañera de fórmula. Cuando el movimiento “Las vidas negras importan” (Black Lives Matter), se volvió nacional por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, las posibilidades de Kamala de ser seleccionada por Biden se fortalecieron. (Rafael Fernández de Castro M., El Financiero, Opinión, p.26)
A finales de agosto de 2015, Reforma publicó una fotografía donde aparecían Amado Yánez, propietario de Oceanografía, y Arturo Henríquez Autrey, en ese entonces director de Procura y Abastecimiento de Pemex. La gráfica fue tomada en octubre de 2013, y el periódico sugería que se habían negociado apoyos para el rescate de la empresa, a la cual estaba persiguiendo abiertamente el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y tras bambalinas, el director de la empresa paraestatal, Emilio Lozoya. Hernández Autrey envió una carta al diario para desmentir que el motivo de ese encuentro hubiera sido el de una negociación para el rescate de Oceanografía, y que se había tratado simplemente de un encuentro de “carácter social”. Tenía razón en su primer punto, pero mentía en el segundo.
El viaje de Hernández Autrey a Los Cabos tuvo un peor propósito. El colaborador de Lozoya, revelan personas que conocen de aquella reunión, le exigió a Yáñez cuatro millones de pesos mensuales para que el director de Pemex intercediera por él ante el procurador Murillo Karam. De otra manera, amenazó, lo perseguirían. Las personas recuerdan que Yáñez accedió al chantaje y durante los siguientes tres meses pagó puntualmente cuatro millones de pesos. El “encuentro social” dio como resultado ingresos ilegales e ilegítimos para el equipo de Lozoya por 12 millones de pesos. El dueño de Oceanografía dejó de pagar y así le fue.
En plena crisis por un diferendo con Banamex que sirvió de pretexto para que la PGR y Pemex actuaran en su contra, Lozoya lo presionó para que vendiera la empresa a un banquero que le señaló. Yáñez habló con los abogados del banquero y al revisar los papeles de compra-venta descubrió que no le iban a pagar nada por la empresa. Su ganancia, le dijeron, sería no ir a la cárcel. Estuvo a punto de firmar, pero el día que tenía que concluir el traspaso gratuito de Oceanografía, un banco en Nueva York aprobó un crédito puente de emergencia con lo cual pudo mantener a flote la petrolera. El costo que pagó, sin embargo, fue la cárcel y que hasta la fecha, libre de las acusaciones, no termina de resarcir todo el daño que le hicieron. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.36)
Que en Pan y Circo, la serie de Amazon Prime conducida por Diego Luna y Gael García, el senador Miguel Ángel Osorio Chong y el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos fueron los invitados especiales para el capítulo “Fracasos del prohibicionismo: legalización de drogas”. A la provocación charolastra de que “la guerra contra las drogas fracasó”, el ex secretario de Gobernación responde: “seré uno de los impulsores de la regulación de la mariguana”, por lo que los actores lo llaman a legalizarla. Veamos si el hidalguense se anima en el próximo periodo de sesiones.
Que panistas en el Senado se manifestaron contra la consulta popular que pretende impulsar el diputado petista Gerardo Fernández Noroña para que se juzgue a ex presidentes por presuntos actos de corrupción, aunque por cierto ni Vicente Fox ni Felipe Calderón militan ya en el PAN. La vicepresidenta cameral, Guadalupe Murguía, consideró que el ejercicio será “a modo, patito, inducido y azuzado”, porque llevaría a condiciones de un tribunal de terror tipo la Revolución Francesa “para que la sociedad imparta justicia por propia mano por intereses políticos”. ¡Órale!
Que los primeros en levantar la voz fueron los industriales automotrices por la propuesta del secretario de Economía de Baja California, Mario Escobedo Carignan, para regularizar los autos chocolate, aquellos usados en Estados Unidos e introducidos de forma ilegal a México, para circular en la franja fronteriza. La inconformidad no es menor contra el precandidato a la gubernatura, pues desde 2016 el sector ha registrado una caída de entre 7 y 8 por ciento anual por el ingreso irregular de aquellos vehículos. (Milenio, Opinión, p.2)
Si uno maneja borracho puede matar a alguien. Hay entonces una norma que nos hace responsables de lo que le ocurre a los demás. Es una norma obligatoria cuyos castigos van desde lo administrativo a lo económico, al torito. Es, hay que decirlo, una coerción de parte del Estado.
Si uno sale a la calle desnudo, hay una norma que nos sanciona; no porque nada nos suceda a nosotros por hacerlo sino por lo que les ocurre a los demás. Menciono estos dos ejemplos, pero hay muchos más.
Va uno reciente: si yo en Oaxaca le regalo un gansito a un niño que no es mi hijo, la ley me sanciona porque me hace responsable de lo que le pasa a otro. Pues sí: así funcionan las normas. Es más, hay normas en relación con el daño contra uno mismo. De ahí la discusión alrededor de la eutanasia y la muerte digna. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
Le he perdido la cuenta a los días, a las semanas, a los meses, ya no tengo calendario biológico, me dan igual los martes que los viernes; la incertidumbre, y a veces el temor, son la constante.
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué nos depara el confinamiento? ¿Por qué hay contradicciones en las políticas sanitarias?¿Por qué no hay respuestas en la vertiente económica? Todos sus indicadores van a la baja en una caída insondable e incontenible: crecimiento, empleo, ahorro, adeudos, despidos, cierre de empresas, bancarrotas, inversión, producción, turismo, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, teatros, escuelas privadas.
¿Por qué todas las estadísticas son peores? Todos los días más muertos; ayer, 55 mil 293, ya en el terreno catastrófico que previó Hugo López-Gatell, y 505 mil 751 contagios, más salidas ocurrentes y ante la dura realidad, la misma respuesta: la curva aplanada y todavía a estas alturas la discusión sobre el uso del cubrebocas que viene desde la figura presidencial que se niega a usarlo.
Y lo que sigue en secuelas emocionales: depresiones, crisis familiares, aumento de embarazos no deseados y de adolescentes, violencia dentro y fuera de casa, suicidios. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, cometió la colosal imprudencia de revelar el verdadero motivo de mantener en la cárcel a Rosario Robles: a diferencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, la señora no ha sido “solidaria” ni ha “cooperado” con el Ministerio Público.
Grave confesión porque no existen los delitos de “falta de solidaridad” o de “cooperación”.
Lo dicho por el fiscal no pudo ser ante una audiencia mejor ilustrada: el Seminario sobre Violencia y Paz que organizó el Colegio de México, donde se le preguntó la causa de que el Ministerio Público Federal no hubiera solicitado prisión preventiva contra Emilio Lozoya, quien goza de reclusión domiciliaria, mientras la ex secretaria de Desarrollo Social y la Sedatu continúa en la cárcel.
Con escandalosa frialdad, Gertz Manero contestó:
“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, P.7)
Desde finales de julio, la región chilena de la Araucanía se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia que ha llevado a integrantes del pueblo mapuche a emprender tomas de sedes municipales, levantamiento de barricadas, ataques a casas y locales comerciales e incendio de vehículos. El gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con una feroz represión por parte del cuerpo de Carabineros (policía militarizada), y con una descarada tolerancia ante la arremetida de grupos que cabe calificar como supremacistas: ¡El que no salta es mapuche! y ¡fuera, indios! son algunas de las consignas pronunciadas durante sus ataques contra los indígenas.
El antecedente inmediato de la ola de protestas que han tenido eco en la capital nacional, Santiago, se encuentra en la huelga de hambre de 27 presos políticos mapuches y, en particular, la que ha llevado adelante durante 102 días el machi (guía espiritual) Celestino Córdova. En estos momentos, su estado de salud es crítico y se teme que su muerte sea inminente, lo cual movió a indígenas y a sectores progresistas de la sociedad chilena a manifestarse en favor suyo y de la causa mapuche. Condenado a 18 años de prisión por un incendio en el que murieron dos personas, en un proceso judicial ampliamente criticado por su parcialidad y las irregularidades que lo caracterizaron, Córdova busca que se le permita pasar seis meses en su casa de la ciudad de Temuco con la finalidad de renovar su rewe o energía espiritual. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio portazo a una salida institucional a la crisis al negarle la prisión domiciliaria. (La Jornada, Editorial, p.6)
¿Por qué Lozoya sí y Rosario no? // El cártel de la chatarra contrataca // Presidente de Argentina reconoce a Slim
Hace un año, Rosario Robles se presentó en tribunales, vestida toda de blanco hasta los pies, iba a defender su honor frente las acusaciones de corrupción.
Desde entonces está presa. ¿Por qué ella sí y Emilio Lozoya no? Ambos formaron parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la razón por la cual se ha tratado de manera diferente al ex director de Pemex, acusado por corrupción en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y quien está en arresto domiciliario, mientras que Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, está presa en el penal de Santa Martha Acatitla por la Estafa maestra? Así lo explica el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero: el primero está cooperando con la justicia mexicana y la segunda no.
Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso (Rosario) no se está pidiendo eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, en el que están involucradas la mayor parte o una parte de las instituciones públicas de educación superior del país. Sin embargo, el abogado defensor de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, argumenta: Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción; es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejada la reparación de un presunto daño. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.10)
La vacuna méxico-argentina // Negociación de privados // Empresarios Slim y Sigman // Conago y AMLO en SLP
Alberto Fernández, presidente de Argentina, dio a conocer el miércoles que su país producirá entre 150 y 200 millones de vacunas contra el coronavirus. La tarea se realizará en conjunto con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, y se conecta con Argentina a través de mAbxience, perteneciente al empresario Hugo Sigman, según reportó el diario Página 12 (https://bit.ly/2CqqPut). Se precisó que Argentina fabricará el reactivo de la vacuna y México se encargará de envasarla y completar el proceso de producción (https://bit.ly/30V55R6)./
Sigman declaró a Radio Mitre que “ningún gobierno jugó ningún papel, fue una negociación de privados (…) Se nos acercó AstraZeneca –laboratorio asociado a Oxford– y entendió que la mejor fábrica que había en la región era la nuestra. Hicieron inspecciones y las consideraciones tecnológicas y corroboraron que nosotros tenemos la experiencia y las instalaciones adecuadas” (https://bit.ly/2FnltRX). El citado empresario Sigman ha sido siempre cercano a la corriente política que ha estado en el poder presidencial argentino, con los Kirchner y ahora con Fernández.
En México el anuncio se produjo un día después, este jueves, en la conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de la ejecutiva de AstraZeneca en el país y del empresario Carlos Slim Domit, éste a nombre de una fundación familiar. Los detalles del asunto fueron presentados por el Presidente de la República y por el canciller Marcelo Ebrard. Mucho se insistió en que la participación de la Fundación Carlos Slim no tiene ánimo de lucro. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.12)
El término es muy expresivo y se entiende perfectamente cuando se aplica al sexenio de Felipe Calderón, aunque ciertamente es impreciso: sería más pertinente describirlo como narcogobierno, porque las organizaciones de la droga no lograron, ni de lejos, infiltrar al conjunto de las instituciones. Controlaron, sí, algunas de las más importantes: la Secretaría de Seguridad Pública (con Genaro García Luna), la Policía Federal (con Luis Cárdenas Palomino) y posiblemente la Procuraduría General de la República, como lo sugiere el hecho de que al menos uno de sus titulares durante el calderonato es mencionado como benefactor de capos de la droga en uno de los cables que WikiLeaks entregó a este diario (https://is.gd/YrohQ0).
También la Secretaría de Agricultura olía a narco con Calderón. Un subsecretario del ramo, Jeffrey Max Jones Jones, no ocultaba su admiración por el modelo de negocio de los narcotraficantes e instaba a los campesinos a aprenderles a identificar el mercado, a planificar y a crear su logística (https://is.gd/3uayLj). Como dice el presidente López Obrador, la religión de la derecha es la hipocresía y Jones Jones fue forzado a dimitir tras la montaña de críticas que se le vino encima. Lo de menos habría sido el aparente dislate declarativo. El asunto de fondo es que el lenguaraz funcionario representó crudamente en sus expresiones la discreta admiración que el pensamiento neoliberal desarrolla hacia las actividades ilícitas en general porque, como lo dijo el renunciado subsecretario calderonista, hacen un modelo de negocio casi perfecto, con inversiones mínimas, rendimientos máximos, agregación de valor astronómica y retornos vertiginosos de la inversión. (Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p.19)
La efectividad no es casual. Una vez más la mano del canciller se nota firme y decidida en otros de los avances de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard vuelve a participar en acuerdos de trascendencia continental. Esta vez logra la unión de los sectores público y privado por el bien no sólo de los mexicanos, sino, además, para toda América Latina. Que los gobiernos de México y Argentina, en acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, apuesten por la producción de la vacuna contra el covid-19, es un gran triunfo. Sus pruebas son las más sólidas en los laboratorios en el mundo. Y, por si fuera poco, se presentó un ventilador mecánico diseñado por ingenieros del Instituto de Nutrición y fabricado por 15 empresas mexicanas. Todo, sin fines de lucro. Progresos con el apellido Ebrard.
Intachables. Como siempre, hay estados que no se duermen y estar a la vanguardia es una costumbre. En tiendas y supermercados de Yucatán ya circula el nuevo etiquetado nutricional colocado en productos altos en grasas, azúcares y sodio, a fin de advertir a los consumidores sobre su bajo nivel nutrimental. La nueva norma mexicana, que entrará en vigor en octubre, requerirá un etiquetado en la parte frontal del paquete que describa claramente los riesgos para la salud que se presentan cuando esos productos contienen un alto contenido de azúcares, calorías, sal y grasas saturadas. Hace una semana, el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de alimentos considerados como “comida chatarra” y bebidas azucaradas a menores de edad, la primera entidad en legislar al respecto. Gobernadores Mauricio Vila y Alejandro Murat, adelantados. (Excélsior, Opinión, p.15)