AQUELLO de “gobernar con el pueblo” suena bonito en el discurso, pero hueco en la realidad. Resulta que con la 4T se ha hecho a un lado la participación ciudadana tanto en dependencias federales, como en organismos supuestamente autónomos.
ALGUIEN debería avisarles a los titulares de la FGR, de la CNDH y de la Semarnat, que los Consejos Ciudadanos no son florero… por aquello de que el león cree que todos son de su condición.
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¡AAARRANCAN! Este lunes se dará el banderazo de salida a la carrera por saber quién será la nueva presidenta del Senado. Lo único claro hasta ahora es que será una mujer, como lo anunció Ricardo Monreal. Y como Morena ya le agarró gusto al mayoriteo, obviamente será de ese partido.
SE SUPONE que hasta ahora son cinco las contendientes y si bien no tienen todas las mismas posibilidades, nadie se atreve a dar por ganadora a alguna. Se trata, en estricto desorden alfabético, de las senadoras Imelda Castro, Marybel Villegas, Bertha Caraveo, Ana Lilia Rivera y Malú Micher.
DADO el distanciamiento que existe entre Monreal y el presidente de la República, hay quienes se preguntan si el coordinador morenista podrá decidir por sí solo la elección. Y es que el envío al Senado del ex jefe de los Siervos de la Nación, Gabriel García, directamente desde Palacio Nacional, es visto como una manera de ponerle cuña al zacatecano.
ASÍ QUE ojalá y esta decisión sea un auténtico ejercicio de paridad de género… y no un pleito entre hombres.
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LO QUE pasó ayer en Nuevo León es una muestra de cómo alguien en la 4T trae la brújula de la gobernabilidad un poquito perdida. Y es que justo ahora que están repuntando los índices criminales en ese estado, Olga Sánchez Cordero se reunió con alcaldes electos.
EL TEMA de la reunión era cómo mejorar la seguridad en sus regiones, y la secretaria de Gobernación dedicó buen tiempo a hablarles sobre el combate, no a la delincuencia, ¡sino a los baches! Cuentan que más de un munícipe se quedó entre triste y desconcertado porque, aunque parezca broma, realmente el gobierno federal está muy obsesionado con el Programa Nacional de Bacheo.
NO HAY que olvidar que Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga este tema de los baches, justo el día que lo cuestionaron por el fracaso de su estrategia de seguridad. Cada quien sus prioridades.
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TAL Y COMO lo prometió, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó a perseguir a los mandatarios del pasado para hacerles pagar sus crímenes. Hace unos días inició con Hernán Cortés, así que ya mero llega a Enrique Peña. Como en unos 400 años. No, menos, como 500. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 12)
¿Irma Eréndira Sandoval busca regresar al gobierno?
Pese a que desde hace varios meses Irma Eréndira Sandoval dejó de ser titular de la Función Pública (SFP), al parecer siente nostalgia por el puesto y aprovecha uno que otro asunto para recordar su paso por esa dependencia de la autollamada Cuarta Transformación. Nos detallan que luego que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmara la inhabilitación y sanción por más de 4 mil 206 millones de pesos que la SFP impuso al exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Petróleos Mexicanos, José Manuel Carrera Panizzo, por el caso AgroNitrogenados, Sandoval Ballesteros recordó que esa sanción se impuso cuando ella fue titular de la Función Pública. “Sigue dando frutos nuestro arduo trabajo en la SFP. Un enorme orgullo haber contribuido al relanzamiento de la Función Pública al servicio de la Patria”, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Será que doña Irma tiene la esperanza que en Palacio Nacional la perdonen y la busquen para ocupar algún cargo en el gobierno de la 4T?
Un complaciente líder sindical con la 4T
Nos cuentan que como bomba ha caído en algunas secciones del magisterio el respaldo que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, está dando al regreso a clases presenciales que impulsa el gobierno federal. Don Alfonso, nos hacen ver, se metió en serios problemas con sus agremiados al declarar que los maestros están obligados a regresar a las aulas “para justificar el sueldo y las prestaciones”, declaración que no gustó en algunos sectores del magisterio que consideraron esa postura de total sometimiento al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Pero dicen que lo que más molestó fue que el líder sindical haya dado a entender que durante el confinamiento las maestras y los maestros se la han pasado de vacaciones y sin desquitar el sueldo. Vaya manera de defender a sus agremiados del líder del SNTE.
Llama diputado a invadir a España
Dado lo poco exitosa que ha resultado la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno de España ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la conquista, el diputado local de Morena en Veracruz, Rubén Ríos Uribe, propuso una medida un poco más drástica. Por medio de sus redes sociales llamó a “invadir a España y llevarles la República. No puede ser que sigan teniendo a un rey en pleno siglo XXI”. Las críticas obviamente no se hicieron esperar, entre ellas la del legislador federal priista Héctor Yunes, quien replicó; “¡Ahora son los cuatroteístas quienes se sienten los nuevos conquistadores!” Ríos Uribe trató de arreglar el asunto y escribió más tarde que se trató de sarcasmo. Que bueno que aclaró.
Más muertos en la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles
EL UNIVERSAL le informó hace unas semanas que seis trabajadores que laboraban en la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” habían fallecido en esta obra insignia de la autollamada Cuarta Transformación. Sin embargo, nos indican que en la última actualización de accidentes en el complejo aeroportuario, se sumó, lamentablemente, una persona más, por lo que ya son siete los trabajadores fallecidos. Ya solo restan siete meses para que esta obra concluya, y con esto, la muerte de trabajadores. (El Universal, Nación, p. 2)
Paso al frente. José Luis Alomía, uno de los médicos que ha estado al frente de la estrategia contra la pandemia de covid, deja la dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Apenas el viernes pasado recibió un reconocimiento en Gestión de Salud Institucional por su trabajo y por su participación en el diseño e implementación de métodos para atender la emergencia sanitaria. Junto con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fueron el equipo que ha informado día a día en las conferencias vespertinas. Hoy comenzará como encargado de despacho Ricardo Cortés Alcalá. Le han deseado éxito en su próxima encomienda, que pocos saben hasta ahora: se va de secretario de Salud a Sonora. No es un regalo, eso se gana.
Pulcritud, divino tesoro. El sexto informe de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, es un compendio de buenos modelos. Por ello se le vio sonriente este fin de semana. Jorge Herrera, coordinador de la bancada del Verde, respondió a la rendición de cuentas, en nombre del Congreso estatal: “Querétaro es una tierra de gente que promete y cumple, y usted, gobernador, ha cumplido, prueba de ello es que, de acuerdo con todas las encuestas, los queretanos en su mayoría aprueban y reconocen su trabajo y el de su equipo”. Consolidación, adecuado manejo de los recursos, transparencia y trabajo permanente, son algunos de los rubros destacados. Estabilidad y gobernanza al más alto nivel. ¿Qué sigue? Ya. La presidencia del PAN.
Irregularidades. Carlos Miguel Aysa, el gobernador de Campeche, se va endeudado con la sociedad. Un breve recuento: sin aclarar el destino de 10 mdp para una caseta en el Puente La Unidad, en Ciudad del Carmen. Y según medios independientes estatales, Campeche queda en semáforo rojo en delincuencia, construyó sin permisos ambientales un mirador turístico en Sabancuy, entregó patrullas a sobrecosto, obras inconclusas, polémicas y protestas de algunos sectores sociales. De entre todas estas notas negativas hay una que sí es absolutamente positiva: le quedan unos días al frente de la silla gubernamental. Campeche no está mejor después de la dupla Alejandro Moreno/Carlos Miguel Aysa, admítanlo.
Estertores. Hasta con las uñas se defienden de morir. Juicios atoran la liquidación de institutos que perdieron su registro. Con un gasto millonario por parte del INE, que comanda Lorenzo Córdova, la liquidación ha sido tortuosa, debido a que se tiene pendiente la resolución de 194 juicios, la mayoría laborales, lo que ha impedido la venta de activos para liquidar a los proveedores y acreedores. El INE ha erogado 87 millones 608 mil 183 pesos en la liquidación del Humanista (el más caro, 71 mdp), Nueva Alianza y Encuentro Social, y calcula gastar, en lo que resta de 2021, 4 millones 524 mil pesos para el inicio de liquidación de Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario. El chistecito sumará 92 millones 132 mil 183 pesos. Y se cuenta solo.
Paz. Las senadoras Imelda Castro, Marybel Villegas, Ana Lilia Rivera, Martha Lucía Micher y Bertha Caraveo se comprometieron a levantar la mano de cualquiera de ellas que logre el respaldo de Morena para presidir el Senado, pues de ninguna manera se generarán fracturas en la unidad del grupo parlamentario. “Estamos en permanente comunicación las cinco y lo vamos a hacer intensamente; esta misma semana tenemos algunos diálogos, de tal manera que no descarto para nada la unidad, como la hemos promovido en otras elecciones internas”, explicó Imelda Castro. Estar de acuerdo a estas alturas es ya un logro para Morena, donde no todos le cumplen a la 4T con sus desplantes. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Que el viernes inicia en San Lázaro la pasarela de diputados electos y reelectos para credencializarse y asistir a la instalación de la 65 Legislatura; aunque los reflectores apuntarán a personajes como Santiago Creel, Margarita Zavala, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, entre otros, todo mundo estará pendiente de la eventual reaparición del desaforado legislador petista Mauricio Toledo, quien huyó a Chile sin que hasta hoy se sepa si intentará volver de incógnito para rendir protesta y obtener nuevamente fuero ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Que uno de los casos que más llamarán la atención esta semana es el de los presuntos desvíos de César Duarte como gobernador de Chihuahua. El miércoles la Primera Sala de la Corte tiene previsto discutir un amparo donde la Secretaría de Hacienda local busca que se le reconozca carácter de víctima y se obligue reabrir la pesquisa contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI. En el sexenio pasado la PGR se desistió de la acusación contra el priista.
Que en Morena empiezan a verse movimientos rumbo al relevo en Morelos y en uno de los flancos se mueve Rabindranath Salazar, subsecretario de Gobernación, con un grupo que incluye a Víctor Mercado, secretario de Movilidad y Transporte, y a Francisco Villalobos, alcalde de Cuernavaca, a quienes sus adversarios internos cuestionan por frotarse ya las manos con cifras millonarias en contratos públicos mientras la entidad, sobre todo su capital, arrastran problemas de inseguridad, alumbrado y recolección de basura. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Fiestas patrias, en veremos
En Palacio Nacional hay un debate: debe o no haber gente en el Zócalo el 15 de septiembre, por lo que nos aseguran que dependerá del semáforo epidemiológico que determine la CDMX. Es decir, Claudia Sheinbaum, tiene la última palabra sobre las fiestas patrias en el corazón de la capital.
Ubican a Huerta
Con la ayuda de agencias de Estados Unidos, la Fiscalía General de la CDMX, que comanda Ernestina Godoy, logró ubicar en territorio estadounidense el paradero de Saúl Huerta, acusado por violación a un menor de edad y prófugo de la justicia. Nos dicen que lo tienen cercado y en cualquier momento le echarán el guante para ponerlo tras las rejas.
Nueva encomienda
José Luis Alomía concluyó ayer su encargo como director de Epidemiología en la Secretaría de Salud. Parte del equipo de respuesta a la pandemia a nivel federal, se meterá de lleno a la transición del gobierno de Sonora, luego de que a finales de junio el gobernador electo, Alfonso Durazo, lo propuso como secretario de Salud de aquella entidad.
Observador de lujo
Este martes arranca, por segunda vez, el proceso para legitimar el contrato colectivo de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, y por tratarse de un proceso que ha generado muchos dolores de cabeza a la 4T, el INE, que preside Lorenzo Córdova, fungirá como observador a petición de la Secretaría del Trabajo y la OIT.
Reducción de deuda
Pese a la difícil situación económica, derivada por la pandemia y agentes internos y externos, el gobierno de Alejandro Murat, en Oaxaca, logró una reducción de 37 por ciento en la deuda del estado, cifra histórica si se considera que heredó de los anteriores gobiernos finanzas en banca rota, y compromisos con el ISSSTE y el SAT, que ya fueron finiquitados. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
TEPJF, en la mira de Morena
Una fuerte, y casi simultánea arremetida, lanzaron ayer al menos dos dirigentes morenistas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que éste determinara anularle tres diputaciones federales, que pasarán a partidos de oposición. La decisión de los magistrados es sensible para los guindas que tuvieron una merma de curules en la más reciente elección y están por esa razón batallando para articular escenarios en los que logren mayorías para aprobar reformas claves de la 4T. Ah, pero eso no es todo, pues llamó la atención que particularmente Mario Delgado anticipara que el Tribunal, a su juicio, tenga en la mira el retiro de gubernaturas. En la misma tesitura, nos comentan, el líder en San Lázaro, Ignacio Mier, acusó al TEPJF de tener un “criterio miope” y “fobia” a su partido. Ambos contraatacaron con el llamado a que se impulse la reforma electoral —que prevé cambios que permitirían remover a altos funcionarios electorales— el primer año de la siguiente legislatura, cuando se prevé que ese partido llegue a la Mesa Directiva con Sergio Gutiérrez Luna, quien, por su parte, se ha confrontado fuerte con los consejeros del INE.
Mensajes en el informe de Domínguez Servién
El que presentó ayer su sexto y último informe como gobernador de Querétaro fue Francisco Domínguez, quien, nos comentan, dio cuenta de un dato relevante: su entidad es una de las dos del país que cerrará administración con una deuda bancaria de cero, tras haberla recibido hace seis años en mil 114 millones de pesos. El mandatario estatal panista entregará además, según estableció, una administración sin deudas con proveedores y con un dato positivo para quien habrá de sucederlo —el también panista Mauricio Kuri—: ninguna observación pendiente de solventar de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública federal. En su mensaje, Domínguez Servién se refirió a su gobierno como “la vía queretana”, que, definió, cree en la empresa, en la propiedad privada, en la libertad y el Estado de derecho y en la mano firme del estado para cumplir la ley y que trascendió la tentación de reinventarlo todo.
Quintana Roo: misión a Florida
Donde se están poniendo las pilas para atraer inversiones es en Quintana Roo, entidad gobernada por Carlos Joaquín González, quien este lunes encabezará a una delegación de empresarios del estado que viajan en misión comercial a Florida, Estados Unidos. Durante su estancia allá, nos cuentan, el mandatario estatal se reunirá con diversas cámaras empresariales de condados como Pinellas, Pasco y St. Petersburg, con industriales del sector inmobiliario y con representantes de universidades con quienes firmará convenios que permitan impulsar el desarrollo del Caribe mexicano. Esta acción, nos comentan, se inscribe en los esfuerzos por recuperar pronto inversiones que permitan reactivar la economía a todos los niveles que ha sufrido impactos por la pandemia de Covid-19. De las buenas gestiones que se hagan dependerán los resultados.
Y en Oaxaca le ponen efciencia
Y hablando de finanzas públicas en los estados, en donde también se están aplicando y apretando el cinturón para reducir la deuda heredada es en Oaxaca, donde gobierna Alejandro Murat, que ha logrado hasta una disminución de 36%. Y es que resulta que el mandatario priista la tomó de sus antecesores en 29 mil 400 millones de pesos y para empezar tuvo que quitarse de encima dos grandes lastres: las deudas con el ISSSTE y el SAT, que surgieron a raíz de la contratación, sin cobertura presupuestal, por parte de sus antecesores, de personal en el sector salud —administrativos más que médicos—. A ambas dependencias del Gobierno federal les debían nueve mil 100 millones de pesos. Según los datos de la Secretaría de Finanzas local, a cargo de Vicente Mendoza Téllez-Girón, fue gracias a convenios de pagos y reestructuraciones que se pudieron acometer estos compromisos, con lo cual al final de la administración actual, el año entrante, se habrán pagado 8 mil 820 millones de pesos y la disminución total de la deuda será de 10 mil 920 millones de pesos.
El caso José Eduardo
No es gratuita la ínfima confianza que históricamente ha tenido la población en las policías, y particularmente en las municipales, después de los frecuentes abusos en contra de ciudadanos indefensos. El caso del joven José Eduardo Ravelo, en Mérida, quien falleció en un hospital después de ser detenido, debido a lesiones derivadas de golpes y politraumatismo que le provocaron una severa lesión en un pulmón, indigna a los meridenses. Pero más indignante, nos dicen, es que se haya eximido a cuatro de los policías responsables y se les haya liberado porque, si no son ellos los que le provocaron la muerte, la pregunta natural es: ¿entonces qué o quién? Nadie merece morir por lanzarle una piedra a una persona —suponiendo, sin conceder, que así fueron los hechos por los cuales fue detenido— y lo que esperan los habitantes es que en este caso se haga justicia, con transparencia, para que no haya otros José Eduardo en ninguna parte del país.
La revocación, tema de la semana
Nos hacen ver que aún con la negativa del bloque opositor para convocar a otro periodo extraordinario, hoy por lo pronto se prevé que avance en comisiones el dictamen sobre la ley secundaria de la revocación de mandato. Aunque el Presidente la semana pasada hizo un fuerte llamado de atención a líderes de Morena, sin embargo, este partido todavía no concreta el respaldo necesario para que en la Comisión Permanente apruebe, con el apoyo de las dos terceras partes, la realización del periodo. Según el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien se ha empeñado en el diseño de la reforma e incluso en redacciones posibles de la pregunta, se tienen los avances suficientes para que el trámite sea rápido y todo se realice esta semana, pero PAN, PRI, MC y PRD insisten en que no es necesario apresurar la legislación secundaria. Pendientes. (La Razón, La Dos, p. 2)
Lo que está podrida es la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La desconfianza parece no tener remedio. No alcanzaron los esfuerzos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para tender puentes: la barranca que los separa se hace más grande todos los días.
Ayer en La Laguna, Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de estar “podrido.” Afirmó que jueces, magistrados y ministros están al servicio de grupos de intereses creados y también de padecer una mentalidad ultraconservadora.
Si bien dijo que había excepciones, supuestamente para no generalizar, en la realidad generalizó. No distinguió entre la justicia local y federal, entre jueces de distrito, tribunales y la Corte; tampoco entre ramas del derecho o entre regiones del país.
Sentenció, pues, sin ofrecer apelación posible. Explicará el Presidente de la República que su pecho no es “bodega”, frase con la que suele desentenderse de las consecuencias políticas de sus declaraciones irresponsables. (Ricardo Raphael, Al frente, p. 3)
El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc trataba de escapar del enemigo pero su barca fue descubierta por los españoles en aguas de su señorío, Tlatelolco (el islote gemelo de Tenochtitlan donde los mexicas levantaron su metrópoli), y la captura del último tlatoani en esa fecha se asume como la consumación de la Conquista.
Hoy, la efeméride de una indiscutible derrota de una etnia específica (superada por fortuna con la mezcla de razas y culturas) es vista por la 4T como los “500 años de resistencia”, eufemismo que niega la deprimente condición de casi siete y medio millones de “indígenas”, tan mexicanos como las 68 poblaciones autóctonas que hay en el país, incluidos los descendientes de los antiguos tenochcas y, desde luego, la inmensa mayoría de mestizos que, en conjunto, conformamos la población del país: casi 128 millones de personas.
Por eso carece de sentido la afirmación dicha el viernes por el presidente López Obrador: “Este desastre, cataclismo, catástrofe, como se le quiera llamar, permite sostener que la Conquista fue un rotundo fracaso. ¿De qué civilización se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la nación, el imperio o la monarquía dominante no logra en tres siglos de colonización ni siquiera recuperar la población que existía antes de la ocupación militar…? (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
Diga lo que diga Antony Blinken, esto parece la caída de Saigón en 1975. Y se llama derrota. (La Jornada, Contraportada)
Ante la pregunta planteada en esta columna el viernes pasado sobre por qué, si había 18 millones de vacunas anti-Covid almacenadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía pidiendo al presidente Joe Biden ayuda con dosis y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, continuaba de compras en el mundo para alcanzar la inmunización, ya hay una respuesta de funcionarios federales: se perdieron. Nadie sabe en el gobierno dónde están millones de vacunas por las que la Secretaría de Hacienda desembolsó 44 mil millones de pesos, pero tampoco, por si lo primero no fuera suficiente, se ha iniciado una investigación para rastrear qué sucedió, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de esta negligencia criminal.
La pelota de las vacunas, que ha sido motivo de discusión en varias reuniones en Palacio Nacional, se la echan las secretarías de Relaciones Exteriores, que las compra y las trae a México, y la Secretaría de Salud, que las recibe, planifica la vacunación y las distribuye a través del Ejército. La ruta, aunque requiere de una compleja logística de distribución –donde los militares son de gran ayuda–, está rota porque millones de vacunas que afirma la Cancillería compró, no aparecen. La Secretaría de Salud debería de tener el registro, pero las dotaciones que dice Relaciones Exteriores que le entregó, no parece tenerlas en sus inventarios.
Hay un verdadero desastre en el gobierno con el tema de las vacunas, donde en este momento no se sabe si Ebrard ha hecho las cosas de acuerdo como lo informa semanalmente a la población desde Palacio Nacional, o si Hugo López-Gatell, el subsecretario a quien el Presidente le encargó toda la estrategia relacionada con la pandemia del coronavirus, volvió a cometer los errores por los cuales lo despidieron en el gobierno de Felipe Calderón, cuando su equipo fracasó en el manejo de la pandemia de la influenza, donde por su mala interpretación de la información dio una alerta tardía sobre la enfermedad, con lo que demoró la toma de decisión del gobierno.
La incompetencia de López-Gatell se detalló en este espacio desde el 13 de marzo del año pasado, cuando tenía impresionado a López Obrador, convencido al gabinete y empezaba a cautivar a la opinión pública con una verborrea que duró bastantes meses antes de empezar a caer ante los mexicanos y dentro del ánimo del Presidente, que hoy lo maltrata en las reuniones de gabinete, pero no va a despedir porque eso sería el equivalente a admitir que se equivocó y que hay crisis en la estrategia. Primero que aumenten los muertos, a reconocer errores, es la racional dentro de Palacio Nacional, siguiendo la forma como piensa el Presidente. Pero aun con la ineptitud del zar del coronavirus, no está del todo claro si el origen del problema es culpa de él.
Hay anomalías en la forma como la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado realizando las compras. Ebrard encargó la tarea a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, muy cercana a él desde hace años, quien viajó por el mundo negociando la compra de vacunas y, en algunos casos, acompañando los cargamentos. Los primeros envíos fueron transmitidos en vivo, un ejercicio para proveer de certidumbre a los mexicanos, y varias veces Ebrard encabezó una pequeña delegación de secretarios de Estado que llegaban a darle la bienvenida a cajas. En algunos momentos, como sucedió con envíos de CanSino, hasta el embajador de China fue al aeropuerto. La llegada de vacunas del mundo a México siempre es anunciada, junto con el número de dosis que se enviaron, la marca de la vacuna y su procedencia.
Sin embargo, de acuerdo con testigos, ha habido ocasiones en que los datos que proporciona la Cancillería no corresponden con el manifiesto que entregan los pilotos de las naves. A veces el número de vacunas en los contenedores no corresponde al total anunciado por el gobierno; en ocasiones ni siquiera tienen vacunas, y en otros casos, los envíos vienen de lugares diferentes de donde presuntamente habían salido los paquetes. López-Gatell, que siempre envía funcionarios de Salud a la llegada de esos vuelos, parece que desconoce estas irregularidades en algunos cargamentos.
¿Qué tantas vacunas que se informó que arribaron, nunca pisaron territorio mexicano? Realmente nadie sabe. Tampoco se conoce de algún reclamo directo y en privado de los fabricantes de las vacunas, lo que permite suponer que quizás las empresas también desconocen que hay anomalías en lo que entregaron. Pero ¿pueden ser tantos desvíos como para llegar a 18 millones de vacunas de las que no hay registro dónde están? No se sabe ni siquiera dentro del gobierno. Cuando comenzaron las críticas en los medios sobre la presunta pérdida de vacunas a mediados del mes pasado, López-Gatell afirmó que no había ninguna pérdida, que todas estaban “perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando”.
Por las discusiones en Palacio Nacional en las últimas semanas, López-Gatell volvió a desinformar o a mentir, porque la realidad marcó otra cosa, y de ahí la continuidad en las compras de vacunas y la petición de López Obrador a Biden por varios millones de dosis. También es posible, por el caos de la Secretaría de Salud en el registro de las vacunas que llegan a México, que como sucedió en 2009, el zar del coronavirus no tenga idea de lo que sucedió bajo su dirección.
López-Gatell está cargando hoy en día con las culpas de las vacunas desaparecidas, pero podría no ser un problema sólo suyo. Urge una auditoría sobre cuántas vacunas realmente han llegado a México y hacer una compulsa entre los manifiestos de los pilotos y la información de Relaciones Exteriores, para esclarecer el destino que tuvieron. También es apremiante que dejen de mirarse unos a otros y preguntarse dónde quedaron las vacunas en las reuniones de gabinete, y recordar que mientras continúen pasivamente sus discusiones endogámicas, seguirán muriendo mexicanos afuera de Palacio Nacional. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 34)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acaba de anunciar un ambicioso proyecto de reorganización administrativa y operativa. El proceso tiene múltiples componentes y varias fases, pero arrancó con la creación de una Comandancia del Ejército Mexicano y el nombramiento de su primer titular.
De primer golpe, esto puede sonar extraño ¿Por qué se necesita un comandante del Ejército? ¿No ejerce ya esa función el secretario de la Defensa Nacional? Sí, pero ese es el problema. Así lo explicó la Sedena en una nota informativa distribuida el pasado viernes: “la Secretaría de la Defensa Nacional cumple una doble función, una como Secretaría de Estado y otra como Cuartel General Superior del Ejército; además, el Secretario de la Defensa Nacional tiene una triple función: como Secretario de Estado, como Alto Mando para ejercer el control conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea y finalmente como Comandante del Ejército Mexicano.”
En comparación internacional, ese arreglo es una anomalía de nuestra institucionalidad militar. En la mayor parte del mundo, existe una separación funcional de las tareas políticas, administrativas y operativas del sector defensa. Existe un ministerio, presidido habitualmente por un civil y dotado de un aparato administrativo similar al de otros ministerios. Pero opera asimismo un estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, con funciones claves en materia de planeación, estrategia y operación. Existe además una comandancia general de cada uno de los servicios (Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea).
Así no han funcionado las cosas en México. De arranque, tenemos dos secretarías militares (Sedena y Semar). No existe un estado mayor conjunto de las fuerzas armadas. Y hasta la semana pasada, solo la Fuerza Aérea tenía un comandante general (distinto del titular de la dependencia).
Esa estructura genera varias dificultades, desde las protocolarias (¿quién es, por ejemplo, la contraparte mexicana de ministros de defensa extranjeros?) hasta las sustantivas (no hay un espacio institucional para la planeación conjunta de la política de defensa), sin obviar las políticas (no se puede remover de su cargo al comandante del Ejército sin quitar al secretario de la Defensa Nacional).
La reorganización de la Sedena busca cerrar la brecha que existe entre nuestra estructura militar y la existente en otros países. Además de crear una comandancia del Ejército, transformaría al Estado Mayor de la Defensa Nacional en un estado mayor conjunto y se complementaría con cambios en el organigrama que separen con mucho mayor precisión la gestión administrativa y el mando operativo.
En términos generales, no se ve mal el proyecto. Camina en la dirección de homologar nuestra estructura de defensa a la existente en la mayoría de los países del mundo.
Lo complicado vendrá en lo que el alto mando militar describe (en un documento circulado hace algunas semanas) como segunda etapa del proyecto: la reubicación de la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena. Eso requiere una reforma constitucional mayúscula y, por tanto, una mayoría calificada en el Congreso. No veo razón para que la oposición le regale al gobierno un triunfo legislativo de ese tamaño y menos en un tema que implica traicionar uno de los pocos acuerdos entre la administración y sus críticos en tres años.
Por ello, no creo que se llegue a esa segunda etapa. Pero la primera abre una posibilidad interesante: la separación de las funciones administrativas y operativas en la Sedena hace mucho más sencillo nombrar un civil como secretario de la Defensa Nacional. No sé si ese es el objetivo del general Sandoval, pero la implicación parece ineludible.
No es tema menor. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 8)
El tercer pico histórico de Covid-19 en México es ya, con mucho, el más alto que hayamos tenido desde que comenzó la pandemia en el país en enero de 2020. Al igual que en las dos olas anteriores, los mexicanos hemos ido viendo, entre el asombro de unos y la incredulidad de otros, cómo se repiten escenas y situaciones que ya habíamos vivido: incremento vertiginoso de contagios, aumento de hospitalizaciones con saturación en instalaciones públicas, carencia de medicamentos para los pacientes e insumos para el personal médico y, lo más doloroso y penoso para muchas familias: el repunte de muertes por la enfermedad que provoca este virus.
Entre estas tres olas o embates del SARS-CoV-2 ha habido cosas que se repiten y otras que cambian. Se repite, por ejemplo, la misma estrategia fallida y vacilante del gobierno federal y la Secretaría de Salud, que bajo el ya muy cuestionado mando del doctor Hugo López Gatell, vuelve a cometer los mismos errores que ya han causado la muerte de 248 mil mexicanos en la cifra oficial y casi 500 mil en los cálculos independientes: no realizar pruebas masivas, desestimar la gravedad de la situación, invocar una supuesta “falta de evidencias científicas” para no tomar decisiones drásticas y, sobre todo, volver a poner en riesgo a millones de mexicanos ante la falta de directrices nacionales claras, obligatorias y contundentes que vuelven a provocar desorden y una situación en la que cada entidad de la República toma sus decisiones y dicta sus medidas, mientras que a la población nacional se le vuelven a mandar mensajes confusos y equivocados haciéndole creer que “no es tan grave” lo que está sucediendo.
Lo que sí ha cambiado en esta tercera ola del Covid en México es la capacidad mucho más rápida de contagio de las nuevas variantes, su agresividad y el enfermar a población cada vez más joven, como la variante “Delta”, que comenzó llenando los hospitales con pacientes de los 30 a los 20 años y ahora empieza a enfermar a cada vez más niños y menores de edad mexicanos, que no están todavía en los planes de vacunación del gobierno federal por la supuesta “falta de evidencia científica”.
Hace un par de semanas, cuando ya el golpe de esta tercera ola se veía in crescendo y el CDC o Centro de Control de Enfermedades de EU alertaba de la enorme contagiabilidad de la variante “Delta”, al grado de compararla con la viruela y pedir a los gobiernos que modificaran sus estrategias, el subsecretario Gatell aseguraba que “no había evidencias científicas” de que esta variante fuera “más contagiosa o agresiva”, mientras que el presidente López Obrador —que sigue escuchando y creyendo ciegamente en su desgastado y cuestionado encargado de la pandemia— decía públicamente “que la tercera ola no es tan grave como las otras”.
Ambos, el mandatario y su epidemiólogo favorito descartaban vacunar a los niños mexicanos, el primero porque decía que comprar vacunas para niños “sería consumismo” y el segundo porque insistía en que inocular a los menores “no tenía utilidad científica”. Todavía la semana pasada, mientras el doctor Anthony Fauci, encargado de la pandemia en la Unión Americana, advertía que la nueva ola de contagios de la variante “Delta” iba a golpear fuertemente a los niños y a los menores de edad y llamaba a prepararse para ello, acá el doctor Gatell insistía en que los casos en menores eran “de baja incidencia” y hasta minimizaba, con criterios estadísticos, la muerte de 653 niños por Covid, en tanto que López Obrador decía el viernes pasado en su conferencia desde el Palacio Nacional: “Ojalá y nunca pase, ‘toco madera’, pero si fallecieran los niños por Covid, no, se ‘alebrestarían’ los opositores”, en un comentario que no dejó claro si al Presidente le preocupaba la muerte de los niños o le preocupaba más lo que dijeran sus críticos y opositores.
Hoy, con un aumento real de niños que se están contagiando y enfermando por el Covid en el país, sin que haya aún una cifra oficial de contagios en menores mexicanos en esta tercera ola, el gobierno federal insiste en que el 30 de agosto habrá un regreso a clases presenciales en las escuelas públicas y privadas, que aunque no será obligatorio, pondrá a los padres de familia y a los mismos niños en un grave dilema sobre si acudir o no al salón de clases o continuar en el esquema de clases virtuales. Más allá de su décalogo que contiene más buenas intenciones que medidas reales y efectivas de sanidad y seguridad para los niños maestros y las familias, la SEP insiste en el “inminente” regreso a clases con más incertidumbres y dudas que certezas.
Mientras tanto, ayer mismo en Estados Unidos se confirmaban 1,902 casos de hospitalizaciones activas de niños por Covid-19 y se reconocía que el 2.4% del total de enfermos en este momento en ese país son niños o menores de edad. Ante ese incremento notorio de contagios en los niños estadounidenses, varios estados de la Unión analizan suspender el regreso a clases presenciales esta semana o pedir pruebas Covid y certificados de vacunación a los niños, junto con medidas estrictas a los centros escolares.
Así que en México no sólo estamos ante la tercera ola que, como la primera y la segunda, se está desbordando y crece sin que la estrategia del gobierno pueda hacer nada para contenerla, mientras la sociedad sigue también sin cooperar de manera plena. También estamos viendo cómo nuestros niños y menores son las nuevas víctimas del virus y aunque no todos enfermen y requieran hospitalización, es un hecho que se están contagiando cada vez más con la variante “Delta” y que ellos se convierten también en un grupo de contagio que, inevitablemente, hará de las escuelas públicas y privadas el nuevo foco de transmisión y crecimiento de la pandemia en un país en el que seguimos sin ver la luz al final del túnel en esta pandemia.
NOTAS INDISCRETAS…
Una de las cosas que más llamaron la atención del vistoso evento del viernes en el Campo Marte, no fue solo que el presidente López Obrador haya dedicado casi tres horas para a pasar revista a las tropas del Ejército, a elogiar el “apoyo fundamental de las Fuerzas Armadas a la transformación” de su gobierno y a atestiguar la creación de la nueva “Comandancia del Ejército”.
Lo más interesante es que, con la complacencia de su comandante supremo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, presentó formalmente al nuevo y poderoso Estado Mayor Conjunto del Ejército, que agrupará a la Fuerza Aérea Nacional y la Guardia Nacional, sin que se hayan aprobado aún en el Congreso y mucho menos presentado todavía por parte del Ejecutivo, las iniciativas de reformas al artículo 4to. de la Ley de la Guardia Nacional que establece el “carácter civil” de ese cuerpo de seguridad federal.
Es decir, que con sólo el anuncio de López Obrador de que propondrá al Congreso reformas legales y constitucionales para que la Guardia Nacional pase a ser un cuerpo militarizado y adscrito formalmente al Ejército, los militares sintieron que la palabra del Presidente “ya era ley” y decidieron formalizar y presentar públicamente a la nueva Comandancia que ya tiene —según lo que se anunció el viernes en la vistosa y ostentosa ceremonia realizada el Campo Militar número 1— a la Guardia Nacional ya bajo el mando de los militares y no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, como todavía lo dice la ley. Formalmente la Presidencia aún ni presenta ningún proyecto de iniciativa sobre la Guardia y los militares, saltándose a las decisiones y facultades del Poder Legislativo, y ya están dando como un hecho las reformas constitucionales que apenas anunció el Presidente y que aún ni siquiera presentan ni mucho menos votan en el Congreso.
¿Cómo verán eso en San Lázaro y en el Senado, sobre todo en la próxima legislatura que empieza en septiembre? ¿Será que con tanto poder y responsabilidades civiles que les está dando López Obrador, los señores de verde olivo ya no creen necesario esperar a las votaciones del Congreso para hacer sus modificaciones internas y transexenales?… Los dados mandan Serpiente. Mal empieza la semana. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 13)
A los políticos les gusta manipular el pasado, simplificarlo, convertirlo en justificación de sus dogmas, pero la historia es reacia, compleja, sutil, llena de ambigüedades. Lo vimos este pasado 13 de agosto.
El gobierno de López Obrador, empeñado en ser una Cuarta Transformación histórica, lanzó la idea de que la “conquista de México” fue el inicio de “500 años de resistencia indígena”. El partido español Vox de extrema derecha afirmó, en cambio, que el 13 de agosto de 1521 “una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró la liberación de millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas”. Sin embargo, ni la conquista fue el inicio de 500 años de resistencia indígena, ni la derrota de Tenochtitlan fue producto de una guerra liberadora de pueblos oprimidos.
No hay duda, como dijo AMLO, que los conquistadores buscaban poder y fortuna. Es verdad también, como afirma Vox, que el imperio mexica era sanguinario y cruel, lo cual motivó que decenas de miles de tlaxcaltecas e integrantes de otros pueblos indígenas se unieran a los españoles para derrotar a Tenochtitlan. La conquista, sin embargo, estuvo tan llena de abusos como los que imponían los mexicas a sus pueblos vecinos. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 12)
En la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo en la semana que tuvimos mas contagiados por el virus SARS-CoV-2, se les ocurrió la idea de revisar exhaustivamente la mercancía de importación para contener la pandemia, ocasionando demoras de días y semanas para su liberación.
Por una sesuda decisión de la Administradora de la Aduana del AICM y de los pomposos oficiales de puntos tácticos, quedaron varados miles de cubrebocas, oxímetros, termómetros, insumos de laboratorio y pruebas rápidas, ventiladores y medicamento, justo ahora que se tienen registrados más contagiados por día.
Resulta ilógico, absurdo y toda clase de adjetivos que se nos ocurran, que sin mediar argumento o comunicado formal alguno el grupo elite de la aduana del AICM, inmovilice la mercancía, sin indicar faltas relacionadas con el cumplimiento de la regulación sanitaria –que por cierto no son autoridad competente–, o en a la normatividad fiscal y aduanera. O sea, por sus pantalones.
Pese a los esfuerzos de la Cofepris por hacer expedita la importación de medicamentos e insumos para la salud, en las aduanas del país se impone una política de cerrazón, que obstaculiza los esfuerzos del estado mexicano para combatir la pandemia y la escasez de medicamentos.
Sr. Horacio Duarte y licenciada administradora de la aduana en el AICM, en tiempos de pandemia, los días no se cuentan por las horas de trabajo de sus oficiales de puntos tácticos que, por cierto, solo trabajan algunas horas, se cuenta por contagiados y muertos.
Los retrasos en la entrega de los insumos médicos y medicamentos son vitales para la salud de los mexicanos.
Cabe la pregunta, ¿sí conoce la autoridad aduanera el viacrucis regulatorio para obtener los registros sanitarios y los permisos de importación? Como para que detenga días o semanas sus insumos médicos sin razón alguna. No es posible que esa autoridad tome plazos discrecionales en perjuicio de la salud de los mexicanos.
No se trata de fomentar la importación de productos ilegales, si hay alguna razón para detener la mercancía que se informe a los importadores públicos y privados, sin demora alguna.
Querido lector, disculpe usted el exabrupto, pero resulta absurdo que, a un año y medio de nuestra vida pandémica, el gobierno mexicano tome decisiones incomprensibles en perjuicio de la salud de los mexicanos. Hasta la próxima. (Eliseo Rosales, El Economista, El foro, p. 54)
La mafia del poder hídrico // Tricio, Lala, Agua Saludable // Jueces corruptos; no a amparos // Responsabilizar a comunidades
El invitado principal fue Eduardo Tricio Haro, el poderosísimo presidente del Grupo Lala, productor, comercializador y distribuidor de productos lácteos (entre otros). De entrada, en el acto realizado en Lerdo, Durango, para insistir en la importancia de un plan denominado Agua Saludable, Tricio fue anunciado en un significativo orden jerárquico: primero el Presidente de la República, luego los gobernadores de Durango (el panista José Rosas Aispuro) y Coahuila (el priísta Miguel Ángel Riquelme), que en sus alocuciones lo mencionaron expresamente; enseguida el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, quien de manera abierta saludó también afectuosamente al citado Tricio (https://bit.ly/3jVXYQn) y, luego, quien marcadamente ha sido señalado como responsable y beneficiario de la crisis hídrica de la región binacional conocida como Comarca Lagunera o La Laguna.
Nadie, en ese estrado en el que se le concedió un asiento de privilegio al empresario agropecuario, señaló directamente el grado de responsabilidad de Lala. El Presidente de México habló en lo general, como en otros actos públicos: entiendo de que en otros tiempos o en otras circunstancias había la desconfianza de que unos acaparaban el agua y dejaban sin agua a la gente, que sólo los influyentes podían tener agua y acapararla. Eso ya no sucede, ya no son esos tiempos (…) mi único amo es el pueblo. No soy un sirviente de potentados. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
“No hay mal que por bien no venga”, un refrán optimista que intenta encontrar lo positivo a lo que parece totalmente obscuro. La variante Delta surgió en la India por primera vez en octubre del 2020, ante la celebración de fiestas religiosas y falta de medidas preventivas provocó un aumento exponencial en el número de personas contagiadas. Durante varios días de los meses de abril y mayo se reportaron más de 300,000 casos diarios en ese país.
Sabemos desde la aparición del SARS-CoV-2 en su variante original que de cada 100 casos sintomáticos habrá un 10 a 15% de pacientes que requerirán hospital, también hemos aprendido que la enfermedad es compleja y que la adecuada atención médica requiere no solo de camas, sino de dispositivos de alto flujo de oxígeno, mascarillas, ventiladores y personal médico especializado. El solo hecho de tener muchos contagios en un corto tiempo satura este tipo de hospitales y por ende la mortalidad aumenta.
Se ha calculado que la variante original tiene un R de 1 a 2, eso quiere decir, que una persona infectada podría contagiar en promedio a uno o dos individuos, la variante Alfa aumentó la capacidad de contagio a 4 por cada infectado y la Delta lo hace en números que van de 5 a 9. Por esta razón se puede entender que los nuevos repuntes en todo el mundo tienen un crecimiento vertical.
Aún existe debate en cuanto a la mayor agresividad de esta variante, la lógica indicaría que si es más contagiosa, infectará a más células de la persona infectada y por lo tanto habrá un proceso inflamatorio mayor con la consecuente mayor gravedad, sin embargo esto aún no está confirmado.
Lo que sí sabemos es que la protección que ofrecen las vacunas desarrolladas para la variante original siguen siendo en la mayoría eficaces para evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte por esta variante. Sin embargo, la eficacia es menor cuando solo se ha aplicado una dosis, lo que ha requerido que se completen los esquemas de dos dosis con mayor velocidad y así no dejar expuesta a la población con una sola dosis por periodos prolongados. (Francisco Moreno Sánchez, Reforma, Opinión, p. 14)
La reconfiguración de la Secretaría de la Defensa Nacional no es un cambio cosmético ni tampoco sólo administrativo, es una de esas modificaciones de fondo de una institución que desde hace décadas no sufría alteraciones en su estructura, pese a que, en esos mismos años, han aumentado dramáticamente sus responsabilidades, su proyección, sus tareas.
Los cambios en la Secretaría de la Defensa implican, básicamente, adecuar la estructura de mando a sus responsabilidades y a la de otras fuerzas armadas, con las que las mexicanas tienen relación, en especial las de Estados Unidos.
Hasta ahora, el Presidente de la República era, es, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero en la figura del general secretario concurrían las responsabilidades de secretario de una institución con tareas y estructura tan amplia como la Sedena, pero también la del control conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea y la propia comandancia del Ejército.
Para la mayoría de la gente, incluso para buena parte de nuestros legisladores y funcionarios, no existe diferencia entre esas tareas, pero son responsabilidades muy diferentes. Con la nueva configuración tenemos a un secretario de la Defensa que comandará, debajo de él, a un Estado Mayor que, en los hechos, se convierte en un Estado Mayor Conjunto, con tres áreas de mando, tres comandancias, cada una con su respectivo estado mayor: la nueva Comandancia del Ejército (que quedó bajo el mando del general Eufemio Ibarra Flores, un oficial con 46 años de servicio (quien era, hasta julio pasado, jefe de la región militar de Llano Largo en Guerrero), la de la Fuerza Aérea y, ya en los hechos y, si se aprueba la propuesta legislativa, que aparentemente irá en paquete con todas estas otras reformas, la de la Guardia Nacional. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Todos los gobiernos del mundo manipulan la historia para legitimarse. Tratan de cuadrar lo sucedido en el pasado con su narrativa política actual. Suelen posicionarse como los herederos de los “buenos” que siempre han luchado por la gloria de la nación.
Nuestro Presidente es un experto en esta materia. Tiene la capacidad de utilizar a la historia nacional para avanzar su agenda política. Se presenta, nada menos, como el protagonista de una nueva transformación épica de eso que llamamos México.
López Obrador, al igual que los priistas del pasado, encadena a la nación mexicana con un pasado muy remoto en una lógica histórica lineal: de los pueblos originarios de América a la Conquista española; luego la Independencia, Reforma, porfiriato, Revolución, neoliberalismo y Cuarta Transformación. Una historia de buenos y malos donde todo cuadra a la perfección.
El Presidente ha dicho —no es broma— que México se fundó hace más de diez mil años, cuando apenas se estaba dando la migración de humanos de Asia al continente Americano.
En todo caso, los olmecas fueron la primera civilización mesoamericana en lo que hoy es territorio mexicano. Se estableció hace unos tres mil doscientos años. Desde entonces, por aquí se establecieron cientos, sino es que miles, de pueblos indígenas. Algunos sobrevivieron, otros desaparecieron. ¿Podemos considerarlos a todos como mexicanos? O, para ser más precisos, ¿nuestros antepasados? (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 11)
El pasado 13 de agosto se conmemoró el 107 aniversario de los Tratados de Teoloyucan, firmados por Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza; en ellos se estableció que las fuerzas constitucionalistas entrarían triunfales y sin combatir a la capital, así como la disolución de las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta.
En el marco de ese aniversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto por el que se anunció la creación de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano, a cargo del general Eufemio Ibarra Flores, con el objetivo de homologar a la institución con la Fuerza Aérea y mejorar el control administrativo, una decisión que no ha pasado inadvertida en los medios de comunicación y la opinión pública.
Esta reestructuración no puede ser entendida sin el contexto necesario, el cual demuestra que las fuerzas armadas de cualquier democracia consolidada se van adaptando a las distintas circunstancias. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama se incorporó la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto, y durante la era de Donald Trump sucedió lo mismo con el Comando Aeroespacial.
En España, las jefaturas de Estado Mayor de Tierra, de la Armada y Ejército del Aire también están integradas en el Estado Mayor de la Defensa. Otros países, como Portugal y Colombia, tienen estructuras similares, y en Canadá, el jefe del Estado Mayor es responsable del comando general y la administración de las fuerzas armadas, así como de la estrategia militar, los planes y requerimientos de las ramas castrenses.
Es decir, los cambios planteados por el presidente AMLO, que incluyen la creación de un Estado Mayor Conjunto, no son algo extraño a nivel internacional, ha sucedido en otros países en donde este tipo de organización es entendida como una manera de volver más eficiente el orden y la operatividad de las fuerzas armadas, sin que esto haya implicado, bajo ninguna circunstancia, la militarización del país: uno de los argumentos más comunes utilizados por la oposición para desvirtuar la estrategia de pacificación nacional.
La idea de la militarización de la seguridad pública en México se empezó a sembrar en 2006, cuando el entonces presidente decidió iniciar una fallida guerra contra el narcotráfico, al estilo estadounidense. También se debe reconocer que durante el viejo régimen las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a acatar órdenes de los titulares del Poder Ejecutivo federal, sin un marco jurídico adecuado, poniendo en peligro la institucionalidad de las acciones de seguridad con una táctica que arriesgó y vulneró los derechos humanos de la población civil.
Reconociendo esta problemática, el presidente López Obrador estableció como su compromiso 87 de 100 no reprimir al pueblo y buscar la paz, con lo que comenzó una nueva estrategia de seguridad fundada en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Alcanzar este objetivo implica, necesariamente, reordenar a las Fuerzas Armadas, recordando que el prestigio con que cuentan y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas no han sido soslayados por las órdenes erráticas que tomaron las personas civiles que las dirigieron en el pasado.
Como ejemplo de lo anterior se encuentran las mediciones realizadas para saber el grado de confianza que la ciudadanía tiene hacia las autoridades encargadas de la seguridad. En 2020, el 90 por ciento de la población mayor de 18 años confiaba en la Marina; el 87 por ciento, en el Ejército, y el 82 por ciento, en la Guardia Nacional, cifras que ni en el mejor de los tiempos fueron registradas por corporaciones como la Policía Federal o las policías estatales.
Con la creación de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano inicia un proceso de modernización institucional de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y las comandancias de ambos pasarán a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una modificación que tiene fundamento en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que faculta al mando supremo a autorizar la creación de nuevos cuerpos especiales o unidades.
En el campo de estas modificaciones se encuentra también la intención, anunciada por el presidente, de que la Guardia Nacional se integre a la Sedena, bajo la dirección de la nueva Comandancia. A diferencia del cambio estructural, esa modificación requerirá, forzosamente, de un amplio debate legislativo, pues al implicar modificaciones al texto constitucional, requerirá de votación por mayoría calificada y el respaldo de cuando menos 17 congresos locales.
Como ha sucedido durante las grandes transformaciones previas de México, el Ejército desempeña una labor crucial de acompañamiento al presidente —como comandante supremo de las Fuerzas Armadas—, defensa de la soberanía y para mantener la paz social y la gobernabilidad. Contar con un perfil como el del general Eufemio Alberto Ibarra en la nueva Comandancia del Ejército genera certidumbre, por su leal trayectoria en las fuerzas castrenses. Como en 1914, el respeto del orden constitucional es la guía para la paz y la transformación de todos los ámbitos de nuestra vida pública. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. 17)