No tiene nombre el que, en plena carestía, se medre con un producto de consumo básico para los mexicanos como la tortilla. (La Jornada, Contraportada)
HOY se sabrá quién encabezará la SEP en lugar de Delfina Gómez. Lo que no se sabe es cuándo habrá educación pública de calidad en México. Llegue quien llegue a la dependencia, difícilmente podrá hacer algo para revertir el daño que se le ha causado a las actuales y futuras generaciones de estudiantes.
Y NO ES sólo porque niñas y niños que cursan la primaria, por ejemplo, han pasado prácticamente dos años viendo las clases en la pantalla, debido a la pandemia. Es también porque el modelo impuesto por la 4T no busca que los alumnos aprendan mejor, sino que llenen el requisito de pasar por las aulas, “haiga sido como haiga sido”.
DE QUÉ SIRVE, por ejemplo, que el Presidente reciba en Palacio Nacional a la astronauta Katya Echazarreta, si las niñas mexicanas no pueden aspirar a una educación científica que les permita seguir su ejemplo. ¡Dios nos libre de poner calificaciones! Para este gobierno la calidad educativa es un capricho pequeño burgués.
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DE NO CREERSE que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, haya pedido públicamente a los comercios pagar sus facturas al crimen para lograr la paz. Pero más increíble resulta que la morenista festeje como un logro haber convertido su disparate en tendencia en las redes sociales.
EN UN CHAT en el que participan la alcaldesa y sus colaboradores, se intercambiaron mensajes de euforia sobre el tema. Miguel Ángel Torres escribió: “Nuestra presidenta es ya tendencia internacional”. Eli Topete agregó: “Vamos con todo”. Y Rodolfo Adame hizo lo propio: “Con todooo”.
POR LO VISTO, Montserrat Caballero no alcanza a darse cuenta de qué tan fuera de lugar están sus declaraciones, luego de las violentas jornadas que se están viviendo en el país. Habrá que preguntarle a los comerciantes y empresarios tijuanenses si están tan contentos como su alcaldesa con las acciones del crimen organizado.
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TRAS cuatro días de terror que incluyeron la masacre en Ciudad Juárez, los narcobloqueos en Jalisco y la violencia en Baja California, ¿a dónde creen que fue el subsecretario de Seguridad federal? Exacto: Ricardo Mejía Berdeja se fue a Coahuila a seguir haciendo su ilegal campaña preelectoral mientras el país se incendia.
EL COLMO es que el funcionario todavía tiene el descaro de decir que sus reuniones con electores son “asambleas vecinales para la prevención del delito”. Pero del delito electoral que comete cada fin de semana, de ése nomás no habla.
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HACE UNOS DÍAS se dio la extraña alineación de cinco planetas, lo cual volverá a suceder hasta el año 2040. Resulta más fácil que se alineen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, a que Morena haga una elección limpia. Van dos semanas de su proceso interno… ¡y siguen sin dar resultados oficiales! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Las obras olvidadas por la 4T
Nos hacen ver que hasta hace algunas semanas, en las conferencias de prensa del Presidente de los lunes, era común que se presentaran prácticamente todas las “magnas” obras que financia el gobierno federal. Al inicio, nos recuerdan, en videos se detallaban los avances del Tren Interurbano México-Toluca, la presa “Santa María”, el Corredor Interoceánico del Istmo, el Tren Maya y el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Sin embargo, sin explicación alguna, hace ya varias semanas solo se informa sobre las últimas dos obras. ¿Será que los avances en el Interurbano, la presa y el Corredor Interoceánico no son los deseados?
Adán Augusto defiende a alcaldesa y sale raspado
Luego de ser tendencia nacional, y duramente criticada, Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa morenista de Tijuana, Baja California, quien dijo que el crimen organizado le cobre facturas “a quienes no les pagaron, a los que les deben, pero no a las familias”, alguien salió en su defensa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que a doña Montserrat, la traicionaron los nervios. Sin embargo, la caballerosidad de don Adán no le fue muy recompensada por las redes, pues no salió bien librado y también se volvió tendencia al querer justificar a su compañera de partido. “El que a Cristo se mete termina crucificado”, dice un refrán.
Mensaje de la maestra Gordillo a la maestra Ramírez
Quien reapareció este lunes fue la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Desde su cuenta en Twitter, la maestra habló sobre la profesora Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y dijo que con nuevos liderazgos es necesario que haya nuevos diálogos. Y, de entrada, se manifestó a favor de que se reestablezcan las Escuelas de Tiempo Completo, pues dijo que es necesaria la alimentación de los menores y horarios ampliados en los colegios. Quienes conocen a la nueva secretaria de Educación, aseguran que sería muy complicado que diera marcha atrás a una medida que su antecesora defendió con fuerza y que cuenta con el aval presidencial. La maestra Gordillo, nos adelantan, estará estos días activa en medios de comunicación hablando del tema.
Delgado no ve ni oye a morenistas críticos
Nos hacen ver que el dirigente Morena, Mario Delgado, al parecer hizo oídos sordos a las quejas de militantes por las escenas de irregularidades en las votaciones para la renovación interna del partido. Nos dicen que, de los 300 distritos, sólo en 16 se volverán a repetir las elecciones, mientras que el resto ya tiene luz verde para iniciar la renovación de dirigencias estatales. Llama la atención que la dirigencia decidió no anular los resultados en la Ciudad de México, donde se reportó acarreo, compra de votos y hasta golpes entre los asistentes. Nos comentan que, al más puro estilo salinista, don Mario no ve ni oye a quienes dentro del propio partido se quejan de irregularidades. (El Universal, Nación, p. 2)
Una operadora a la SEP
Más de uno se quedó con ojos de plato después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Leticia Ramírez será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, esto, en sustitución de la maestra Delfina Gómez. Asimismo, mucho cuestionaron su poca experiencia en la materia, pero realmente pocos saben que es de las operadoras más cercanas al mandatario, así como a los sindicatos magisteriales, tanto de la CNTE como del SNTE.
Estrategia, a revisión
Después de la violencia de los últimos días en algunos puntos del país, el presidente López Obrador realizará una gira de trabajo por Baja California y Sonora. Nos informan que el mandatario encabezará una reunión en Tijuana para revisar la estrategia de seguridad en la región, y, después, conducir la conferencia mañanera.
Cambio profundo
Por un cambio de fondo en el PRI se pronunció la senadora Claudia Ruiz Massieu, al hacer una reflexión sobre los desafíos que tiene el partido de cara a la sucesión presidencial 2024. Ella y otros priistas, nos dijo en una visita a El Heraldo de México, tienen claro que el futuro del tricolor no depende de su dirigencia, sino de la capacidad que tengan para transformarlo.
Golpea robo arqueológico
Un nuevo golpe dio el gobierno federal para recuperar parte de la memoria histórica de país. La Secretaria de Cultura, que dirige Alejandra Frausto, informó que se aseguraron 93 piezas arqueológicas que pretendían ser vendidas en un tianguis de la alcaldía Cuauhtémoc, y esperan que en los siguientes días haya más noticias, porque tienen en la mira la venta ilegal otras piezas.
Firme por Coahuila
Debido al retraso en los resultados de las asambleas distritales y de los congresos estatales de Morena, que encabeza Mario Delgado, el proceso para la elección del candidato a la gubernatura de Coahuila se irá hasta octubre, aún y cuando se esperaba se diera antes de que termine agosto. El nombre del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, sigue firme para la nominación. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
La CNTE no celebra el relevo
Llama la atención que el relevo anunciado en la SEP no cayó bien ni en la CNTE, organización en la que militó la próxima titular, Leticia Ramírez. El secretario general de la Sección 9, una de las más radicales del magisterio, manifestó en entrevista con la periodista Azucena Uresti su preocupación por el hecho de que, dijo, Leticia “no tiene experiencia en las aulas”. Y no desperdició la oportunidad de reprochar que el Gobierno le dé muy poca importancia a la educación, pues con el relevo inminente ya serán tres titulares del ramo en lo que va del sexenio. Apenas se siente en el despacho que fue de José Vasconcelos, la nueva secretaria de Educación tendrá que iniciar una labor titánica para demostrar a sus detractores que estaban equivocados y para echarse a la bolsa a la disidencia sindical. Difícil tarea la que tiene la maestra.
Tarea estratégica en Puebla
Y quien fue designada como enlace del gobierno de Puebla con la embajada de Estados Unidos, a cargo de Ken Salazar, fue la secretaria de Economía de esa entidad, Olivia Salomón. Nos cuentan que su objetivo será el de construir una agenda bilateral con el gobierno del país vecino, en la que los temas centrales serán educación, campo y, por supuesto, economía. Quienes conocen a la funcionaria dan cuenta de que tiene sobradas credenciales para fortalecer los trabajos que han permitido un intercambio comercial de 13 mil millones de dólares, con vehículos, mezclilla y productos del campo poblano, entre otros. Uno de sus ejes será el de aterrizar el mensaje de que el Estado de derecho que prevalece en la entidad es el que ha permitido que la inversión crezca y prueba de lo anterior son las 255 empresas estadounidenses instaladas ahí.
Sandra Cuevas… otra más
La alcaldesa de Cuauhtémoc acumula más polémicas que meses en el cargo. Las ha tenido de todo tipo y con propios y extraños. Ahora fueron los locatarios del tradicional Mercado Hidalgo quienes exhibieron el incumplimiento por parte de Sandra Cuevas en las labores de mantenimiento del centro de abasto. Y lo hicieron de fea manera: con un bloqueo de seis horas del Eje Central y pancartas llenas de consignas impublicables. Apenas el pasado viernes hubo otro conflicto, con el Mercado de San Cosme, en donde la alcaldía se pelotea con la administración central la supervisión del inmueble. Y no, no son cuestiones políticas, pues la diputada que promovió que sea citada por el Congreso la semana pasada, por un altercado que ella misma tuvo con funcionarios de la demarcación, es de uno de los partidos que la llevaron al cargo. ¡Uf!
La operación de Maru Campos
Quien se recupera satisfactoriamente de una cirugía a la que se sometió el domingo pasado, para atender una hernia hiatal que sufría desde hace varios años, es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Se encuentra en recuperación y de buen ánimo, informó ayer en una comunicación oficial del gobierno de la entidad. La mandataria apenas la semana pasada estuvo atendiendo personalmente el asunto de las agresiones perpetradas por criminales en Ciudad Juárez hasta que la calma volvió a ese municipio. De ahí pasó directo al quirófano. De acuerdo con el médico que la intervino, la estancia hospitalaria es diferente en cada paciente, aunque normalmente son de dos a tres días y luego de dos a tres semanas de convalecencia en casa. Pronta recuperación.
Contra las cantinas a cielo abierto
Y es la alcaldía de Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, la que no quita el dedo del renglón en el objetivo de desmantelar las llamadas chelerías que tantos reclamos ciudadanos generan porque son auténticos focos de generación de violencia. Ahora fue en el famoso tianguis de La Bola donde la dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, a cargo de Obdulio Ávila, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del gobierno de la Ciudad de México y la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo y consiguió cerrar 16 locales en los que había venta ilegal de alcohol. “Les mandamos un mensaje claro, vamos a seguir realizando operativos en este tianguis, que es para visitar con la familia y que éstas se sientan seguras. No se va a consentir que esto sea una cantina a cielo abierto”, advirtió Ávila tras la acción de la autoridad, nos comentan.
Porfrio dispara de nuevo
Nuevo y filoso pronunciamiento, nos comentan, el que disparó ayer Porfirio Muñoz Ledo, ahora para oponerse a que, como lo ha planteado la 4T, la Guardia Nacional pueda ser adscrita al Ejército. “El primer deber de los ciudadanos mexicanos es hoy, denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar el país al término de este sexenio”, advierte en principio el exdiputado, quien después apunta: “El Presidente de la República en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado”. El aún integrante de Morena en un escrito que decidió titular: “Llamado a restaurar la República”, recalca enseguida: “Nuestros heroicos soldados no son “corcholatas” al servicio de caciques tropicales”. Y finalmente, tras pedir que los ciudadanos rechacen la provocación y la mentira, llama a ejercer el derecho sagrado, dice, de la resistencia a la opresión, porque “toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado”. Uf. (La Razón, La dos, p. 2)
Que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, agarró al vuelo la provocación desde Palacio y respondió que a ella no la traicionan los nervios ni le tiembla la mano, después de que Adán Augusto López quisiera matizar las declaraciones de la munícipe morenista en el sentido de que ni un solo ciudadano tiene por qué pagar las consecuencias de quienes no pagan sus facturas, a propósito de los disturbios, bloqueos e incendios de negocios. Por lo pronto el Presidente, el titular de Sedena y el propio secretario de Gobernación llamaron a “no magnificar, no exagerar y no ser amarillistas”. Bueno.
Que el sainete protagonizado por el priista Alejandro Moreno y los diputados de la mayoría de Morena tendrá este martes un nuevo episodio, pues, en su carácter de presidente de la Comisión de Gobernación en el Palacio de San Lázaro, Alito citó a reunión de trabajo a las once de la mañana, pese a que morenistas, verdes y petistas acordaron destituirlo la semana pasada en una acción calificada de ilegal por la fracción del PRI. Más que previsible es que los legisladores lopezobradoristas dejarán por enésima vez plantado al también dirigente nacional del tricolor e impedirán que la comisión reúna quorum para sesionar.
Que por cierto, entre los trabajadores del PRI hay malestar por las pruebas de polígrafo a las que fueron sometidos para saber quién se encargó de “alambrear” el teléfono de su dirigente, Alejandro Moreno, a lo que se suma que al interior y al exterior no se permite tomar fotografías. En este contexto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que hoy seguirá difundiendo audios del priista.
Que en opinión de Ricardo Monreal, hay dos respuestas a por qué AMLO no lo presenta como su gallo: porque no es corcholata o porque es su “arma secreta”. En su visita a Quintana Roo, dijo también que cualquier cambio de naturaleza jurídica de la Guardia Nacional requiere modificaciones a la Constitución, aunque él considera que debe mantener su carácter civil. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Las fuerzas armadas tienen décadas en labores de seguridad pública. Las realizan de manera inconstitucional desde que Felipe Calderón las sacó a las calles.
Lo peor de todo, desde entonces están “combatiendo” al crimen y los resultados son catastróficos: miembros de la delincuencia organizada empoderados, gobernando y asediando regiones enteras del territorio nacional. Narcoestados y narcogobiernos puestos al descubierto, no por México, sino por investigaciones abiertas en EU. Videos propagandísticos de decomisos, mientras circula el resto de la droga que abastece al mercado creciente. Pugna entre grupos. Actos terroristas en contra de la población, etcétera.
Andrés Manuel solo reconoció que dispararon directamente contra inocentes el 11 de agosto en Ciudad Juárez. Se quedó corto. ¿O cómo se le llama a la masacre de tres mujeres y seis niños y niñas de la familia LeBarón en 2019? Por poner un ejemplo de la crisis humanitaria, también en su sexenio.
Le pregunté al Dr. Alejandro Madrazo qué les diría a las personas que honestamente creen que no importa el Estado de derecho, sino que los soldados “enfrenten” a los cárteles.
Me respondió claro y directo: “Va a pasar lo que ha venido pasando desde Calderón.
Entre más tiempo lleva el Ejército a cargo de la seguridad pública, más inseguridad tenemos… Es una estrategia fallida que lleva más de 15 años fallando y va a seguir fallando. Y entre más falla, más la impulsamos. Porque entre más inseguridad hay, más nos dicen nuestros políticos ‘necesitamos al Ejército’… Estamos en un círculo vicioso de militarización que parece no tener fin”.
Cuando Calderón Hinojosa quiso cambiar la Constitución para que las fuerzas armadas estuvieran en tareas de seguridad interior (pública), vimos a López Obrador, Mario Delgado y demás seguidores rechazando la propuesta con pancartas en mano y discursos vehementes. Hoy se justifican diciendo que no son lo mismo porque, aunque hacen lo mismo, ellos son buenos.
FCH habló de necesitar más tiempo para que su estrategia funcionara. EPN presionó a medios para que no contabilizaran asesinatos. AMLO se convirtió, corregido y aumentado, en todo lo que tanto criticó. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
A eso de las dos y media de la tarde del 5 de agosto de 2010, en las entrañas de la mina cuprífera de San José, cerca de la comunidad de Copiapó, en el desierto de Atacama, Chile, se registró un derrumbe provocado por una explosión de roca. El primer reporte decía que 33 mineros habían quedado atrapados a 720 metros de profundidad, lo que luego se confirmaría.
Cuando se llegó a hablar, incluso se tomó la decisión, de abandonar los trabajos de salvataje, la pequeña comunidad, familiares, sobrevivientes y el país, llevaron al presidente Sebastián Piñera a corregir y redoblar los esfuerzos.
Los rescatistas hicieron contacto con los mineros, estaban vivos y a los 67 días del derrumbe, fueron todos rescatados a salvo. Fue un caso excepcional, pero documenta la decisión política, el esfuerzo y, sin duda, el milagro de Dios, milagro que se quedaron esperando los 65 mineros de Pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila, tras la explosión del 19 de febrero de 2006; milagro que hoy esperan los 10 atrapados en el pocito carbonífero de Agujita, en Sabinas, mismo estado de Coahuila, que mañana cumplen 15 días a 60 metros de profundidad, sin que los equipos de rescate hayan podido establecer contacto con ellos y sin que nadie ni nada, más que la esperanza y la fe, puedan creer que están vivos.
Detrás de esto, como en todos los desastres mineros, hay historias de corrupción y fallas oficiales en los gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena. Por más que lo nieguen ahora, como lo negaron en el pasado. Los muertos no mienten. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Leticia Ramírez, un enigma // De izquierda, a la SEP // Largo trecho con AMLO // ¿Y el proyecto?
Pocas designaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para cargos de primer nivel han resultado tan inesperadas como la de Leticia Ramírez Amaya en la Secretaría de Educación Pública. Su especialidad es la Atención a la Ciudadanía, cargo que ejerció con el político tabasqueño en la jefatura del gobierno capitalino y luego con el sucesor, Marcelo Ebrard. Hasta ayer fungía como directora del mismo rubro, en la Coordinación General de Política y Gobierno que ejercía César Yáñez Centeno, quien pasó a ser subsecretario de campaña de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación.
Fue profesora frente a alumnos más de 10 años, pero en las tres décadas recientes ha ocupado cargos en la estructura de las administraciones capitalina y federal (también fue asesora de Tania Müller en la Secretaría del Medio Ambiente, con Miguel Ángel Mancera como gobernante), ocupó la Secretaría de Organización de Prescolar, Primaria y Niveles Especiales en la chilanga sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), y en el Partido de la Revolución Democrática fue secretaria de organización del comité nacional, atenta al financiamiento y operación de las brigadas electorales del Sol Azteca.
Participó en la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, una de las múltiples fracciones del maoísmo, según señalan Sergio Dunstan y Érick Juárez en https://bit.ly/3SWummW. Vale leer, para contexto, Los caminos del maoísmo mexicano a través de tres personajes: El maestro Adolfo Orive Bellinger, el caudillo Aquiles Córdova Morán (dirigente de Antorcha Campesina) y la mujer empoderada, Rosario Robles, artículo de Ricardo Mendoza, https://bit.ly/3bUELyC. Ayer mismo, el dirigente actual de la sección 9 magisterial, Pedro Hernández, señaló en entrevista con Azucena Uresti que la nueva titular de la SEP no tiene prendas académicas o de investigación sobre el tema. Más que celebrar, es de preocupar tal nombramiento, señaló. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
Las denuncias que el exsenador panista Roberto Gil Zuarth realizó en junio pasado a través de Twitter, en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego Castillo, por presuntas irregularidades patrimoniales y financieras, llegaron a la Fiscalía General de la República.
Hoy forman parte de una de las carpetas abiertas por el fiscal Gertz Manero en contra de Nieto Castillo, al que Gil acusa de haber utilizado la UIF “para aumentar indebidamente su patrimonio y ocultar su origen y conformación”.
Según la denuncia que el exsenador amplió y ratificó hace unos días, Nieto Castillo, “por sí o por interpósita persona, creó y/o participó en el diseño, configuración corporativa, organización, aprovechamiento y/o utilización de una compleja estructura conformada por diversas empresas y personas físicas, destinadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o para evadir o eludir el pago de contribuciones fiscales”.
En la ampliación, el exsenador asegura que, luego de realizar en medios diversas declaraciones, recibió de manera anónima en su oficina documentos que prueban que el director de la UIF estaría involucrado en “la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros”.
Entre esos documentos había copias simples de dos denuncias dirigidas en diciembre de 2021 y enero de 2022 al encargado de la delegación metropolitana de la FGR, y de las cuales se han desprendido piezas periodísticas publicadas recientemente.
Una señala que en junio de 2019 Nieto adquirió un inmueble en Santa Fe, a través de la contratación de un crédito hipotecario de siete millones de pesos: para la adquisición del inmueble, se lee en la denuncia, pagó en efectivo 754 mil pesos e hizo una transferencia electrónica por un otros 446 mil. En su declaración fiscal y patrimonial de 2019, el funcionario, sin embargo, no reportó ingresos en efectivo.
Nieto le compró más tarde, a través de otro crédito, una propiedad en Querétaro a una empresa “que comparte la misma estructura organizacional, fue creada el mismo día y realiza operaciones habituales con otras dos empresas”: Comercializadora Inmobiliaria Codeinmex y Copalmex Desarrollos Inmobiliarios Mexicanos. El gerente de construcción de Copalmex era Jerónimo Nieto Castillo, hermano del exfuncionario, quien había sido apoderado de Codeinmex.
Según la denuncia, Codeinmex reportó pérdidas fiscales entre 2016 y 2019 por un monto aproximado de 162, 237, 746 pesos.
“Desarrollos Inmobiliarios Mexicanos —se lee más adelante— adquirió dólares americanos por un monto aproximado de 3,263,461,936.63 M.N. dos meses antes de vender a Santiago Nieto la propiedad. Los dólares americanos fueron trasferidos a cuentas bancarias en Colombia y Panamá”.
“Las actividades vulnerables de compra de divisa y transferencia de recursos por parte de una empresa que declara pérdidas fiscales en México, no fue atendida oportunamente por la Unidad de Inteligencia Financiera durante la gestión de Santiago Nieto, probablemente debido a la relación contractual derivada de la adquisición del inmueble y del vínculo laboral de Jerónimo Nieto con ese conglomerado corporativo”, asienta el documento.
Según la denuncia, a Gil le fue aportada información documental sobre “comprobantes, declaraciones fiscales, analíticos de empresas y operaciones financieras, estructuras corporativas de personas morales, así como elementos de identificación de personas físicas asociadas a dichas personas morales”.
Uno de los incisos del documento refiere que entre 2019 y 2020, Gustavo Adolfo Trolle, quien se desempeñó como secretario particular del extitular de la Fepade, y es socio de Corporativo Batrer —empresa dedicada a “servicios de protección y custodia”— destinó el 60% de sus ingresos a pagar supuestos servicios profesionales (asesoría jurídica) a Nieto Castillo.
Entre Trolle y Batrer, el exdirector de la UIF obtuvo ingresos adicionales a su sueldo como funcionario por más de 5 millones de pesos. Pero en su declaración patrimonial no reportó haberlos recibido, “lo que constituye la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal”.
En abril de este año, Nieto emitió una factura por 866 mil pesos, por concepto de arrendamiento de una propiedad en San Ángel Inn, a Álvarez & Barrios, S.A de C.V, uno de cuyos socios tiene como domicilio una modesta carnicería en Oaxaca y es becario de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese joven y otros encabezan como socios o representantes legales un complejo entramado de empresas.
En 2022, Álvarez & Barrios ha emitido CDFIs por un millón 800 mil pesos a otra empresa: CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, quien a su vez le ha pagado a Nieto un millón 400 mil pesos en el mismo periodo de tiempo.
La denuncia detalla movimientos de empresas que involucran a 29 personas, documentan operaciones millonarias “y fueron creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”: CAES y Álvarez & Barrios reciben dinero de las mismas empresas, “realizan operaciones entre sí” y “pagan a las mismas personas, entre ellas Santiago Nieto”.
Según fuentes de la FGR, las carpetas en manos de Gertz —enemigo declarado, como se sabe, de Nieto Castillo—, avanzan. ¿Irá Gertz por Santiago Nieto? (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 6)
Si la estrategia de López Obrador contra la violencia ha funcionado tan bien, ¿por qué ahora tenemos ataques terroristas? Si en sus conferencias mañaneras nos dice que está logrando acotar al crimen organizado, ¿por qué ahora se dan el lujo de disparar contra la población civil? Si cada que se le cuestiona sobre los resultados en materia de seguridad, contesta con que el balance es positivo, la incidencia delictiva está a la baja, ya no hay masacres ni violaciones a los derechos humanos, ¿por qué le urge volver a la Guardia Nacional parte del Ejército, por qué propone que los militares se queden en las calles incluso después de que termine su sexenio?
El lunes de la semana pasada, el presidente amagó con emitir un decreto por el que la Guardia Nacional pasaría oficialmente a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta propuesta —evidentemente inconstitucional— fue acompañada por el anuncio de una iniciativa de reforma que pretende eliminar el carácter civil de esta corporación para incorporarla legalmente a la estructura del Ejército mexicano, dizque para evitar la corrupción y uso político de esta institución.
Todo eso contradice flagrantemente el discurso triunfalista de que la estrategia contra la violencia funciona muy bien. Si realmente funcionara, López Obrador estaría planteando lo contrario: regresar gradualmente a los soldados a sus cuarteles y sustituirlos por una policía (Guardia Nacional) bien preparada.
Solito se exhibe. Y no le importa violar una de sus más repetidas promesas de campaña, con la que fustigó lo mismo a Felipe Calderón que a Enrique Peña Nieto: el Ejército no debe hacer tareas de policía, no debe la calle estar llena de militares.
Es evidente que la iniciativa de reforma del presidente va a fracasar. Él sabe que no cuenta con los votos suficientes en el Legislativo. ¿Por qué lo hace? Porque no le importa perder el país con tal de ganar la campaña. Puede perder la votación en el Congreso, pero va a ganar el slogan:
Sucedió ya con la reforma energética. AMLO sabía que no se aprobaría, pero aun así la envió al Congreso para poder tachar a sus rivales de vendepatrias. Sucederá lo mismo con la militarización de la seguridad pública: el presidente sabe que el Ejército es la institución más popular, que en los lugares más azotados por el crimen la ciudadanía ruega porque no se vayan los militares. De eso se está colgando. Ya sus voceros están difundiendo la frase: ¿entonces lo que quieren los opositores es que los militares dejen de cuidar a la gente? Nunca nadie ha propuesto eso. La alternativa —en su momento enarbolada por AMLO— ha sido retirar gradualmente a los militares y suplirlos con una nueva policía preparada. Lo sabe, pero no le importa mentir. Es campaña.
Los hechos de violencia —que califican como terrorismo— de los últimos días, le cayeron “como anillo al dedo” al intento presidencial de hipermilitarizar la vida pública.
Es una jugada de alto riesgo para la estabilidad democrática del país porque cambia la balanza en la relación que la siguiente administración federal tendrá con las fuerzas armadas: llegará con un Ejército que ocupa áreas estratégicas del Estado mexicano y que cuenta con carretadas de dinero administradas de forma discrecional; por tanto, el próximo gobierno estará obligado a negociar con las fuerzas armadas, no a dirigirlas. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 9)
Quienes la conocen y la han tratado hablan de ella como “una mujer muy amable y de muy buen trato”; sus compañeros la definen como una militante “de lucha” y una mujer “de toda la confianza” para el presidente; los opositores y los expertos en educación le cuestionan su “falta de experiencia en materia educativa” y por tratarse más de un nombramiento que profundizará el deterioro de la SEP y la implementación de un modelo ideologizado en la educación pública.
El nombramiento de la maestra Leticia Ramírez Amaya, hasta ayer coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, como la nueva secretaria de Educación Pública cumple, en todo caso, con la máxima de López Obrador para designar a los miembros de su gabinete. “Lety”, como la llama afectuosamente el presidente, es 90% lealtad y cercanía (lo que según afirma el tabasqueño garantiza “honestidad”) y si acaso un 10% de experiencia y trayectoria en el cargo que ocupa, por sus 12 años de haber sido maestra de primaria y dirigente de las secciones del SNTE y la CNTE en la Ciudad de México.
Durante los últimos 18 años, desde 2006 en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, Leticia se convirtió en la “gestora” de confianza de López Obrador para atender las demandas y peticiones de la ciudadanía. Ya incluso en la campaña del entonces candidato del PRD, la maestra que desde entonces tenía vínculos cercanos con René Bejarano y Dolores Padierna, tenía una oficina en el Palacio del Ayuntamiento, un espacio que le concedió la entonces Jefa de Gobierno, Rosario Robles, para que procesara y respondiera las peticiones que le hacían en campaña a Andrés Manuel.
En las tres campañas presidenciales de López Obrador estuvo siempre cerca y, tras la caída de Bejarano, por los videoescándalos, ella afianzó su cercanía con el tabasqueño y se vinculó muy estrechamente a otro político de Tabasco: Adán Augusto López. A partir de 2018 asumió la Coordinación de Atención Ciudadana, el filtro de Palacio Nacional, por donde pasan todas las quejas, denuncias, peticiones y hasta las protestas y manifestaciones que le hacen al presidente. Desde ahí no sólo reafirmó su cercanía y lealtad, sino que se volvió una pieza clave para definir los temas y asuntos que le llegaban o no al presidente.
Su nombre para llegar a la SEP comenzó a sonar desde hace una semana. Se decía en círculos de la 4T y en algunos portales afines al gobierno, que su nominación como secretaria estaba siendo impulsada por su amigo Adán Augusto, a partir de la confianza que él sabía bien le tenía el presidente. Se habló incluso de que la propuesta de la maestra Leticia Ramírez se enfrentaba a las candidatas que empujaba la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que quería aumentar su influencia en el gobierno y controlar la Secretaría de Educación con los nombres de María Elena Álvarez-Buylla, polémica directora del Conacyt, y con la actual secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
Con esos nombres y el jaloneo entre Adán Augusto y Beatriz Gutiérrez, se desechaban los otros nombres que en un principio sonaron para el relevo en la SEP: el de Juan Ramón de la Fuente, a quien veían cercano a Marcelo Ebrard, y el del subsecretario Luciano Concheiro, quien se decía vinculado a los grupos duros cercanos a Claudia Sheinbaum. Al final, el anuncio de ayer del presidente López Obrador, cuando presentó afectuosamente a la “maestra Lety”, habría dejado en claro que la posición fue para Adán Augusto, pero con un reparto de subsecretarías, según afirman en Palacio Nacional, la de Educación Básica sería para quien decida la señora Gutiérrez Müller, lo que también se ve como una concesión a Sheinbaum.
Haiga sido como haiga sido (diría el clásico), el caso es que Leticia Ramírez Amaya ya es la nueva titular de la SEP y ayer mismo recibió el despacho de manos de su antecesora Delfina Gómez que dejó botado el cargo para irse a hacer campaña al Estado de México un año antes de las elecciones para gobernador. Sin poner en duda las capacidades o talentos de la segunda maestra que ocupará el despacho histórico de José Vasconcelos, y aún si se le concede el beneficio de la duda, hay muy pocas expectativas de que doña Leticia vaya a convertirse en una gran secretaria de Educación, sobre todo por las condiciones lamentables en que recibe la SEP: con severas afectaciones al aprendizaje en la educación básica por la pandemia; con elevados niveles de deserción escolar por el mismo problema y sin planes o programas que busquen no sólo medir, sino resarcir y subsanar esas problemáticas graves que marcarán a toda una generación de niños mexicanos.
En todo caso, lo que confirma el nombramiento de la nueva titular de la SEP es que para el presidente López Obrador la educación nunca fue una prioridad y que, ante esa apatía en la que decidió poner la educación pública en manos de obedientes e incondicionales, más que de expertos, científicos o técnicos, su única apuesta en materia educativa la definieron los sectores más duros y radicales de su gobierno y no buscó jamás una mejoría o un cambio importante en los planes y programas educativos, sino un viraje ideológico que, con el pretexto de desterrar “la educación neoliberal” impondrá ahora programas de adoctrinamiento e ideologización política para los niños y adolescentes con contenidos afines a su proyecto político.
La principal razón por la que Esteban Moctezuma abandonó la SEP y fue enviado al exilio diplomático en Washington —importante sin duda, pero al final exilio—, fue porque se negó a desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el presupuesto de 2021 tal y como se lo pedía el presidente. “Yo no puedo eliminar un programa que funciona y que incluso está reconocido a nivel internacional, si usted quiere hacer eso nombre a otro secretario”, le dijo Moctezuma al presidente a finales de 2020. Y en febrero de 2021 López Obrador nombró a Delfina Gómez y mandó a Esteban a la embajada mexicana en Estados Unidos. Ayer, en esa misma lógica, nombró a “Lety” de quien dijo, como principal referencia, es “otra maestra”. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 7)
La designación de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública define con toda nitidez lo que tiene en la cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: no es la construcción de un país con desarrollo, sino el control político; no un gobierno que busque el progreso nacional, sino el poder por el poder mismo. La descripción puede no ser del todo novedosa, luego de tres años y medio de ver lo consistente que ha sido en esas líneas de acción, pero es totalmente un insulto a todos, y un desprecio por la nación, que el principal motor de avance, como es la educación, se subordine a su obsesión de mando.
López Obrador había prometido que nombraría a una mujer con conocimiento, lo que entendimos todos que se refería al entendimiento amplio y profundo del tema educativo. Lo que entregó este lunes como nueva secretaria de Educación no se apega a nada de ello. Haber egresado de la Escuela Nacional de Maestros y dado clases en primaria hasta 1984, no hace a Ramírez una conocedora, o experta, ni garantiza capacidad de gestión, dirección y liderazgo. No terminó la carrera de antropóloga social en la Escuela Nacional de Antropología, lo que no la define necesariamente como una mal estudiante, sino como una persona con inquietudes políticas que no encontraba desfogue en las aulas.
Ramírez, una mujer reconocida, por quienes la han tratado, como una buena persona, servicial y amable, no tiene credencial alguna en materia educativa. Trabajó en las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas de 1994 y 2000, tras lo cual se fue a trabajar con López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México en el área de Atención Ciudadana. El cargo lo repitió en el siguiente gobierno capitalino, con Marcelo Ebrard, y transitó a la administración de Miguel Ángel Mancera como asesora de Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente.
Sin credenciales académicas o experiencia, probablemente es la titular de Educación más débil que haya llegado al puesto. Entrará oficialmente esta semana como relevo de Delfina Gómez, que fue un desastre en la SEP y no pudo continuar con lo poco que había construido su antecesor, Esteban Moctezuma. Gómez, sin embargo, tenía otro ropaje político, como senadora y excandidata al gobierno del Estado de México, contra el de Ramírez, que de un puesto en la Presidencia nivel 6, saltó al nivel 2, que podría ser una especie de salto cuántico en la política.
Desde el punto de vista educativo, es un enorme brinco para atrás. La SEP ya estaba devaluada con Gómez, que tenía tan poco peso dentro del gabinete, que ni el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ni el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón, la recibieron nunca pese a las citas que pedía regularmente para ver asuntos presupuestales. Ramírez dependerá sólo de una llamada del Presidente para que la atiendan, pero aun si esto se da, no va a entender de lo que le están hablando. Las finanzas y los presupuestos, como la educación, no son lo suyo.
Sus atributos son otros. “Lealtad” es el activo moral que le adjudicó López Obrador, lo que es fundamental en este gobierno, donde la capacidad es irrelevante frente a la incondicionalidad. Pero hay otro que se inscribe entre lo único que le interesa realmente a López Obrador, que es el afinamiento de su máquina electoral para ganar elecciones. Ramírez es una pieza importante, al haber sido secretaria general de la Sección 9 del magisterio, que se encuentra en la Ciudad de México, donde el poder está dividido entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia. Los maestros son piezas estratégicas clave en las elecciones, y pueden definirlas con el voto corporativo.
La idea es que, como Ramírez tiene buena relación con sindicato y coordinadora, será un buen puente en la negociación política con ambas. Si bien la nueva titular de la SEP está incapacitada para encabezarla, entra naturalmente en el andamiaje político-electoral para el control del país, donde uno de los principales estrategas del Presidente es su segundo hijo, Andrés López Beltrán, el más político de sus hermanos adultos, que hace años está involucrado en la operación electoral.
López Beltrán ha colocado funcionarios clave en diversos puestos de la administración, aunque el más importante, quizás, es precisamente el que recayó en De Botton Falcón, al ser quien determina cuánto y a dónde se dirige el presupuesto. El perfil de Ramírez encaja en esta maquinaria. Incluso, sin decirlo abiertamente, el Presidente habló de su paso como líder de la Sección 9 como una de las variables que le permitieron acceder al cargo.
Para quienes están en el sector educativo está claro que el objetivo del Presidente al designarla secretaria no es el mejoramiento del sector, ni resolver los retrocesos que se agudizaron durante la pandemia del coronavirus. Tampoco es algo nuevo en la lógica política lopezobradorista de pauperizar a la sociedad y destruir los pilares que lo impedirían, como es la educación.
Su nombramiento no gustó en absoluto, pero difícilmente alguna institución hará pública su posición. Hoy se reúne el consejo general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la más golpeada y abandonada por la SEP, pero no se espera una postura contra Ramírez. No mejorará la situación para ellas, ni para secundaria, o primaria incluso. Al Presidente sólo le interesan los votos y todo aquello que pueda acarrearlos, como los maestros y el programa de becas.
La decisión de nombrarla fue guardada con mucho hermetismo. Las cartas que se manejaron en la prensa fueron descartadas rápidamente. Se pensaba, en todos los ámbitos fuera del despacho presidencial, que sería alguien con experiencia en el sector educativo para el relevo, no que la designación tuviera un perfil político-electoral. El Presidente volvió a engañar con la verdad que grita todos los días, el control, el poder y las estrategias para 2024. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
¿Qué podemos esperar exactamente en un mes, el próximo 16 de septiembre, además del desfile y el fervor nacionalista?
Un pronunciamiento del presidente López Obrador respecto al procedimiento que han iniciado en el marco del TMEC debido a medidas de política energética en México, tal y como se ha anunciado.
En torno a este planteamiento se ha especulado mucho, pues el presidente fue suficientemente vago para que se pensara que podría venir cualquier cosa.
Los más extremistas señalan que se tratará de un discurso en el que sugerirá que México podría abandonar el TMEC, en caso de que las presiones de Estados Unidos y Canadá afecten nuestra soberanía.
Otros dicen que, como en el caso de la amenaza de imposición de aranceles en la era Trump, el presidente aceptará los reclamos de Estados Unidos.
Me parece que ni uno ni otro planteamiento tienen razón.
López Obrador entiende la relevancia de la relación que tenemos con Estados Unidos y que es organizada a través del TMEC.
Igualmente, piensa que Morena y su proyecto permanecerán en el poder después del 2024 y no estaría dispuesto a generar una hecatombe financiera al salir del TMEC, pues la consecuencia no sería solamente pagar más aranceles sino generar una gran incertidumbre que tendría consecuencias en muchos ámbitos y amenazaría la continuidad de su proyecto político.
Tampoco creo que se pueda utilizar la analogía del uso de la Guardia Nacional en los tiempos de Trump, empleada para contener el flujo migratorio de Centroamérica, como un antecedente de la forma en la que se va a contestar al actual reclamo.
Los tiempos, las circunstancias y los personajes son otros.
El gobierno mexicano seguramente no va a admitir que las decisiones que ha tomado en materia de energía son violatorias del TMEC.
El proceso legal va a continuar y tendrá un desenlace hasta finales del 2023 o incluso en 2024.
AMLO no va a retirar a los negociadores del gobierno y va a continuar por los cauces que indican la reglas del TMEC.
Por esa razón, creo que el pronunciamiento del 16 de septiembre podría ser anticlimático.
La declaración o el discurso del presidente tendrá un indiscutible ingrediente nacionalista, señalando que la soberanía nacional es el valor supremo que se va a defender a toda costa.
Pero, probablemente dirá que quienes quieren ver un pleito entre su gobierno y el de Biden se van a quedar con las ganas, porque México busca cooperación con los norteamericanos y espera que se respeten nuestras decisiones soberanas.
No creo que el 16 de septiembre redefina nuestras relaciones con Estados Unidos.
Cuando se concluya el procedimiento fijado por el TMEC y eventualmente se establezca un fallo que podría ser desfavorable, seguramente se van a ponderar costos, y quizá aun en medio de protestas, se asuma la imposición de aranceles como un precio que debemos pagar por defender nuestra soberanía.
El presidente López Obrador es suficientemente hábil para encontrar un tono en el que satisfaga los impulsos nacionalistas de sus seguidores y al mismo tiempo no genere una alarma mayor entre los inversionistas.
Estamos aún a muchos meses de que nos impongan sanciones; también estamos lejos de que Morena tenga que preocuparse por sus opositores en las elecciones federales; estamos más cerca de que la inversión norteamericana siga creciendo en México por los procesos de relocalización manufacturera; estamos con problemas concretos de abasto de energía eléctrica en ciertas regiones, que es el factor que más inhibe a la inversión, que no un tema ideológico.
No descarto que en algún momento del siguiente año o en el camino de las elecciones del 2024, pudieran presentarse otros escenarios donde la visión del gobierno estuviera volcada a la visión nacionalista al margen de lo demás.
Pero, por ahora, sigo pensando que el 16 de septiembre estará lejos de ser el llamado a la insurrección nacionalista que muchos esperan. (Enrique Quintana, El Financiero, PÁGINA DOS, p. 2)
Afirmar, como lo hizo ayer el Gabinete de Seguridad, que la violencia registrada en los últimos días en Guanajuato, Jalisco, Michoacán Chihuahua y Baja California es “propaganda criminal” para generar “psicosis social” es un poquito más que demagogia: es ridículo.
El régimen se quiere tapar los ojos para no ver el fracaso de la política de “abrazos, no balazos”, que se tradujo en un total de 196 homicidios en sólo tres días: viernes, sábado y domingo. Un promedio de 65.3 al día, según datos del Gabinete de Seguridad. El número hasta lo presume el citado gabinete como el tercer fin de semana con menos homicidios dolosos este año. ¿Pues cómo estarán los otros?
A AMLO le saca ronchas que se hagan públicos los hechos de violencia que cotidianamente ocurren en país de la 4T.
Volvió a irse contra Reforma, al que comparó con la extinta revista Alarma!, y sumó a la corresponsal independiente en Washington Dolia Estévez al “hampa del periodismo”, por criticar el terror que hay en México. Dice que “crean un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno, aun con la mentira…”.
¿La mentira? ¿No hubo en estos días terror narcobloqueos? ¿Oxxos y otras tiendas de conveniencia incendiados? ¿Pasajeros de automóviles y autobuses bajados de vehículos que luego quemaron? ¿Muertos? ¡Ah, sí!, los otros datos. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Por cerca de tres décadas, la comunidad internacional ha hecho presencia en Haití a través de diferentes organizaciones, países e instituciones. No obstante, la nación caribeña vive el momento más desafiante de su historia.
La ONU ha tenido presencia con varios proyectos y misiones desde 1947, siendo la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) la más destacada.
La OEA, por su parte, ha estado presente desde 1956 con proyectos que incluyen Misiones de Observación Electoral, modernización del sistema de registro civil, proyectos de fortalecimiento institucional y anticorrupción, entre otros.
Sin embargo, pese a los constantes esfuerzos internacionales, la situación se hace cada vez más desesperada. Lamentablemente, el país no ha logrado construir un modelo de desarrollo que permita a su población salir de la permanente crisis política, económica y social, que se complejiza aún más a causa de los desastres naturales que han azotado a la isla en varias ocasiones.
Ante una situación tan precaria, la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, emitió el 8 de agosto un comunicado muy relevante sobre la situación de Haití, en el que subraya que, a pesar de más de 20 años de presencia internacional, no ha sido posible facilitar la construcción de instituciones con capacidad de responder a los problemas más urgentes.
La inhabilidad de la comunidad internacional, sumada a los problemas ancestrales de Haití, ha detonado el surgimiento de bandas criminales que han provocado el empeoramiento de la desinstitucionalización y la crisis política.
En el contexto actual no existe un sistema de balances, ni en el sistema político ni en la dimensión social; por el contrario, persiste la violencia, el mal uso de la fuerza interna, instituciones fallidas y una falta evidente de capacidades en la sociedad civil. Como lo señala con precisión Luis Almagro, para alcanzar la paz e iniciar un proceso de reconstrucción democrática, el primer paso es el esclarecimiento de la verdad y que haya justicia en torno al asesinato del presidente Jovenel Moïse. (Francisco Guerrero Aguirre, Excélsior, Nacional, p. 12)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 10 de agosto el amparo promovido por las familias de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, exmilitantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en favor del derecho humano de toda persona desaparecida y de sus familias a la búsqueda, a la verdad, a la justicia y reparación del daño causado por hechos tan lamentables como la desaparición forzada en nuestro país.
La desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya se registró en un contexto de inconformidad social tras las acciones de persecución y represión del entonces Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en contra del magisterio y de las organizaciones sociales organizadas en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La Comisión de Mediación que se creó para investigar estos hechos señaló que el motivo de su desaparición obedeció a su participación política en el EPR y que en ésta participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y policías ministeriales y estatales, coordinados desde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Por su parte, las familias han señalado que sus familiares fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y posteriormente trasladados al Campo Militar número uno y que desde ese momento se desconoce su paradero.
En julio de 2014, el Poder Judicial de la Federación ordenó la búsqueda y localización de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en centros militares, de Seguridad Nacional, PGR y de la entonces Policía Federal. Actualmente hay ocho personas detenidas en diversos penales federales, y otras más se encuentran bajo proceso de investigación como el exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Parte de las exigencias de los familiares ha sido el castigo a los autores materiales responsables de la desaparición forzada, así como de los integrantes de la cadena de mando que ordenó y ejecutó este crimen de Estado.
Uno de los mayores problemas ante la desaparición forzada es la falta de sensibilidad de la autoridad y la impunidad ante este delito. En la búsqueda de sus seres queridos, las familias enfrentan la indolencia de jueces y ministerios públicos para realizar las investigaciones necesarias. La lentitud de los procedimientos judiciales y la negativa al amparo en materia de desaparición, se convierten en un calvario que genera un vacío legal para acceder a la justicia.
Con la resolución de la Corte se fortalece el derecho de toda persona a ser buscada. A la búsqueda en vida de personas desaparecidas y, en su caso, a la búsqueda, identificación y trato digno de quienes perdieron la vida, y de los familiares favoreciendo el acceso a la justicia y con ello erradicar las graves violaciones cometidas por las autoridades en materia de represión política y desaparición forzada poniendo en el centro el derecho de las personas.
En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia establece lineamientos para el despliegue de las facultades en la búsqueda y localización de toda persona desaparecida encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que fortalece el enfoque de derechos humanos, se combaten inercias institucionales, complicidades, corrupción y por lo tanto impunidad, lo que representa un llamado a las instituciones a sumar esfuerzos, dejar de lado el celo institucional y garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, y acceder a la justicia. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)