En Aeromar, como en Mexicana y en tantas otras, los que volaron fueron los dueños. (La Jornada, Contraportada)
EL FUTURO del Instituto Nacional Electoral se ve más negro que un espejo de obsidiana, pues los anti-INE dominan el comité que seleccionará a quienes aspiren a ser consejeras y consejeros.
SIN PUDOR, los morenistas impusieron a los suyos, lo que significa que van por la demolición de las instituciones electorales, no por su fortalecimiento. De los siete integrantes, cuatro son claramente porristas de la 4T y dos de ellos, de plano, no ven más allá de las mañaneras.
UNO ES Enrique Galván Ochoa, cuyo mérito es ser columnista de La Jornada. La obra de este “intelectual” incluye una oda, agárrense, ¡a Luis Echeverría! En el libro “El Estilo de Echeverría”, el periodista afirma que como Presidente “se ha empeñado en instaurar un cambio en la realidad nacional, desde sus estructuras económicas y políticas hasta las mentales”. Suena conocido, ¿no?
EL OTRO impresent… perdón, el otro polémico seleccionador es Andrés Norberto García Repper Favila, un abogado que se dice experto en temas electorales, aunque no se le conoce trabajo en esa materia. Por lo único que se le conoce es por sus iracundos tuits en favor de la 4T y, claro, en contra del INE.
LA IGLESIA en manos de Lutero, sin duda, habría tenido mejor perspectiva.
¡AH, CARAY!, exclamaron algunas personas en el Poder Judicial cuando vieron a la jueza Olga Borja Cárdenas encabezar una plática-desayuno patrocinada por el despacho Sáinz Abogados. Dicen que ahí podría haber algo parecido a un conflicto de interés.
SI BIEN el encuentro fue bajo el amparo del IWIRC, un organismo internacional de expertas legales en temas de insolvencia y reestructuración, tanto el Código de Comercio como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prohíben ese tipo de convivencia entre un juzgador y alguna de las partes en litigio.
Y HASTA donde se sabe, Sáinz Abogados litiga algunos casos en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles… que justamente encabeza la jueza Borja Cárdenas. ¡Vaya coincidencia!
ALLÁ en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega le quitó a la gente la posibilidad de escoger en elecciones libres… y México no dijo nada. Después les quitó la libertad a los opositores… y México siguió sin decir una palabra. Ortega persiguió y encarceló periodistas, políticos, empresarios, mujeres y hombres por igual, y hasta sacerdotes. ¿Y México? Shhh… Ahora, a quienes no piensan como él, Daniel Ortega les arrebató su patria, echándoles del país y cancelándoles la nacionalidad. Ante estos atropellos, el silencio del gobierno mexicano resulta escandaloso. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
El auditor superior, de pedir cuentas… a rendirlas
Nos recuerdan que el próximo lunes la Auditoría Superior de la Federación presentará la tercera entrega de fiscalizaciones a la Cuenta Pública 2021, pero lo interesante es que su titular David Colmenares tendrá que responder los cuestionamientos de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que asegura que la ASF acumula un enorme rezago que arrastra en la recuperación del dinero no justificado o mal aplicado en toda la administración federal. El problema, nos dicen, es que se acerca la fecha de prescripción para rescatar esos miles de millones de pesos y sólo se ha recobrado la quinta parte de lo mal ejercido. Esta tercera entrega será la más nutrida, con 955 auditorías que tienen que ver con programas de seguridad, educación, salud y compra de medicamentos, entre otros. Nos cuentan que la duda, sobre todo en la oposición, es si el retraso es por incompetencia o por falta de ganas de poner bajo la lupa al gobierno. ¿Cuál será peor?
Panista, calderonista y cabezadevaquista, candidato de Morena
Nos cuentan que Morena está dividido en Tamaulipas, donde la última elección de gobernador estuvo muy polarizada. Nos detallan que entre los morenistas causó confusión el aval a José Ramón Gómez Leal como candidato para competir el próximo domingo por el escaño que quedó vacío por la muerte del senador Faustino López. No es secreto que don José Ramón tiene una larga trayectoria panista ni que es cuñado del exgobernador blanquiazul Francisco García Cabeza de Vaca. Por si fuera poco, nos hacen ver que la militancia de izquierda no olvida el apoyo que dio en su momento a Felipe Calderón, a quien en Palacio Nacional consideran archienemigo. Cosas del pragmatismo electoral.
Pilotos buscan apoyo de senadores contra el cabotaje
La iniciativa de reforma que permitiría el cabotaje preocupa tanto a los pilotos agrupados en ASPA que a pesar de que el tema está en la Cámara de Diputados, ya se reunieron con senadores de todos los grupos parlamentarios. Entre los senadores de Morena que han recibido a los pilotos, nos cuentan, está la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, a quien le expresaron los riesgos de permitir que aerolíneas extranjeras presten servicio en rutas nacionales. De paso, nos comentan, le manifestaron su inconformidad por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una línea aérea del gobierno operada por militares. A los legisladores ya les quedó claro que los pilotos consideran esas decisiones del gobierno inoportunas, en un momento en el que el mercado aéreo nacional está en crisis por la desaparición de aerolíneas. ¿Les harán caso?
Se preparan para controversia de EU por el maíz
Nos cuentan que en el Senado de la República ya están analizando los escenarios y repercusiones económicas negativas para el país y para los consumidores mexicanos, por la previsible controversia de Estados Unidos por el caso del maíz genéticamente modificado y el decreto presidencial que prohíbe su importación. Los legisladores de oposición señalan que no hay argumentos legales para esta decisión ni mercado que pueda sustituir dichas importaciones. Nos detallan que los legisladores prevén que no servirá de mucho para evitar el litigo comercial el aparente ajuste de última hora que suavizó los términos del decreto. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)
Que el subconsciente jugó ayer una mala pasada a Andrés García Repper, integrante del Comité Técnico de Evaluación para la selección de aspirantes al Consejo General del INE, pues durante la instalación de ese grupo en la Cámara de Diputados, el abogado y consultor, identificado por la oposición como un perfil afín a Morena, aseguró que el procedimiento para la elección de los nuevos consejeros electorales “está arreglado”, aunque de inmediato se corrigió y dijo “reglado, no arreglado”.
Que en la comunidad universitaria explotaron contra la suspensión provisional otorgada a la ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM se abstenga de difundir información sobre la investigación del plagio de tesis, por considerar que se debe privilegiar la presunción de inocencia, y consideraron que se trata de “patadas de ahogada” sustentadas en un intento de amordazar a una institución autónoma por encima de garantías individuales como la libertad de expresión y el derecho a la información. En resumen, dicen, es un absurdo.
Que Demián Bichir no ocultó su emoción durante la comparecencia de su papá, Alejandro, en comisiones del Senado donde fue ratificado como embajador de México en Panamá, no perdió la oportunidad y tomó fotos con el celular cuando su padre exponía su propuesta de trabajo y respondía a los legisladores. Después de la comparecencia se le vio emocionado y se dijo sorprendido de que una reunión entre el hoy diplomático y Andrés Manuel López Obrador le cambiara el rumbo al director teatral.
Que el Gobierno de Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, la dirección del Metro y su sindicato acordaron que a partir del 26 de febrero revisarán los más de 300 trenes que operan en las 12 líneas del sistema para atender oportunamente las fallas que presenten sin frenar el servicio ni afectar a los usuarios. Los tres elaborarán un proyecto de presupuesto para el mejoramiento del servicio y el STC y, de concretarse, se dará un paso importante hacia la búsqueda de soluciones por encima de las diferencias. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Boluarte le abre otro frente a AMLO
Airado reclamó lanzó la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador, porque “no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, que debió cederse en enero pasado. La mandataria considera que esa situación perjudica a todos los miembros de ese bloque y señaló que el mexicano actúa por motivos políticos. Otro frente que cae en la cancha del canciller Marcelo Ebrard.
Preparan fin al arraigo
Atendió la bancada de Morena en San Lázaro la sentencia de la CIDH para derogar el arraigo. A nombre de la fracción parlamentaria, la diputada Aleida Alavez presentó una iniciativa para eliminar esa figura, aunque, por supuesto, endosó al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, los abusos cometidos con ese recurso.
Ratifican a Bichir
Ratificado quedó en las Comisiones del Senado el nombramiento del actor Alejandro Bichir Batres como embajador en Panamá, cargo que rechazó la comediante Jesusa Rodríguez. Pero lo que armó más alboroto en el recinto fue la presencia del también actor Demián Bichir, quien acompañó a su padre en su comparecencia.
Nos lo dijo Delgado
Nos cuenta el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que sí habrá piso parejo para las corcholatas presidenciales en su ruta al 2024, que no habrá renuncias anticipadas de éstas y que no le desagrada la idea de ser aspirante a la jefatura de Gobierno, aunque no se encarta. Lo dijo en reunión con directivos y columnistas de Heraldo Media Group.
Morena candidatea a panista
Muy desanimados están varios seguidores de Morena en Tamaulipas, de cara a la elección extraordinaria para senador. Y es que la cúpula del partido se montó en su macho y lleva como candidato a Juan Ramón Gómez Leal, panista y cuñado del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Muchos creen que esa batalla, y el escaño, están perdidos. (El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Extitular de la PF podría demandar por daño moral
Hace años, en Notimex, la agencia de noticias del Estado, a alguien se le ocurrió ilustrar una nota sobre Iván Reyes, la Reyna, delincuente confeso y sentenciado, con la fotografía de Manelich Castilla Cravioto, excomisario de la Policía Federal. Desde entonces, el ahora exfuncionario ha emprendido una batalla, sin más recursos que sus redes sociales, para que se deje de usar su imagen cuando se refieren al capo. Tan no lo ha logrado, que ayer en Palacio Nacional presentaron la foto de Castilla para referirse al sentenciado delincuente. El afectado mandó una carta aclaratoria al vocero presidencial, Jesús Ramirez. Aunque nada le impediría interponer una demanda por daño moral, esta sí con fundamento… no como otras.
Padre de Checo Pérez, de corcholata jalisciense
El diputado federal de Morena, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, se enlistó ayer como corcholata local de Jalisco y expresó que, “pero por supuesto”, aspira a ser gobernador de su estado. Y como primer acto de campaña, desde un restaurante del Palacio Legislativo de San Lázaro, lanzó el primer reto a la oposición: “¡Ya dejen de vociferar! Si de verdad apoyan a los niños con cáncer, por cada peso que ustedes aporten en su ayuda, yo aporto una cifra igual, y lo hacemos con dos fundaciones que ustedes elijan”. Con esto, abandonó sus aspiraciones de ser presidente de la República, como lo expresó en varias ocasiones. “¡Claudia Sheinbaum me convenció y estoy con ella hasta la muerte!”, confesó con el acelerador a fondo.
Cae una del círculo de Taboada
Ya se empiezan a notar las grietas en el equipo de Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez. De los tres funcionarios de su primer círculo, a la única que al parecer no le avisaron de la inminente captura por delitos relacionados con una presunta red de corrupción en la construcción de inmuebles fue a Adelaida “N”, exdirectora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos. Sólo Víctor “N” y Emilio “N” se dieron a la fuga. ¿Será que Adelaida se acoja al criterio de oportunidad y ‘suelte la sopa’ sobre el llamado cártel inmobiliario?
La Conago revive
Con la novedad de que el Senado será sede de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Resulta que Salomón Jara, góber morenista de Oaxaca y actual presidente de la Conago, ayer sostuvo una encerrona con el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. El oaxaqueño planteó la posibilidad de un encuentro entre gobernadores y senadores para realizar una serie de planteamientos que fortalezcan el federalismo y la autonomía de los estados. En respuesta, el legislador zacatecano expresó su disposición de realizar la reunión, cuya fecha aún está por definirse.
Inai, al borde de la inacción
Ayer, los escasos cinco comisionados que aún quedan del Inai, encabezados por su presidenta, Blanca Lilia Ibarra, se reunieron a puerta cerrada con el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, para solicitarle realizar cuanto antes los dos nombramientos de comisionados pendientes y emitir la convocatoria para elegir al sustituto de Francisco Javier Acuña, quien concluye su gestión. Luego del encuentro, Monreal publicó un video en el cual argumenta que el Senado tiene casi 130 nombramientos pendientes; sin embargo, “nos preocupa mucho el ambiente que se polariza y se confronta”. Es decir, no hay para cuando.
Panista de piel guinda
A Morena se le complican las cosas para la elecciones extraordinarias del domingo en Tamaulipas. A unos días de la cita para elegir al senador que ocupará el lugar del fallecido senador Faustino López, su candidato José Ramón Gómez Leal no tiene la situación a su favor, porque en el electorado morenista pesa de manera negativa su trayectoria o formación conservadora en las filas del PAN. Un conservador con piel guinda, nos dicen. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 41)
Sin el diputado 66
Y en donde no terminan por ponerse de acuerdo es en el Congreso de la Ciudad de México, sobre qué hacer con la curul que está vacía desde hace varias semanas. Ese lugar le corresponde al excoordinador de la bancada del PAN, Christian Von Roehrich, sobre quien pesa una orden de aprehensión desde diciembre pasado. Ayer acumuló seis faltas consecutivas, con lo que ya se rebasó lo que establece el Reglamento Interior —5 faltas— para que sea llamado su suplente. El problema es que si esto ocurre, Von Roehrich perderá el asiento de manera definitiva. Por eso, los panistas han hecho hasta lo imposible para estirar lo más que se pueda el tiempo. La decisión se aplazó ayer de nueva cuenta para la sesión del próximo martes, cuando la Mesa Directiva podría convocar a rendir protesta al diputado número 66. Uf.
HARTAZGO EN JEREZ
Y es Jerez, Zacatecas, la muestra de cómo el crimen y la inseguridad, cuando no tienen freno, pueden devorar la tranquilidad de un municipio y, también, provocarle una daño económico. También, nos señalan, un sitio donde se está manifestando el hartazgo de la población. Y es que resulta que al inicio de la llamada “jerezada”, un grupo de jóvenes que contenderían para ser la reina de esa festividad abandonaron el certamen tras reportarse por la mañana hechos de violencia que, por demás, no son los únicos de los últimos días. El hecho representa un revés para las autoridades encabezadas por el presidente municipal Humberto Salazar y el propio gobernador de la entidad, David Monreal, que ahora la tendrá difícil para convencer a los posibles asistentes de que el sitio es seguro.
COMITÉ MEDIO GUINDA
La buena noticia, dicen unos, es que por fin ayer quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación de los perfiles de quienes aspiran al cargo de consejeros del INE. La mala, dicen otros, es que este órgano quedó un tanto pintado de guinda, con al menos cuatro de sus siete integrantes inclinados hacia la 4T, entre ellos exintegrantes del Comité para la elaboración de la Constitución Moral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que a muchos les parece extraño es que ayer la oposición haya dejado pasar el nombramiento de tres integrantes del órgano evaluador con claras filias hacia Morena. Dijo el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, que lo hicieron “para no dinamitar el diálogo”. Pero hay quien cree firmemente que esa buena disposición será respondida con… ¡un tombolazo!
A REVITALIZAR LA CONAGO
Quien anda muy movido en su intento por revivir a la Conferencia Nacional de Gobernadores es su presidente en turno, el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara. Dicen los que saben que Jara se reunió ayer con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para pedirle que le ayude a organizar una serie de acercamientos con el resto de las fuerzas políticas, a fin de impulsar fórmulas para fortalecer el federalismo. En sus buenos tiempos, la Conago fue un mecanismo de coordinación que influía en las definiciones de políticas públicas que atañen a las entidades federativas. En los últimos meses vino a menos por diversas circunstancias, pero sobre todo por grillas entre algunos de sus integrantes. Ahora, todo parece indicar que ese instrumento, surgido desde la oposición en otras administraciones, va por su segundo aire. Ya se verá.
MIEDO A LOS ARANCELES
Donde se empezaron a tronar los dedos, nos comentan, es en la Concamin, organismo empresarial que encabeza José Abugaber. Lo anterior, a propósito de varios hechos que dan cuenta de un aumento de la presión que están ejerciendo productores y congresistas de Estados Unidos sobre el gobierno de su país para que inicie acciones contra México por el tema de la limitación que se busca imponer al maíz transgénico, y no sólo eso, sino ahora también hasta por importaciones de acero mexicano que se podrían ver también restringidas. “Lo menos que nos conviene ahora es un problema de aranceles y de conflictos, por lo que le pedimos a la Secretaría de Economía de la mejor manera que lo arregle, para que estén tranquilos los inversionistas”, refirió el líder empresarial.
HAY TIRO CON MORENA
Y fue el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, el que ayer se echó pa’lante, nos cuentan, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al INE indagar presuntos actos anticipados de campaña del legislador. El hecho que provocó la denuncia original fue la participación del panista en un evento en Jalisco en el que se destapó como aspirante a la Presidencia en 2024. “Si yo estoy avanzando y me quieren atacar me van a encontrar. Soy abogado, conozco el derecho electoral. ¿Quieren litigar? Litigamos y no me voy a dejar de ninguna de las ‘corcholatas’ ni del Presidente de la República”, refirió. Porque sí, claramente ubicó el origen de la denuncia en las filas de Morena. Así que, como se dice, en estos casos, hay tiro. (Rozones, La Razón, PÁG. 2)
Imprecisión constante
A la oficina del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, llegó una misiva con una corrección sobre la información presentada en la conferencia mañanera en el caso de Genaro García Luna. El remitente fue el último comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, quien en varias ocasiones ha tenido que hacer las precisiones correspondientes por el uso equivocado de su imagen para referirse a un delincuente sentenciado de nombre “Iván Reyes Arzate”… Y el reclamo es válido, sobre todo cuando al Presidente se le proporciona información no corroborada. Ojalá y esto no suceda frecuentemente. ¿Será?
Prevén baja hasta mayo
Aunque el Gobierno federal ha bajado la intensidad de las acciones para resguardar a la población del Covid-19, el personal médico de instituciones públicas y privadas de nueva cuenta debe enfrentar un elevado índice de contagios que, según estiman, disminuirá a partir de mayo próximo. Por ello, nos confían que desde varias instituciones de salud se hace presión para reactivar la estrategia de vacunación con los fármacos autorizados por las dependencias de salud nacionales e internacionales. ¿Será?
¿Propaganda disfrazada?
Nos dicen que en plena intercampaña del Estado de México, el Ayuntamiento de Valle de Bravo contrató un espectacular que beneficia directamente a la precandidata Delfina Gómez; seguramente será motivo de debate y análisis en los próximos días porque, según nos explican, esta situación es violatoria de la norma y podría considerarse como un acto anticipado de campaña… Por cierto, en los eventos de la maestra se sigue lucrando con los muñecos Amlitos y Delfinitas. ¿Será?
Y Lozoya, pendiente
Debido a los múltiples aplazamientos que ha logrado Emilio Lozoya, todo apunta a que primero se conocerá la sentencia de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pues, aunque la defensa de Lozoya alega que está por llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex, eso es incierto, y las tácticas dilatorias del ex director de Pemex, para evitar los juicios por Odebrecht y Agronitrogenados, podrían extenderse por meses. ¿Será?
Presión política
El líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, admitió que cada día que avanza el proceso de sucesión anticipada se le dificultan más las negociaciones al interior del Senado, porque ya no sólo son los grupos parlamentarios los que se introducen a la negociación política, sino también partidos políticos, dirigentes nacionales, gobernadores, dirigentes sociales. Y nos dicen que como prueba, están los gobernadores y dirigentes de partido que andan negociando a magistrados electorales. ¿Será?
Nueva relación
Entre una de sus primeras acciones como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario estatal de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, hará un encuentro entre todos los gobernadores con el Senado de la República, cuyo fin es fortalecer su autonomía y el federalismo. Nos dicen que ahora que los morenistas son mayoría gobernando pretenden buscar nuevas reglas que les den más poder ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, p. 2)
¿Dónde está el dinero de Genaro García Luna?, parafraseó el presidente Andrés Manuel López Obrador al abogado del exsecretario de Seguridad Pública en el cierre de su defensa en la corte federal en Brooklyn. En Florida, respondió el Presidente, donde compró departamentos, casas y yates. Son 700 millones de dólares, que hoy equivalen a 13 mil 20 millones de pesos. Es mucho dinero y muy difícil de esconder. El gobierno de López Obrador quiere esos recursos de regreso a México, por lo que presentó una denuncia en una corte en Florida en septiembre de 2021 para lograrlo. Hasta donde se sabe, nunca la ratificó, pero si desea el dinero, ése es el camino.
Brooklyn y Miami no son lo mismo. López Obrador mezcla todo, lo que está litigándose en Nueva York, que tiene que ver con corrupción vinculada con el narcotráfico, y lo que tendría que decidirse en Florida, que tiene que ver con corrupción de cuello blanco. Como el Presidente entiende mal las cosas, dijo ayer que le extrañaba que el juez Brian Cogan no hubiera permitido que en el juicio de García Luna se hablara de la fortuna del exsecretario.
Lo que no permitió fue que se hablara de los ingresos de García Luna después de diciembre de 2012, porque sus abogados demostraron que eran producto de contratos legales y legítimos. Lo que sí autorizó Cogan fue que se litigara sobre los presuntos pagos por un total de 200 millones de dólares, en la estimación del abogado defensor, César de Castro, que habría recibido del Cártel del Pacífico. Para responder las imputaciones de la fiscalía, subió al estrado la esposa de García Luna, que mostró documentos para probar su evolución patrimonial.
Los 700 millones de dólares de los que habla López Obrador no tienen nada que ver con los 200 millones. La primera cifra proviene de la denuncia que presentó Santiago Nieto, cuando todavía era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en una corte en el condado Miami-Dade, donde explicó que los activos eran producto de un gran esquema de contratación simulada en el sector de la seguridad pública, que involucraba a 39 empresas y fideicomisos de García Luna, sus cómplices y familiares. La investigación y la denuncia fueron retomadas por su sucesor, Pablo Gómez, que la semana pasada presentó en la mañanera esa “red de corrupción y lavado de dinero” que operó por 20 años.
En ambos casos, después de García Luna, las figuras más prominentes son Samuel Weinberg y su hijo Alexis, aunque también fueron acusadas por la UIF la esposa de García Luna, Cristina Pereyra, y la de Samuel Weinberg, Sylvia Pinto, prima hermana de Julia Abdala, pareja sentimental del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que se les vio juntos públicamente en 2017, cuando se celebró la boda de Alexis en Cancún.
De acuerdo con la demanda civil que interpuso Nieto, la empresa de los Weinberg –que tiene casi cuatro décadas como proveedora de los gobiernos mexicanos– se benefició de contratos de la Secretaría de Seguridad Pública, a cambio de los cuales, sugirió Nieto, García Luna tuvo retribuciones cuando se fue a vivir a Miami. El sustento lo dio a conocer Gómez, 30 contratos con NUNVAV Inc. y Nice Systems Ltd., empresas de los Weinberg. Ninguno fue firmado por García Luna.
De ese total, 10 fueron suscritos cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, con la Policía Federal y con el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, que tenían autonomía de gestión y administración. Sólo uno de los 30 presentados por Gómez fue con GLAC, la consultora que formó García Luna con varios socios mexicanos y estadounidenses tras dejar el cargo de secretario, aunque no fue con el gobierno federal, sino con el de la Ciudad de México, cuyo contrato fue autorizado por la entonces subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas capitalina, Victoria Rodríguez, actualmente la gobernadora del Banco de México. La lista de la UIF excluyó inexplicablemente los contratos de NUNVAV con la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La investigación de la UIF, bajo Nieto y Gómez, ha supuesto que los Weinberg son prestanombres de García Luna, y que la mansión donde vivía en un suburbio al norte de Miami –de cuatro habitaciones, según el periodista de investigación Ioan Grillo, crítico por años de la política de seguridad en México–, los yates y automóviles, como el Lamborghini, donde existe una fotografía de García Luna posando junto a él, tampoco eran propiedad de Samuel y Alexis Weinberger, sino del exsecretario.
La defensa de García Luna presentó información convincente ante el juez Cogan sobre los ingresos que tuvo después de 2012, una vez fuera del cargo, incluidas las declaraciones anuales y el pago de impuestos ante el Internal Revenue Service –el equivalente al SAT–, que lo llevó a no permitir que la fiscalía lo interrogara sobre ellos en Brooklyn, pero la UIF debe tener otros datos al insistir en que las propiedades y recursos que ubicó como parte del entramado de corrupción del exsecretario tenían como el jefe de la conspiración criminal al exsecretario.
El estatus de la demanda civil que presentó en Miami-Dade no parece haberse movido, pues la defensa de García Luna no ha recibido ninguna notificación de la corte en Florida. Pero el caso no está del todo estático. En mayo comenzará el juicio civil, donde se deberán probar las acusaciones contra los Weinberg, quienes en descargo deberán presentar las pruebas de que no son socios de García Luna, y que los contratos con el gobierno mexicano no fueron resultado de actos de corrupción con él.
Ese juicio, no el de Brooklyn, será un termómetro para la UIF, porque en su demanda el Presidente ha colocado una fuerte apuesta que alimente su retórica y apuntale sus acusaciones de corrupción del pasado. Pero si no prospera, será un fiasco, donde el principal afectado será López Obrador. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 44)
Falta poco para conocer los veredictos del jurado sobre los cinco cargos que enfrenta Genaro García Luna en una corte estadunidense, cuatro de los cuales tienen que ver con el narcotráfico.
De ser encontrado culpable y permanecer en prisión, el exsecretario de Seguridad Pública se convertirá en uno de los poco más de 13 mil mexicanos condenados a una pena privativa de libertad en cárceles de Estados Unidos.
La conclusión del proceso no representará gran cosa para los mexicanos de a pie. Nuestro país no será menos corrupto ni menos violento ni más justo ni más seguro si García Luna es responsabilizado de las acusaciones en su contra o si resulta exonerado o si la decisión del jurado no es unánime.
En cualquier caso, el resultado será relevante para Estados Unidos, país que lo detuvo y lo sometió a proceso presuntamente por haber violado sus leyes, no las nuestras. Culpable o absuelto, habrá prevalecido allá el debido proceso.
En México, el veredicto sólo importará realmente a quien pueda sacar provecho político de él. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, una sentencia contra García Luna le permitirá intensificar su guerra con Felipe Calderón. Si es declarado inocente, la oposición celebrará que al tabasqueño se le haya cebado el cohete.
Para la mayoría de los mexicanos, no significará cambio alguno en su vida. Ni siquiera ha aprendido más de lo que ya sabía sobre el crimen organizado. Este juicio ha sido, si acaso, un recordatorio de que hay países con menores tasas de impunidad que el suyo.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, México aparecía, en 2020, en el lugar 60 de 69 naciones analizadas. Estados Unidos era el número 38. En primer lugar estaba Eslovenia y en segundo, Croacia.
Sin duda ha sido didáctico observar el juicio en Nueva York. Nos ha permitido ver en acción el debido proceso: fiscales que buscan testimonios que puedan incriminar al acusado y defensores que echan mano de argumentos para desacreditar la imputación.
Como conductor del juicio y guardián de la ley, el juez. No conozco suficientes casos para decir que éste ha sido más duro o más laxo que otros, pero se puede decir objetivamente que Brian Cogan ha procurado que no se pierda el tiempo dando vueltas en torno de alegatos sin sustancia y ha buscado que los miembros del jurado tengan el panorama más claro posible para poder emitir su veredicto.
La existencia del jurado, ese grupo de ciudadanos estadunidenses que poco o nada saben de la ley y menos aún del tema en torno del que está siendo juzgado García Luna, puede parecer exótica, pero basta hurgar un poco en la historia para saber que, durante seis décadas, entre 1869 y 1929, la Ciudad de México tuvo juicios con jurado popular.
Dicho sistema sobrevivió al Porfiriato y a la Revolución Mexicana. Dio lugar a grandes oradores y estrategas legales, como Federico Sodi y Querido Moheno, quienes realizaban apasionadas defensas de sus representados.
Uno de los más célebres de entre esos juicios –que le relaté aquí hace unos meses, en ocasión de su centenario– fue la exoneración de María del Pilar Moreno, la adolescente que mató al asesino de su padre, el senador electo Francisco Tejeda Llorca.
En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles convocó a una comisión para realizar una reforma judicial. El grupo, en el que destacaba el jurista Antonio Ramos Pedrueza, recomendó extinguir los juicios por jurado pues consideró que éstos habían absuelto a individuos que eran claramente responsables de los delitos que se les imputaba.
El último de ellos terminó el 15 de diciembre de 1929 con la exoneración de María Teresa Landa Ríos, a quien se conoció popularmente como La Viuda Negra por haber matado a su marido, el general Moisés Vidal Corro, luego de descubrir en un periódico que estaba también casado con otra mujer.
Casi un siglo después, una parte de México está atento a lo que decidirá un jurado en otro país; viendo, de lejos, cómo se imparte la justicia. Como un niño hambriento asomado por la ventana de un restaurante. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Este 15 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un acuerdo instruyendo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que le traslade sus reservas territoriales a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta última dependencia las convertirá en Áreas Naturales Protegidas.
La realidad es que el Fonatur ha tenido esas reservas desde hace muchos años y ni tiene la capacidad para cuidarlas ni tampoco ha podido hacer algo productivo con las mismas.
En el acuerdo se especifican los tamaños de esas reservas en los distintos Centros Integralmente Planeados (CIP).
Falta conocer los detalles, pero sí se sabe que no se están afectando todas las propiedades inmobiliarias con las que cuenta el Fondo.
Por ejemplo, en el caso de Cabo San Lucas, se transferirá a Semarnat del Cerro del Vigía hasta donde comienza el hotel Pueblo Bonito Blanco y del Puente de Walmart hasta Altamar.
Sin embargo, no será incluida la dársena, lo que hubiera implicado problemas importantes a la actividad náutica.
Lo que realmente les preocupa a quienes realizan actividades turísticas en destinos como Cancún, Huatulco, Ixtapa, Loreto y Los Cabos es lo que sucederá con la tarea cotidiana del Fonatur para cambiar las luminarias, atender los jardines, darles mantenimiento a las calles; pues incluso transfiriéndoles su presupuesto a los municipios la institución cuenta con recursos humanos y experiencia que no se podrán reponer.
Al inicio de esta administración, en el Fonatur se habló de un modelo de gerencia de ciudades (City Manager), en donde compartirían responsabilidades el gobierno y la iniciativa privada.
En un CIP como Cancún es factible implementarlo más o menos rápido, pero hay otros, como Huatulco y Loreto, que no tienen ni la masa crítica de visitantes ni los recursos privados necesarios para compartir estas tareas.
A más de cuatro años de que AMLO anunció el cierre del Consejo de Promoción Turística, no ha concluido su liquidación, cuando no tenía litigios ni deudas y sólo una demanda laboral.
En el Fonatur hay numerosos litigios en marcha; conflictos con habitantes por cambios de uso en la tenencia de la tierra; demandas laborales y un sinfín de problemas.
Definitivamente no se podrá cerrar en este sexenio y la paradoja será que, si no se cuida la calidad de los CIP, el Fonatur de todas formas seguirá existiendo, pero ya no le servirá de nada al turismo.
DIVISADERO
IGUALA. David Gama, presidente de este municipio del estado de Guerrero, sigue trabajando en el reposicionamiento de esta ciudad.
Apenas el lunes inauguró el obelisco El renacer de Iguala, obra de los arquitectos Carlos Zedillo y Alberto Kalach, ubicado en la glorieta de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, precisamente la que lleva a Ayotzinapa.
Ayer jueves, Gama, junto con Margarita González Saravia, directora de la Lotería Nacional y extitular de Turismo de Morelos, presentaron el billete conmemorativo por los 70 años de la Feria de la Bandera.
Precisamente, una forma de llevar el nombre de Iguala a todo el país, cuna de la bandera mexicana y ciudad con importantes atractivos turísticos y gastronómicos.
Hoy, Estrella de Oro ya está planeando un tour por esa ciudad, en donde cerraron 25 hoteles por el problema con los estudiantes y la pandemia.
Varios de ellos ya están planteando reabrir sus puertas, lo que será cuando ocurra una señal más de que Iguala está regresando paulatinamente a la normalidad. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 4)
Unos cambian, otros ceden.
Florestán
El presidente López Obrador dijo ayer que está considerando presentar una demanda por daño moral contra el abogado defensor de Genaro García Luna, César de Castro, en el proceso que le sigue una Corte federal en Nueva York.
Dijo que sería por haberlo involucrado en un inexistente soborno del crimen organizado, como había dicho Jesús Zambada, (a) El Rey Zambada, en una declaración ante fiscales estadunidenses en 2013, que el defensor mencionó en el proceso y el narcotraficante dijo no recordar.
López Obrador declaró: que eso es una muestra clara de este abogado falsario, calumniador y chueco y que resultó más derecho Zambada.
Y agregó:
Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, eran para enfrentar a (Vicente) Fox y nooo, no somos iguales. Nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo la posibilidad (de) que yo presente una denuncia por daño moral y si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México.
Luego explicó que como no tiene dinero, contrataría a un abogado de Estados Unidos que le llevara el caso a porcentaje.
Y sí, López Obrador está en su derecho de presentar esa demanda, pero como presidente de México tiene que considerar que en ese cargo no puede someterse a ningún tribunal en el extranjero, por los riesgos que representa, y más en Estados Unidos.
¿Se imagina una comparecencia del presidente de la República ante un tribunal, un juez y un fiscal estadunidenses?
Le podrían presentar, por ejemplo, otra batería de delincuentes capaces de cualquier acusación, además del aprovechamiento político en plenas campañas presidenciales.
Entiendo lo del daño moral, pero también que López Obrador no puede comparecer en un juzgado de Estados donde, por fines políticos, podrían agregarle todos los cargos que a las campañas electorales convinieran.
RETALES
Mientras unas quiebran otras se abren camino no sólo en nuestro país sino en Centroamérica y otras latitudes. Resulta que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) otorgó a TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y del Mundo Maya, la membresía que la acredita como nuevo integrante de esta agrupación. Como usted sabe la IATA es la principal organización global de aerolíneas, que facilita la transacción de 780 millones de boletos aéreos anuales alrededor del mundo, por lo que representa más de 270 billones de dólares anuales.
Esta asociación es tan sólida que fue fundada en 1945 y actualmente tiene 302 miembros, que en su conjunto representan el 83 por ciento del tráfico aéreo total. La IATA se ha visto en recientes controversias en nuestro país, por decir que el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” no está listo para recibir y ser terminal de carga y luego por decir que ayudarían a la Cuarta Transformación para hacer del AIFA una terminal aérea de carga.
Pero bueno, la membresía oficial representa para TagAirlines un importante reconocimiento al trabajo realizado durante seis décadas y especialmente por el trabajo encaminado a la modernización de la empresa que se ha impulsado en los dos últimos años. Julio Gamero, CEO de TagAirlines es el más aplaudido por esta labor porque Certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit), es un mecanismo conocido y aceptado internacionalmente, diseñado para evaluar la gestión de los sistemas operativos, de seguridad y de control de aerolíneas. La Certificación IOSA permite ampliar la red de alianzas comerciales con aerolíneas que son miembros de IATA, códigos compartidos e interlineales. Bien. (Julio Pilotzi, Negocios, La Razón, p. 20)
Si alguien le hubiera pedido a un experto su opinión sobre cómo aniquilar la aviación comercial del país, exactamente hubiera recomendado todo lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en torno a este sector, que es la columna vertebral del desarrollo económico.
El haber cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco, para dar paso a una ocurrencia de AMLO, fue el principio de la catástrofe, ya que en lugar de contar en estos momentos con uno de los aeropuertos más importantes del mundo por la movilidad de los pasajeros, tenemos uno, el AIFA, que funciona por decreto y no por así convenir a los intereses de los pasajeros y de las empresas para movilizar su carga.
El chantaje, la presión y los decretazos para que las operaciones de carga se hagan desde esa terminal aérea, son solo una manifestación del dejo totalitario del gobierno por impulsarlo y que, al final del día, después de que termine la actual administración, servirá para lo que originalmente fue concebido, un aeropuerto militar.
La cancelación de la terminal aérea de Texcoco que llevaba un avance del 30 por ciento, y que se estimaba entrar en operación en 2022, no solo retrasó el crecimiento de la aviación comercial y del desarrollo económico y turístico de México, sino provocó un desfalco en las arcas públicas, por primero, perder la inversión inicial que llevaba esa terminal aérea, luego, indemnizar a los tenedores de bonos y que todavía faltan varios años para liquidarlos y por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación estimó un daño patrimonial calculado en más de 300 mil millones de pesos, aunque después ajustó a la baja.
El costo del AIFA hay que sumarlo también al daño patrimonial.
Luego vino la degradación al perder la categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, y que, no obstante las promesas del presidente de remediar a la brevedad las observaciones que hiciera esta agencia, ya pasaron 18 meses y a la fecha siguen impedidas las líneas aéreas mexicanas de abrir nuevos vuelos a Estados Unidos, no obstante contar con 80 aviones de última generación adquiridos recientemente por Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris.
Al no cumplir con los estándares mundiales de seguridad en la aviación que impone esa agencia y a pesar del optimismo que prevalece en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Nuño, por recuperar la máxima categoría de seguridad aérea de Estados Unidos, la verdad es que se mantiene la desconfianza para que se logre el estatus máximo de seguridad, en virtud de que muchas de las observaciones tienen que ver con la asignación de presupuesto para remediar las fallas encontradas, y como estamos en tiempos de la austeridad franciscana, que no es otra cosa que solo fondear la construcción de las tres obras insignia del presidente, así como los programas de política social con tintes electorales, pues resulta difícil creer que van a proporcionar el presupuesto requerido.
En tiempos de Felipe Calderón se perdió la categoría 1, pero se logró recuperar en cuatro meses; ahora con este gobierno ya pasaron 18 meses y todavía no se vislumbra para cuándo se logre.
Son tres temas en los que debe trabajar el gobierno de AMLO para recobrar la categoría 1: cambios en la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, el presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el Plan de Acción Correctiva de seguridad aérea operacional.
Y por si faltara algo para darle la puntilla a la aviación comercial, se han enviado a la Cámara de Diputados por parte del presidente reformas a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos para que aerolíneas extranjeras puedan cubrir destinos dentro de nuestro país, una vez que lleguen a territorio nacional, el famoso cabotaje.
Esta propuesta de AMLO para permitir el cabotaje a aerolíneas extranjeras para que realicen vuelos comerciales en territorio nacional, cediendo con ello el espacio aéreo, en detrimento de las líneas aéreas nacionales, es más producto del resentimiento que de razones comerciales, ya que si las líneas de aviación mexicanas no quieren volar al AIFA, es porque se carece de la conectividad terrestre, además de que no se tienen las salas necesarias para el ascenso y descenso de pasajeros y claro, porque no hay demanda.
Si en 1853, el peor presidente que ha tenido México, Antonio López de Santa Anna, cedió la mitad del territorio nacional a Estados Unidos, ahora, otro López, pretende hacer algo similar, con permitir que las líneas áreas extranjeras penetren en espacio aéreo mexicano y se apropien de la mayoría de las terminales aéreas del país.
Esperemos que el bloque opositor en el Congreso impida el cabotaje de líneas extranjeras; de hecho, se ha reconocido el efecto pernicioso que tendrá la medida y por ello, según palabras de Ricardo Monreal, pastor de los senadores de Morena, se reunirán con expertos y todos los afectados para escuchar sus opiniones.
Y si no se logra frenar el cabotaje en el Poder Legislativo, pues está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 37)
“La humanidad tiene una doble moral:
una, que predica y no practica; y otra,
que practica, pero no predica”.
Bertrand Russell
Desde que se eliminó el delito de difamación de los códigos penales, en buena medida por la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Lydia Cacho, el camino de los poderosos para disuadir las críticas ha sido el daño moral de los códigos civiles.
El caso más conocido es el de Sergio Aguayo, articulista del Reforma, quien en 2016 escribió sobre Humberto Moreira, expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Moreira demandó por daño moral a Aguayo, quien, increíblemente, fue condenado en 2019 a pagar 10 millones de pesos por un tribunal capitalino. Quizá por el reconocimiento público de Aguayo como periodista, académico y activista, la Suprema Corte atrajo un amparo directo y el 16 de marzo de 2022 la Primera Sala decidió, por unanimidad, cancelar la condena. Fue una decisión muy importante para la libertad de expresión.
Hoy otro político ha emprendido un juicio por daño moral que se convierte en amenaza a la libertad. Se trata de Pedro Salmerón, hombre cercano al Presidente y actual director del Archivo General Agrario, quien fue rechazado por Panamá como embajador por las presuntas acusaciones en su contra por acoso sexual. La información la dio a conocer la senadora panista Kenia López Rabadán, pero el propio Salmerón ha escrito que ha demandado a cuatro empresas y a 25 personas. El País revela que se trata del ITAM, Aristegui Noticias, Reforma y El Universal; López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Jorge Triana; Denise Dresser, Carlos Bravo Regidor, Alma Delia Murillo, Julio Patán, Rafael Pérez Gay, Estefanía Veloz, Jorge Castañeda, Elda Monreal (hija de Ricardo Monreal), Joaquín López Dóriga, Miguel de la Vega, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Sabina Berman, Salvador García Soto y Sergio Sarmiento, entre otros.
Según El País, Salmerón fue presuntamente señalado por acoso a cinco alumnas del ITAM en redes sociales y después ante la escuela. La activista Estefanía Veloz afirmó que otras ocho mujeres lo acusaron dentro de Morena. Ninguna ha presentado denuncia.
En un texto en Facebook, Salmerón afirma que está siendo objeto de “calumniosos linchamientos mediáticos”. Dice que lleva “casi tres años esperando que el ITAM me entregue el presunto expediente de la demanda de UNA alumna en contra mía”. Añade que “he demostrado documentadamente ante las autoridades competentes que no hay absolutamente ninguna demanda ni denuncia en mi contra en ninguna instancia académica, política, judicial ni de ninguna otra especie… Tampoco existen ‘múltiples denuncias’ en los medios y las redes, como asegura el CÁRTEL DE LA CALUMNIA, y que las existentes son fácilmente refutables con pruebas de descargo o no constituyen delito de acoso ni de ninguna otra especie… La violación a mis derechos humanos y políticos, y el daño moral que denuncio, tiene un carácter abiertamente político”.
No es pequeño el monto que Salmerón quiere para resarcir el daño moral: 18 millones de pesos. Mi opinión es que él, como cualquiera, tiene derecho a defenderse, pero recurrir desde el poder a una millonaria demanda por daño moral, como Moreira, subraya que estas acciones se han convertido en una nueva forma de acoso a la prensa tras la derogación de la difamación penal.
AMLO TAMBIÉN
Ayer el Presidente dijo que está considerando demandar por daño moral a César de Castro, el abogado de García Luna, por preguntar insistentemente al Rey Zambada si había dado dinero a su campaña de 2006. Zambada dijo que no. Pienso que el abogado tiene derecho a preguntar, y el testigo y el político a negar. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.10)