EN SENTIDO estricto México no es todavía un Estado fallido, pero pareciera que para allá va, dado el ninguneo del crimen organizado hacia el gobierno federal. La ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa no es un homicidio más de los miles que se registran al mes: se trata de un desafío al Estado.
Y NO ESTÁ claro si está dispuesto a enfrentar ese desafío el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta anoche ni siquiera el pésame había externado por el doble homicidio. Vaya, la propia Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte, se limitó a pedir el esclarecimiento de lo que llamó un “lamentable hecho”.
SI ALGO ha dejado en claro el gobierno de la 4T es que no le interesa combatir a la delincuencia organizada: sus prioridades son otras. Y los capos y sicarios ya tomaron nota y les tomaron la medida a las autoridades. Tan es así que fueron y ejecutaron en su propia casa a un juez que les incomodaba. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Cinturón apretado. El paquete de iniciativas para la Reforma Electoral que se encuentra en análisis por el Congreso de Chihuahua propone modificaciones al Código Municipal para reducir a casi la mitad el número de regidores en los ayuntamientos. Y es que la nómina anual para el pago de 712 regidores en el estado se calcula en 250 millones de pesos, sin contar viáticos ni gastos de representación. El ahorro con una nómina a la mitad iría de 300 a 400 millones de pesos en una gestión de tres años. La propuesta entregada al Legislativo por el Poder Ejecutivo prevé la reducción en el número de ediles para que haya menor burocracia municipal y los recursos que se ahorren sean redirigidos en beneficio de la población. La iniciativa, no hay que olvidarlo, fue firmada por el gobernador Javier Corral. Austeridad y resultados. Venga. (Excélsior, Nacional, p. 17)
¿Qué noticias hay? Las que usted diga señor Presidente
Los temas de los que los medios no se deben ocupar hoy en día no son el alto número de muertos por la pandemia, el creciente desempleo en el país, los niveles de violencia que no bajan, ni la falta de crecimiento económico. Lo que la buena prensa debe cubrir todos los días es el caso investigado, construido y litigado por el gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública en tiempos del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien es acusado por la justicia estadounidense de trabajar para el cártel de Sinaloa, y que por cierto, hasta hace poco en México no era investigado. Nada importa que el tema de García Luna haya merecido notas de ocho columnas en este diario, como aquella del pasado 7 de mayo que dice: “Dieron carpetazo a 12 denuncias contra García Luna” en la que se revela que durante el gobierno de Calderón se archivaron denuncias contra el entonces secretario de Seguridad por enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen, abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y negligencia, entre otros varios delitos y faltas. Viene a la mente aquel pasaje atribuido a Porfirio Díaz en el que pregunta: “¿Qué hora es?” y recibe como respuesta: “la que usted diga señor Presidente”. ¿Qué noticias hay? Las que usted diga señor Presidente. (El Universal, Nación, p. 2)
Que la nueva normalidad se instaló ya en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues terminando la gira en curso, ya tiene en puerta al menos una visita a Estado de México los próximos días y después otra semana completa fuera de la capital para visitar Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Un nuevo recorrido por todo el país está en marcha. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Sembrando vida, mejor que Ford en Veracruz.- Para presumir su programa de plantación de árboles, el Presidente ha dicho que “si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford a Veracruz, no se generarían los 68 mil empleos que está generando ‘Sembrando Vida’ en la entidad”. Bueno, pues distintas organizaciones, como el Instituto de Política Laboral, le tomaron la palabra al mandatario federal y le pidieron que haga posible para que empresas como la automotriz de Detroit se establezcan en Veracruz y otros estados, pues seguramente ayudaría a la trasformación productiva de la entidad, con sueldos y prestaciones muy superiores a los 5 mil pesos mensuales del programa social del gobierno. (El Financiero, Nacional, p. 28)
La fiesta debe esperar.- Otra vez la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo notar su responsabilidad ante el prevaleciente nivel de contagios: convocó a las familias mexicanas a aplazar el festejo del Día del Padre, como hizo en su momento con el Día de la Madre. La mandataria capitalina propone celebrarlo el 16 de agosto, porque el próximo domingo “estaría padre quedarte en casa”. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Oxígeno para Barbosa.- A más de cinco meses de haber realizado una gira de trabajo por el estado de Puebla, este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a aquella entidad, visita que, nos dicen, será un bálsamo para el gobernador Miguel Barbosa, quien durante la pandemia lo mismo ha tomado decisiones polémicas que soltado frases que han generado controversia tanto entre sus gobernados como en la Federación. El 4 de enero el Ejecutivo federal estuvo en Pahuatlán, para sostener un diálogo con pueblos indígenas y esta vez realizará la conferencia matutina, presidirá el 54 Aniversario del Plan DN-III-E y encabezará el Informe de la Reconstrucción en Puebla acompañado de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gabinete de seguridad. ¿Refrendará el poblano los mensajes con los que daba cuenta de una supuesta falta de apoyos de la Federación a su gobierno o estará relajado, relajado, relajado? Hoy queda resuelta esa duda. (La Razón, La Dos, p. 2)
Momento dramático.- Arturo Zaldívar, magistrado presidente de la SCJN, interrumpió ayer la sesión del Pleno para dar a conocer el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa. Fue un momento dramático. La sesión se suspendió.
Al juez y su esposa los asesinaron dentro de su casa, a mediodía, en la ciudad de Colima. Los sicarios llegaron, mataron y se fueron sin preocuparse por una eventual reacción policiaca, que desde luego no ocurrió.
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, se limitó a enviar un breve mensaje en redes sociales. Se le está haciendo costumbre. Funcionarios federales de todos los tamaños reaccionaron. La FGR atrajo la investigación y agentes de la Guardia Nacional acordonaron la zona.
La policía estatal está emproblemada, bajo sospecha, y el círculo en torno al mandatario priista se cierra, El Congreso estatal, de mayoría morenista, presiona. Peralta se queda sin argumentos para defenderse.
La gente se pregunta allá ¿por qué el juez no tenía protección especial si llevaba casos de alto impacto, relacionados con el Menchu y el CJNG dominantes en la zona? Quizá por eso mismo, responden. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Andrés Manuel López Obrador cobra como Presidente de nuestros impuestos, pero lleva varios días en modo histriónico, por lo que no se le paga. El último capítulo en ese papel es el de haber comparado su programa Sembrando Vida con la multinacional Ford. “Si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford”, dijo en Xalapa, “no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz”. Es chistoso. Para López Obrador, un programa social es igual a un modelo industrial, aunque el primero genera clientelas electorales no productivas, y el segundo ingresos y termómetros de crecimiento.
Sembrando Vida costará a los contribuyentes 65 mil pesos por cada beneficiario, al ser un programa de 26 mil millones de pesos que se espera dará empleo temporal a 400 mil personas. Si se le ve numéricamente, esa cifra es superior al total de empleados de la Ford en el mundo, que es casi la mitad de Sembrando Vida, pero no es lo mismo. Sembrando Vida entrega cuatro mil 500 pesos a cada beneficiario del programa, más 500 pesos para un fondo de ahorro. No les da seguridad social, ni prestaciones, ni construyen antigüedad. Es decir, al acabar el programa, que tiene una duración determinada, se quedan como empezaron, sin ninguna red social de protección que haya creado el gobierno. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 30)
Acaso serán mejores los médicos y enfermeras cubanas que los nacionales, porque si nos vamos a lo que cobran pareciera que no solo son mejores, sino que están entre los mejores pagados del mundo. Por testimonios de personal médico mexicano y pacientes, es que muchos de los visitantes no saben cuestiones básicas de atención a enfermos de Covid-19, menos entubarlos y cuestiones más urgentes que tienen que ver con cuidados intensivos.
La proclividad del presidente López Obrador a regímenes totalitarios como los de Cuba, Venezuela o Bolivia, es manifiesta y ello ha causado cierto resquemor en las agencias de inteligencia de Estados Unidos por la agenda antidemocrática que tiene AMLO y que cada vez se parece más a la de Hugo Chávez.
La contratación de 585 médicos y enfermeras se logró mediante un acuerdo tripartitita entre dependencias mexicanas. El Insabi, la Secretaría de Salud capitalina y la Secretaría de Administración y Finanzas acordaron pagar 6.2 millones de dólares. Se sabe que el adoctrinamiento del castrismo en la isla se hizo precisamente a través de las brigadas de trabajo social y la atención médica y ahora de la misma manera se pretende instrumentar en nuestro país.
Mientras que son peras o manzanas ya están en México y su estancia va para largo y no solo los 585 cubanos que están en nuestro país, mucho mejor pagados que cualquier médico residente del sistema de salud pública, sino que vendrán más a llenarse los bolsillos de billete verde. (Alejo Sánchez Cano, El Heraldo de México, Opinión, p. 23)
Con este debate sobre los médicos cubanos en México, importados a un alto costo (135 millones de pesos entre 585 personas), quizá injustificable en tiempos de franciscana austeridad, para atender la epidemia de Coronavirus (para lo cual no hay vacuna ni tratamiento específico, ni aquí ni allá), se ha querido mezclar el componente ideológico de la propaganda cubana con la atención de los enfermos.
Y la verdad es simple: Cuba utiliza sus avances en salud como un elemento de propaganda, como lo hizo también con sus éxitos deportivos de antaño, opacados por la deserción de sus atletas. Todo como un vehículo de propagación ideológica.
–¿Quién dice eso?
Pues yo se lo escuché a Fidel Castro, quien algo debía saber del tema.
La única duda es si los pagos serán iguales. A un médico mexicano le dan mensualmente entre 5 mil 387 y14 mil 664 mensuales, excepto en casos notables de especialización, cuando llega hasta los 25 mil, aproximadamente.
El monto millonario de esta importación resulta al menos imprudente. Y lo mismo sería si los médicos fueran noruegos, chinos o estadunidenses. Lo grave es la dependencia mental del extranjero, como si aquí no pudiéramos hacer nada, lo cual a veces se comprueba con la vista de lo cotidiano. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Ayer, en Colima, sicarios del crimen organizado, todo apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación, ejecutaron al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa en su casa, delante de sus hijas de tres y siete años. El juez Villegas Ortiz apenas había llegado el 1 de febrero proveniente de Jalisco, para fungir como juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima.
La FGR atrajo el caso y lo demás fue el trámite como en cualquier otro homicidio, cuando éste debería haber indignado a la nación y avergonzado al gobierno, incapaz, ayer, de dar un pésame, y distante de las bajas de la inseguridad. Y si quieren hablarnos de puntos de quiebre, el asesinato del juez federal Villegas Ortiz debería serlo. Pero irá al olvido y a la estadística como cientos de miles de homicidios en México. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
En estos días, ha circulado en redes sociales una entrevista realizada en febrero pasado por Carlos Marín al general Gustavo Vallejo, el oficial encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
La atención se ha centrado en un fragmento en el que el general Vallejo afirma que, “por directiva presidencial”, las ganancias del proyecto irán para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Si en efecto existe esa directiva presidencial, su legalidad sería más bien cuestionable. José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteó de este modo el problema: “Si esto es correcto, ¿bajo que título jurídico se concentran así las ganancias de un bien público federal? Como no puede estar concesionado, los ingresos son contribuciones. Por lo mismo, su destino solo puede determinarse por la Cámara de Diputados.”
Pero más allá de las consideraciones legales, hay aquí un debate político de enorme importancia: ¿cómo debemos financiar a las Fuerzas Armadas? (Alejandro Hope, El Universal, Nación)
Una de las noticias que más impactó a nivel mundial la semana pasada fue la forma en que el Ejército de Estados Unidos le puso el alto al presidente Donald Trump. Otros dos mandatarios populistas del continente, el brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han sido más sagaces cooptando al Ejército: Bolsonaro tiene medio gabinete ocupado por militares y AMLO ha llenado de dinero al Ejército.
En México, la compañía constructora más grande del país es la Secretaría de la Defensa Nacional. Las constructoras de los hombres más ricos del país no se comparan en el tamaño de su cartera de obras con lo que el Ejército está haciendo este sexenio, por instrucción directa del presidente López Obrador: el aeropuerto de Santa Lucía, dos tramos del Tren Maya, casi tres mil sucursales del Banco del Bienestar, hospitales, fraccionamientos, etcétera. Las tareas de las fuerzas armadas en esta administración se han multiplicado hasta lo inimaginable: van desde reducir los índices de criminalidad a través de la Guardia Nacional hasta limpiar el sargazo del mar en Cancún.
Mientras la industria de la construcción ha reportado los números rojos más graves de su historia y mientras la economía está paralizada por la falta de inversión pública, incluso desde antes de la pandemia, el Ejército vive una época de oro en su nueva faceta de empresa dedicada a la infraestructura. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Hay tiro. Y es que para pelearse se necesitan dos. El pleito escala. Aquí es irrelevante quién lo inició. Ambos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de mandatarios estatales insumisos, ya están arriba del ring, dándose con todo.
Dos grupos de mandatarios estatales se han convertido en la oposición de facto del país ante la irrelevancia en que han caído los partidos políticos.
En total, 14 de los 32 mandatarios estatales –más otros que eventualmente podrían sumarse a la bola, como el de Nayarit– se encuentran en abierta rebeldía contra la Federación, con demandas como la aplicación de su propio semáforo epidemiológico y el replanteamiento del pacto fiscal.
No se había visto tal activismo de los gobernadores desde las reuniones que llevaron a la conformación de la Conago, durante la primera mitad del sexenio del presidente Vicente Fox.
Hoy los gobernadores rebeldes han logrado equilibrar el juego, colocándose todos juntos en el otro lado de la balanza. Si el Presidente pesa 53 millones de votos, esos 14 estados pesan 45 millones de habitantes y 40 por ciento del PIB nacional. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Ahora sí que, al más puro estilo de la 4T o, si se prefiere, merced a su esfuerzo por ajustar su pensar y actuar con el de su mesías, Andrés Manuel López Obrador, la cada vez más cuestionada Claudia Sheinbaum Pardo estaría a punto de conseguir el aval acrítico de la mayoría morena en el Legislativo capitalino para manejar, a su capricho, literal, el Presupuesto de Egresos aprobado, pretextando para ello la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus.
Hablamos, para ponerlo en claro, de poco más o menos de 240,000 millones de pesos —lo que de tal cantidad esté por ser ejercido, se entiende— que, en caso de que la sesión extraordinaria del Congreso, que presumiblemente será convocada en las próximas horas, lo apruebe, quedarán a disposición de quien ayer mismo, en el marco de la reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue identificada por la oposición no como jefa de Gobierno en funciones, sino como regenta a las órdenes del Ejecutivo federal.
Al margen, lo cierto es que el dictamen de la iniciativa de Ley de Austeridad aprobado ayer por la comisión legislativa citada, que preside la experredista y ahora morena Guadalupe Morales Rubio, dejó todo listo para que, la tarde del viernes 19, Sheinbaum esté ya en posibilidad de reasignar, ahora sí que a su leal saber y entender, cuanta partida específica considere, dictaminar reducciones a todas y cada una de las instancias de la administración de la Ciudad de México e, incluso, de definir monto y momento de aplicación de “recortes” a todas y cada una de las 16 alcaldías sin tener que consultar o consensuar con sus titulares y, menos, con el Legislativo. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 19)
Marko abre sus cartas (a destiempo) // Valida dichos de AMLO // MC lo batea (por hoy) // Colima, juez, cárteles
Ni siquiera se han abierto oficialmente las puertas del gran casino electoral (en octubre próximo deberá iniciar el proceso legal en sí), pero un ansioso participante, Marko Cortés, máximo directivo formal del Partido Acción Nacional (PAN), ya abrió parte de sus cartas sobre la mesa, al proponer a los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (es decir, lo que quede de éste) que vayan en candidaturas coaligadas para diputados federales en un mínimo de 75 distritos electorales (que establece la ley correspondiente) y un máximo de cien.
También, añadió el dirigente panista, se mantendría la agenda abierta en cuanto a las quince gubernaturas que estarán en juego, así como congresos locales y presidencias municipales (ámbitos locales en los cuales el PAN podría aceptar algunas coaliciones con el Partido Revolucionario Institucional).
Además de constituir un delator acto de nerviosismo político, pues resulta absolutamente innecesario a estas alturas, y hasta contraproducente, el postular tal propuesta de coaliciones electorales, el lance del cortés Marko es un regalo político al obradorismo contra el cual el panista michoacano pretende conjuntar fuerzas, pues termina por validar el discurso minado de Palacio Nacional en cuanto a frentes o bloques opositores. (Julio Hernández López, La Jornada, Política)
Recuerdan el caso de la niña Paulette (Gebara Farah), desaparecida hacia finales de marzo de 2010 de su casa de Huixquilucan, Estado de México Netflix acaba de estrenar una miniserie sobre este suceso, cuya trama y desenlace dejó estupefactos e indignados a muchos de quienes seguimos las investigaciones de las autoridades mexiquenses sobre lo que aconteció con aquella pequeña de cuatro años con problemas motrices y trastorno de lenguaje.
Ahora, al volver sobre lo acontecido hace 10 años y, sobre todo, reencontrarnos con los principales personajes políticos involucrados en esa historia (Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda, Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo) salta a la vista el cinismo y la falta de escrúpulos de aquella clase gobernante.
El propio procurador mexiquense, Bazbaz, patético. Tolerando humillaciones a niveles inauditos (sería recompensado después con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Cisen). Castillo, el del juego sucio, el manipulador, el trepador. El subprocurador sin escrúpulos que mueve los hilos según convenga políticamente, hasta convertirse en procurador del estado y de ahí, comisionado para la Seguridad en Michoacán.
Cuando se reencuentren con ellos, recordarán y entenderán muchas cosas. Verán también por qué esa clase política terminó por contaminar y llevarse entre las patas a todo aquel que ostentara la casaca tricolor. Ah, y una gema más: el papel que jugó el entonces procurador del DF, Miguel Ángel Mancera. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Giovanni en Jalisco, Alexander en Oaxaca, Carlos en Veracruz y Oliver en Tijuana son muestra de lo que tristemente sucede de forma cotidiana, y desde hace tiempo, en muchos lugares de nuestro país. Historias de vida terminadas y afectadas de manera atroz e injusta por aquellos que tenían el deber de protegerlas. El abuso policial deja al descubierto la precariedad sistemática de las instituciones en materia de seguridad en muchas áreas: formación, capacidad de mediación, cercanía ciudadana, investigación, trabajo con poblaciones vulnerables y posibilidad de una carrera. También sobresalen la falta de controles y supervisión externa de las policías. Detrás de todo esto, está el enfoque punitivo que desgraciadamente sigue siendo el plan por encima de la justicia cívica y de la proximidad.
Los usos y abusos de la fuerza innecesaria se dan en todos los niveles de gobierno y en diversas instancias relacionadas con la seguridad, policías, ministerios públicos, sistema penitenciario, etc. El 64% de las personas arrestadas sufren algún tipo de agresión física, desde golpes y puñetazos, descargas eléctricas, quemaduras, entre otros. El 49% de los detenidos reporta haber sido incomunicado, mientras que el 39% asegura haber sufrido algún tipo de lesión física. Durante 2019 el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2%. Estas cifras evidencian sin tapujos la criminalización de sujetos y no de las conductas, la arbitrariedad procesal y la carencia de derechos para acusados y sospechosos. (Eunice Rendón, Reforma, Opinión, p. 12)
El gobierno federal ha insistido en descabezar y fragmentar las grandes bandas criminales. Según Eduardo Guerrero, Jane Esberg y otros analistas, una consecuencia del éxito es el aumento en el número de grupos criminales. Según el International Crisis Group (ICG) actualmente tenemos 463 bandas desparramadas por todo México. Los resultados varían cuando se compara La Laguna y Acapulco.
Los Zetas llegaron a ambas ciudades alrededor del 2004. Le disputaron la plaza al Cártel de Sinaloa y al de los Beltrán Leyva. Los Zetas perdieron en ambos lugares con resultados muy diferentes. En 2012, La Laguna tuvo 1,060 homicidios dolosos y Acapulco 1,271. Seis años después, las cifras son de 139 y de 861, respectivamente. ¿Qué pasó en uno y en otro lado?
El “éxito” es provisional. Los excesos en el uso de la fuerza no han sido investigados y la verdad y la justicia siguen ausentes, La Laguna (y Coahuila) siguen rodeados por estados con fuerte presencia criminal y los colectivos de víctimas aún esperan resultados concretos. También hay imponderables creados por grandes huecos en el conocimiento. El gobierno de Durango se niega a entregar información para establecer el número de desaparecidos y desconocemos la fuerza y evolución futura del poderoso Cártel de Sinaloa.
¿Puede replicarse el Modelo Lagunero? Las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y el Valle de México, entre otras, parecieran tener el capital social requerido para impulsar políticas adecuadas a cada urbe. Una estrategia de consolidación y expansión de islotes de paz, que se van interconectando, podrían frenar una violencia actualmente desbocada. La fórmula podría resumirse en que cada polígono territorial se allega los conocimientos para pensar globalmente y actuar localmente. La paz es de quien la trabaja. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 11)