La maestra Elba Esther Gordillo quiere que su novio, el abogado Luis Lagunas, sea el presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP), asociación civil, a punto de lograr el registro como partido político.
Así como lo leyó nos lo dijo Juan Iván Peña Neder, actual dirigente nacional de esa agrupación.
“Como no le van a dar el SNTE, me recarga el caballo para quitarme el partido. Me ordena que le entregue la AC. Me niego. José Fernando González —el yerno— me da un golpe de Estado bajo falsificando documentos. Tengo pruebas”, aseguró. (Francisco Garfías, Excélsior, Opinión, p.4)
Hace algunos años, en una entrevista con Carlos Salinas de Gortari, le decía al expresidente que ejercer la presidencia en su época era diferente a la actual, por los poderes metaconstitucionales que tenía un mandatario. Salinas sonrió y me dijo que él no veía que se hubiera cambiado una letra de las atribuciones presidenciales en la Constitución, que el poder presidencial se ejercía o se renunciaba a hacerlo. Sé que pocas cosas molestan más al presidente López Obrador que compararlo con su antítesis, Salinas de Gortari, pero, sin duda, el actual mandatario sabe, y así lo demuestra, que las atribuciones presidenciales van mucho más allá de la letra legal y dependen de la fuerza y la voluntad con la que se ejercen.
Esta semana, en el Congreso, el gobierno de López Obrador ha hecho una indudable demostración de poder. Con la Ley de Revocación de Mandato y la de Consulta Popular, aprobada en el Senado, y la nueva ley que se ha llamado antifactureros, pero que va muchísimo más allá de castigar la expedición de facturas falsas, aprobada en la Cámara de Diputados, el gobierno federal cuenta ya con todas las armas políticas clave que se propuso tener para diseñar el futuro del país. Todas las iniciativas que el presidente López Obrador se propuso sacar hace once meses son hoy, con modificaciones muy menores, letra legal y constitucional. Para sacar adelante esta agenda de cambio político y legal han sido decisivos algunos funcionarios, como el consejero jurídico, Julio Scherer, y en el Congreso los coordinadores de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Opinión, p.14)
Hay veces que pienso, como ahora, que la oposición en México, por bruta, se merece a un presidente como López Obrador. Son chiquitos en tamaño y raciocinio. Cuesta trabajo entender cómo la minoría opositora en el Senado votó a favor de la reforma constitucional para permitir la revocación del mandato en México.
Es cierto: los senadores cambiaron muchos de los preceptos previamente aprobados por los diputados, la más importante, que la revocación del mandato no coincidirá con las elecciones intermedias. La votación para decidir la permanencia del Presidente será ocho meses después de los comicios legislativos. Por ahí de febrero de 2022 se llevaría a cabo la primera, si es que un 3% de la lista nominal de electores (dos millones 698 mil ciudadanos) firman para solicitar la revocación de AMLO. (Leo Zuckermann, Excélsior, Opinión, p.15)
EN EL PAÍS de los ciegos… el que tiene fuero es rey. Cuentan que en la designación de Manuel Limón Hernández como el relevo de Carlos Romero Deschamps, poco tuvo que ver su trayectoria sindical.
EN REALIDAD, dicen, la decisión de que el diputado federal del PRI encabezara al sindicato petrolero se dio, más bien, por el hecho de que es el único de la pandilla, perdón, de la dirigencia, que cuenta con la protección del fuero. El miedo no anda en burro, pero cuando veas las cuentas de Juan Collado congelar, pon las tuyas a remojar… ¿o cómo era?
POR CIERTO que a Eduardo Medina Mora le congelaron las cuentas, renunció y le descongelaron las cuentas. Y ahora que le congelaron las cuentas y Carlos Romero Deschamps renunció, ¿también se las van a descongelar?
LA PREGUNTA viene al caso porque en el mundo judicial cada vez se escucha con mayor insistencia que Santiago Nieto en realidad es el titular de la Unidad de Intimidación Financiera. ¿Será? (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
Un muy singular oficio dirigido a mí, llegó a las oficinas de W Radio el martes. Venía de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, para hacerme una notificación. Hacía referencia a “Operación Saqueo”, el reportaje en el que se revelan las grabaciones clandestinas a exfuncionarios de Pemex en las que detallan cómo operaba la corrupción ahí adentro en el sexenio pasado, y que fue publicado el lunes en estas páginas y en el programa de radio a mi cargo.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) “solicita su colaboración con esta autoridad investigadora, a fin de que dentro del término de 07 días hábiles, contando a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, tenga a bien remitir a esta autoridad administrativa copia certificada de toda la documentación con que cuente respecto de los hechos antes referidos, así como de los audios, videos y/o videograbaciones que tenga, en torno a la nota periodística relacionada con la empresa Black Cube y funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos”. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
Alguien tendió una honda trampa a Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía durante la administración de Enrique Peña Nieto.
En julio de 2018, Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, acompañada de evidencia que señala como presuntos responsables de cohecho, entre otros, al propio Pedro Joaquín Coldwell, cuando aún era presidente del Consejo de Administración de esa paraestatal.
Así lo exhibieron los reporteros Peniley Ramírez y Gerardo Reyes en una notable pieza de investigación publicada por Univisión el día de ayer. (Ricardo Raphael, El Universal, Opinión, p.2)
López Obrador podría quedarse con las ganas de aparecer en una boleta electoral, ya no se diga en los comicios de 2021 o, después, en 2022, sino por lo que resta de su sexenio.
La idea del Presidente consistía en someterse, y someter a sus futuros homólogos, a la “voluntad popular” cada tres años, porque el pueblo bueno y sabio pone pero el pueblo bueno y sabio quita.
Más allá de una “revocación”, que para fines de popularidad suena de maravilla, lo planteado por López Obrador parecía, más bien, una reelección. (Luis Cárdenas, El Universal, Opinión, p.7)
El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dialoga con varios dirigentes de sindicatos importantes para promover rotaciones ordenadas en las cúpulas del sindicalismo, a partir de la salida de los actuales secretarios generales o presidentes, que den paso a la elección de nuevos dirigentes que sean electos mediante procesos democráticos en los que voten de manera libre y secreta los trabajadores para elegir a sus representantes.
Por encargo directo del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue la encargada de negociar la renuncia de Carlos Romero Deschamps que se concretó el día de ayer, ha iniciado también conversaciones con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), organismo cúpula que aglutina a los sindicatos de la burocracia federal; con Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y hasta con el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.12)
Romeritos y Romerotes // Caídas de caciques sindicales // ¿Y los líderes seccionales? // ¿Y los funcionarios ladrones?
La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato nacional de trabajadores petroleros ha reavivado la esperanza popular de que haya castigo a los grandes corruptos del país. La ostentación, por parte del secretario general de uno de los sindicatos más poderosos del país, de la riqueza mal habida y la constante exhibición de su impunidad amparada por gobiernos priístas y panistas a lo largo de 26 años de imperio, hicieron del personaje (nacido en Tampico, Tamaulipas, 76 años atrás) uno de los receptáculos más afinados del repudio popular.
La caída de un dirigente sindical poderoso no ha sido, sin embargo, un hecho que altere a profundidad el esquema de relaciones de esos organismos con el poder político en turno. Los ejemplos de Joaquín Hernández Galicia y Elba Esther Gordillo muestran que la sustitución de liderazgos puede quedar solamente en tácticas gubernamentales basadas en las circunstancias del momento. Ahí están los casos de Carlos Salinas de Gortari quien, decidido a asentar su poder tachado de espurio en 1988, dio un manotazo judicial y militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para advertir mediante La Quina el castigo que correspondería a quienes desde el sistema hubieran apoyado o consideraran apoyar el conato de insurrección electoral encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas; Enrique Peña Nieto, necesitado de despejar el camino a su plan de reforma educativa, no titubeó en castigar a la lideresa Gordillo que pretendía retar de forma obstructora el poder de Los Pinos. Ahora, Romero Deschamps no será obstáculo para el desarrollo de los planes petroleros del sexenio en curso. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
En la segunda mitad de octubre, avanzada ya la cuenta regresiva para el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, alguien decidió responder –de manera seria y detallada– a la pregunta retórica que da título a estas líneas. Fue Josep Borrell, quien el 8 de octubre obtuvo, con apoyo de diversos grupos políticos, excepto los de ultraderecha, su aprobación como Alto Representante de Política Exterior, Seguridad y Defensa de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, que a partir del primero de noviembre presidirá Ursula von der Leyen. Al efecto, presentó a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento Europeo una visión, calificada de ambiciosa y realista a la vez, del rol global que corresponderá jugar a la UE en los próximos cinco años, hasta 2024, cuando la pesadilla del Brexit –que ahora la consume hasta el agotamiento– no sea más que un recuerdo desgraciado, cuyas consecuencias, sin embargo, continuarán enfrentándose durante todo ese periodo y más allá. Lo anterior asume que el 31 de octubre culminará, de un modo u otro, la salida británica, algo que 14 días antes dista de estar asegurado y cuando se plantea una nueva prórroga.
Borrell, destacado ministro español del Exterior, será –cuando la nueva Comisión Europea sea ratificada e inicie su mandato quinquenal– el personero de la familia socialista (o social-demócrata) en la nueva trinidad de la UE, como jefe de la diplomacia comunitaria; junto a la conservadora alemana von der Leyen como presidenta de la comisión y el liberal belga Charles Michel como presidente del Consejo Europeo. (Jorge Eduardo Navarrete, La Jornada, Opinión, p.21)
QUE la renuncia de Carlos Romero Deschamps al frente de los petroleros motivó una reunión exprés del gabinete federal, cuya oradora principal fue Olga Sánchez Cordero, quien expuso los pormenores del tema, que ella misma operó, y ratificó el respeto a la libertad sindical. Quizá por eso los líderes obreros, siempre tan unidos, negaron que haya persecución y prácticamente justificaron la salida del ex senador del PRI.
QUE diputados de Morena, PT y PES difieren con el Presidente, porque buscan aumentar ingresos, y anoche sabotearon la reunión de la Comisión de Hacienda, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, en la que se preveía la aprobación de la ley respectiva, pues quieren que el superávit fiscal baje de 0.7 a 0.5 por ciento. El coordinador de Morena, Mario Delgado, consultó en Palacio Nacional y la respuesta fue un rotundo no, ya que implica poner en entredicho la disciplina fiscal.
Lo cierto es que con las modificaciones faltan 50 mil millones de pesos para el Presupuesto, por lo que quedan pocas opciones para mantener la palabra de no subir impuestos: modificar la forma en que se cobra el gravamen especial a bebidas alcohólicas o reducir los montos de programas sociales. (Milenio, Opinión, p.2)
Desde su campaña presidencial, y antes, Andrés Manuel López Obrador había insistido en la revocación de mandato porque el pueblo pone y el pueblo quita.
Su plan original era hacer la consulta cada dos años. Fue hasta su participación en el programa Tercer grado, de Televisa, como candidato presidencial, cuando le pregunté sobre el tema y anunció que esa consulta sería cada tres años, a lo que le reviré, Será al tercer año, ¿no…? Sí, eso, al tercer año porque no me pienso reelegir, no soy un vulgar ambicioso, respondió.
Y en eso quedó desde entonces, una consulta al tercer año que quiso empatar con la elección intermedia de 2021, sabedor del peso político que significa su nombre en una boleta electoral. (Joaquín López Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Discutimos en La hora de opinar de este lunes, con Valeria Moy, Leo Zuckermann y Javier Tello, la relación del Presidente con la legalidad. Vinieron a la mesa dos ideas contrastantes.
La primera es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido siempre una relación ambigua con la legalidad y las instituciones, a las que acepta cuando caen de su lado y rechaza cuando no.
La segunda línea de reflexión es que aquel candidato de la oposición semileal, que aceptaba o mandaba al diablo las instituciones según las necesidades de su deriva política, es ahora el jefe de las instituciones y no puede simplemente ignorarlas. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)