LA VIOLENCIA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, prendió nuevamente las alarmas en Estados Unidos y no solamente en lo referente a las recomendaciones para los viajeros de esa nación.
EL DEPARTAMENTO de Estado de la Unión Americana consideró la situación en la ciudad fronteriza lo suficientemente peligrosa como para imponer un toque de queda nocturno a los empleados de su Consulado General.
ESTO OCURRE una semana después de que las autoridades estadounidenses tomaran la misma decisión en Chihuahua a raíz de la masacre de la familia LeBarón.
A VER cómo reacciona ahora la administración de Donald Trump después de que ya ofreció mandarnos a los marines para combatir a los narcos mexicanos. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
El manotazo de amlo en morena.- Tuvo que venir un manotazo en la mesa desde el Palacio Nacional para apaciguar las aguas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Nos cuentan que había posiciones irreconciliables entre los aspirantes a la dirigencia: Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán y vino la señal desde Palacio Nacional para que todo se dirima en una encuesta entre militantes y se dejen de pelear. Nos describen que en el gobierno federal acusan que otro de los factores que le pegó al Presidente de la República en su baja en la aprobación mensual, además de la inseguridad, fue el pleito interno en su partido. ¿Le harán caso? Porque ya antes lo han ignorado. (El Universal, Nación, p. 2)
Que la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, mantiene firme su agenda de gobernabilidad para todo el país, como quedó demostrado con su asistencia a los informes de los mandatarios de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, y de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García. En ambos actos fungió como representante del Presidente. Lejos quedaron los escenarios en que se pedía su renuncia por enfermedad o por alguna crisis política. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Tres años de normalización y promoción del racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia desde la Casa Blanca se reflejan en el informe acerca de crímenes de odio publicado por la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI): mientras entre 2017 y 2018 el total de estos delitos registró una disminución marginal de 0.77 por ciento, aquellos cometidos contra personas de origen hispano (es decir, hispanohablantes o sus descendientes, sin importar su procedencia) se dispararon 41 por ciento, mismo aumento que experimentaron los dirigidos contra miembros de la comunidad de la diversidad sexual.
Para realizar su reporte, el FBI define un crimen de odio como un delito contra una persona o propiedad motivado en todo o en parte por el prejuicio de un delincuente contra una raza, religión, discapacidad, orientación sexual, etnia, género o identidad de género. La distinción entre los ataques contra las personas y las propiedades resulta significativo, pues en el periodo estudiado la aparente reducción en el conjunto de estos crímenes se ve opacada por el aumento de 12 por ciento en los ataques dirigidos contra las personas. (Editorial, La Jornada, p. 2)
La idea es simple, el “ombudsperson” no debería tener cercanía con ningún partido político ni mucho menos afiliación partidista. Parece que buena parte de la clase política le gusta enredar las cosas, echar culpas, hablar del pasado y hacer venganza política.
La recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue candidata de Morena, el partido en el poder. Rosario Piedra es también amiga del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es defensora de su gobierno y de su política, razones suficientes para no haber sido nombrada como titular de la CNDH.
No debería ser muy complicado entender las razones por las que no debe encabezar un organismo autónomo una persona que tiene antecedentes partidistas. Lo mismo si fuera en un gobierno del PRI, del PAN o de cualquier partido político. La polarización además hace perder el entendimiento y el mínimo razonamiento respecto a temas tan importantes como el de los derechos humanos. (Héctor Escalante, El Sol de México, Análisis, p. 17)
Se cumple un mes de inquietud en torno a la relación entre el gobierno López Obrador y altos mandos de las fuerzas armadas.
En este breve lapso se han producido tres focos de clara tensión: la puesta en libertad de Ovidio Guzmán, en Culiacán; la condena expresa del Presidente a las declaraciones del general en retiro Carlos Gaytán Ochoa sobre la situación política del país, y los tuits del propio mandatario aludiendo a un “golpe de estado” bajo una motivación que ha quedado en el campo de la incógnita.
Pese a que este último episodio mereció menos atención, por haberse producido en un fin de semana feriado y ser considerado una disquisición histórica a las que tanto se inclina López Obrador, es posible que esos tuits merecerán en perspectiva mucho mayor análisis.
Información confiada a este espacio asegura que un cercano colaborador presidencial, que ha sido interlocutor con el estamento militar desde el periodo del gobierno de transición, alertó al Presidente ese sábado 2 de noviembre que el malestar entre los hombres en uniforme era notablemente mayor que el estimado hasta ese momento. (Roberto Rock L. El Universal, Nación, p. 8)
En mis tres años y medio en México, hubo muchos temas que me marcaron por el resto de mi vida. La resiliencia de las y los sobrevivientes de tortura, la valentía de comunidades indígenas que defienden sus tierras, la entereza de las mujeres que exigen un alto a la violencia… pero lo que me marcó de un modo aún más penetrante es el dolor de las familias de las personas desaparecidas (casi siempre lideradas por mujeres), su recia perseverancia (casi siempre de las mujeres), el amor que les impulsa a seguir buscando a sus seres queridos, sea en vida o en otra circunstancias, en las calles, separos, cuarteles, morgues o fosas clandestinas.
La reciedumbre y capacidad de organizarse de las familias de personas desaparecidas es inspirador, una señal clara de que otro México no solamente es deseable sino también posible. Es gracias a ellas que el día de hoy se cumplen dos años de la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La ley es un resultado del heroico esfuerzo de los colectivos, quienes estuvieron acompañados por organizaciones de la sociedad civil y contó con la asesoría y empuje de mi Oficina y otros organismos internacionales. Las familias lograron transformar el dolor personal en fuerza colectiva, en una fuerza política y moral en el sentido más amplio y apropiado de las palabras. (Jan Jarab, El Universal, Opinión, p. 13)
El caso boliviano es una oportunidad para que los liderazgos políticos comprendan los riesgos de permitir que el estamento militar vuelva a posicionarse como máximo árbitro de democracias debilitadas por la desigualdad, como en Chile, por la corrupción que elevó a Bolsonaro en Brasil por la incapacidad de aceptar la alternancia en Nicaragua, Venezuela o Bolivia. A pesar de la variedad de casos, la caída, desestabilización o enquistamiento en el poder demuestran que por primera vez, en décadas, el ejército vuelve al centro de la escena para sostener o tumbar gobiernos como no se veía desde los ochenta.
Uno de los consensos básicos de la democratización, desde entonces, ha sido reducir el rol del ejército tras las dictaduras militares que ponían o tiraban gobiernos con el respaldo de EU. En algunos países como México la inseguridad les permitió tomar la calle y en otros, como en Bolivia, la búsqueda del apoyo de la cúpula militar abrió espacios de injerencia en el ámbito civil. En Perú una confrontación entre el Ejecutivo y Congreso se salvó gracias al ejército. En Venezuela el partido en el poder y el ejército están mimetizados, mientras que gobiernos de derecha, como el de Sebastián Piñera, recurren a ellos para reprimir protestas a un alto costo de violaciones a los derechos humanos. Y en Brasil el presidente gobierna con una camarilla de las Fuerzas Armadas que, entre otras, se pronunció contra la candidatura de Lula en la última elección. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 12)