En petroleros, mal comienza la promesa de democracia sindical cuando la ahorcan en lunes. (La Jornada, Contraportada)
¿QUÉ MAL nos hizo Panamá? La pregunta viene al caso por el nombramiento como embajador de un personaje como Pedro Salmerón. Y es que apenas se supo de su designación, de inmediato surgieron protestas de colectivos feministas y estudiantiles, bajo la consigna “un acosador no será embajador”.
LAS DENUNCIAS en contra del historiador no son nuevas, pero sí han sido reiteradas. De hecho, envuelto en medio del escándalo del movimiento Me Too que lo señalaba por acosar alumnas, Salmerón decidió renunciar en 2019 como profesor del ITAM.
OTRO escándalo que lo llevó al desempleo, fue cuando calificó como “jóvenes valientes” a los guerrilleros que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada. La iniciativa privada no dudó en lamentar tan desafortunadas expresiones y, pese a sus desplantes, Salmerón tuvo que dejar la dirección de Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
SI A TODO ESO se le suma su nula experiencia en asuntos diplomáticos, podría resultar inexplicable el nombramiento de Pedro Salmerón, pero resulta que es muy cercano a Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Acaso necesita mejores cartas credenciales? Es pregunta muy diplomática.
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A ESTAS alturas resulta increíble que todavía haya quienes dudan de los beneficios de usar cubrebocas. En el parlamento abierto de la contrarreforma eléctrica era fácil reconocer a los representantes de la 4T porque eran quienes traían el rostro descubierto, en un salón repleto y sin ventilación natural. Ignacio Mier, Layda Sansores y Sergio Gutiérrez Luna son de los que prefieren la obediencia política a la evidencia científica.
PERO, BUENO, del lado de la oposición no cantan mal las rancheras, como se vio en la reunión de la UNA, que agrupa a los alcaldes no morenistas de la CDMX. Aunque sí usaron cubrebocas, pero se lo quitaban para hablar, se pasaban de uno a otro el micrófono y, ¡oh, sorpresa!, horas después el panista Mauricio Tabe anunció que dio positivo para Covid-19. Ojalá que se recupere pronto… ¡y que no haya contagiado a nadie!
APROVECHANDO que se están dando cambios en el gabinete, Elena Álvarez-Buylla debería ser titular de la policía moral, en lugar de encargarse de la ciencia y tecnología. Y es que la directora de Conacyt sigue dando al traste con este sector, porque se guía por cuestiones dogmáticas y no científicas. La nueva joya de su pensamiento fue afirmar que estudiar un posgrado en una institución privada equivale a comer… ¡comida chatarra! Así que, ¡agárrense!, porque vienen años de maestrías y doctorados garnacheros.
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A PROPÓSITO de eminentes científicas, quienes conocen a Claudia Sheinbaum no daban crédito al escucharla defender la contrarreforma eléctrica, haciendo a un lado su currículum como académica especializada en temas ambientales. Hay quienes dicen que sus argumentos parecían dictados por la CFE, por lo que a partir de ahora será mejor llamarla Claudia Sheinbartlett. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Cuauhtémoc Blanco se blinda con equipo legal
Blindado por un equipo legal de élite, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pidió a la Fiscalía General de la República hacerse cargo de la investigación en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico. La defensa del mandatario estatal es encabezada, nada más y nada menos, que por el exconsejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, un exfuncionario público y abogado quien goza de una fama de honorabilidad y rectitud. Pero por si acaso, don Cuauhtémoc también cuenta con el consejo legal de su secretario de Gobierno en Morelos, Pablo Ojeda, exintegrante del despacho de abogados del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, lo que siempre puede ser útil.
El bofetón de la 4T a “Alito”
Vaya bofetón que la autollamada Cuarta Transformación le propinó al presidente del PRI, Alejandro Moreno, al nombrar como embajador en República Dominicana el exgobernador priista de Campeche Carlos Miguel Aysa. Cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido cargos diplomáticos a otros priistas, pero el caso de don Carlos es especial, pues él fue escogido por Moreno como su mano derecha en el gobierno campechano, en donde lo colocó como secretario de Gobierno, y más adelante lo dejó como gobernador sustituto. Ayer, don Alejandro reaccionó a la designación tanto de Aysa como de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, designada cónsul en Barcelona, y dijo que ambas fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido y que, de aceptar la propuesta del gobierno de Morena, estarían incumpliéndolos, y podrían ser expulsados del tricolor. Todo indica que la exgobernadora y el exgobernador ya aceptaron la propuesta y no les preocupa demasiado la expulsión del PRI o el reclamo de ingratitud de “Alito”, como llaman a Moreno sus amigos.
Primer round IP vs 4T
El primer round directo entre empresas y gobierno en torno a la reforma eléctrica será el próximo miércoles, cuando en el Parlamento Abierto se encuentren cara a cara Manuel Bartlett, titular de Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Además de José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. El choque de posturas se antoja interesante.
Una para las noticias falsas de la semana
Quien se ganó un espacio en la sección de la Mañanera dedicada a lo que en el gobierno consideran mentiras, es el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes. Don Maximiliano difundió un mensaje en Twitter para dar el pésame por el fallecimiento del cónsul de México en Quetzaltenango, Guatemala. El funcionario dijo que el diplomático mexicano habría fallecido de un infarto. Pero tuvo que borrar el mensaje cuando le dijeron que estaba en un error, que el cónsul está hospitalizado y delicado de salud pero con vida. (El Universal, Nación, p. 2)
Nevos diplomáticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, anunció nombramientos, por designación presidencial, para 15 representaciones de México en el exterior. Destacan los casos de dos exgobernadores, la de Sonora, Claudia Pavlovich, como titular del consulado de México en Barcelona, y Carlos Miguel Aysa, de Campeche, en República Dominicana. Todos estos nombramientos se pondrán a consideración del Senado y, en el caso de las propuestos para las embajadas, ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción. Hubo un ausente y esperado, Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, quien iba para la embajada en España. ¿No alcanzó los méritos suficientes?
Ciudadano seguro. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señaló que en la época navideña pasada la inclusión de la tecnología AlcoStop en la aplicación de pruebas de alcoholemia ayudó a incrementar su eficiencia entre un 80 y 90 por ciento. La capital del país tuvo un operativo permanente del 8 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022. Y el programa Conduce sin Alcohol ayudó a reducir el número de muertes por accidentes vehiculares. De 43 personas fallecidas en 2020 por este motivo, en 2021 se registraron 31, lo que representa una disminución del 34 por ciento. Frente a 2019, año en el que murieron 38 personas, la cifra bajó 23 por ciento. Otro punto a favor de la seguridad ciudadana. Hoy y siempre, si toma, no maneje.
Reforzando fortalezas. El almirante Juan José Padilla Olmos fue designado nuevo jefe del Estado Mayor General de la Armada, por acuerdo secretarial, en una ceremonia solemne en la sede de la Secretaría de Marina-Armada de México. La Semar informó que este cambio tiene la finalidad de continuar con el cumplimiento de su misión y atribuciones. Padilla Olmos recibió el 20 de noviembre del año pasado su actual grado, por acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha ocupado, entre otros cargos en la Semar, el de jefe de Grupo de Comando de la Base Aeronaval de Veracruz e inspector de la Primera Región Naval. El objetivo es cumplirle a la nación y lo hacen de manera constante. La confianza es total.
Autoestima alta. El dirigente del PAN en Saltillo, Carlos Murillo Ávalos, dijo que, en caso de que se busque conformar en Coahuila una alianza entre el blanquiazul y el PRI-PRD para la elección de gobernador del próximo año, será la mayoría de los panistas los que decidan, una vez llegados los tiempos, si dicha coalición es o no procedente. Señaló que, mientras tanto, la única alianza que mantiene el PAN es con los ciudadanos y con las causas de estos últimos, e indicó que el hecho de que en cuatro de los seis estados cuyas gubernaturas estarán en juego en 2022 Acción Nacional vaya en alianza con otros partidos no significa que también en Coahuila se vaya a contender bajo ese esquema. ¿Así que solitos pueden? Tiempo al tiempo.
Logro. Un juez de Control de Baja California concedió una vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva contra Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias Omega, vinculado al Cártel de Sinaloa y presunto operador del líder de ese grupo delictivo, Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con las investigaciones, el procesado estaba identificado como uno de los principales objetivos de las mesas de seguridad en ese estado y considerado como un generador de violencia. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, informó que también fueron vinculados a proceso y permanecerán detenidos Alexis Mendoza y Andrea Nayeli Lozano, presuntos integrantes del mismo grupo delictivo. Con todo, ahora sí. No como antes. (Excélsior, Nacional, p. 11)
Que llegó a su fin el proceso para reunir las firmas que permitan llevar a cabo la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el INE informará hoy en conferencia que se contaron más de 2.7 millones de rúbricas y esta misma semana lanzará la convocatoria; todo esto ocurre horas después de que el titular del Ejecutivo reiteró que la Secretaría de Hacienda no dará un peso de lo solicitado por la autoridad electoral para llevar a cabo el ejercicio, así que el balón pasa entonces al terreno de la Corte.
Que en el PAN siguen los pretextos para acudir a las mesas pactadas con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López, luego de que por meses denunciaron una supuesta resistencia del gobierno federal para dialogar sobre temas como pandemia, recuperación económica y seguridad. Una vez que se fijó una nueva fecha para las conversaciones resulta que el presidente del partido, Marko Cortés, no podrá, porque andará en Tamaulipas comiendo con sus senadores. Por tanto, si la agenda panista lo permite, las pláticas comenzarán el martes.
Que tras la designación de Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona, los reproches no solo llegaron del PRI, donde Alito amagó con expulsarla, sino de fuera, pues resulta que el activista Adrián LeBarón mandó un mensaje a la ex gobernadora de Sonora por redes sociales: “Disfrute el premio, perdón, el encargo de embajadora (sic)… Cuando llegue a Barcelona su tarjeta de presentación puede decir: ‘Goberné Sonora de 2015 a 2021, en 2019 masacraron a tres mujeres y seis niños, en caminos en poder de criminales que nunca pudimos controlar’”. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
AMLO recargado
Aseguran en Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó “recargado” de su segunda recuperación de contagio de COVID-19 e inmediatamente comenzó, desde ayer, con la evaluación de obras y programas, lo que significa que inician ya las visitas a los sitios y todos los involucrados deben estar más que listos.
Beneplácito
Con agrado recibió el Servicio Exterior Mexicano la noticia de que seis funcionarios con grado de ministro fueron promovidos como embajadores, además de que habrá un concurso para diez nuevas plazas y para cónsul general. Eso no es todo, con las designaciones anunciadas ayer por Cancillería, se informó que Alicia Bárcena será directora del Instituto Matías Romero.
Molestia en el PRI
Nada bien cayó en el PRI la noticia de los nuevos nombramientos en Relaciones Exteriores. Y es que entre las designaciones está la del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, como embajador de México en República Dominicana, y de la sonorense Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona. Alejandro Moreno insinuó que serán expulsados del tricolor.
Cierran filas
Con la participación de 11 gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados arrancó los trabajos del parlamento abierto para discutir, en 19 mesas, la reforma eléctrica, impulsada por AMLO. Nos hacen saber que casi todos los mandatarios emanados de Morena se apersonaron para cerrar filas con el primer mandatario.
Unas por otras
La venta de Citibanamex dejará importantes recursos en las arcas públicas, pues a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, ha hecho un importante trabajo en la recaudación, enfrenta serios desafíos por la lenta recuperación económica, por lo que varios millones de pesos por dicha transacción no le vendrán nada mal. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Presencias y ausencias en el parlamento
Nos cuentan que los gobernadores del bloque opositor le hicieron vacío a la inauguración del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, que se llevó a cabo ayer en San Lázaro. Pese a que se invitó a todos los mandatarios, sólo 11 respondieron a ella, siendo el priista Omar Fayad, de Hidalgo y el panista José Rosas Aispuro, de Durango, los únicos de partidos de oposición en acudir. El resto fueron gobernadores afines a la 4T y aprovecharon para cerrar filas en torno a la iniciativa presidencial. Y aunque el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, dijo que algunos gobernadores se disculparon por no asistir, no descartó que puedan acudir individualmente a uno de los foros para analizar la reforma. Aunque, nos hacen ver, de esa manera la señal será otra, muy diferente, nos comentan.
Papa diplomática caliente en Morena
Una fuerte polémica alcanzó hasta los propios entornos de Morena, luego de que la Cancillería informara de los nombramientos que propone el Presidente en diversas posiciones diplomáticas y en particular la del historiador Pedro Salmerón, como embajador de México en Panamá. Primero fue desde espacios estudiantiles, como la organización de alumnas del ITAM Cuarta Ola, donde advirtieron que “su asignación como embajador es de suma preocupación ya que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres”. Después, desde trincheras afines a Morena siguieron las críticas. La activista Estefanía Veloz pidió reconsiderar el nombramiento de quien “tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas”. En respuesta, el académico apuntó hacia sus adversarios políticos. Con este antecedente, en el Senado, donde tendrán que avalar las designaciones, van a tener una papa caliente, nos señalan.
Y en el PRI no se quedan atrás
Y hablando de papas calientes, en el PRI no se quedan atrás porque en la lista de nombramientos revelada por Relaciones Exteriores aparecen dos exgobernadores de ese partido: la exmandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, y el de Campeche, Miguel Aysa. La primera está propuesta como cónsul a Barcelona, mientras el segundo haría maletas para moverse a República Dominicana. El hecho no pasó desapercibido para el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien de inmediato escribió en las benditas redes que ambos “fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido”. El mensaje desató fuertes descalificaciones a las “militancias frágiles” y al “entreguismo”. Luego, el dirigente del PRI advirtió: De aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión”. Uf.
Otra bronca que arma Orozco
Nos dicen que entre los gobernadores en la mirilla pública está el de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, a quien le quedan unos meses en el poder y que, junto a funcionarios estatales, fue denunciado ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado por parte de la empresa Línea Express, la cual lo señaló por “faltas administrativas y actos de corrupción” tras inhabilitar la operación de 86 unidades de transporte para beneficiar a una foránea. Nos comentan que, con esto, además de generar desempleo y pérdidas para la empresa, causó un daño aproximado de 34 millones de pesos al erario, ya que estas unidades recibieron subsidios para ser renovadas y equipadas.
Conflicto en ENAH sigue
Nos hacen ver que, a pesar de que bajó un poco sus decibeles en días pasados, el conflicto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia no ha llegado a su fin. Y es que la Asamblea académica y estudiantil convocó a un nuevo mitin para mañana miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. A través de sus redes sociales, la Asamblea publicó la convocatoria para todos los que integran el INAH, así como a los medios de comunicación. Además, nos aseguran, informaron que la manifestación será para exigir sus derechos laborales, así como el aumento de presupuesto para la investigación y el sueldo de los docentes que, de acuerdo a sus acusaciones, llevan sufriendo austeridad y malas condiciones laborales desde hace años. Uf.
Inconformes de Morena, a instancia definitiva
Con la novedad de que las impugnaciones de las inconformes con los procesos de elección de candidatos de Morena llegaron finalmente al TEPJF, donde habrán de tener una resolución última. Las aspirantes a las gubernaturas de Oaxaca, Susana Harp, y de Tamaulipas, Maki Ortiz, presentaron sus respectivos recursos para controvertir la metodología, los resultados de la encuesta y el estudio de opinión, así como las designaciones de Salomón Jara y de Américo Villarreal como abanderados en sus respectivas entidades. Por cierto que, nos hacen ver, los proyectos de resolución quedarán en manos de los magistrados José Luis Vargas y Janine Otálora, quienes analizarán los argumentos y propondrán una sentencia al pleno de la Sala Superior. Susana y Maki se juegan así su última carta, luego de que en su propio partido resolvieran contra ellas. (La Razón, La dos, p. 2)
El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la mañanera con nuevos bríos y viejos pleitos. El principal, implícito en el subtexto de sus palabras, contra el expresidente Felipe Calderón, a quien quisiera ver en la cárcel, porque está convencido de que colaboró con Estados Unidos en la Operación Rápido y Furioso de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), que consistía en permitir que personas vinculadas al Cártel de Sinaloa compraran armas en aquel país y que las rastrearan hasta sus destinatarios finales. Fue un desastre y provocó la muerte de un policía fronterizo. “Se pensaba que eso se había olvidado y hace poco ya se hizo la consignación del caso”, dijo el Presidente. “No va a haber impunidad como también no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor”. Ya veremos.
Por lo pronto, la Fiscalía General obtuvo recientemente seis órdenes de aprehensión, de las cuales trascendieron tres nombres, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón; Luis Cárdenas Palomino, uno de sus brazos derechos en la Policía Federal, y Joaquín el Chapo Guzmán, a quien parecen acreditarle –equivocadamente– que era el jefe del Cártel de Sinaloa. Las órdenes de aprehensión alimentan la narrativa contra Calderón, pero difícilmente llevarán a conocer la verdad, del lado mexicano, de una presunta colaboración ilegal en Rápido y Furioso. Ninguno de los tres aparece mencionado ni en la investigación que llevó a cabo el Congreso, que en cambio, tiene la sustancia que podría conducir al gobierno de López Obrador a la verdad, quizá llegando al mismo destino que desea, pero apegado a la justicia, no a la venganza política.
Un punto de partida puede ser una audiencia en el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en julio de 2011 donde se dio un revelador intercambio entre Trey Godwy, diputado de Carolina del Sur, y William Newell, jefe de ATF en Phoenix, desde donde se manejó Rápido y Furioso:
Godwy: ¿Sabía que las armas iban a México?
Newell: Correcto.
Gowdy: ¿Sabía el señor (Carlos) Canino (jefe de ATF en la embajada de Estados Unidos en México) de la investigación?
Newell: Sí sabía.
Gowdy: ¿Sabía que las armas iban a México?
Newell: Absolutamente. (En la misma audiencia, Canino declaró que no le dijeron de Phoenix que iban a dejar que “caminaran” las armas a México).
Gowdy: ¿Cuándo iban a informar de esto a sus contrapartes mexicanas?
Newell: Asumo que sabían de las armas, porque hay una sola división en (Estados Unidos) donde la PGR tiene un representante.
Gowdy: Usted testificó antes que le iba a entregar la información a los fiscales mexicanos y dejar que ellos enjuiciaran (a los mexicanos involucrados). Le pregunté si también iba a permitir que agentes estadounidenses fueran extraditados a México por haber violado la ley, y usted dijo que no. ¿Cómo rayos va a lograr que nuestras hermanas y hermanos en el área judicial crean si usted no creyó en ellos durante la investigación?
Newell: No teníamos la información hasta mucho después, e invité, junto con Canino en diciembre de 2010 y en enero, a los fiscales mexicanos a venir (a Phoenix). Creo que eso nunca se había hecho antes.
Gowdy: ¿Les informó sobre Rápido y Furioso?
Newell: Sí.
Gowdy: ¿Cuándo les dijo?
Newell: El representante de la PGR que tenía en mi oficina llevaba dos años ahí y sabía del caso, aunque no en específico.
La Operación Rápido y Furioso comenzó el 31 de octubre de 2009 y concluyó el 25 de enero de 2011, un mes después que el agente fronterizo Brian Terry fuera asesinado con una de las armas que supuestamente había seguido ATF, durante un patrullaje en la frontera de Arizona. Durante las audiencias en el Capitolio, el Departamento de Justicia, donde comenzó todo, dio a conocer un memorando de Newell del 30 de marzo de 2011, donde explicaba sus contactos con las autoridades mexicanas.
El representante de la PGR en la oficina de ATF en Phoenix a quien se refirió, es Carlos Luque Ordóñez, a quien Newell informó de la operación en diciembre de 2009, una vez que Rápido y Furioso estaba en marcha. En varias ocasiones durante el siguiente año, escribió Newell, le fue informando sobre el estado de la investigación. A finales de 2010, agregó Newell, incluyó en la investigación –sin dar detalles específicos– a la oficina de ATF en México y a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, en ese entonces a cargo de Marisela Morales.
En preparación para la visita de los fiscales de la PGR en Phoenix, Newell señaló que realizó una reunión el 15 de diciembre de 2010 en las oficinas de la PGR patrocinada por la OPDAT, una oficina en la embajada de Estados Unidos creada en el marco de la Iniciativa Mérida, que cada mes veía con sus contrapartes mexicanas los recursos, el financiamiento, los equipos y la capacitación para las autoridades mexicanas. Esas reuniones eran ejecutivas, no operativas. Newell, en las audiencias y en el memorando, siempre aclaró que nunca aportó detalles de lo que estaba haciendo.
En esa reunión de diciembre estuvieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabezaba la parte mexicana, de la PGR, la SIEDO y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el Cenapi. Newell les informó sobre Rápido y Furioso y adelantó que estaba a punto de cancelarse. El gobierno de Calderón ha negado que estuviera al tanto de esa operación, y fuera de los señalamientos acotados de Newell, no existe información pública de una colaboración explícita en Rápido y Furioso. No significa que no pueda haberse dado, pero será tarea de la Fiscalía General el aportar pruebas sólidas de que lo que cree López Obrador que sí sucedió, para que todo esto no quede en una vendetta más del Presidente. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 28)
¿Cómo es Echeverría?, le preguntó Julio Scherer a Carlos Monsiváis después de que Carlos fuera convocado por el ex presidente, impresionado por sus crónicas sobre el temblor de 1985 que había publicado en Proceso.
Scherer transcribió en Los Presidentes un fragmento de las notas que le mandó Monsiváis: “No sé lo que debió pasar para que llegara a la Presidencia, pero sí sé que ya desde la campaña le entusiasmó la destrucción de las reglas del juego. Luego se glorió en la erosión de las vías escalafonarias, en los rápidos ascensos de los jóvenes, en la ignorancia de la lealtad como criterio de avance, en la gana de fastidiar a todos los Luis Echeverría que permanecieron en vela hasta muy altas horas aguardando la llamada del jefe, como él. Ya en el poder actuó Echeverría contra las tortugas escalafonarias, de las que él fue un ejemplo y fue traidor a esa clase de hombres que dominan su ambición hasta el punto de la entrega total y se olvidó que en estos seres, en los que ahora se desconocía, radicaba una parte fundamental del conocimiento político del sistema. Me daba la impresión de un hombre profundamente escindido que gozaba físicamente el poder, lo hacía suyo cada instante y extraviaba su erotismo en la maraña de órdenes, ires y venires de los ayudantes, teléfonos que brotaban y desaparecían, el ropero revuelto y múltiple.” (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
En México los presidentes hablan de la realidad de oídas. De lo que les dice su primer círculo, del que siempre son rehenes y les impide asomarse a la verdad.
Eso ha sido siempre y es ahora. Andrés Manuel López Obrador no ha podido romper ese cerco y conocer la realidad en forma directa.
Por eso es frecuente escucharle declarar lo que los suyos le dicen: que ya domamos la pandemia; que México es uno de los países con menos muertes por millón de habitantes; que no hay escasez de medicinas; que la gasolina no ha subido; que sí hay remanentes en el Banco de México; que llega como nunca la inversión extranjera; que vamos a crecer 4 por ciento o 6 por ciento en el sexenio…
En lo que tiene que ver con la pandemia, que domó desde abril de 2020, solo repite lo que falsamente le dice Hugo López-Gatell; de la distribución de medicinas, secunda lo que mentirosamente le apunta el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el que la gasolina no ha subido lo repite, aunque lo desmienta el Inegi y la CRE; lo de los remanentes se lo soplaron desde Hacienda; el aumento en la inversión extranjera, en Economía, lo mismo de que vamos a crecer 4 o 6 por ciento.
Y digo que es de oídas, porque ni se ha domado la pandemia, ni se ha normalizado el abasto de medicinas, ni ha bajado el precio de la gasolina, ni hay remanentes, ni la inversión extranjera está en lo más alto, ni vamos a crecer a 4 por ciento en el sexenio.
Es el riesgo de hablar de oídas cuando se cierran los espacios a otras voces, levantan el puente del castillo y el primer círculo palaciego aprieta sus goznes. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Luis Echeverría cumplió ayer 100 años. Es imposible llegar a esa edad, pero si lo fuera, la semana pasada, el 11 de enero, don Eugenio Garza Sada hubiera festejado su cumpleaños 130. Pero don Eugenio fue asesinado en 1973, durante un intento de secuestro por una célula de la Liga 23 de Septiembre que estaba infiltrada en la Dirección Federal de Seguridad, un intento de secuestro del que estaba informado el gobierno federal y el propio presidente Echeverría, y que no se hizo nada para evitarlo.
Hay dos tipos de impunidad: la que simplemente deja los crímenes sin castigo alguno, y la que aparenta hacer justicia castigando a algunos responsables, pero jamás toca a quienes los instigaron y permitieron. Hemos tenido muchos crímenes de este tipo en nuestro país. Queda claro que Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio, pero nunca hemos sabido a ciencia cierta quién o qué lo llevó a cometer ese crimen. Sabemos que Daniel Treviño mató a José Francisco Ruiz Massieu y sabemos quién lo contrató, pero nunca hemos conocido los móviles ni a los verdaderos responsables de esa muerte.
Uno de esos casos en que la responsabilidad política ha quedado impune es el asesinato hace casi 49 años de don Eugenio Garza Sada. Sin embargo, sí sabemos quiénes fueron los responsables de esa muerte. Lo contamos aquí y lo publicamos en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada (Grijalbo, 2006) del que sacamos una edición muy ampliada y actualizada en 2020.
Años antes, revisando la documentación de la Dirección Federal de Seguridad que había sido trasladada al Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, a mediados del gobierno de Fox, había encontrado los documentos que permitían confirmar que la muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado grupo Monterrey, ocurrido el 17 de septiembre de 1973, tras un frustrado intento de secuestro por un célula guerrillera, había sido una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, que encabezaba Luis Echeverría.
En el documento de la DFS desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, se puede leer un detallado informe enviado por el representante de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, titulado Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Cuauhtémoc Blanco atraviesa su peor momento desde que dejó el futbol para dedicarse a la política. Al gobernador de Morelos le metieron un golazo con la difusión de la foto en la que aparece muy abrazado con jefes del narco en Morelos. Las explicaciones que siguieron fueron poco convincentes. “Me saco fotos con todo el mundo” …a lo mejor aparecen otras”, dijo. Al asunto se enredó aún más cuando trascendió que Adrián LeBarón le envió una carta al presidente Biden —y no a AMLO— en la que le pide que se investigue a Cuauhtémoc.
Acorralado, Blanco recurrió a uno de los trucos más viejos del mundo para desviar la atención: provocar un escándalo para hacer olvidar el suyo. Ayer se apersonó en la FGR para presentar una denuncia por una supuesta “guerra sucia” de narcopolíticos en su contra. En concreto acusó al exgobernador Graco Ramírez y a su titular de Seguridad, Alberto Capella, de haber pactado con El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos. Buscamos una reacción de Graco. Llegó rápido vía WhatsApp: “No hay nada. Quieren cambiar la conversación”, nos dijo. Más adelante puntualizó: “Es bronca entre hampones y no política”. Alberto Capella fue más lejos. Dio a conocer que va a demandar a Cuauhtémoc por difamación. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
A principios de noviembre de 2021 cayeron en Miacatlán, municipio de Morelos, cinco secuestradores vinculados con Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias El XL o El Señorón, líder de uno de los grupos criminales preponderantes en el estado.
Habían secuestrado a un hombre al que ese mismo día trasladaron a un campo denominado El Llano, en donde lo privaron de la vida. Operaban en una de las tantas casas de seguridad que hay en el municipio.
Unos días más tarde un taxista fue asesinado con más de 30 disparos en una colonia de Miacatlán. Le tiraron de auto a auto. El taxi había llegado desde el municipio de Coatlán del Río. Los casquillos recogidos por los peritos correspondían a los calibres .223 y 7.62 mm: los que suele emplear la delincuencia organizada.
Miacatlán estaba en el radar. Un año atrás fue asesinado el comandante de la Comisión Estatal de Seguridad en ese municipio, Luis Alejandro Radilla. En una carretera un vehículo lo impactó; desde otro auto descendieron, disparando, varios hombres. Radilla recibió varios impactos en la cabeza, el tórax y el estómago. Tras su muerte se le acusó de brindar protección al grupo conocido como Los Maya, liderado precisamente por Abel Maya, uno de los jefes criminales más violentos que hay en el estado, que hoy se encuentra en pugna con El Señorón.
A finales de noviembre de 2021 se dio un enfrentamiento —a las doce del día y junto a un jardín de niños —, entre sicarios de este capo y agentes de la fiscalía estatal. El saldo fue de un muerto y tres lesionados. Entre las versiones que corrieron aquella mañana, una señalaba que entre los muertos se hallaba un lugarteniente del XL.
En esos meses, diversas casas de seguridad al servicio de Rodríguez Hernández fueron cateadas por las autoridades. Se aseguraron armas, cartuchos, drogas, automóviles.
Ese mes, el gobierno del estado había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos a quien aportara información sobre El Señorón. Su fotografía fue colocada en diversos espectaculares, colocados en puntos estratégicos del estado.
Los focos rojos indicaban que Miacatlán —al lado de Mazatepec, Tetecala, Coatlán de Río y Puente de Ixtla — era una zona de operación y refugio de Francisco Javier Rodríguez Hernández.
Las autoridades municipales —pasadas y presentes— supieron de su presencia y, según fuentes del gobierno del estado, guardaron “un silencio cómplice”.
Ayer, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, se presentó en la SEIDO para interponer una denuncia en contra de varios políticos de Morelos, presuntamente involucrados con el narcotráfico.
En la denuncia se incluyó a personajes mencionados en este espacio hace unos días, entre otros, al diputado del Panal Agustín Alonso Gutiérrez, exalcalde de Yautepec, bajo cuyo gobierno se empoderó en el municipio Raymundo Castro Salgado, El Ray, líder del Cártel Jalisco y uno de los personajes que hace unos días aparecieron retratados, en una polémica imagen, al lado del propio Blanco.
La denuncia interpuesta por el gobernador de Morelos incluye, desde luego, al senador Ángel García Yáñez, a quien se ha relacionado varias veces con la delincuencia organizada, en parte porque narcotraficantes detenidos portaban credenciales que los acreditaban como asesores de este legislador. A García Yáñez se le relaciona sentimentalmente con la recientemente detenida Esther Yadira Huitrón, apodada La Jefa, operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En la lista de políticos denunciados por Blanco aparece la exalcaldesa de Miacatlán, Luz Dary Quevedo, actual diputada de Movimiento Ciudadano, así como el esposo de esta, Cutberto Aguirre, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Tetecala: la diputada Quevedo y su marido aparecieron en el álbum de fotos asegurado a Esther Yadira Huitrón.
Fue denunciado también el alcalde de Coatlán del Río, Celso Nieto Estrada, que apareció retratado al lado de Huitrón —hermana de la presidenta estatal del Partido Redes Sociales Progresistas. En la lista aparece también una magistrada del Tribunal Superior de Justicia, además del fiscal del estado, con quien Blanco está enfrentado.
La denuncia es la respuesta del gobernador a una querella presentada ante la FGR por legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, quienes hace unos días, tras el escándalo de la foto en que aparece Blanco, exigieron que se esclarezca si está relacionado o no con el crimen organizado.
Muchos de los denunciados por el gobernador, entre ellos Luz Dary Quevedo y Agustín Alonso Gutiérrez, firmaron la denuncia.
En medio del enfrentamiento político más fuerte que se recuerde en el estado, Morelos, se asegura, no tardará en cimbrarse con nuevas revelaciones.
El gobierno federal parece estar esperando el escándalo que le lleve a inclinar la balanza. Lo que ya es inocultable, mientras tanto, es la compleja imbricación entre política y crimen organizado, que hoy mantiene al estado en niveles históricos de violencia. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
Como si fuera su regalo de Reyes, en la mañanera del 6 de enero el presidente dedicó largo rato a hablar de su banco, el Banco del Bienestar. Su primera misión, dijo, será encargarse de repartir los programas sociales del gobierno. Es decir, dar a los ninis su beca, a los adultos mayores su pensión, etcétera.
Suena a que, otra vez, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Porque el plan es construir 2,700 sucursales —oficina, conectividad, miles de empleados— para funcionar seis días al bimestre. Porque los recursos de los programas sociales se liberan entre los días 1 y 6 de cada dos meses. Va a salir mucho más caro dispersar los programas sociales a través del Banco del Bienestar que hacerlo usando bancos privados, o incluso empleando órdenes de pago.
Hagamos cuentas. Los programas sociales representan un presupuesto de 500 mil millones de pesos, en números cerrados. Cada programa cuenta con un Gasto Operativo de Programa (GOP) para sufragar la implementación de esos programas, equivalente al 5% del presupuesto. Es decir, el gasto operativo de todos los programas sociales es de 25 mil millones de pesos. Pero el Banco del Bienestar ya lleva consumidos 50 mil millones de pesos. Así que sale el doble de caro tener que crear un banco para dispersar los programas sociales que mantener el esquema actual.
Para justificar el desperdicio de dinero, el presidente dice que los próximos gobiernos pueden hacer que el Banco del Bienestar funcione realmente como banco: “Necesitamos, primero, consolidar lo de la dispersión de los recursos, luego sería remesas y luego vienen muchísimas otras cosas… créditos y demás, pero eso ya sería con los próximos gobiernos”, dijo en esa mañanera. O sea, estamos frente al Banco… que no es banco. Muy 4T.
No es la única farsa. El presidente prometió que las sucursales del Banco del Bienestar van a ser “Centros Integradores”, es decir, una especie de ventanilla única para los ciudadanos.
Desde que empezó el gobierno está prometiendo lo de los Centros Integradores. Incluso el 17 de junio de 2020 dijo que se estaban estableciendo 13,000 centros. Su entonces operador consentido, Gabriel García, dijo que ya los tenía. Al grado que el presidente ¡los anunció en la mañanera! Sorpresa: en realidad, nunca existieron. Fuentes de Palacio Nacional me cuentan que lo que hizo el polémico Gabriel García fue imprimir unas lonas con la leyenda “Centro Integrador” para colgarlas en oficinas viejas de gobierno que iban quitándoles a otras dependencias. Nunca operaron. Una farsa, pues.
Año y medio después, ya no habla de los 13,000 Centros Integradores (que nunca existieron). Ahora dice que serán 2,700, o sea, el número de sucursales del Banco del Bienestar. El problema es que las quiere empezar a inaugurar la próxima semana y en realidad sólo hay 300 sucursales, y de esas, 250 ya estaban hechas desde el sexenio pasado: eran las del Bansefi que nada más las “tunearon”.
SACIAMORBOS
Considerando los 50 mil millones que ya consumió el Banco del Bienestar que no es banco y aún no existe, quizá el INE deba mandarle al presidente una propuesta de cómo ahorrar dinero: alcanzaría para 12 consultas de revocación de mandato. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 6)
Todo apunta a que a Roberto Palazuelos se le cae la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, al menos por el PRD y la Coalición Va por México, donde el PRI de por sí se niega a apoyarlo.
Además, el movimiento inesperado de la diputada federal Laura Fernández, quien dejó recién el PVEM para sumarse al Sol Azteca, modificó las consideraciones que se tenían al llamado Diamante Negro, a quien el PAN también duda con apoyarlo.
Laura Fernández genera mejores consensos entre las fuerzas políticas. De hecho, para la reunión plenaria que se realizará la siguiente semana en Cancún se volvió en la principal anfitriona y los organizadores del PRD ya le dan trato privilegiado.
Van como ponentes, Mauricio Merino, para hablar sobre combate a la corrupción; Paolo Salerno para hablar sobre la reforma energética; Jesús Ortega para exponer sobre socialdemocracia y el futuro del PRD, y Lorenzo Córdova, presidente del INE, para tratar el tema de la reforma electoral. Como ya lo habíamos adelantado, el que vaya Lorenzo no es cosa menor, es parte de la estrategia por la defensa del INE.
También estarán el gobernador del estado, Carlos Joaquín y el presidente del PRD, Jesús Zambrano y quien sea el candidato o candidata a la gubernatura, pero en el partido ya ven con mejores ojos a Laura Fernández.
AMOR CON AMOR SE PAGA
Aunque en su momento intentó desmentirlo, Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, terminó siendo premiada por el gobierno de López Obrador después del proceso electoral en la que la priista entregó la plaza al morenista Arturo Durazo.
Aunque finalmente no fue la embajada de España, Pavlovich sí será cónsul de Barcelona. Sin renunciar al PRI, su partido amagó con expulsarla como lo hizo en su momento con Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, a quien el gobierno de la 4T también le ofreció una embajada después de haber sido derrotado en el proceso electoral de 2021 frente a Morena, por decirlo de ese modo.
Por cierto que como parte de un paquete de nombramientos en embajadas y consulados, donde también el ex gobernador priista de Campeche, Carlos Miguel Aysa, fue propuesto como embajador de México ante República Dominicana, no aparece el nombre de Quirino Ordaz. Sin embargo, se dice en Palacio Nacional que no significa que haya dejado de estar considerado en los planes del presidente, por lo que podría aparecer entre los nombramientos de nuevos relevos en el gabinete.
UPPERCUT: Ya se normalizó la ejecución de periodistas en el país. Ayer mataron a José Luis Gamboa en Veracruz y a Margarito Martínez en Baja California y ya nadie levanta la voz. Atrás quedaron las consignas y la dureza con que se reclamaban los homicidios de colegas en el sexenio de Peña Nieto. Hoy los atentados contra los representantes de la prensa se han normalizado. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, On line)
En el marco del acuerdo Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos, al cual me he referido en otras ocasiones, el cambio de perspectiva implicó no pensar que las ilicitudes que se cometen en el país vecino tienen su origen solamente en territorio nacional, específicamente, de México hacia Estados Unidos con el tráfico de drogas, sino que, por el contrario, el nivel de violencia que tenemos en el país está marcada por el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos hacia México. En ese contexto, cualquier acción novedosa que permita controlar el flujo de armas ilícitas hacia nuestro país generará mejores condiciones de paz, por ello es tan importante la distinción que otorgó la Asociación de Control de Armas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la figura del canciller Marcelo Ebrard como Persona del año en control de armas, con motivo de la demanda presentada el año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra los fabricantes en Estados Unidos.
Respecto a lo que representa la amenaza de los grupos delictivos en nuestro país, retomemos el diagnóstico que ofrece la Evaluación Nacional de Riesgo 2020, que coloca al crimen organizado como uno de los principales factores de mayor riesgo de lavado de dinero en México. Siendo el tráfico de drogas la modalidad delictiva con más presencia en nuestro país, el crimen organizado se nutre de una amplia gama de delitos que le permite generar grandes recursos y, de esta manera, seguirse financiando y diversificando. A través de estos recursos pueden adquirir armas con facilidad y sin el control de las autoridades del país donde se fabrican. Actualmente se han identificado 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, dos de ellas con alcance supranacional, lo que en gran medida se debe a su capacidad de fuego por el uso de armas que, por lo menos, en 70 por ciento son introducidas al país desde Estados Unidos de manera ilegal. (Santiago Nieto, La Jornada, Política, p. 12)
Al cumplirse 10 años de la creación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas iniciamos los diálogos para impulsar una iniciativa para crear la Ley General de Prevención y Protección ante agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Se trata de reflexionar sobre los avances alcanzados, los límites y pendientes en la legislación actual, así como sobre los requerimientos de una política pública que permita fortalecer la perspectiva de derechos humanos y la atención a la complejidad de las agresiones contra estos sectores fundamentales en la defensa de la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos.
Este mecanismo, que surgió como una medida extraordinaria del Estado mexicano para hacer frente a la incapacidad de las autoridades ordinarias de seguridad y las fiscalías de los diferentes órdenes de gobierno para atender las agresiones que sufre este sector, requiere de una profunda evaluación para transitar de una política reactiva hacia una política de prevención y castigo de estos delitos a fin de abatir la impunidad.
Se trata de encarar inercias, resistencias y agresores: delincuencia organizada, impunidad, falta de colaboración de autoridades locales, involucramiento de autoridades municipales con grupos de delincuencia y participación activa de las autoridades municipales en las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras. Es decir, no solo existen autoridades locales que no asumen su obligación de protección, sino que además son parte central del problema.
Ello exige encaminar la experiencia adquirida en esta década para avanzar en la prevención, mejorar la coordinación institucional para la atención de este problema y fortalecer el acceso a la justicia, definiendo los marcos de competencia, concurrencia y responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano ante estos hechos.
Los Diálogos se llevarán a cabo en las siete entidades con mayor incidencia en agresiones, abordando aspectos como el Sistema y Modelo Nacional de Protección; un Registro Nacional de Agresiones, y el Protocolo Nacional de Protección, entre otros asuntos.
Con este ejercicio se busca abrir espacios de intercambio para la construcción de una propuesta que incluya la diversidad de perspectivas de la sociedad civil; periodistas; defensores del territorio y el medio ambiente; madres buscadoras; colectivas que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; organizaciones y colectivos que buscan verdad y justicia, así como de quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es un tema prioritario en la agenda nacional, es un asunto de Estado, en el que debe existir corresponsabilidad en el cumplimiento de la obligación constitucional de garantizar los derechos y protección por parte de los municipios, estados y federación.
Es necesario que, con la experiencia colectiva alcanzada, se subsanen las limitaciones en el diseño e implementación del Mecanismo. Atender este fenómeno y erradicarlo demanda fortalecer la política integral a nivel nacional en materia de protección y prevención, donde cada autoridad asuma su responsabilidad, profundizando el diálogo entre los diferentes niveles de gobierno y las personas que día con día enfrentan estas situaciones de riesgo, asumiendo un compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión, principios básicos de la democracia. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)