El PAN también tuvo su Estafa Maestra.- Con los resultados que ha venido entregando la Auditoría Superior de la Federación, respecto a pagos realizados por Pemex a universidades públicas y que luego estos dineros fueron triangulados para quedar en manos de empresas privadas, la pistas apuntan a que los creadores del modelo, que hoy se conoce como Estafa Maestra, vendrían del sexenio de Felipe Calderón. Resulta que Grupo Evya, del que le hemos dado cuenta, habría recibido pagos desde la Universidad Autónoma del Carmen, por parte de Pemex. Estos le habrían sido asignados de 2008 a 2012 en apoyo de quien fuera su dueño, Javier Camargo, vinculado al panismo. Don Javier vendió la empresa, en agosto de 2014 a varios inversionistas, quienes ya también lo tienen denunciado a nivel local. Ahora, nos dicen que la ASF tiene la mira puesta en Camargo y el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Nos aseguran que la actual administración de Evya ya coopera con varias autoridades al respecto. ¿Será que el modelo de la Estafa Maestra tiene genes panistas y fue perfeccionada durante la administración priista de Enrique Peña Nieto? (El Universal, Nación, p. 2)
Carpetazo. El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, dio por cerrado el caso de José Manuel Mireles, el subdelegado de esta dependencia en Michoacán, quien en días pasados se refirió las mujeres como “pirujas” y “nalguitas”. El titular de la institución sostuvo que el exautodefensa debe dedicarse a trabajar y a no decir ocurrencias. También señaló que Mireles ya tomó cursos de sensibilización para saber atender a los derechohabientes. Además de que la Secretaría de la Función Pública intervino en el caso y la dirección médica del
ISSSTE estará muy atenta a la conducta del subdelegado. “Yo doy por cerrado el caso completamente; espero que el doctor Mireles haya aprendido la lección”, dijo
el funcionario, al desconocer el tipo de sanción o extrañamiento que recibirá Mireles por sus expresiones. ¡Wow! ¿Cursos de comportamiento social en una semana? ¿Dónde se inscribe uno? (Excélsior, Nacional, p. 15)
Que la evasión fiscal por arrendamiento alcanza hasta 73 por ciento, de acuerdo con estudios de la Universidad de las AméricasPuebla con los que se fundamenta una de las acciones relevantes del paquete económico 2020 entregado en días pasados por Arturo Herrera, secretario de Hacienda, al Congreso de la Unión.
El documento proporcionado al SAT es 2018-Evasión Global y de ahí que uno de los cambios propuestos en la recaudación de ISR es que incluya ingresos por arrendamiento, ya que se identificó que la tasa de evasión estimada en 2016, de personas físicas que obtienen ingresos por esa actividad, es el equivalente a 0.1 por ciento del PIB. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
La versión de Aguirre.- El caso Ayotzinapa se desmorona y los políticos implicados aprovechan para sacarle provecho a las nuevas circunstancias. Ahí está el ejemplo de Ángel Aguirre, que al momento de la desaparición de los normalistas era gobernador del estado de Guerrero. Aguirre salió por la puerta de atrás del Palacio de Gobierno de Chilpancingo.
Ayer entró por la puerta principal a la Secretaría de Gobernación y ante los reporteros sacó un as bajo la manga: “Los 33 encarcelados durante mi administración no saldrán libres porque el entonces procurador, Iñaki Blanco, hizo un trabajo profesional, sin tortura”:
Consciente de la dirección de los nuevos vientos políticos, Aguirre dijo que Enrique Peña se negó a escuchar su versión de los hechos. ¿Cuál es su versión? A decir de Aguirre la voz de mando la dio El Patrón. Según indicios opera en Huitzuco, a 30 kilómetros de Iguala, tierra de Rubén Figueroa. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Inicia relevo en CNDH.- En el Senado alistan la publicación de la convocatoria para renovar la titularidad de la CNDH. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal se reunió con el actual ombudsman, Luis Raúl González Pérez, para hablar sobre el proceso. Por ley, González Pérez tiene posibilidad de reelegirse, pero nos dicen que no se postulará. (El Heraldo de México, p. 2)
El 14 de septiembre, un ataque sorpresivo con drones contra instalaciones de Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, en Arabia Saudita, sacó del puente patrio a los responsables de la Secretaría de Hacienda, que tuvieron que ponerse a hacer números de cómo afectará a las finanzas públicas de México.
Las principales bolsas del mundo volvieron a la calma pero los precios no regresaron a donde estaban antes del ataque.
Para México esto constituye una noticia buena y una mala. La buena es que al subir el precio del crudo, aumentarán los ingresos petroleros de Pemex por las ventas de crudo de exportación. La mala es que van a subir los precios internacionales de la gasolina y el diésel, y como la promesa del presidente AMLO es que no suban los precios al público de los combustibles (hasta spot hay sobre eso), tendrán que destinarse más recursos a subsidiar a los automovilistas mexicanos… o romper la promesa presidencial.
El gobierno, los legisladores que aprobarán la Ley de Ingresos para 2020 y los diputados que deberán aprobar el Presupuesto tienen que arrastrar el lápiz en los próximos días y estar muy atentos a los acontecimientos en el mundo. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
En medio de las fiestas patrias, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley de amnistía que, citando su exposición de motivos, busca “conceder la libertad y dar nuevas oportunidades de reinserción social a quienes han cometido conductas delictivas”. La intención es aplaudible: hay mucha gente en prisión que no debería estar tras las rejas, sin embargo, la iniciativa misma tiene varios problemas:
La ley propuesta solo beneficiaría a personas procesadas en el fuero federal. De arranque, eso excluye a 85% de los internos en las prisiones mexicanas. Además, algunos de los delitos mencionados en la iniciativa rara vez se persiguen en el ámbito federal. Por ejemplo, no hay mujeres compurgando una pena federal por el delito de aborto. En 2017, había 72 personas encarceladas en el sistema penitenciario federal por el delito de robo simple. La única categoría relativamente amplia sería la de personas procesadas por algunas modalidades de delitos contra la salud, pero, aún en ese caso, los requisitos establecidos (no reincidencia, no uso de armas, condición de vulnerabilidad social, etc.) hace suponer que los beneficiarios se contarían más en los cientos que en los miles. Es cierto que, en un transitorio, se señala que la Secretaría de Gobernación promoverá la aprobación de legislaciones similares en los estados. Pero promover es eso: un simple exhorto. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 7)
Indignado por las excarcelaciones en serie de probables y probados criminales, el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció el domingo que la Fiscalía General de la República buscará castigo para los ex titulares de la extinta Procuraduría General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Especial para el Caso Iguala. En el mismo orden: Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez, responsables de las indagaciones, levantamiento de pruebas, peritajes, acusaciones, detenciones y consignaciones de los autores materiales y compinches de quienes desaparecieron y asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sobre la célebre pero maldecida “verdad histórica”, afirmó que se sustenta en ilegalidades porque “está basada en graves omisiones, en simulación e incluso en actos indebidos de la autoridad que han llevado a esta situación, donde no solamente está acreditando que hubo omisiones o incluso la práctica de la tortura, sino que hubo sembrado de pruebas”. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
Finalmente, el presidente López Obrador presentó la iniciativa de la ley de amnistía. ¿Es necesaria una ley de amnistía? Sí. ¿Tiene sentido sacar de la cárcel a cerca de 30 mil personas que están allí por delitos menores o poco justificados? Existía temor de que esta ley de amnistía terminara siendo un perdón a los principales grupos del narcotráfico, como se entendió en la campaña electoral.
En este caso, en la ley de amnistía enviada como iniciativa preferente al Congreso se privilegia a indígenas detenidos, en muchos casos, sin conocimiento del idioma en que fueron consignados, a quienes han cometido delitos menores, a detenidos por delitos calificados como inverosímiles, literalmente inventados o donde se involucra a personas que no pudieron haberlos cometido, a mujeres castigadas por ser parejas de delincuentes. Me queda la profunda duda de los considerados presos políticos. Porque, por ejemplo, se dejó en libertad a miembros de la Coordinadora que participaron en secuestros terribles, incluso de niños, que nada tenían que ver con su activismo político.
Si la ley dice que están excluidos quienes hayan cometido delitos de sangre o secuestros, me imagino que esa exclusión debe ser para todos los casos. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
Independientemente de que el proyecto de Ley de Amnistía deba ser ampliamente debatido, una de sus grandes virtudes es que busca hacer justicia y tiene tras de sí una convocatoria a la reconciliación.
Está documentado que muchas personas que se encuentran en los penales están en medio de la confusión y la irregularidad. Algunas se encuentran sin sentencia, a lo que se suma que están detenidos por delitos menores o detenciones sin sentido, ya sea por su apariencia física o por una denuncia que nunca termina por ser ratificada.
Vamos al lugar común, a la cárcel se entra con una facilidad inaudita, pero salir de ella es una tarea cercana a lo imposible. (Javier Solórzano, La Razón, p. 2)
El caso Ayotzinapa significó un antes y después para el gobierno de Enrique Peña Nieto. A partir de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso, el entonces Presidente perdió el control de la agenda pública y entró en una espiral que terminaría con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2018.
De investigador del caso, el gobierno de Peña Nieto terminó en indiciado político. Si por algo será recordado el sexenio pasado –muy por encima de las reformas estructurales– es por aquella noche de septiembre en Iguala. Por eso, ahora que tiene en sus manos esa papa caliente, el actual gobierno no puede salir con una batea de babas.
Podrá tratar de satisfacer a los padres de los normalistas y a la opinión pública con la cabeza de quienes condujeron la investigación del caso, pero en última instancia tendrá que ofrecer una explicación creíble sobre qué pasó con los estudiantes. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
En unos días se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 se escribió una de las páginas más negras y vergonzosas de la historia de México en este naciente siglo XXI.
A un lustro de distancia, estamos como al principio. Prácticamente no sabemos nada. Sólo que 43 estudiantes normalistas desaparecieron en medio de una colusión entre narcotraficantes y autoridades.
No hay certeza de si están vivos, aunque la lógica indica que no; tampoco quién o quiénes los capturaron, ni por qué. Menos sabemos cuál fue su suerte.
Varias preguntas más pendientes de respuestas involucran a los propios normalistas. ¿Por qué decidieron ir a protestar a Iguala, justo donde se realizaba el informe de la expresidenta del DIF municipal? ¿Quién los envió? ¿Por qué mandaron a los estudiantes recién ingresados a la Normal? ¿Sabían que uno de los autobuses que secuestraron podría estar cargado con drogas? ¿Ignoraban la disputa entre distintos grupos del narco por el control de la zona? (Alejandro Cacho, El Heraldo de México, p. 10)
Promesa de campaña e iniciativa consentida de López Obrador, vuelve al debate público la revocación de mandato. No favorezco esta figura porque alinea los incentivos para que el gobernante busque, de manera permanente, agradar al electorado, independientemente de que las políticas puedan ser irresponsables para la viabilidad del país; a elegir políticas públicas no con base en la rentabilidad a mediano y largo plazos para el país, sino a la más inmediata rentabilidad electoral.
A la vista de las tendencias, es más importante ver el bosque electoral que el árbol de la revocación de mandato. Mal haría la oposición en prestarse a discutirla de manera aislada y no en el marco de las iniciativas que el Presidente y los legisladores de su coalición quieren impulsar. (María Amparo Casar, Excélsior, Nacional, p. 6)
Es muy probable que esta misma semana la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, asigne la póliza de 374 aeronaves, un proceso que se declaró desierto en mayo. Los seguros vencieron el mes pasado. Estamos hablando de un contrato cercano a los mil millones de pesos. Inbursa, de Carlos Slim, los ha venido administrando en los últimos tres años, pero se sabe que no están muy a gusto con el servicio. Hay quejas de pagos retardados. Para las huestes de Marco Antonio Slim Domit tampoco ha resultado un seguro sencillo. El producto registra una altísima siniestralidad. (Darío Célis, El Financiero, p. 6)
Inauguración.- Una vez superadas las diferencias con el gobierno federal, en donde tuvo que mediar el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, Infraestructura Marina del Golfo, una alianza estratégica entre TC Energy, que dirige Robert Jones e Infraestructura Energética Nova, que lleva Carlos Ruiz Sacristán, se inició la operación comercial del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan (Sur de Texas). Con una capacidad de transporte de 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. El gasoducto Sur de Texas incrementará significativamente el abasto confiable de gas natural más económico a México.
El proyecto representa aproximadamente 2 mil 600 millones de dólares de inversión en infraestructura e involucró la creación de más de tres mil empleos durante su fase de construcción. El ducto de 772 kilómetros (480 millas), de 42 pulgadas de diámetro, corre mar adentro desde la frontera con los Estados Unidos cerca de Brownsville, Texas, a Altamira en Tamaulipas, desde donde continúa hacia Tuxpan en el estado de Veracruz. (Julio Brito, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)