NI QUIÉN entienda al Presidente. Un día se reúne con los empresarios en Monterrey, se toman fotos sonrientes y se lanzan cebollazos mutuos.
Y al día siguiente les vuelve a clavar la daga del estatismo echeverrista, al impedir la libre competencia en el mercado de combustibles.
EMPRESAS que han invertido millones de dólares en estaciones, que contrataron personal y que creyeron la promesa del gobierno de que se respetarían las reglas establecidas, se están encontrando con una realidad muy diferente: la 4T está haciendo todo lo posible por revivir el reumático monopolio de Pemex.
POR UN LADO, gracias a una CRE sumisa, Pemex ya puede competir de manera desleal con precios por debajo del mercado que la propia empresa abastece.
Por otro, un tribunal acaba de arrebatarle a la IP la posibilidad de usar la infraestructura de Pemex para distribuir gasolina y diesel.
Y, para colmo, la Secretaría de Energía tiene tres meses sin autorizar permisos para la importación privada de combustibles.
Ya nomás falta que les prendan fuego a los competidores. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
QUE hablando del Presidente, hoy tendrá su reunión con el Consejo Empresarial asesor en Palacio Nacional, en la que se prevé que pacten compromisos de inversión para 2020 y revisen la implicación del nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica en las estrategias del sector privado mexicano y de capitales extranjeros aquí. Otro punto será sin duda el impacto del aumento al salario mínimo, “histórico” en voz de la Secretaría de Hacienda. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
¿Testigo protegido? Lo que al principio era una posibilidad que se mencionaba en voz baja, comienza a subir de decibeles, Genaro García Luna puede acogerse al programa de Testigos Protegidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus decisiones en la comparecencia de ayer en Texas apuntan, según expertos, en esa dirección.
García Luna conoce las entrañas de las agencias norteamericanas y, lo más importante, esas agencias lo conocen a él desde hace años. Hay comunicación y, no hay que olvidarlo, García Luna buscó hace poco la nacionalidad norteamericana.
El exsecretario de Seguridad y extitular de la AFI, maneja información sustantiva que le interesa tener al Tío Sam, de modo que la posibilidad ahí está. Podría significar para el detenido la posibilidad de una condena corta y una estancia definitiva en EU. (La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
Indirectas sobre García Luna.- Primero fue el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, quien dijo que sería ingenuo pensar que Genaro García Luna actuó solo en los delitos de narcotráfico que se le imputan. Y ahora fue el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien aseguró que la aprehensión del exfuncionario de Felipe Calderón “es apenas la punta de un gran Iceberg”. Algo sabrán que andan con tantas indirectas, aunque López Obrador haya dicho que no le gusta “hacer leña del árbol caído”. (El Financiero, Nacional, p. 37)
Fuerzas Armadas, sin ligas con García Luna.- Una de las buenas noticias que se anunciaron ayer, durante la mañanera la dio el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, con el informe de que suman más de 34 mil millones de pesos de droga incautada en lo que va del año. Por cierto, ahí mismo el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, aprovechó la oportunidad para deslindar presuntos vínculos de las Fuerzas Armadas con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos. Dice Ojeda que no tienen, ni tuvieron, relación alguna. (La Razón, La Dos, p. 2)
Genaro García Luna encaja en el patrón descrito. Una diferencia con el pasado es el periodismo de investigación, que denunció la complicidad del todopoderoso policía con el Cártel de Sinaloa y la indiferencia de Estados Unidos. Anabel Hernández y J. Jesús Esquivel, entre otros, han escrito libros y tenido espacio en “Reforma”, “Proceso” y otros medios. Dolia Estévez publicó en “Forbes” un texto en inglés, ligando a García Luna con el narco; fue la primera vez que aparecía en una publicación estadounidense. Hubo prensa “chayotera”, pero también intimidaciones contra periodistas y analistas que aun así se la jugaron. Reivindicarlos es de elemental justicia.
El crimen organizado creció durante un siglo. En ese tiempo, hemos tenido 21 presidentes. Los 20 anteriores fueron omisos al no investigar a quienes —desde el gobierno— protegían delincuentes. Complicidad observable en las declaraciones ministeriales o en los testimonios de criminales de todos los niveles. En los archivos, prensa y libros estadounidenses, está la evidencia sobre una indiferencia cómplice. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
¿Protección consular? ¡Para nada! Si de alguien quiere alejarse Genaro García Luna (GGL) es precisamente de los representantes del gobierno mexicano y de todo aquello que huela a la Cuarta Transformación.
Razones le sobran. Y no sólo es la desconfianza. Por un lado, García Luna tiene como enemigo –sí, enemigo con todas sus letras- al mismísimo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Cuentas pendientes perduran entre ambos:
-Una data de hace 18 años, de 2001, cuando Gertz Manero (secretario de Seguridad de Vicente Fox) denunció al llamado súper policía por compras irregulares de aeronaves y motocicletas durante su paso por la Policía Federal Preventiva como coordinador general de inteligencia.
-Otra –y aún más relevante–, la fuga de El Chapo Guzmán, recién iniciado el gobierno foxista, cuando se encontraba en plena transición –de la Secretaría de Gobernación hacia la Secretaría de Seguridad Pública- la administración del sistema federal penitenciario. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Calderón, en la mira (política) // García Luna lo arrastra // Imposible, desmarcarse // ¿Narcogobierno 2006-2012?
A Calderón Hinojosa le resulta absolutamente imposible pretender desmarcarse de García Luna. El sexenio (2006-2012) del ahora promotor del partido México Libre tuvo en distintos momentos cinco secretarios de Gobernación y tres, en cada caso, en Hacienda, Desarrollo Social, Energía, Economía, Comunicaciones y Transportes, la Función Pública, Educación Pública y la Procuraduría General de la República. En cambio, García Luna, como los titulares de Marina, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Reforma Agraria, duró los seis años completos: nada movió ni conmovió al ingeniero químico que desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue formando un grupo de espías, secuestradores, torturadores y asesinos que tuvieron su etapa de mayor poderío al convertirse en acompañantes y ejecutores de la guerra contra el narcotráfico que Calderón desató de manera irresponsable y, según se ha denunciado desde 2011 en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, criminal. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
La principal acusación contra Rosario Piedra, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, propuesta por el Presidente de la República, ha sido su cercanía incondicional con el Ejecutivo. Su defensa —también por parte del Señor Presidente— ha sido su comprensión de las circunstancias de las víctimas, pues ella misma lo ha sido a lo largo de los muchos años de búsqueda de un hermano inexistente.
Hoy, casualmente otra Rosario (Robles) pone en la mesa política un expediente para probar hasta donde llega la lealtad, y ésta puede frenar la responsabilidad institucional.
La exsecretaria de Desarrollo Social ha interpuesto una queja en la CNDH por las violaciones al debido proceso en el cual está inmersa; el acoso y la fabricación de pruebas en su contra, conductas autoritarias todas éstas y por tanto violatorias de sus garantías fundamentales, de sus derechos humanos pues, comenzando por la nula consideración del principio de presunción de inocencia. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
A la vista ya el cierre del año más violento de la historia moderna. Nada augura ahora que la situación de inseguridad prevaleciente en el país pueda experimentar un vuelco en los meses por venir que cambie las cosas. Y menos cuando a la vista de propios y extraños, el gobierno insiste en impulsar una política más discursiva que de acciones directas contra las bandas del crimen organizado.
Apenas ayer, en el marco de su tradicional prédica mañanera, Andrés Manuel López Obrador y el cuestinado titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, arremetían contra gobernadores que, desde la perspectiva oficial, menos atienden a la lucha por pacificar al país. Andrés Manuel y Alfonso Durazo ofrecían cifras en aval a tal posicionamiento, señalando a entidades como Guanajuato, Tamaulipas y Baja California como las más problemáticas, pero poco o nada aportaban sobre el diseño e implementación de estrategias claras y de aplicación concertada para atender el más grave de los problemas que ahora enfrenta México. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 18)
La corrupción es sin duda un tema complejo para analizar y más aún para controlar. Las recetas son de muchos tipos. Ninguna infalible. Hay estudios que señalan que el problema de las estrategias anticorrupción es la falta de presupuesto. México desmiente esta hipótesis. Si se suman el presupuesto del conjunto de instituciones destinadas a combatir la corrupción en México (Inai, ASF, SFP, la Unidad Especializada de la PGR, la Fepade y la UIF) y se compara su crecimiento durante todo el sexenio de Peña Nieto puede demostrarse que en México se han invertido cada vez más recursos y que, sin embargo, la percepción de la corrupción fue en ascenso. Entre 2012 y 2018, el presupuesto de este conjunto de instituciones se incrementó en 56 por ciento. En esos mismos años perdimos seis puntos en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción y 33 lugares en el ranking internacional con respecto al año anterior. Ahora tenemos una calificación de 28 sobre 100 puntos y estamos en la posición global 138. ¿Justificaría esto disminuir el presupuesto? No, pero la administración así lo cree. (María Amparo Casar, Excélsior, Nacional, p. 6)
Ayer, como parte de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Alfonso Durazo, titular de la SSPC, presentó un reporte sobre la situación de seguridad en el país.
Entre otros datos, mostró información sobre la asistencia de gobernadores a las mesas de seguridad que se reúnen todos los días en cada estado, siguiendo el modelo presidencial de reuniones diarias con el gabinete de seguridad.
En esa lista, aparece en primerísimo lugar la Ciudad de México: allí la jefa de gobierno se ha presentado en 300 ocasiones a la mesa de seguridad desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019. Eso equivale a todos los días hábiles desde el inicio del sexenio, más 37 días de fin de semana. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 8)
Una y otra vez desde la llamada transición a la democracia, los presidentes de México han creído disponer de una relación única con el gobierno estadounidense. Cada cual se siente más especial que el anterior y se imagina receptor de atenciones excepcionales de la súper potencia. Vicente Fox alardeaba de su amistad con George Bush hijo, al grado de prometer una supuesta reforma migratoria que jamás se concretó. Margarita Zavala presumía su cercanía con la esposa de Obama en una revista del corazón pese a la Operación Rápido y Furioso del gobierno de Obama contra la administración de Felipe Calderón. “La Michelle que yo conozco” clamaba orgullosa en el titular de Quién. Recientemente, Genaro García Luna fue arrestado en Estados Unidos y quedó desacreditada la política de seguridad calderonista. La administración Peña Nieto se ufanaba de su proximidad con el gobierno de Trump por la relación de Luis Videgaray con Jared Kushner, a quien condecoró pese a los numerosos maltratos de Trump a México. (Raúdel Ávila, El Universal, On line)
Si lo iban a correr, ¿para qué lo trajeron? No hay otra explicación para la abrupta salida de Evo Morales de México, al día siguiente de la visita del fiscal de Estados Unidos, William Barr. Cuba nos indujo a traer a Evo Morales y a hacernos cargo de ese peso muerto.
Hubo un viaje relámpago de nuestro canciller a La Habana el 8 de noviembre, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y con su homólogo Bruno Rodríguez, previo a la inminente renuncia de Evo, que ocurrió tres días después.
Los cubanos no nos dijeron, sin embargo, que a Morales seguramente se le fincarán acusaciones por narcotráfico y homicidio, así como solicitudes de extradición de Irlanda y Estados Unidos. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 38)