La agenda de las gobernadoras
Un mensaje interesante, en torno al cual ya empiezan a surgir expectativas, es el que mandaron el pasado fin de semana las seis gobernadoras de Morena, cinco de ellas electas y una más en funciones desde 2018. Para empezar, fue notorio el poder de convocatoria que tuvo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para alinear las agendas de Evelyn Salgado, de Guerrero; Indira Vizcaíno, de Colima; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Layda Sansores, de Campeche, y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala. Sheinbaum como anfitriona, estuvo en la cabecera de la mesa, y dio un tour por diferentes espacios del Antiguo Ayuntamiento. En el encuentro, las gobernadoras plantearon como su eje de integración la Cuarta Transformación. Se vio ahí, nos comentan, que su agenda no sólo es de mujeres, se trata de una de poder de cara al futuro y en un momento estelar.
Reconocimientos en Guerrero
De llamar la atención, nos dicen, la serie de reconocimientos que hizo el Presidente a la gestión del gobernador saliente de Guerrero, Héctor Astudillo, hasta ahora durante tres de los cuatro días de la gira número 15 que realiza por la entidad y que concluye hoy. Y es que Andrés Manuel López Obrador no ha obviado reconocer al mandatario guerrerense a quien ha calificado como un buen gobernador, de quien ha dicho que puede caminar con libertad por la entidad y de quien ha destacado que concluirá su gestión adecuadamente, a diferencia de la cantidad de mandatarios interinos o sustitutos, señaló el Presidente, que ha habido en la historia del estado. Por cierto que ya hay acuerdo para una nueva gira que será el 3 de octubre para reinaugurar la rehabilitación del famoso Parque Papagayo, en Acapulco.
Cónclave opositor en San Lázaro
Nos adelantan que apenas se confirme al perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro y al panista Jorge Romero Herrera como coordinadores de sus respectivas bancadas en San Lázaro, en las plenarias que se celebrarán en la primera quincena de agosto, ambos buscarán reunirse con quien será su homólogo priista, Rubén Moreira, para afinar la agenda legislativa de la coalición Va por México, con miras a poner en la mesa asuntos que se englobarían en tres objetivos: impulso de una economía inclusiva, verdadero combate a la corrupción y estrategias para mejorar la seguridad. Nos anticipan que, por los tiempos que traen sería cerca del 23 de agosto cuando estén dando cuenta de los temas comunes con los que habrán de negociar la agenda legislativa en San Lázaro con su contraparte conformada por Morena y sus aliados. Nos recuerdan que si bien estos últimos tienen mayoría, el bloque opositor pondrá por delante la suma de 198 legisladores con que cuenta.
La marcha por los “1,000 días”
Nos anticipan que este lunes 15 organizaciones de la sociedad civil presentarán más datos sobre el problema del desabasto de medicamentos que afecta actualmente al país. Sobre todo, nos dicen, darán a conocer los detalles de la marcha que realizarán el próximo sábado 24 de julio para protestar por los “1,000 días” sin quimioterapias para los niños que padecen cáncer en México y para la cual prevén la asistencia de cientos de personas que reclamarán por la falta de políticas de abasto adecuadas para atender a los pacientes. Los organizadores precisan que la protesta, al igual que su exigencia, no tiene tintes políticos, sino la urgencia de que los enfermos reciban los tratamientos que requieren. Será una de las mayores oportunidades de dar cuenta de que el problema requiere urgente resolución, principalmente porque son muchos quienes lo sufren, nos aseguran.
Tres al hilo de Carlos Joaquín
Hablando de gestiones efectivas con funcionarios federales, fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el que de tres concretó tres, nos comentan. Y es que el mandatario estatal se reunió con el subsecretario Hugo López-Gatell para que la entidad pueda contar con un número mayor de vacunas contra el Covid-19. El resultado fue que el pasado miércoles arribaron al estado más de 150,000 dosis. La segunda gestión fue con Juan Ferrer, director del Insabi, para el surtimiento de medicamentos y anestésicos, necesarios para la atención de pacientes con Covid y otras enfermedades. También tuvo resultados. Apenas el sábado, producto de acuerdos con Rogelio Jiménez Pons, se pudieron abrir dos carriles en la carretera Cancún-Playa del Carmen, con lo que se resuelve el tráfico de hasta más de dos horas, provocado por un socavón. Ahí los tres asuntos solventados.
Laminazos al INE
Así que en el tema de la consulta que tendrá lugar el próximo 1 de agosto están ocurriendo situaciones sin sentido. Y es que, aunque Morena y el Instituto Nacional Electoral transitan por la misma pista, pues ambos pretenden que el ejercicio sea exitoso, no falta cada cierto tiempo que alguna voz relevante del morenismo le aviente el laminazo al INE. Ahora fue el líder de los diputados, Ignacio Mier, el que acusó: “Hoy vemos cómo se ponen de acuerdo los partidos de derecha, el INE y los grupos de poder, para boicotear la consulta popular”. Horas más tarde, el consejero Lorenzo Córdova informó que, como parte de la difusión institucional de la misma, el INE realizará 335 foros de reflexión en torno a la pregunta redactada por la Corte, tres de ellos nacionales, 32 estatales y 300 distritales. Además, ya están listas las boletas y los conteos rápidos, pero al parecer, nos comentan, no serán suficientes. (Rozones L. La Razón La Dos, p.2)
México es un país heterogéneo, con grandes desigualdades en todo el territorio y en casi todas las áreas ya sea social, económica, política, financiera, etcétera. La desigualdad está presente por causas estructurales que hay que cambiar y derribar.
La desigualdad educativa se manifiesta en la complejidad que tenemos para acceder a la educación ya sea básica, media o profesional. El sistema educativo no ha sido capaz de ofrecer oportunidades para todas y todos, en tanto que el sistema privado también es excluyente, pues las oportunidades que se ofrecen solamente están al alcance de quienes tienen los recursos para pagar sus estudios.
La desigualdad educativa también se exterioriza en relación con la calidad de educación que se recibe, situación que con la pandemia del covid-19 se acentúo, pues se tuvo que instrumentar la educación en línea y a través de plataformas y no todo el alumnado tuvo las condiciones adecuadas para seguir sus estudios bajo estas modalidades.
Y qué decir de las niñas y niños con discapacidad quienes no solamente padecen desigualdad social sino, además, son excluidos del sistema educativo, pues las escuelas y planteles no cuentan con técnicas, materiales, ni profesorado capacitado que pueda ofrecerles una educación de calidad.
De acuerdo con la Unesco, el concepto de educación inclusiva debe poner la atención a los grupos marginales o vulnerables para lograr su integración y alcanzar el desarrollo óptimo de cada persona. Los estados deben poner énfasis en las niñas, niños y jóvenes ya sean indígenas, en situación de calle, con alguna discapacidad, trabajadores, migrantes, así como mujeres marginadas, que vivan en pobreza y vulnerabilidad.
En este ámbito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de un amparo en revisión, advirtió que la hija menor de edad con discapacidad de un militar en retiro cursó los primeros años de preescolar gozando del beneficio del programa integral de becas para los hijos de militares; sin embargo, cuando el padre causó baja por una incapacidad no vinculada al servicio, a la pequeña le fue negada la beca de conformidad con el artículo 138 bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (Lissfam) que señala que las becas solo se otorgan a los hijos de militares en activo.
De conformidad con la Tercera Sala, la aplicación del artículo 138 Bis de la Ley, “generó un efecto desmedido en relación con los derechos de la menor de edad, pues no se consideró que el beneficio había sido concedido anteriormente, cuando el padre se encontraba en servicio activo y que el retiro por incapacidad no tendría por qué afectar la posibilidad de que su hija continuara recibiendo una educación inclusiva”.
En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conceder el amparo “considerando que las autoridades militares tienen la obligación de atender al interés superior de la niñez en las decisiones que toman, por lo que es necesaria una interpretación de la ley que favorezca los derechos de la niñez, las y los adolescentes y personas con discapacidad y evitar efectos desproporcionales en los hijos con discapacidad de los militares retirados al negarles el acceso a la convocatoria para una beca especial que les había sido otorgada anteriormente”.
Al conceder el amparo, se garantiza la protección que confiere la Constitución mexicana al militar en retiro y a su hija con discapacidad para que pueda participar en las convocatorias que se emitan para becas especiales. (Catalina Monreal, Milenio, Política, p.12)
Desinformación
Ayer rompimos el récord de contagios de COVID-19 en México, y en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, siguen dando tumbos. El jueves pasado se reunió el Consejo Nacional de Salud y, además de que no se informó del encuentro, se ajustó la estimación del semáforo de riesgo, pero nadie sabe las proyecciones de la pandemia para los siguientes 15 días.
¡Sorpresa!
Vaya sorpresa tendrán dirigentes panistas, como Francisco Domínguez y Gustavo Madero, quienes pidieron abrir la afiliación del PAN para que más militantes puedan votar por el próximo líder nacional. Y es que los estatutos del partido tienen un candado que establece que los nuevos afiliados pueden participar en cualquier elección tras 12 meses de ser militantes.
Respetan la veda
Nos hacen saber que, para evitar cualquier conflicto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, determinó suspender las transmisiones de sus eventos en tanto pasa la veda electoral. En el gobierno capitalino no quieren que se distraiga la atención en torno a la consulta pública que se realizará el 1 de agosto para saber si se enjuicia o no a los expresidentes de México.
Nuevos elementos
En los próximos días se cumple un año de que Emilio Lozoya fue vinculado a proceso, y es fecha en la que no ha puesto un pie en la cárcel. Lo que está por verse es si logran romper con esa inercia y la Fiscalía General de la República se allega de nuevos elementos, ahora que la UIF, de Santiago Nieto, presentó una denuncia nueva en contra el exdirector de Pemex.
Al exterior
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, viajará a Turquía, antes de la reunión del G20, programada para octubre en Roma. Y aunque los turcos no son petroleros, saben de construcciones y forman parte de un bloque de países que actúan para evitar abusos e imposiciones en materia energética. Además, será su primer viaje después de haber sido incluida en los presidenciables. (El Heraldo de México, La2, p.2)
Parece que un año y medio de huelga en Notimex no ha sido tiempo suficiente para resolver el conflicto, porque alguien (hasta donde se sabe, responsable del equilibrio y la conciliación entre los factores de la producción) insiste en mantener el conflicto, de tal suerte que más que fuego amigo este asunto resulta ser un perverso jaloneo interno (con la intervención de muchas manos externas) en defensa de lo que ciertos personajes consideran sus cuotas de poder, en el entendido de que si se logra dar un paso adelante de inmediato la presunta autoridad ordena dar dos para atrás, y esta práctica seguirá hasta que alguien ponga orden.
Se insiste en que México está en plena transformación, en que estamos decididos a combatir la corrupción y dejar atrás las viejas prácticas (etcétera, etcétera), pero en algunas áreas del gobierno parece ser que, discurso aparte, les resulta más productivo que aquellas permanezcan intocadas, como el abierto conflicto de intereses existente.
La ley ordena que la autoridad laboral medie en los conflictos obrero-patronales, que sea factor de conciliación entre las partes, que ponga su mayor empeño para resolver las diferencias y coadyuve a que los involucrados den pasos hacia adelante para, a la brevedad, poner fin a los desacuerdos. Sin embargo, al menos en el caso de Notimex –empresa del Estado– son notorios los desequilibrios, toda vez que se privilegia a unos de los factores, impide la solución al conflicto y a lo largo de 16 meses lo ha mantenido de forma artificial. ¿Incapacidad? ¿Conflicto de intereses? ¿Combinación de ambos?
Para nadie es un secreto que Notimex siempre fue una cueva de ladrones, y nadie dijo nada. Pero llega Sanjuana Martínez a limpiar la agencia de década de corrupción y empezó la feroz campaña en su contra, porque algunos se niegan a que les cierren su mina de oro. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Opinión, p.21)
La investigación se llama simplemente El proyecto Pegasus, en relación al programa malicioso llamado precisamente Pegasus, con el cual los teléfonos celulares de cientos de periodistas en México y en el mundo han sido intervenidos. Lo produce una compañía israelita llamada NSO Group y sólo se vende a gobiernos, con el propósito, se supone, de vigilar únicamente a grupos criminales y organizaciones terroristas. El programa es bien conocido entre periodistas mexicanos, no sólo por el escándalo que causó en 2017 al socializar el Citizen Lab de la Universidad de Toronto el espionaje en el gremio, sino porque varios periodistas comenzaron a recibir desde 2015 mensajes muy extraños en los móviles que, tiempo después, se supo fue la forma para infectar sus dispositivos.
El proyecto Pegasus se publicó este domingo. Es un lote de documentos sobre espionaje global que fueron filtrados a las organizaciones no gubernamentales Forbidden Stories y Amnistía Internacional, realizado por los clientes del NSO Group, en el cual identifican a 180 directores de periódicos, reporteros de investigación y otros periodistas en el mundo, que fueron blanco de posible vigilancia electrónica por parte de sus gobiernos. No fueron los únicos. Las listas de teléfonos intervenidos suman más de 50 mil en 20 países –al menos 10 son clientes de la empresa israelí–, entre los que está México, donde se hackearon al menos 15 mil.
Pegasus fue adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y varios gobiernos estatales para vigilar a grupos criminales y, según exfuncionarios, era muy eficaz en casos de secuestro. Los abusos no tardaron. El gobierno de Peña Nieto profundizó el espionaje político con Pegasus y a través de la intervención telefónica del Cisen. De qué tamaño fue esta vigilancia, es desconocido, pero en este espacio se publicó una sola sábana de 729 intervenciones de teléfonos, dos de periodistas, pero también de activistas sociales, políticos, ministros de la Corte, presuntos criminales y hasta miembros de ese gobierno.
La forma como inyectan el programa malicioso es a través de mensajes SMS, WhatsApp o mensajes en plataformas electrónicas. Una forma que usaron, que es como llegó al teléfono celular de quien esto escribe el 10 de junio de 2015, decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? Si eres tu? Que te paso ese dia” (sic). El mensaje provenía de una persona conocida –que después alertó que había sido hackeado–, por lo que al abrir con esa liga, inmediatamente se metió el virus. El programa estaba diseñado para recolectar la información y transmitirla de los SMS, correos electrónicos y WhatsApp, a información del GPS, el calendario y el libro de contactos, copiar las fotos y los videos, así como activar la cámara y el teléfono. El propósito es conocer las redes de vínculos, los patrones de comportamiento e información que pudiera ser de interés para el gobierno.
El pasado 23 de junio se publicó en este espacio la columna Espían a periodistas, que apuntó que ante la necesidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de conocer de dónde estaba saliendo tanta información interna en varias columnas periodísticas, había incrementado la vigilancia sobre un grupo específico de periodistas, algunos de los cuales –no se publicó en ese entonces– han sido sujetos de espionaje desde hace más de un año. Tampoco se incluyó que uno de los funcionarios que más pujó por establecer un aparato de espionaje político fue el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La reacción del Presidente fue de sorna ante las denuncias periodísticas y ridiculizó a quienes hicieron la acusación. La columna señalaba que el espionaje y la vigilancia la estaban llevando a cabo la Central Nacional de Inteligencia –como se rebautizó al Cisen– y, en algunos casos, el Ejército. Se publicó también que se había reactivado el Pegasus.
El Presidente pidió pruebas, aparentemente documentales, a los periodistas sobre su espionaje. Obviamente no existen de la forma como las solicitó, porque por una parte estas tareas siempre tienen salidas plausibles para evitar, precisamente, que se puedan documentar, o porque, en el caso de algunos gobiernos, como éste, se niega la existencia de cualquier documento o se declina hacerlo. El Universal, que tiene entre sus colaboradores al mayor número de columnistas espiados, solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública a través de transparencia sobre el espionaje a sus periodistas, pero la dependencia se declaró “incompetente” para responder esa pregunta específica o para decir si tenía expedientes sobre ellos.
Varios periodistas tienen evidencia de que sus comunicaciones están siendo interceptadas. En un caso específico, tras la publicación de una columna sobre el Ejército y la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ordenó su seguimiento total, incluso físico. A ese mismo periodista, durante semanas intentaron hackear su correo electrónico –como el gobierno de Peña Nieto también hizo–, y durante más de una semana apareció el mensaje en la página de inicio del correo –que tiene doble seguridad– que el gobierno había tratado de penetrarlo.
El espionaje político en México sigue siendo una realidad. El proyecto Pegasus vuelve a poner la lupa en la vigilancia y seguimiento a periodistas, donde figura de manera sobresaliente México, con un espionaje sistemático que lleva al menos siete años. Los documentos filtrados revelan que México, donde el NSO Group tiene el segundo mayor número de clientes del mundo, es donde más teléfonos se pidió que interceptaran, sumando las 15 mil líneas, que van más allá de periodistas, e incluyen, entre otros, a políticos y activistas.
Antes de la publicación de los documentos, se buscó a los gobiernos con la mayor cantidad de números telefónicos intervenidos, y las organizaciones que participaron en la publicación de los documentos pidieron su reacción. El NSO Group negó las afirmaciones. Hungría, India, Marruecos y Ruanda rechazaron haber utilizado Pegasus para hackear teléfonos. Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán, callaron. El gobierno mexicano nunca respondió la invitación a dar su réplica. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p.34)
De acuerdo con el sitio de viajes kayak.com, sólo hay ocho países en el mundo completamente abiertos al turismo, en los que ni siquiera se requiere que los visitantes porten el resultado de una prueba PCR o de antígeno, que muestre que no están infectados por el virus SARS-CoV-2, realizada antes de llegar al país.
Cuatro de esos países son europeos y cuatro latinoamericanos: Albania, Colombia, Costa Rica, Países Bajos, República Dominicana, Rumanía, Macedonia del Norte… y México. Si usted quiere visitar cualquier otro, enfrentará restricciones.
De acuerdo con la misma fuente, hay un grupo de 75 naciones que están completamente cerradas al turismo. Entre ellas, Canadá, Argentina, Chile, Noruega, Hungría, Senegal, Irán, India, China, Indonesia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda. En otras 137, se imponen condiciones a los visitantes, como presentar una prueba de PCR o de antígeno, evidencia de tener un esquema completo de vacunación y/o someterse a cuarentena, o que están cerrados para algunas nacionalidades.
En México, el gobierno federal ha decidido que estemos en la pequeñísima minoría. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Quizá por la política de “prohibido prohibir”. O por la creencia de que los mexicanos somos superhombres y que no nos contagiamos como todos los demás humanos.
Pero no, no somos superhombres. De acuerdo con datos oficiales, uno de cada 48 mexicanos se ha contagiado de coronavirus y uno de cada 533 ha fallecido por la enfermedad. Y seguramente esos datos no reflejan sino una parte de la tragedia que ha representado la epidemia.
El fin de semana, la autoridad sanitaria en la Ciudad de México reveló que la variante Delta del coronavirus ha sido identificada en 60 de cada cien casos positivos en la capital. A nivel nacional, el dato más reciente es el 37 por ciento.
¿Cómo llegó a México esa variante, más contagiosa, causante de terribles estragos en India? Evidentemente, como llegaron todas las demás: en el cuerpo de viajeros internacionales. Si ya se sabía que ésa era la forma en que llegó la forma original de covid —desde Italia o desde los centros de esquí en Estados Unidos—, ¿por qué no se impusieron restricciones para contener el arribo de Delta? Las únicas respuestas son la indolencia o la necedad de repetir una fórmula con resultados devastadores.
Salvo en la frontera con Guatemala, donde el gobierno estadunidense exige que el de México detenga a los inmigrantes no documentados, los puntos de ingreso al país son una coladera. Y no sólo ha sido no exigir ningún tipo de prueba de salud o poner en cuarentena a los visitantes —como los turistas que llegan por aire a Cancún o los estadunidenses que cruzan la frontera por tierra—, sino no actuar a tiempo con medidas de rastreo y de control para evitar la tercera ola de covid en la que ya estamos y que, todo indica, está empujando Delta.
Como en todo, hay excepciones, pues cuando se detectó esa variante en San Luis Potosí, a principios de marzo, traída por una persona de nacionalidad india que vino a dar un curso de capacitación en una empresa, las autoridades potosinas actuaron rápidamente y lograron contener el brote.
Para que los contagios por Delta hayan llegado a representar 60% de las muestras estudiadas, las autoridades migratorias y sanitarias tuvieron que haber sido extraordinariamente laxas. En Puebla y Torreón, entre otras ciudades, se han detectado brotes por esa variante, originadas por turistas —generalmente jóvenes que celebraban su graduación— que viajaron a Los Cabos, Mazatlán y Cancún, entre otros destinos de playa. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
1999: En ese año Félix Salgado Macedonio ganó la gubernatura de Guerrero pero no fue reconocida por el presidente Ernesto Zedillo ni por quien asumió Casa Guerrero, René Juárez y el zar del Turismo Ernesto Rodríguez Escalona el cual en dos ocasiones buscó y fracasó en la disputa por llegar al municipio de Acapulco, donde según el precursor de Morena, Fidel Payán “Adela Román (la edi fifí de los 12 escoltas de la Guardia Nacional) se llevará 2 mil millones de pesos a sus bolsillos”. Apuntó hacia Héctor Astudillo “con la complicidad de dos legislaturas se llevará con su guardia de corrupción 40 mil millones no justificados ante la Contraloría y Auditoría de la Federación”.
Ley Payán: El martes Fidel Payán, presentará una Ley Anticorrupción para impedir a los legisladores que buscarán su reelección en 2024, no acceder a ese encargo si cometieron irregularidades en su presente gestión. Según el Centro de Estudios Armados en México, la única Fuerza Rural no vinculada con el crimen organizado son las CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias).
¿Qué son CRAC?: Es una Guardia Civil que brinda seguridad a 210 comunidades de 29 municipios en tres regiones de la entidad Guerrerense como La Montaña, Costa Chica y Acapulco. Su estrategia consiste en la reeducación, impartición de justicia por Usos y Costumbres, similar a la conocida en Cherán, el único municipio autónomo de México que se localiza en el estado de Michoacán.
Astudillo y Román: El líder de Morena Fidel Payán solicitó a la gobernadora electa Evelyn Salgado como el de facto, Félix Salgado “enviar a Puente Grande al gobernador y a la saliente presidenta municipal de Acapulco. Por opacidad el primero y en el segundo caso por nepotismo, además de permitir la operación política de los colaboradores del destripador de Ayotzinapa Ángel Aguirre, como fue Ricardo Castillo. (Federico Lamont, El Sol de México, República, p.9)
DA LA IMPRESIÓN de que la participación de México en las reuniones de la OPEP Plus tiene la misma efectividad que los tapetes sanitizantes para combatir el coronavirus: ninguna.
COSA DE VER que en la reunión del fin de semana, los 23 países integrantes acordaron por unanimidad incrementar la producción petrolera conjunta en 400 mil barriles diarios cada mes. Y aunque Rocío Nahle presumió el acuerdo que revierte el recorte del año pasado, la realidad es que México tiene poco que celebrar.
POR UN LADO, está obligado a no producir más de un millón 753 barriles diarios hasta mayo del próximo año. Pero aun y cuando quisiera participar en el incremento y por más que la 4T haga del petróleo su Santo Grial, la realidad es que México no puede cumplir sus propias metas petroleras.
A INICIO del sexenio el objetivo era llegar a 2 millones 800 mil barriles diarios. Para 2019 lo bajaron a 2 millones 400 mil y hoy el objetivo es de apenas 2 millones… pero ni a eso llegan. Ante esa realidad, no es de extrañar que le aplaudan a Nahle.
VAYA QUE estuvo intensa la gira de Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Lástima que no tuvo ni cinco minutos para platicar con el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza. Y es que el sacerdote es el único que públicamente ha advertido lo que muchos ven: que en ese estado van a gobernar los narcos.
Y VAYA QUE Rangel no habla de oídas ni por órdenes del Espíritu Santo. En realidad el obispo ha tenido que lidiar directamente con el poder del crimen organizado, al grado de tener que fungir como mediador para pacificar a la entidad. Ahora, tras las elecciones, advirtió que los delincuentes controlaban posiciones políticas y que serían los verdaderos gobernantes.
PERO DE ESO no se quiso enterar el Presidente. Prefirió reunirse con Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado, que no tienen las mejores cartas de referencia. Abrazos, no verdades. ¿O cómo era?
POR CIERTO que el priista Héctor Astudillo no se midió en su esfuerzo por quedar bien con AMLO. En la ceremonia por el 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador guerrerense se sacó de la manga una sorpresa para el Presidente. Anunció la publicación del texto juarista “Apunte para mis hijos”, en honor al mandatario. Como bien dijo el Benemérito: “El respeto al culto de la personalidad ajeno es la paz”. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
El 11 de junio, en la antesala de la tercera ola de Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio por concluidas las conferencias nocturnas en Palacio Nacional. Sin embargo, cuando se señaló que el país ya estaba en una tercera ola de Covid, debido al incremento de contagios, el mismo subsecretario dijo que las conferencias nocturnas se harían de nuevo, pero solo una vez por semana y ya no en Palacio sino en la sede de la Secretaría de Salud. A la fecha, esto no ha ocurrido. Ahora surge un nuevo problema, a poco más de un mes de distancia, la dependencia federal debía actualizar el color de semáforo de cada entidad federativa, pero no lo hizo, y tres días después anunció que los parámetros para establecer el semáforo cambiarían, pero no los detalló, así que, por el momento, ni conferencias ni información, puras maromas.
La vulnerable seguridad de AMLO
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador presume que ya no lo cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) como, afirma, ocurría en sexenios pasados, quienes tienen que sufrir los golpes, tocamientos y demás actos en sus giras de trabajo son los miembros de su Ayudantía, en donde la mayoría son mujeres menores de 30 años. Nos detallan que este viernes, previo a la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo, Guerrero, una integrante de la Ayudantía recibió golpes y empujones de manifestantes y simpatizantes que buscaban acercarse a la camioneta del presidente López Obrador, lo que resultó en que recibiera varias lesiones en el pie derecho que le impidieron seguir caminando. La mujer tuvo que ser atendida por elementos de una ambulancia de la Guardia Nacional. Este incidente, que se suma a algunas fallas en la seguridad en Palacio Nacional, reabre el tema de la necesidad de que el mandatario tenga un cuerpo especializado en protección de un jefe de Estado para que no se arriesgue él ni los jóvenes que lo cuidan.
Se complica el periodo extraordinario
Muy complicado se ve el panorama para que los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente se pongan de acuerdo para el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo, y el juicio de procedencia contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En el único tema que hay consenso, nos dicen, es en el del desafuero del legislador poblano de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor de edad, quien se ha beneficiado de las pugnas entre las bancadas. Nos dicen que desde un principio se cometió el error de no separar en comisiones cada uno de los casos para votarlos en lo individual. Ahora, los legisladores tienen el tiempo en contra y lo más seguro es que en la sesión plenaria del próximo miércoles, la Comisión Permanente nuevamente no podrá convocar al periodo extraordinario en San Lázaro.
PAN va por los arrepentidos
Hoy se anunciará de manera oficial la ampliación de la estrategia del PAN para afiliar a más ciudadanos a su partido. Nos dicen que en una conferencia virtual hoy el jefe nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, dará a conocer la manera en la que buscarán que quienes en 2018 apoyaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y están arrepentidos vean al PAN como una opción. Don Marko ha sostenido en diversas ocasiones que fueron los “Amlopentidos” (término que utiliza para describir a la gente que se arrepintió por votar por AMLO), los que les dieron los votos para mantenerse a flote en las elecciones del 6 de junio. Ahora, comentan, lo que busca es que no solo se quede en el voto de castigo para Morena, sino convencer a esos ciudadanos para que se integren a las filas del albiazul. Ya se verá si funciona esta idea, y cuántas afiliaciones logran los panistas. (El Universal, Opinión, p.2)