SERÍA interesante saber qué entiende Andrés Manuel López Obrador por “finanzas públicas sanas”, pues dijo que gracias a ellas podrá inaugurar la refinería de Dos Bocas en 2022. Pero, ¿dónde está lo sano de gastar en una refinería que es puro capricho?
NO ESTÁ claro qué tan saludable puede ser recortar el gasto en ciencia, educación, seguridad y protección civil, para financiar las obras emblemáticas del sexenio. ¿No es un poco enfermizo sacrificar lo importante por lo simbólico? Además, para que hubiera finanzas públicas sanas, primero tendría que haber finanzas y con una caída del PIB del 10 por ciento y una recuperación que se irá hasta 2024, ¡pos’ de dónde! Y ya no hablemos de “públicas” porque en realidad el manejo del dinero en el gobierno de López Obrador se ha convertido en un misterio, debido a la falta de transparencia.
HOY SE discutirá en San Lázaro la Ley de Ingresos y, seguramente, Mario Delgado tendrá que hacer milagros, para complacer a un Presidente que quiere seguir gastando en lo que le gusta y no en lo que se necesita. Se le olvida que no puede haber refinería rica con pueblo pobre, ¿o cómo era? (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión, p.8)
Nos hacen ver que apenas una hora después de que cerraron las casillas en ambos estados, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, salió para cantar la victoria del tricolor en Coahuila e Hidalgo y tratar de colocar el mensaje de que su partido no está muerto y que había arrasado. Minutos después, el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, salió a decir que su partido no reconocía los resultados preliminares en las dos entidades y que estaban revisando sus actas, afirmó que se encontraban en competencia en la mayoría de distritos de Coahuila y varios municipios de Hidalgo, para minutos después afirmar que llevaban ventaja en ciudades importantes de cada entidad. En Coahuila, el PREP, con menos de 50 por ciento de avance, marcaba tendencia favorable para el PRI. Llegó, nos hacen ver, la temporada 2020 de la serie “La Guerra de Morena contra el PRI”. ¿Preludio de 2021?
Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguran que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña se ha convertido en un aspirante serio para ser el próximo presidente del máximo tribunal electoral. Nos aseguran que don Felipe podría recibir como recompensa por su voto para negarle el registro a México Libre, el partido de los Calderón-Zavala, el apoyo de miembros de la autollamada Cuarta Transformación para alcanzar la presidencia del Tribunal. Algunos más aventurados se atreven a decir que para que pensara bien su voto, al magistrado le dejaron ver la posibilidad de apoyarlo en su carrera hacia la presidencia del Tribunal. Sin embargo, hay dos cuestiones que habría que analizar. La primera es ver quién le habría ofrecido el apoyo al magistrado, pues dentro de la 4T hay algunos gestores de alto nivel que incluso piden importantes cantidades de dinero para arreglar asuntos y garantizar apoyos, y luego se llevan el moche y dejan colgados a quienes se los dieron. La otra es que habrá que ver si el actual presidente, el magistrado Felipe Fuentes, se deja arrebatar la silla.
Conflicto del agua se extiende a Tamaulipas
Nos comentan que el movimiento por el agua en estados del norte del país comienza a expandirse. El conflicto por el agua en Chihuahua llevó a esa entidad, gobernada por el PAN, a un choque con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora parece que se gesta algo similar en el también panista Tamaulipas. Este lunes, nos adelantan, serán los productores de Tamaulipas los que expondrán su problemática ante la falta del líquido, nos dicen, por el cumplimiento del Tratado Internacional de Agua. Así que el problema amenaza con crecer. (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p. A2)
Como todo México sabe, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña, fue detenido el jueves pasado en Los Ángeles, California, acusado de proteger a una banda del narcotráfico a cambio de sobornos.
De acuerdo al documento de encausamiento presentado por la fiscalía estadounidense, el general Cienfuegos habría tenido una relación de complicidad con la organización criminal de Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Eso significaría que un militar de altísimo rango, en el ápice de una larga y exitosa carrera, a menos de tres años del retiro y sin penurias en el horizonte (su pensión podría fácilmente complementarse con contratos y asesorías en el sector privado), habría decidido recibir sobornos de un narco de tercera. Para rematar, la comunicación entre el general y el delincuente habría sido directa, por un medio electrónico no encriptado. De ser cierto, resultaría sorprendente, como mínimo.
Cierta o no, la acusación obliga a reflexionar sobre los riesgos que implica el uso creciente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Tradicionalmente, la corrupción en el Ejército y la Marina ha sido menor —que en las corporaciones policiales por dos razones: 1) las características de la carrera militar (la seguridad en el empleo, el acceso a generosos beneficios sociales, la movilidad geográfica continua, etc.), y 2) una participación limitada en tareas de seguridad pública. Lo primero persiste, pero lo segundo ha ido desapareciendo aceleradamente desde 2006. Mientras más se involucren los militares en funciones propias de la policía, mayor será su vulnerabilidad ante la corrupción.
El caso Cienfuegos también abre una oportunidad para repensar las relaciones entre civiles y militares. A partir de los años 40, se gestó un arreglo implícito entre la clase política y las Fuerzas Armadas: los soldados dejarían de participar en política y los civiles no se entrometerían en asuntos militares. Ese equilibrio le sirvió al país durante varias décadas: nos libramos de la pesadilla de golpes de estado y dictaduras militares que asolaron a la mayoría de los países latinoamericanos. El costo ha sido tener muy débil control civil sobre el estamento militar. En la medida en que el rol de las Fuerzas Armadas se ha expandido, la fragilidad de los instrumentos de supervisión se ha hecho cada vez más patente. Y eso nos deja con pocos instrumentos para atender problemas de corrupción o violación de derechos humanos por parte de personal militar. Creo que es momento de revisar el arreglo vigente y avanzar en un proceso de fortalecimiento de control civil sobre las Fuerzas Armadas.
Más allá de la culpabilidad o inocencia del general Cienfuegos, hay un elemento en el caso que llama la atención: según el documento de encausamiento, el principal medio de prueba proviene de mensajes interceptados entre teléfonos Blackberry. Eso significa que agencias de inteligencia de Estados Unidos (la DEA, en este caso) realizan intervención de comunicaciones en México, a ciudadanos mexicanos, previsiblemente sin la autorización de las autoridades mexicanas. En términos de nuestro marco jurídico, eso es ilegal. Y significa que, al menos para estos temas, el gobierno de Estados Unidos nos da trato de potencia hostil. Como mínimo, eso nos debería llevar a revisar los términos de la cooperación con los vecinos.
En resumen, esperemos a ver las pruebas antes de hacer juicios categóricos sobre la responsabilidad del general Cienfuegos. Pero eso no nos impide atender los problemas que este tema revela. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. A2)
A lo largo de su presidencia, Evo Morales transformó el rostro de Bolivia, incluyó a millones de personas históricamente olvidadas, a quienes garantizó crecientes niveles de bienestar por medio de la redistribución del ingreso y la riqueza, recuperó los bienes nacionales y alcanzó altas tasas de crecimiento económico, que llegaron a ser las mayores de Sudamérica y las terceras de América Latina.
Un golpe de Estado canceló toda perspectiva: en noviembre del año pasado la ultraderecha boliviana y el Ejército truncaron esa vía de desarrollo, llevaron al exilio a Evo Morales (primero a México y después a Argentina) y hundieron a Bolivia, reprimieron al pueblo, reposicionaron a los sectores tradicionalmente privilegiados y poderosos, e impusieron a un títere fascista con rostro de mujer, con la complicidad de la infame Organización de los Estados Americanos y su cabeza visible, Luis Almagro, gato de Donald Trump.
Casi un año después, y luego de pretextos sobre pretextos de los golpistas para evitar las elecciones (originalmente agendadas para el 3 de mayo del presente año), los bolivianos regresaron a las urnas con la decisión de recuperar la democracia y en este sentido todo apunta a que el Movimiento al Socialismo (MAS), favorito en todas las encuestas, regresará a Palacio Quemado, tras el eventual triunfo en primera vuelta de Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales en prácticamente todo su periodo presidencial.
Sin embargo, con tal de evitar el retorno del MAS a la presidencia de aquel país, los golpistas han intentado de todo para cancelar que los bolivianos decidan libremente a sus representantes, porque ayer se votó no sólo el cargo de primer mandatario, sino el de vicepresidente y los integrantes de la Asamblea Nacional.
Habrá que esperar el resultado oficial de las elecciones bolivianas (en una decisión por demás sospechosa, la noche previa a los comicios el Tribunal Supremo Electoral canceló el conteo rápido previsto para el cierre de la jornada de ayer), con la esperanza de que sea tan contundente que erradique cualquier posibilidad de un nuevo intento golpista. De acuerdo con la legislación de ese país, para ganar en primera vuelta es necesario obtener 50 por ciento más uno de los sufragios, aunque también permite que sea con 40 por ciento, pero con una diferencia de 10 puntos sobre el candidato que ocupe el segundo lugar.
En vía de mientras, en su más reciente diagnóstico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) subraya que en 2019 “la economía de Bolivia se ralentizó significativamente, ya que creció apenas 2.2 por ciento, en comparación con el 4.2 por ciento registrado en 2018. Esta pérdida de dinamismo obedece, por un lado, a la contracción continuada de la producción de hidrocarburos –sumada a la coyuntura adversa de los precios internacionales– y, por otro, a la paralización de diversas actividades como consecuencia de la incertidumbre desencadenada por las elecciones en octubre (léase golpe de Estado). Dado el impacto de las medidas para enfrentar la crisis sanitaria de la enfermedad por coronavirus sobre la demanda interna y la menor demanda externa, proyectamos que el PIB se contraerá un 5.2 por ciento en 2020”.
En 2019, detalla la Cepal, a pesar del deterioro de las exportaciones de gas natural y minerales, el déficit en cuenta corriente se redujo más de un punto del PIB, debido a una marcada contracción de la importación de bienes. Aunque los datos muestran una relativa mejoría en el saldo de la cuenta corriente, el gasto de los hogares se redujo de 3 por ciento en 2018 a 2.6 por ciento en 2019, lo que se compensó con las mejores condiciones del mercado laboral que se vieron beneficiadas por el relativo dinamismo de la actividad económica hasta el tercer trimestre del año, es decir, antes del golpe de Estado.
Las rebanadas del pastel
Destapada la cloaca, todo indica que, en el plano militar mexicano, Salvador Cienfuegos apenas es el primero de una larga lista. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p27)
Científicos se oponen a la eliminación de fideicomisos
La comunidad científica mexicana históricamente ha sido golpeada en el Presupuesto de Egresos de los diferentes gobiernos. Actualmente, el porcentaje del PIB destinado a ciencia y tecnología es apenas de 0.33 por ciento; es decir, se redujo 0.2 con relación a 2018, lo que implica un golpe al desarrollo de la ciencia y tecnología del país.
Con la actual decisión gubernamental de eliminar los fideicomisos públicos, el quehacer académico y de investigación recibe otro revés, imposibilitando el desarrollo del conocimiento e impactando negativamente el crecimiento del país.
Por lo anterior, la asociación firmante se pronuncia enérgicamente en contra de la eliminación de fideicomisos públicos destinados a la ramas referidas. Dicho mandato no sólo empeora la ya paupérrima situación de la investigación científica, sino también demuestra profunda indiferencia y apatía del gobierno a la comunidad de especialistas en México. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión, p4)
Hagamos un poco de ficción política. Es el 19 de octubre del 2025, el expresidente López Obrador decide ir a visitar a su nieto a Houston. Al arribar al aeropuerto de esa ciudad es interceptado por agentes de la DEA que portan una orden de detención de la fiscalía de Nueva York. Le informan que está acusado de haber ordenado liberar, el 17 de octubre de 2019, en el evento que se conoció como el culiacanazo, a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, quien junto con su hermano Iván Archivaldo se han convertido en los principales proveedores de drogas sintéticas en los Estados Unidos.
En aquella ocasión, sostiene la DEA, el entonces Presidente admitió, en una de sus tradicionales conferencias mañaneras, que él había sido el que había ordenado liberar a Ovidio. La DEA recordó que Ovidio no tenía orden de aprehensión en México, pero que iba a ser detenido para extraditarlo a Estados Unidos, la decisión del entonces Presidente lo impidió. Por eso expidieron la orden de aprehensión.
Es ficción política, pero es una posibilidad real, luego de la forma en la que ha actuado el gobierno de Estados Unidos, y en particular la DEA, en la detención del general Salvador Cienfuegos.
Todo indica que la averiguación contra Cienfuegos comenzó con la conversión en testigo protegido del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, condenado en EU a 25 años de prisión por encabezar el grupo criminal que se conocía como H2. Veytia es el que involucra a Cienfuegos y, casualmente, la misma semana en la que la DEA presentó su solicitud para detener al general, en agosto pasado, la defensa de Veytia presentó un escrito para que se le reduzca la pena que recibió hace poco más de un año.
La acusación tiene capítulos inverosímiles. Según esto, se descubrió que el llamado Padrino era el secretario de la Defensa porque en una llamada telefónica entre narcos interceptada por la DEA se decía que el Padrino estaba en un programa de televisión. Checaron qué funcionario estaba en ese momento al aire y descubrieron que era Cienfuegos.
Se dice que el exsecretario de la Defensa trabajó con este grupo, el H2, y que les proporcionó hasta transporte marítimo (¿marítimo el Ejército?). Pero nunca se explica por qué con ese grupo menor, local, violento, un desprendimiento de lo que fueron los Beltrán Leyva, un cártel que fue eliminado por fuerzas militares en el sexenio anterior. Su líder, Juan Francisco Patrón Leyva, fue liquidado junto con un grupo de sicarios en 2017, precisamente por el Ejército y la Marina, en aquel famoso operativo en Nayarit donde se les disparó desde un helicóptero. Entonces, según la DEA, el general protegía y operaba con un cártel que su propio ejército destruyó. No tiene sentido.
La DEA y la fiscalía de Nueva York están jugando con la política y con México, aprovechando el descontrol de los días postreros de la administración Trump.
Retomemos algunos puntos. Primero, la detención se hizo sin compartir información con el gobierno mexicano, sin siquiera advertirle previamente, lo que exhibe la nula colaboración entre las autoridades de los dos países. En México no existe una sola denuncia o investigación en curso sobre relación del general Cienfuegos con el narcotráfico. Por definición, un secretario no tiene capacidades operativas individuales.
El Ejército es, junto con la Marina y la Fuerza Aérea, la única institución realmente transexenal en el país, cambian los mandos, pero ese movimiento no depende del presidente en turno, sino del escalafón militar, de la carrera militar. Todos los mandos, a lo largo de décadas, han trabajado con distintos presidentes en diferentes sexenios. Todos los generales en activo trabajaron, de una u otra forma, con el exsecretario de la Defensa, todos estuvieron bajo su mando, incluyendo los más altos mandos de la actual secretaría. Por eso mismo no es verosímil que un secretario de la Defensa se involucre con el narcotráfico sin que lo haga también la columna vertebral de toda la institución. No es un general aislado que trabaja en una zona militar específica, es el secretario de la Defensa.
En la distribución de tareas que tenían las distintas fuerzas militares y de seguridad en el sexenio pasado, cayeron desde el Chapo Guzmán hasta el Z40, pasando por Dámaso López y antes Nacho Coronel. El Ejército desarticuló a los Zetas, a los Beltrán Leyva, a la Familia Michoacana y a otros grupos, incluyendo al cártel del H2. De los siete cárteles que operaban en el país, concluida su administración, quedaron solamente dos: Sinaloa y Jalisco.
Hace apenas dos años, Cienfuegos estuvo en Washington, fue recibido con honores por el general Kelly, que había sido jefe del comando Sur y era el jefe de gabinete de Trump, y homenajeado por el propio ejército estadunidense, en una junta con el jefe del estado mayor conjunto. Según la DEA, en esas fechas ya investigaban al general. No tiene sentido.
En el Ejército, como en muchos ámbitos, hay y ha habido corrupción, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una acusación al Estado mexicano que trasciende un sexenio. Hace unos meses, Trump amenazó a México con actuar unilateralmente contra el narcotráfico en México. No sé si están atacando al narcotráfico, pero al Estado mexicano lo están vapuleando en toda la línea, y en el ambiente de polarización que vivimos no nos damos cuenta que este desafío no es coyuntural, sino estratégico. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Opinión, p)
Que a reserva de conocer los resultados oficiales, los comicios en Coahuila e Hidalgo dieron oxígeno puro al PRI, lo que llevó al líder nacional, Alejandro Moreno, a proclamar que su partido “está de regreso” en la política nacional; en la esquina contraria, Alfonso Ramírez Cuéllar reclamó compra y coacción del voto en la primera entidad y violencia en la segunda; sin embargo, para los allegados a Mario Delgado, su eventual sucesor, se trata de una derrota que solo puede adjudicársele al líder interino.
Que horas antes de que comenzara este lunes el debate y eventual aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, los líderes de las ocho fracciones parlamentarias sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Los más optimistas esperaban que el responsable de las finanzas públicas los escuchara y aceptara incorporar algunas propuestas al paquete fiscal, aunque la mayoría llegó a la cita con la certeza de que la decisión estaba tomada y tanto esa ley como el Presupuesto de Egresos se aprobarán sin cambios sustantivos. (Trascendió, Milenio, Al frente, p2)
Es muy extraño que el general Salvador Cienfuegos haya decidido involucrarse con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, cuando ya había perdido a sus principales dirigentes y había organizaciones criminales más poderosas, a la mitad de su gestión como secretario de la Defensa, como lo acusa el Departamento de Justicia de recibir sobornos a cambio de protección. Sin embargo, a diferencia de la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el general aportaron miles de mensajes y grabaciones como evidencia, que sugiere un largo trabajo de Inteligencia, contra las declaraciones de testigos protegidos en juicios anteriores, en el último caso.
Su captura , el jueves pasado, fue consecuencia de la acusación que le hizo un Gran Jurado en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn, el 14 de agosto del año pasado, y esperaron a que viajara a Estados Unidos para detenerlo, ante el riesgo de fracaso si pedían a México su captura por el blindaje de la Secretaría de la Defensa, o su extradición, como sucedió con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aquel día se giró la orden de detención, y un mes después empezaron a circular rumores en Washington que venía un golpe contra él y generales mexicanos a quienes vinculaban con el narcotráfico.
Los rumores fueron transmitidos como tales por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace poco más de dos semanas, sin tener mayor información. La investigación fue mantenida con total hermetismo del gobierno mexicano, al igual que su captura. López Obrador se enteró aproximadamente cinco horas después de la detención. Cuando se detuvo a García Luna en Dallas, el Departamento de Estado avisó a la Embajada 10 minutos antes de realizarla; y cuando detuvieron en febrero a la hija de Nemesio Oseguera, El Mencho, en Washington, avisaron media hora antes.
La desconfianza de los órganos de Inteligencia de Estados Unidos que arrastra el gobierno desde la administración de Enrique Peña Nieto por su falta de combate a los cárteles de la droga, quedó de manifiesto. Hace poco más de dos semanas estuvo en México el jefe interino de la DEA, Timothy Shea, para revisar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, pero sobre todo, para presionar al gobierno de López Obrador por la pobre gestión en la erradicación de cultivos de droga, que se encuentran en el peor momento del siglo. Pero de la orden de captura girada 46 días antes, y la inminente detención de Cienfuegos, no dijo una palabra. (Raymundo Riva Palacio, Estrictamente Personal, El Financiero, Nacional, p38)
No estaba muerto…
Con base en los resultados preliminares de la jornada electoral de ayer, el PRI dio el campanazo y logró prácticamente carro completo en Coahuila, al alzarse con la victoria en las 16 de las 16 diputaciones locales en juego. Y en Hidalgo, no arrasó, pero obtuvo la victoria en al menos 38 de las 84 presidencias municipales en juego
Monitoreo
Nos dicen en Palacio Nacional que hay preocupación por el contagio de COVID-19 del secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y aunque el almirante no presenta problemas de consideración estuvo en contacto con el primer círculo del presidente López Obrador, incluso con gobernadores, por lo que, nos adelantan, habrá un monitoreo permanente sobre su estado de salud. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión, p2)
La detención del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, cuestiona las estructuras de Gobierno del país, incluyendo nuestra dinámica interna.
De nuevo la DEA actuó sin tomarnos en cuenta. Es claro que no hay confianza en nuestras autoridades, se sabe que cualquier investigación de este tipo inmediatamente permea colocando a los presuntos responsables en guardia.
Reiteremos, no hay confianza en las autoridades mexicanas, porque hay evidencias de su relación y complicidad con la delincuencia organizada.
Este tema es lo que define que el Presidente no supiera de la investigación que se estaba haciendo en nuestro propio país, dicho de otra manera, no metimos ni las manos. No le quisieron decir a nadie porque sabían de las consecuencias que traería ello y porque también entendían que si en México no se estaba desarrollando ningún tipo de investigación sobre Cienfuegos se debía a que no tenían en el radar nada que tuviera que ver con las evidencias que venía investigando desde hace al menos dos años la DEA.
No tiene sentido hacer generalizaciones sobre el Ejército a partir de esta detención. Sin embargo, hay evidencias cada vez más claras de que la institución está siendo permeada por la delincuencia organizada.
No es un asunto de hoy, pero es un hecho que con la detención de Cienfuegos se abre la caja de Pandora, está ante la autoridad judicial de EU el responsable de los militares en el país en la pasada administración.
Era el personaje más importante en materia de seguridad del pasado sexenio lo que inevitablemente lleva a involucrar a Peña Nieto. El expresidente está en la mira ya sea por omisión o por eventualmente permitir las acciones y complicidades de un hombre al que además se la pasó elogiando a lo largo de los seis años.
Si López Obrador quería motivos para enjuiciar a los expresidentes, con lo sucedido en Los Ángeles, la detención le obliga al menos a investigarlo sin necesidad de hacer algún tipo de consulta.
Las consecuencias para el país son mayúsculas. A querer o no llegan a la presente administración, porque el tipo de acusaciones al extitular de la Sedena debieron haber sido investigadas por las actuales autoridades. No estamos ante cualquier tipo de acusación, el asunto debió haber pasado por la Defensa Nacional y la FGR.
Las consecuencias también pasan por la propia Sedena. El Presidente ha colocado a los militares en todas las áreas posibles, porque parte del supuesto de que la corrupción no ha permeado al interior de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la detención de Cienfuegos no puede verse como un hecho aislado, no hay manera de imaginar que el extitular de la Sedena haya actuado solo, a lo que se suman las muchas herencias que pudo haber dejado en la secretaría.
En medio de todo esto no está para olvidar los innumerables desencuentros entre el candidato López Obrador y el extitular de la Sedena. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, Opinión, p2)
Hace unos días, Morena y sus aliados se impusieron en la Cámara de Diputados para eliminar 109 fondos y fideicomisos de los que depende la ciencia, la cultura, la innovación y la atención a desastres naturales, entre muchos otros temas, pero la construcción del Paquete Económico es bastante más amplia y además del error de eliminar los fideicomisos hay muchos temas que deben ser reflexionados y cambiados.
El primero y más importante es la visión centralista. La eliminación de los 109 fideicomisos representa una pérdida en las finanzas estatales ya que 40 de ellos (aproximadamente 24 mil millones de pesos) pertenecen a fondos estatales y municipales. A esto se suma la reducción del gasto federalizado del 5.5% que denunciaron los 10 gobernadores que integran la “Alianza Federalista”, que es equivalente a casi 109 mil millones de pesos.
Lo anterior también sumado a que el presupuesto es deficitario y a que desde el inicio del gobierno de López Obrador la mayoría de los programas (junto con las estructuras) se centralizaron. En pocas palabras: cada vez más centralizado el gasto, cada vez es más opaco y los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno Federal benefician a muy pocos.
Otros rubros que siguen descuidando y resultan particularmente sensibles son los destinados para proyectos de energías renovables y para el cuidado del Medio Ambiente, y mientras se invierte en el proyecto de una refinería inviable, se siguen descuidando el desarrollo de energías renovables, la atención al cambio climático y las Áreas Naturales Protegidas. (Juan Carlos Romero Hicks, El Sol de México, Análisis, p16)
Si son ciertas, las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos indicarían una avasalladora influencia del narcotráfico. De comprobarse, esas imputaciones señalarían un enorme hueco en la seguridad del Estado mexicano pero no únicamente en los gobiernos anteriores sino posiblemente ahora mismo, en vista de que varios de los altos mandos del Ejército en la actualidad fueron colaboradores del general Cienfuegos. En caso de que sea culpable habría sido protagonista de una enorme simulación: pocos secretarios de la Defensa han sido tan enfáticos para defender la integridad del Ejército como el general ahora inculpado.
Condicionadas a que las denuncias contra el general estén respaldadas en hechos ciertos, las implicaciones de su detención el jueves 15 por la noche en Los Angeles son gravísimas. Si resulta que el general Cienfuegos fue protector de narcotraficantes, estaríamos ante el peor caso de infiltración del crimen organizado en nuestras estructuras de seguridad. Si la DEA lo aprehendió sin pruebas sólidas, se trataría de un golpe al Estado mexicano que sería difícil considerar como resultado solamente de un descuido.
Hasta ahora no se conocen evidencias de complicidad del general con el narcotráfico. La información disponible proviene de filtraciones del Departamento de Justicia de aquel país a periodistas estadounidenses y mexicanos. Se dice que a Cienfuegos se le mencionó en una conversación registrada por la DEA. Otras versiones indican que su nombre aparece en mensajes entre capos del narcotráfico o, incluso, se habla de mensajes de él. Una más, relata que agentes estadounidenses llevaban meses tratando de identificar quién era “El Padrino” a quien se habían referido varios delincuentes, cuando un individuo que estaba siendo vigilado exclamó que ese personaje estaba en ese momento en la televisión; así supieron que se trataba de Cienfuegos, según el relato de The New York Times.
Al general lo acusan de “conspirar para fabricar y distribuir” sustancias ilegales. Tendría que haber registros financieros, testimonios de cómplices, comunicaciones por diversos medios, datos de cargamentos y venta de droga. Hasta ahora no se conoce nada de eso. Lo que sí se ha dicho es que la orden de arresto contra Cienfuegos fue expedida por un Gran Jurado en Brooklyn desde el 14 de agosto del año pasado. El gobierno de México no estaba enterado de esas acusaciones.
La ausencia de pruebas conocidas obliga a la cautela. Por lo pronto circulan centenares de textos periodísticos en donde al general se le considera culpable y se hacen elaboradas especulaciones sobre vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Hoy no sabemos si el general es culpable, o no. Hay un proceso judicial que sería preciso seguir con mucha escrupulosidad antes de aprovecharlo para descalificar la gestión de Cienfuegos —y de Enrique Peña Nieto, durante cuyo gobierno encabezó al Ejército— o la gestión de López Obrador que conserva mandos y redes del organigrama de la Sedena que funcionaron en el sexenio anterior.
Más allá del juicio en Brooklyn pero a partir de él, se puede reconocer que nuestras fuerzas armadas, igual que cualquier otra institución que se enfrenta con la delincuencia organizada, no están al margen de la corrupción engendrada por el narcotráfico. La connivencia de algunos mandos militares no involucra a todo el Ejército pero es señal de su vulnerabilidad. Las fuerzas armadas tampoco son ajenas a los abusos, especialmente al exceso de autoridad.
Mientras más salen de sus cuarteles, más posibilidades hay de que elementos del Ejército o la Marina cometan agresiones contra la población civil. Tlatlaya o El Palmarito, entre muchos otros, son ejemplos de las consecuencias que puede tener la actuación frecuente, y a menudo incontrolada, de las fuerzas armadas. La fiscalización pública sobre el desempeño de esas corporaciones, comenzando por la información acerca de sus actividades, debe ser constante y completa y a menudo no sucede así.
La debilidad de las corporaciones policiacas, entre otros motivos, propicia que las fuerzas armadas sean indispensables para combatir a la delincuencia. Pero en vez de fortalecer, capacitar y sobre todo depurar a los cuerpos de policía, el gobierno actual ha intensificado la militarización de las tareas de seguridad ciudadana. La Guardia Nacional ha quedado completamente en manos del Ejército, como confirma ayer domingo la nota principal de este diario. El gobierno, además, decretó la presencia de las fuerzas armadas en las calles durante todo este sexenio.
A esa legitimación y ampliación en la presencia pública de las fuerzas armadas, se añade la centralidad que el presidente López Obrador les ha conferido en cada vez más actividades. El Ejército ha sido convertido en constructor aeroportuario y de vías férreas, creador de sucursales bancarias, administrador de aduanas, sembrador de árboles, distribuidor de apoyos sociales, entre otras tareas muy distantes de los límites que establece para las autoridades militares el artículo 129 de nuestra Constitución Política.
Esa militarización ya no sólo en tareas de seguridad pública sino en actividades que corresponden a otras áreas del Estado, o de la sociedad, incrementa la relevancia política de las fuerzas armadas y aumenta los riesgos de contaminación con dinero, contratos, concesiones y obras. El presidente López Obrador ha ampliado de manera irregular y excesiva las atribuciones de las fuerzas armadas, muy especialmente del Ejército. Las acusaciones contra el ex general secretario indican que esa corporación se encuentra tan expuesta como cualquier otra a las tentaciones de la colusión y la corrupción. (J Raúl Trejo Delarbre, La Crónica, Opinión, p1)