CASUAAALMENTE, en los momentos en que el Presidente comienza a estar en aprietos surgen noticias que podrían servir para desviar la atención.
RESULTA CURIOSO, por ejemplo, que en el peor momento para Andrés Manuel López Obrador por su falta de propuestas contra el feminicidio, una “alta fuente del gobierno” le contó a The Wall Street Journal que se investiga… ¡a Enrique Peña Nieto! ¿Alguien dijo cortina de humo? No es necesario llamar a los bomberos. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Golpe de la Corte a cigarros electrónicos.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Javier Laynez Potisek tiene listo un proyecto de sentencia en el que se considera que los cigarros electrónicos pueden ocasionar daños equiparables a los cigarros convencionales, por lo que no se les debe dar un trato diferenciado a los primeros. Con esto, nos explican, el ministro apunta a visibilizar la necesidad de contar con investigaciones más contundentes sobre las consecuencias que tiene para la salud el consumo de este producto que se presentó al mercado como una alternativa, supuestamente menos dañina, a los cigarros comunes. Se esperaba que el proyecto fuera votado ayer, sin embargo, el ministro Laynez decidió postergar la discusión, lo que coincidió con la emisión del decreto presidencial que prohíbe la importación de estos productos en México. (El Universal, Nación, p. 2)
Hasta las últimas consecuencias. Esta frase tan trillada podría volverse real si las investigaciones siguen su curso natural. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por su correlación en los casos de Altos Hornos de México y Odebrecht. Lo anterior lo informó al finalizar su participación en el Parlamento Abierto para la Reforma en materia de Subcontratación Laboral en la Cámara de Diputados. Nieto indicó que se han presentado cuatro denuncias más en contra de Lozoya y están dos investigaciones pendientes. Los nombres de sus cómplices, una bomba. (Excélsior, Nacional, p. 13)
QUE al coro de “¡fuera capuchas!”, el diputado Miguel Ángel Jáuregui se lanzó al ruedo con una iniciativa que vulnera la autonomía universitaria, inmiscuyéndose en la forma de elección de Junta de Gobierno, rector y directores, por lo que Enrique Graue, ahora sí, salió de inmediato a advertir de un intento de Morena por “desestabilizar” la UNAM. El rechazo unánime obligó al retiro inmediato de la propuesta en otro día difícil para la casa de estudios, con el fallido plan de 400 normalistas michoacanos que quisieron organizar un paro en todo CU y la nueva toma de la Prepa 8. Hablando de universitarios, la doctora Perla Gómez asegura no haber querido entrar a la mañanera, pues a esa hora iba a Cuajimalpa a sus actividades de profesora investigadora de la UAM. Anotado. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Escalada contra la UNAM.- La tarde de ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, fue tendencia dominante en redes sociales. El motivo fue su respuesta rápida, contundente, directa, sin espacio para interpretaciones diferentes, de rechazo a la intentona de un sector de Morena de irrumpir en el ámbito de autonomía de la casa de estudios.
El rector se dijo sorprendido e indignado. Graue reconoció que hay una escalada contra la autonomía universitaria que recurre a la desestabilización como estrategia de combate.
El rector concluyó su mensaje con una exigencia: que los diputados hagan público su respeto irrestricto a la autonomía universitaria, ¿lo harán? (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Un día sin mujeres.- Y fueron los colectivos feministas los que adaptaron la premisa de la película Un día sin mexicanos, de Sergio Arau, para elevar su protesta contra los feminicidios y que se visibilice la gravedad del problema. A través del hashtag #UnDíaSinMujeres, varias organizaciones están convocando en redes a que el próximo 9 de marzo ninguna mujer salga de su casa, vaya a trabajar, a estudiar o hacer compras con el objetivo de que “desaparezcan” de la vida social. La protesta podría subir de tono si, dicen, no se les sigue tomando en cuenta. Ojalá ahora sí le den respuesta y este paro al que están convocando no pase de un día, pues para nadie es un secreto que la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país es fundamental y donde 48.9 millones de ellas son parte del sector laboral. (La Razón, La Dos, p. 2)
¿Alguien ha visto a Delgado? Desde el lunes y hasta ayer miércoles, al jefe de la bancada de Morena, Mario Delgado, no se le vio en San Lázaro. No acudió a la sesión de la Junta de Coordinación Política del lunes; no asistió a la sesión plenaria de los diputados del martes, y tampoco llegó para inaugurar ayer miércoles el foro sobre el outsourcing, en el que dejó sola a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; al titular de la UIF, Santiago Nieto; al director del IMSS, Zoé Robledo y a muchos otros invitados. Sus colaboradores sólo comentan que está operando las reformas constitucionales pendientes. La pregunta es… ¿en dónde? (El Financiero, Nacional, p. 31)
Dicen los que saben que de cara a las vacaciones de Semana Santa, la secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE, ya no quiere tomarse ni un día de asueto para no tener sorpresas a su regreso. La razón, nos cuentan, es que tras retornar de sus festejos decembrinos se encontró con que la Dirección General de Registros y Asociaciones de su dependencia, que lleva Lucio Galileo Lastra, registró y dio una Toma de Nota, en tan sólo 11 días y durante el periodo vacacional de diciembre, al Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos Subsidiarias y Filiales, cuya secretaría general la ostenta el señor Jorge Zárate Castillo. El problema, nos detallan, es que ese mismo organismo ya había recibido una Toma de Nota en octubre de 2019, ésta con una dirigencia encabezada por Eliel Flores Ángeles. ¿Estaremos hablando de duplicidad? (El Sol de México, Nacional, p. 2)
En el caso de Genaro García Luna –preso en una cárcel de Nueva York por mantener presuntos nexos con el cártel de Sinaloa-, el gobierno mexicano hizo una petición muy precisa al fiscal estadounidense William Barr: -Tener acceso a la información del proceso en contra del ex secretario de Seguridad.
Para el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy importante esa información no sólo por lo que atañe al propio García Luna –desde la perspectiva de importantes funcionarios mexicanos relacionados con el tema de seguridad, el gobierno de Estados Unidos sabe lo que está haciendo: “No se iban a aventar este tiro a lo tonto”, comentan- sino por algo más:
-Saber quiénes más están –o estuvieron- involucrados…
El apunte puede llevarnos a pensar que en la 4T estarían encantados de saber si hubo figuras por encima del propio exsecretario y ex director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que participaron o supieron de las presuntas andanzas que se le señalan al súper policía. Ya imaginarán lo que eso significaría para López Obrador: algo más que justicia divina. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Entre las opciones jurídicas que analiza la Fiscalía General de la República y que estaría negociando con Emilio Lozoya Austin y sus abogados, hay dos figuras jurídicas que podrían aplicarse al exdirector de Pemex una vez que sea extraditado de España y traído a México. La primera sería que aceptara su culpabilidad en los delitos graves que se le imputan a cambio de una reducción de pena, conocida como el “allanamiento a cargos”, figura contemplada en la legislación española, y la segunda sería que aceptara, una vez en México, acogerse a la figura de “testigo colaborador” del Código Penal federal para que, a cambio de información relevante sobre la corrupción en Pemex, obtuviera un beneficio penal.
Y en esta última figura, la de colaboración de un acusado, antes llamada “testigo protegido”, Lozoya Austin podría convertirse en el eslabón que la FGR está buscando para poder acusar e iniciar un procedimiento judicial en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, y contra quien fuera el llamado “hombre fuerte” de su sexenio, el influyente exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray Caso. Esa sería la forma en que, por primera vez en la historia del país, un caso de corrupción contra un exmandatario nacional pudiera ser judicializado y confirmaría la información que difundió ayer The Wall Street Journal: “México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto”, atribuida por el diario estadounidense a un “alto funcionario mexicano”. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 2)
A pesar de la aparente resistencia del presidente López Obrador para enjuiciar expresidentes, ayer trascendió que Enrique Peña Nieto ya es investigado por la Fiscalía General de la República. Fue otra vez el medio estadunidense Wall Street Journal el que obtuvo la “exclusiva” de la investigación “como parte del más alto perfil de corrupción en años”.
El autor del texto, José de Córdoba, corresponsal en México, cita como fuente a un “alto funcionario judicial mexicano que vincula la averiguación contra el expresidente al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, arrestado la semana pasada en España por recibir “millones de dólares” en sobornos.
“La oficina del fiscal general (Alejandro Gertz Manero) tiene evidencia que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, aseguró el alto funcionario citado por el WSJ. (Francisco Garfías, Excélsior, Nacional, p. 4)
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Una nota publicada en The Wall Street Journal, atribuida a un alto funcionario mexicano, reinstaló con fuerza a Enrique Peña Nieto en la presunción de que podría ser sujeto a un proceso de corresponsabilidad por los actos de corrupción hasta ahora atribuidos a Emilio Lozoya Austin, quien fue su coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de 2012 y, luego, director de Pemex, cargo este desde donde habría pagado favores a la trasnacional Odebrecht y habría realizado, entre otros actos lesivos del erario nacional, operaciones como la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México.
La versión difundida por el diario neoyorquino asegura que la oficina de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en los dos expedientes arriba mencionados llega al más alto nivel, esto refiriéndose a Peña Nieto. Según esa misma nota de WSJ, La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
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Según el abogado defensor Javier Coello Trejo, su cliente Emilio Lozoya no se mandaba solo. En el organigrama del gobierno, al menos tres funcionarios estaban por encima de él. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía. También los integrantes del consejo de administración de Pemex. Pero arriba de todos, el presidente Peña Nieto. En una nota firmada por Juan Montes y José de Córdoba, el diario The Wall Street Journal dice que la justicia mexicana investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, afirmó un funcionario mexicano. Lozoya fue detenido la semana pasada en Málaga, España, y ayer lo visitó su abogado en prisión. No quiere ser extraditado a México. Está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
La corrupción no es tampoco receta exclusiva de la gente que ha gobernado aquí durante los últimos 30 años sino que desde antes, cuando disfrutábamos las bondades de la “dictadura perfecta” instaurada por el antiguo Partido Revolucionario Institucional, prevalecían ya los usos del corporativismo y primaba una nefasta cultura clientelar. Pemex, la empresa de todos los mexicanos (es curioso, pero nuestra condición natural de accionistas no nos ha otorgado nunca prerrogativas reales ni nos ha permitido exigir cuentas), servía de caja chica a los gobernantes de turno, aparte de ser una agencia de colocaciones para beneficio de familiares, amigos, compadres y allegados. Esto no es nuevo, oigan, aunque, hay que decirlo, la pasada Administración nos haya dejado una corporación en ruinas. (Román Revueltas Retes, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Resulta difícil comprender la falta de empatía que ha exhibido el presidente López Obrador ante el tema de los feminicidios y, en particular, del secuestro y asesinato de la niña Fátima. Responsabilizar de esos crímenes al neoliberalismo o insistir en que los asesinatos de mujeres se han reducido, cuando todo indica lo contrario, es un sinsentido absoluto en un momento en el que la gente lo que le está pidiendo es solidaridad, acciones concretas e, incluso, capacidad de indignación.
Cuando el martes el Presidente se enojó con un editorial de El País, de España, crítico y preciso, por la inoperancia oficial ante la violencia contra las mujeres, no tuvo mejor idea que arremeter contra quien fuera el secretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, entre 1994 y 2000, o sea hace más de 20 años, y comparar los feminicidios y el asesinato de Fátima con el Fobaproa (sic).
Es una falta de sentido común y de respeto a las víctimas. Por cierto, de lo que sí fue responsable Liébano fue de haber negociado, desde la Presidencia de la República, para que se aceptara la candidatura de López Obrador a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que no cumplía con los requisitos mínimos para ser candidato. Ésa sí fue responsabilidad de Liébano y Andrés Manuel tendría que estar eternamente agradecido por ello. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Incapaces de contener la avalancha criminal y el deterioro de la economía, el gobierno hace agua y el Presidente inventa una conspiración tras otra. ¿Qué es eso de agradecerle al Ejército de “no hacer caso del canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo”?
Nadie con dos dedos de frente y un poco de patriotismo ha pedido un golpe de Estado. Hay, sí, como un clamor al Presidente para que actúe con medidas concretas y salvar a México de la barbarie en que nos encontramos desde hace años y él ha agudizado.
Lo del “golpe” es paranoia pura, producto de la incapacidad para resolver problemas graves como el aumento de la criminalidad en su variante más siniestra: el asesinato de mujeres y niñas. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 32)
Hace una semana se llevó a cabo la cena de la humillación pública. No podría describirse de otra forma ese evento donde el Presidente convocó a decenas de empresarios a cenar bajo la mirada de la jefa del SAT, ni cuando al tradicional menú tabasqueño de tamal de chipilín y chocolate, se le añadió atole, que no se bebe en Tabasco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador les dio atole con el sorteo del avión presidencial, y los obligó políticamente a cooperar con millones de pesos. La presencia de Raquel Buenrostro, la jefa de la policía fiscal fue el incentivo perverso. No se sabe cuántos empresarios fueron, o cuántos cancelaron. Muchos acudieron por miedo; otros que dejaron sus sillas vacías, desafiaron la represalia.
Todos dijeron que había sido una cena que demostró que pueden trabajar mano a mano empresarios y Presidente. Dudoso. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 34)
Está claro que el gobierno quiere salir de la bronca en que se metió por el desabasto de medicinas.
Uno de los más graves obstáculos para sortear este problema tiene que ver con la distribución de los medicamentos.
Una solución de golpe sería recontratar a empresas que compran y distribuyen medicinas, como Fármacos Especializados y otras, pero eso iría en contra del espíritu mismo del nuevo gobierno, que no sólo ha tachado de corruptas a estas empresas, sino que quiere evitar el modelo que existía antes: dos o tres compañías que no fabricaban medicinas pero que ganaban todas las licitaciones. ¿Cómo le hacían? Acordaban con los laboratorios que iban a producir suficiente, llegaban con cartas compromiso de éstos, y le añadían el servicio de distribución, obviamente, subiendo el precio. La buena: había medicinas. La mala: hubo muchas acusaciones de favoritismo, privilegios, encarecimiento artificial, corrupción en la que ha puesto el reflector la administración del presidente AMLO. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
No hay signos de que la oposición pueda armarse y ser protagonista en las elecciones del 2021.
Por lo pronto, habrá que ver cómo reaccionan los ciudadanos en los estados donde habrá elecciones para gobernador este año. Cada entidad tiene su propia dinámica, lo que hace que no exista tan marcadamente la influencia nacional en los procesos locales.
Por más obvio que sea va de nuevo, no es lo mismo una elección federal en donde está de por medio la Presidencia que las elecciones intermedias, sin quitarle valor alguno a los procesos y a la trascendencia que tienen.
Por más que el Presidente diga que no se va a meter en las elecciones no hay manera de saberlo, lo que queda es creer en su palabra y estar atento al cumplimiento de los mecanismos legales que conforman el proceso. (Javier Solórzano, La Razón, La Dos, p. 2)
Más allá de las razones religiosas o sentimentales de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos hace ya tantos años, para desenterrar cuanto se pueda hallar de sus despojos e inhumarlos después, de acuerdo con sus costumbres y honor, vale la pena reflexionar sobre dos anuncios hechos ayer por el Supremo Gobierno y el Señor Presidente, así como de la muy precoz secretaria del Trabajo, la señorita Luisa María Alcalde.
El primero es algo un tanto extraño: ha dicho el Señor Presidente: Grupo México nos devolvió la concesión.
Alguien lo podría haber dicho de otra manera: el Grupo México, mañosamente (los gansos le tiran a las escopetas), le entregó la mina y sus problemas al gobierno. A ver cómo se les arregla para algo supuestamente imposible desde el punto de vista técnico: llegar hasta la zona donde fue el derrumbe de aquel 19 de febrero de hace 14 años. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Después de haberse hecho, a la mala, de organismos autónomos como las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Reguladora de Energía, el oficialismo ha lanzado abiertamente un asalto sobre el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el también consejero Ciro Murayama están claramente en la mira. Buscan destituirlos o, por lo menos, restarles poder. Esto ocurre en momentos en que la Cámara de Diputados ha abierto el proceso para renovar cuatro de las once posiciones en el Consejo General, el cual deberá completarse en abril.
La ofensiva para controlar la UNAM no ha sido menos indiscreta. A la toma de más de una decena de planteles de la Universidad Nacional se ha sumado ahora una iniciativa de ley presentada por el diputado federal morenista Miguel Ángel Jáuregui para “democratizar las formas de gobierno” en la máxima casa de estudios, a fin de que “al rector, a los directores de las escuelas y facultades, así como a los directores de los institutos de investigación los elijan sus propias comunidades por medio de elecciones abiertas (…) a través del voto libre y secreto”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Nadie se salva y a usted le está llegando el momento. Esperemos que el control permanezca en sus manos, aunque, de nueva cuenta, ahora en la Cámara de Diputados se aprecia una embestida cada vez más consistente contra instituciones y legislaciones que son producto de décadas de lucha y reclamo democrático.
Ahora ya está ahí, de nuevo, contra la UNAM de Enrique Graue Wiechers…
Aunque sorprendió, ya no causó extrañeza la iniciativa presentada esta semana por el diputado de MORENA Miguel Ángel Jáuregui, de Azcapotzalco, para reformar la Ley Orgánica de la UNAM por la vía de que “el rector y los directores de escuelas, facultades e institutos de investigación sean electos por sus comunidades de forma directa, a través de procesos electorales competitivos, equitativos y trasparentes.”
Esta embestida contra la autonomía de la UNAM ni sorprende ni es nueva, recordemos que la iniciativa de la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, propuso borrar, ¡pero de ya..! la autonomía universitaria. “Después corrigieron desde Palacio Nacional diciendo que fue un error, pero desde entonces sabemos que quieren acabar con la autonomía de las universidades públicas, sobre todo de la UNAM”, advierten diputados opositores. (Leopoldo Mendívil, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 1)
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, expresó ayer su enérgico rechazo a la iniciativa del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca para democratizar la elección del rector y de los directores de las facultades, escuelas e institutos de investigación de la máxima casa de estudios. En un mensaje dirigido a los titulares de los principales órganos de la cámara baja, Graue calificó la propuesta de intento de intromisión en la vida universitaria y denunció la existencia de una escalada contra el principio básico e irrenunciable de autonomía de las instituciones universitarias.
La iniciativa presentada el martes por el legislador de Morena, la cual ya fue retirada por el grupo parlamentario de dicho partido, consideraba modificaciones a la ley orgánica de la UNAM a fin de que las autoridades universitarias fueran elegidas por sus propias comunidades (profesores, alumnos y trabajadores) por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto.
Lo que debe quedar claro a los legisladores, así como a cualquier otro actor político o económico, es que la revisión de las formas de gobierno de la UNAM compete de manera exclusiva a la comunidad universitaria, la cual deberá decidir en el marco de su plena autonomía acerca de la pertinencia de su régimen interno. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Descenso: Aunque nuestro país no es el principal destino turístico de China, la crisis del Coronavirus afectará a ese rubro por la cancelación de vuelos, los filtros sanitarios y la gente que decide no viajar. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 2019 los turistas chinos fueron los segundos trotamundos que más derrama económica dejaron en sus vacaciones, después de los japoneses con un gasto de mil 878 dólares en promedio por estancia.
Acciones México: Ante ello Sectur se comprometió a impulsar la conectividad aérea entre los países con nuevas rutas y mayores frecuencias de vuelos, así como agilizar procedimientos de visado para turistas y ampliar la enseñanza del Chino Mandarín pues entre 2012 y 2018 el turismo chino se ubicó como el 15vo mercado emisor de viajeros a México y hasta julio de 2019 según la Unidad Política Migratoria de Gobernación avanzaron a la posición 14. (Federico La Mont, El Sol de México, Nacional, p. 8)