DADO QUE el propio Andrés Manuel López Obrador y su familia fueron víctimas del espionaje a través de Pegasus, resulta inevitable preguntar: ¿en serio el gobierno ya dejó de espiar a opositores, activistas y periodistas?
PORQUE no es por dudar de nadie, pero la sola palabra del Presidente no garantiza nada. Por más que el mandatario insista en que no son iguales y que ya no se espía a nadie, la realidad es que hasta ahora no se han presentado pruebas de que haya cancelado los contratos de espionaje con NSO Group o con cualquier otra empresa similar.
EL CAMBIO de nombre del Cisen no implica que haya dejado de lado las mañas de otros tiempos. Además, las Fuerzas Armadas también eran clientes de la plataforma digital de espionaje. Tan es así que México fue el país con más gente espiada: ¡15 mil personas!
LO QUE PARECE un hecho es la tolerancia absoluta de este gobierno con las prácticas ilegales de espionaje que practicaba su antecesor. Al parecer el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto no sólo era un blindaje contra la corrupción del sexenio pasado, sino también para una amplia gama de prácticas criminales que estaban (¿y siguen?) perfectamente normalizadas. Ahora falta saber si realmente la 4T le cortó las alas al pegaso espía o si lo sigue usando.
-…-
EL QUE se quedó como el perro de las tres tortas fue Ricardo Sheffield. Renunció como titular de Profeco para ser candidato morenista a la alcaldía de León y, desde ahí, buscar la gubernatura de Guanajuato en 2024. Pero su ex partido, el PAN, lo barrió en las urnas y se quedó con las ganas.
PARA COLMO, la dirigencia estatal de Morena -ya desde ahora- le dejó muy en claro a Sheffield que se olvide de la idea de ser postulado dentro de tres años. Según Ernesto Prieto, el ex procurador del consumidor no les dio los resultados que les prometió en las urnas. Y que si a eso se le suma que ya lo derrotaron en la gubernatura y en la alcaldía, se ve “complicado” que lo vuelvan a postular en 2024. “Y así llorando se acaba…”, diría José Alfredo.
-…-
LA TERCERA OLA avanza con fuerza, ayer se desplomaron las bolsas por el temor a un nuevo confinamiento, en Francia se hace obligatorio vacunarse… ¿y la Secretaría de Salud de México? ¡Preparando la mudanza!
RESULTA EXTRAÑO, por decirlo suavemente, que la dependencia que encabeza Jorge Alcocer tenga como prioridad mudarse a Guerrero, justo cuando está en medio de una pandemia que no cede. Más extraño resulta el desorden que trae el subsecretario Hugo López-Gatell, que ya volvió a cambiar las reglas para el semáforo covidiano ¡y nadie las conoce!
A VER si hoy en la conferencia mañanera, finalmente se presenta algún plan claro y conciso para enfrentar este nuevo repunte del Covid-19 o si la idea es que a la gente y a la economía se los lleve la… tercera ola. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Sin tregua pleito AMLO vs Calderón
El pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón no da tregua. El sábado el actual mandatario dijo que Calderón y los demás expresidentes que le antecedieron, desde Carlos Salinas, debieran ser juzgados por haber privatizado la educación en el país. Ayer, don Felipe, le regresó los saludos a don Andrés y tras conocerse el asesinato del periodista Abraham Mendoza, quien tenía un espacio radiofónico en EXA-Morelia, y fue ultimado en Michoacán por motivos que aún se investigan, el expresidente cuestionó por medio de su cuenta de Twitter la falta de seguridad en el país. “Otro periodista asesinado… Descanse en Paz Abraham Mendoza y que se haga justicia. A eso deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados. No a consultas gansito ni a estadios de beisbol”.
¿Quién autorizó en Sedena dar servicio médico a un actor de telenovelas?
Nos comentan que quienes al parecer prefieren evitar problemas y no andar desenterrando cosas del sexenio pasado es en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Nos detallan que luego de que en mayo el actor Eduardo Yáñez reveló en una entrevista que su compañera actriz Angélica Rivera, cuando estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, movió influencias para ayudarle para que fuera operado en el Hospital Militar, un particular pidió a la Sedena el expediente del caso, puesto que el actor no es militar.
Sin embargo, el Ejército negó entregar esta información al señalar que “lo requerido contiene datos personales que deberán de ser protegidos y tratados con confidencialidad…”, luego entonces sí hay un expediente médico del actor Eduardo Yáñez, quien, por cierto, hace unos días declaró a la prensa que él considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un dictador que llevará a México a estar como Cuba. Será que ahora que la Sedena aceptó que don Eduardo, sin ser miembro del Ejército, tiene un expediente médico en el Hospital Militar, ya haya encontrado a quién autorizó que se le prestara atención médica. ¿O eso también es información que debe ser tratada como confidencial?
Barren, pero dejan la basura de la corrupción bajo la alfombra
En Segalmex, la Conasupo del actual gobierno, entregaron el año pasado adjudicaciones directas por casi 800 millones de pesos a empresas denunciadas por las propias autoridades federales como factureras. Coincidentemente, en junio de 2020 en Segalmex, el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien firmó esas adjudicaciones, fue cesado sin que se supiera la razón y si había alguna denuncia en su contra.
Ahora, un año después, que ha salido a la luz el caso, resulta que las finanzas de don René son objeto de investigación. En septiembre de 2020 Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a poco más de tres meses de haber ocupado el cargo y argumentando la existencia de corrupción. Nada se sabe sobre si esas acusaciones fueron investigadas y si hubo culpables y recibieron algún castigo. Nos hacen ver que quizá las escaleras se están barriendo de arriba hacia abajo, pero están escondiendo la basura debajo de la alfombra.
Los “golpistas” atacan de nuevo
El próximo sábado, nos cuentan, la Ciudad de México se vestirá de protesta. Padres de niños con cáncer, pacientes con VIH, a quienes les han retrasado sus tratamientos antirretrovirales, y mujeres con distintos tipos de cáncer que ahora son expacientes de FUCAM, realizarán una manifestación que partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para unir sus voces y exigir al Presidente que no los ignore y atienda sus demandas.
Nos comentan que esperan que los partidos políticos y algunos otros personajes opositores al gobierno no se sumen a esta manifestación, pues no quieren ser, una vez más descalificados o insultados, como lo han sido por funcionarios federales, como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que las demandas de los padres de niños con cáncer eran falsas y calificó su actitud como golpista. Así que mientras don Hugo, seguramente opinará que los “golpistas” salen de nuevo a las calles, el hecho real es que el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, y para otros muchos padecimientos, persiste. (El Universal, Nación, p. 2)
Debacle. Y sigue la mata dando… El gobierno de Alejandro Tello Cristerna se muestra a la baja en muchos ámbitos, y uno preocupante es que, una vez más, Fresnillo encabeza la lista de percepción de inseguridad en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Ante esto, el alcalde Saúl Monreal Ávila aseguró que seguirá exigiendo a las autoridades que refuercen este tema, pues advierte un descuido por parte de las autoridades estatales, derivado del fin de la administración. Las ciudades con mayor porcentaje de percepción de inseguridad fueron: Fresnillo, con 96.2; Cancún, con 88.7%; Ecatepec, con 87.7% y Coatzacoalcos, con 86.9 por ciento, entre otras. Otro punto malo. Hay más.
Perdidos. Hay 50 municipios, de los 2 mil 446 conformados, sumergidos en una inseguridad rampante. Los tres con mayor nivel de violencia son Tijuana, en Baja California; Ciudad Juárez, en Chihuahua, y León, en Guanajuato. Esto de acuerdo con el número de homicidios dolosos que se registran en esos territorios. La lista fue dada a conocer por el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda. En el periodo de enero a mayo de este año, los homicidios dolosos cometidos en Tijuana sumaron 749, en Ciudad Juárez, 515, y 295 en León, Guanajuato. Acapulco e Iguala se encuentran, también, entre los municipios más peligrosos del país. Saberlo no ayuda mucho. ¿Qué se hace para frenar la inseguridad?
Compromiso de género. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el homicidio de la activista Aranza Ramos, quien buscaba a su esposo desaparecido, debe esclarecerse y no quedar impune. Ante este crimen, afirmó que en la dependencia la prioridad es apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. “Es nuestro compromiso”, subrayó. “He girado instrucciones para darle seguimiento al caso, a nivel federal y local”. Pidió a las autoridades competentes den certezas en este feminicidio que sacude socialmente por lo que implica ser víctima dos veces, y en absoluta impunidad. La rabia es lo de menos. La justicia es lo que debe prevalecer. ¿La esperamos?
Es en serio. Una convocatoria en borrador prevé un Congreso Morenista en la Ciudad de México, los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre próximos. Y es que un sector de Morena busca impulsar el Tercer Congreso Nacional Ordinario del partido, por lo que ya circula un proyecto de convocatoria que tendría que ser avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. Según este calendario, los congresos distritales se realizarían en octubre, y los estatales en los tres primeros fines de semana de noviembre. Por otra parte, John Ackerman y Gibrán Ramírez ya se subieron a la plataforma change.org, donde más de 2 mil firmas de militantes de Morena reclaman la realización del Congreso. Prueba de fuego que arde desde ya.
Fuera de tiempo. En su cuenta de Twitter, Vicente Fox lanzó un mensaje de apoyo hacia Rosario Robles Berlanga. El expresidente señaló que el actual gobierno quiere obtener “verdades” o versiones que no existen y destacó a la otrora secretaria de Estado como una mujer honesta e íntegra. “Rosario, eres un verdadero ejemplo ante la injusticia, el atropello a tus derechos y el abuso del actual gobierno para obtener ‘verdades’ que no existen. Admiré tu honestidad e integridad a toda prueba”, redactó el exmandatario. Las declaraciones se dieron después de hacerse pública la renuncia del abogado Sergio Arturo Ramírez, defensor de Robles, cuyo caso cada vez se empantana más. ¿No le parece ya algo tarde y muy poquito el apoyo? (Excélsior, Nacional, p. 15)
Que poco le duraron las noches tranquilas al magistrado presidente José Luis Vargas, pues cuando apenas los últimos días de junio presumía dentro y fuera del Tribunal Electoral que la FGR ya lo había exonerado de las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, ahora él y su esposa afrontan una nueva queja por un esquema de “empresas fachada” que nada bien caerán en la 4T, donde se presume haber logrado un cambio en el Poder Judicial. Por cierto, a punto de entrar a las impugnaciones por los triunfos en las gubernaturas, en el TEPJF está más que consolidado el nuevo “G5”, que ya dejó atrás al “grupo de los 4” que alguna vez encabezó el titular de la instancia, contra quien ya se planean votaciones en bloque.
Que la información de los contratos de compra de las vacunas contra el covid-19 de AstraZeneca, Sputnik, Pfizer-BioNTech y CanSino no podrán ser dados a conocer públicamente, al menos por el momento, pues Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte, así lo determinó hasta que se resuelvan de fondo las impugnaciones del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, quien argumentó que se trata de un tema de seguridad nacional.
Que tanto le gustó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, echarse un palomazo, que ya calienta la garganta para cantar a dueto con Pepe Aguilar y su hija Ángela, quienes en próximos días acudirán a la Cámara alta para recibir un reconocimiento en memoria de su padre, Antonio Aguilar. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Civilidad política
La 4T y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, cerrarán una etapa sin aspavientos y hasta con el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en esta última gira de cuatro días, nos aseguran, quedó muy complacido con el desempeño del priista, al igual que como ha ocurrido con el oaxaqueño Alejandro Murat.
Temporada de veda
En esto del respeto a la ley no hay distingos, por lo que el Tribunal Electoral pidió al presidente López Obrador que evite hacer propaganda gubernamental durante el proceso de campaña de la consulta popular, del próximo 1 de agosto. El primer mandatario sólo puede hablar de cuestiones respecto al sector salud, educación y protección civil.
Diálogo en la CDMX
Poco a poco se aclara el panorama con el cambio en la Secretaría de Gobierno de la CDMX, ahora a cargo de Martí Batres, quien llegó, por lo pronto, a suavizar las cosas con los alcaldes electos de oposición. Al aceptar reunirse con Adrián Rubalcava y Mauricio Tabe, de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, abrió espacio al diálogo, y esperan que pronto se materialicen los acuerdos.
Por la refundación
Este martes, un centenar de ex legisladores y ex funcionarios, entre ellos Pepe Alfaro, Sadot Sánchez, Alfonso Rivera y Rosario Guerra, darán a conocer la creación de un nuevo grupo al interior del PRI, denominado Corriente Refundación, cuyo propósito, nos adelantan, es impulsar la Asamblea Nacional en la que se sienten las bases para un cambio profundo.
A revisión
Las modificaciones a los libros de texto gratuitos de la SEP, que comanda Delfina Gómez, siguen dando de qué hablar. Un Juzgado de Distrito de la CDMX admitió un amparo de la asociación Suma por la Educación, que preside Francisco Javier Landero. La intención es revisar que cumplan principios constitucionales pues, desde su óptica, hay sesgos ideológicos en su rediseño. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Los espías que no se van
El tema del espionaje vuelve a ser foco de atención tras revelarse que fueron objeto de esta práctica, a través del Programa Pegasus, las comunicaciones de unas 15 mil personas en el sexenio pasado. Sin embargo, un elemento que le agrega gravedad son las denuncias de periodistas como Héctor de Mauleón y analistas como Javier Tejado en el sentido de que el espionaje es una práctica vigente. “Hace unos días, tras la marcación de un código, en mi celular, se me hizo saber que mi teléfono había sido clonado y que en ese preciso instante alguien más se hallaba en condiciones de escuchar mis conversaciones, leer mis correos y mis mensajes de texto, de tener acceso incluso a mi álbum de fotografías”, escribió el primero este lunes. Este hecho enciende alarmas, sobre todo porque cualquier dispositivo puede ser capturado y vulnerado. El de cualquiera.
Cuestionable y extendida práctica
Y hablando de espionaje en nuestro país, información publicada por The Guardian y replicada en medios nacionales, dio cuenta ayer de un tema más que delicado. Y es que el rotativo inglés informó que integrantes de la familia del Presidente, entre ellos su esposa, Beatriz Gutiérrez, sus hermanos Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús; tres de sus hijos, Andrés, José Ramón y Gonzalo; su vocero, Jesús Ramírez, e incluso su cardiólogo, tenían sus comunicaciones capturadas por medio del software Pegasus. En esa misma situación habrían estado también políticos que hoy son o fueron parte del Gobierno federal como el empresario Alfonso Romo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la titular de Educación Pública, Delfina Gómez; el director de la CFE, Manuel Barttlet,y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. No son los únicos, en la lista figuran también políticos de oposición como el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, y al menos dos docenas de periodistas de medios nacionales e internacionales. Un mundo de personas espiadas.
Percepción en la BJ
Nos hacen ver que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dada a conocer ayer por el Inegi, no sólo revela cuáles son las ciudades consideradas como las más inseguras en el país. Se trata también de un indicador para evaluar si los gobernantes están cumpliendo o no con su responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos. En esa suerte, nos señalan, resalta la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Santiago Taboada, que reportó la mayor percepción de seguridad en toda la capital. En esa alcaldía, el 67.8 por ciento de sus habitantes manifestó sentirse más seguro, lo cual representa un aumento de 16.8 puntos porcentuales respecto a los resultados de ese mismo estudio reportados en marzo del 2020. En la Benito Juárez se aplica desde el principio de la actual administración una estrategia denominada Blindar BJ, uno de los factores que incide en los resultados entregados en la medición del Inegi, nos comentan.
PAN va por afiliaciones
Y es el Partido Acción Nacional, a cargo de Marko Cortés, el que se está preparando para sumar militantes a sus filas, ya que de acuerdo con los registros más recientes ese instituto político está a sólo dos décimas del límite para conservar o perder su registro como partido. O sea en la tablita, nos dicen. Aunque el dirigente nacional considera que no hay ningún riesgo en la continuidad del PAN como partido, parece que la situación es prioritaria ya que se anunció la realización de 3 mil 748 cursos de inducción para los interesados en ponerse la camiseta azul. Incluso, la expectativa es duplicar los 270 mil 799 inscritos a la fecha. Por lo pronto, ya empezó una especie de campaña en la que se abren las puertas, por ejemplo, a los “amloarrepentidos”. Sólo falta que en su meta no se interponga la tercera ola de Covid.
Batres, primer paso y pendiente
Así que Martí Batres, recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en los primeros días después de asumir el cargo ha reforzado sus actividades públicas para ponerse al tanto de lo que acontece en la capital del país. El morenista, nos informan, ya se reunió con quienes encabezarán las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, todos ellos alcaldes electos de oposición, acto que, nos dicen, ellos agradecen, igual que como lo hicieron con el exsecretario Alfonso Suárez del Real. Sin embargo, los próximos funcionarios tienen una encomienda para Batres: que ya les programen una reunión con la Jefa de Gobierno. ¿Se las podrá cumplir? Al tiempo.
Caminos separados en Morena
En una reunión de caras tristes, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron su informe final en el que se subrayó la aprobación de 18 reformas que impactaron en 55 artículos de la Carta Magna, entre las que destacaron iniciativas promovidas por la 4T, como la desaparición de la Reforma Educativa, temas de paridad de género, revocación de mandato, consulta popular, Pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, además de Guardia Nacional. Este último tema, por cierto, habrá de regresar a la mesa de discusión para evitar que “se pudra”, como lo dijo este lunes el Ejecutivo federal y se espera que en ese debate participe la presidenta de esa instancia legislativa, Aleida Alavez, quien sí se reeligió. No así diputados como Pablo Gómez y Javier Hidalgo, quienes esta vez se cayeron del trapecio, además de Alejandro Viedma, a quien la bancada de Morena extrañará en los temas electorales por venir, nos comentan. (La Razón, La Dos, p. 2)
Keiko Fujimori es mala perdedora. No encontró apoyo internacional y decidió, finalmente, aceptar su derrota, pero advirtió que no dejará en paz a Castillo. ¿Eso es democracia? (La Jornada, Contraportada)
El nuevo episodio del espionaje global del programa malicioso que vendió la firma israelí NSO Group a gobiernos del mundo, difundido este lunes por un consorcio de 17 medios de comunicación, tiene ahora un nuevo capítulo, el espionaje telefónico a la clase política mexicana realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde sobresale la vigilancia de 50 colaboradores del entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Esta revelación periodística exige que Peña Nieto y su aparato de inteligencia, que encabezaba y controlaba el llamado Grupo Hidalgo, a través del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rindan cuentas.
La radiografía del espionaje –aunque como se aclara en algunos de esos medios, para saber si efectivamente se infectaron los teléfonos celulares se necesitaría hacer un análisis forense– muestra el alcance de los intereses del gobierno de Peña Nieto para llevar a cabo una práctica ilegal. Pegasus es un programa que se vendía para combatir al crimen organizado y al terrorismo, que fue utilizado por algunos gobiernos, como el mexicano, para realizar espionaje político.
Los instrumentos de inteligencia se utilizan para salvaguardar los intereses del Estado frente a amenazas internas y externas, pero entra en la categoría del espionaje político cuando se enfocan en vigilar a sus opositores, actores políticos, agentes económicos o periodistas y activistas, como en el caso mexicano. El gobierno de Peña Nieto se engolosinó con los sistemas que se fueron creando en México para enfrentar a los grupos criminales y vigilar potenciales actividades terroristas, para utilizarlos con fines políticos. Quien visualizó lo que podía hacer, aunque más con fines personales que incluso gubernamentales, fue Osorio Chong, el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto.
Durante la transición, Osorio Chong visitó Plataforma México, en el búnker de la entonces Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, quien le mostró todo lo que se había construido para enfrentar a la delincuencia. Personas que supieron de esa reunión a principios de octubre de 2012, recuerdan que Osorio Chong deslizó, no se sabe si por error o deliberadamente, su idea de lo que se podría hacer con esos equipos para su carrera presidencial. Aquella dependencia no tenía el Pegasus, que adquirió en México por primera vez la Secretaría de la Defensa al final del gobierno de Calderón, y la PGR, durante la gestión del hidalguense Jesús Murillo Karam, amplió la compra durante el de Peña Nieto, pero la candidez de Osorio Chong en aquella visita muestra la mentalidad de los colaboradores de Peña Nieto, y subraya lo limitado del expresidente para acotarlos.
Peña Nieto aprobó una idea de Osorio Chong para fusionar la poderosa Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, pero también le impuso a quien sería el comisionado de la nueva dependencia (Comisión Nacional de Seguridad): Manuel Mondragón, quien comenzó a desmantelar Plataforma México desde diciembre de 2012. Cuando eso inició, en el Cisen Osorio Chong colocó a un incondicional, Eugenio Imaz –que no conocía nada de inteligencia, pero respondía a él, no al presidente–, se llevaron del búnker los sistemas de intercepción telefónica, mientras que la Marina, que veía más el interés nacional, recuperó todas las investigaciones abiertas contra los cárteles de las drogas antes de que Mondragón las tirara a la basura. Exfuncionarios del Cisen y Mondragón han sido vehementes en negar que eso sucediera, pero en efecto, eso pasó. Osorio Chong ha dicho que no espiaban.
El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, regresó el espionaje político a niveles no vistos en décadas. El Cisen intervino centenares de líneas telefónicas, mientras que Pegasus infectó a miles de dispositivos móviles. El espionaje sobre los colaboradores de López Obrador –si no se hizo directamente a un celular de él es porque no tiene uno propio– muestra en dónde radicaba su interés: su familia, aunque particularmente Andrés, porque a diferencia de sus hermanos y su madrastra, participaba activamente en el diseño de estrategias políticas y ha sido durante todos estos años el enlace más confiable del Presidente.
Su cardiólogo, Patricio Ortiz Hernández, se convirtió en una pieza clave para darle seguimiento a su salud, después del doble infarto que tuvo en 2013, que a punto estuvo de matarlo. Peña Nieto supo de la gravedad del infarto por medio de Carmen Lira, directora de La Jornada, muy cercana de López Obrador y madrina de sus tres hijos mayores, quien a través del responsable de medios de Los Pinos, David López, fue informando detalladamente sobre su estado de salud.
Dos personas de alto interés para el gobierno fueron blanco de Pegasus: Julio Scherer, muy cercano a López Obrador por casi dos décadas, confidente, abogado y en momento difíciles hasta financiero, y el empresario Alfonso Romo, quien en ese momento se suponía tenía fuerte influencia en las decisiones económicas del líder de la izquierda. El gobierno de Peña Nieto tenía bien identificados los objetivos, como Alejandro Esquer, su secretario particular, una persona tan influyente, que hoy en Palacio Nacional es quien más toma decisiones después del Presidente. Otro era César Yáñez, que conocía las entrañas de lo que hacía López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, quien desde entonces tenía una maquinaria de propaganda y difamación sistemática poderosa.
La filtración de miles de documentos a las ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional que procesó el consorcio de medios, no puede ser un escándalo efímero. Peña Nieto y Osorio Chong tienen que dar explicaciones de lo que hicieron. Es cierto que no utilizaron en casi ningún caso la información para lastimar –como el expediente que tenía Peña Nieto sobre los financiamientos de López Obrador–, pero no los exime de la responsabilidad de haber utilizado los recursos del Estado y desviado los sistemas de recolección de información para la seguridad nacional, para llevar a cabo un espionaje político ilegal. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional Política y Sociedad, p.36)
Vivimos un verano de 2021 caliente, por la nueva ola de contagios COVID, las lluvias torrenciales en Europa, eventos políticos traumáticos en Haití, Sudáfrica y Cuba. En el mar de fondo de estos eventos hay problemas estructurales serios: el cambio climático, las crecientes desigualdades exacerbadas por el COVID-19, la falta de expectativas. México no es ajeno a ello. El verano de 2021 está caliente.
Cuando muchos creímos que nos alejábamos de la pandemia del COVID-19, gracias a la vacunación, vuelve una ola que afecta a todo el mundo, por las variantes más contagiosas. El País titula: “La variante delta desbarata los planes europeos de regresar al verano de 2019”. La recuperación podría darse hasta 2023.
Malas noticias para sociedades agotadas por las crisis sanitaria y económica. Hay titubeos sobre la conveniencia de reabrir clases presenciales y un irresponsable movimiento antivacuna en muchos países.
Además del COVID, el cambio climático impactó con lluvias torrenciales a Alemania y otros países, que causaron la muerte de más de 180 personas. Las consecuencias afectarán las elecciones en Alemania, en septiembre, en la era “post Merkel”. (Martha Bárcena, El Heraldo de México, País, p. 8)
No hay quien en el gabinete de López Obrador hable bien del doctor Hugo López-Gatell, el ridiculizado zar para la pandemia. A la sorda, se queja de él hasta su jefe directo y maestro, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Lo detestan en la vocería de Jesús Ramírez porque no hace caso a las recomendaciones de comunicación que le hacen. No lo toleran en la cancillería de Marcelo Ebrard, porque ha sido incapaz de organizar un plan ambicioso de vacunación y México tiene 20 millones de dosis en la bodega porque López-Gatell sencillamente no puede ponerlas a un mejor ritmo.
En el staff del presidente en Palacio Nacional consideran que su impericia le pega a la imagen de López Obrador. Están hartos de él en las Fuerzas Armadas porque les toca entrar a suplir sus deficiencias. En Morena lo consideran un pasivo y sus pleitos con la jefa de Gobierno, favorita de AMLO para la carrera sucesoria, son materia de reportajes internacionales. Figuras, dirigentes, legisladores de la 4T están agotados de defender al indefendible. Me lo han dicho una y otra vez varias fuentes a lo largo de las últimas semanas.
Nadie se explica por qué sigue al frente de la lucha contra la pandemia el hombre que ha sido derrotado estrepitosamente por ésta. López-Gatell es responsable de que México sea uno de los peores países del mundo en el manejo de la pandemia. ¿Por qué entonces no lo ha despedido el presidente López Obrador?
Las propias fuentes oficiales esbozan una respuesta en dos vertientes: un cálculo personal y un cálculo político. En lo personal, el presidente de México no es de los que acepta que comete errores. Correr a Gatell sería admitir el fracaso ante la pandemia. En lo político, que mientras exista Gatell, la sociedad seguirá culpándolo a él del fracaso, y ese reclamo no llegará al presidente. Por eso vemos a López Obrador siempre escudarse en que todo lo que ha hecho su gobierno en la pandemia es “lo que diga el doctor Hugo”.
Sin embargo, el fusible se quemó hace tiempo. Y hoy queda claro que la necedad no es de Gatell, es del presidente. La apuesta por desdeñar los cubrebocas y despreciar las pruebas -hoy por hoy, las dos medidas mundialmente aceptadas como las más eficientes contra la expansión del virus- fue de Andrés Manuel López Obrador. Sin valentía ni personalidad, Gatell se traicionó como doctor y sencillamente adaptó la ciencia a la voluntad de su jefe máximo. Lo demás fue suplir con una creciente dosis de arrogancia su incapacidad para responder los genuinos cuestionamientos de la ciudadanía y sus cada vez más evidentes contradicciones.
Al inicio de la tercera ola, con el regreso a clases en puerta, el destino regala al presidente AMLO otra oportunidad simbólica para enmendar y poner al frente a un científico con verdad y liderazgo. Renovar el rostro de la desgracia del hundimiento por uno que implique la esperanza de la salida a flote. Del latín purgamentum, momento de desechar. Dudo que el presidente aproveche esta oportunidad. No está en su naturaleza.
SACIAMORBOS.— En el argot de los espías y funcionarios de inteligencia, le llaman “la bestia” o “la perra”. Cuentan que es una tecnología mucho más efectiva que Pegasus. Y el gobierno mexicano la tiene desde el sexenio de Peña Nieto. La compró entonces. Pegasus requiere que el espiado dé clic en un link para infectar el teléfono, y el truco es mandar al objetivo un mensaje que le resulte irresistible para que dé clic. Con la perra-bestia no hace falta el clic. Basta poner el número del teléfono de la persona a espiar, y listo: en el acto tienen un clon del aparato, con conversaciones, documentos, contactos, fotografías, etcétera. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
No es noticia para nadie que el fiscal Alejandro Gertz no tiene ningún respeto por Santiago Nieto, titular de la UIF, y su trabajo. Lo ha dicho más de una vez y ha actuado en consecuencia. Si de alguien Gertz es autónomo es de Nieto, al que no puede ver, de hecho dicen que hace mucho que no hablan.
Son decenas y decenas de denuncias presentadas por la Unidad de Inteli gencia Financiera de Hacienda frente a la Fiscalía que ahí se atoran, no pasa nada. Las únicas que avanzan son las que interesan por diferentes razones, muchas de ellas por motivaciones políticas del fiscal.
Denuncias contra Lozoya —hace unos días una más— que no avanzan porque la FGR lo quiere seguir teniendo en casa. O la de hace un par de años contra Romero Deschamps, guardada en algún cajón de la Fiscalía.
El último encontronazo tiene que ver con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, a quien la UIF de Nieto había denunciado por enriquecimiento ilícito y la FGR cerró el caso, como se lo adelantó en MILENIO mi compañera Jannet López Ponce. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
La más reciente gira del presidente Andrés Manuel volvió a ser una oda a la militarización de la seguridad: inauguración de cuarteles, promoción del creciente número que engrosa las filas de la Guardia Nacional y su propuesta para que se integre de lleno a la Secretaría de la Defensa (Sedena). Mientras tanto, la violencia no cede. Ya en el poder, el de AMLO se parece mucho al discurso de Felipe Calderón. Ojalá no termine igual.
La esperanza se llamaba Guardia Nacional, se titula la tesis de maestría en periodismo de investigación (CIDE) de Concepción Peralta. Vale la pena leerla (http://repositorio-digital.cide.edu/ handle/11651/4460).
En uno de los capítulos, Concepción analiza que, a excepción de Tamaulipas, los estados del norte no sobresalen en el número de efectivos. Además, el despliegue de elementos no obedece a una lógica de incidencia delictiva, como lo sostuvo la ASF.
En materia de violaciones a derechos humanos, la Guardia se colocó rápidamente en el top 10 de instituciones que más denuncias acumulan, incluso por arriba de la Sedena. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El miércoles pasado, 14 de julio, cuando el subsecretario Hugo López-Gatell había reconocido que llevamos cuatro semanas en la tercera ola de covid, el presidente López Obrador la redujo a un pequeño rebrote, afortunadamente.
Y es no dejar ese manejo de sus otros datos, aunque choquen con la realidad que muestra que en la tercera semana de mayo fueron 14 mil 681 casos y en la tercera de julio, la pasada, 68 mil 337, más del cuádruple, mucho más que un pequeño rebrote.
El viernes se registró el mayor número de casos en esta tercera fase, 12 mil 821, muy superior a lo más alto de la primera oleada, 9 mil 556.
Entonces con menos contagios, pero con más muertes, estábamos en semáforo rojo y confinados. La semana pasada en Ciudad de México estábamos en verde y con todo abierto, aunque ésta hayamos pasado a amarillo, que es lo único que cambió, el color del semáforo, no sus implicaciones ni limitaciones.
Hoy, a diferencia de las oleadas anteriores, el número de muertos no ha aumentado en la misma proporción de los casos: El 30 de diciembre con 12 mil 406 casos fueron mil 52 fallecimientos; el 5 de febrero con 13 mil 51, mil 368 muertes; y el 15 de julio, 12 mil 821 contagios y 233 decesos.
La diferencia han sido las vacunas: al día de ayer había 21 millones 700 mil 199 personas con la dosis completa y 16 millones 522 mil 293 con una, para un total de 38 millones 222 mil 492. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, p. 3)
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, calificó de “venganza personal” que, de la UIF, Santiago Nieto haya impugnado la decisión de la FGR de exonerarlo de las acusaciones por enriquecimiento ilícito. “Es el estilo de este personaje Nieto, que busca hacer unas novelas mediáticas y que no acaba judicializando absolutamente nada, porque todo es inventado. Es una venganza personal. Está obsesionado conmigo”, nos dijo el magistrado.
¿Es iniciativa propia o viene de otro lado?, preguntamos.
—Es iniciativa propia. Me consta que le han pedido que ya no se meta conmigo, que no tengo absolutamente nada. Ofreció que ya no iba a presentar la impugnación porque es potestativo de la unidad. Fue y la presentó.
“La UIF vino a quererme imputar el delito de enriquecimiento ilícito. Están sacando una nota, la vi en un portal, que dice que ahora van por mí por lavado de dinero.
“Eso me lo tienen que explicar, porque el lavado de dinero es un delito complejo donde debes tener una empresa y dinero que quieras lavar. Yo no tengo absolutamente nada. Mi único ingreso —además de las rentas y los intereses que tengo de algunas inversiones—, es lo que percibo como magistrado de la Sala Superior”, puntualizó. La UIF impugnó la decisión de la FGR ante un juez de control de la CDMX. Presentó, además, una nueva denuncia en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales, vinculadas al magistrado Vargas, por un esquema de empresas fachada. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
La semana pasada, cuando se reunió el presidente López Obrador con los 16 gobernadores electos y en funciones de Morena, se habló de concentrar tareas de seguridad en 50 municipios de alto riesgo en esos estados.
Más allá de la reasignación de recursos humanos y materiales que haga la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en ellos, es evidente que sin una estrategia y un verdadero esfuerzo político del gobierno federal, de los gobernadores y presidentes municipales, todo terminará siendo insuficiente. Es evidente que las autoridades locales solas no pueden con el fenómeno, pero sin que ellas garanticen por lo menos la seguridad cotidiana tampoco se podrá avanzar.
Las cifras oficiales permiten también interpretar lo que está sucediendo en el ámbito de la seguridad. De esos 50 municipios, 31 (en realidad 32, porque a ellos se sumó un alcalde electo como independiente) son gobernados por Morena. Muchos de ellos no tienen o tienen policías locales simplemente inoperantes. Y en la mayoría de los casos tampoco existen policías estatales que cumplan mínimamente con su labor. Eso se replica también en la percepción ciudadana. La encuesta del Inegi sobre percepción que se divulgó ayer lo exhibe con claridad.
Según la encuesta del Inegi, el 66% de la población mayor de 18 años se siente insegura en sus ciudades. Las ciudades más inseguras, según sus pobladores, son Fresnillo, Zacatecas, donde el 96.2% de sus pobladores se sienten inseguros. Este fin de semana, en Zacatecas hubo más de 30 muertes entre enfrentamientos, ejecuciones y embocadas entre grupos criminales, del Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. También murieron policías que intentaron intervenir. En un mes y medio hay cambio de autoridades locales en Zacatecas, asume David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, en un escenario de seguridad simplemente catastrófico. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nación, p. 10)
El nuevo ciclo de revelaciones en torno al abuso del programa israelí Pegasus para espiar celulares, en particular durante el último tercio de la administración Peña Nieto (2016-2018), es un pálido reflejo de lo que ocurrió en ese periodo, cuando llegó a darse por un hecho que desde un despacho de tercer nivel se escrutaban de forma ilegal movimientos y conversaciones de todos los ocupantes de la residencia oficial de Los Pinos, incluido el entonces presidente.
Investigaciones judiciales y testimonios generados por años ilustran cómo operó el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), que durante casi todo el pasado sexenio estuvo a cargo de Eugenio Ímaz, un cercanísimo operador del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Afectado por una grave enfermedad, Ímaz fue una presencia fantasmal en el Cisen durante prolongados periodos, pero Osorio (hoy senador) nunca lo relevó. Juntos revisaban, en discretos coloquios, una serie de carpetas especiales producto del espionaje sobre personajes clave, ninguno de los cuales estaba ligado a actividades criminales o era un peligro para la seguridad nacional.
Esos expedientes contenían aspectos sinuosos sobre la vida privada y los intereses de políticos de todo género, incluido Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano (más de 50 personas, ahora se sabe). A ellos se agregaban gobernadores, líderes partidistas, periodistas, defensores de derechos humanos y un enorme etcétera.
Pegasus llegó a México por la vía de la Procuraduría General de la República que encabezó Jesús Murillo Karam. El responsable de su manejo fue Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo y refugiado en Israel. Se contrató a través de una intermediaria, Proyectos y Diseños VME, en lugar de acudir con el fabricante, la compañía israelí NSO Group Technologies Ltd, cuyos registros han sido ahora puestos al descubierto.
Murillo salió de PGR en marzo de 2015, y Zerón aguantó hasta septiembre de 2016, pese a que chocó con la nueva titular, Arely Gómez, desde que el día que ésta llegó. Ella emitió un acuerdo para que Pegasus fuera controlado directamente por su oficina, lo que nunca ocurrió. En los meses siguientes se contrataron “actualizaciones” por casi 500 millones de pesos, o sea más licencias para ser usadas por el Cisen y las secretarías de la Defensa y de Marina. Eso desató la orgía de espionaje de la que ahora se da cuenta, con más de 15 mil teléfonos celulares intervenidos.
Un expediente confidencial abierto por PGR ante denuncias de periodistas por ser espiados a través de sus celulares incluyó un mapa georreferenciado con el cual debía concluirse que en los casos de Carlos Loret de Mola y de Carmen Aristegui la intrusión era operada desde el Cisen.
Ese mismo Cisen, con sus mismas atribuciones, recursos e incluso personal, sigue operando en el gobierno López Obrador sin más cambio que el nombre (Centro Nacional de Inteligencia) y su secretaría de adscripción, Seguridad. Lo rigen la misma ley y opacidad.
El actual presidente asegura que ya no se espía a periodistas ni a adversarios políticos. Desde ambos sectores se asegura que ello no es cierto. ¿A quién le cree usted?
Apuntes: Funcionarios de Segalmex, que encabeza Ignacio Ovalle, utilizaron fondos de la institución por más de 2,000 millones de pesos para invertirlos en instituciones privadas, lo que es ilegal. En varios casos hubo pérdidas notables; uno de los fondos, por 200 millones de pesos, venció, pero el dinero nunca regresó a las cuentas oficiales. Las auditorías respectivas sobre estas y otras maniobras desastrosas para el erario ya están en el escritorio del Presidente. (Robert Rock, El Universal, Nación, p. 9)
Faltan tres años para que los partidos políticos tengan sus procesos internos para seleccionar candidatos rumbo a la elección del próximo Presidente de la República, pero en Morena andan muy acelerados y hasta enfrentados por el método que seguirán para elegir el suyo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, líder moral de Morena, señaló el pasado 13 de julio que él consideraba las encuestas como el mejor método para elegir al candidato de su partido a intentar sucederlo. Después, el coordinador de los senadores del partido, Ricardo Monreal, señaló que el método de la encuesta estaba desgastado, pero le reviró el actual presidente de ese instituto político, Mario Delgado, asegurando que éstas eran el mejor instrumento para conocer la opinión de la gente en la selección de candidatos.
Sin embargo, al parecer no sólo Ricardo Monreal tiene dudas sobre las encuestas como método de selección. Muchos de los aspirantes a candidatos de Morena en el pasado proceso electoral cuestionaron ante la justicia federal las encuestas que aplicaba su partido. En total, hubo 34 aspirantes que se quejaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).
Varias de las impugnaciones fueron desechadas por no haber acudido a instancias partidistas previamente. Pero la queja de candidatos a presidencias municipales, diputaciones y gubernaturas de Morena fue constante: conocer las encuestas —y su metodología por las cuales habían sido descartados.
El TEPJF sí entró a fondo en dos asuntos: en el de la candidatura a la gubernatura de Zacatecas (JDC 407/2021) y en una diputación federal por Jalisco (JDC 755/2021). En ambos, Morena, al rendir su informe circunstanciado no presentó las encuestas hechas, ni su metodología.
Así, el común denominador es que muchos de los aspirantes (perdedores) a candidaturas de ese partido han tratado de conocer las encuestas y nadie lo ha conseguido. Al parecer, las críticas de Ricardo Monreal podrían tener sustento.
De hecho, la única encuesta de Morena que es conocida, al igual que su metodología y sus encuestadores, es la que ocasionó, en octubre de 2020, que Mario Delgado fuera electo presidente de ese partido. Pero, pequeño detalle, esa encuesta no fue hecha por Morena. Fue coordinada por el INE y elaborada por tres casas encuestadoras —Covarrubias, Demotecnia y Parametría—.
De los expedientes judiciales y las quejas de los militantes, parece que las encuestas de ese partido para seleccionar candidatos son más un dogma de fe que un estudio estadístico.
En estas condiciones, y derivado de la alta litigiosidad, parece difícil que el método de encuestas, de no transparentarse, pueda ser aplicado para las elecciones del año entrante. Y menos aún si se trata de la selección de su candidato presidencial en 2024.
Nada obliga a Morena ni a algún otro instituto político a escoger sus candidatos por encuesta. Hay otros métodos disponibles (designación directa, asambleas o insaculación). Pero seguir insistiendo, en Morena, que sus decisiones se toman vía encuestas, cuando éstas no aparecen y no se presentan en los informes a magistrados federales, me parece que puede dañar la confianza entre la militancia con la dirigencia. Sería mejor decir abiertamente que aceptan que usan el método “Vilchis” (al vil “chilazo”). A nadie sorprendería. El problema es uno de percepción, que dicen una cosa y hacen otra.
Cambiando de tema…
“Hoy en Telecom” da a conocer que ilegalmente se volvió a vender el padrón del INE. Así, en México se lucra con cualquier tipo de registro, desde los electorales, hasta los celulares. Vaya debilidad del Estado. Qué preocupante para los ciudadanos, quienes entregamos nuestros datos, incluidos los biométricos, esperando se mantengan en reserva. (Javier Tejado Dondé, El Universal, Cartera, p. 22)
Pegasus provoca mudez // Osorio Chong y Peña Nieto // Leopoldo Gómez, a EU // Noticias Univisión-Televisa
El coordinador de la minifracción del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, guarda significativo mutismo ante la compra y operación de la plataforma de espionaje político denominada Pegasus. Lo mismo hace Enrique Peña Nieto, quien teóricamente fue el jefe político del ex gobernador de Hidalgo que ocupó durante más de cinco años la Secretaría de Gobernación.
Osorio Chong fue el responsable de la política interior o, como solía decirse con optimismo luego aplastado por la realidad, de la gobernabilidad del país durante el infausto sexenio peñista, y uno de sus subordinados en el palacio de gobierno en Pachuca fue Eugenio Ímaz Gispert, como secretario de la Contraloría (también había sido secretario particular de Jesús Murillo Karam en Hidalgo).
Al arribo de Peña y Osorio Chong al poder federal, Ímaz Gispert fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cargo en que vio pasar una de las fugas de Joaquín Guzmán, El Chapo, y la desaparición de 43 normalistas en Guerrero.
En enero de 2018 (ya con Alfonso Navarrete Prida como relevo de Osorio Chong en Gobernación) fue sustituido por un personaje de credibilidad sin igual, Alberto Bazbaz, quien había sido procurador de Justicia del estado de México y, en tal condición, condujo las investigaciones sobre la desaparición y muerte de la niña Paulette Gevara Farah, finalmente encontrada en un resquicio de la propia cama de su casa, episodio que parecería de risa si no hubiese sido, además, un adelanto de lo que sería la tragicómica llegada de esos personajes mexiquenses al Poder Ejecutivo federal. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
Lozoya acumula denuncias // Deben hospedarlo en un reclusorio // ¿Y los peces gordos que prometió?
Parece que el cómodo arresto domiciliario del que goza desde que fue extraditado de España un año atrás permite a Emilio Lozoya Austin ver pasar el tiempo sin mayores contratiempos y sin que caigan los prometidos peces gordos de los negocios sucios durante su paso por la dirección de Petróleos Mexicanos, aunque paralelamente registra cómo se acumulan, un día sí y el siguiente también, denuncias en su contra por la misma causa: corrupción y más corrupción.
Desde su detención en España (febrero de 2020) y extradición a México (julio del mismo año), en donde fue arropado por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo protegido y/o colaborador, lo que le ha permitido gozar de arresto domiciliario, el discurso de batalla de Emilio Lozoya Austin ha sido si caigo, caen todos, pero en los hechos hasta el momento el único pez gordo que mordió el polvo es Alonso Ancira (por el fraude con Agronitrogenados), un empresario gansteril, zar del carbón y cabeza visible –hasta su encarcelamiento– de Altos Hornos de México, otrora paraestatal privatizada por Carlos Salinas de Gortari.
De ahí en adelante sólo ha habido escarceos de Lozoya, en los que sobresalen las denuncias en contra de Luis Videgaray, ajonjolí de todos los moles en tiempo peñanietista (integrante del consejo de administración de Petróleos Mexicanos cuando se concretó el operativo de Agronitrogenados), sin que a la fecha se conozca una denuncia concreta, sólida, que lo lleve a la cárcel. Y miren que tiene una enorme cola que le pisen.
Son varias las veces en las que el nombre de este personaje, una suerte de presidente adjunto en el sexenio pasado, ha sido involucrado por el ex director de Pemex, pero más allá de ese señalamiento nada ha sucedido. Entonces, aquellos de si caigo, caen todos parece ser parte del cuento que narra desde hace un año. (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Economía, p. 16)
¿Estamos en la Tercera o Cuarta Ola de la pandemia de Covid-19?
Para responder a esta pregunta es necesario analizar cómo se ha desarrollado la pandemia desde marzo de 2020 a la fecha, de acuerdo con el número de Casos Confirmados por Millón de Personas (CCMP).
De 0.01 CCMP el 4 de marzo de 2020 se llegó a 54.47 CCMP el 1 de agosto.
Desde ese punto el número bajó a 31.8 CCMP el 23 de septiembre para luego elevarse a 63.08 CCMP el 9 de octubre.
Nuevamente descendió el número a 33.47 CCMP el 14 de octubre, pero luego empezó a ascender hasta 47.24 CCMP el 12 de noviembre.
Para el 19 de noviembre había vuelto a bajar a 31.66 CCMP y a partir de ese día fue elevándose hasta llegar a 82.21 CCMP el 13 de diciembre.
A partir del 13 de diciembre el número fue aumentando hasta llegar a 136.19 CCMP el 21 de enero de este año, que es hasta ahora el número más alto que se haya registrado.
Del 21 de enero en adelante, el número fue descendiendo constantemente hasta llegar a apenas 15.82 CCMP el 25 de mayo, día en que de nuevo volvió a crecer hasta llegar a 76.05 CCMP el domingo pasado.
Con base en los datos puede afirmarse que ha habido dos mini olas y cuatro olas en lo que va de la pandemia.
Las cuatro olas alcanzaron su mayor nivel los días 1 de agosto y 9 de octubre de 2020, y 21 de enero y 17 de julio del año en curso. Las dos mini olas llegaron a sus puntos más altos el 12 de noviembre y 13 de diciembre del año pasado.
El número de casos que se registraron en los picos de las cuatro olas fueron: 7,022 (1 de agosto de 2020), 8,132 (9 de octubre de 2020), 17 599 (21 de enero de 2021) y 9711 (17 de julio de 2021).
La tendencia indica que el número de casos de la cuarta ola en que nos encontramos seguirá aumentando, quién sabe hasta cuándo.
El número de casos registrados el sábado pasado es similar a los que se registraron durante la segunda quincena de febrero.
Afortunadamente, gracias a las vacunas que hasta ahora se han aplicado en nuestro país a las personas de mayor edad, ha descendido el número de muertos por Covid-19.
El domingo pasado fueron 195 personas, 67 más que las 123 que murieron el 19 de junio.
La variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 es más agresiva que la cepa original y se propaga más rápidamente. Que no haya más casos fatales se debe a que quienes ahora están enfermando son personas más jóvenes y por lo tanto más resistentes.
Desde cualquier punto de vista, la pandemia sigue siendo una terrible realidad que muchos parecen ignorar alrededor del mundo.
En lo que va de este mes, en México han muerto de Covid unas 3,172 personas, sin contar las que no han sido contabilizadas pero que muy probablemente sucumbieron ante el coronavirus. Esto significa que cada mes mueren más personas por la pandemia que por homicidio doloso.
Ante esta realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que niños y jóvenes deben regresar a las aulas el 30 de agosto venidero, aunque de acuerdo a una encuesta reciente realizada por De Las Heras Demotecnia, el 56% de las personas opinan que es riesgoso y más vale esperar a que mejore la situación.
La pandemia sigue y por más que a AMLO no le guste y quiera hacernos creer que ya la domó, la situación es grave y el regreso a clases debe posponerse. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p.38)
El temblor de 1972 que destruyó la ciudad de Managua, al igual que el sismo de 1985 en México, fue determinante para la caída de la dictadura somocista. Estos fenómenos naturales hicieron evidentes las grietas estructurales de la desigualdad y la necesidad de un cambio político encaminado a la justicia social.
Sin duda, la lucha por la democracia en América Latina tiene múltiples interpretaciones históricas, pero un elemento insoslayable es el de los movimientos revolucionarios que lucharon por la vía armada contra las dictaduras militares impuestas en nuestro continente. No es menor decir que prácticamente en todos los países de nuestra América existió algún movimiento político armado que buscara la toma del poder.
En esta historia, la revolución sandinista fue inspiración y ejemplo. Si bien en los años sesenta el referente más importante fue la revolución cubana, la juventud revolucionaria de los setenta y ochenta centró su atención en la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su trascendencia radica en la profunda transformación política, cultural y social que permeó en la sociedad, con gran influencia de la teología de la liberación.
Las expresiones culturales del sandinismo desde esta perspectiva construyeron una mirada de hermandad y generosidad cristiana desde un ámbito político que hizo partícipes a los imaginarios políticos de la sociedad y las cosmovisiones de las comunidades, como lo recuerda Ernesto Cardenal en diversos textos.
La participación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones estratégicas removió el machismo imperante en las milicias revolucionarias. Tal como lo recuerda Cardenal en sus memorias: “La revolución inició un proceso de superación del machismo. La proporción de las mujeres en el gobierno, en el partido y en el ejército fue mayor que en ningún otro país del mundo, incluyendo Cuba”.
Un ejemplo extraordinario es el papel de Dora María Téllez, quien, a sus 22 años, fue pieza clave en la estrategia militar para el triunfo de la revolución sandinista al liberar la ciudad de Managua de la Guardia Nacional y con la toma del Palacio Nacional, el 19 de julio de 1979. Posteriormente, dentro del gobierno fue ministra de Salud, donde dictó una política de salud colectiva que entre otras cosas logró —gracias a la participación popular— erradicar la polio en Nicaragua.
Con la democratización de América Latina las estrategias del cambio se transformaron. Pese al asedio político y militar al que se enfrentó la revolución sandinista, ésta logró avances considerables: el analfabetismo disminuyó de 50 a 12 por ciento, se incentivó la cultura con la participación intelectuales como Julio Cortázar, Sergio Ramírez, Gioconda Belli o Ernesto Cardenal. Fue el primer país que puso a discusión los problemas étnicos en los estados nacionales con el tema de los miskitos, lo que impulsó el debate sobre la autonomía de las comunidades indígenas en la constitución nicaragüense.
El proceso de la lucha sandinista ha tenido muchos altibajos, pero no puede tirar por la borda su triunfo más importante: la instauración de la democracia. La derrota de la dictadura militar de Somoza le brindó a este país y a América Latina la esperanza de la transformación política, económica y social. En la arena política, duró 11 años en el poder y aceptó la transición política que le permitiera madurar sus errores y dar un impulso al sandinismo democrático.
De ahí que preocupe a quienes acompañamos el proceso nicaragüense, ver que la obsesión por el poder hace tirar por la borda los avances y la vocación democrática del sandinismo. El gobierno nicaragüense tiene la obligación de preservar el legado democrático de la revolución. Los derechos humanos y los derechos políticos de todas las personas deben estar garantizados.
Debe liberarse al menos a 136 personas, detenidas por causas políticas de acuerdo con un informe hecho llegar a la CIDH, incluyendo a personajes como Dora María Téllez y Hugo Torres (dirigentes históricos del sandinismo), así como a quienes pretenden disputar el gobierno nacional en las próximas elecciones. A los adversarios se les derrota en las urnas, no en las mazmorras.
Hay quienes sostienen que las transiciones en el poder pueden llevar a la pérdida de las conquistas de los procesos revolucionarios. Si bien ha habido innumerables intentos por revertirlos, la sociedad es la mejor posicionada para defenderlos.
La lucha política en la actualidad tiene su mayor fortaleza en la inclusión, en repensar permanentemente la noción de democracia, de lucha contra la desigualdad, y del papel del Estado y de la sociedad en un régimen de libertades, lo que permite que los procesos revolucionarios no terminen convirtiéndose en el mismo verdugo que combatieron. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 10)
Sobre la frágil independencia de las repúblicas que componen América Latina y el Caribe pende siempre el interés económico de los países europeos, pero, sobre todo, la injerencia de Estados Unidos y su omnipresente interés geopolítico continental. Hacia 1791, en lo que actualmente es Haití, esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue comenzaron una rebelión que terminó con el reconocimiento de independencia en 1804.
Este pequeño país atraviesa una crisis política tras el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, a mano de un conjunto de sicarios colombianos y estadunidenses. En Haití se logró quitar del poder con un comando privado a un gobernante electo democráticamente, ejecución similar (sicarios colombianos y estadunidenses) a la fallida operación Gedeón, cuyo objetivo era Nicolás Maduro en 2020.
Además de intentar asesinar en múltiples ocasiones a Fidel Castro (con operaciones reconocidas por la CIA); el financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) a la oposición cubana ha sido una constante en la vida pública de la mayor de las Antillas. En un mundo cada vez más cambiante, la coyuntura actual (nuevo gobernante y crecimiento del uso de redes sociales) marcada por la pandemia, ha dado lugar a protestas a favor y en contra del régimen en La Habana y Matanzas.
Genuinamente oportunista es clamar apoyo al “pueblo cubano” en la presente circunstancia, cuando jamás se ha expresado rechazo a un agravio imperial de tal magnitud como el bloqueo impuesto por EU. Hipócrita, el replicar con alegría la expresión de protesta de los cubanos, pero no replicar con la misma fuerza el reciente resultado (junio 2021) en la Asamblea General de la ONU, en que la resolución que pide fin al bloqueo fue de 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. (Fadlala Akabani, Excélsior, Nacional, p. 11)
La investigación periodística sobre los alcances internacionales del sistema de espionaje Pegasus, fabricado y vendido por la firma israelí NSO Group, y que ha sido utilizado por diversos gobiernos del mundo, en particular el de México en el pasado reciente, ha generado reacciones de indignación en sociedades y organismos internacionales.
Aunque el fabricante asegura que el programa en cuestión está concebido únicamente para vigilar a criminales y terroristas, Amnistía Internacional y la organización Forbidden Stories obtuvieron un listado de más de 50 mil números telefónicos que fueron intervenidos mediante Pegasus para espiar a activistas sociales, periodistas, abogados, opositores políticos y sus familiares y allegados.
Ha de recordarse que la existencia de Pegasus, su utilización por al menos tres dependencias gubernamentales mexicanas y las identidades de algunas de las víctimas del espionaje realizado con ese sistema se conocía desde junio de 2017, a raíz de una nota de The New York Times según la cual ese sistema se encontraba operativo cuando menos desde 2011.
En 2013 The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dio a conocer que un sistema similar, FinFisher, producido por la firma británica Gamma International, era operado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Estado Mayor Presidencial y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependencias hoy extintas. (Editorial, La Jornada, p. 2)
No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que el pasado 15 de julio, Arturo Herrera dejó el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar paso a Rogelio Ramírez De la O, su sucesor.
Arturo Herrera aspira a convertirse en el próximo gobernador del Banco de México aunque realmente no se ve otro competidor fuerte y parece que solo se está en espera de que se cumpla el periodo de Alejandro Díaz de León, en diciembre de éste año, para hacer oficial su ingreso. A diferencia de otros cambios en el gabinete federal, es claro que no hubo un problema de lealtad con el Presidente; al contrario, se está premiando su gestión frente a los recortes y reordenamientos presupuestales ordenados desde Palacio Nacional y el manejo fiscal durante la pandemia.
Y si bien es cierto que las finanzas públicas reportan estabilidad a grandes rasgos, la política de austeridad en el gasto público también implicó que los apoyos para el sector productivo y para las empresas de menor tamaño, fueran casi inexistentes, ya que ni siquiera el 1% del PIB se destinara a evitar cierres y despidos masivos; no hubo planes contracíclicos reales y, en términos fiscales, a muchas empresas se les siguió dando el mismo trato a pesar de que sus ingresos cayeron. Los datos son claros: sólo 7 de cada 100 empresas recibieron algún tipo de apoyo, más de un millón de empresas han reportado cierres permanentes y hoy, 10 millones de mexicanos se encuentran en algún grado de pobreza que no tenían a principios de 2020.
Algunas agencias y calificadoras consideran que un pendiente que deja el hoy ex secretario es una reforma fiscal que incremente la recaudación. Desde mi punto de vista, esa reforma ya ha iniciado desde distintos puntos, por un lado se han consolidado cobros atrasados a deudores, la reforma al outsourcing mejorarán hipotéticamente el cobro de cuotas de seguridad social y de impuestos asociados al empleo.
Además, el Plan Maestro del SAT (como lo propia Raquel Buenrostro lo ha denominado), tiene el fin fiscalizar a los grandes contribuyentes (es decir, quienes ya están activos en el padrón); mientras que una reforma pensada integralmente, buscaría ampliar la base de contribuyentes, incluyendo a las personas físicas y morales más ricas así como a quienes hoy son informales, y no solo aumentarle impuestos a los contribuyentes “cautivos”.
Dicho Plan Maestro incluye, entre otras cosas, aquellos sectores que se consideraron estratégicos durante la pandemia y que evidentemente generaron utilidades mayores: Alimentos, Bebidas y Tabaco, Hidrocarburos, Telecomunicaciones y Financiero.
Si bien los grandes contribuyentes no son las personas asalariadas ni gran parte de la clase media, será muy importante ver qué decisiones se toman en materia de deducciones y exenciones individuales, para ver si mantiene la línea planteada por el Presidente de la República, de aumentar la recaudación sin subir impuestos.
Una discusión aparte será la ya clásica en América Latina: la disyuntiva entre aumentar la recaudación o mejorar el uso y distribución de lo que ya se tienen, pues para efecto prácticos, no basta con cobrar más impuestos, sino que hay que gastarlos bien y distribuirlos de acuerdo a prioridades nacionales y no gubernamentales. (Rodrigo Alpízar, El Sol de México, Análisis, p.15)