POR LO VISTO la “economía moral” es la que da moras, porque nomás no se entiende que la Presidencia de la República utilice recursos públicos -como las instalaciones de Palacio Nacional- para promover lo que en estricto sentido es un negocio particular: la venta del libro de Andrés Manuel López Obrador.
SEGURAMENTE se trata de un sesudo estudio que se convertirá en el best-seller de esta temporada navideña (favor de insertar aquí un emoji girando hacia arriba los ojitos), pero eso no justifica que se le dé publicidad desde las redes sociales oficiales y en plena conferencia mañanera. Para los delincuentes, abrazos no balazos; para promover el libro del Presidente, toda la fuerza del Estado.
VAYA no es un asunto de percepción, sino de cumplir la ley de responsabilidades de los servidores públicos que es muy clara en su artículo 57, al señalar que incurre en “abuso de funciones” el servidor público que se valga de sus atribuciones para “generar un beneficio para sí”. Es decir, no basta con ser moral, también hay que ser legal. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
La olla exprés del Presupuesto.- “¡Yo no soy gato de nadie!”. “En mi chingada vida ni a los Presidentes de la República les he esperado tanto tiempo y menos a una comisión de diputados”, así contestó el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Nos dicen que López Ríos fue citado a las 13:00 horas por los coordinadores en el hotel que está funcionando como sede alterna a la Cámara de Diputados para tratar de negociar su liberación. Sin embargo, dejaron esperando más de una hora, por lo que se levantó de la mesa sin un acuerdo para liberar San Lázaro. En la próxima sesión para aprobar el Presupuesto podría haber golpes y sombrerazos, a ver cómo reciben los campesinos a los legisladores después de que el pasado miércoles a golpes, insultos y jalones corretearon a los coordinadores parlamentarios. La olla exprés está a punto de estallar y nadie baja la flama. (El Universal, Nación, p. 2)
Los que entendieron. La Secretaría de la Función Pública investiga a nueve delegados especiales de programas sociales en los estados por uso indebido de los recursos públicos, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Aunque se negó a dar los nombres de los involucrados, reveló que estos fueron denunciados hace semanas, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió aclarar si incurrieron en alguna responsabilidad. Sobre el combate al crimen organizado puntualizó que se han bloqueado 756 cuentas relacionadas con distintos cárteles. Reiteró que hay investigaciones en contra del extitular de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, por haber beneficiado a empresas con contratos a modo. Funcionarios que no entienden la 4T y hacen quedar mal al gobierno, hay muchos. No tardan en caer. (Excélsior, Nacional, p. 17)
QUE algunos conspicuos integrantes de la otrora “mafia del poder” se reunieron en Santa Fe para cabildear en público sobre cómo relacionarse con la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien así los bautizó, y entre ellos figuraron Luis Carlos Ugalde, organizador del foro por los 10 años de Integralia, y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación con Felipe Calderón y hoy miembro del Tec de Monterrey, sede del encuentro. Más allá de las discusiones sobre el lobbying en México, algunos personajes del sexenio anterior opinan que sería bueno escuchar otras voces y se preguntan: ¿O ahora Ugalde, que fue removido de aquel IFE de 2006, será el que dé línea sobre cómo abordar los temas que impulsa el Presidente? (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
LeBarón y Sicilia.- En una democracia el diálogo es la mejor herramienta para la solución de los problemas. Los políticos, en consecuencia, no pueden tener flojera de dialogar. Que les agrade o les desagrade el interlocutor carece de relevancia, mucho menos en temas torales como la inseguridad y la violencia.
Julián LeBarçon, líder de una comunidad mormona que acaba de padecer un ataque brutal en la frontera Chihuahua-Sonora y Javier Sicilia, padre de un joven ejecutado por la delincuencia organizada en Morelos, anunciaron su intención de marchar juntos para protestar por la estrategia del gobierno en materia de seguridad.
El diálogo acerca posiciones. Contribuye a comprender la posición del otro y sus motivaciones. En la lucha contra la violencia ellos son víctimas, darles trato de adversarios es confundir dónde están los verdaderos enemigos de la nación. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Tocan la puerta de Trump.- Nos cuentan que en Washington nada mal cayó la petición de la familia LeBarón, para reunirse con el presidente Donald Trump, tras la tragedia en la que nueve de sus miembros, entre ellos seis menores, fueron asesinados en Sonora. Es muy probable que el magnate acepte tener ese encuentro que, nos dicen, se realizaría la próxima semana. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
El diablo, las instituciones y la CNDH.- Con doble filo lanzó ayer Ricardo Monreal un mensaje a los panistas que se niegan a reconocer a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta”, remató el jefe de los senadores de Morena en un tuit, en el que advierte que habría desacato de los albiazules si no respetan las resoluciones del organismo. La declaración, que recordó la de “al diablo con sus instituciones”, hecha en 2006 por “ya saben quién”, ahora se usa contra quienes la empleaban contra el entonces candidato. Lo malo es que también evoca tiempos de mucha, mucha crispación. (La Razón, La Dos, p. 2)
Un día sin mañanera.- Un suspiro de júbilo se escuchó en el salón de la tesorería durante la conferencia mañanera de este martes cuando el presidente López Obrador anunció que hoy no habría conferencia: “Les tengo una buena noticia. Bueno, es tan importante el desfile de mañana (por la Revolución), tan importante, tan importante, que no vamos a tener mañanera para que descansen bien…”, refirió. (El Financiero, Nacional, p. 37)
Si usted está hoy trabajando en algún puesto de mando del sector público, si no renunció ayer, y resulta que deja su trabajo hoy, tendrá un impedimento legal para trabajar en los siguientes 10 años en empresas que hayan sido reguladas por usted o de las que eventualmente tenga información que no sea pública.
Lo lamento, pero si renuncia este 20 de noviembre, deberá esperar hasta el mismo día del año 2029 para ocuparse en otros ámbitos diversos al sector público, la academia… o a poner su puesto de tacos. La Ley de Austeridad Republicana fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo 24 de la Ley que hoy entra en vigor se señala lo siguiente: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”. (Enrique Quintana, El Financiero, Página Dos, p. 2)
A la hora de cerrar la presente columna no había arreglo entre la directiva de la Cámara de Diputados y los grupos campesinos, cuyos líderes organizaron un cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que en una sesión plenaria se apruebe el presupuesto federal de egresos de 2020, sin las modificaciones demandadas para satisfacer las demandas de esas organizaciones agraristas, a cuyos dirigentes ha acusado el Presidente de la República de especializarse en moches, es decir, en formas de corrupción que se aprovechan de las necesidades populares y del dinero público destinado a tratar de paliarlas.
La batalla política se ha enconado porque los líderes campesinos pretenden mantener el curso natural de décadas, con apoyos económicos que benefician a sus clientelas (y también a los líderes), y la nueva administración federal pretende entregar directamente los apoyos a los beneficiados, sin intermediarios o, visto de otra manera, con el gobierno en turno convertido en el suministrador de fondos para otras fórmulas clientelares. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
¿Estaremos de nueva cuenta en una confrontación abierta entre conservadores y liberales? Con esa interrogante –retomada de una advertencia del secretario de la Defensa- iniciaba Jesús Ramírez Cuevas su artículo a propósito de la inmensa marcha contra la inseguridad que cruzó de blanco y en silencio las calles de la capital mexicana hace 15 años. Publicado en el suplemento Masiosare de La Jornada el domingo 4 de julio del 2004, el hoy vocero de la Presidencia de la República mencionaba la participación de agrupaciones de derecha y “una campaña mediática sin precedentes” para luego anotar:
“(Andrés Manuel) López Obrador, por su lado, les dio un empujoncito. En lo que respecta a la marcha, cometió un error tras otro”.
Los funcionarios del DF –enumeraba Jesús Ramírez– se equivocaron al no seguir con el tono que (Alejandro) Encinas Rodríguez tuvo hasta el mismo domingo: Hay demandas totalmente legítimas que tendremos que atender. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
La Constitución dice que el presupuesto debe estar aprobado el día 15 de noviembre. No importa. Que el presupuesto no estuviese en tiempo y forma bajo un gobierno dividido se entiende —aunque no se justifica legalmente— porque se requiere negociar para obtener la mayoría, aunque sea simple.
El Presidente no pudo sacar a flote el presupuesto. Y no precisamente por culpa de la oposición. Integrantes de su partido y coalición se negaron a aprobar la propuesta del Ejecutivo sin “modificar una sola coma” y exigieron recortar, entre otros, programas como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y Sembrando Vida, así como redistribuir más recursos a estados y municipios. La inconformidad llegó a tal nivel que en un encuentro entre legisladores y el Presidente este último abandonó la reunión y llamó a los disidentes “conservadores”. (María Amparo Casar, Excélsior, Nacional, p. 6)
No hay condiciones para que los diputados sesionen hoy en San Lázaro para aprobar el Presupuesto 2020. Los intentos de negociación con las organizaciones campesinas que tienen cercado el Palacio Legislativo, en demanda de más recursos para el campo, han fracasado.
Mario Delgado no ha tenido margen de maniobra. Al coordinador de los diputados de Morena lo dejaron sin fichas para negociar. Nada tenía para ofrecer a las organizaciones campesinas que impiden el paso de los diputados al Palacio Legislativo. La instrucción del Presidente es que no se le mueva una coma al Presupuesto. Sus programas socio-clientelares tienen prioridad absoluta.
A todos los demás sectores que exigen reasignación de recursos en presupuesto 2020, López Obrador los acusa de querer “moches”. Así es imposible solucionar un conflicto. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
La liberación del Chapito Ovidio Guzmán, la masacre de integrantes de la familia LeBarón y el asilo a Evo Morales, entre otros, son hechos que cobran factura al Presidente y han golpeado su índice de popularidad. Según datos de Consulta Mitofsky, de la segunda quincena de octubre que gozaba de 63.3% de aceptación, el Ejecutivo ha caído a su mínimo histórico de 58%, una baja acentuada por el asilo político a Evo Morales, que no ha caído nada bien entre la opinión pública. (Enrique Muñoz, El Heraldo de México, País, p. 11)
Apenas va a cumplir un año en la Presidencia y ya le da flojera recibir al padre de una de las víctimas emblemáticas de la explosión de la criminalidad en el país.
Hay tragos amargos que van con el puesto. Ni modo, también para eso es Presidente.
A Murillo Karam se lo acabaron Morena y su claque en los medios cuando en una conferencia de prensa pidió una silla porque “ya me cansé”.
No se reúne con Trump porque le da flojera. Y deja todo el peso a Monreal y a Delgado para que impongan en el Senado y en la Cámara de Diputados, por las buenas o por las malas.
¿Y qué más le da flojera al Presidente? Por lo visto le da flojera todo lo que implique autocrítica. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 38)
Suponer que Andrés Manuel López Obrador es “racista” es tan descabellado como imaginarlo capaz de levitar, volar o bailar breakdance. Imposible descifrar, comprobar o certificar las intenciones, pero estoy seguro de que realmente quiere atemperar las carencias de los más pobres y está convencido de que son los indígenas quienes mayor apoyo del erario necesitan, lo que explica su decisión de otorgarles respaldo económico al cumplir 65 años, y no a los 68 cuando se les da a los viejitos “mestizos”.
“Si priorizar a indígenas es racista, que me apunten en la lista”, dice ufano y sonriente. El problema formal es que el Presidente aplicó términos que se antojan raciales aunque, en estricto sentido, indígena es el nativo de un determinado lugar y existen diferencias raciales entre las distintas etnias. Un zapoteco, por ejemplo, las tiene con un aborigen de la Amazonia y éste con un cheroqui, un rarámuri o un maya. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
El Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, GAIN, es un cuerpo de inteligencia dentro del Ejército Mexicano creado en 1995 y que por su naturaleza se había mantenido lejos de los reflectores. Hasta que el gobierno actual decidió exhibir su existencia, como parte de su control de daños político tras el operativo fallido para detener al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio, en Culiacán, Sinaloa, realizado el 17 de octubre pasado.
En un hecho inédito, durante la transmisión en vivo de la conferencia mañanera del 31 de octubre, el presidente López Obrador ordenó al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que revelara al responsable del operativo. El nombre que se dio a conocer ese día fue el del teniente coronel de caballería Juan José Verde Montes, quien es el jefe nacional del GAIN y como tal, supervisó desde la Ciudad de México las acciones el día en que se intentó apresar a Ovidio Guzmán. Más grave aún, se revelaron datos internos del GAIN, su número de elementos y a qué capos del narco atrapó. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
El Cártel del Noreste, encabezado por Juan Gerardo Treviño, nieto de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, exlíder de Los Zetas, que surgió como resultado de una escisión, mantiene el control de Nuevo Laredo, empleando escuadrones de la muerte que se identifican como la Tropa del Infierno, para causar terror y presión social que pueda llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador y ordene el retiro del Ejército. Eso sucedió hace pocos meses, cuando la Marina, que por años había estado a cargo del combate al narcotráfico en esa región fronteriza, fue retirada de Nuevo Laredo y de la protección del puente internacional Colombia, por acusaciones y recomendaciones por supuestas desapariciones forzadas.
Desde hace cuatro meses, el Cártel del Noreste ha venido desafiando y le ha ido tomando la medida al gobierno federal, cuyas fuerzas de seguridad están contenidas por el presidente López Obrador, que no deja de repetir que continuará con su estrategia de dar impunidad a los cárteles de la droga al no confrontarlos. La experiencia del culiacanazo le ha quitado credibilidad y generado sospechas sobre el porqué de su actitud laxa con criminales. Nuevo Laredo camina en la misma dirección. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 39)
El golpe de Estado cívico-policial-militar-mediático en Bolivia fue planificado desde la embajada de Estados Unidos en La Paz (como reconoció en entrevista con La Jornada el derrocado presidente constitucional y legítimo Evo Morales Ayma), y reúne todas las características de la guerra irregular o híbrida: la combinación de operaciones sicológicas y otras técnicas clandestinas de desestabilización social, con actividades paramilitares de tipo insurreccional de hordas urbanas que generaron un caótico desorden criminal –lo que incluyó fanáticos crímenes de odio clasista y de supremacismo racial contra personas identificadas con el evismo–, apoyadas por el terrorismo mediático y en las redes digitales (Twitter, Facebook) para generar una supuesta “unanimidad antigubernamental (propaganda golpista, desinformación, fake news, trolls, bots) y el accionar político-diplomático de Washington, con Donald Trump a la cabeza de un grupo de perritos falderos regionales, que coordinados desde la Organización de Estados Americanos (OEA) por el inefable Luis Almagro se sumaron al coro de la contrarrevolución, en particular, el brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe. (Carlos Fazio, La Jornada, Política, p. 9999)
No se alboroten, no voy a dar el mapa para aquellos que buscan atacar al presidente Enrique Peña Nieto. No se puede predecir cuál será el impacto de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller y hasta qué nivel llegarán las pruebas que vinculen al gobierno ruso con funcionarios cercanos a Donald Trump. Tampoco es claro si, aun con pruebas en mano, el Congreso y el Senado de Estados Unidos buscarán investigar, acusar (impeach) y eventualmente condenar al presidente Donald Trump. Pero a la luz del fulminante y cuestionado despido de Santiago Nieto, ahora exfiscal de la FEPADE, valdría la pena voltear hacia el norte para analizar posibles lecciones para México, que apenas estaría creando un sistema para perseguir penalmente a funcionarios de todos los niveles, incluyendo al presidente.
A la fecha, el Congreso de Estados Unidos sólo ha acusado (impeachment) a dos presidentes (Andrew Jackson y William Clinton) y ambos fueron declarados inocentes en un juicio ante el Senado. (Ana María Salazar, El Financiero, Opinión, p. 34)
La práctica no es nueva, más bien es una tradición en la vida política de los Estados Unidos; sin embargo, en los círculos diplomáticos en Washington y sobre todo entre el personal del Departamento de Estado, hay alarma porque en la administración del presidente Donald Trump se ha incrementado considerablemente el número de embajadas que se dan como premio. El mandatario las está otorgando a quienes donaron dinero a su campaña o lo están haciendo para su reelección y sobre todo para aquellos que aportaron grandes cantidades para las festividades con las que celebró su llegada a la Casa Blanca.
Una investigación periodística reveló que entre aquellos que donaron más de 350 mil dólares para la ceremonia y fiestas de la Toma de Posesión del presidente, al menos 14 fueron luego nominados para ser embajadores. Algunos de ellos sin la más mínima calificación para representar a su país en el extranjero, lo que ha dado por resultado que, al menos seis de ellos, están aún sin ser ratificados por el Senado, a pesar de que éste está compuesto por una mayoría republicana. (Concepción Badillo, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 17)