Después de las bajezas que les vimos y les oímos en la Cámara de Diputados, estamos seguros de que el adoctrinamiento ultraderechista al que los someten no falló. (Contraportada, La Jornada, P. 32)
ES CURIOSO: Manuel Bartlett acusa a empresas como Bimbo y Oxxo de no pagar la energía eléctrica, ¡que ellas mismas generan! Pero no se acuerda de que la propia CFE les regala la luz -sí, gratis- a sus más de 90 mil trabajadores sindicalizados. Y no sólo eso: también les paga un 48 por ciento extra de su salario como ayuda para rentar casa y, además, otro 30.9 por ciento para transporte. A eso hay que sumar la enorme carga de las pensiones, que creció por decisión del propio Bartlett. Si realmente quiere salvar a la empresa, a lo mejor podría empezar por echarles luz a esos gastos inexplicables.
VARIAS VECES, desde el púlpito de Palacio Nacional, se ha insistido en que la democracia sindical va avanzando. Curiosamente eso no aplica para el sindicato minero que heredó, perdón, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.
AHORA se sabe que “Napito” se reeligió al mejor estilo de los dictadores: en una elección sin opositores, con el 99.9 por ciento de la votación… ¡y sin actas de escrutinio! Por si fuera poco, lo hicieron en completa oscuridad, pues el proceso fue el año pasado, la Secretaría del Trabajo se apuró a dar la toma de nota y, de paso, se encargó de guardar todos los datos hasta ahora. ‘Ora sí que hágase la democracia sindical en los bueyes de mi compadre.
AVE RARA en la jungla de la política nacional, Juan Alfonso Mejía López se está despidiendo de la Secretaría de Educación en Sinaloa. Y lo hizo con un detalle más que significativo: al colocar su retrato en la galería de los titulares de la dependencia, puso una foto de todo su equipo y no la suya. En estos tiempos de soberbia gubernamental, no cae mal un poco de sobriedad.
ALLÁ en Tamaulipas, oootro superdelegado federal está aprovechando el cargo para promocionarse rumbo a la gubernatura. Se trata de Rodolfo González Valderrama, quien anda repartiendo apoyos de programas sociales como si salieran de su bolsa.
DE HECHO, hay quejas de los propios Servidores de la Nación en el sentido de que no sólo tienen que promover los programas de la 4T, sino también hacerle propaganda al funcionario diciéndoles a los beneficiarios que cuenta con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.
QUIÉN SABE si realmente González Valderrama es tan cercano al Presidente, pues hace unos días tuvo una encerrona con uno de sus mayores adversarios, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual tiene muy desconcertadas a las huestes de Morena.
OIGA, ¿y en su país cómo anda la lógica política? Puesss… Un supuesto integrante del crimen organizado recluta a tres menores oaxaqueños como halcones, contactándolos a través de un videojuego. ¿Y cómo responde el Presidente? Se lanza contra “el Nintendo” y no contra la delincuencia. Game Over! (F. Bartolomé, Reforma, p. 8)
López-Gatell, coleccionista de enemigos
Quien no para de coleccionar enemigos, tanto fuera como dentro del gobierno federal, es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien sumó esta vez a su lista a la Secretaría de Bienestar. Nos dicen que ante las molestias de los ciudadanos por los errores en sus certificados de vacunación, que son responsabilidad de la Secretaría de Salud, el médico ha tratado de culpar al personal de Bienestar, que apoyó en el proceso de vacunación, de las fallas en la captura de los datos y de que los certificados no hayan llegado aún a muchos de los solicitantes, quienes los requieren para viajar al extranjero. La preocupación por estos errores es mayor en algunas zonas fronterizas donde en los primeros días de noviembre las personas que quieran cruzar por tierra hacia Estados Unidos deberán contar de manera obligatoria con el certificado.
El gobernador que AMLO no ha podido poner
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en el limbo el nombramiento del gobernador de Palacio Nacional, cargo que el mandatario creó para que se haga cargo de la sede del Poder Ejecutivo federal. Como recordará, en este espacio se ha informado que la Unidad Administrativa a cargo del Gobernador de Palacio Nacional debe supervisar las condiciones físicas de las instalaciones en las que el Ejecutivo Federal reside y lleva a cabo sus actividades, así como encargarse de la protección, conservación, restauración del inmueble. Han pasado casi siete meses desde la publicación del decreto que crea esta unidad y aún no hay nombramiento del gobernador. Nos dicen que ninguno de los candidatos analizados ha cubierto el perfil y quizá el sexenio termine y Palacio Nacional no tendrá gobernador.
El peligroso Twitter de la diputada
Molestia dentro de su bancada desató la diputada de Morena Patricia Armendáriz. La legisladora publicó un tuit que dice: “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”. La lluvia de críticas no se hizo esperar y tundieron a la legisladora, a Morena y a la autollamada Cuarta Transformación. Diputados morenistas nos comentan que mientras había un fuerte jaloneo en la Cámara por el paquete económico, lo que menos se necesitaba es que una de las suyas abriera un flanco con un tema tan delicado. A veces, dicen, es complicado y peligroso no tener control y sensibilidad política a la hora de tuitear.
Los juicios sumarios en Palacio Nacional
Sorprendentes fueron las declaraciones del Presidente en las que admitió, sin reserva, que en sus conferencias mañaneras se realizan “juicios sumarios sin que haya pruebas”, algo que manifestó está mal y que se tiene que moderar. El Ejecutivo federal manifestó que es preferible que haya demasía de denuncia a guardar silencio. Nos hacen notar que las palabras del Presidente toman mucha relevancia luego de que el martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de las amenazas del crimen organizado contra periodistas en México, de las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del asesinato de seis comunicadores en la primera mitad de 2021. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)
1. Experiencia por duplicado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a fin de dialogar sobre el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación 2022 que llega al Senado. En la conversación, a puerta cerrada, estuvo por un momento el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, responsable directo del proceso de análisis del paquete de ingresos para el próximo año, que incluye la miscelánea fiscal. Monreal explicó que se trató de una reunión cotidiana en el ámbito de la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tensión en San Lázaro, pero se avizora aprobarlo. Concertando se entiende la gente.
2. Cambios a la vista. Aunque la agenda de la Asamblea Nacional del PRI excluyó cualquier modificación a los documentos básicos del partido, los militantes están en alerta para evitar posibles albazos de la dirigencia nacional, pues consideran que la modalidad semipresencial puede facilitar a la cúpula introducir cambios que aumenten aún más el poder unipersonal del dirigente nacional, como explicó el exsenador Adolfo Toledo, uno de los priistas que busca cambios de fondo en el partido. La última “reconstrucción” del PRI ocurrió tras la victoria de Vicente Fox como presidente de la República, y ahora los priistas tienen en sus manos la decisión de continuar con Alejandro Moreno como líder o dar un viraje que de verdad los posicione. Porque el tiempo pasa y siguen en el hoyo.
3. Fuerza protectora. De acuerdo con información presentada por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, el estado de fuerza pasó de 942 elementos en agosto, a mil 80 hasta el 21 de septiembre pasado. Las Fuerzas Armadas aumentaron en 14% su personal desplegado para el fortalecimiento de la seguridad en las aduanas del país. Hubo, además, un incremento del personal del Ejército en la tarea relacionada con la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, pues de mil 88 que tenían asignados en agosto, ahora hay 2 mil 178 comisionados a la vigilancia. El poderío militar al servicio de la patria, siempre, sin titubeos. En defensa del país que estamos construyendo. Fuerza leal.
4. Nadie se salva. Son verdad las frases que afirman que las malas prácticas se acabaron en México y el pasado corrupto es cada vez más un referente negativo, lejano. Y nadie se salva de la mano de la justicia. La Fiscalía General de la República detuvo al apoderado legal de Interjet, Luis Alejandro Beristain, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada. La detención se da por omitir el Impuesto Sobre la Renta durante el ejercicio fiscal de 2020, con un monto que asciende a 11 millones 952 mil 415 pesos. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, pone orden en este y otros rubros de vital importancia para la nación.
5. Nido de inversión. En Tabasco se realiza el Encuentro de Gobernadores y la Embajada de Estados Unidos por el Desarrollo de la Región sureste de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que esta reunión, impulsada por el embajador Ken Salazar, junto al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, tiene como objetivo acercar a empresarios estadunidenses a proyectos de inversión que detonen desarrollo en la región. El canciller reiteró que para reducir la migración centroamericana “se requieren mayores recursos económicos y el apoyo de Estados Unidos para programas que inhiban a las familias salir de sus poblaciones de origen”. Todo apunta al beneficio social. Y eso es más que excelente. (Frentes Políticos, Excélsior, p. 15)
Que en resumen lo que el canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, reprocha a México es haberle dado “muy pícaramente” el pitazo de la ficha roja de Interpol a Rodrigo Granda, ex líder de las FARC, que llegó a México invitado por el PT para un seminario, pues aquel país lo vincula al secuestro y al asesinato en 2005 de una hija de Raúl Cubas, quien fue presidente de 1998 a 1999. Mientras la SRE estudia una respuesta más convincente que la ensayada ayer, el boliviano Evo Morales arribó para el mismo acto y posó para decenas de selfis en modo rock star.
Que después de reunirse en el Senado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “por una visita de cortesía para revisar los temas de la agenda”, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tuiteó que “por décadas” ha luchado con Andrés Manuel López Obrador “por transformar las instituciones”, pero no ha concluido la tarea, por lo que deben “mantener viva esa cruzada” hasta lograrlo con unidad, fortaleza y congruencia. Y mientras esperan como cámara revisora la miscelánea fiscal que aprobaron anoche en San Lázaro, el zacatecano dijo sobre los empujones entre diputados que “son normales al calor de la discusión sobre temas tan delicados”.
Que después de semanas de agarrones en el Congreso capitalino y a punto de estallar la pelea por el presupuesto 2022 entre la oposición y Morena, la secretaría general de Gobierno, a cargo de Martí Batres, perfiló consensos para sacar adelante la reelección de Rafael Guerra en el Tribunal Superior de Justicia, tema de máxima importancia para Claudia Sheinbaum, que quiere mantener la relación bien planchada con el Poder Judicial. (Trascendió, Milenio, Al frente, p.2)
Más allá de los cárteles, de las crisis de migrantes, de los feminicidios, la frontera norte es también espacio de indignación, de iniciativas solidarias, de mujeres y hombres que se movilizan para tornarla tierra de justicia y de libertades. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, de Ciudad Juárez, que celebra su aniversario 20.
En septiembre de 2001, un grupo de religiosas, sacerdotes y laicos, provenientes de las comunidades eclesiales de base, habían formado una red de análisis sobre la cada vez más aguda problemática de esta frontera: rezagos sociales, violencias, narcotráfico, descomposición social. Cuando un joven fue detenido y torturado en el aeropuerto de Ciudad Juárez por haberle pedido a un artista le firmara un autógrafo en la bandera nacional, el grupo acompañó a su madre en la denuncia y luego decidió fundar el centro para atender la creciente ola de violaciones a los derechos humanos por el Ejército y los diferentes cuerpos policiacos.
El centro nació de la indignación y de la compasión solidaria, dice una de sus fundadoras. Es uno de los desemboques de ese gran movimiento social que inspiró en América Latina la mística y la práctica de la teología de la liberación: centros de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos populares. Con esa mística, atendiendo casos de violaciones de derechos humanos, sobre todo de tortura, el Centro Paso del Norte transitó sus primeros años.
En 2008 se impuso el Operativo Conjunto Chihuahua, por el que Felipe Calderón hizo presente su malhadada guerra contra el narcotráfico en el estado norteño. Juárez fue tomado por el Ejército y por la Policía Federal. Los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas, las masacres y la tortura se elevaron como nunca. El remedio resultó peor que la enfermedad. En ese contexto el Centro Paso del Norte fue una de las voces que siempre denunciaron y un refugio para las víctimas de los abusos policiaco-militares.
La pagó caro: en la primavera de 2011 el centro defendió a cinco jóvenes acusados en falso de haber detonado un coche bomba que causó la muerte de dos personas. Fueron detenidos y torturados. La defensa hizo que les retiraran los cargos, pero luego los acusaron de posesión de armas de fuego y tráfico de drogas y los enviaron a prisiones de Nayarit y de Veracruz, donde fueron torturados de nuevo. Finalmente se logró que los pusieran en libertad. Molesta la Policía Federal, allanó las instalaciones del Centro Paso del Norte en junio de ese año. Destruyeron puertas, ventanas, mobiliario, pero no se llevaron nada. Fue a todas luces un acto intimidatorio, justo una semana antes de que llegara a esta frontera la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por Javier Sicilia, en cuya recepción el Centro Paso del Norte tuvo un papel muy relevante.
Estos 20 años el Centro Paso del Norte ha traducido la indignación de los juarenses de muy diversas formas: dio acompañamiento a 195 familias de la colonia Lomas del Poleo, que luego de vivir 20 años en su colonia, fueron amenazadas, despojas y desalojadas por dos familias poderosas de Juárez. Denunció la desaparición forzada de tres jóvenes de la familia Alvarado en el ejido Benito Juárez para que luego, un centro hermano, el Cedehm, llevara el caso hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y logara una sentencia contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana. Brindó atención sicológica a las familias de los jóvenes víctimas de la masacre en Lomas de Salvárcar, en enero de 2010.
El Centro Paso del Norte, dirigido todos estos años por el padre Óscar Enríquez, con la participación muy activa de las sociólogas Silvia Grijalva y Silvia Méndez, no sólo ha acompañado víctimas; ha contribuido también a la formación de sujetos. Impulsó la formación de un colectivo de familias de personas torturadas y desaparecidas que se reúnen periódicamente a reflexionar sus experiencias, intercambiarlas, a compartir sus aprendizajes y a ayudar a personas y familias en situaciones similares. Se van así ampliando la conciencia y el activismo en pro de los derechos humanos, como sucede en otros puntos de la República a partir de situaciones-límite como la de masacres, violaciones y desapariciones forzadas y la acción comprometida de centros como los aglutinados en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos. Así, junto a las oscuridades que amenazan cubrir este país, van surgiendo luces de esperanza. (Víctor M. Quintana S., La Jornada, Opinión, p. 22)
Rodrigo Granda Escobar, el llamado canciller de las FARC, viajó a México el martes pasado sin saber que pesaba en su contra una orden de captura internacional por el papel que jugó hace 17 años en el secuestro y asesinato de la empresaria Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Granda visitaba el país como invitado a un seminario organizado por el Partido del Trabajo.
Trece horas después de su llegada, se embarcó en el vuelo 187 de Avianca de regreso a Bogotá, que despegó a la 1:47 de la mañana y aterrizó en el aeropuerto El Dorado cuatro horas después.
La historia de la breve estancia de Granda en México tiene muchos huecos. Rodrigo Londoño, otro exmiembro de las FARC e invitado también al seminario del PT, colocó un video en redes sociales en el que denunció, ocho horas después de su llegada, que Granda no había podido salir del aeropuerto.
Una tarjeta informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que “debido a una alerta de Interpol, no se le permitió el ingreso a territorio nacional”. Dicha alerta, agrega, fue subida “mientras volaba la delegación” en la que viajaba Granda. “Tras ser retenido, se hicieron las gestiones internas y se le notificó que sí se le concedía el ingreso a México”. Sin embargo, Granda decidió regresar a Colombia.
Aquí surgen muchas preguntas: ¿Por qué se le permitió volver a su país, habiendo una alerta de Interpol? ¿Qué hizo el gobierno mexicano para conocer la naturaleza de los cargos contra Granda? ¿En qué momento pasó de retenerlo a permitirle la entrada? ¿A qué se refiere la Cancillería cuando dice haber recibido una comunicación del gobierno paraguayo para solicitar su detención y extradición, pero que “el interesado” ya había salido de México “antes de que la petición pudiera ser considerada”? ¿Cuál era el obstáculo legal para retenerlo unas horas a fin de obtener mayor información?
La acusación que enfrenta en Paraguay es muy seria. Comunicaciones capturadas han mostrado que, desde 2002, las FARC habían elegido a Cecilia Cubas como blanco de secuestro. En 2005, la policía colombiana concluyó que el plan fue coordinado por medio de correos electrónicos entre Rodrigo Granda, Orley Jurado Palomino, también miembro de las FARC, y Osmar Martínez, fundador del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que llevó a cabo el secuestro. Este último había viajado a Venezuela para encontrarse con los colombianos.
Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 por hombres armados que ametrallaron su camioneta y la sacaron a rastras de ella, cuando estaba por llegar a su casa en Asunción. Los captores pidieron un rescate de cinco millones de dólares, aunque luego bajaron sus pretensiones. El 12 de noviembre, la familia entregó 300 mil dólares. Cecilia, quien entonces tenía 31 años de edad, fue asesinada en Navidad. De acuerdo con la autopsia, fue enterrada viva. Su cuerpo fue descubierto el 16 de febrero de 2005 en Ñemby, un suburbio de la capital.
En 2006, Osmar Martínez fue juzgado por el crimen y condenado a 35 años de prisión. Murió en la cárcel el 7 de diciembre de 2015.
En 2017, otros dos miembros del EPP, Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez, participantes ambos en el secuestro, fueron detenidos en Brasil, donde se ocultaban. En 2019, Benítez fue extraditado a Paraguay y en junio de este año fue condenado a 34 años de cárcel, luego de decir que estaba arrepentido y que el secuestro se había realizado en nombre de una ideología en la que ya no creía. La extradición de González sigue pendiente.
Al permitir que Granda dejara territorio mexicano y regresara a Colombia –de donde no puede ser extraditado, porque así lo establecen los acuerdos de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno–, se perdió la oportunidad de llevar ante la justicia al autor intelectual del crimen contra Cecilia Cubas.
La decisión de México de dejarlo ir ¿fue por incompetencia, afinidad ideológica o un persistente disgusto por el discurso que pronunció el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en la reciente reunión de CELAC? (Pascal Beltrán Del Río, Excélsior, Política Nacional, p. 2)
Donald Trump, el gran amigo del presidente López Obrador, consideró enviar tropas estadunidenses a territorio mexicano después del asesinato, en noviembre de 2019, de nueve mujeres y niños de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. Recordemos que los ultimados por un grupo de cobardes del crimen organizado tenían doble nacionalidad: eran mexicanos y estadunidenses.
Ayer, The New York Times reveló esta escandalosa noticia. La masacre de los LeBarón no sólo sirvió para que el entonces presidente de Estados Unidos justificara, de nuevo, la necesidad de cerrar la frontera, sino que llevó a Trump a preguntar “en repetidas ocasiones a su equipo de seguridad nacional y asesores militares sobre la posibilidad de enviar tropas a México”. Así lo reveló un exfuncionario de la Casa Blanca al Times. Tal cual, como usted lo escucha.
Mientras tanto, en su medio favorito de comunicación, Trump tuiteaba: “Éste es el momento para que México, con ayuda de Estados Unidos, le declare LA GUERRA a los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la Tierra. ¡Sólo esperamos una llamada de su gran presidente nuevo!”. Se refería, desde luego, a López Obrador. Sin embargo, de acuerdo con el diario neoyorquino, “Trump insinuaba otro curso de acción: el uso unilateral de la fuerza militar para atacar a los cárteles sin contar necesariamente con permiso del gobierno de México”.
Como muchas de las ocurrencias infantiles de Trump, fueron los adultos encargados del gobierno estadunidense los que se negaron a seguir por ese camino argumentando que, “ante la mayor parte del mundo, luciría como una invasión estadunidense”. Pues claro que hubiera sido una invasión. ¡¿Quién lo hubiera dudado?!
La última vez que Estados Unidos invadió territorio mexicano fue en 1916, en la llamada Expedición Punitiva. Al mando del general John Pershing, que se convertiría en el gran héroe de la Primera Guerra Mundial, cinco mil soldados estadunidenses vinieron a México a capturar al general revolucionario Francisco Villa, quien había atacado la ciudad de Columbus, Nuevo México. Uno de los oficiales que acompañó a Pershing a México fue nada menos que el icónico general de la Segunda Guerra Mundial, George Patton.
La Expedición Punitiva fracasó. El Ejército estadunidense, a punto de entrar a la Primera Guerra Mundial, tuvo que retirarse antes de capturar a Villa. Don Pancho, al enterarse del retiro de las tropas extranjeras, dijo: “Ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada”. Sin embargo, la incursión le sirvió a EU para probar nuevas tecnologías —innovadores automóviles y artillería pesada— que luego utilizarían en el teatro europeo.
Han pasado más de cien años de esa historia. Y aunque Estados Unidos siempre ha sido un factor real de poder en México, sus Fuerzas Armadas no han vuelto a pisar el territorio nacional. Bueno, pues ahora nos enteramos de que el señor Trump quería revertir esta situación. Eso, como diría López Obrador, sí calienta.
Y aunque parezca una bufonada más del Presidente que gobernó EU por cuatro años, hay que tomarse muy en serio esta noticia. Por una razón muy importante. No se puede descartar que Trump regrese en 2025 a la Casa Blanca. Hoy por hoy, es el candidato favorito de los republicanos. De acuerdo a los apostadores, que están arriesgando su dinero para predecir el futuro, tiene un 42% de probabilidades de ser el nominado de su partido como candidato presidencial en 2024. Muy lejos lo sigue Ron DeSantis, gobernador de Florida, con el 22 por ciento.
De hecho, en la apuesta de quién será el próximo presidente de Estados Unidos después de la elección de 2024, Trump está empatado con el actual mandatario, Joe Biden. Ambos tienen un 28% de probabilidad de ganar esos comicios.
Más allá de Trump y su posible regreso a la política, lo que es un hecho es la prevalencia del trumpismo como ideología hegemónica del Partido Republicano. El propio DeSantis es un trumpista más, al igual que los demás republicanos que andan pensando lanzarse para el 2024: Nikki Haley, Mike Pompeo o Ted Cruz. Y ya sabemos que, para el trumpismo, México es una piñata muy rentable a la cual hay que pegarle para avivar los sentimientos nacionalistas en ese país.
Así que preparémonos. El trumpismo está temporalmente agazapado esperando volver por sus fueros. Eso sí que es un peligro para México, al punto que hoy nos enteramos de que el presidente de Estados Unidos consideró la idea de invadirnos. Hágame usted el favor. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 13)
Con o sin Entendimiento Binacional pasan cosas muy extrañas en el tema de la colaboración en la lucha contra el crimen organizado entre México y Estados Unidos. Uno de esos temas que nunca queda claro es qué sucede con los criminales que son extraditados o se entregan en la Unión Americana y se convierten en testigos protegidos, y no regresan nunca a México para ser juzgados por los delitos que aquí han cometido.
Uno de esos casos es el de Dámaso López, El Licenciado, el hombre que ayudó al Chapo Guzmán a escapar de Puente Grande en el 2001 y que, extraditado El Chapo a Estados Unidos, ilusamente pensó que podría ser su sucesor. Perseguido por sus antiguos aliados, fue detenido en México y enviado a los Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en testigo protegido.
Dio testimonio en el juicio contra El Chapo Guzmán y las autoridades de la Unión Americana aseguran que ha brindado información muy importante sobre el funcionamiento del Cártel de Sinaloa. Comenzó siendo condenado a cadena perpetua, luego se redujo su condena a 32 años y, ahora, aparentemente ha quedado en libertad, mientras dicen que podría testificar cuando comience el juicio contra Genaro García Luna, quien lleva dos años detenido sin proceso. En México, El Licenciado tiene pendientes innumerables causas, entre ellas la fuga de El Chapo cuando Dámaso era el jefe de Seguridad de Puente Grande y el asesinato del reconocido periodista Javier Valdez. Esos crímenes pueden ahora quedar impunes.
Otro caso también con muchos claroscuros es el del excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, responsable entre 2008 y 2016 de la relación de esa dependencia con la DEA y otras agencias estadunidenses. En 2017, Reyes Arzate se entregó en la Unión Americana ante una corte de Chicago y aceptó haber entregado durante años información al Cártel de los Beltrán Leyva, incluyendo la identidad de un agente encubierto que fue asesinado por el propio cártel.
Reyes Arzate recibió en Chicago, merced a los acuerdos que estableció con la justicia estadunidense, una condena de cuatro años que terminaría de cumplir a fines de enero pasado. Pero poco antes de quedar en libertad, fue reclamado por la fiscalía de Nueva York, acusado de narcotráfico, para involucrarlo en el caso de García Luna que lleva esa misma fiscalía.
Reyes Arzate se declaró culpable ante el juez Brian Cogan y el propio fiscal argumentó que su proceso estaba ligado con el de El Chapo Guzmán y el de García Luna. De la culpabilidad de Reyes Arzate no quedan demasiadas dudas: él mismo reconoció haber dado información al Cártel de los Beltrán Leyva. Lo que llama la atención es que haya llegado a un acuerdo para tener una condena reducida en el tribunal de Chicago y luego, prácticamente por los mismos delitos, en Nueva York. En el juicio contra El Chapo, Arzate no participó, sobre todo porque sus relaciones eran con uno de los principales enemigos del Cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva.
Este grupo fue parte del cártel que encabezaban El Mayo Zambada, El Azul Esparragoza y El Chapo Guzmán y llegaron a convertirse en los responsables de la seguridad de toda la organización, sobre todo en Sinaloa. Entre 2004 y 2006, los Beltrán comenzaron a distanciarse porque querían un lugar en la mesa con los tres jefes y mayores márgenes de autonomía. Pero lo que detonó la ruptura fue la detención de uno de los Beltrán Leyva, Alfredo, El Mochomo, en 2008, que sus hermanos atribuyeron a una delación del propio Cártel de Sinaloa. En ese hecho podría encontrarse el momento del inicio de la verdadera guerra entre los cárteles del narcotráfico. Los Beltrán Leyva se aliaron con el Cártel de Juárez, de Vicente Carrillo (también separados de Sinaloa luego del asesinato de Rodolfo, otro hermano de Amado Carrillo, El señor de los cielos, y su esposa cometido en Culiacán) y más tarde con Los Zetas, contra El Chapo y sus socios. La lucha entre esas organizaciones criminales fue brutal y dejó, sigue dejando, miles de muertos.
Todo esto viene a cuento, y ya habíamos platicado aquí sobre este tema, porque resulta difícil entender cómo un agente que trabajó en la PF para los Beltrán Leyva desde fines del gobierno de Fox termina siendo testigo en un proceso que involucra al El Chapo, vía la acusación que hizo en el juicio de El Chapo, Jesús El Rey Zambada (hermano de El Mayo), contra García Luna, acusado a su vez de proteger al cártel de El Chapo.
Con varios otros capítulos oscuros: Reyes Arzate que, insistimos, reconoció haber dado información a los Beltrán Leyva hasta 2016, mientras seguía siendo responsable de la relación con la DEA y otras agencias. Eso quiere decir que tuvo esa responsabilidad desde antes que llegara García Luna y siguió en ella otros cuatro años luego de que éste dejara su cargo. Por cierto, en su comparecencia en Chicago, Reyes Arzate, al declararse culpable de los cargos que se le atribuían, no acusó a García Luna ni dijo que fue obligado a dar esa información a dicho grupo criminal.
No dudo de la responsabilidad de Reyes Arzate ni de Dámaso López, pero todo en estas historias es muy raro. Son demasiadas versiones contradictorias y forzadamente hilvanadas entre sí, por demasiados dichos con pocas pruebas, al mismo tiempo que se tejen historias a cambio de condenas reducidas de criminales con muchas cuentas aún por cobrar. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
En el ruido político alrededor de los problemas que enfrenta el gobierno del presidente Joe Biden es fácil perder de vista que una de las principales causas es Donald Trump.
No es tanto que Trump clame todavía que perdió por trampa los comicios de noviembre de 2020, sin más prueba que su convicción personal, o su eco en una audiencia creada por la brutal polarización política en Estados Unidos.
Tampoco es que haya un sector de la población, hoy incrustado en el Partido Republicano y centrado en apariencia en el culto a la personalidad de Trump, con posturas que son calificadas como racistas, y que a fin de cuentas, favorece imaginar y trabajar por un sistema político que asegure su predominio social y económico sobre minorías étnicas y sociales cada vez más grandes, importantes y exigentes.
Si se agrega que Biden y su gobierno, con toda su buena voluntad, no son infalibles, el panorama ofrece una división política interna brutal, en medio de crisis que son producto de la pandemia de COVID-19 y una tradicional falta de confianza en el gobierno y el sistema. Y eso es en buena medida resultado de los cuatro años de Trump, el caudillo político que hoy controla al Partido Republicano, el más antiguo de EU.
No es que el expresidente haya creado los problemas. Los aprovechó en su beneficio y al hacerlo ayudó a ampliarlos y profundizarlos. La derecha nacionalista siempre estuvo ahí, pero nunca tuvo un líder que la legitimara y la hiciera parte de las principales corrientes sociales.
La tendencia estadounidense a enfocar su atención sobre problemas domésticos no comenzó con Trump. Y de hecho, el casi total retiro estadounidense de Irak y la salida de Afganistán empezaron durante el gobierno de Barack Obama, aunque al menos en el caso afgano fue formalmente convenido por el exmandatario.
El problema es que Trump hizo mucho más que eso y prácticamente cuestionó los compromisos estadounidenses con sus aliados en el mundo, de Europa Occidental a la cuenca del Pacífico, Asia y América Latina al mismo tiempo que China, convertida en la segunda potencia económica del mundo, comenzaba una sólida campaña política y económica para establecer su fuerza y asegurar su propio sitio en el planeta.
El resultado práctico de las dudas creadas por Trump y los errores de Biden en sus tratos con aliados europeos —en especial la forma en que se dio la salida de Afganistán—, ha sido la intensificación de llamados al fortalecimiento de la Unión Europea y tendencias a una competencia armamentista en Asia, ante la competencia económica china, los amagos rusos y la debilidad relativa de EU.
Cierto. No todo es culpa de Trump y Biden tiene sus propias faltas a cuestas. El fortalecimiento de China, de Rusia, y de potencias regionales en otras partes del mundo, no es culpa de Trump, como tampoco la polarización interna, pero la forma en que trató a sus aliados, el alejamiento y la desconfianza que profundizó sí lo son. (José Carreño Figueras, el Heraldo de México, Orbe, p. 31)