De todo el embrollo en torno a la reforma judicial, al menos algo está claro: ya hay boletas. (La Jornada, Contraportada)
TAL Y COMO era previsible, el ultimátum de Ismael “El Mayo” Zambada para ser devuelto a México causó todo tipo de reacciones y sobresaltos.
POR SUPUESTO, de entrada destaca que la propia Claudia Sheinbaum tomó el asunto al vuelo y confirmó la petición del capo. También puso en manos de la FGR de Alejandro Gertz Manero “revisar” la exigencia de Zambada.
LO QUE MÁS CAUSA inquietud a algunos es descifrar a qué se refiere “El Mayo” cuando habla de que se desatará el colapso si lo dejan refundido en una cárcel de Estados Unidos. Él mismo dice que se dañará la relación bilateral, pero hay otros que suponen que está hablando de temas más profundos.
EN ESE SENTIDO, por ejemplo, el senador panista Marko Cortés se aventó a decir que Zambada debe decir “todo lo que sabe”, especialmente sobre las redes de complicidad entre las autoridades (de todos los niveles y partidos) y los delincuentes.
LO EXTRAÑO de todo este asunto es que desde que se llevaron a “El Mayo” secuestrado a Estados Unidos, el gobierno mexicano ha estado pidiendo informes y hasta ahora no parece haber recibido la más mínima respuesta.
POR CIERTO que más de uno pensaba que la inclusión del terrorismo como delito grave dentro de la Constitución iba con dedicatoria para los cárteles del narcotráfico. Pero no, no fue así.
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum aclaró en su mañanera que la medida va más bien encaminada a castigar a agentes extranjeros que operen en México sin permiso.
LA DUDA SURGIÓ porque el texto de la reforma describe que se comete este delito cuando alguien “utilizando armas de fuego (…) realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular”.
Y, PUES, eso es lo que hace tooodos los días el crimen organizado, como con los cuatro descuartizados en Teocaltiche, los ataques con drones en Reynosa, las masacres en Villahermosa, los cobros de piso en Polanco, el impuesto criminal a los aguacateros de Michoacán, los asesinatos en Acapulco y un extenso etcétera que, pese a todo el horror, no es considerado por el gobierno federal como terrorismo.
COMO SUCEDÍA EN LOS VIEJOS, muy viejos tiempos, el arranque de la impresión de boletas electorales estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación. Y eso a pesar de que -se supone- el INE, encargado del proceso de la elección judicial en junio, es un organismo autónomo. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Taddei nombra a cercano sin experiencia
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya usó las superfacultades que le obsequió el Poder Legislativo para hacer nombramientos de titulares de área sin la necesidad de un consenso en el Consejo General, como se requería anteriormente. Nos detallan que doña Guadalupe nombró a José Romo como titular de la Unidad de Transparencia, lo que llamó la atención porque no cuenta con experiencia en el área ni en materia electoral y llegó al instituto con Taddei, a quien ha permanecido cercano. Estará bajo la lupa su desempeño en una de las áreas clave para el órgano electoral que siempre ha presumido de transparencia y rendición de cuentas.
Acéfalo, consulado al que se acoge El Mayo
A propósito de la exigencia de El Mayo Zambada de ser repatriado, nos hacen ver que su solicitud fue presentada en el Consulado de México en Nueva York, que está acéfalo. Nos recuerdan que esa representación diplomática está “en el limbo”, tras la dimisión de Jorge Islas como coordinador general de consulados en octubre del año pasado, apenas en el arranque del sexenio. Con la nueva política de deportaciones del gobierno federal de Estados Unidos y con el aparente acuerdo que logró con el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para renunciar a su condición de ciudad santuario para migrantes a cambio de desechar el proceso por corrupción que enfrentaba, parecería urgente definir una cabeza de la oficina mexicana. El tema de Zambada añade presión, nos aseguran.
Ramírez de la O desaira a diputados
Nos cuentan que la oposición en la Cámara de Diputados se quedó esperando que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, llegara a San Lázaro para explicarles las consecuencias de reducir la carga fiscal para Pemex en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. En cambio, mandó a un funcionario sin facultad para tomar decisiones a explicar la iniciativa de manera extraoficial, ya que no fue ante las comisiones unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público. Los diputados del bloque oficialista aprobaron el dictamen, que se deberá votar en el pleno. Los opositores calculan que el déficit fiscal podría llegar hasta 50 mil millones de pesos este año, pero como don Rogelio no se presentó, dicen que ya no se sabe a ciencia cierta.
Acusan a Murat de no ayudar a la Presidencia
Nos cuentan que Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca por el PRI y ahora senador por Morena, no sólo enfrenta las críticas de sus compañeros de bancada por su reciente afiliación al partido y por su pasado que identifican como símbolo de la corrupción priista, sino que un grupo de legisladores lo fue a acusar a Palacio Nacional de que anda más en la grilla interna del partido que en ocuparse de su trabajo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, desde donde piensan que debe respaldar las reformas de la presidenta Sheinbaum contra la injerencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. ¿Será que está distraído con los recargones de sus nuevos compañeros o las acusaciones son parte de la misma disputa entre guindas? (El Universal, p. 2)
Que en la intensa jornada de afiliación a Morena, los dirigentes del Partido Verde, a diferencia de sus aliados del PT, prohibieron la adscripción de sus cuadros con los guindas. Mientras figuras del petismo como Gerardo Fernández Noroña y Manuel Huerta Ladrón de Guevara no tuvieron problema para sumarse a la fuerza fundada por Andrés Manuel López Obrador, los del tucán cerraron filas al grado de que su único gobernador, Ricardo Gallardo, sigue fiel a los colores de su partido.
Que después de casi tres meses, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, tomará protesta a la nueva dirigencia del tricolor en el Estado de México, encabezada por la fórmula de Cristina Ruiz y Brenda Alvarado, con lo que los seguidores del campechano creen haber acabado con todo rastro en la entidad del bloque de Alfredo del Mazo, el ex gobernador al que señalan de haber colaborado con AMLO para entregar ese reducto a la cuarta transformación.
Que un día movido tuvo la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera, pues por la mañana recibió en su planta a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para dar el banderazo de salida a la producción de boletas electorales de la elección judicial federal, y por la tarde acudió a la sede del IECM, donde firmó con la consejera presidenta de ese organismo, Patricia Avendaño, el convenio para también imprimir el material destinado al proceso local.
Que hasta el momento sigue en pie la reunión del próximo martes entre diputados y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero dependerá de la agenda del funcionario, pues se prevé que viaje a Washington. Ricardo Monreal, líder de los legisladores federales de Morena, explicó que la comparecencia del policía será para que explique las reformas relacionadas con la soberanía nacional, lanzadas por la Presidenta a raíz de la declaración de “terroristas” a los cárteles desde EU. (Milenio, Al Frente, p.2)
Reconoce, otra vez, a Claudia
Por segunda vez en esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su campaña contra el consumo de drogas, en especial el fentanilo. Ayer, ante gobernadores de su país, el mandatario aseguró que la mexicana lo convenció de aplicar esa misma estrategia. “Le doy el crédito a ella, ella fue quien me habló de esto”, expuso el estadounidense, y aseguró que invertirán millones de dólares en su propia campaña.
Gestionó acuerdo en Nuevo León
Resulta que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intervino en Nuevo León para llegar a un acuerdo de gobernabilidad entre el gobernador Samuel García y la oposición, con lo que se logró la designación del fiscal de la entidad y se resolvió el tema del presupuesto. Por ello, la presidenta Sheinbaum felicitó a la funcionaria y a su equipo.
Prioridad, nueva reforma de Sheinbaum
Salida inmediata dará la bancada de Morena en el Senado, a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para sancionar con penas severas el intervencionismo extranjero. Antonino Morales, integrante de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, informó que sesionarán la próxima semana para su aprobación en el pleno “cuanto antes”.
Abogados eligen presidenta
Nueva presidenta eligió la Barra Mexicana Colegio de Abogados para los próximos dos años. Víctor Oléa pasó la estafeta a Ana María Kudisch Castelló, quien al rendir protesta hizo un llamado a la unidad de la abogacía. Destacó, además, que ante el nuevo sistema judicial, estén de acuerdo o no, “los juristas estamos para hacer valer la ley vigente”.
Tatiana también le hace el fuchi
También Tatiana Clouthier criticó la afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes a Morena. No lo palomea ni por votar a favor de la Reforma Judicial. “Es una pena. No mentir, no robar y no traicionar. El fin no justifica los medios. Así se destruyen los movimientos genuinos”, dijo la próxima titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Va por récord en inversión
Ofreció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, romper el récord en inversión de obra pública e infraestructura. Al participar en la toma de protesta del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la mandataria detalló que eso es parte de su plan “para impulsar la prosperidad compartida y el empleo”.
ISSSTE pone el ejemplo
Estupenda recuperación muestra el bebé cuyos padres intentaron abandonarlo en Tultitlán. El personal del Hospital Regional Bicentenario de la Independencia logró salvarle la vida, lo cual es ejemplar, pues sin ser derechohabiente del ISSSTE, dirigido por Martí Batres, le brindó las mejores atenciones médicas y humanas. (El Heraldo de México, p.2)
La geografía no es lo suyo. Para Donald Trump las fronteras son para saltárselas. Igual quiere apropiarse de Groenlandia, Gaza, Canadá y el Canal de Panamá que cederle a Rusia parte del territorio ucraniano y dictar cómo se combate a los cárteles de las drogas dentro de México. La pregunta es cómo desinflar a este ser que se expande.
Es considerado uno de “los hispanos más influyentes de Estados Unidos” y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.
La respuesta es: contestando con firmeza y frialdad.
Esta semana le ha tocado a México responder a los instintos expansionistas del nuevo gobierno estadounidense. Estados Unidos designó a ocho grupos como “organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo a seis cárteles mexicanos de las drogas. Esta designación -igual que la que recibió Al Qaeda luego de los ataques terroristas del 9/11- facilita la incautación de cuentas y bienes, y el arresto de cualquier persona vinculada al tráfico de fentanilo y otras drogas.
El argumento de Estados Unidos es sencillo: los cárteles mexicanos son, en parte, responsables de la muerte de 105 mil estadounidenses que, según cifras oficiales, perecieron por sobredosis en el 2023. (Las cifras de otros años son similares.) Y urge hacer algo al respecto. Para el gobierno de Trump es inútil discutir si el consumo de drogas genera la oferta o viceversa. O si los cárteles mexicanos usan armas vendidas en Estados Unidos.
Esta designación de organización terrorista internacional no especifica la intención de Estados Unidos de atacarlas militarmente para destruir a sus líderes y sus laboratorios. Pero eso es exactamente lo que dijo el asesor presidencial, Elon Musk, en un tuit. “Eso significa que son elegibles para ser atacadas con drones”, escribió en la red social de la que es dueño. Esto coincide con lo que declaró hace unos días en la frontera el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la posibilidad de realizar operaciones militares dentro de territorio mexicano. “Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo.
No.
No todas las opciones están sobre la mesa, ha dicho de varias maneras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cuando CNN y The New York Times reportaron hace unos días sobre las operaciones de espionaje de drones de la CIA sobrevolando territorio mexicano, ella explicó que, en realidad, se trataba de una colaboración entre ambos países iniciada en la época de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que eso es noticia: nunca se había reportado específicamente de dicha colaboración ni de la autorización del gobierno de México para que sobrevolaran drones de la CIA sobre territorio mexicano.
Todo esto pone al gobierno de México en una posición muy difícil. No puede salir a defender públicamente a los violentos cárteles de las drogas, ni insistir en la fallida política de “abrazos, no balazos” que tantos muertos causó. Pero tampoco puede permitir que Estados Unidos realice unilateralmente operaciones militares o de grupos especiales dentro del país.
Por eso la Presidenta ha insistido en varias mañaneras sobre el asunto de la soberanía. Colaboración y coordinación sí, ha dicho, pero injerencia, invasión y subordinación no. Y para enfatizar su postura de defensa y respeto al país, Sheinbaum propuso dos cambios a la Constitución (de los artículos 19 y 40) para condenar y sancionar cualquier intervención extranjera. Pero es muy poco probable que estos cambios constitucionales vayan a disuadir a Trump, a Musk y a su grupito de halcones.
El balance que ha logrado Sheinbaum con Trump es muy precario, pero es un balance al fin. Incluso el propio Presidente estadounidense la felicitó públicamente por haberle sugerido una campaña contra el consumo de drogas en Estados Unidos. Dijo que era una “mujer maravillosa”. Aunque las señales de precaución están por todos lados; Trump tiene un largo historial de darles la espalda a sus amigos y a quienes ha elogiado en el pasado.
México ya cedió en muchas cosas. Pero la línea que no se cruza es la de la soberanía y la extraterritorialidad.
Sheinbaum es una Presidenta muy popular y, sin duda, recibiría un enorme apoyo en caso de cualquier intento de intervención extranjera. Pero el truco está en no dejar que los peores impulsos de Trump se desborden y evitar llegar a ese punto. Y ese es un reto histórico. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Disminuir la burocracia. Hacer que las acusaciones sean más fáciles, más rápidas. Permitir que los drones de la CIA sobrevuelen “bien entrado” el territorio mexicano. Eliminar permisos en las operaciones contra “objetivos específicos”. Esos objetivos, narcotraficantes ahora renombrados como terroristas, “representan una amenaza a la seguridad nacional de EU” y por tanto no hay que contenerlos, sino “eliminarlos“.
Esto resume lo que hallé en documentos oficiales de la nueva administración de Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos recién nombrados oficialmente como terroristas. Las nuevas reglas de la justicia de EU se concentran en tres grandes ejes: operar más, con rapidez y con menos trámites. Esto implica operar con menos controles. También implica un reto y una oportunidad para Claudia Sheinbaum.
El 5 de febrero, la nueva fiscal general de EU, Pam Bondi, envió un memorándum a sus empleados explicando la política de “total eliminación de cárteles”. Antes de acusar a algún líder de un cártel, dice el memo, debe verificarse si tiene vínculos “significativos” con EU. Para las acusaciones a estos líderes deberán elegirse “los delitos más graves y fácilmente demostrables”. A los narcotraficantes de menor nivel, instruye a deportarlos, en lugar de gastar tiempo y dinero en llevarlos a juicio. Bondi ordenó que solo se persigan arrestos en otros países en “raras” ocasiones. Quiere que los esfuerzos se enfoquen en incautaciones y decomisos.
A partir de ahora, los fiscales que acusen a miembros de los nuevos cárteles terroristas no tendrán que probar un “nexo específico con el tráfico o la importación de drogas” a EU, sino que pueden optar por delitos de conspiración o asociación criminal. Para imponerles cargos de terrorismo, Bondi también eliminó “requisitos de aprobación”. Ahora, la División de Seguridad Nacional ya no tendrá que aprobar las órdenes de registro o requerimientos a testigos. Solo deben consultar con la División en caso de que algún trámite pueda llevar a una “sensibilidad diplomática” y avisarles 24 horas antes de actuar.
Para funcionarios corruptos que operen fuera de EU, como en México, el memo de Bondi ordena dar prioridad a investigaciones de sobornos a oficiales “que faciliten las operaciones de los cárteles” -como el trasiego de drogas, armas y personas-. Hasta enero, para enjuiciar a alguien bajo la Ley de Prácticas Corruptas, en EU requerían un permiso de la División Penal del Departamento de Justicia. Con las nuevas reglas, ya no lo necesitarán. Ahora, los fiscales que quieran acusar a un funcionario extranjero corrupto, relacionado con los cárteles terroristas, solo deben avisar con 24 horas de antelación.
Otras partes de la estrategia trumpista eliminan más “trabas burocráticas”. Antes, cuando un objetivo estaba en otro país, debían detenerlo, extraditarlo y juzgarlo en EU. Ahora, buena parte de las decisiones sobre los cárteles no se tomarán en el Departamento de Justicia (que buscaría enjuiciar a los sospechosos) sino en el Departamento de Defensa (cuya misión sería “eliminarlos”) como hemos visto en muchos casos en Medio Oriente.
Durante la primera administración Trump, la resistencia a nombrar como terroristas a los cárteles se basó en que el objetivo de estos grupos criminales es hacer dinero, no derrocar al gobierno. Pero el 18 de febrero, Trump dijo: “México desde hace años, pero ahora especialmente, está gobernado por los cárteles”. Un día después, Trump dijo que Sheinbaum le enseñó cómo las campañas antidrogas son efectivas.
¿Por qué Trump halaga a Sheinbaum mientras considera que en México hay un narcogobierno? Pensemos una lectura más sutil. El Departamento de Defensa anunció que discutía con México “las operaciones de defensa de nuestros países”. Esta semana, la embajada de EU felicitó a México por la captura de un operador de “Los Chapitos”. Mientras, el hijo de López Obrador afilió a Morena, en estas mismas semanas, a personajes controversiales del obradorismo, como el gobernador de Sinaloa.
Sheinbaum busca contener la relación con EU, mientras su partido jura lealtad a AMLO. Sí, las nuevas reglas de EU son terribles, pero una colaboración con el trumpismo puede dar a Sheinbaum la fuerza que no está encontrando en su partido. Las nuevas medidas de EU mandan un mensaje potente a los leales de los abrazos. Que escuche quien quiera escuchar. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
Independientemente de la intención política de Donald Trump, ¿son organizaciones terroristas internacionales los seis cárteles de origen mexicano designados como tales por el gobierno de los Estados Unidos? Antes de ponerse a tocar las campanas de la alarma patriotera, esta pregunta merece responderse con seriedad.
Además de los vecinos que habitan del otro lado del río Bravo, esta semana también el gobierno canadiense procedió a nombrar a tales cárteles, excepto uno, con los mismos términos.
¿Por qué el Estado mexicano no procede de igual manera? La pregunta no es ingenua. Sin tomar en cuenta las posiciones políticas o las decisiones venidas del exterior, según las leyes mexicanas, estas empresas criminales son organizaciones terroristas desplegadas internacionalmente.
Entonces, no habría ningún impedimento legal para que Claudia Sheinbaum procediera a hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, cuando los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa o la Nueva Familia Michoacana emplearon al terror como su principal arma para someter a decenas de miles de nacionales y también cuando sus intereses económicos y el despliegue de sus actividades cruzaron las fronteras.
Sin embargo, una poderosa razón se ha impuesto a la hora de abordar esta realidad: el temor fundado de que el reconocimiento de tales organizaciones como terroristas internacionales colocaría en circunstancia vulnerable a la soberanía del Estado mexicano. Abriría la puerta para que intereses adversos a México intervengan en la persecución de esas redes criminales.
En efecto, nos negamos a llamar a las cosas por su nombre por el temor de que, al hacerlo, el país termine abriendo la puerta a un embate intervencionista indeseado. La paradoja radica en que no habrá manera de derrotarlas realmente a menos que reconozcamos su verdadera naturaleza –son organizaciones terroristas y son internacionales– y a partir de la cooperación internacional, sobre todo con Estados Unidos, se les combata hasta erradicarlas.
¿Podríamos enfrentarlas a partir de la cooperación internacional sin que tal cosa signifique renunciar a la soberanía del Estado mexicano? Esta es la única pregunta que importa, pero antes hay que aceptar que son nuestras propias leyes, y no las normas extranjeras, las que obligan a considerar a estos cárteles a partir de términos jurídicos similares a los expresados esta semana por Canadá y Estados Unidos.
Desde mediados de los años 90 del siglo pasado México desarrolló en sus leyes lo que se conoce como “el derecho penal del enemigo”. Este concepto dio origen al régimen especial de delincuencia organizada previsto por la Constitución y desarrollado en la Ley Federal de la materia.
Este régimen prevé una serie de restricciones en derechos y garantías procesales para las personas señaladas por ese texto. Entre otras herramientas para perseguir delitos que se consideran muy graves se hallan la incomunicación de las personas imputadas, la investigación clandestina de sus actividades, la extinción del dominio sobre sus bienes, la reducción de trabas para admitir pruebas y el arraigo.
El artículo segundo de la ley federal de delincuencia organizada menciona al terrorismo como el primero de todos los delitos relacionados con esta actividad. Tal definición no tiene nada de nueva, lleva casi treinta años en la legislación mexicana. Ese mismo párrafo refiere como hechos criminales relativos al terrorismo su financiamiento, la vinculación con actos contrarios a la salud, el acopio y el tráfico de armas y la trata de personas. También hace referencia a las actividades extraterritoriales de dichas organizaciones.
La sola lectura de esta pieza legal obliga a preguntarse por qué nos hemos tardado tanto en llamar a estas empresas como se merecen. Es decir, ¿por qué tuvimos que esperar a que Estados Unidos y Canadá lo hicieran antes que nosotros? Los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, la Nueva (y la vieja) Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, La Barredora, etcétera, etcétera, son todas, palmariamente, organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada y encuadran también dentro del subconjunto de organizaciones terroristas.
Una vez despejado este primer punto hay que preguntarse en qué medida son, además, organizaciones terroristas internacionales. El test para resolver esta segunda parte de la ecuación es sencillo. Basta con interrogar si sus operaciones rebasan las fronteras nacionales. Es decir, si las drogas ilícitas que comercian, las personas migrantes con las que trafican o el trasiego de las armas que emplean pueden ser consideradas como actividades que ocurren en más de un país.
De toda evidencia, los cárteles referidos, además de ser redes terroristas, son organizaciones internacionales. Por tanto, en principio, no tendría porqué haber objeción para declararlas por México como tales. Siendo respetuosos con nuestras leyes deberíamos sumarnos a las designaciones que hicieron canadienses y estadunidenses.
Sin embargo, como dije antes, no se ha procedido así por las implicaciones que tal decisión podría traer para la soberanía mexicana. Es fundado el temor de que una declaratoria como la propuesta podría afectar la autoridad del gobierno y la integridad de nuestra población.
A caso sería más coherente esforzarnos en conjurar tal eventualidad en vez de negar la realidad. El derecho internacional es el principal escudo para ello. La Organización de Naciones Unidas prevé el camino para que las naciones cooperen en la lucha contra la delincuencia organizada internacional sin que esa tarea vulnere las leyes internas de los Estados. México tendría que emplear como instrumento para cualquier negociación con Estados Unidos y Canadá la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como sus distintos protocolos derivados.
En ese texto se encuentra la clave para trascender una discusión estéril y confrontativa y también para enfrentar, de una vez por todas, a las organizaciones terroristas internacionales que tanto daño han causado en México y otros países. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)
El momento actual de la relación entre México y Estados Unidos es sumamente complejo y controvertido. Mucho análisis se ha vertido sobre este profundo tema; sin embargo, escatimar lo que el gobierno está realizando en materia de inseguridad, crimen y violencia no es cosa menor, tomando en cuenta las necesidades que México tiene al respecto. Luego entonces, estas acciones benefician en primer lugar al país y a los mexicanos, y en segundo término demuestran el nivel de voluntad que tiene la Presidenta de México por enfrentar este monstruo de mil cabezas.
El reconocimiento que la también comandanta suprema de las fuerzas armadas les dio a los soldados en su día el pasado miércoles 19 es muestra del soporte que Claudia Sheinbaum tiene en los soldados.
La pasada reunión del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, con el general Gregory Guillot, Jefe del Comando Norte, envía un mensaje de tranquilidad, ya que se acordó realizar patrullajes coordinados en sus respectivos lados de la frontera, aumentar el intercambio de información y establecer métodos para comunicaciones inmediatas.
Este acuerdo refuerza que cada país respetará la soberanía del otro.
Las acciones de las fuerzas armadas contra la delincuencia hablan por sí solas, quedando fuera de cualquier discusión política o diplomática. Han sido tantos los resultados, que quizá se están perdiendo de la atención pública por la rapidez con la que suceden.
La estrategia conjunta entre las secretarías de la Defensa, de Marina y de Seguridad Ciudadana han producido récords en detenciones de criminales, siendo más de 10 mil personas capturadas, entre las que se encuentran criminales estratégicos por su impacto y liderazgo en sus respectivas organizaciones criminales.
Sin duda, el descabezamiento del grupo criminal de Los Chapitos se encuentra a días de suceder. En los últimos días se logró detener a integrantes del primer círculo de Iván Archivaldo Guzmán.
Integrantes del Ejército, la Armada y Guardia Nacional detuvieron a José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito; Kevin Castro Gil, El 200, y Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando.
Las acciones integrales de las fuerzas armadas en Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, evidentemente en Sinaloa, Michoacán, Baja California, han producido impactos a la delincuencia que se pueden calcular en miles de millones de pesos, solamente en fentanilo, mentanfetaminas, cocaína, marihuana y heroína, llegando a un récord no visto en la historia en el combate a los grupos criminales.
Se suman a los estados mencionados anteriormente Tlaxcala, Guerrero, Durango y Guanajuato, siendo principalmente 11 estados donde, de noviembre pasado a la fecha, se desmantela un narcolaboratorio todos los días.
Decomisos de inmuebles, armas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos, aeronaves y embarcaciones, así como dinero en efectivo, son también resultado de estas acciones de los soldados de tierra, mar y aire, así como de guardias nacionales.
A todo lo anterior, no debe escapar de la atención pública que todo el personal militar, naval y de guardia nacional que se encuentra a lo ancho y largo del país, sigue diariamente realizando otras acciones de apoyo y fortalecimiento de la sociedad, así como a las instituciones nacionales, estatales y municipales. No solamente las fuerzas armadas se encuentran desplegadas en el país para atender necesidades de seguridad interior o bien de seguridad pública, sus acciones benefician a los mexicanos desde muchos frentes, donde la ayuda y el apoyo llegan. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)
En la carta de El Mayo Zambada veo implícita la amenaza de soltarle a los gringos todo lo que sabe, si el gobierno de Claudia Sheinbaum no logra repatriarlo.
“Debe intervenir, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”, advierte el narcotraficante, en una carta entregada por su asesor jurídico en el consulado de México en Nueva York.
La dio a conocer el periódico Reforma.
La misiva tiene un sesgo chantajista. El Mayo sostiene que su exigencia “no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.
Su exigencia la respalda en el hecho de que lo secuestraron en México para ponerlo a disposición de las autoridades de EU de manera ilegal.
Si no respetan sus derechos, advirtió, “políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente a Estados Unidos.
“Esta exigencia –prosiguió– no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.
¿No le suena eso a que está listo para destapar las cañerías políticas si no lo trasladan a México? Es pregunta.
Francamente veo difícil que los gringos lo suelten. Está acusado de homicidio, narcotráfico a gran escala y lavado de dinero.
Es un trofeo para el gobierno de Trump, quien le declaró la guerra a los cárteles de la droga, al clasificarlos como organizaciones terroristas.
Esto último puede implicar, in extremis, intervenciones extraterritoriales.
La fiscalía del caso no descarta sentenciarlo a la pena capital y él lo sabe. Está asustado.
“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, subraya.
* La reacción de la presidenta Sheinbaum se inclinó a favor de que se respeten los “derechos” de El Mayo.
“Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es un derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido el procedimiento”, explicó.
Más adelante se apresuró a aclarar: “Nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho”.
* De la cascada de reacciones que el tema provocó, destaca la de Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados.
Habló sin pelos en la lengua: “El Estado mexicano no puede admitir ningún chantaje, de ninguna persona, y menos de presuntos delincuentes”.
Aunque dijo que, en el caso del combate al crimen transnacional, debemos ser congruentes con la defensa de la legalidad y los derechos de las personas, “sin prejuzgar si han cometido delitos o no”.
No está de acuerdo en que viole la ley o se omita la defensa de ciudadanos mexicanos frente a actos ilegales de otros países, bajo el pretexto de que cometieron delitos.
“Por eso la decisión de la presidenta Sheinbaum, de que se investigue y continúe la investigación la Fiscalía General de la República, debe hacerse”, puntualizó.
* El terrorismo se sumó al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Otra señal a Trump de que se acabaron los abrazos que López Obrador puso de moda.
La Presidenta no engaña a nadie cuando dice que la medida no está relacionada con lo que hicieron Estados Unidos y Canadá: declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.
Se necesita ser ingenuo para creer que fue una casualidad.
* “Ser policía es salir de tu casa y no saber si vas a regresar”, dice la esposa de un policía jubilado a investigadores de Causa en Común, organización ciudadana dedicada, entre otras cosas, a defender a las víctimas.
Ayer dio a conocer un informe sobre asesinatos de policías en México. El título es elocuente: Radiografía de un retraso crónico.
Las cifras son apabullantes:
Del 1 de octubre de 2024 –cuando Sheinbaum asumió la Presidencia– al 20 de febrero de 2025, se han registrado, al menos, 164 asesinatos de policías.
Y en lo que va de 2025, van 70 policías que han corrido la misma suerte. En promedio, uno cada día.
Pero vamos bien, dicen en Palacio Nacional. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.6)
En un giro inesperado, que ha sacudido la ya tensa relación entre México y Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha lanzado una audaz jugada desde su celda en Nueva York. A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el capo exige su repatriación a México, advirtiendo que, de no ser atendida su solicitud, podría desatarse un colapso en la relación bilateral.
La misiva, entregada al Consulado General de México en Nueva York, argumenta que la detención y traslado de Zambada a territorio estadunidense fueron “irregulares e ilegales”. El Mayo sostiene que fue víctima de un “secuestro transfronterizo” orquestado por los hijos de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Con esta narrativa, el capo busca no sólo cuestionar la legalidad de su proceso en Estados Unidos, sino también apelar a la soberanía nacional mexicana, un tema particularmente sensible en la actual coyuntura política.
La presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, confirmó la recepción de la carta y adoptó una postura cautelosa, pero significativa. “Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, declaró la mandataria. Esta respuesta, aunque preliminar, sugiere que el gobierno mexicano está dispuesto a considerar los argumentos de Zambada, no por simpatía hacia el capo, sino por las implicaciones que el caso podría tener para la soberanía nacional.
El timing de esta carta no es casual y se presta a múltiples interpretaciones. Por un lado, coincide con la reciente designación por parte del gobierno de Donald Trump de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que ha elevado las tensiones diplomáticas entre ambos países. En este contexto, la carta de Zambada podría verse como un intento de explotar las fisuras en la relación bilateral, presentándose como una víctima de la extralimitación estadunidense.
Por otro lado, la movida de El Mayo podría ser una estrategia para presionar al gobierno de Sheinbaum, aprovechando su énfasis en la defensa de la soberanía nacional. Al enmarcar su caso como una violación a la integridad territorial mexicana, Zambada busca alinear sus intereses personales con la retórica nacionalista del actual gobierno.
Además, no se puede descartar que esta carta sea un intento de El Mayo por negociar su situación legal. Ante la posibilidad de enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, Zambada podría estar buscando leverage para obtener un trato más favorable, ya sea en México o en una negociación con las autoridades estadunidenses.
La estrategia detrás de esta movida mediática es multifacética. Primero, busca generar presión pública sobre el gobierno mexicano para que actúe en su favor. Segundo, intenta crear una narrativa que cuestione la legalidad de su proceso en Estados Unidos, lo que podría complicar el caso de la fiscalía. Tercero, al advertir sobre posibles consecuencias para la relación bilateral, Zambada se posiciona como un actor con información sensible que podría afectar los intereses de ambos países.
En última instancia, esta carta representa un desafío diplomático tanto para Sheinbaum como para Trump. Para la Presidenta mexicana, implica un delicado equilibrio entre defender la soberanía nacional y mantener la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Para Trump, plantea el riesgo de que su agresiva política antidrogas sea cuestionada en términos de legalidad internacional.
El tablero está puesto y la próxima movida corresponde a los gobiernos de México y Estados Unidos. La respuesta que den a esta audaz jugada de El Mayo Zambada no sólo definirá el futuro del capo, sino que también podría reconfigurar la compleja dinámica de la lucha contra el narcotráfico en la región. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p.12)