Al diputado Mier y demás representantes de Morena no se les ocurrió más que consultar a los empresarios para aprobar fast track la reforma a la ley minera. ¿Y la opinión de los trabajadores? (La Jornada Contraportada)
CUENTAN que ayer en la Facultad de Derecho de la UNAM pasaron del susto al alivio al conocer las dos resoluciones judiciales sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel.
LO RARO es que el susto fue por la decisión de un tribunal federal que desechó el amparo promovido por la ministra de la Corte contra la universidad y el alivio llegó cuando un juzgado civil volvió a frenar el proceso interno.
OCURRE que, desde que inició el escándalo, el director de esa escuela, Raúl Contreras Bustamante, apoya a Esquivel y les juega las contras a la universidad y al rector Enrique Graue.
PARA MUESTRA, ahí está el hecho de que a pesar de las muchas voces internas que han exigido que la ministra sea removida del Comité Editorial de la facultad, Contreras la ha protegido y la mantiene en el directorio pésele a quien le pese. ¡Esas son amistades!
QUE NADIE se extrañe si Delfina Gómez, candidata morenista en el Edomex, le saca la vuelta al segundo debate con la priista Alejandra del Moral, que está previsto para el 18 de mayo.
CUENTAN que en su cuarto de guerra sienten que su desempeño quedó a deber y no quieren exponerla otra vez a los cuestionamientos que enfrentó el jueves.
ADEMÁS, ya encontraron el pretexto perfecto después de que morenistas, como la secretaria general Citlalli Hernández y el propio coordinador de campaña, Horacio Duarte, han estado acusando una supuesta parcialidad de la moderadora Ana Paula Ordorica.
EL HECHO es que si una candidata no está dispuesta a contestar las preguntas que se le hacen, no queda muy claro para qué aceptó ir a un debate.
POLÍTICAMENTE, el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, le ha sacado más kilometraje al tema de la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez que a los más de 100 metrobuses que circulan a pesar de que ya excedieron su vida útil.
Y PARA ello se ha servido de la Fiscalía local al mando de Ernestina Godoy, pues, a pesar de que supuestamente es un organismo autónomo, no ha desperdiciado la oportunidad de hacer propaganda en favor de la administración capitalina y contra ex funcionarios del PAN.
LA DETENCIÓN del ex delegado Christian Von Roehrich sirvió de pretexto para que el vocero Ulises Lara volviera a difundir en videocomunicado toooda la investigación e incluso dijera que se trata de un “caso de corrupción planeado y ejecutado en la alcaldía Benito Juárez”.
¿PARA qué queremos jueces si el Ministerio Público ya decretó que los delitos se cometieron y que los responsables ya fueron detenidos? Es pregunta que no prejuzga. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Ni el Inai sabe quién pompó vallas para el Palacio
Nos comentan que Presidencia de la República asegura desconocer el monto del pago para la colocación de las vallas metálicas que blindaron Palacio Nacional durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En respuesta a una solicitud de información, la Oficina de Presidencia de la República argumentó que hizo una búsqueda exhaustiva y razonable por cada uno de los archiveros de Palacio Nacional y nada más no encontró nada. Cuestionable respuesta pues, en los dos años pasados, la propia dependencia ha entregado esta información que mostraba que hasta antes del 8M de este año, se habían desembolsado casi 2 millones de pesos en blindar la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que este gobierno no oculta información y por eso no se necesita al Inai. Bendita transparencia.
No me vengan con que la ley de ciencias es la ley de ciencias
Morena, PVEM y PT se alistan para volver a aplicar la próxima semana la aplanadora en la Cámara de Diputados y aprobar la Ley de Ciencias propuesta por el presidente López Obrador, tal como hicieron con la ley minera. Nos cuentan que ayer empezó a circular un proyecto de dictamen elaborado por Morena, igual al que hicieron en el tema minero, y al que le dispensarán todos los trámites para aprobarlo en fast track. Nos cuentan que en este último tramo del gobierno lopezobradorista esa será la forma de legislar y, en una de esas, la siguiente iniciativa propondrá eliminar las comisiones de San Lázaro, que han probado estar de adorno. La consigna es muy bíblica: no dejar en pie ni una piedra de lo que la mayoría oficialista considera el viejo entramado institucional “neoliberal”. Los científicos y la oposición ya están haciendo sonar las alarmas por esta maniobra. Se va a poner buena la discusión.
Los verdes se alistan para el 2024
Nos cuentan que luego del no muy claro destape del senador Manuel Velasco como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Verde para 2024, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue el primero en salir a respaldarlo públicamente. Don Ricardo señaló que es su “compadre y amigo” y si “él quiere ir de presidente, yo lo voy a apoyar”. El joven mandatario estatal no ha dicho aún si aspira a ser abanderado para el mismo cargo. Lo que está claro, nos hacen ver, es que los verdes empiezan a mover sus piezas para la temporada de negociaciones que definirá las alianzas para la contienda y, en buena medida, el futuro de los partidos pequeños en el próximo sexenio.
Los elefantes blancos de Octavio Romero
Nos hacen ver que pese a los esfuerzos del director de Pemex, Octavio Romero, el programa de producción de fertilizantes sigue sin cumplir los objetivos que le puso el presidente López Obrador. Nos recuerdan que la meta era rehabilitar tres plantas: la de Amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz; Pro-Agroindustria en Allende, Veracruz, y Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. No obstante, nos aseguran, la falta de mantenimiento de las plantas y la escasez de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, materias primas indispensables para el propósito, frenaron la producción. ¿Tendrá Romero otros datos? (El Universal, A2, p.2)
Que más allá del debate político y la confrontación con los ministros, la próxima semana los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, iniciarán los recorridos por los cuarteles de la Guardia Nacional para informar a los agentes que tendrán estabilidad laboral, pese al cambio de administración instruido por la Suprema Corte. Mientras tanto, al interior del gabinete en la materia garantizan que habrá, si se concreta en enero, una transferencia ordenada dada la coordinación que existe y nunca se ha perdido en el primer círculo presidencial.
Que en el ajedrez de la sucesión el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que la oposición debe tener designados a sus aspirantes presidenciales para 2024, de preferencia uno de cada partido, a más tardar a mediados de año, para que puedan recorrer el país una vez que Morena reveló que en junio o más tardar julio sacará su convocatoria, para la que ya hay por lo menos cuatro nombres con la bendición de Palacio. El problema, sin embargo, sigue sin respuesta: ¿quiénes son esos perfiles competitivos para dar la pelea a la 4T?
Que horas después de una muy tibia videodefensa de parte de su compañero panista Federico Döring, el ex alcalde Christian Von Roherich, a quien la Fiscalía de Ciudad de México señala como líder de una red de corrupción inmobiliaria, pasó ya su primera noche en el Reclusorio Norte, donde es vecino de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex; Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, y Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
Que ante la dificultad para alcanzar acuerdos que impulsen nuevos perfiles en los Órganos Internos de Control de los entes autónomos, en la Cámara de Diputados empiezan a inclinarse por tirar la toalla y ratificar a los titulares en ejercicio. Hablan de instancias como INAI, Ifetel, Inegi, INE y FGR, precisamente algunas de las que, dicen desde algunas trincheras oficiales, presentan los mayores señalamientos por irregularidades y muy laxos procedimientos de contraloría. (Milenio, Al Frente, p.2)
Pisoteo. Sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura por parte de Yasmín Esquivel, la UNAM celebró que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa de la CDMX decidiera declarar fundada la queja interpuesta por la máxima casa de estudios contra el amparo de la ministra para evitar ser investigada. “La Universidad Nacional ve con beneplácito esta determinación de la autoridad federal, a partir de la cual estaría en posibilidad de difundir la resolución del Comité de Ética, de conformidad con la legislación universitaria”, afirmó la institución en un comunicado. El gusto le duró unos minutos. La ministra se defiende con las uñas y acomoda la ley a su favor, pero en el fondo, todos lo vemos, no tiene la razón.
Luto. A un año de que el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue hallado sin vida, familiares y amigos de la joven, así como integrantes de grupos feministas se congregan en la Explanada de los Héroes para iniciar una caravana en su memoria y exigir justicia. Mario Escobar, padre de la joven, lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades federales para que se avance en la resolución. “Nuestro llamado a toda esa gente que está involucrada, para hacer su trabajo. No les estamos pidiendo nada gratis, es un grito de justicia que nosotros como víctimas directas tenemos derecho a exigirles”, dijo. Pero quienes tienen que trabajar en el caso, no lo hacen.
Esfuerzo. El canciller Marcelo Ebrard visitó una empresa mexicana en Texas y tuiteó, acompañado de una foto donde se le ve sonriente: “sopa de coditos fabricada por La Moderna en Cleburne, Texas. Muy impresionante el avance tecnológico logrado por esta empresa mexicana y su enorme presencia en el mercado de los Estados Unidos. Felicidades y nuestra gratitud. ¡¡Orgullosos de lo que han logrado con tanto esfuerzo!!”. Ebrard visitó en Dallas otros negocios de compatriotas exitosos. Lo lograron en un ambiente de negocios propicio, con leyes que incentivan y aseguran la inversión. Buen apunte para la eventual agenda por la candidatura presidencial de una de las corcholatas más sólidas para el 24. Queda anotado.
Revelaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, buscó negociar con su gobierno el plazo para que entrara en vigor el fallo sobre la desincorporación de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que rechazó hacer acuerdos “en lo oscurito” e instruyó a su gabinete no contestarle “ni el teléfono”. Al reiterar que, con su decisión, la Corte actuó mal, López Obrador dijo que si la ministra presidenta buscó un acuerdo, significa que “se arrepintieron” de la decisión que tomaron. Hay tiro con la Corte. Qué distinta sería la situación con una ministra titulada sin ayuda del plagio. Documentado, evidente, ese plagio que la hace tambalear. (Excélsior, Nacional, p.11)
Otra vez Patricia Armendáriz
Y nuevamente es la controvertida diputada por Morena, Patricia Armendáriz, la que se encuentra en medio del huracán, luego de que se difundiera un audio en el que se le escucha fuera de sí, ofendiendo a representantes de pueblos indígenas de Chiapas. “Síganle, síganle, ya no van a seguir mamando del gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chin…, se los quiero dejar claro”, les señala la legisladora al tiempo que se escucha que remarca sus dichos dando manotazos sobre una mesa. Cuando su interlocutor busca interpelarla, ésta lo manda callar. En sus redes sociales, nos comentan, ha comenzado a responderle a quienes le critican el exabrupto, y también a quienes ven en su accionar clasismo y racismo que dañan a la 4T. Entre los argumentos que ha dado están que se trata de una comunidad “corrompida”. Y ha agregado: “Una cosa es hablar desde un escritorio y otra ir a tierra a trabajar con los más marginados. Y con recursos propios. No se justifican los exabruptos, pero sí el enojo de verlos sin hacer nada cuando una está entregándoles todo”. Uf.
“VOY A SACAR TODAVÍA MÁS VENTAJA”
Y en la batalla incesante entre las “corcholatas” de Morena, quien dice que sacará ventaja en la encuesta para elegir candidato a la Presidencia es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque a su juicio no necesita repuntar. “¿Repuntar de qué? Les voy a sacar todavía más ventaja”, refirió ayer a preguntas de reporteros sobre el estado de preferencias en la contienda —aún no regulada— entre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y él mismo como las “corcholatas” oficiales. Nos hacen ver que el buen humor del funcionario que respondió a las preguntas hasta en medio de carcajadas da cuenta de que no le han hecho mella algunos señalamientos de los que fue blanco por parte de gobernadores morenistas esta semana. Ahí el dato.
EL POSDEBATE
El debate electoral por el Estado de México siguió dando de qué hablar, tras las propuestas y declaraciones de las candidatas de Va por el Estado de México y Juntos Haremos Historia. Y es que en ambos bandos las asumieron como ganadoras. Nos dicen que aunque desde ahora y en los siguientes días se seguirá calentando el escenario político en la entidad mexiquense, se reconoce, por lo pronto, la mesura posterior al debate de las abanderadas. Y más claramente el de Delfina Gómez quien ayer en una autoevaluación refirió lo que podría mejorar: “A lo mejor precisar un poco más las propuestas, porque con el poco tiempo que tenemos hay que ser más precisos. La otra, considero que tenemos que aperturar un poco más la aclaración, porque de momento uno es un poco prudente, y esa prudencia le llaman de otra manera”.
¿RUPTURA CON LA CORTE?
Y si la relación de la Presidencia con la Corte ya era tensa, varios mensajes que salieron de Palacio esta semana darían cuenta de que la cuerda podría haberse ya roto, nos hacen ver. Y es que ayer el Presidente reveló que pidió a integrantes de su gabinete no atender la propuesta que se hizo desde la principal oficina del máximo tribunal, que encabeza la ministra Norma Piña, para que se acordaran los términos de la readscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al determinarse que su pase a la Secretaría de la Defensa fue inconstitucional. “Ni el teléfono le contesten”, fue la instrucción del mandatario, quien criticó que los integrantes de la Corte se “arrepintieran” de su resolución y en vez de ordenar la inmediata entrada en vigor, buscaran una negociación. En la semana el mandatario lanzó, varios días, duras críticas a los ocho ministros que votaron por la inconstitucionalidad y señaló como un error haber propuesto a dos de ellos. ¿Entonces?
ZACATECAS DESCOMPUESTO
La situación de descomposición en Zacatecas por temas de violencia está alcanzando a las más altas esferas de la política estatal, nos comentan. Prueba de ello es la decisión del Congreso local de desaforar al alcalde del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a petición de la fiscalía estatal, que le imputa el delito de homicidio. La votación fue finalmente por unanimidad y ahora el edil desaforado deberá enfrentar una orden de aprehensión por homicidio y robo en perjuicio del abogado Raúl Calderón Samaniego. De acuerdo con las indagatorias del caso este último desapareció el 31 de enero y fue localizado sin vida días después con impactos de arma de fuego. El también bajista de la agrupación Los Románticos de Zacatecas volvía del municipio de Jerez cuando se perdió contacto con él. La fiscalía, por lo pronto, informó ayer que se abocará a la localización de Chávez Padilla. (Rozones, La Razón, La 2, p.2)
La normalización del horror
México y Estados Unidos tienen graves problemas de violencia. En México son las decenas de miles de asesinatos, producto de la guerra entre narcocárteles y de una fallida política gubernamental. Y en Estados Unidos son las masacres con armas de guerra en escuelas, tiendas, bancos, cines, conciertos y lugares públicos. Y en ambos países nos hemos acostumbrado tanto a estos tipos de muertes, que estamos paralizados. Nadie hace nada para detener la siguiente matanza. Es la normalización del horror.
Primero México.
Luisa Regina tiene apenas seis años. O quizás siete. Lo que reporta la prensa local es que hace unos días fue con sus padres al balneario de Las Palmas, en la población de Cortazar en el estado de Guanajuato. La idea de su familia era pasar un día de descanso, piscina y diversión. Pero, de pronto, unos 20 sicarios entraron al balneario, disparando, y mataron a siete personas, incluyendo a los padres de Luisa Regina y a un menor de edad. Hay reportes, que no pude confirmar independientemente, de que la niña vio cómo asesinaron a sus padres. Este es el México de “los abrazos, no balazos”.
Esto por supuesto toca al gobierno del estado de Guanajuato, que tiene un gobernador del Partido Acción Nacional. Solo en el 2022 tuvo 3,260 homicidios dolosos en la entidad. Pero como estos tiroteos ocurren prácticamente en todo el país, es inevitable culpar también al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el fracaso en su estrategia de seguridad.
Desde que AMLO llegó a la Presidencia el 1o. de diciembre del 2018 han asesinado a 143,980 personas, según cifras oficiales. Más que durante cualquier otro sexenio en este siglo. El Presidente asegura, con razón, que la tendencia de los homicidios dolosos ha ido bajando. Pero los muertos son tantos, en tantos lugares, sin que las autoridades puedan hacer nada y con casi total impunidad, que la estadística presidencial resulta una pobre excusa. O incompetencia. La realidad es esta: a ningún presidente mexicano le han matado a tantos ciudadanos como a López Obrador desde la Revolución y la Guerra Cristera.
Ahora Estados Unidos.
A finales de marzo, el estudiante Audrey Hale, de 28 años de edad, se metió en una escuela cristiana de Nash-ville, Tennessee, y disparó 152 veces con un rifle y una pistola. La policía actuó rápidamente y mató al atacante apenas 14 minutos después de haber entrado a la escuela. Pero eso no fue suficiente para evitar que antes asesinara a tres adultos y a tres niños de nueve años de edad. Las armas de fuego son la principal causa de muerte para niños en Estados Unidos. Para mediados de abril ya habían ocurrido 160 masacres en este año. Es decir, ha habido más masacres que días en los primeros cuatro meses del año.
En Estados Unidos estamos tristemente esperando la siguiente masacre. Miembros del Partido Republicano, casi unánimemente, se rehúsan a aprobar en el Congreso en Washington cualquier propuesta de ley que limite el uso de armas. En Estados Unidos hay más armas que personas y es cierto que en algunos lugares es más fácil conseguir una pistola que una medicina sin receta médica.
A pesar de lo anterior y de la diferencia en población, México sigue siendo un país mucho más peligroso y violento que Estados Unidos. En 2022 hubo 30,971 homicidios dolosos en México, según cifras del gobierno, contra 20,200 asesinatos en Estados Unidos.
Estados Unidos y México están paralizados ante la violencia. Nadie hace nada. Estamos todos cansados y aterrados de escuchar sobre la última masacre o tiroteo. Pero luego de una bien aprendida rutina -sorpresa, indignación, aceptación y olvido- seguimos nuestras vidas con la esperanza de que la siguiente balacera no nos toque de cerca.
Cada país tiene sus peculiaridades. La violencia en México no se puede enfrentar de la misma manera que en Estados Unidos. Pero, en general, en ambas naciones nos merecemos mejores líderes que comiencen por reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido para nada. Ese es el doloroso punto de partida. Y el año del cambio tendrá que ser el 2024, cuando elijamos en México a un nuevo Presidente y en Estados Unidos a un nuevo Congreso. Los políticos que tenemos ahora no han podido. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Dice el presidente López Obrador que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se “arrepintieron”. ¿De qué? No especificó. Por el contexto, suponemos que de su voto en contra de la reforma que pone bajo control militar a la Guardia Nacional.
Ya encarrerado, hizo una revelación. El titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, desayunaron con la presidenta de la SCJN, Norma Piña, “y otros ministros”.
Los ministros habrían “mandado decir” que por qué no se negociaba para después la entrada en vigor de la resolución que regresa la Guardia Nacional al ámbito civil, prevista finalmente para el 1º de enero de 2024.
“En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”, narró López Obrador, quien no acaba de digerir el revés que le dio la Corte en ese tema, y dio a conocer la instrucción que le dio a Adán Augusto y a Rosa Icela: “No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. Nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito. Ni les contesten el teléfono”.
El Presidente insistió en que va a presentar otra iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional dependa de los militares y ya tiene fecha: el 1º de septiembre de 2024, con presidente electo y todo.
¿Tan seguro está de que tendrá mayoría calificada para reformar el artículo 21 de la Constitución que establece que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil? Es pregunta.
López Obrador hizo una infidencia en la mañanera. Contó que Norma Piña le dijo a Rosa Icela Rodríguez: “Oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional”. “Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, juzgó el mandatario.
¿Qué le contestó? Inquirió un reportero.
“Le dijo: ‘no, es que no es un asunto mío’. Pero lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad”.
* Vía WhatsApp le pedimos a tres ministros que votaron en contra de la reforma una reacción sobre la instrucción de López Obrador de no contestar llamadas de ministros: Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat.
A Luis María Aguilar le dio risa la amenaza de que no les van a contestar el teléfono a Norma Piña y a otros ministros. “¡Jajajaja! Ni lo necesita. Da igual”.
Pérez Dayán nos dijo que el rompimiento del Presidente con la ministra Piña y otros ministros es muy duro. “No tienen respeto al vecino”, escribió.
Ríos Farjat no respondió.
* Minutos después de que un Tribunal Colegiado de la CDMX desechara el amparo interpuesto por la ministra Yasmín Esquivel en contra del Comité Universitario de Ética de la UNAM, que revisa el caso del supuesto plagio de su tesis, un juzgado civil de esta misma ciudad ordenó a la casa de estudios abstenerse de continuar el proceso universitario.
La reacción de la UNAM no se hizo esperar. Difundió un comunicado en el reafirma que será respetuosa de lo que ordena la autoridad jurisdiccional local.
Pero aclaró que será contundente en el uso de todos los recursos legales a su alcance para cumplir con lo que encomienda la Constitución y su Ley Orgánica.
* Un grupo de más de 30 empresas mexicanas inicio acciones legales para demandar el pago de más de 32 millones de dólares a Sapura Energy Mexicana, S.A.P.I. de C.V.
El adeudo es por las subcontrataciones en obras y servicios que realizaron para Pemex y entes privados como Hokchi y ENI, en sus plataformas de la Sonda de Campeche, litoral de Tabasco y Veracruz.
Sapura Energy es una empresa de Malasia, proveedora de servicios integrados en exploración, descubrimiento y producción de petróleo y gas.
Enfrenta problemas financieros y legales a nivel global, por lo que ha suspendido el pago a proveedores mexicanos de servicios desde el último trimestre del 2021.
Este incumplimiento ha provocado la quiebra de algunas empresas y ha puesto en riesgo su viabilidad operativa y financiera, por no poder hacer frente a créditos vencidos, pagos a trabajadores, obligaciones fiscales ni pago a proveedores… (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Acostumbrados como nos tiene a la estridencia y la agresividad de su discurso contra el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parecía que ayer desde Veracruz, López Obrador daría una más de sus habituales diatribas contra los ministros, de las que lo definen como todo un autócrata que no respeta la división de poderes. Pero esta vez el Presidente rebasó nuestra capacidad de asombro al decir que dio instrucciones a su gabinete “de no contestarles ni el teléfono” a los miembros de la Corte, en lo que significa una especie de “ruptura” de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
La nueva pataleta presidencial se justificó porque, según el mandatario, la ministra presidenta Norma Piña, “y otros ministros” que no identificó por su nombre, intentaron “negociar” con su gobierno —en lo que él llamó un “enjuague”— el plazo para que se aplique el fallo de la Corte que ordenó devolver a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa a la Seguridad federal, es decir del ámbito militar al civil, contenido en los efectos de la resolución mayoritaria que tomaron el pasado martes la mayoría de los ministros que declararon “inconstitucional” la militarización del mencionado cuerpo policiaco.
—¿Quién mandó ese mensaje de que el fallo entrara en vigor después de enero de 2023? –le preguntó ayer en su mañanera una reportera al Presidente. “La presidenta y otros ministros, sí, sí sí, qué querían (que entrara en vigor después de enero) y les dije (a sus secretarios de gabinete) ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono, ah porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la Presidenta de la Corte, entonces cuando me enteré, les dije: ´no quiero ningún enjuague’, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que sea una élite corrupta la que decida la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar, obedeciendo al pueblo siempre”.
López Obrador se refería al desayuno que la mañana del jueves sostuvieron, en la Sede de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Según fuentes cercanas a ese encuentro, que se pactó días antes, la presidenta invitó a la funcionaria federal a desayunar para conversar con ella sobre dos temas: los efectos del fallo que ordenó desmilitarizar la Guardia Nacional y la preocupación que existe en el Poder Judicial por el plantón al que están convocando seguidores radicales del presidente y de Morena, autodenominados “Escudo AMLO-El Pueblo manda”, quienes llaman a sitiar y rodear al Palacio de Justicia Federal a partir del lunes 24 de abril y hasta el viernes 29.
En dicha convocatoria, que circula en redes sociales, se pone la imagen de la cara y el nombre y cargo de la ministra Piña junto con las consignas: “El Rostro de la corrupción” “¡Fuera corruptos y vividores!” y “Quien no ama a su Patria no ama a su madre”, mientras se invita a la gente a sumarse al sitio al edificio de la Corte federal.
En el desayuno, según nos cuentan las fuentes, la ministra recibió amable a la secretaria y le expresó su preocupación por el bloqueo a las instalaciones de la Corte. “Tememos que intenten tomarnos el edificio y que pongan en peligro al personal y obstaculicen el trabajo de los ministros”, dijo Piña, a lo que Rosa Icela ofreció cuidar que las manifestaciones no se desbordaran ni afectaran a las instalaciones judiciales, aunque dijo no poder evitar que las personas se manifiesten.
Hasta ahí todo iba bien y el dialogo era cordial, pero la situación que después molestó al Presidente —cuando seguramente la propia Rosa Icela se lo comentó— fue que la ministra Piña le comentó a la titular de Seguridad federal que al final a ella le convenía el fallo de la Corte para desmilitarizar la Guardia: “Usted será muy poderosa, porque tendrá bajo su mando a toda la corporación”, a lo que Rodríguez respondió secamente: “Eso no depende de mí, depende del Presidente, él es quien tiene el mando, no yo”. Luego vino otra pregunta de la presidenta de la Corte que incomodó también a la secretaria: “¿Qué plazo quiere usted para que entre en aplicación el fallo y el regreso de la Guardia a su secretaría?”. “Lo que marque la ley”, respondió Rosa Icela. “¿Pero usted qué plazo quiere?”, insistió la juzgadora. “El que indique la ley”, reiteró la funcionaria del gabinete.
De ahí que el Presidente interpretara ese diálogo, que conoció de primera mano, y al enterarse de eso acusara a la ministra Piña y a los “otros ministros” de querer negociar el alargamiento del plazo que ellos mismos fijaron para volver a transferir a la Guardia Nacional al ámbito civil. Y de ahí su molestia y su instrucción, extraña y bizarra, de que ningún secretario de su gobierno le conteste “ni él teléfono” a los titulares del Poder Judicial Federal, en aras de no caer en supuestos “enjuagues” que según él pueden entorpecer la presentación de su reforma constitucional, aún más bizarra y extraña, que quiere proponer un mes antes de que concluya su mandato, para insistir en que la Guardia sea militar y la coordine, opere y maneje el Ejército Mexicano.
No cabe duda que hacia el fin de su sexenio —como en un símil de lo que ocurre con algunos adultos mayores que en su vejez se vuelven cada vez más necios y difíciles— el presidente López Obrador está actuando de manera cada vez más obcecada, arbitraria e infantil y lejos de respetar su investidura (esa que tanto dice cuidar de los ataques de la oposición), está poniendo en ridículo a la institución presidencial con berrinches, pataletas y actuaciones seniles que lo llevan a desconocer el equilibrio de poderes, base fundamental de cualquier estado democrático, y a comportarse como un verdadero autócrata.
Es tal la tirria que en estos momentos le tienen a la ministra Piña y a su actuación autónoma en Palacio Nacional, que desde ahí se sugieren y se hacen señalamientos que bien podrían calificar como violencia de género, pues se afirma que “la ministra es una marioneta” y que quienes son los dueños y titiriteros tienen nombre y apellido que mencionan en la casa presidencial: “Luis Videgaray, Humberto Castillejos y Luis María Aguilar”, dicen para referirse a los dos peñistas exsecretario de Hacienda y Consejero Jurídico, respectivamente, así como al ministro expresidente de la Corte, como quienes están asesorando e influyendo en las decisiones y posiciones de la titular de la SCJN.
“Son los mareos de Norma”, comentan altos funcionarios del Palacio para descalificar a la ministra, sin darse cuenta que el que también está mareado y aún más, perdido por sus delirios de poder y sus aspiraciones de maximato, es su mismo jefe que ya perdió el respeto por todo y por todos.
NOTAS INDISCRETAS…
Lo más preocupante cada que López Obrador escala su confrontación con la Corte es que, casualidad o perversidad, siempre se activan con los desplantes del Presidente los grupos más fanatizados y radicales del morenismo, que se lanzan contra la ministra presidenta y amenazan con sitiar y poner en jaque a la Corte. ¿Será que esos grupos son espontáneos del “pueblo bueno” que no quiere a la Corte y al Poder Judicial, como dice el Presidente, o será que son los mismos radicales que despachan en Palacio Nacional, esos que le hablan todas las mañanas al oído al Presidente y que le producen, dirigen y montan el show de sus conferencias diarias, los que mandan y activan a esos grupos de fanáticos? Es pregunta…
Y para documentar el optimismo sobre este choque de poderes, en la Fiscalía General de la República, concretamente en la Fiscalía Anticorrupción, se están reactivando varios expedientes abiertos en contra del ministro Luis María Aguilar. Se trata de averiguaciones sobre presuntos delitos por actos de corrupción y enriquecimiento que involucran al expresidente de la Corte y a una mujer que trabaja muy cerca de él, y a la que atribuyen un papel de “cobradora” de presuntos sobornos. Las denuncias se interpusieron cuando Arturo Zaldívar era el presidente de la Corte y, curiosamente, ahora que al ministro Aguilar le atribuyen mucha influencia con la nueva presidenta, de pronto esos expedientes están avanzando aceleradamente… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana compleja. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.8)
La madurez social tiene como uno de sus elementos centrales la madurez judicial. La decisión de la SCJN la semana pasada fue de máxima importancia. Las Fuerzas Armadas son para defender a la nación contra el enemigo exterior. No deben lanzarse contra nuestra propia población. El presidente López Obrador se sumió en este error e intentó constitucionalizarlo. La Providencia y la suerte lo bloqueó y, al desecharse la iniciativa presidencial, se fortaleció la vigencia de los principios del derecho.
Así, caso por caso. No debe desperdiciarse ninguna oportunidad de hacer valer la justicia. Cada vez que se tolera la violación a una norma ésta se debilita y se afecta la solidez del edificio social. Cada caso es importante.
El caso de Yasmín Esquivel viene a cuento. La tardanza en eliminar su presencia como ministra en las sesiones de la SCJN atenta contra su acreditada seriedad y autoridad, que es uno de los pocos aceptados puntos de referencia para todas las actividades del país.
La solución del desaguisado del caso Yasmín es de elemental sencillez pero, por razones que no son de alta filosofía, está más enrevesado que nunca. De nada sirve que la UNAM haya llenado un vacío en sus reglamentos rescatando su capacidad para nulificar títulos expedidos a fin de no repetir hechos análogos. El nuevo reglamento interno no es retroactivo. Parecería que la ministra Yasmín podía sentirse cómoda en su mal habido cargo.
Pero el asunto está lejos de terminar. La nulidad del título que ostenta la esposa del contratista Riobóo la tiene que determinar la UNAM, con base en el dictamen que con precisión y oportunidad dio el 11 de enero a conocer su Facultad de Estudios Superiores Aragón.
La nulidad relativa o absoluta de un acto jurídico existe latente, independientemente de que se aplique. La no retroactividad de la nueva norma no afecta que la nulidad que hiere la tesis plagiada de la sustentante Esquivel que conoció el jurado convocado bajo engaño contagia al título expedido y, por supuesto, a la cédula profesional luego expedida por la autoridad registradora. Está pendiente, empero, el resultado de las investigaciones que realiza el comité de ética de la UNAM encargado por el rector Graue para evaluar en definitiva la situación. Ayer la ministra Esquivel promovió por segunda vez, tras de una anterior, la suspensión de la difusión de informes sobre el avance de la investigación de dicho comité.
Estamos, pues, en espera de cualquiera otra novedad sobre las implicaciones del plagio que se complica. Por ahora están en puerta tres vergüenzas, la de la engañada Facultad de Derecho de la UNAM, la del también engañado Senado de la República que el 12 de marzo eligió a la ministra Esquivel al supremo cargo judicial y, por último, la también engañada SCJN, que tiene la pesada tranca de tener a una tan cuestionada colega en su redil.
Pero no ganamos para vergüenzas. Esta vez la que el Presidente de la República debería sentir por su terca negativa a designar los tres comisionados que aún faltan en el Instituto Nacional de Transparencia (Inai). El tema llegó ya a la ONU. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió una carta al Senado para pedir, respetuosamente, que se culmine el proceso de designación de los tres. “La ONU-DH destaca el rol que desempeña este órgano autónomo en la protección y garantía de dos derechos humanos, que son fundamentales para la construcción de sociedades democráticas, abiertas y transparentes: el acceso a la información y la protección de datos personales”, señala la misiva.
Así, sucesivamente, van exhibiéndose las torpezas que por obstinado propósito de transformar a la sociedad a un inoperable mecanismo de obediencia a su persona ha llevado al país a desperdicios de ya incalculable importe social y económico.
Ya no es tiempo de repetir críticas sin acompañarlas de propuestas de solución al desastre que AMLO se empeña en heredar al siguiente presidente de la República y las dos cámaras legislativas.
Es el momento de preparar los antídotos y las alternativas genuinamente sociales y de recio fundamento. Ya proliferan foros y círculos de estudio. Es el momento de saber de qué manera se deshará México del caos con que termina la 4T. (Julio Faesler, Excélsior, Nacional, p.11)
La política transita entre las inercias del pasado y el cambio que exige la realidad. La mejor manera de descifrar lo que viene se inscribe en la síntesis de estos dos elementos. La institucionalidad democrática se ejerce y garantiza en el quehacer del INE y del Tribunal Electoral, así como en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. El estilo de gobernar del presidente López Obrador es, por decirlo de alguna manera, la variable independiente del proceso político actual.
En la última etapa del sexenio es natural que los intereses que convergen en la política apunten hacia el futuro. Esto ocurre con la burocracia federal, con los políticos de oficio y también con la diversidad de intereses que se relacionan con el poder político. Por su parte el Ejecutivo acentúa su poder en la medida de que es factor en el proceso sucesorio, y que tiene a su alcance todas las atribuciones legales y metalegales asociadas a la Presidencia de la República.
El Presidente está inmerso en su objetivo de trascender. Es una pretensión legítima de todo jefe de gobierno; sin embargo, López Obrador entiende la política, el poder y la historia de manera diferente. En él, el peso de lo ideológico cobra mucha fuerza y las decisiones a futuro, políticas y de gobierno se enmarcan en esa realidad. Esto significa que el Presidente habrá de radicalizarse y que él (y su proyecto personal) estarán en el centro de la contienda de 2024.
Por su parte la economía es el factor con mayor peso en la moderación de la presidencia. La política es la prioridad, pero en este caso su contención no es sólo la ley ni la justicia constitucional, sino el impacto que tienen las resoluciones presidenciales en la estabilidad económica presente y en los efectos de largo y mediano plazo.
Lo anterior plantea un panorama donde la política habrá de polarizarse aún más, que la retórica presidencial y sus decisiones de gobierno se orientarán en este mismo sentido con la idea de que es la mejor manera de consolidar el proyecto político y, por otra parte, de apuntalar electoralmente a los suyos. El desencuentro aumentará. El presidente es claro, no hay engaño.Trata de ganar la presidencia y también la mayoría calificada; como siempre, López Obrador va por todo. (Liébano Sáenz, Milenio, Al Frente, p.2)
Disociar a los soldados de tierra, mar y aire del acontecer nacional es un imposible que nada tiene que ver con el hoy; desde hace por lo menos 100 años, no ha habido la necesidad de sustraer a los militares de un todo, para embonarlos solamente en lo que conviene.
Los soldados mexicanos en sus diferentes jerarquías no escogen las responsabilidades ni las tareas, mucho menos los escenarios o los espacios donde deben tener presencia.
Los soldados obedecen a sus superiores, adquiriendo una responsabilidad al momento de acatar la orden, que no se centra exclusivamente en cumplirla, sino también en los efectos sociales o políticos que esa orden pueda producir. La responsabilidad del soldado, cuando cumple una orden, en la gran mayoría de las ocasiones no conlleva un carga legal, ya sea a nivel personal o bien institucional.
La carga que han tenido que soportar los soldados en los últimos 23 años ha sido la que algunas voces han señalado e insistido en estereotipar o bien encasillar a lo militar como algo profunda y terriblemente negativo.
La otra carga en la espalda del soldado es la que producen los políticos cuando, estando en el gobierno, apoyan y les dan una palmada, pero cuando salen y son oposición, entonces los desdeñan y acusan sin razón.
Todo lo anterior se propone debido los efectos que causó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no otorgar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
No ganó la Suprema Corte, por supuesto no ganó el Presidente, pero de ahí a querer direccionar la decisión como derrota o pérdida para el Ejército, se pierde entonces la dimensión real de la situación.
Quien ganó de alguna manera fue la delincuencia, ya que ante el problema de la inseguridad, lo que debe buscar y encontrar el Estado mexicano es cómo fortalecer la respuesta de seguridad pública federal, justo para poder enfrentar de manera contundente a los grupos criminales. Ganan los delincuentes debido a que este proceso de cambio para la Guardia Nacional les puede demostrar que, quienes deben estar de acuerdo, no lo están; es decir, existe un frente abierto entre dos poderes de la unión, lo que para la lógica criminal, esto deja un espacio abierto y transitable para seguir delinquiendo y generando violencia.
Amén de lo que depare el futuro, respecto a lo que debe ser en la Guardia Nacional administrativa y operativamente hablando, para los soldados no hay cambio, por eso se insiste en que no fueron derrotados, o bien, que hayan
perdido algo.
No hay forma de que los militares dejen de apoyar a la seguridad pública municipal, estatal y federal, ni siquiera en 2028. Los soldados seguirán ahí, tanto en la GN como en sus operativos y acciones para abatir a los delincuentes, mientras haya un comandante supremo que así se los ordene. Van a seguir ahí mientras alcaldes y gobernadores no tomen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Van a seguir ahí mientras no haya una transformación total en la mayoría de los cuerpos policiacos del país.
Van a seguir ahí, siempre leales al gobierno en turno, así como también van a estar ahí con quien gobierne este país a partir de octubre de 2024.
Que no pierda México.
Los soldados van a seguir ahí. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)