¡OUCH! En la Secretaría de Gobernación resintieron el desaire de los senadores de Morena, al no invitar a Olga Sánchez Cordero a los foros de la reforma al Poder Judicial.
Les llama la atención que no les interese el trabajo de enlace legislativo de Bucareli pero, sobre todo, que desaprovechen la experiencia de ¡20 años! como ministra de la Suprema Corte de la hoy secretaria.
SIN EMBARGO, quienes saben cómo se está operando esa reforma comentan que el problema no es con la funcionaria.
¡Para nada! En realidad lo que les preocupa es que pudieran enviar al subsecretario Ricardo Peralta, del cual no quieren ni el saludo.
A ver si ya resuelto el misterio le corren la debida cortesía a Sánchez Cordero. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Exsecretario de Mancera prófugo se pase en París.- Uno de los exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora coordinador de los senadores del PRD, se pasea por las calles de París. Prófugo de la justicia en la CDMX, acusado de malversar fondos de la reconstrucción del sismo del 19S de 2017, el exsecretario de Obras, Edgar Tungüí anda por tierras galas. Al Antiguo Palacio del Ayuntamiento llegó el dato de que don Edgar se ha estado dejando ver a la orilla del Sena, en el Centro Pompidou o viendo plácidamente la puesta del sol en la Ciudad Luz. Y mientras muchos damnificados del sismo de 2017 siguen en la calle y realizan de tanto en tanto protestas, nos dicen que el excolaborador de la administración de Mancera, gasta euros en la capital francesa. Lo bueno, nos comentan, es que Tungüí tiene una orden de aprehensión y una ficha roja en Interpol para su inmediata captura, al igual que el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez. ¡Oh là là! (El Universal, Nación, p. 2)
Contraofensiva. Es realmente de escándalo como tiran bala los delincuentes en Sinaloa. Decenas de sicarios accionaron sus armas y se grabaron, sin molestarse siquiera en taparse el rostro. Son amos y señores de su región. Por ello, el gobierno federal, en colaboración con autoridades municipales, estatales y especialistas en seguridad, trabajan en un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para homologar la actuación de los cuerpos policiales, señaló el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota. Entre los objetivos están lograr óptimos niveles de desempeño y profesionalismo, pues este nuevo modelo incluye a la Guardia Nacional, explicó durante su participación en el panel Ciudades Seguras. No pedimos mucho: acaso que se acerquen al nivel de reacción que muestran esos jovencitos de Sinaloa. Gracias, gobernador Quirino Ordaz. (Excélsior, Nacional, p. 17)
QUE el debate acordado para este martes en San Lázaro sobre los hechos de violencia y la liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán sacará chispas entres las curules, pues la mayoría de Morena y el PT ha mantenido una confrontación constante desde el pasado jueves con las bancadas de la oposición y hoy llegan todos con la beligerancia a flor de piel. O sea que si en Sinaloa no hubo abrazos, acá tampoco pinta para eso… (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Vienen renuncias.- Se ubica a Manuel El Mono Muñoz como un operador financiero de Los Zetas, especialista en inversiones en el viejo continente. Todo mundo lo sabía, entre otras cosas porque El Mono se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante una corte texana.
Todo mundo estaba enterado, menos el SAT que tuvo el humanista gesto de condonarle un adeudo fiscal de más de 90 millones de pesos a una de las empresas de El Mono.
El gobierno de la 4T subrayó y refrendó que habían terminado las condonaciones de impuestos, ¿cómo fue que ésta se les coló?
El presidente López Obrador dijo que pueden venir renuncias en el SAT. ¿Cuántas y de qué nivel jerárquico? (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 2)
Quienes están al tanto de la grilla en el Palacio de Donceles, nos cuentan que el reacomodo en el Gabinete de la señora Claudia Sheinbuam seguirá. Dicen que la mandataria considera que le falta uno que otro apretón de tuercas a la maquinaria, puesto que está obligada a entregar buenos resultados después de vivir un año complicado en algunas áreas. Aunque se dice que el próximo cambio no será por malos resultados sino por órdenes de allá arriba. Sí, el rumor de que la Secretaria de Educación, Rosaura Ruiz, será la nueva voz de mando en el Conacyt, en sustitución de María Elena Álvarez Buylla, está cada vez más fuerte. Otro ruido que se escucha es que la titularidad de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, que hoy ocupa Larisa Ortiz, podría ser ocupado por una de las gentes de confianza de la doctora que anda suelta desde diciembre pasado y que tiene que ser acomodada ahora que son tiempos de cambios. (La Crónica de Hoy, Metrópoli, p. 11)
Culiacán a debate en San Lázaro.- Hoy, legisladores de la Cámara de Diputados sostendrán un debate sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, el cual comenzó el pasado jueves luego de que la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, subiera el tema a tribuna cuando se discutía el Paquete Económico, en el que pidió la renuncia de miembros del Gabinete por haber permitido que la situación se desbordara, además de que confirmó que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, había sido liberado por presiones y amenazas del crimen organizado, señalamientos que la bancada de Morena tardó 24 horas en responder, ya que enfocó sus respuestas en acusaciones en contra de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas, por permitir que naufragara la discusión económica; Morena fue el más entusiasta en apoyar en la Jucopo que se formalice el debate, por lo que los nombres de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña mantendrán su vigencia en el recinto legislativo de San Lázaro. (La Razón, México, p. 2)
Les toman la medida en Bucareli.- Por lo visto campesinos, normalistas, taxistas y ahora integrantes de la organización México Unido por una Vivienda Digna, ya le tomaron la medida a la Secretaría de Gobernación y saben que con impedir la entrada y salida de trabajadores o plantarse en las puertas o dentro de las instalaciones, los atenderán de inmediato. Apenas el fin de semana se retiraron los integrantes del Frente Auténtico del Campo, quienes por varios días presionaron con el cierre de los accesos a la dependencia, y ayer llegaron los de Vivienda Digna e intentaron hacer lo mismo para hacer presión, Y sí, les resultó, pues de inmediato los atendieron. (El Financiero, Nacional, p. 35)
Mexicanos no matamos con armas gringas.- Bien por la reunión del canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el embajador de EU, Christian Landau, para tratar de ponerle fin al ingreso ilegal de armas a nuestro país. Si bien no es un problema que cometa directamente al Gobierno de EU, sino a terceros, como la Asociación del Rifle y otros intereses, nos dicen que nadie vería mal que México construyera un muro virtual en sus fronteras para detener el flujo de armas. Está claro que el crimen organizado se ha aprovechado durante años de esa porosidad. ¿Quién las dejará pasar?, ¿funcionarios en aduanas? ¿Será? (24 Horas, Opinión, p. 2)
Luego de una reunión entre el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, entre otros funcionarios, el primero manifestó el compromiso de su gobierno de detener el tráfico de armas de procedencia estadunidense que ingresan a nuestro territorio por la frontera común, así como el de desburocratizar las respuestas institucionales de Washington ante ese grave problema.
Sin duda, la violencia delictiva en el territorio nacional, el control de extensas zonas de la nación por parte de la delincuencia organizada –dolorosamente confirmado el jueves en la capital sinaloense– y la aguda inseguridad que padece la población son fenómenos multifactoriales, pero es innegable que en esas situaciones tiene un peso específico el hecho de que México ha sido convertido, tanto por los intereses corporativos del llamado complejo militar-industrial, como por las estrategias erradas de gobiernos nacionales anteriores, en un vasto mercado para la industria armamentística estadunidense. (Editorial, La Jornada, p. 8)
Después de la impresionante exhibición de armamento del grupo delincuencial que salió a proteger a Ovidio Guzmán el jueves pasado en Culiacán, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apuró una reunión para el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con el embajador de Estados Unidos en México para el tema del tráfico de armas entre ambos países.
En realidad el tema del tráfico de armas es global y el mundo ya tiene un instrumento para intentar controlarlo. En 2014, la oficina para asuntos de desarme de la ONU logró la firma por parte de decenas de países del Tratado de Comercio de Armas. Estados Unidos lo firmó, pero nunca lo ratificó y por lo tanto no es parte del acuerdo.
Ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuitéo: “Concluyó reunión convocada por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con embajador de EU y su equipo para congelar tráfico ilícito de armas hacia México. Habrá un antes y un después de la llamada del sábado entre los Presidentes López Obrador y Trump en esta materia”. Pues a menos que el presidente Trump ya no sea presidente… O la Asociación Nacional del Rifle esté muy preocupada por Culiacán… O… todo es nomás un cuento. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
¿Es posible congelar el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos hacia México, como acordaron los presidentes de México y de aquel país en su conversación telefónica, como afirmó el canciller Marcelo Ebrard? La respuesta de los especialistas es NO.
¿Es posible que usando tecnología de los dos países se pueda cerrar la frontera y congelar el tráfico de armamento, como dijo Marcelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo saber a Donald Trump? Bueno, la tecnología ya existe, pero no la utiliza para esa causa. Y si la usan, pues los agentes aduanales de ambos países se hacen de la vista gorda.
¿Cuáles serán entonces las acciones inmediatas de las autoridades de los dos países que según Ebrard se presentarán en el transcurso de esta semana para lograr el objetivo de “congelar, no reducir, el tráfico de armas”? (Luis Soto, El Heraldo de México, País, p. 7)
EU: difícil cerrar la frontera a las armas.- Con admirable optimismo, los funcionarios del gobierno de la República participan en reuniones con los funcionarios del gobierno norteamericano para discutir los detalles de la “cooperación binacional” contra el tráfico de armas.
No serán los representantes del gobierno de Washington quienes nos contarán de los compromisos históricos del establishment político norteamericano con los defensores de su Segunda Enmienda Constitucional y el derecho a poseer armas.
Menos nos dirán que romper ese compromiso, a menos de cuatro meses de que inicien las elecciones primarias por la candidatura presidencial, puede costarles muy caro. ¿Qué necesidad hay de destruir nuestras ilusiones? (José Fonseca, El Economista, Política, p. 35)
Efectos secundarios.- MISIONES. Por instrucciones presidenciales, Marcelo Ebrard Casaubón contactó al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para dar seguimiento a la conversación sostenida el pasado sábado entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sobre las acciones conjuntas que servirán para frenar el tráfico ilícito de armas en la frontera que une ambas naciones. Y junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, atenderá ese tema central en la relación binacional. Mientras, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue enviada a Tokio, como jefa de la delegación que atestiguó la ceremonia de proclamación de Naruhito y el inicio formal de la nueva era Reiwa. Una comisión de última hora, que obligó a la exministra y senadora en licencia a estudiar el rígido protocolo de la casa imperial. La última entronización se efectuó hace 19 años y congregó a 2,500 invitados especiales. (Alberto Aguirre, El Economista, Política, p. 37)
Alejandro Gertz Manero informó ayer que la Fiscalía General de la República bajo su mando “ha asumido plenamente la investigación” del desastre interinstitucional del jueves en Culiacán, “la cual será ejemplar”, y prometió que no habrá impunidad para los responsables.
Sin indicios conocidos para relacionar o, mucho menos, equiparar casos tan distintos, alardeó que lo sucedido en la capital de Sinaloa “no va a ser otro Ayotzinapa…”.
Incomprensible, la invocación de lo sucedido hace un lustro en Guerrero con los estudiantes victimados por narcotraficantes, lejos de alentar el optimismo de que se sabrá lo que pasó, permite especular: ¿acaso el fiscal sospecha o tiene datos que apunten hacia la probabilidad de que los matones de Sinaloa fueron apoyados por servidores públicos, como lo hicieron los policías municipales que levantaron a Los 43 para entregárselos a los asesinos? (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
¿Hay molestia en las Fuerzas Armadas? ¿Están enojados soldados, marinos y guardias con el presidente, con su Comandante Supremo? ¿Están hartos de que no los dejen responder, de que la orden sea aguantar la humillación, que suelten a un icónico detenido, que aparezca en una foto con el uniforme militar? ¿Hierve la tropa? ¿O por qué el ejército se deslinda del fracaso del operativo de Culiacán en dos videos semioficiales?
2.- Este es un presidente que ha mostrado más empatía con los victimarios que con las víctimas. ¿No va a ofrecer disculpas por poner en riesgo la vida de la gente de Culiacán a consecuencia de un operativo desastroso? El viernes que lo entrevisté en W Radio, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se disculpó. Gesto reconocible. ¿Y los demás? ¿El presidente no se disculpará a nombre de su gobierno? ¿Por qué presume tanto la administración federal sus disculpas por episodios infames que sucedieron hace 50 años y no es capaz de pedir perdón por el que sucedió la semana pasada?
3.- Déjese las disculpas. ¿Y las condolencias? El presidente no ha ofrecido ninguna por los soldados y policías caídos en Culiacán, y prácticamente a largo de todo su gobierno ha sido parco en solidaridad con los deudos de uniformados que han perdido la vida. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Ya sabemos que la detención del hijo de El Chapo Guzmán fue el fruto de un operativo hacia un objetivo de seguridad, de un hombre con pedido de extradición de Estados Unidos, cuya orden se quería cumplimentar. Sabemos también que la tesis de que tardó en llegar la orden de cateo no tiene sentido: Ovidio estuvo detenido por lo menos cuatro horas, se le hicieron todos los estudios antropomórficos para confirmar su identidad e incluso se le tomaron fotos que se distribuyeron a redes y medios. Según el New York Times, junto con él fue detenido, en una marisquería, su medio hermano, Iván Archivaldo Guzmán, quien también habría sido liberado.
Es difícil de creer que un equipo de militares altamente entrenado hayan cometido en un operativo con este tipo de características errores de improvisación. Hay muchos problemas de diseño en la estrategia de seguridad, incluso en el ámbito legal y de toma de decisiones.
Un presidente, más allá de defender una acción, controvertida o no, lo que debe garantizar es la transparencia en el accionar gubernamental y el cumplimiento de la ley. En el caso de Culiacán, lo que tenemos es penumbra y falta de claridad. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 14)
“Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana, en el conflicto de Culiacán, Sinaloa -declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de octubre –. No nos importa que los conservadores, autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera”.
Sin embargo, quienes tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, cometieron un delito. El artículo 150 del Código Penal Federal establece una sanción de “seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.
El único funcionario que ha sido destituido y que está siendo investigado por los hechos de Culiacán, no obstante, es Eduardo Bailleres Mendoza, quien fue despedido de su cargo como director del penal de Aguaruto de Culiacán por la fuga de 55 reos el 17 de octubre. Parece injusto. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)
Nunca creí en la frase “Si no pueden, renuncien”, que resonó hace unos años como lema de quienes querían una reacción más eficaz del gobierno frente al crimen. Y no es que cuestione las intenciones de quienes pedían la renuncia de los funcionarios encargados de la seguridad y la procuración de justicia, algunos de ellos víctimas directas de los delincuentes. Al contrario, creo que es indispensable que al gobierno se le critiquen sus errores y se le exijan mejores resultados, es parte de la vida en democracia. Sin embargo, pedir la renuncia no es más que un desahogo de la indignación, un grito de dolor, una válvula de escape para la frustración si se quiere, pero que termina siendo reduccionista y estéril.
Pienso en esto mientras contemplo la arena en la que se construye la opinión pública, y que muy fácilmente podemos diseccionar con cuchillo sin filo entre quienes se regodean con el fracaso del gobierno en el operativo de Culiacán, pidiendo renuncias sumarias, como si les diera gusto que los hechos confirmaran sus prejuicios y, por otro lado, están quienes tratan de vendernos el frustrado arresto del ahora célebre Ovidio Guzmán como si fuera un éxito del espíritu humanista.
En realidad, lo que pasó en Culiacán, sin dejar de ser un sonoro fracaso operativo, de coordinación, de comunicación y una muestra de grave incapacidad del gabinete de seguridad, es congruente con las propuestas, expresiones y discurso del presidente, por lo que no deberíamos estar sorprendidos, desengañados ni tampoco indignados. El gobierno actuó en congruencia con sus propuestas. (Benjamin Hill, El Financiero, Opinión, p. 32)
En lo que parece ser un estrechamiento del cerco en torno a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pedido información detallada de los movimientos financieros y bancarios de 56 políticos, empresarios, ex colaboradores y amigos del expresidente de México, todos ellos originarios o avecindados en el Estado de México, y a quienes están rastreando lo mismo en la banca privada y en las Sofom, que en sus “operaciones inusuales”, que en peticiones a la Fed de Estados Unidos, vía la embajada en México, y la Interpol, o en información pedida a la Unión Europea, a la Defensa y la Marina, en la Plataforma México, que en los Tribunales penales y Administrativos.
La lista de peñistas y mexiquenses, todos vinculados al Grupo Atlacomulco y cercanos al expresidente Peña Nieto, incluye desde el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular de Sedesol, Luis Miranda Nava; el exdirector de la CFE y exdirigente del PRI y actual diputado federal, Enrique Ochoa Reza, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, hasta el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el exsecretario particular, Erwin Lino; el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández; el exsecretario auxiliar y actual diputado federal del PVEM, Jorge Corona Méndez; el extitular de la UIF de Hacienda, Alberto Bazbaz; el extitular de Capufe, Benito Neme Sastre; la excoordinadora de Estrategia Digital de Los Pinos, Alejandra Lagunes, y el exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Eran las 13 horas del jueves 17 de octubre. Dos horas antes del fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio, el hijo de El Chapo Guzmán. Fuera del salón de sesiones del Senado nos topamos con Germán Martínez, exlíder nacional del PAN, hoy senador de Morena. Nos acercamos para preguntarle sobre el asesinato de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán, su estado natal. Se fue contra el gobernador perredista de la entidad:
“Una gran parte de la responsabilidad sí está en el gobernador Silvano Aureoles. Debe rendir cuentas de la estrategia. Michoacán no puede tener permanentemente una tutela federal en materia de seguridad. Cada uno de los estados debe crear capacidades locales de combate al narcotráfico. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)