La firma falsa de Emilio Lozoya
Nos comentan que la Secretaría de la Función Pública detectó que, en un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, contra la inhabilitación por 10 años que le fue impuesta, la firma estampada es falsa. La Secretaría, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, alegó ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa esta irregularidad y ofreció como prueba un peritaje grafoscópico. Ahora se tendrán que realizar, por parte de la defensa de Lozoya y de la Fiscalía General de la República otros peritajes para determinar la autenticidad de la firma. Nos dicen que, como parte del procedimiento, es posible que los magistrados requieran la presencia del propio Lozoya en el Tribunal para estampar su firma ante la autoridad judicial. Esta sería una buena oportunidad para disipar dudas, por aquello de que desde que llegó extraditado de España nadie lo ha visto. ¿Habrá llegado el Lozoya original o uno falso?
Otra acusación contra Luis Videgaray
Nos comentan que como si no tuviera suficiente con estar involucrado en las acusaciones del caso Lozoya, a Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en el sexenio pasado, ahora el gobierno federal ya lo está involucrando en otro escándalo. Nos detallan que ayer al presentar un informe sobre fideicomisos, Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación, señaló que el exsecretario podría ser uno de los funcionarios de la administración pasada que están involucrados en la entrega de 73 millones de dólares a la fundación de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien se ha deslindado de recibir esos recursos. Ante el amago del Presidente de que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General cuando se compruebe que hubo actos de corrupción en fideicomisos, don Luis podría estar en el borde de una nueva tormenta. (El Universal, Opinión, p.2)
Resulta complejo calcular ahora las implicaciones que tiene para nuestro país, no solo al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de las instituciones de gobierno que podrían participar en la dinámica de macrocriminalidad. Que la presunción de inocencia sea el criterio prioritario de cualquier análisis que aborde esta detención, no implica, como hacen algunos, acusar a la justicia estadounidense de armar un montaje para agraviar al General. Tampoco debe silenciar reflexiones.
En este sentido, el gobierno mexicano no realizará investigaciones complementarias ni revisará posibles redes de complicidad, hasta que EU envíe la información. Esta postergación puede ser una equivocación determinante en la procuración de justicia, que podría incluso realizarse paralela pero independientemente de la investigación sobre las acusaciones contra Cienfuegos en el país vecino.
Un primer paso para iniciar investigaciones en México debería ser ubicar tiempo, modo y circunstancias en las que trabajaba la red de contactos del General Cienfuegos. Tal es el caso de la entonces Procuraduría General de la República. Entre 2015 y 2017, durante las administraciones de Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade, y justamente en los años que Estados Unidos señala a Cienfuegos de participar en actos ilícitos; al menos cuatro miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y el yerno del General ocuparon puestos clave de dirección en la PGR. (Maite Azuela, El Universal, Opinión, p. 2)
José Rodolfo Villareal Hernández encabeza la lista de los fugitivos más buscados por el FBI que ofrece una recompensa de 1 millón de dólares a quien aporte elementos para su captura.
Le apodan El Gato, es originario de Nuevo León, tiene 42 años y es, también, el jefe máximo de lo que queda vivo en el Cártel de los Beltrán Leyva, se le acusa de ordenar, en 2013, la ejecución del abogado del Cártel del Golfo, Juan Guerrero Chapa, que en ese entonces radicaba en Texas.
Una investigación presentada por el periodista Óscar Balderas en el programa a mi cargo en MVS Noticias, da cuenta de la importancia que la captura de El Gato tendría en el caso que los fiscales norteamericanos arman contra el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.
Apenas un par de días antes de la detención de Cienfuegos en California, El Gato fue incluido en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense, la principal razón, apunta Balderas basado en diversas fuentes de seguridad en ambos lados de la frontera, es que el hombre guardaría los secretos que durante años llevaron a Cienfuegos a proteger, e incluso cooperar, con el cártel H2 a cambio de millonarios sobornos que tendrían el objetivo de convertir al grupo criminal en una cofradía intocable por la Sedena. (Luis Cárdenas, El Universal, Opinión, p.6)
Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal del Este de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del Ejército mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que comentan fuentes del gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la administración del presidente López Obrador.
Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadounidenses no manejan nombres, se asegura que se trata de oficiales y generales que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron parte de la “red de corrupción” que se coludió con el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados Unidos. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.10)
Por un lado, los portavoces de la Cuarta Transformación dicen que los 68 mil millones de pesos de fideicomisos que están extinguiendo se utilizarán para combatir el Covid-19, pero al mismo tiempo afirman que los investigadores, artistas, deportistas y demás que han recibido recursos de los fideicomisos los seguirán obteniendo, aunque ahora directamente del gobierno. Las cifras no cuadran. O el dinero se usará para la pandemia o para los beneficiarios de los fideicomisos. Lo curioso es que, hasta el mes de agosto, en medio de la pandemia, la Secretaría de Salud ha subejercido su gasto. ¿Por qué la urgencia de apropiarse de más recursos para no utilizarlos?
El presidente López Obrador festejó ayer la aprobación por el Senado de las iniciativas para extinguir los 109 fideicomisos. “Se manejaban sin transparencia -acusó-, sin control, con discrecionalidad y no había fiscalización”. Quizá haya habido irregularidades en algunos; pero, como me dijo ayer Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, los fideicomisos son perfectamente auditables, y más: “No hay un solo caso documentado de corrupción en uno de estos fideicomisos”.
López Obrador acusó a los legisladores de oposición de “enseñar el cobre” al cuestionar, con argumentos, la extinción de los fideicomisos. “La defensa de esos fideicomisos -sentenció- era la defensa de la corrupción”. Advirtió también que se harán investigaciones y se procederá contra quienes hayan cometido ilícitos. Primero extinguió los fideicomisos, ahora los va a investigar. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.10)
AYER quedó claro que si a Steve Jobs le hubiera tocado vivir en los tiempos de la 4T, el iPhone no existiría. Y es que este gobierno llama corrupción lo que en el resto del mundo son inversiones públicas para fomentar la innovación y la competitividad.
YA SE SABE que al Presidente no se le da el pensamiento complejo, pero resulta increíble que una científica como Elena Álvarez-Buylla se preste a manipular los hechos para satisfacer el discurso oficialista. Acusó a varias empresas de beneficiarse del Programa de Estímulos a la Innovación, cuando ni siquiera es un fideicomiso.
EN REALIDAD desde 2009 existe el PEI y sus reglas y procedimientos están establecidos por ley. Además, sus decisiones las avala un Comité Técnico en el que participan el Conacyt y funcionarios de Hacienda, Economía, Educación Pública y los secretarios de Desarrollo Económico de los estados. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
En el mundo se demandan 360 mil millones de dólares de drogas ilegales al año. En Estados Unidos, la demanda por mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas fluctuó entre 120 y 145 mil millones de dólares al año entre 2006 y 2016. Al tener 3 mil kilómetros de frontera común, nuestro territorio ofrece vías idóneas para introducir producto que la satisfaga. Poderosas organizaciones criminales pelean por controlar rutas y puntos de entrada. Al lograrlo, se hacen de cuantiosos recursos; pueden comprar armas, equipo, sicarios e incluso influencia política.
El riesgo extremo es que el crimen organizado determine el resultado de elecciones, o se vuelva una alternativa al Estado. Esto ya ocurre en algunas regiones. Los narcos ofrecen la protección que debería brindar la policía, cobran impuestos -derecho de piso-, reparten ayuda a poblaciones vulnerables, comprando su lealtad, y “hacen justicia” incluso en casos de violación o de violencia doméstica. México se vuelve un narcoestado.
Hay factores que aceleran ese desenlace. Primero, que nuestra economía se desmorone, eso le resta capacidad al Estado para proveer seguridad, justicia, servicios y construir infraestructura básica. En un país más pobre, más estarán dispuestos a aceptar ayuda de quien la ofrezca. Un gobierno sin recursos deja espacios que otros, con otros intereses, llenan. Un país con instituciones débiles es terreno fértil para criminales. Todo contribuye: funcionarios mal pagados, mayor discrecionalidad en la toma de decisiones, menos transparencia en adquisiciones gubernamentales. El mejor antídoto provendría del fortalecimiento de instituciones que serán menos corruptibles que los individuos, de fortalecer las capacidades del Estado y sus contrapesos, de invertir en capacitación y tecnología para contener actividades ilícitas, de insistir en niveles máximos de transparencia, de evitar el uso cotidiano de efectivo para poder rastrear el movimiento de dinero obtenido de transacciones ilegales. (Jorge Suárez-Vélez, Reforma, Opinión, p.11)
Que en áreas federales y en las cúpulas morenistas perciben un tufo de traición, luego de que la bancada del PT decidió ir contra la propuesta de la extinción de 109 fideicomisos, iniciativa que surgió desde el mismísimo Palacio Nacional, y también observan ingratitud, pues aseguran que ese partido se ha sostenido y crecido al amparo de su alianza con AMLO. Por cierto, ahora andan a la caza de candidatos bloqueados en Morena, en el resucitado PRI y en el PRD, como Ana Gabriela Guevara en Sonora y ahora la otrora perredista Beatriz Mojica en Guerrero.
Que el contagio del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, causó conmoción pues no solo tuvo contacto en las últimas 48 horas con un sinnúmero de legisladores por el paquete fiscal, sino que el lunes pasado sostuvo un encuentro con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y sus homólogos de las otras fracciones. Por eso la presidenta Dulce María Sauri y los coordinadores Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez, Reginaldo Sandoval, Tonatiuh Bravo, Jorge Argüelles, Verónica Juárez y Arturo Escobar informaron que gozan de cabal salud y la mayoría se ha sometido a las pruebas con resultados negativos hasta ahora. (Milenio, Opinión, p.2)
Llevamos algunas semanas debatiendo sobre fideicomisos, que si son buenos, que si son malos, que si son transparentes, que si no tanto.
Que si se debieran terminar unos, pero otros no. Que si parlamento abierto, que si cerrado, que si vayan a la Comisión, que si cierren la Cámara de Diputados que luego el Senado.
Arturo Herrera en dos videos nos explicó, pues, que los fideicomisos sí sirven para algunas cosas, pero que había que terminar con ellos y que nadie debería preocuparse. (Carlos Puig, Reforma, Opinión, p.2)
“Lo que no se vale es que no nos informen”, dice, con toda razón, el presidente López Obrador respecto de la captura del general Cienfuegos, en octubre de 2020, con una orden de arresto emitida en agosto de 2019, fundada en una investigación de la DEA.
Tampoco se vale, y esto desde el principio de los tiempos, que las agencias de inteligencia estadunidenses, la DEA en particular, operen clandestinamente en el país sin rendir cuentas más que a ellos mismos.
Nadie sabe cuántos son, qué hacen, a quién vigilan, qué teléfonos intervienen, de cuántos operativos letales son responsables, cuántas violaciones de derechos humanos hay en su haber dentro de suelo mexicano, cuánta complicidad y cuánta responsabilidad tienen en la violencia que asola México.
Dicen tener miles de mensajes y llamadas telefónicas intervenidas de Cienfuegos o sobre Cienfuegos. ¿Obtuvieron alguna autorización judicial para intervenir todas esas llamadas? (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Mancera, frivolidad y corrupción // Se va De Hoyos (Coparmex) // El sí pinochetista // Adiós a Paul Leduc
Uno de los grandes errores de la izquierda electoral mexicana ha sido la postulación de Miguel Ángel Mancera Espinosa (MAME) como candidato a la jefatura del gobierno capitalino.
Sin antecedente alguno de haber sido militante o simpatizante de la izquierda (en una desesperación declarativa llegó a decir que era de izquierda porque había viajado en Metro), habilitado por Marcelo Ebrard (quien le llamaba Miguelito) como procurador de justicia en la Ciudad de México, Mancera se sacó casi literalmente la lotería cuando Mario Delgado, la carta de Ebrard, no fue aprobado en 2012 en los acuerdos finales con Andrés Manuel López Obrador y se postuló como carta emergente a quien ahora está siendo revisado en su patrimonio particular, al igual que algunos de sus principales colaboradores, como sucedía anoche en el domicilio de Luis Serna (hermano de Julio César, también ex funcionario mancerista), quien fue su secretario particular y formó parte de un primer círculo al que muchas voces bien informadas señalaban como operadores de sistemáticas maniobras corruptas a nombre de la administración capitalina.
Mancera fue un gobernante frívolo, desapegado del ejercicio de sus funciones y entregado en su momento al peñismo. Una parte de su gabinete, dirigido en un primer tramo por las marrullerías de Héctor Serrano, tuvo constantes señalamientos de corrupción e ineficacia. Los grandes negocios inmobiliarios son una parte del catálogo oscuro por el cual debe responder ese mancerismo refugiado en lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p. 6)
La tarde del martes 18 de febrero de 1997, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, dio a conocer la detención del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, por sus nexos con el narcotráfico.
En un hecho inédito en una reunión privada ante 300 altos mandos militares, hizo el anuncio de la detención de quien calificó de traidor:
Durante los últimos años, el general Gutiérrez Rebollo engañó a sus superiores, defraudó la confianza en él depositada, atentó contra la seguridad nacional de México y vulneró el esfuerzo conjunto de las instituciones en contra de narcotráfico, ya que si bien actuó eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes, ahora consideramos que también sirvió consciente y preponderantemente a los intereses y al fortalecimiento de otro grupo; se refería al llamado Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez.
A la mañana siguiente, 19 de febrero, me tocó cubrir el más sombrío Día del Ejército, en el Campo Militar Número Uno, donde entre los mandos solo había un tema: Gutiérrez Rebollo. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Acabar con los fideicomisos a partir del calumnioso prejuicio de que estaban podridos de corrupción como lo demostrarán las auditorías que se les va a practicar, equivale a aventurar que alguien murió a causa de un aneurisma y que esto lo corroborará la necropsia.
Su extinción es una variante del “mátenlos, después viriguan”.
Contra las indignadas y tumultuarias protestas de los afectados (entre quienes figuran víctimas de la violencia, grupos de búsqueda de desaparecidos, creadores, académicos, estudiantes, cineastas, investigadores y científicos), las aplanadoras de Morena en el Congreso cumplieron con insensible y ciega lealtad los deseos presidenciales.
Aceptando sin conceder que en los fideicomisos privaba la corrupción, lo congruente sería que la misma fórmula se aplique en los Tres Poderes de la Unión y virtual totalidad de las instituciones públicas. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
En sociología jurídica se dice que una de las funciones principales del derecho es la reproducción de las relaciones sociales: conductas que repite la población y, por extensión, el gobierno. Como el derecho es herramienta (está basado en ideas), no promueve todas las conductas, sino aquellas que permiten la permanencia de quienes dictan esos ideales. Algunas, como recurrir al juicio de amparo, se basan en el respeto a la legalidad: si, por ejemplo, quienes no reciben los insumos médicos los tomaran a la fuerza de los almacenes oficiales, dejaría de tener sustento la promoción de medios legales.
La detención en EUA de un mando militar de primer nivel es una relación social supranacional. La conducta del gobierno mexicano, omisiva en cuanto a la persecución directa de esta persona, no es novedosa. La lista de políticos y narcodelincuentes procesados y sentenciados en EUA sorprende por amplia. Muchos ni se mencionan ya. Si al inicio del sexenio del presidente Calderón se envió una docena de narcos de primera magnitud, para que se hiciera allá el trabajo de sentenciar a multihomicidas, la omisión del actual gobierno para procesar a los mexicanos presos en EUA sólo es una perpetración de aquella relación social. Es preferible ayudar que actuar, enviar a EUA evidencias que aquí pudieron usarse para hacer detenciones directas.
Poco se dice del pago de millones de dólares que como sentencias se imponen en EUA a los delincuentes mexicanos, además de la mucha o poca cárcel. A Osiel Cárdenas se le multó con 50, al Chapo Guzmán 12.700, ambos millones de dólares (Wikipedia y BBC dixit); muy poco en relación con los beneficios del Cártel de Golfo, pero si se junta con los demás sentenciados se obtendrá una cifra considerable. (Ricardo Guzmán Wolffer, La Jornada, Opinión, p.35)
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en uno de esos típicos movimientos favorables al capitalismo mundial, quiso imponerle al gobierno mexicano en funciones lo que siempre logró imponer a los gobiernos anteriores: cancelar proyectos estratégicos, como el de la refinería de Dos Bocas, y disminuir el gasto social. El rechazo de Andrés Manuel López Obrador a esa decisión tendría que haber sido evaluado como un acto histórico.
Se entiende el vacío que le hicieron los grandes empresarios, sus medios y sus organizaciones gremiales y también los civiles, que hacen del nombre de México una grotesca gesticulación. Y por tanto las críticas que le enderezaron.
Es una cuestión de clase. Los grandes empresarios son, en México y en todos los países similares al nuestro, embajadores de la burguesía internacional. En nuestra historia esto se halla debidamente documentado. (Abraham Nuncio, La Jornada, Opinión, p.15)
Bolivia vivió una jornada histórica el domingo pasado. A 363 días de las elecciones presidenciales que marcaron el punto de inicio de la crisis político-electoral, finalmente, se llevaron a cabo los comicios electorales que se habían pospuesto y fijado en tres ocasiones distintas. Se realizaron en paz, sin incidentes: una verdadera fiesta democrática.
Los resultados oficiales aún están pendientes, toda vez que a las dos de la tarde del 20 de octubre el cómputo oficial arroja poco menos de 70 por ciento de actas escrutadas (con 51 por ciento en favor del MAS y 31 por ciento para Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa). No obstante, los números de las encuestas a boca de urna son contundentes. El contendiente más cercano ya concedió la victoria en primera vuelta a Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); el gobierno interino y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hicieron lo propio y empiezan a publicarse las felicitaciones internacionales, incluida la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard con el ganador.
El momento es oportuno para reflexionar sobre lo acontecido durante este último año. Me remito a esa larga noche entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. A través de una hazaña de grandes implicaciones, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana le salvó la vida a Evo Morales, después de haber solicitado asilo a nuestro gobierno. Hoy queda clara la relevancia de ese hecho y sus alcances: haber rescatado a Evo Morales es haber escrito con nuestro puño y letra un capítulo importante en la historia de Latinoamérica. (Maximiliano Reyes Zúñiga, La Jornada, Opinión, p.15)
Se necesita ser cínico y apellidarse López Obrador para tener los arrestos de Pío López Obrador, por demandar a Carlos Loret, el 2 de octubre, por la divulgación de videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia”, por lo cual pide que se le sancione con 12 años de cárcel. El hermano menor del Presidente se ampara en el capítulo sobre revelación de secretos del Código Penal, para castigar a quien dé a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas en una intervención privada. Ese derecho entra en colisión con otro, el de la libertad de prensa, que en caso de difamación se sanciona administrativamente, porque las penas penales, muy propias de regímenes autoritarios, se anularon hace tiempo.
¿Difamó Loret? ¿Qué fue lo indebido que hizo? A juicio de Pío, exhibirlo cuando recibe casi un millón de pesos en efectivo “para la causa” de un operador político vinculado al Partido Verde, David León, que poco después fue alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es un delito electoral. Otro, especificado contenido en el mismo Código Penal, es de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que entra al ámbito de la delincuencia organizada, por lo cual ambos irían a la cárcel, mientras prueban su inocencia. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.34)
A veces pienso que una virtud de Andrés Manuel López Obrador es que ahora valoramos más el dinero del gobierno.
En octubre de 2016 una investigación periodística de MCCI reveló que Juntos Podemos, iniciativa presidida y amadrinada por Josefina Vázquez Mota, recibió del gobierno de Peña Nieto 900 millones de pesos. Meses después surgieron documentos que indicaban que esa cifra era aun mayor.
En el momento de la revelación periodística, Vázquez Mota negó los hechos, pero los documentos no dejaban lugar a dudas: ella era la cara pública y aliada de un esquema donde la Cancillería mexicana daba millones de dólares, a través de consulados, a fundaciones radicadas en Estados Unidos que luego se negaron a reportar a la ASF sobre el uso de esos recursos. La panista, además, fue consentida por Videgaray-Meade con boletos de avión, choferes y viáticos en viajes por ese país, etcétera. (Salvador Camarena, El Financiero, Opinión, p.35)
Esta noche veremos el último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, a menos de dos semanas del final del proceso electoral en el país. El escenario será la Universidad de Belmont, en Nashville, Tennessee, y habrá algunos cambios de reglas.
El principal impedirá que el presidente Donald Trump, como es su costumbre, interrumpa continuamente a su oponente, el candidato demócrata Joe Biden. Después de cada pregunta, los candidatos tendrán dos minutos para exponer sus posturas, con el micrófono del rival apagado. Luego de estas presentaciones, ya podrán dialogar, o bien, increparse, gritarse y hasta insultarse, como ocurrió en el primer debate.
El debate, con 90 minutos de duración, tocará los siguientes temas: la lucha contra el Covid-19, las familias estadounidenses, seguridad nacional, liderazgo, cambio climático y relaciones raciales. Los temas tendrán una duración de 15 minutos cada uno. El reducido número de invitados al evento tendrá que usar cubrebocas o serán removidos del salón. (Jorge Berry, El Financiero, Opinión, p.25)
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó ayer 21 de octubre, su informe mensual de incidencia delictiva correspondiente a septiembre durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Empezó su presentación diciendo que ese era su último informe sobre el tema en vista de que en los próximos días renunciará a su cargo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de su estado.
Durazo, de 66 años, deberá ganar la elección para lograr ser el sucesor de la priista Claudia Pavlovich porque en esta ocasión, a diferencia de las otras veces que compitió por un cargo de elección popular, ni habrá premios de consolación ni la fuerza electoral de AMLO para impulsarlo. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Opinión, p.44)
Con una votación en lo particular de 64 senadores a favor y 39 en contra, ayer, a las 8:35 de la mañana, se consumó la eliminación de 109 fondos y fideicomisos, con lo que un monto de 68 mil 400 millones de pesos quedó a disposición del gobierno federal.
Al expresar su voto de forma nominal, la senadora morenista sudcaliforniana Lucía Trasviña hizo el equivalente de la roqueseñal de hace un cuarto de siglo. “A favor, cabrones”, expresó.
De esa manera, sin convencer a nadie más que a los ya convencidos, apabullando a la oposición y pasando por encima de las razones que muchos grupos de la sociedad presentaron, al final se hizo la voluntad del presidente López Obrador.
Fue una muestra más de que, en el campo oficialista, una sola opinión es la que cuenta. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
Nos llegó copia de la carta de la Barra Americana de Abogados (ABA) dirigida al presidente López Obrador.
La misiva está fechada el 20 de octubre en Chicago. Está firmada por Patricia Lee Refo, presidenta de esa asociación.
Su contenido tiene que ver con presiones a personas físicas y morales en México, que, supuestamente, están en deuda con el fisco. Pero, también con declaraciones de altos funcionarios del SAT, que acusan a juristas nacionales de obstaculizar los objetivos de la 4T.
Cito textual: “El gobierno ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales, que se abstengan de buscar alguna representación legal. Les sugieren acercarse directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco”.
La misiva afirma que la Procuraduría Fiscal ha iniciado, o amenaza con hacerlo, investigaciones de carácter penal, como parte de su estrategia de negociación para presionar a personas o entidades que, según el SAT, evaden el pago de impuestos. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Naturalmente, las elecciones del próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos se han concentrado en la presidencial. Sin embargo, las elecciones del Congreso tendrán un peso muy importante en el poder real que tendrá Donald Trump o Joe Biden los próximos cuatro años.
Comencemos con la posibilidad de que gane el candidato demócrata a la Presidencia. Hoy tiene una ventaja importante en las encuestas y los modelos de predicción. Los apostadores se muestran más escépticos por el posible triunfo de Biden al otorgarle un 60% de probabilidad de ganar, por arriba de Trump que está en 40 por ciento, pero tampoco es una diferencia espectacular.
Vamos a asumir, sin embargo, que, efectivamente, gana Biden. Todo indica que los demócratas, que hoy tienen mayoría en la Cámara de Representantes, mantendrán el control de ese órgano legislativo. Hoy, en las apuestas, le están dando una probabilidad de 85% de que así suceda. Entonces, el partido del presidente Biden tendría mayoría en una de las cámaras del Congreso.
El tema está en el Senado. Actualmente, los republicanos tienen 53 de los cien senadores. Ergo, cuentan con mayoría. En la próxima elección estarán en juego 35 de los cien escaños, de los cuales 23 los tienen ahora los republicanos y 12 los demócratas. Esto quiere decir que los republicanos tienen más que perder en esta elección. (Leo Zuckermann, Excélsior, Opinión, p.7)
Congruencia. Tras difundirse la grabación de profesores de la UNAM acosando a alumnos a través de clases virtuales, la reacción en redes sociales fue de completa indignación, pero hay que destacar la reacción del rector Enrique Graue, quien remitió al Tribunal Universitario el caso de los dos profesores de la Facultad de Química, exhibidos por los propios alumnos haciendo expresiones misóginas durante las clases a distancia. Ambos personajes ya fueron separados de sus cargos como docentes y se espera que el órgano colegiado determine su cese definitivo. La máxima casa de estudios recalcó su compromiso en la lucha para “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género”. Es impensable que en pleno siglo XXI haya profesores de la prehistoria. Otra buena decisión del rector. Una más.
Hay oficio. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que México gana con la extinción de los 109 fideicomisos públicos. Y es que el legislador ingresó el martes a la casona de Xicoténcatl como bombero de la 4T y salió ayer en la mañana como el operador político máster que conocemos. Ante la ofensiva de la oposición, el zacatecano logró que asistiera el número suficiente a la Sesión Ordinaria y aseguró el quórum. Hasta los rudos de Morena, comandados por Martí Batres, quisieron hacer la mancuerna con los moderados para sacar adelante y aprobar la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, que representan una bolsa de 68 mil millones de pesos, y el que quedó mal fue el expanista michoacano Germán Martínez, quien votó en contra. ¿Y se dice morenista? ¡Bah!
Responsabilidad cumplida. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el reporte de seguridad en el país correspondiente a septiembre y anunció que renunciará al cargo a finales de este mes. Adelantó que su salida es para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora y desde ahí seguir apoyando el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. “He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura. Consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad histórica que me brindó el Presidente de la República”, expuso Durazo al ser cuestionado directamente sobre su renuncia. El todavía secretario de Estado explicó que las estadísticas de los principales delitos que se cometen en el país van a la baja o han dejado de crecer. Es decir, no abandona el barco en picada. Forja su destino. (Excélsior, Opinión, p.19)
Que si uniones y leyes de convivencia civil no son lo mismo que matrimonio. Que si la opinión del papa Francisco no representa una postura con valor para un segmento del movimiento LGBT+. Que nadie pidió su autorización.
La cita que le dio la vuelta al mundo y llenó titulares: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso (…) Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso…”.
Según reportes de quienes ya vieron este documental, además de esta cita de viva voz del Papa, también se recuperan testimonios de personas homosexuales que han sido ayudadas por el Pontífice. Relata Juan Vicente Boo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano: “Como el romano Andrea Rubera, a quien el Papa, en respuesta a una carta, llamó por teléfono para animarle a llevar a sus tres hijos al catecismo. Según Rubera, Francisco le dijo: ‘por favor lleve a sus niños a la parroquia, sea transparente con la parroquia sobre su familia. Por supuesto no todos estarán de acuerdo con una familia así, pero va a ser bueno para sus chicos’”. El interesado lo agradece como “un gran consejo porque ya es el tercer año que mis hijos siguen un camino espiritual en la parroquia y todo va bien. El Papa nunca dijo cuál era su opinión sobre mi familia, probablemente él sigue la doctrina en este punto, pero es la actitud lo que cambió increíblemente…”. (Yuriria Sierra, Excélsior, Opinión, p.20)
