Aclaraciones y precisiones del Presupuesto las necesita toda la población, señor secretario de Hacienda, no sólo a través de la televisión. (La Jornada, Contraportada)
EN LO POCO que se conoció ayer del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 hay frases que dejan más dudas que certezas.
POR EJEMPLO, cuando se afirma que se busca cambiar la “visión neoliberal”, pero nomás no se explica eso qué significa.
TAMBIÉN cuando se adelanta que, para ordenar las concesiones, se promoverán reformas a la Ley de Aguas Nacionales y se expedirá una Ley General de Aguas.
Y NO ES por soplarle al jocoque, pero la mayoría de las recientes reformas impulsadas desde Palacio Nacional y avaladas por las aplanadoras legislativas de Morena y sus aliados no han dejado precisamente un buen sabor de boca.
HABRÁ que estar atentos a las modificaciones legales que estará planteando la 4T y sus posibles efectos en los diferentes sectores económicos, especialmente en el agrícola que, de acuerdo con las propias cifras del gobierno, es la actividad en la que se usa el 76 por ciento del agua en el país.
NO VAYA a ser que la nueva legislación en la materia termine siendo un trago amargo para los usuarios.
¿SE ACUERDAN cuando hace apenas dos años Gerardo Fernández Noroña era uno de los principales defensores de la idea de desaparecer al INE por considerar que no era confiable?
PUES ahora el presidente del Senado dice que tiene toooda la confianza en que el organismo puede organizar la elección judicial de aquí al 1 de junio.
ESA MAROMA se la aventó el morenista ayer con tal de no concederle a los consejeros electorales la prórroga de 90 días que solicitaron dada la complejidad del proceso.
TAL PARECE que para Fernández Noroña es más difícil cambiar una fecha que aceptar la realidad de que se trata de una elección que no fue lo suficientemente planeada, que va retrasada y que podría convertirse en un fiasco de proporciones épicas.
VIENDO que mañana estará en Manzanillo para la inauguración de un nuevo acceso al recinto portuario, a ver si Claudia Sheinbaum aprovecha para darle una revisada a los problemas recurrentes en la aduana de ese puerto de Colima.
Y ES QUE la saturación, el pago de recargos, el exceso de trámites y el pago de moches de hasta 400 mil pesos han convertido a ese punto de entrada de mercancías en un verdadero suplicio para los importadores… ¿o ese listón no se corta?
APENAS en septiembre asumió como diputado local en la CDMX pero parece que Pedro Haces Lago ya anda en campaña para el 2027.
EL HIJO del vicecoordinador de Morena en San Lázaro armó una cabalgata “revolucionaria” por las calles de Tlalpan, alcaldía a la que le tiene echado el ojo desde el año pasado.
Y QUE conste que si se puso traje de charro fue para honrar la tradición mexicana y no la condición de líder sindical de su papá. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
¿Problema de luz en Palacio Nacional?
En los últimos dos días un aspecto ha llamado la atención en las conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata, nos dicen, de las curiosas intervenciones de youtubers. que más que preguntas parecen gestiones pagadas, sino que, de forma consecutiva, anteayer y ayer, luces del sistema de iluminación del salón Tesorería se han apagado mientras se lleva a cabo la mañanera. Debido a esto, nos comentan, trabajadores del recinto histórico han tenido que arreglar estos desperfectos durante la transmisión en vivo. ¿Será que la CFE, aún sin Manuel Bartlett, sigue sin dar luz en el segundo piso de la transformación?
Taddei podría estrenar sus superpoderes
Nos hacen ver que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, podría hacer su primer nombramiento con las superfacultades que le otorgó el Congreso. Y no es un cambio menor, pues la secretaria ejecutiva Claudia Suárez renunció y su último día será el 30 de noviembre. Este sería el tercer cambio de encargado en menos de dos años que lleva Taddei al frente del órgano electoral. Previamente, la consejera intentó poner a sus allegados en este cargo, sin éxito, como fueron los casos de Flavio Cienfuegos y, más recientemente, Roberto Carlos Félix, con quien ya había colaborado en el instituto electoral de Sonora. Veremos si vuelve a impulsar esta última propuesta, mientras la Corte resuelve la controversia interpuesta por sus colegas contra estás superfacultades.
Morena, sin prisas para atender al INE
Nos platican que en Morena no corren las prisas por atender la solicitud para retrasar tres meses la elección de jueces y magistrados, pues si bien dijeron que atenderán el tema, no han dicho cuándo. Al INE le urge una definición, pero pasan los días y horas, y se le acorta el plazo para el 1 de junio. Lo cierto es que los líderes guindas en el Congreso han dicho que para ellos la elección debe ser el 1 de junio, por lo que es muy probable que rechacen la petición. Ah, pero eso sí, lo que escucharon fuerte y claro los congresistas, nos recuerdan, fue la propuesta de la consejera presidenta Guadalupe Taddei para amarrarle el cinturón al instituto y que la elección cueste menos de lo programado.
Misa por la paz, la justicia y la independencia judicial
El próximo domingo, nos informan, catedrales de las principales ciudades del país, entre ellas Ciudad de México; Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Morelia, Michoacán, y Mérida, Yucatán, van a efectuar simultáneamente una misa por la paz y la justicia en México y en defensa de la independencia al Poder Judicial. Nos cuentan que se tendrá la asistencia de jueces y magistrados y que los encargados de oficiar la misa serán arzobispos, que es el más alto rango que existe en la jerarquía católica mexicana, después del arzobispo primado de México y el nuncio apostólico. Ese mismo día, nos recuerdan, se cierra el padrón para la inscripción de candidatos a jueces, magistrados y ministros, convocatoria que no ha tenido muy buena respuesta hasta ahora. Quizá en el INE podrían aprovechar para ponerse a rezar que les salga bien la organización de la complicadísima elección que les cayó como papa caliente. (El Universal, p 2)
Que las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados pillaron a la mayoría de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, en un nuevo error y denunciaron que, al aprobar la extinción de organismos autónomos, quedó suprimida la reciente reforma en materia de “supremacía constitucional”, pues se omitió en el articulado del dictamen y ahora, por instrucciones del diputado presidente, Sergio Gutiérrez Luna, se pretende reinsertarla mediante una fe de erratas antes de enviar la minuta al Senado.
Que ante la indefinición en la que quedó el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia y sus 15 mil millones de registros con la reforma constitucional que desapareció al INAI, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar, y Artículo 19, que dirige Leopoldo Maldonado, solicitaron a los comisionados del instituto que les donen los archivos históricos de esa base para resguardar y aprovechar la información acumulada ahí a lo largo de casi una década, para lo cual tendrán una reunión la próxima semana con Adrián Alcalá, Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román.
Que el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, se quejó de que no fue invitado a una plática con el embajador de Brasil en México, a pesar de que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, que encabeza Alejandro Murat. El legislador comentó que se presentó como una “reunión de trabajo”, pero en realidad se trató de un encuentro a nivel personal.
Que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron en sesión privada que sea el próximo 10 de diciembre cuando Norma Piña Hernández rinda su informe de labores ante el pleno. Como es costumbre, se invitará a los representantes de las cámaras de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, así como a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya veremos quiénes asisten en medio de la difícil relación entre poderes durante estos tiempos. (Milenio, Al Frente, p.2)
Sin prórroga, la elección judicial
Sin tratarse de una respuesta oficial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó aplazar 90 días la elección de ministros, magistrados y jueces, como solicitó el INE, presidido por Guadalupe Taddei. “No es lo conveniente, genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, tratar de hacer un cambio a la Constitución, serían muchas las complicaciones”, dijo el legislador. Insistió en que hay condiciones para que los comicios se realicen el 1 de junio de 2025.
Renuncia en el INE
Hablando del INE, con la novedad de que renunció Claudia Edith Suárez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Su dimisión se da un día después de que envió al Senado un oficio solicitando posponer 90 días la elección judicial. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, informó que se va por temas personales y familiares.
Tercia de ases
Papel central tendrá la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, en la ejecución del Plan Nacional Hídrico. Otros funcionarios que serán relevantes son el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el director de Conagua, Efraín Morales López, quienes se coordinarán para concretar la recuperación del agua como bien de la nación.
Avalan más facultades para Harfuch
Resulta que en la Cámara de Diputados sí hubo acuerdo entre las bancadas de la 4T y de la oposición para aprobar la reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch. Fueron 441 votos a favor de la iniciativa, con la que la dependencia podrá realizar labores de investigación para prevenir delitos.
Inicia labor de convencimiento
Toca al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, convencer a EU y Canadá de que la desaparición de siete organismos autónomos de ninguna manera viola el T-MEC, que se revisará en 2026. De hecho, ya empezó la tarea, al afirmar que “en el tratado de libre comercio no existe ninguna obligación entre los países de tener órganos autónomos”.
Entre chiapanecos
Encuentro “fraterno y amistoso” tuvieron el gobernador electo, Eduardo Ramírez, y el ex gobernador y actual líder del PVEM en el Senado, Manuel Velasco. El legislador le deseó éxito en su mandato, y confió en que Chiapas revierta “la grave crisis de inseguridad e ingobernabilidad” que deja Rutilio Escandón.
Desfilan aspirantes a Fiscalía CDMX
El Consejo Judicial Ciudadano, presidido por Jorge Nader Kuri, inició la pasarela de aspirantes a la Fiscalía General de la CDMX. Incluso dio a conocer quiénes tienen mayor apoyo entre la ciudadanía: Fernando Moreno Caballero y Bertha María Alcalde Luján. Ésta última, nos dicen, llega como la favorita para ocupar el cargo. (El Heraldo de México, p.2)
130 toneladas de autopartes aseguradas
Y es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, la que sigue dando golpes relevantes al crimen en la capital. Y es que ayer ejecutó dos órdenes de cateo en sitios que eran posiblemente utilizados para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos presuntamente robados. Los cateos se solicitaron, se informó, tras llevarse a cabo trabajos de inteligencia e investigación. En las acciones de la Policía, ejecutadas en domicilios de las calles Rinconada de Juan Álvarez y Avenida de las Torres, en la colonia Paraje Zacatepec, en la alcaldía Iztapalapa, fueron aseguradas alrededor de 130 toneladas de autopartes, un vehículo alterado en sus medios de identificación, ocho placas de circulación con reporte de robo activo y una placa suelta también con reporte de robo. Los predios, por cierto, fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Ahí el dato.
Celebran en la ASF
Y fue en la Auditoría Superior de la Federación donde ayer se develó una placa que conmemora el 200 aniversario de la fiscalización en México. Fue el titular de este organismo, David Colmenares, quien destacó que la ASF se ha convertido en un referente de los organismos auditores a nivel mundial. En las instalaciones de la propia institución, que cumplirá sus primeros 24 años de vida, el funcionario refirió que el trabajo de la Nueva Auditoría ha sido clave para la gobernanza democrática. Dijo que la ASF en el país se ha fortalecido, en especial en dos áreas: capacitación de auditores y funcionarios, y desarrollo de herramientas tecnológicas. “La ASF prepara a los auditores con intensos cursos de capacitación, con herramientas tecnológicas creadas en la misma auditoría, como El Buzón Digital, la Firma Electrónica, el SICAF y el CISAR 3.0”, declaró. La institución, por cierto, realiza hoy más informes de auditoría a través de la tecnología, sin que ello implique despedir trabajadores. Qué tal.
Se aplica con la Policía de Acapulco
Así que fue la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, quien ayer, nos comentan, mandó un mensaje de compromiso con el fortalecimiento de la Policía del puerto —una promesa planteada al inicio de su segundo trienio—, al entregar certificados a 35 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Con ellos suman ya 800 con ese aval, luego de que, ha informado, recibiera la administración con entre 20 y 30 acreditados. Abelina dio cuenta además de que buscará para el próximo ejercicio fiscal tener un presupuesto para la remodelación de instalaciones y para comprar 20 camionetas más para la corporación. Por cierto que el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Arturo Bailleres, dijo que la acción de ayer forma parte del Plan Estratégico Integral de Armonización por la Paz y el Progreso, cuyo primer eje busca mejorar imagen, dignificación, certificación y profesionalización del personal.
La herencia de Cuevas
Vaya estado en el que la nueva administración de la alcaldía Cuauhtémoc encontró los sótanos de la sede de la demarcación. Hace unos días, la directora de Obras, Mariana Rodríguez, había denunciado que varios espacios estaban infestados de chinches, ratas y otra fauna nociva, por lo que no sólo estaban en riesgo los documentos ahí archivados, sino la salud de los trabajadores. De lo anterior hay materiales en las benditas redes que lo corroboran. Y ayer, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lo comprobó durante una visita que hizo al lugar. Pero además encontró que el área que utilizan los policías auxiliares adscritos a la alcaldía están en deplorables condiciones, llena de humedad, con instalaciones eléctricas improvisadas, sin lockers y con una plaga de cucarachas. Es parte de la herencia que dejó la exalcaldesa Sandra Cuevas, quien tuvo recursos para alfombras rojas, pelotas con billetes y operativos muy aparatosos y nada eficientes, pero no para rehabilitar el edificio en el que despachaba. Uf.
Baja en el INE
Si no es por una es por otra, nos dicen quienes siguen de cerca lo que ocurre en el INE, pero resulta que la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, nomás no termina de consolidar un equipo de trabajo duradero. Primero fue porque por la división que priva entre consejeros, no obtuvo los apoyos a las propuestas que hizo en cargos directivos. Y tan hizo ruido lo anterior que la 4T de plano le obsequió una reforma para no tener que considerar el punto de vista de otros consejeros para hacer esos nombramientos. El caso es que ahora deja su cargo Claudia Suárez, quien ocupaba nada menos y nada más que la Secretaría Ejecutiva del INE, esto es, el segundo cargo de relevancia de esa institución. Por motivos personales y familiares, ha explicado ayer Taddei al confirmar la baja de su cercana, quien durara en el encargo 10 meses. Se va, por cierto, en el delicado momento en el que el INE acomete la nada fácil elección de jueces.
Doble moral en Campeche
Quien ayer puso en evidencia la doble moral que tienen algunos liderazgos de Morena fue el coordinador del guinda en el Congreso de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez. El pasado miércoles, el morenista llevó a la tribuna del Legislativo local la protesta de ocho trabajadores de la capital que exigen respeto a sus derechos laborales. Don José Antonio posiblemente hizo bien al respaldar una demanda que puede ser legítima. Sin embargo, el legislador no mostró la misma sensibilidad con los más de mil policías estatales que entre marzo y mayo realizaron un paro de labores en protesta por los malos tratos de parte de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, y por la falta de equipo. Tampoco dijo nada cuando la gobernadora Layda Sansores insultó a los inconformes y ordenó el despido sin indemnización de más de 100 de ellos. ¿Por qué esta doble moral? Una pista: la capital está gobernada por la oposición. (La Razón, p.2)
Por un partido sin ‘impresentables’
Xóchitl Gálvez insiste en sus esfuerzos de crear una oposición “fuerte, decente, digna y con credibilidad”. En su mensaje semanal, la excandidata presidencial aseveró que la nueva fuerza política que pretende construir se debe reservar el derecho de admisión de “todos los impresentables”. ¿De quién estará hablando la exabanderada opositora? Opciones hay de sobra.
Renuncia clave en el INE
Tanto batalló Guadalupe Taddei para nombrar a sus allegados en puestos clave del INE, al grado de que los morenistas aprobaron una reforma para darle manga ancha en la designación de cargos de primer nivel… y todo para que ahora tenga complicaciones nada menos que en la Secretaría Ejecutiva. Resulta que Claudia Edith Suárez dejará el cargo por “cuestiones personales”. La presidenta del instituto deberá pensar en otro perfil para proponerlo como titular de esa instancia. Lo malo –para ella– es que el regalazo que le dieron los diputados, para no tener obstáculos al acomodar a sus piezas en la estructura administrativa del organismo, no aplica para la Secretaría Ejecutiva.
¿Elección patito en el PJ?
El muy conocido operador del PRI Rubén Moreira no ocultó su colmillo en elecciones y arremetió ayer contra Morena por su “locura” de elegir a jueces, magistrados y ministros. “Están acostumbrados a las cosas patito: la refinería, el aeropuerto, la línea aérea, y hoy quieren hacer elecciones patito para el Poder Judicial”, acusó. “Si no están bien preparados, tengan cuidado”, les recomendó, sin cobrar por la asesoría, aclaró. Pero les advirtió que “con su mamotreto de reforma judicial, se ve que no tienen ni idea y por eso el INE, que sí tiene gente seria, les está diciendo: ‘oye, pospongamos esta vacilada’”. “Si necesitan algo, que nos busquen”, dicen sus asesores.
La sutil advertencia de Trudeau
Canadá puso el balón del T-MEC en la cancha de México y sus cuestionables decisiones que pueden obligar a ese país norteamericano a “considerar otras opciones”. La desaparición de órganos autónomos, una muy cuestionada reforma judicial, y además la preocupación del primer ministro Justin Trudeau por la inversión china en México, parecen contradecir la narrativa oficial de miel sobre hojuelas en torno del tratado. Ahora a ver si no el gobierno dice que estas son decisiones autónomas de México, con lo cual demostraría nuevamente que no entiende que el país no está aislado de la dinámica global.
Senado pet friendly
El salón de plenos del Senado anduvo ayer “harto tierno”, como afirmó Gerardo Fernández Noroña, pues, dado que se aprobó el dictamen de protección animal, los escaños se adornaron con pancartas de ‘lomitos’ y ‘michis’. También estuvo presente Tonatiuh, un perrito rescatado del huracán John, que trajo el senador Félix Salgado Macedonio. La Mesa Directiva también se adornó con animalitos de peluche.
Ausencia explicable
Dicen que en política cada movimiento cuenta y la gobernadora Delfina Gómez lo tiene claro. Mientras el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi, daba su informe en Toluca, la maestra decidió estar en Metepec liderando el primer Foro de Prevención del Maltrato Animal. Nada de desplantes, sólo prioridades. Todos los que la conocen saben que una prioridad de la gobernadora, y no ahora, sino desde hace mucho, es lograr un Estado de México más empático y responsable con esos seres. (El Financiero, Nacional, p.41)
Reconocer de dónde vienes te ayuda a llegar adonde quieres llegar
Florestán
Una de las más enfermizas aversiones de Andrés Manuel López Obrador fue, y es, la de la transparencia: que se supiera lo que hacía, cómo y cuánto costaba.
De sus expresiones más autoritarias, que lo retrata, fue aquel decreto que firmó para que todas sus obras fueran consideradas de seguridad nacional para evitar la rendición de cuentas públicas.
Y allí metió todas las que calificó de prioritarias para blindarlas de la transparencia.
Y así blindó los gastos del AIFA, del Tren Maya, que con el agregado de este año, cuadruplicó su presupuesto original de 150 mil millones de pesos a más de 600 mil para 2025, lo mismo la refinería de Dos Bocas que saltó de los ocho mil millones de dólares iniciales, a más de 20 mil, más los cuatro mil millones del año que viene, o los alcances del Canal Terrestre Transpeninsular que se salió del control financiero, siendo la obra más viable.
Pero ese fue, y es, López Obrador, enemigo de las cuentas claras aunque amigo del chocolate espeso, de las chiapanecas y filiales empresas.
Ante su compulsiva deriva totalitaria, los enemigos a vencer siempre fueron los instrumentos que pudieran transparentar lo que él siempre quiso mantener en secreto, en particular, y obsesivamente, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que desde un principio boicoteó al impedir que su mayoría en el Senado ocupara una sola de sus tres vacantes para evitar el quórum de cinco consejeros, lo que resolvieron gracias a un fallo de la Corte que le permitió sesionar con los cuatro actuales y finales.
Ayer, su mayoría en la Cámara de Diputados le concedió su deseo, sepultar al INAI, lo que ratificarán el Senado y más de sus 17 congresos locales.
Una de las últimas carcajadas de López Obrador, que sus legisladores le concedieron, le celebraron.
No se vaya a molestar con ellos.
RETALES
Nos vemos el martes, pero en privado (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p.3)
Cuando aún faltan varios meses para que se celebre la elección de impartidores de justicia que mandata la reforma judicial, ésta ya se ha convertido, para el gobierno entrante, en un lastre económico y un enredo legal.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo están trenzados en una discusión con el Instituto Nacional Electoral sobre cuánto debe costar la organización de los comicios. A estas alturas del proceso –más aún en uno de carácter inédito como éste, en el que pueden surgir muchos imponderables–, el tema del financiamiento tendría que haberse resuelto hace mucho.
Los cálculos del costo son de lo más variados. Van desde los tres mil millones de pesos, monto sugerido por el diputado Ricardo Monreal, hasta 13 mil millones de pesos, cantidad que, dice el INE, surgió del análisis que se realizó para determinar el monto del presupuesto que está solicitando a la Cámara de Diputados, vía la Secretaría de Hacienda, para el año entrante.
No debiera ser ése un tema opinable, sino técnico. ¿Qué sabrá Monreal de cuánto cuesta una elección? Sin embargo, el miércoles, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le ofreció hacer una rebaja, sin siquiera haberlo discutido antes con sus pares –el resto de los miembros del Consejo General del Instituto–, y sin que se haya estudiado en qué rubros se podría ahorrar.
Éstos eran problemas que antes no teníamos como país y que han aparecido con motivo de la aprobación de esta reforma, cuyo origen se debe exclusivamente a la obsesión del expresidente Andrés Manuel López Obrador de cobrarle al Poder Judicial la afrenta de no dejarlo gobernar sin ataduras.
Hoy estamos viendo cómo ese acto de venganza se ejerció sin tomar en cuenta muchas cuestiones prácticas, como la necesidad de empatar la geografía política con la judicial, o calcular el tiempo que tomará a cada elector revisar los nombres de los candidatos en las boletas antes de emitir su voto (de acuerdo con un estudio del INE, hasta 20 minutos), para así saber cuántas casillas tiene que haber y dónde colocarlas.
Si el propósito exclusivo de la reforma era dotar al país de un mejor Poder Judicial, ¿por qué la prisa de legislar? Pero había que dar un “regalo” de despedida al autor del desbarajuste en el que hoy nos encontramos. Y por eso, dos meses después de expedida la reforma, le siguen apareciendo errores publicados.
Aunque el oficialismo quiera encontrar una variedad de pretextos para justificar cosas como el escaso interés de los abogados en ser candidatos a juzgadores, los problemas se originaron en la idea misma de elegirlos, cosa que había sido desaconsejada por los propios constitucionalistas de 1917.
Hoy el INE está pidiendo más tiempo para llevar a cabo la elección, algo que jamás había sucedido en procesos anteriores. Aceptar dicha solicitud no será cosa fácil para los líderes parlamentarios de Morena –siempre atentos a cumplir los deseos de López Obrador– pues sería un reconocimiento de que la reforma se hizo sin pensar.
Si la fecha de la votación no se cambia y no se dota al INE de los recursos que requiere para organizar debidamente el proceso, el resultado será una elección hecha sobre las rodillas y sin certeza en el resultado.
De no contar con los recursos suficientes, el INE quizá tenga que instalar la mitad de las casillas, concentrando las listas de ciudadanos en “centros de votación”, lo que seguramente propiciará una menor participación.
El oficialismo aprobó a toda prisa y sin reparar en las consecuencias una elección de juzgadores y ahora no quiere pagar por ella.
Pero no es mera tacañería, pues con lo apretado que quedará el Presupuesto de Egresos 2025, por la necesidad de reducir el déficit que este gobierno recibió como herencia del anterior, y con una economía que da señales de estar estancada y quizá no vaya a generar los ingresos esperados, no es que sobren tres mil, ocho mil o, menos aún, 13 mil millones de pesos.
He ahí algunos de los problemas que ha acarreado esta reforma. Y eso que aún no entramos en la parte álgida del proceso, cuando podría evidenciarse aún más lo mala que fue esta idea. Como diría el filósofo Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
Hay gobernadores buenos, malos, pésimos y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit. Por largo tiempo ha estado por debajo del radar de la opinión pública nacional, por lo que sus abusos, despojos, leyes draconianas, persecuciones políticas y denuncias de corruptelas, han pasado relativamente desapercibidas. Pero sus excesos tuvieron un punto de inflexión. Después de buscar contener al gobernador en su intento por meterse en la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su dirigencia finalmente hizo pública su denuncia con un desplegado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum donde centra sus arbitrariedades.
Navarro Quintero se metió en el proceso de renovación del Comité Ejecutivo del SNTE y ha estado hostigando al candidato para encabezarlo, Óscar Flavio Cedano, para intimidarlo por medio de la fiscalía estatal y descarrilarlo del proceso electoral. En el desplegado, el secretario general del sindicato magisterial, Alfonso Cepeda, dijo que se trata de una campaña de intimidación que violenta la autonomía sindical y representa un abuso de poder. Muchos meses antes, Flavio Cedano reveló que, por su oposición a la llamada ley Navarro, Navarro Quintero había ordenado que se abrieran carpetas de investigación contra quien se opusiera.
La ley Navarro es una aberración. Desapareció 2 mil 500 millones de pesos del fondo de pensiones, por lo que los trabajadores del estado lo denunciaron penalmente, sin éxito, y un grupo de ciudadanos quiere promover la revocación de mandato, que aparentemente sigue el mismo camino. Redujo en más de 30% la pensión máxima que puede tener un jubilado y eliminó los aumentos en las pensiones del personal en activo, que impactó al poder adquisitivo. Se ha metido en los contratos colectivos de la burocracia para quitarles derechos adquiridos, como en el caso de los maestros, donde esa ley canceló sus aguinaldos. Para neutralizarlos, ordenó acciones judiciales e incautó bienes del SNTE.
En mayo pasado, Cedano declaró a la prensa que en Nayarit, si “levantas la voz, señalas alguna violación que se esté haciendo por parte del gobernador, te abren una carpeta de investigación e inicia la persecución y el amedrentamiento. Ves patrullas en las esquinas de tu casa para que no alces la voz y señalar que está haciendo un mal trabajo. Estamos viviendo una dictadura en el estado”. Su caso, como dijo, es el de muchos.
La utilización de la fiscalía con fines políticos ha sido una constante de Navarro Quintero. Uno de los objetivos del gobernador se ha enfocado en neutralizar y desaparecer a todos sus opositores en Bahía de Banderas, el municipio de mayor crecimiento y desarrollo en el estado, corazón de la Rivera Nayarita. Navarro Quintero impuso en la alcaldía a Héctor Santana, a quien está impulsando para que lo releve en 2027, para lo cual ha perseguido penalmente a quien se le cruce. La fiscalía nayarita abrió una investigación contra Mirtha Villalvazo, casi recién inició su segundo periodo en la alcaldía, y la acusó de fraude inmobiliario y malversación de fondos públicos, por lo que pidió licencia y se dio a la fuga. Con esta acción, la puerta a Bahía de Banderas se abrió para el delfín del gobernador.
Esta acción fue asociada con el Mega Operativo Nuevo Nayarit, que inició Navarro Quintero al asumir la gubernatura para recuperar, dijo, los bienes inmuebles del estado que le habían sido arrebatados ilícitamente en Bahía de Banderas y Compostela. Uno de los empresarios afectados, Eduardo Valencia, acusó al gobernador en una entrevista en la prensa nacional de manejar una red de despojo a particulares, empresarios y ciudadanos extranjeros de sus propiedades en Bahía de Banderas.
De acuerdo con un reporte del periódico Tribuna de la Bahía a finales de octubre, el Mega Operativo abrió la puerta a reformas fallidas, como la controvertida reforma del Registro Público de la Propiedad, donde el gobierno federal interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque cerraba esa base de datos y le quitaba su esencia pública, por lo que Navarro Quintero la abrogó, pero sustituyéndola por una ley para los trabajadores públicos que también los afectaba.
Lo que quedó intacto, como parte de sus reformas, fue la digitalización del registro catastral, donde, reportó el Tribuna, una serie de “descuidos” permitió que “defraudadores en Bahía de Banderas ya endeudados, (aprovecharan) esta omisión y el borrón de sus deudas en los libros catastrales para volver a solicitar millonarios créditos en cuatro bancos a los que ya estaban sujetos, desatando el mayor desfalco a la banca en la historia de Nayarit”.
Navarro Quintero ha sido un gobernador altamente controvertido y bastante repudiado por sus gobernados. De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Consulta Mitofsky, se encuentra en el lugar 29 –de un total de 32–, donde sólo Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, están peor evaluados que él. De estos cuatro, solo él ha estado lejos de los reflectores nacionales, pero el descrédito en su estado está asociado con los señalamientos de atrabiliario e incompetente, así como de presunción de corrupción.
Hay algo adicional que levanta mucho las cejas por su interés en tener bajo control Bahía de Banderas. Tanto en ese destino turístico como en Tepic, la capital de Nayarit, se ha incrementado la desaparición de mujeres, particularmente entre 20 y 30 años, que en los primeros 10 meses del año habían sumado una decena más que en todo 2023, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Información que le proporcionaron colectivos de personas desaparecidas apunta a una red de trata de personas en Bahía de Banderas, que opera con impunidad en la región gracias a la complicidad del gobierno estatal.
Desde septiembre diferentes grupos sociales han estado movilizándose y realizando manifestaciones, pero no han tomado tracción. El desplegado del SNTE, aunque enfocado en el tema sindical, ha sido un catalizador por el cual muchos ojos comenzaron a voltear a Nayarit, donde los “atropellos” y los “actos de autoritarismo e intolerancia” que le achacó Cepeda a Navarro Quintero rebasan el conflicto con el magisterio y se convierten en un tema estatal con implicaciones nacionales al involucrar, pidiendo acción en respuesta, a la Presidenta. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.44)
Impuestos para la guerra // Responde Moscú con misil // Netanyahu, genocida
¿De qué ha servido el barril sin fondo que ha significado el financiamiento estadunidense –más la asesoría militar– al payasito de la televisión ucraniana, Volodimir Zelensky? De nada, por lo visto, toda vez que hasta el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoce que hemos proporcionado tanques, F-16, lanza cohetes Himars, misiles Patriots, Atacms (y mucho más), pero han tenido poco impacto y no hay un solo sistema de armas que marque la diferencia en el campo de batalla ( La Jornada). A confesión de parte, relevo de pruebas.
Los contribuyentes estadunidenses deben estar felices al saber que una parte de sus impuestos terminan en el Palacio Mariyinski, donde supuestamente despacha Zelensky y mafia que lo acompaña, y no se utilizan en su país para sacar de la pobreza a uno de cada cinco niños, a una de cada 10 personas de la tercera edad ni a 12 de cada 100 que carecen de seguridad alimentaria, por citar sólo algunos indicadores. Qué decir de las necesidades internas en materia de salud, vivienda, educación, empleo y tantas más.
No, para eso no hay dinero, porque una gruesa rebanada de esos impuestos sirve para financiar la onerosa industria bélica estadunidense, la guerra (no sólo en Ucrania) y los intereses geopolíticos de la Casa Blanca, aunque en los hechos, como reconoce Sullivan, no ha servido de nada, salvo para empujar a la humanidad a la tercera guerra mundial.
Ucrania ya utilizó los misiles estadunidenses de largo alcance Atacms (y los autorizados por Francia y Gran Bretaña) en contra de territorio ruso, y ayer el Kremlin hizo lo propio contra instalaciones del complejo industrial de defensa en territorio ucranio con un nuevo misil hipersónico no nuclear de medio alcance ( Rusia Today).
El mandatario ruso subrayó que fueron exitosas las pruebas con dicho misil (Oréshnik). En el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnepropetrovsk, fue atacado uno de los mayores complejos industriales (militares) conocidos desde la época de la Unión Soviética. Actualmente no existen medios para contrarrestar este tipo de armas. Atacan objetivos a una velocidad de Mach 10. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y el sistema de defensa antimisiles creado por los estadunidenses en Europa no los interceptan. Esto es imposible (ídem).
Moscú muestra músculo, y el poco impacto de las armas estadunidenses utilizadas en Ucrania se enfrentan a un poderío militar muy superior que no se detendrá hasta que alguien con sentido común inicie las negociaciones de paz. El propio Putin lo advierte: el conflicto regional (previamente provocado por Occidente) ha adquirido elementos de carácter global; (por lo mismo) Rusia se considera con el derecho de atacar instalaciones militares de aquellos países que utilicen sus armas contra ella.
Algo más dijo Putin: creemos que Estados Unidos cometió un error al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado. Hoy, no sólo fabrica este tipo de equipo, sino que ha resuelto la cuestión de transferir sus sistemas de misiles a diferentes regiones del mundo, Europa incluida. Rusia asumió voluntaria y unilateralmente la obligación de no desplegar misiles de alcance intermedio y corto hasta que no aparezcan armas estadunidenses de este tipo en cualquier región del mundo. No fue Rusia, sino Estados Unidos, quien destruyó el sistema de seguridad internacional, y al aferrase a su hegemonía empuja al mundo entero a un conflicto global. La cuestión del mayor despliegue de misiles de medio y corto alcance la decidiremos dependiendo de las acciones estadunidenses y sus satélites. En el filo de la navaja, pues.
Y en la escalada bélica que promueve Estados Unidos, los gobiernos europeos que a pie juntillas siguen las instrucciones de la Casa Blanca parecen dejar de lado que sus países serían los primeros y mayormente afectados en una confrontación bélica abierta, mientras el territorio estadunidense –al menos de entrada– se mantendría intocado.
Las rebanadas del pastel
Como llamado a misa, cada país asumirá según convenga a sus intereses, comenzando por Estados Unidos que de inmediato rechazó categóricamente la decisión: por crímenes de guerra y contra la humanidad, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura de los genocidas Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallan (además de ser penalmente responsables de la hambruna en Gaza y la persecución de los palestinos) y del líder de Hamas, Ibrahim Al-Masri. Peor, la masacre continúa. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.18)
En un ejercicio de honestidad, debemos aceptar que nuestro régimen de seguridad y justicia hace décadas que está colapsado. Es el efecto de la dinámica de una población históricamente creciente y la ausencia de una respuesta gubernamental suficiente. Es un problema que se alimenta a sí mismo.
Sobran pruebas del desatino:
1) La explosión delincuencial es evidente en la percepción social y las estadísticas.
2) Falló la multitudinaria Conferencia Nacional de Seguridad Pública de Felipe Calderón que se sintetizó al estilo PRI, en simular que la nación, sociedad y gobierno, se volcaba en un plan confiable.
3) Fracasó por la inestabilidad de toda estrategia: Zedillo crea una policía federal, Fox una comisión, Calderón una secretaría, Peña Nieto vuelve a la comisión y AMLO reinventa la secretaría.
¿Resultado? Todo un fracaso nacional. Fueron muchos años, muchas ideas y planes, muchos presidentes. Algo mayúsculo se impone que no hemos sabido descifrar y menos confrontar.
La gravedad de la situación hizo que su atención fuera un punto central en la campaña presidencial y en el discurso de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. El anuncio de un nuevo proyecto fue bien recibido sin obviar en algunos sectores porciones de escepticismo.
Posteriormente se agregaron la relocalización de la Guardia Nacional en Defensa, la reforma del artículo 21 constitucional y un expansivo proyecto dizque de inteligencia que da desmedidas facultades al simple policía. Podrá ganarse en eficiencia, pero con eso dimos un paso al abismo en materia de derechos humanos.
Todo apunta a la necesidad racional de aceptar que se terminaron las ideas. La nueva visión esperada se sintetizó en cuatro ya ejercitados métodos: atender a las causas, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación con las entidades federativas.
Aceptando que es posible que en una sola frase se exprese gran riqueza, preocupa, además, la sorprendente omisión de la cooperación internacional. Se excluyó posiblemente como propósito o peor aún como descuido, siendo que el delito tiene un fuerte componente supranacional.
Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué significa todo eso y adónde nos conduce? Señores llamados expertos: si ya antes se ha practicado todo, lo único nuevo posible es que habría que reinventarlo todo.
Fue hasta 1985 con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, que empezamos a percibir la dimensión del riesgo de volverse un asunto de Estado. Despertó gran preocupación en políticos, académicos, formadores de opinión y pueblo en general que es quien aporta el sufrimiento.
Agréguese la elección de Donald Trump como presidente por los siguientes cuatro años. Suma una carga de complejidad para México que obliga a hacer una redefinición de las relaciones bilaterales novedosa.
Para aquellos que tengan la tarea del rediseño integral de otra política nacional de seguridad debe tener en cuenta que la falla central es no haber mantenido el compás del mantenimiento del sistema con la evolución de la conflictividad social.
En tiempos que claramente ya han pasado, toda crisis de seguridad se resolvió con la participación de los ejércitos, recordemos huelgas estudiantiles en Morelia, Sonora, el IPN o el 68. Misma receta se aplicó también a servicios públicos como ferrocarriles, telegrafistas o médicos.
Ni esas agrias experiencias nos abrieron los ojos. No se crearon las instituciones necesarias y fuimos hacia lo que hoy padecemos: inseguridad, complicidad impunidad, ineficiencia de policías, fiscales y jueces.
No hubo mecanismos de actualización, lo que nos llevó a cometer error tras error desde allá por los años 30. Las supuestas soluciones descansaban en respuestas equivocadas e insuficientes: prácticas extrajudiciales de la fuerza pública, aumentar el uso de las tropas en la supuesta solución y ajustes menores en los cuerpos policiales.
Esta visión prontista dejó de lado la atención de otros factores indefectibles de la fórmula: la procuración de justicia, su administración y el régimen penitenciario. Al faltar uno de sus componentes todo sistema se colapsa, haciendo insuficiente el esfuerzo individual de las partes involucradas.
Estamos ante un riesgo de creer, aunque fuera honestamente, que nuestra solución es la adecuada y que no necesita de una visión que nos trasciende en su concepción y su desarrollo. Estamos equivocados.
Vivimos en un problema añejo que no pudimos resolver con soluciones tradicionalistas. Hoy sólo una definición mayor en la concepción y en el alcance puede empezar a ser eficiente. Los gobiernos de décadas atrás seguro se esforzaron en cumplir con sus responsabilidades, pero creyeron que bastaba con ubicarlas en los tiempos de su función. No vieron que el reto los excedía.
Acabadas las ideas, la exigencia de inventar el futuro parece ambiciosa y quizás hasta aventurada, pero esta visión es la que ha transformado al mundo. Por hoy, se acabaron las ideas. (Jorge Carrillo Olea, La Jornada, Opinión, p.16)
Desde hace dos entregas he abordado cómo las perspectivas y contextos han influido en la visión que tenemos de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia; lo reitero y considero que es imposible negarlo: hay un serio problema de ineficiencia y corrupción en las corporaciones, el cual debe ser abordado bajo una serie de políticas públicas innovadoras, pero sobre todo integrales que sean implementadas bajo un régimen de ética y moralidad, porque, hay que aceptarlo: la injusticia y la impunidad continúan lacerando a los mexicanos.
Por otro lado, es cierto que no todo el mal se debe a la corrupción, también se debe reconocer que la falta de equipamiento y herramientas eficientes, promociones, capacitación y, sobre todo salarios, y prestaciones, afectan el desempeño de las instituciones; no podemos pasar por alto que la situación salarial de los policías es por lo menos alarmante.
De acuerdo con Data México, de la Secretaría de Economía, en el país se tiene un promedio de remuneración de 8 mil pesos mensuales; los estados donde mejor se paga a policías y agentes de tránsito son: Nuevo León (14 mil 119); Nayarit (11 mil 116) y Baja California Sur (10 mil 455). En el último lugar, Morelos (2 mil 331).
El tema incluso fue reconocido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su último paquete de reformas envió una propuesta para modificar el artículo 123, que se establecía que los policías municipales no podrán ganar menos de 16 mil 777 al mes.
A principios de octubre la reforma constitucional mencionada fue aprobada por unanimidad en el Senado. Con ello se concluyó el trámite necesario para proteger el salario de personal docente, salud y de seguridad pública; con ello también se prevé un aumento en las prestaciones laborales como: aguinaldo, prima vacacional, cuotas de la seguridad social o bonos que tienen como base el salario bruto de los policías.
A pesar de que este cambio, que incluso ya venía precedido por la propuesta de salario digno para policías, presentada por el SESNP, donde se planteó un salario de 13 mil 639 pesos; será provechoso para los servidores públicos dedicados a este rubro. México Evalúa plantea una enorme preocupación, ya que en la reforma no hay precisión de a quién corresponde la responsabilidad de financiar los aumentos en la nómina policial. Sin presupuesto, se corre el riesgo de que sólo quede en promesa vacía del gobierno.
Es gran acierto que se blinde el incremento. El problema, como siempre, radica en que no se especifica de qué presupuesto saldrá el pago. En fechas recientes se informó que aparentemente para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, Sedena, Marina y SSPC tendrán un recorte de 36.7 por ciento, aunque el tema sigue a debate, ya que algunos apuntan a que es por el cambio de adscripción de la Guardia Nacional y por la reducción de gastos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Aunque el punto de la reducción o no todavía no es claro, lo que sí podemos cuestionarnos es ¿de dónde saldrá el dinero para cumplir con la clara deuda y compromiso que se tiene con los cuerpos de seguridad?, porque si bien les exigimos tanto ¿por qué no les garantizamos los recursos necesarios para que puedan satisfacer las necesidades mínimas de sus familias?
Otro punto que debe analizarse es que de acuerdo con el análisis Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2022) emitido por Causa en Común, se reconoce que ninguna ley regula los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal. Esta falta de regulación asume que la heterogeneidad del país y las disparidades en necesidades y recursos justifican, en un sentido amplio, una libertad autorregulatoria y, en su interpretación más perniciosa, un espacio para la discrecionalidad y el abuso.
Los cambios en las jornadas laborales han sido cada vez más evidentes y necesarios, no sólo en México, sino a lo largo del mundo, ¿por qué continuamos obligando a que un ser humano se encuentre 24 horas despierto y trabajando?, pero peor aún, ¿por qué consideramos que sujetos a esta explotación podrían ser funcionales y cumplir con la protección de la ciudadanía?
En México en al menos 34 por ciento de los policías todavía predomina la denominada jornada de 24×24, siendo la 12×12 la segunda más común con 18 por ciento; a lo anterior habría que sumar las horas de acuartelamiento en que los elementos pernoctan en las instalaciones de las corporaciones después de la jornada laboral; es decir se encuentran a disposición todo el tiempo, contando con muy pocos días al mes para compartir tiempo de calidad con sus familiares y seres queridos.
Aunque nos neguemos a reconocerlo muchos policías presentan cada día más síntomas del denominado burnout, como lo son: irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica, lo que aumenta las cifras de ausencia, las muertes en accidentes y las adicciones.
El trabajo es complejo; ya no podemos seguir culpando sólo a la corrupción en las instituciones de seguridad, también debemos preguntarnos severamente ¿qué y por qué hemos dejado abandonados a los cuerpos policiales? Pero, sobre todo se requiere de un verdadero compromiso; el intento ha dejado de ser suficiente, se requieren acciones sinceras, concretas y efectivas en los diferentes niveles de gobierno (Simón Vargas Aguilar*, La Jornada, Opinión, p.16)
En los últimos días, México ha sido testigo de una serie de operativos en la lucha contra el narcotráfico, coincidiendo con el inicio de la nueva supersecretaría de SPC, liderada por Omar García Harfuch. Esta nueva estructura busca coordinar esfuerzos entre la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, marcando un cambio notable en la estrategia de seguridad del país.
En poco más de una semana, el panorama de combate al crimen organizado en México parece cmbiar. Los operativos realizados, que han resultado en decomisos, incautaciones y detenciones de alto impacto, envían un mensaje claro: el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido virar hacia una estrategia más decidida y contundente contra el crimen. En estados como Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y Guerrero las fuerzas de seguridad han ejecutado operativos que antes parecían imposibles de implementar. Las cifras son contundentes: miles de dosis de drogas confiscadas, armas aseguradas, activos incautados y líderes de cárteles detenidos en acciones simultáneas y coordinadas que evidencian un nuevo nivel de organización entre las fuerzas federales.
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar el 18 de octubre, cuando la Armada de México realizó un decomiso histórico de 8.3 toneladas de droga en aguas del Pacífico sur. Este operativo, considerado el más grande en la historia de la institución, resultó en la detención de 23 personas y el aseguramiento de seis embarcaciones menores y un semisumergible. En total, durante los primeros 18 días de la nueva administración, se aseguraron aproximadamente 11,752 kilogramos de droga y 12,825 litros de combustible.
Lo que está emergiendo es un enfoque mixto que intenta equilibrar la fuerza operativa con las políticas de atención a las causas sociales. A diferencia de estrategias pasadas, parece que el gobierno de la presidenta Sheinbaum busca integrar ambas visiones. La violencia no puede erradicarse sólo con programas sociales, pero tampoco con operativos. Esta nueva estrategia reconoce que el combate al crimen organizado debe incluir tanto la fuerza del Estado, como las herramientas de la justicia social para ser sostenible.
Sin embargo, este cambio no ocurre en un vacío político. En Washington, Donald Trump se prepara para volver a la Casa Blanca, y con él, las presiones hacia México en materia de seguridad y narcotráfico. Su retórica ha sido clara: el problema del fentanilo y el flujo de drogas hacia EU es inaceptable, y las expectativas hacia las autoridades mexicanas no serán menores. México tendrá que demostrar resultados tangibles en la reducción de la producción y el tráfico de drogas para evitar sanciones o medidas unilaterales por parte del gobierno de EU.
Aquí radica uno de los mayores retos para García Harfuch y su supersecretaría. La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad es sólo una parte del trabajo; la otra será mostrar resultados que sean percibidos no sólo por los mexicanos, sino también por el gobierno de EU. Esto implica mantener el ritmo de los operativos, pero también trabajar en la reconstrucción del tejido social, algo que podría ayudar a contener las críticas que podrían venir tanto desde el norte como desde la oposición interna.
La gran pregunta es si esta estrategia mixta será suficiente. Por un lado, México necesita recuperar el control de territorios que están bajo el dominio de cárteles, y eso requiere fuerza. Por otro, Sheinbaum tienen clarísimo que deben abordar con contundencia las condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que nutren las filas del crimen organizado. Ambas tareas son titánicas y requieren tiempo, algo que este gobierno no tiene en abundancia, en especial bajo la sombra de Trump y sus exigencias.
El inicio de esta nueva estrategia ofrece motivos para la esperanza. Los primeros operativos han demostrado que el Estado mexicano aún tiene la capacidad de actuar con firmeza. Sin embargo, también es un recordatorio de que la violencia y el narco son problemas complejos que no admiten soluciones simplistas. México necesita que este equilibrio entre fuerza y justicia social funcione, no sólo para recuperar la paz, sino también para demostrar que puede enfrentar sus retos internos sin sucumbir a las presiones externas. El desafío está apenas comenzando (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p. 14).
Sin dar nombres, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de extorsión, nepotismo y gastos injustificados a los comisionados del Inai, órgano autónomo encargado del acceso a la información y la protección de datos personales.
Los señalamientos se produjeron horas antes de que diputados del oficialismo usaran su mal habida mayoría calificada para aprobar la extinción de siete órganos autónomos condenados por López Obrador en su famoso plan C.
Los otros órganos que desaparecen son el Coneval, que evalúa la política de desarrollo social; la Cofece, encargada de la competencia económica, y el IFT, pero también la CNH, la CRE y la Mejoredu.
* Basada en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la mandataria afirma que desde 2018, altos mandos del Inai exigieron entre 10 y 60% del sueldo quincenal de los empleados. Señala también que la ASF, que encabeza David Colmenares, identificó múltiples lazos familiares entre empleados, como padres, hijos, hermanos, primos y esposos, contratados sin cumplir los requisitos del puesto.
Cerró el réquiem del Inai con acusaciones a los comisionados de usar tarjetas corporativas para pagos en centros nocturnos, comidas y viajes al extranjero, además de irregularidades en viáticos y registros contables.
* De estas acusaciones hablamos con el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá. Nos dijo: “Lo que hoy comentó la presidenta Sheinbaum ha sido del dominio público. En múltiples ocasiones nosotros mismos hemos mencionado el tema de las observaciones de la ASF”.
Alcalá dice que, como cualquier otra institución, el Inai ha tenido observaciones y las ha solventado. “Hemos subrayado también que algunas de las observaciones corresponden a otros comisionados que ya no están en el Inai”, puntualizó.
Los actuales comisionados fueron quienes pidieron al órgano interno de control del Inai que se realizara una investigación que derivó en una denuncia, aseguró Alcalá.
* Tiene lógica la prórroga de 90 días que pide el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio de 2025. El instituto electoral tuvo las manos amarradas mientras no se resolvieran 572 amparos y 366 suspensiones (las cuentas son de Gerardo Fernández Noroña) que fueron interpuestas contra la elección judicial.
Noroña justificó al INE: “Estaban amenazados de multas, de cárcel y de penas del infierno, si son creyentes”.
El instituto dice que el aplazamiento ayudaría a desarrollar mejor la impresión de boletas, la capacitación del personal que integrará las casillas y el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.
Suena lógico, pero a Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, no le parece una buena idea. “Aparentemente parece ideal. Todo mundo se relaja, tienes más tiempo, amplían los plazos, pero no es lo conveniente”, asegura.
Y explica: “Genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, hay que hacer un cambio a la Constitución, según me informa el equipo jurídico. Serían muchas las complicaciones”.
Sostiene que en el propio órgano electoral, si aprieta y hace un esfuerzo grande, “tiene condiciones de sacar la elección el primer domingo de junio de 2025”.
Aunque dejó claro que aún no hay decisión sobre la prórroga. Le preguntamos a Noroña cuál es el “cúmulo de dificultades” que avizora si la elección de jueces se realiza el 1 de septiembre de 2025. “No es conveniente. Acabamos de hacer una reforma y luego reformamos la Constitución para cambiar la fecha”. Por lo que hemos visto desde el 1 de septiembre a la fecha, no hay problema para cambiar la Constitución. Van 10 o más reformas del plan C que han requerido cambios a la Carta Magna.
* Mucho se ha hablado en estos días de que Canadá quiere expulsar a México del T-MEC. La versión algo tiene de cierto. Tanto el primer ministro de Ontario, la mayor provincia de ese país, Doug Ford, como su homóloga de Alberta, Danielle Smith, se pronunciaron a favor de la salida de México del citado tratado comercial. Alegan que nuestro país es “la puerta trasera de los productos chinos”. La Presidenta se entrevistó con Justin Trudeau en el marco de la Cumbre del G20. Asegura que el primer ministro de Canadá no está de acuerdo con la salida de México del T-MEC. Trudeau declaró ayer que le gustaría que continuara el T-MEC. “Es mi primera opción”, dijo. Pero el gozo se fue al pozo cuando agregó: “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero, en espera de las decisiones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”.
No creo que haya nadie que tenga dudas de que México debe permanecer con sus socios del T-MEC en caso de que llegue un momento en el que haya que escoger. Creo saber que en la cancillería lo tienen claro. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.6)
El problema con la abrumadora mayoría es que es tal su poder y fuerza que difícilmente escucha opiniones diferentes, de lo cual no está exenta la Presidenta.
Se van creando narrativas que quieren convertirlas en verdades colectivas, siendo que en muchas ocasiones están cargadas de juicios de valor y en otras tantas ocasiones no necesariamente tienen sustento.
Llevamos un rato con la justificación de que todo lo que se está haciendo se basa en el mandato del pueblo. El tema da para muchas interpretaciones. Anotemos de entrada que seguimos siendo una sociedad plural y sin entrar de nuevo al debate sobre la sobrerrepresentación, existe un alto porcentaje de la población que no votó por la mayoría optando por otra alternativa, a lo cual se suma el 40% del padrón electoral que no acude a las urnas.
Hay un sector que tiene miradas distintas de las cosas y que conforma otra mirada de país. Cuando la Presidenta plantea que va a hablar sólo con el pueblo, lo cual significa que no lo hará con la oposición ni con académicos y especialistas en diferentes áreas que pueden ser críticos, termina por cerrar su círculo de gobernabilidad bajo una sola perspectiva.
Es previsible que bajo esta dinámica escuche ciertamente demandas, pero en el camino no tendrá en su entorno voces críticas que pudieran coadyuvar en la gobernabilidad y la visión del país. En los últimos años vimos cómo la figura presidencial fue tan poderosa que en su entorno no hubo indicios de que alguien le planteara elementos contrarios a lo que quería, mandaba e imponía.
Todo parece indicar que una segunda etapa de esta estrategia también está entre nosotros. Al no escuchar van apareciendo indicios de que muchas cosas que pasaron en estos pasados años pudieron ser diferentes, si se hubiera buscado la manera de tener diversos interlocutores, muy probablemente no sólo se hubieran fortalecido las decisiones, sino también el propio proyecto del autollamada 4T.
El dilema está ya en lo que va del mandato de Claudia Sheinbaum. De nuevo estamos en los terrenos de la denuncia al pasado como forma de gobernar, sin que por ello se refleje en acciones de carácter legal para atacar los problemas y para entender que lo que sucedió en el pasado no solamente sirve para una narrativa propagandística del presente, sino también para hacer justicia.
¿Realmente han hecho desde el Gobierno, en éste y el anterior, un análisis detallado del papel que juegan los institutos autónomos, o de lo que se trata es de deshacerse de ellos sin importar la función que tuvieron, sin soslayar los muchos problemas que pueden tener a su interior?
Es una pregunta que, hasta ahora, dígase lo que se diga, no ha tenido respuesta. Igual sucedió con la Reforma al Poder Judicial, lo cual fue reconocido en las reuniones de estas semanas en Washington en el marco de la presentación de las denuncias en contra de la Reforma por trabajadores del Poder Judicial. El representante del Gobierno dijo que no se había hecho un diagnóstico detallado de las condiciones en las que se encuentra el Poder Judicial.
Es cierto que los últimos años el papel del Estado fue llevándose a segundo plano. Al Estado lo fueron haciendo a un lado bajo la estrategia de que el sector privado podía encargarse de la labor social que por definición es responsabilidad primera del Estado.
Los Estados requieren de estructuras y lineamientos alternativos para que los ciudadanos participen de manera autónoma con base en derechos, obligaciones, transparencia, información fidedigna y protección de datos personales.
En su construcción de futuro están concentrando el poder en medio de decisiones discrecionales que tarde que temprano se revertirán.
RESQUICIOS.
No hay de otra que tomar en serio que en Canadá existe una corriente de opinión contraria a nuestro país en el T-MEC. Las declaraciones de Trudeau, sobre la relación México-China es el motivo, lo cual es oro molido para quien nos trae en la mira: Donald Trump. (Javier Solórzano Zinser,. La Razón, p.2)
El Noroeste, el medio que ha cubierto como ningún otro la crisis que vive Sinaloa desde el secuestro de El Mayo Zambada y el conflicto posterior, hizo el 20 de noviembre este resumen de lo sucedido desde entonces.
El balance desde el 9 de septiembre hasta el día 20 de noviembre es de: 425 homicidios dolosos (5.8 diarios). 501 personas privadas de la libertad (6.9 diarios). 1,323 vehículos robados (18.1 diarios). 142 personas detenidas. 46 personas abatidas.
El Noroeste llama privados de la libertad, creo que correctamente, a los desaparecidos en este lapso.
La comparación con otros meses, con otros años, deja claro que la guerra en Sinaloa está viva y que nadie ha tenido claro cómo terminarla. Solo el miércoles, cinco homicidios más.
Hay que recordar, porque luego quieren que nos olvidemos, que el evento que comenzó este horror ha sido contado por el presunto secuestrado y en algunas partes de ese relato confirmado por la Fiscalía General de la República. La más grave, sin duda, el invento de la Fiscalía local, manejada por el gobernador, de cómo y dónde se había asesinado a un rival político de… el gobernador. El mismo que lleva todas estas semanas actuando con un cinismo que hará historia y que no ha podido, ni siquiera, explicar dónde andaba aquel día.
Pero de gobernadores cínicos y transas nos sobran ejemplos, basta ver cuántos han pasado por las cárceles.
Lo que es difícil de entender es por qué la presidenta Sheinbaum no ha operado políticamente para quitarse tal carga de encima. Y digo operar políticamente porque queda claro que entre morenistas no se persiguen judicialmente porque creen, erróneamente, que eso los mancha a todos. Pero el que hoy mancha al “movimiento”, como le dicen, es el gobernador y su “manera” de gobernar.
Imaginemos que el próximo año Zambada o algún Chapito se pone a decir cosas frente a fiscales o jueces estadounidenses que involucran a Rocha. Más allá de que sean verdad o mentira, pues el “movimiento” ya hizo de las declaraciones de delincuentes en EU una verdad, así que alguien debería de pensar qué sucedería con este nuevo gobierno que, sonriendo, se toma fotos con el gobernador.
Quitar de en medio a Rocha no solo dejaría chambear a García Harfuch y empezar a aplacar aquel horror, también empoderaría a la Presidenta frente a los que desde alguna localidad creen que por ser del “movimiento” pueden hacer lo que quieran. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)
La reforma al Poder Judicial es ya una batea de babas y sale a flote otra pifia: en su convocatoria para la inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, el Ejecutivo emplazó: “La información y datos de la página podrán ser llenados de manera diferida (…); sin embargo, deberán completar su registro a más tardar a las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2025, de lo contrario, no se considerará su candidatura”.
Peccata minuta: la derrapada se corrigió con una fe de erratas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre, dejando claro que el plazo vence en el último minuto del próximo domingo.
Lo que mal empieza mal acaba, y el inicio del problema que se está padeciendo en los prolegómenos de la demencial elección popular de juzgadores está marcado por la perversidad que entraña la herencia maldita que recibió Claudia Sheinbaum de su mentor y predecesor.
Maligna en sí misma, la reforma fue procesada con tanta prisa que en la Constitución vigente se lee lo mismo que la titularidad de la Suprema Corte la ocupará quien haya obtenido más votos en las urnas y será relevada cada dos años por quien le siga en sufragios y así sucesivamente, que el puesto durará cuatro años y la elección correrá a cargo de los otros ministros del Pleno.
En los tramposos monólogos que la mayoría diputadil presentó como “diálogos”, lo advirtió la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández: reformar lo que sea, pero sin prisas, y sobre todo poniendo en el centro de interés a las víctimas.
De septiembre a la fecha, la aplastante y antidemocrática sobrerrepresentación del nacionalpopulismo ha palomeado casi medio centenar de modificaciones a la Constitución, pero este recurso lo ve hoy como insuperable dificultad Ricardo Monreal ante la petición del Instituto Nacional Electoral de que se postergue tres meses la elección:
“Para la prórroga es indispensable modificar la Constitución, no es un acuerdo del Senado, no es un acuerdo de la Cámara de Diputados, porque es la Constitución la que define concretamente el día de la elección, primer domingo de junio. La prórroga que plantea el INE es atendible y respetable, pero creo que vamos a salir bien…”.
¿Tan complicado aprobar un triste transitorio?
Nadie está obligado a lo imposible, pero imponen al instituto a organizar la elección. Y lo sorprendente es que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, responde que el organismo hará lo mejor que pueda, que no es otra cosa que instalar “centros de votación”, no casillas electorales, lo cual reducirá considerablemente el interés de los votantes, que tendrán que desplazarse quién sabe hasta dónde para sufragar.
El costo de la elección es otro escollo: el INE calcula gastar algo más de 13 mil millones de pesos, pero a Sheinbaum y a sus mayorías legislativas les parece mucho dinero.
Pues sí: todo lo relacionado con la democracia, como decía un célebre anuncio de whisky, “parece caro. Lo es…”.
¿Y barato?, ya ni el pulque. (Carlos Marín, Milenio, Política, p. 7)