Entre los grandes pendientes de la Ciudad de México está el de poner orden en el transporte público. (La Jornada, Contraportada)
LAS DUDAS de quienes se preguntaban para qué quería Omar García Harfuch facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad Ciudadana que él encabeza comenzaron a disiparse ayer con el operativo “Enjambre” que se realizó en el Estado de México.
LA ACCIÓN conjunta para detener a 14 funcionarios públicos -entre alcaldes y jefes policiacos- que presuntamente cooperaban con el crimen organizado fue coordinada por el secretario.
Y, AUNQUE una golondrina no hace verano, esos primeros aleteos se escucharon fuerte ayer en territorio mexiquense y resonaron en todo el país.
REGALANDO notarías públicas, como se estilaba en los tiempos del priismo, se despide de su sexenio el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
UNA DE ESAS maquinitas de hacer dinero ya está prometida para el actual fiscal general de la entidad, Olaf Gómez, quien podría optar por un retiro anticipado ahora que está bajo la lupa por la violencia que campea en territorio chiapaneco.
MÁS AÚN tras la balacera del miércoles entre delincuentes y policías en una de las avenidas más transitadas de la antes apacible Tuxtla Gutiérrez, en la que una menor falleció tras ser alcanzada por una bala perdida.
EL INCIDENTE ocurrió a unos metros de uno de los hoteles más importantes de la capital chiapaneca, donde policías de la Fiscalía mantienen una vigilancia permanente, pero no por seguridad del inmueble, sino porque noche a noche llega ahí un funcionario de gobierno que tiene el pelo canoso y que siempre llega bien acompañado.
¿QUIÉN SERÁ ese servidor público que requiere que haya policías sentados afuera de su cuarto mientras duerme? ¿De verdad es necesario que una veintena de agentes armados estén “acuartelados” en el lobby y el piso superior del hotel? Son preguntas que no van de paso.
POR CIERTO, Rutilio Escandón le está exigiendo al Congreso estatal dominado por Morena que le autoricen una escolta permanente cuando salga del cargo. ¿Y la austeridad republicana, apá?
EN EL QUINTO y último informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, fue notable la ausencia de la gobernadora morenista Delfina Gómez, quien prefirió ir a Metepec a un foro sobre protección animal.
EN CONTRASTE, Arturo Montiel y César Camacho, dos ex gobernadores del PRI, sí estuvieron presentes igual que el ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, a quien Sodi calificó como “querido amigo”.
AL FINAL, fue una celebración en familia, pues en un nuevo mural quedó pintada la figura de Sofía, la hija de Sodi… detallazo del papá que pagó la pintura con recursos públicos. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Aceleran el presupuesto… para vacacionar antes del huracán Trump
Nos cuentan que el primer Paquete Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum va viento en popa en el Congreso. No necesariamente porque haya consenso de sus bondades, sino por una razón más de peso: asegurar el descanso de los diputados, agotados por tanta reforma constitucional que han aprobado últimamente. Nos explican que la próxima semana será avalada la Ley de Ingresos en la Cámara baja para después enviarla al Senado y se logre tener la cobija de aproximadamente 9 billones de pesos. Después, para la semana del 9 al 13 de diciembre, los diputados aprobarán el Presupuesto de Egresos para tener listo todo antes del 15 de diciembre y que se puedan ir de vacaciones los legisladores el fin de año y esperar, con fuerzas renovadas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La cirugía mayor con que amenazaba el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal, al parecer no fue más que una bravata.
Cercanos a AMLO se mantienen activos
La presidenta Sheinbaum mantiene en su equipo a dos excolaboradores muy cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Juan José Ramírez Mendoza, director general de Logística de Presidencia y hermano del subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. Don Juan José ocupa el lugar que tenía el hoy diputado federal Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía. La otra es “la pobre” Jessica Ramírez González, directora de Comunicación Digital de Presidencia y fotógrafa de AMLO, quien saltó a la fama porque el tabasqueño “la salvó” de ir a la cárcel cuando el Tribunal Electoral le exigió publicar una sentencia en su contra por un mensaje que dio a la nación con motivo de los tres años de su gobierno.
Perfilan a candidata a secretaria ejecutiva del INE
Nos comentan que uno de los nombres que más suenan para ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE es Claudia Arlett Espino, expresidenta del Instituto Electoral de Chihuahua y con amplia carrera en materia electoral. Con la renuncia de Claudia Suárez, que será efectiva a finales de mes, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hará esta nueva propuesta a sus pares como una mera cortesía, ya que las súper facultades que le dio el Congreso le permiten hacer el nombramiento de forma unilateral. Veremos quién quedará finalmente a cargo de esta área que será clave durante la elección del Poder Judicial.
Los enredos de Morena en Durango
Nos cuentan que la nueva dirigencia de Morena enfrenta serios desafíos en los procesos internos de selección de candidatos en diversas localidades. Es el caso de Gómez Palacio, Durango, donde Marina Vitela, excandidata perdedora a la gubernatura, ha generado controversia por buscar alianzas externas, incluyendo al gobernador priista Esteban Villegas, lo que ha provocado descontento en las filas guindas. Todo ello en medio de ataques contra figuras internas como la diputada federal Betzabé Martínez Arango, a quien previamente respaldó como mentora, ha evidenciado fracturas en la estructura partidista local. Nos dicen que el reto de poner orden es para la líder nacional del partido gobernante, Luisa María Alcalde. (El Universal, p.2)
Que la doctora Claudia Arlett Espino va a ser la próxima secretaria ejecutiva del INE después de la renuncia de Claudia Edith Suárez, cargo vacante por cuarta ocasión en 18 meses, y la noticia fue recibida con entusiasmo en diferentes círculos académicos y políticos de Chihuahua, de donde la primera es originaria, ya que ha presidido diversas comisiones clave en el Instituto Estatal Electoral relacionadas con equidad de género, derechos humanos, debates y grupos indígenas.
Que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confió en el avance del partido guinda en entidades opositoras, toda vez que después de sus visitas a Aguascalientes, gobernada por el Partido Acción Nacional, y Coahuila, priista, donde encabezó asambleas informativas, sostuvo que es cuestión de tiempo para que se hagan con esas gubernaturas hoy a cargo de Teresa Jiménez y Manolo Jiménez. No, si quieren el carro no solo completo, sino también copeteado, mientras que sus adversarios no parecen reaccionar después del nocaut 2024.
Que incluso en algunos círculos morenistas no cayó bien el recargón de la Presidenta al ex panista Gabriel Quadri, insistente crítico de los programas sociales de Morena que fue exhibido formado para recibir su pensión del Bienestar, no porque no se lo merezca, sino porque es un personaje menor que no debería distraer la atención del gobierno federal, ocupado hoy mismo en lidiar en varios frentes abiertos, sobre todo en el exterior. El aludido, por cierto, cantinfleó con eso de que sigue estando en contra de los apoyos, pero tiene derecho a ellos, porque se pagan con los impuestos. Ah, bueno.
Que la Universidad Nacional Autónoma de México, que encabeza el rector Leonardo Lomelí, ocupa el lugar 54 global en la clasificación 2025 del Times Higher Education, que mide el compromiso y las contribuciones de las universidades con la ciencia interdisciplinaria entre 749 instituciones de educación superior de 94 naciones. Otra medalla para los pumas. (Milenio, Al Frente, p.2)
Ausencia, mensaje, deslinde en el Edomex
Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que esta semana envió un mensaje claro al ausentarse del informe anual del presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi. Y es que en vez de ir a escuchar cómo éste presentaba los resultados de su administración, la maestra optó por asistir al Primer Foro de Prevención del Maltrato Animal, que se realizó en Metepec, dejando clara así, nos cuentan, su prioridad hacia temas sociales. Ah, pero quienes conocen del acontecer político en la entidad, consideran que hay otra variable a considerar: resulta que la ausencia de la gobernadora fue también un deslinde frente a las acciones del presidente del Poder Judicial, quien, ha trascendido, intentó influir en la reforma judicial estatal como un último intento por mantener control en un ámbito donde su liderazgo ha sido cuestionado y ha enfrentado críticas por su manejo interno. Ahí el dato.
SSC cierra paso a impunidad
Vaya que ha estado nutrida la lista de buenos resultados de las fuerzas del orden esta semana. Y es que ahora se dio a conocer que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia a cargo de Pablo Vázquez y de la Fiscalía General de Justicia, ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra los tres involucrados en la agresión a la diputada suplente y activista Diana Sánchez Barrios. Las acusaciones en contra de quienes actualmente se encuentran detenidos incluyen los delitos de homicidio calificado y tentativa de transfeminicidio. Según las investigaciones, los tres detenidos habrían participado en un ataque con armas de fuego que resultó en la muerte de dos hombres y dejó gravemente herida a Sánchez Barrios. Fue el titular de la corporación quien dio cuenta de lo anterior y agradeció el apoyo brindado por la fiscalía capitalina y por autoridades mexiquenses.
Presupuesto para la Cuauhtémoc
Y fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió ahora a la mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México, a plantear las necesidades presupuestales de su demarcación. Y ha señalado, nos comentan, que si bien los habitantes de la demarcación son 500 mil, ésta tiene una población flotante de cinco millones de personas que impactan sobre los espacios públicos y el mantenimiento de éstos. La funcionaria ha refutado así el dato de 300 mil habitantes sobre la cual parte la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local para estimar el gasto para el 2025 de la Cuauhtémoc. “Queremos seguir siendo el corazón económico, cultural y turístico de la capital y para ello necesitamos y exigimos un presupuesto sincero, ajustado a nuestra realidad”, dijo Alejandra para plantear la exigencia de aumento del 10.6 por ciento en el presupuesto (407.7 mdp), lo que llevaría el techo presupuestal a 4 mil 224 millones de pesos. También informó que recibió un presupuesto de 8.6 por ciento (77.63 mdp) para operar el último trimestre, cifra insuficiente para cubrir necesidades.
El premio a Claudia Sheinbaum
Con la novedad de que ayer la Fundación Nobel para la Sostenibilidad entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el premio a la Sostenibilidad 2024. Aunque acudió en su representación la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, la mandataria expresó su agradecimiento por el galardón en un mensaje que publicó en redes: “Gracias a la Fundación Nobel para la Sostenibilidad por este reconocimiento. Juntas y juntos cuidamos nuestros recursos naturales en beneficio de los pueblos”, escribió. Nos hacen ver que la entrega de este premio derivado de la implementación de políticas ambientales exitosas cuando fue Jefa de Gobierno —algunas de las cuales fueron respaldadas por la Universidad de Munich y la Universidad de California— perfila a Sheinbaum como una presidenta ambientalista de relevancia. Apenas hace unos días fue incluida también por la revista Time entre la lista de las personas más influyentes del mundo en la materia a las que denominó Titanes. Ahí el dato.
Calurosas bienvenidas en tierras panistas
Y fueron la presidenta morenista Claudia Sheinbaum y las gobernadoras panistas de Aguascalientes, Tere Jiménez, y de Guanajuato, Libia Denisse García, quienes ayer realizaron recorridos, cada una en su entidad, por módulos para el registro de la pensión Mujeres Bienestar, programa de carácter federal. “El día de hoy tuvimos el gusto de recibir a la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en el municipio de Pabellón de Arteaga. Agradezco su visita y el trabajo coordinado que hemos tenido para impulsar proyectos en beneficio de Aguascalientes. ¡Bienvenida Presidenta!”, refirió Tere Jiménez tras la visita en un mensaje acompañado de imágenes en las que aparece junto a la mandataria y con la titular de Bienestar, Ariadna Montiel. Libia Denisse hizo lo propio: “No cabe duda que las mujeres sabemos hacer política de altura, hoy damos muestra del trabajo en equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Bienvenida a Guanajuato! Tierra de libertades y hogar de gente buena y chambeadora que nos quiere unidas para darles un mejor futuro”. Qué tal.
Raspones a la reforma en foro de la Corte
Y fue en un foro organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, donde a la reforma al Poder Judicial no le fue nada bien. Resulta que un par de catedráticos de renombre ayer fueron particularmente críticos con la enmienda hecha en México. Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España, consideró que “México ha dejado de ser un Estado de derecho, lo fue en las últimas décadas y ahora ha dejado de serlo o va a dejar de serlo en la medida que se vayan implementando estas medidas”. Y ha sostenido, además, que la reforma acaba con la independencia judicial en México. No ha sido el único, pues el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli, discípulo de Norberto Bobbio, ha señalado que la reforma judicial “equivale a la supresión de la separación de los poderes”, y ha planteado que espera que “la verdadera razón de esta reforma sea una suerte de analfabetismo institucional y no la voluntad explícita de una involución autoritaria”. Uf. (La Razón, p.2)
Les llaman “monstruos”. Son camionetas blindadas de manera artesanal. Tienen láminas metálicas por todos lados, sin placas ni identificación. Las transforman los narcos para realizar sus ataques y estar protegidos. Son, en realidad, pequeños tanques. Las policías locales no pueden hacer nada contra ellos. De hecho, muchas veces no hacen nada. Y se esconden hasta que se van. Así es la vida en muchas poblaciones de México donde el Estado ha desaparecido.
Es considerado uno de “los hispanos más influyentes de Estados Unidos” y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.
Hace unos días en Zinapécuaro, Michoacán, al menos tres de estos vehículos blindados entraron por la calle principal y dispararon contra el palacio municipal. Las huellas de los balazos aún se ven en las paredes. Nadie les puso resistencia. Imposible saber para quién iba el mensaje o qué buscaban esos criminales. Lo que sí sabemos es que causaron pánico en la población y que ahí (y en muchos otros lugares) nadie se siente protegido a pesar de las decenas de miles de soldados y miembros de la Guardia Nacional que el gobierno ha enviado.
Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos fracasados para enfrentar la violencia.
Hace poco todos le cayeron encima al embajador saliente de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuando dijo que “la estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó”. En México lo criticaron por decir lo que es absolutamente cierto pero que nadie de Morena se atreve a decir. Y en Estados Unidos, por haberse tardado tanto tiempo en decirlo y no aprovechar la cercanía que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para convencerlo de que cambiara de estrategia.
Al final, los números lo dicen todo. En el gobierno de AMLO hubo 188,994 homicidios dolosos, según cifras oficiales. Un desastre desde cualquier ángulo que se vea. Lo que nos lleva a una durísima conclusión: para que Claudia Sheinbaum tenga éxito en materia de seguridad, se tiene que alejar de lo que hizo López Obrador. En secreto todos saben que lo que dijo el embajador Salazar fue tardío pero certero.
Estoy convencido de que la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quieren un México más seguro. Es lo mismo que quiere la oposición y más de 130 millones de mexicanos. Y todos por la misma razón: les conviene. ¿Quién quiere vivir en un país donde no sabes si vas a regresar a la casa?
Pero esa fórmula de cuatro puntos -atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, más labores de inteligencia y coordinación entre las fuerzas de seguridad- no es suficiente y tiene, en su esencia, el mapa genético de los abrazos, no balazos.
Es verdad que en el primer mes de la Presidenta se detuvo a 22 criminales que estaban en la lista de “objetivos prioritarios”, como anunció el secretario García Harfuch. Y también me van a decir que la estrategia de seguridad iniciada con AMLO ha dado resultado y que hay una tendencia a la baja. Sí la hay. Pero no es lo suficientemente efectiva ni rápida. De seguir así vamos a tener toda una década, o más, de masacres y feminicidios.
Vamos a los números para probarlo. En el primer mes de gobierno de AMLO -diciembre de 2018- hubo 2,893 homicidios dolosos. Mientras que en el primer mes de gobierno de Sheinbaum -octubre de 2024- hubo 2,564 asesinatos. Sí, son menos. Pero pasamos de tener 96 asesinatos por día a 85 por día. Esa sigue siendo, como en la película Bardo, una pirámide de muertos. Y si multiplicamos esos 85 muertos diarios por 365 nos encontramos que en el primer año de Sheinbaum habrá más de 31 mil muertos. Eso es totalmente inaceptable. Los mexicanos no votaron por eso.
Estados Unidos tampoco sabe qué hacer con México. Sabe que los cárteles mexicanos controlan el tráfico de migrantes y de fentanilo, y que el año pasado murieron 107 mil estadounidenses por sobredosis. Y lo único que se le ocurre a Trump es imponer aranceles si México no detiene a los extranjeros y a las drogas. Así que todo cae en los hombros de Sheinbaum.
Nadie sabe cómo parar la violencia en México. Pero ver para atrás es la fórmula perfecta para fallar y volver a caer. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Primero destruir. Y luego ya se verá. Estas dos frases, que podrían parecer ridículas o inverosímiles y en cualquier caso impropias de una auténtica política de izquierda, han animado a la Cuarta Transformación desde su llegada al poder. Convencido de que el Estado es corrupto, superfluo u oneroso -una idea central de ese neoliberalismo que de labios para afuera afirma combatir-, López Obrador se dedicó infatigablemente a desmantelarlo con una rabia ideológica solo equiparable a la de Thatcher o Reagan. Ese mismo programa, ajeno a cualquier idea progresista, es el que ha transmitido a su sucesora.
(México, 1968). Es autor de la novelas En busca de Klingsor, El fin de la locura, No será la Tierra, El jardín devastado, Oscuro bosque oscuro y La tejedora de sombras. Y de ensayos como Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar y Leer la mente. En 2009 obtuvo el Premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas. En 2014 se publicará su novela Memorial del engaño.
Por supuesto, la 4T no lo hace por medio de la privatización de las empresas o los servicios públicos, sino de una forma indirecta y acaso más perversa: arrebatándole a las instituciones del Estado el presupuesto indispensable para su operación -bajo el engañoso nombre de austeridad republicana- o eliminándolas de tajo con el hipócrita argumento de que fueron creadas durante lo que sus integrantes llaman, cínicamente, “etapa neoliberal”. Una y otra vez se ha repetido el mecanismo: a partir de una mera instrucción, que jamás se basa en estudios previos -de los que se desconfía a priori- o en la evaluación de sus riesgos o de sus consecuencias, se despedaza algún proyecto u organismo, que será sin falta sustituido por otro -por lo general de menor rango y con menor independencia- de la noche a la mañana.
El resultado: un caos que los operadores del caudillo se apresuran a tratar de recomponer por medio de negociaciones, parches y medidas de último momento, las cuales entretanto dejan a los ciudadanos desprotegidos. Más allá de lo ocurrido con el AICM -primera muestra del modus operandi-, el proceso se ha repetido una y otra vez. Baste mencionar el sistema de salud, el sistema de justicia y ahora con los órganos autónomos: en el primer caso, el saldo fueron millones de personas que perdieron el acceso a la sanidad pública o a medicinas indispensables; en el segundo, la elección por voto popular de los jueces hará que durante años la impunidad y la injusticia sean aún más dramáticas que antes; y, en el tercero, provocará que el país sea todavía más opaco, discrecional e ineficaz de lo que ya es.
Volvemos -como algunos integrantes de la 4T lo han reconocido- a un modelo que combina lo peor del autoritarismo priista del pasado con una capacidad de operación estatal en mínimos históricos. Y, para colmo, quienes resultan más afectados son justo esos pobres a los que se dice tener primero. Son los más pobres quienes han debido buscar opciones privadas en educación o salud; quienes terminarán engrosando las cárceles o siendo víctimas de abusos -más aún con la aprobación de nuevos tipos penales para la prisión preventiva oficiosa: un desprecio manifiesto a los derechos humanos-; y quienes tendrán muchos menos instrumentos a su alcance para oponerse o moderar los caprichos de los poderosos. El argumento de que a los pobres se les beneficia con numerosos apoyos directos no es sino la prueba capital de esta privatización y esta discrecionalidad silenciosas. Pero poco importa cuánto dinero llegue directamente a sus bolsillos: la pérdida de capacidad de acción del Estado al final terminará siendo aún más costosa especialmente para ellos.
Claudia Sheinbaum no solo ha heredado esta lógica, sino que, en estas primeras semanas de su mandato, la ha vuelto suya. Desde que llegó al poder, hemos visto los execrables mecanismos utilizados por la 4T para hacerse con la mayoría calificada para aprobar sus reformas constitucionales y, casi peor, cómo operó a la hora de nombrar a la presidenta de la CNDH, eligiendo a la menos calificada solo a causa de su lealtad. Al parecer, el único valor que cuenta. Una ominosa señal de lo que harán a partir de ahora con los candidatos a jueces, magistrados y ministros y, por supuesto, con quienes vayan a hacerse cargo de los restos de los órganos autónomos cuyas funciones serán absorbidas por entidades gubernamentales. Imposible creer, así, que el objetivo es proteger a los más pobres o, para el caso, a cualquier habitante del país. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.9)
Siete altos funcionarios municipales del estado de México fueron detenidos ayer por sus presuntos nexos con grupos delictivos como La Familia Michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito. Al menos dos personas lograron evadir el denominado Operación Enjambre, en el cual participaron más de mil 500 efectivos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, de la Secretaría de Seguridad estatal y de la federal, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Marina, mientras que el director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, se suicidó con su arma de cargo al enterarse de la orden de aprehensión en su contra.
La magnitud del dispositivo policial, así como el hecho de que involucra a más de una decena de municipios, recuerdan de manera inevitable al michoacanazo perpetrado por Felipe Calderón el 26 de mayo de 2009 contra 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez de dicha entidad, quienes tuvieron que ser liberados por la falta de pruebas en su contra y por el desaseo con el que se efectuaron los arrestos, sobre los que siempre pesó la sospecha de responder a motivaciones políticas. Sin embargo, debe remarcarse que hasta ahora no hay razones para trazar paralelismos entre ambos eventos, pues todo indica que lo ocurrido ayer se inscribe de manera auténtica en los esfuerzos para abatir la criminalidad en territorio mexiquense, y que da continuidad a las aprehensiones llevadas a cabo en septiembre pasado en otras cinco demarcaciones.
El perfil de los detenidos, entre quienes figuran sobre todo directores de Seguridad Pública, pero también alcaldes y al menos un subdirector operativo de Seguridad, un jefe de región de la policía municipal y un comisario de seguridad, son reveladores de un fenómeno que se ha denunciado como una plaga en el nivel más bajo de la administración pública: la cada vez mayor penetración del crimen organizado en los ayuntamientos, pues los cárteles y otros grupos han pasado de sobornar a agentes y mandos policiacos a nombrar directamente a los titulares de Seguridad y otras áreas, cuyo control facilita sus actividades o es una fuente de lucro en sí misma, como sucede en las direcciones de obras o finanzas.
En buena medida, esta cooptación es posible debido a la extrema debilidad estructural y financiera de los gobiernos municipales, quienes apenas recaudan en promedio 20 por ciento de los recursos necesarios para su operación y dependen de la Federación para obtener 74 por ciento de sus ingresos. En algunos casos, la totalidad del dinero que requieren proviene de las arcas federales. Una clave para entender la descapitalización de los cabildos reside en el no cobro del impuesto predial, que en el papel es su principal grifo de financiamiento: mientras los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recaudan en promedio 1 por ciento del PIB mediante ese gravamen, en México representa apenas 0.11 por ciento. Para colmo, 90 por ciento de ese exiguo monto se colecta en 188 de los 2 mil 476 municipios y alcaldías. Está claro, entonces, que alcaldes y presidentes municipales deben superar la cortedad de miras, los cálculos electoreros, ignorancia, indolencia o cualquier otro factor que priva a sus demarcaciones de los recursos que requieren con urgencia para atender la inseguridad y otras problemáticas que afectan a los ciudadanos.
En lo inmediato, es imperativo que la fiscalía mexiquense y los tribunales que lleven los expedientes realicen sus labores de manera impecable, a fin de que los acusados sean procesados con estricto apego a derecho y de que las sanciones o los deslindes de responsabilidades derivados del operativo se dicten con pruebas incontrovertibles que no dejen lugar a dudas acerca de la prevalencia de la justicia. Nada menos que eso exigen y merecen los millones de habitantes de una entidad que, por décadas, se ha encontrado a merced de una delincuencia desbordada debido a la ineptitud o la complicidad de los gobernantes. (La Jornada, Editorial, p.2)
Aunque no sea intencional y se corrija, el error en el presupuesto para educación superior es un ominoso aviso para las universidades. Ofrece con claridad el mensaje de que vienen cambios de fondo. Ya al comienzo del sexenio, el presidente López Obrador planteó que los presupuestos universitarios sólo se aumentarían para compensar la inflación. Y así fue durante todo el sexenio. Hubo un resignado silencio, aunque la UNAM sí subrayó la importancia de su contribución, y la hizo visible poniendo en marcha una significativa ampliación de su matrícula.
En la UAM, también en respuesta, hubo una reunión en Xochimilco que inicialmente fue amplia, pero que luego se confinó a unos cuantos. Se despidió a quienes también proponían aprovechar el momento para comenzar a dar una respuesta con cambios profundos que fortalecieran a la institución hacia adentro y hacia afuera. Se trata de defendernos, no de cambiar, les dijeron, y nada se hizo. Pero ahora es un momento donde las instituciones –la UAM incluida especialmente, pues se le anticipó un recorte sustancial–, aparecen como apagadas y vulnerables; incapaces de dar una respuesta con acciones contundentes de su importancia, que descoloque al gobierno y a sus concepciones respecto del valor y la trascendencia de la educación superior y especialmente universitaria.
Aunque –como se promete– no se dé el recorte a la UAM y se cumpla además con por lo menos el aumento de 3.5 por ciento correspondiente a la inflación, eso no resuelve el problema de lo que viene a mediano plazo. Porque, para agravar aún más las cosas, con 85 por ciento que se otorga al proyecto de las Universidades del Bienestar, se anuncia algo que también ya viene desde el recién concluido sexenio: que sí hay una educación superior alterna capaz de ir ocupando un lugar clave en las preferencias gubernamentales. Así, el problema no es sólo el de una reducción coyuntural sino el de una visión y tendencia a mediano y largo plazo que ya no pasa por la ruta de las autónomas e instituciones semejantes.
Para enfrentar esta inédita situación, el único camino realmente eficaz a nivel nacional es de unidad y frente unificado entre las instituciones –como sí ocurrió al comienzo de los años 90–, pero ahora es claro que las directivas no lo contemplan. Y como, además, está la visión que de ellas activamente se fomenta, de elitistas y conservadoras, es más evidente su vulnerabilidad. Si la respuesta no puede venir desde un frente amplio, habrá entonces de comenzar a generarla desde las propias instituciones. Por eso, la otra opción es dar respuesta a través de una comunidad con poder de hacer cambios que resignifiquen el papel de la universidad desde dentro y hacia afuera y planteen con esto una manera de responder.
En el caso de la UAM, por ejemplo, habría que colocar en el centro las relaciones con la metrópoli que la alberga. Establecer no convenios, sino alianzas que se traduzcan en procedimientos de ingreso de estudiantes sin sesgo de género y clase social que permitan un mayor número de admitidos de las comunidades, barrios, colonias. Dejar atrás el hecho de que la matrícula UAM no cambia desde hace décadas: en 1998 eran 40 mil estudiantes; en 2017, 48; en 2020,46; en 2024, 46.5, y hace semanas –¿preocupación por recorte?– 61 mil. En lugar de con grandes empresas, reorientar programas de investigación-acción y la difusión cultural hoy comercializada, para fomentar el conocimiento en respuesta a las necesidades de información y formación de los habitantes de esta metrópoli.
Para eso es necesario cambiar de fondo las relaciones internas, cambiar la difusión y procesamiento de la información y la participación plena y crítica en decisiones mediante espacios amplios y legítimos de estudiantes y trabajadores, y dar atención al uso del presupuesto. Porque para atender a muchos más estudiantes y responder hacia afuera es necesario contratar a muchos más profesores-investigadores (con preferencia extraordinaria a los temporales), aumentar el personal de apoyo de base y beneficiar su tabulador. Asimismo, mejorar las condiciones de estudiantes (no clasificarlos por color de piel) y disponer de amplios comedores. Para hacer posible todo esto, revisar los montos de las becas y estímulos a profesores y volver permanente y estable –como ya ocurre con ciertos profesores– una parte de estos ingresos. Además, para los mismos propósitos, revisar los gastos que hoy se hacen en gestión eficaz (344.6 millones), en compensaciones, estímulos y honorarios no académicos (447 millones), contribuciones para eventos (55 millones) (Presupuesto UAM, 2024) y utilizar esos recursos en la contratación de más profesores-investigadores, personal administrativo o manual y en becas y apoyos a los estudiantes. Es decir, constituir comunidades fuertes, activas y actoras, trabar alianzas con otras instituciones, y con la ciudad y sus espacios, salir así a defender con el cono-cimiento la universidad y la educación pública. (Hugo Aboites *, La Jornada, Opinión, p.11)
El mensaje del martes de Omar García Harfuch fue diáfano: nosotros sí estamos actuando. El gabinete de Seguridad reportó “acciones relevantes” del día anterior: detenciones, resguardos de armas y drogas en Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, erradicación de plantíos en tres entidades y golpes al huachicol en cuatro. Una señal enviada horas antes de que los diputados discutieran y votaran por unanimidad, con el sí de la oposición, reformar lo necesario para que Omar opere la Secretaría que imaginó y diseñó: su policía hará investigación procesal, conducirá el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, coordinará estrategias y desempeños en el gobierno federal y con los estatales y municipales, y auditará el dinero y recursos que lleguen a los estados y municipios. Es un triunfo contundente. Omar trabajó duro en ello. Cabe, pues, abrigar la idea de que México, por fin, podría emprender con lógica, método y voluntad la pesadísima marcha a contracorriente para tratar de dejar atrás la infame e injusta tragedia de violencia y horror. Para tratar de darle tranquilidad y paz a los mexicanos. Esa sí que sería una transformación. Virtuosa. (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, Nacional, p.4)
Convocados miércoles y jueves para concretar la reforma de simplificación orgánica, diputados de Morena y sus aliados celebraron el fin del Inai, Cofece, IFT, CRE, CNH, Coneval y Mejoredu.
Se dice fácil y de corridito, pero estamos hablando de instituciones del Estado mexicano construidas en las últimas tres décadas y que, pronto, estarán fuera de la Constitución, exterminadas de la vida pública. Así que por respeto a las personas que ahí todavía laboran, a sus arquitectos, creadores, exintegrantes, defensores y beneficiarios, vamos a desglosar las siglas de cada uno de estos siete organismos autónomos constitucionales:
Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión de Regulación de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y Comisión de la Mejora Educativa (Mejoredu).
Y es preciso nombrarlos de manera singular, aun cuando sus enterradores ni siquiera se detienen en sus siglas, pues prefieren etiquetarlos de manera genérica como unos reumáticos elefantes blancos que, dicen, sólo servían a oscuros intereses neoliberales.
“Eran autónomos para los lujos, los despilfarros, la corrupción. Y decimos ya basta y al diablo sus instituciones, las instituciones serviles”, planteó desde la tribuna de San Lázaro la diputada Montserrat Ruiz Páez (Morena). Y cuando se hizo referencia concreta a algunos de estos organismos, fue para descalificar a sus comisionados como destinatarios de sueldos ostentosos.
La oposición buscó contrarrestar la narrativa oficialista de que, desde sus orígenes a la fecha, esas siete siglas habían costado al erario arriba de 32 mil millones de pesos.
“Se les olvida que, en un solo año, para 2025, le están dando 40 mil millones de pesos más a una obra que, según ustedes, ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos, porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse”, reviró la coordinadora de la diputación panista, Noemí Luna. Pero, más que cotejo de cifras, los diputados del PAN, PRI y MC –que recordaron representar a 46% de los votantes– hablaron de la regresión democrática que esta reforma implica. Van algunos ejemplos:
“Es una decisión de trogloditas, es una decisión autoritaria y es una decisión dictatorial”: Víctor Samuel Palma (PRI).
“Hoy se consuma el asalto a la República y a la democracia”: Isidro Bárcenas (PAN).
“La democracia está en peligro y se abre la puerta a la tiranía”: Juan Ignacio Samperio (MC).
“Quieren quitar al Inai para que ya nadie descubra el robo de Segalmex, el robo del Tren Maya, el robo de Dos Bocas, quieren desaparecer al Inai para que nadie sepa cómo quebraron a Pemex”: Ariana Rejón (PRI).
“Quitar los contrapesos en el poder es consolidar una dictadura”: Roberto Sosa (PAN). “Familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia han sido beneficiarias del Inai ante la negativa de autoridades militares para dar información. Esto no sucederá en la Secretaría de la Función Pública”: Patricia Mercado (MC).
Los autores del acta de defunción, sin embargo, le atribuyeron a esta reforma un carácter simbólico, ideológicamente hablando, al explicar que con la exterminación de “las Ocas”, así les llamaron en tono despectivo, México estaba despidiendo al neoliberalismo. “Esta etapa que hoy estamos sepultando de lo que muchos le llamamos las Ocas, Organismos Constitucionales Autónomos, cobró fama e impulso en Europa hacía los 80, los 90 (…) Fue un implante de la tecnocracia financiera internacional las Ocas, porque no tenían un respaldo popular (…) Los proyectos de sus iniciativas se elaboraron en despachos extranjeros (…) La tecnocracia internacional se escudó en las Ocas”, expuso el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
Pero antes de organizar el funeral de las Ocas, la 4T debía trasplantar algunas funciones de los fallecidos Cofece e IFT al gobierno federal con un órgano antimonopolio, como lo exige el T-MEC. El vicecoordinador de la bancada de Morena, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, expuso la reserva que modificó la propuesta enviada hace nueve meses por el ahora expresidente López Obrador, misma que no previó cuidar el cumplimiento de ese requisito que tiene el tratado con Estados Unidos y Canadá: que la libre competencia esté garantizada por una instancia técnicamente independiente al gobierno.
“Es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción”, explicó el legislador. “Lejos de renunciar, a pelear, para combatir las prácticas monopólicas absolutas y relativas, con este proyecto lo que estamos haciendo es llevar a nuestro país a mejores y mayores niveles de competencia económica y a mayores niveles de bienestar”, confió Ramírez Cuéllar. La oposición auguró el descarrilamiento del T-MEC, un instrumento que en estricto es producto del defenestrado neoliberalismo. E incluso se mofó de las piruetas legislativas y retóricas que esta corrección conlleva.
“Ahora se dieron cuenta que van a desaparecer a dos organismos importantes para el Tratado de Libre Comercio. A corregir, chafarines”: Liliana Ortiz (PAN). “Ésta es una reserva chafa que quiere hacer creer que cumplimos acuerdos”: Iraís Reyes (MC).
“Van a tratar de limpiar su desastre, porque ya les jalaron las orejas EU y Canadá”: Carlos Eduardo Gutiérrez (PRI).
Unos celebran el México sin neoliberalismo, otros pronostican la consolidación del autoritarismo. Todos coinciden, eso sí, en que hemos llegado al fin de una época. (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.7)
Estados Unidos es un país de indudables y amplias fortalezas –tecnológicas, económicas y culturales–; sin embargo, su gobierno está fallando profundamente a sus ciudadanos y al mundo. La victoria de Donald Trump es fácil de entender: fue un voto contra el statu quo. Que Trump pueda remediar, o incluso tratar de remediar, los verdaderos males del país, está por verse.
El rechazo del electorado al statu quo es abrumador. Una encuesta nacional de la NBC, en septiembre de 2024, concluyó que 65 por ciento de los estadunidenses consideran que el país ha equivocado el rumbo, mientras sólo 25 por ciento dijeron que es el rumbo correcto. En marzo de 2024, según Gallup, sólo 33 por ciento de los estadunidenses aprobaron la gestión de Joe Biden en política exterior.
En el centro de la crisis estadunidense está un sistema político que no representa los verdaderos intereses del elector promedio. El sistema político fue secuestrado hace décadas por los dueños del dinero, en especial cuando la Corte Suprema abrió las compuertas a las contribuciones ilimitadas de campaña. Dos grupos se han apropiado del Congreso y de la Casa Blanca: los donadores superricos y los cabilderos monotemáticos.
Muchos (aunque no todos) de los donadores superricos buscan favores especiales del sistema político, favores que ahora serán hechos por el Congreso, la Casa Blanca y las dependencias reguladoras con directivos designados por el nuevo gobierno. Muchos donadores también presionan por nuevos recortes de impuestos al ingreso corporativo y a las ganancias del capital, sin importar su impacto en el déficit federal, que actualmente representa 7 por ciento del PIB, y pese a que el ingreso nacional antes de impuestos se ha alejado enormemente del ingreso del trabajo hacia el ingreso del capital.
Muchos donadores empresariales, agregaría yo, están francamente del lado de la paz y la cooperación con China, como es muy razonable tanto para los negocios como para la humanidad.
Los cabilderos monotemáticos son el segundo grupo que ha capturado el poder. Entre esos cabilderos están el complejo militar-industrial, Wall Street, los consorcios petroleros, la industria de las armas de fuego, los consorcios farmacéuticos y alimentarios, y el lobby sionista. La política estadunidense está bien organizada para servir a esos intereses especiales. Cien millones de dólares en donaciones de campaña por un grupo de cabilderos pueden ganar 100 mil millones de dólares en asignaciones federales y/o recortes de impuestos.
Estos cabilderos de intereses especiales no dependen de la opinión pública ni se preocupan mucho por ella. Los sondeos de opinión muestran que el público quiere control de armas, menores precios de fármacos, poner fin a los rescates en Wall Street, energías renovables, y paz en Ucrania y Medio Oriente. No importa. Los cabilderos se aseguran de que el Congreso y la Casa Blanca brinden fácil acceso a las pistolas y las armas de asalto, precios estratosféricos a los fármacos, apapacho a Wall Street, nuevas perforaciones para gas y petróleo, compras de armas para Ucrania y guerras en respaldo a Israel.
Los dos cabilderos más peligrosos son el complejo industrial militar y el lobby sionista (como se detalla en un brillante libro nuevo del historiador Ilan Pappé). El complejo industrial militar ha llevado a Estados Unidos a guerras desastrosas, operaciones encubiertas de cambio de régimen, sanciones económicas ilegales y a desestabilizadoras revoluciones de colores en los países de la antigua órbita soviética (dirigidas por la Fundación Nacional para la Democracia).
El lobby sionista ha sido al menos igual de dañino, y quizá más. El lobby sionista ha atizado la serie de guerras de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellas en Irak, Siria, Libia y Sudán.
Mientras la plutocracia estadunidense ha proporcionado guerras de elección para el grupo industrial militar y para Israel, y beneficios fiscales para los ricos, no ha ofrecido ninguna solución real para los trabajadores estadunidenses. Durante el periodo posterior a 1980, la automatización golpeó con gran dureza a los trabajadores industriales, y la clase trabajadora en conjunto se encontró en empleos de menor sueldo. Entre tanto, las ganancias del capital se dispararon: la valuación global del mercado de valores se elevó del equivalente a 55 por ciento del PIB a 200 por ciento actualmente. Además, los crecientes costos de la atención a la salud y las colegiaturas apretaron aún más a la clase trabajadora.
La base de electores de Trump es la clase trabajadora, pero su base de donadores son los superricos y los cabildos. Así pues, ¿qué ocurrirá ahora?
La presunta respuesta de Trump es una guerra comercial con China y la deportación de trabajadores extranjeros indocumentados, combinadas con más recortes de impuestos para los ricos. Sin embargo, estas políticas no lograrán los resultados prometidos a los trabajadores. Los empleos fabriles no regresarán en grandes cantidades de China, porque nunca se fueron a China en grandes cantidades. Tampoco las deportaciones harán mucho por elevar los niveles de vida del promedio de los estadunidenses.
Esto no quiere decir que no existan soluciones reales. Cuatro políticas claves se esconden a plena vista.
La primera es enfrentar al complejo industrial militar. Trump puede poner fin a la guerra en Ucrania diciendo al presidente Vladimir Putin y al mundo que la OTAN nunca se expandirá hacia Ucrania. Puede acabar con el riesgo de una guerra con China dejando claro que Estados Unidos no defenderá a Taiwán si intenta separarse de China.
La segunda es enfrentar al lobby sionista diciendo a Netanyahu que Estados Unidos ya no librará las guerras de Israel y que éste debe aceptar un Estado palestino que viva en paz junto a él. Es el único camino posible hacia la paz.
La tercera es cerrar el déficit presupuestario, en parte recortando gastos superfluos –sobre todo en guerras, cientos de bases militares inútiles en el extranjero, y precios estratosféricos que paga el gobierno por fármacos y atención a la salud– y en parte elevando los ingresos del gobierno.
La cuarta es una política de innovación (es decir, política industrial) para el bien común. El objetivo de esta política debe ser asegurar que las nuevas y emergentes tecnologías de IA y digitales sirvan al bien común, incluyendo a los pobres, la clase trabajadora y el ambiente físico.
Todos estos cuatro pasos están al alcance de Trump y justificarían su triunfo electoral. No contengo el aliento esperando que Trump los adopte. La política estadunidense ha estado muy podrida durante mucho tiempo como para que exista mucho optimismo al respecto; sin embargo, los cuatro pasos son viables, y todos serían de gran beneficio no sólo para los líderes empresariales que respaldaron la campaña de Trump, sino para las decenas de millones de trabajadores enojados cuyos votos pusieron a Trump de nuevo en la Casa Blanca. (Jeffrey D. Sachs*, La Jornada, Mundo, p.19)
Hay algo peculiarmente irónico en ver a políticos canadienses, tradicionalmente tan correctos y diplomáticos, súbitamente actuando como matones de patio escolar. Las recientes declaraciones del alcalde Doug Ford y otros funcionarios canadienses sugiriendo que México debería ser expulsado del T-MEC son tan inesperadas y sorprendentes por su forma como sospechosas por su timing. La narrativa canadiense es simple y aparentemente convincente: México comercia demasiado con China, por lo tanto, no es un socio confiable. Es una lástima que los números cuenten una historia completamente diferente.
Veamos las cifras: en 2023, el comercio de Canadá con China alcanzó 130 mil mdd canadienses, mientras que el de México con China fue de aproximadamente 110 mil mdd estadounidenses. En términos relativos al tamaño de sus economías, Canadá tiene una dependencia comercial con China significativamente mayor que México. La tibieza de Justin Trudeau ante estas declaraciones es igualmente reveladora, ha optado por un discreto “sin comentarios” que suena más a complicidad que a prudencia diplomática. ¿Qué está pasando realmente? La respuesta probablemente tiene menos que ver con China y más con dos fechas clave: noviembre de 2024 (elecciones estadunidenses) y 2026 (revisión del T-MEC).
La primera explicación es la más obvia: Canadá está posicionándose estratégicamente ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La segunda motivación tiene que ver con la revisión del T-MEC en 2026. Canadá está claramente intentando debilitar la posición mexicana antes de que empiecen las conversaciones formales. Es una táctica astuta, pero transparente.
Lo que hace particularmente contraintuitiva esta movida es que Canadá ha sido un beneficiario sustancial del comercio trilateral. México no es su competidor, es un socio que ha ayudado a mantener la competitividad de la región frente a Asia. Además, Canadá ha sido uno de los principales beneficiarios del comercio con Beijing. Las exportaciones canadienses de materias primas a China han sido un pilar de su economía durante décadas. La verdadera preocupación de Canadá probablemente tiene más que ver con la creciente competitividad de México en sectores clave. La inversión extranjera directa en México, particularmente en manufactura avanzada y nearshoring, está creando ansiedades en Toronto y Ottawa. La ventaja competitiva de México en costos laborales, combinada con su cercanía con Estados Unidos, representa una amenaza real para ciertos sectores industriales canadienses.
Esta ansiedad económica se ve exacerbada por el éxito de México en atraer inversiones en sectores de alto valor agregado, como la industria automotriz eléctrica y la electrónica avanzada. Mientras Canadá lucha por mantener su base industrial, México está emergiendo como un hub manufacturero cada vez más sofisticado. Y, además, la postura de Trudeau parece apuntar a un cálculo político interno. Con las elecciones canadienses en el horizonte, podría estar buscando evitar una confrontación directa con los sectores más proteccionistas de su país, mientras deja abierta la posibilidad de alinear su discurso con el de una eventual administración Trump.
La ironía es que esta actitud canadiense podría resultar contraproducente. En un mundo donde las cadenas de suministro regionales son cada vez más importantes para la seguridad económica, debilitar el T-MEC sería un autogol estratégico. China no es el problema; la falta de cohesión norteamericana sí puede serlo. Además, si la preocupación real es la influencia china en la región, expulsar a México del T-MEC sólo empujaría al país más cerca de Beijing. Frente a los desafíos geopolíticos y económicos del siglo XXI, la región debe actuar como un bloque cohesionado. Las declaraciones canadienses son un ejemplo de política cortoplacista. La solución no es debilitar el T-MEC, sino fortalecerlo. Esto podría incluir mayor integración de cadenas de suministro, inversión en infraestructura compartida y cooperación en investigación y desarrollo. Canadá debería enfocarse en cómo hacer que la región norteamericana sea más competitiva globalmente. En el juego de la economía global, es mejor tener amigos cerca que competidores lejos.
Excluir a México no sólo sería contraproducente, sino también extremadamente costoso para las empresas estadunidenses y canadienses. Así que, Canadá, dinos: ¿qué te traes? ¿Ganas de debilitar al único bloque comercial que puede hacerle frente al dragón de Asia? (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p.10)
México enfrenta una situación de alto riesgo con el arribo de Donald Trump al poder presidencial; no es conveniente sonar las campanas de alarma, pero sí estar preparados para un desafío inédito, sobre todo cuando más que nunca el país depende del vecino…
Toda estrategia exitosa requiere de un buen diagnóstico. Para ello es necesario diferenciar lo que está bajo control de lo demás, particularmente lo internacional. Ha habido presidencias impensadamente beneficiadas por un entorno mundial favorable, como fueron los elevados precios del petróleo durante el gobierno del presidente Fox. Otros tuvieron que enfrentar acontecimientos inciertos, por ejemplo las pandemias en tiempos de los gobiernos del presidente Calderón y, todavía con mayor acento, en los de Andrés Manuel López Obrador, en una dimensión global, además, sumamente perniciosa. Los desastres naturales son otro factor impredecible, como fue el terremoto de 1985 o las lluvias torrenciales cada vez más recurrentes.
Estimo que México enfrenta una situación de alto riesgo con el arribo al poder presidencial de Donald Trump. No es conveniente sonar las campanas de alarma, pero sí estar preparados para un desafío inédito, sobre todo cuando más que nunca el país depende del vecino. Ciertamente, también ellos dependen de México y de los mexicanos, pero no en la proporción y la profundidad que nosotros de ellos. Hay que reconocer los márgenes asimétricos de maniobra que impone la relación.
Lo que urge es prepararse para un escenario adverso, y no creo que estemos haciendo lo correcto. Por ello hay que insistir en que desde la Presidencia se plantee una convocatoria implícita a la unidad nacional. Por unidad no hay que remitirse necesariamente al convencional espacio de la política, sino ir mucho más allá, a la gran diversidad social, regional y económica que
Deseable sería que la certeza que exhibe el gobierno para afrontar favorablemente el escenario tuviera como sustento la información y no la creencia, los mitos o el voluntarismo. Por ejemplo, asumir que no habrá deportaciones porque no les conviene a los vecinos es tanto como decir que no habría reforma judicial porque eso afecta al conjunto del país. Los proyectos con carga ideológica funcionan de manera distinta.
El objetivo mayor es el país y el reto es el incierto entorno internacional. Afrontar la circunstancia con éxito pasa necesariamente por la unidad nacional. Los débiles se vuelven fuertes cuando se unen y los fuertes lo son más cuando lo hacen. (Liébano Sáenz, Milenio, Al Frente, p.2)