Ya entendimos: los $16.5 millones de finiquito para los dos consejeros ¡NO SE TOCAN! (La Jornada, Contraportada)
EN LA INTENSIDAD de su campaña de desprestigio, se puede medir el espanto que le causa a la 4T la marcha ciudadana del próximo domingo. Desde el presidente de la República hasta el más humilde tuitero de la Red AMLO, se han dado vuelo tratando de criticar, desprestigiar e intimidar a quienes saldrán a las calles para denunciar la contrarreforma electoral.
TANTO en redes sociales como en discursos en tribuna o conferencias de prensa, los acólitos presidenciales insisten en que quienes marchan, lo hacen para ¡¿¡¿defender la corrupción?!?! Inclusive andan diciendo que será una marcha para defender ¡a Genaro García Luna! Qué manera de querer confundir la magnesia ciudadana con la gimnasia oficialista.
EL PROPIO Andrés Manuel López Obrador enfocó sus baterías contra el ex ministro José Ramón Cossío, al que nomás le faltó acusar de la pérdida de Texas. Si tan desangelada estará la marcha del domingo y sus motivaciones son tan retorcidas, resulta extraño que le preocupe tanto a la 4T. ¿Miedito?
QUIÉN FUERA Raquel Buenrostro para ver la vida con tanta paz y serenidad. La titular de Economía es una especie de buda del T-MEC a la que nada le perturba y nada le acongoja… ni siquiera el conflicto comercial con Estados Unidos.
PESE a que se trata de una grave amenaza para México, la funcionaria desestimó -otra vez- el reclamo estadounidense por el maíz transgénico. Y salió con que la petición de un panel de consulta es cosa de todos los días, como diciendo que no hay de qué preocuparse. Debe ser bonito vivir en ese mundo de fantasía en el que los problemas desaparecen como por arte de magia.
EN LA ENCUESTA de noviembre sobre las elecciones en el Estado de México, el emecista Juan Zepeda alcanzaba los dos dígitos frente a Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Y en la encuesta de esta semana apenas llega al 4 por ciento. ¿Qué pasó ahí?
LA dramática caída de su capital político se debe -en gran medida- a que Movimiento Ciudadano no ha querido hacer campaña para impulsarlo, pese a ser uno de sus cuadros más fuertes, especialmente en el oriente mexiquense. En 2018, en las elecciones para el Senado, Zepeda le dio a MC más votos que los sufragios que obtuvo en Jalisco y Nuevo León, donde es gobierno.
LO MÁS RARO de todo es que Juan Zepeda sí quiere hacer mítines, echarse palomazos con su banda de rock y tratar de recuperar el terreno electoral perdido. Sin embargo, quien no quiere hacer ruido -¡ni campaña!- es el dueño, perdón, el dirigente de MC, Dante Delgado. Esto obliga a preguntar: ¿a quién beneficia que Movimiento Ciudadano pierda por default? A algún lado se tienen que ir los votos que podría ganar en zonas populares donde tiene mucho arrastre, como Neza y Chalco. Da la impresión de que la supuesta neutralidad naranja… no es tan neutral. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
Plan C de Morena: maniatar al tribunal electoral
Nos platican que, apenas confirmaron que el Senado avaló el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados surgió una nueva prioridad: un plan para limitar las atribuciones del Tribunal Electoral, luego de que determinó que la próxima presidencia del INE debe estar a cargo de una mujer. Nos cuentan que los morenistas comenzaron a urdir su estrategia desde el periodo pasado, cuando el tribunal ordenó incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, y más tarde se fortaleció la idea cuando ordenó modificar la convocatoria para elegir consejeros del INE. Nos cuentan que el coordinador Ignacio Mier ya encargó a un grupo de legisladores diseñar una vía legal para frenar a la máxima autoridad electoral. Queda claro que a la mayoría oficialista la única autoridad a la que le gusta someterse es la del inquilino de Palacio Nacional.
Tras cuatro años, asusta a líderes del Senado la violencia verbal
En el Senado, que desde 2018 ha sido escenario de intensos intercambios de insultos, descalificaciones y agresiones verbales, e incluso más de un conato de gresca, nos cuentan que los coordinadores de todos los partidos comentaron entre ellos su preocupación por el tono que tomaron el miércoles las discusiones en el pleno. Durante el debate del llamado Plan B electoral, además de los ya normalizados improperios, en tribuna se llegó de plano a la amenaza de revelar videos íntimos de una legisladora. Nos comentan que platicaron la necesidad de tomar medidas para frenar la violencia verbal porque cada vez se acerca más a derivar en violencia física. ¿Será que logren frenar el florido lenguaje de los senadores y su marcada propensión a confundir el debate parlamentario con un concurso de expresiones de odio e intolerancia?
A corcholatazos y billetazos se llevan
La contienda interna de Morena por la candidatura presidencial se calienta cada día. Ahora, seguidores de algunas corcholatas invierten su dinero en subir tuits promocionados de noticias que les peguen a sus adversarios. Luego de que la cuenta tuitera @ALEPHBIO reveló que Pemex y Fonatur dieron contratos por varios miles de millones de pesos a una consultoría dirigida por un sobrino de Marcelo Ebrard, la diputada Gabriela Jiménez, quien apoya a Claudia Sheinbaum, pautó en Twitter una nota sobre el tema. En los pasillos de Palacio, nos cuentan, no cayó nada bien que, por pegarle a don Marcelo, la legisladora no reparó en que su dinero sirvió para raspar de paso a dos tabasqueños aliados del presidente, Octavio Romero, de Pemex, y Javier May, de Fonatur. La oficina de prensa del canciller no desmintió los contratos, sólo dijo que hace años que ni habla con el sobrino. Entre que sí le habla o no, nos cuentan que el equipo marcelista llevó su queja de juego sucio al árbitro único del proceso, el que despacha frente al Zócalo. Así se llevan. Y apenas es febrero de 2023. (El Universal, A2, p.2)
Que animados por los exhortos presidenciales de “no menospreciar la fuerza de millones de conservadores”, que en su cabeza es todo opositor, legisladores y dirigencia de Morena echaron a andar una contracampaña en redes sociales para promover la concentración del próximo domingo, pero con las imágenes de Lorenzo Córdova, Vicente Fox, Felipe Calderón y Genaro García Luna, con lo que buscan contrarrestar la convocatoria lanzada por diversas organizaciones para protestar por la reforma electoral.
Que en cuanto fueron enviadas las leyes faltantes del plan B electoral al jefe del Ejecutivo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, recibió la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien tuvo una charla amistosa en la que se dieron tiempo de invocar sus terruños: Tabasco, “que es un edén”, dijeron, y Zacatecas, estado sobre el que el legislador parafraseó al poeta Roberto Cabral del Hoyo: “Si te fuera la suerte menos ingrata/ pavimento pudieras lucir de plata”. Se nota que andaban inspiradísimos…
Que por cierto, en el equipo del secretario de Gobernación están muy satisfechos con los resultados de la Cuenta Pública 2021, pues la gestión de Adán Augusto López, entonces mandatario de Tabasco, salió como una de las tres con menores observaciones por comprobar de parte de la Auditoría Superior de la Federación, junto con Baja California Sur y Guanajuato, lo que ven como buena señal considerando que figura entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena hacia 2024. A ver.
Que después de rendir protesta como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para los próximos dos años, Víctor Oléa Peláez perfiló la necesidad de “una sacudida” al interior de la institución, que tiene 101 años de fundada, para convertirla en una verdadera conciencia jurídica de México y reconocer desde el gremio que “el Estado de Derecho es débil y vulnerable”. Antes hizo una visita de cortesía a Norma Lucía Piña, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Milenio, La Frente, p.2)
La honradez habla. La administración de Adán Augusto López en Tabasco fue la que contó con las menores irregularidades en la Cuenta Pública 2021. Entre las entidades mejor calificadas, con irregularidades de cero a menos de 100 mil pesos, destaca la gestión como gobernador del actual secretario de Gobernación. De acuerdo con las auditorías realizadas a los 32 estados, respecto al Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, algunos de ellos tuvieron observaciones hasta por 13 mil 737 millones de pesos, mientras que en Tabasco sólo se le pidió aclarar montos menores a 100 mil pesos. Adán Augusto ha dado muestra de que la honestidad siempre va por delante.
Lluvia. El senador Ricardo Monreal llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar certeza jurídica al plan B de la reforma electoral, una vez que el Ejecutivo federal la mande para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El senador zacatecano estimó que sea este fin de semana cuando se publique el plan B y, una vez promulgada la reforma, los grupos parlamentarios o los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y Senadores podrán presentar acciones de inconstitucionalidad en la materia. Se prevé tormenta, ¡agárrense!
Alito a la baja. La comisión del INE declaró nula la ampliación de mandato de Alejandro Moreno como presidente nacional del PRI. Los consejeros consideraron que hubo irregularidades en la convocatoria del Consejo Político Nacional del PRI, por lo que se declararon nulas las modificaciones estatutarias con las que Alito pretendía extender su mandato hasta 2024. Así, con tres votos a favor y uno en contra, los consejeros advirtieron que el PRI “no cumplió con las disposiciones estatutarias, específicamente aquellas para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus reglas”. De momento, los priistas lograron frenar el agandalle de Moreno. Viene la impugnación. De poder a poder.
Cuando la ley es la ley. Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de cinco cargos, nunca ha sido militante del Partido Acción Nacional, aseguró el presidente de ese instituto político, Marko Cortés, quien dijo que si García Luna se corrompió, debe pagar por sus actos. El líder panista reprochó que el exsecretario de Seguridad Pública federal de Felipe Calderón tuviera que ser juzgado en Estados Unidos y no en México. Además, criticó la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “de los abrazos a los delincuentes”, al señalar que esto ha provocado “la peor expansión territorial de la delincuencia” en el país. En este ping-pong verbal, donde la pelota es el caso de García Luna, todos dicen tener la razón. Lo único cierto es que quien la hace, la paga. Aunque sea allá.
Algo tarde. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, retó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, a debatir en San Lázaro, a partir del próximo martes, lo que llamó “las mentiras sobre el plan B”, en referencia a las reformas secundarias ya aprobadas. Lo que parecía otra más de las bravuconadas de Mier, también presidente de la Jucopo, va en serio, pues el representante de su partido ante el INE, el diputado Mario Llergo, informó que pediría a sus pares de los grupos parlamentarios hacer la formal invitación. Ambos, reiteradamente nombraron en forma peyorativa como “los lorencitos y los ciritos” a los consejeros. ¿En ese nivel va a estar su debate?, ¿y, para qué, si ya está aprobado el plan B? (Excélsior, Nacional, p.11)
Adán, entre los mejor evaluados
En el Informe de la Cuenta Pública 2021, de la Auditoría Superior de la Federación, uno de los mejor evaluados fue Tabasco, lo que habla muy bien de la gestión del actual titular de la Segob, Adán Augusto López, pues ese año era gobernador de la entidad. En otras entidades se encontraron anomalías superiores a 13 mil millones de pesos, pero el actual encargado de la política interna del país colocó a su estado entre los cinco mejor calificados.
Misión para Luisa María
Nos cuentan que se encargó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, vigilar que la quebrada Aeromar pague primero a los 500 trabajadores afectados. Son más de 150 millones de pesos los que la empresa de aviación adeuda a sus empleados, por lo que, de entrada, ya se le aplicó un embargo precautorio.
Revocan inhabilitación a Robles
Nuevo triunfo judicial obtuvo Rosario Robles. A seis meses de haber conseguido la libertad condicional, la exsecretaria de Desarrollo Social fue notificada que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó la inhabilitación por 10 años que le impuso la Función Pública en 2019. El fallo obliga a que se emita una nueva sanción.
Margarita, víctima colateral
El falló de un jurado de New York contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sepultó por completo las aspiraciones de Margarita Zavala, quien buscaba la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX. En el PAN se muestran solidarios con ella, pero hasta ahí, pues no quieren cargar con el estigma que tiene su esposo Felipe Calderón.
Quirino busca inversiones
Promoviendo a México ante inversionistas está el embajador en España, Quirino Ordaz. Ayer participó en un foro, en la Casa de América, y destacó que nuestro país “acoge cada vez más a empresas extranjeras en todos los ámbitos”, y mencionó que el Tren Maya es una gran oportunidad de inversión. Resaltó, además, la actual estabilidad financiera. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
Sobre la presión en la Corte
Y fue el ministro Alberto Pérez Dayán el que se tomó con tranquilidad los cuestionamientos que se hicieron desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de que determinara suspender la aplicación de la primera parte del llamado Plan B. Lo importante es que la evolución del derecho nos ha mostrado que los tribunales constantemente, como cualquier otro jugador, en el ánimo de preservar los derechos humanos, particularmente cuando pueden ser violados de modo irreparable, deben venir acompañados de una medida cautelar, afirmó anoche. Y aunque señaló que la Corte, como “todo órgano de Estado que ejerce sus competencias siempre se encuentra presionado”, seguramente saldrá adelante. Ahí el dato.
AH, PERO QUÉ TAL LOS FRIJOLES
Con la novedad de que el compromiso que ambas cámaras del Congreso de la Unión suscribieron para sacar adelante dictámenes de relevancia y que fue anunciado entre abrazos y señales amistosas, en realidad no ha servido de mucho. Ayer la diputada Eufrosina Cruz reclamó que el Senado ha actuado con omisión. ¿Por qué? Pues porque no ha ratificado la minuta que la Cámara de Diputados aprobó, respecto a su iniciativa, para castigar penalmente a quien incurra en matrimonios forzados de menores de edad. La reforma está detenida en las Comisiones de Justicia, que encabeza la morenista Olga Sánchez Cordero y de Estudios Legislativos, a cargo de Rafael Espino, y busca que los Congresos de las 32 entidades de la República Mexicana modifiquen sus Códigos Penales Estatales para castigar la unión forzada de menores de edad. Ah, pero eso sí, la iniciativa para declarar el Día Nacional del Frijol sí encontró buen cauce.
TRAVIESA CONTINGENCIA
En un ambiente de polarización como el que priva en el país desde hace tiempo, nos comentan, ya no llama tanto la atención que hasta por las partículas contaminantes se detonen agrios debates entre los bandos de los denominados chairos y los, también así motejados, fifís. Ahora fue la decisión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis de aplicar las medidas de contingencia ante los altos índices de contaminación en la ciudad, la que llevó a que uno de los grupos acusara extrañeza por el hecho de que la medida se decretara a sólo un par de días de la concentración en favor del INE que tendrá lugar en el Zócalo capitalino el próximo domingo y que esto resultara coincidente con lo ocurrido con la marcha anterior, cuando días antes se restringió la circulación de autos y se aplicaron restricciones a diversos sectores. Aquella vez, nos recuerdan, la medida no mermó la participación, pero, en estos tiempos no puede faltar una excusa para subirse al ring y entrarle con todo al sospechosismo.
EL PAN Y EL LASTRE DE GARCÍA LUNA
Vaya que la ola de críticas por la culpabilidad de Genaro García Luna en delitos de narcotráfico en EU ha cimbrado al PAN, y es que ya sea por redes sociales o en diferentes espacios, como la Cámara de Diputados, se ha relacionado a Acción Nacional con la actividad delictiva del exsecretario de Seguridad Pública. Ayer, con 48 horas de atraso, la dirigencia partidista, a cargo de Marko Cortés, y los coordinadores parlamentarios se vieron obligados a salir para intentar apagar el fuego y afirmar que el exsecretario no fue militante del albiazul. Algunas voces, como la del diputado Santiago Creel, ya tomaron incluso la línea discursiva de que se investigue a “quien se tenga que investigar”. Mientras del otro lado del ring, Morena intenta capitalizar el golpe para pedir que se retire el registro al PAN, por supuestamente ser aliado de criminales. Uf.
LOS EMECISTAS Y EL NEARSHORING
Con la novedad de que no todas las entidades federativas andan tiradas en la hamaca y quedándose atrás en el tema del nearshoring. Y es que sin esperar a que surja una política federal en materia de relocalización de empresas, ayer los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, tuvieron la segunda parte de una especie de cumbre entre entidades de la que salieron con acuerdos para que sus estados, a los que calificaron como “las locomotoras de la economía”, vayan en alianza para ofrecer las mejores posibilidades a las inversiones que están buscando condiciones para asentarse. Uno de los temas relevantes fue el de la Aduana Colombia-Nuevo León, sobre la que García dijo que hay descuentos, incentivos y cruce en 5 minutos. Parece que los mandatarios emecistas le pueden comer el mandado a otros que no traen el tema en la cabeza y menos en la agenda.
AGUJERO EN NAYARIT
A quien deben estarle zumbando un poco los oídos es al exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, debido a que la Auditoría Superior de la Federación encontró un agujero de dos mil 402 millones 901 mil 700 pesos, que representan el 99.2 por ciento, o sea prácticamente toda la muestra auditada. No se sabe el uso que le dio a ese dinero, porque simplemente no hay comprobación de que se haya gastado en lo legalmente indicado. Las mayores irregularidades están en los sectores de Salud y Educación, sobre los cuales —¿coincidencia?— hay una investigación en curso en la entidad, por aparente corrupción. Quien fuera secretario general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, está bajo proceso por varios delitos. Se desconoce lo que hace actualmente el exgobernador. Posiblemente esté al frente de las empresas familiares. O quizá, nos dicen, esté buscando algún abogado. (La Razón, La 2, p.2)
La curva de aprendizaje de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido larga y costosa. Los montos de las cuentas que han sido desbloqueadas mediante juicios de amparo entre 2022 y los primeros días de 2023 rebasan los 20 mil 700 millones de pesos frente a los menos de 500 millones que se han congelado. Son datos de la misma UIF.
No obstante, las “bolas” que tiene el “engrudo” de la actual UIF —para decirlo en las palabras que emplea Gómez Álvarez— empiezan a ser de utilidad para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un escenario de pugna con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, de donde salen los criterios y amparos que dan sustento a desbloqueos de sujetos investigados.
En el contexto del juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el titular de la UIF se apareció hace un par de semanas en la conferencia matutina de AMLO. Pablo Gómez recitó una serie de cifras e intentó mostrar, a medias por la confidencialidad, el mapa de los negocios del “súper policía” del gobierno de Felipe Calderón.
La prioridad de esa disertación, según lo confirmó más tarde en esa conferencia el presidente López Obrador, era denunciar una nueva “afrenta a la justicia” del Poder Judicial, por la decisión reciente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para eliminar a Luis Cárdenas Palomino —colaborador cercano de García Luna— de la Lista de Personas Bloqueadas y descongelarle cuentas por 5.5 millones de pesos. Lo mismo a la esposa del exsecretario Linda Cristina Pereyra.
El dedo acusador del presidente señala como responsable del asunto a la ministra presidenta, Norma Piña, con quien ha sostenido una pugna simbólica desde los primeros días del presente año, cuando el escándalo del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel la colocaron como un escudo defensor del Poder Judicial.
La realidad es que la jurisprudencia que ha permitido liberar miles de millones de pesos es una herencia del ministro Eduardo Medina Mora, la cual pone en el rango de la inconstitucionalidad los congelamientos resultado de una investigación local y valida únicamente los que resultan de una solicitud expresa de gobiernos y organismos internacionales.
La “Jurisprudencia Medina Mora” es la herramienta con la que se han desbloqueado cuentas de personajes como Nassón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo y culpable confeso de tres cargos de agresión sexual contra menores de edad. El criterio se forjó en 2018, unos meses antes del arribo de López Obrador a la Presidencia, justo cuando Orlando Suárez López, titular de la UIF en esos tiempos, liberaba administrativamente otros mil millones de pesos vinculados con el crimen organizado.
Con estos antecedentes se explican las razones por las que este gobierno se atrevió a presionar la renuncia del ministro Medina Mora, pero no ha podido revertir el daño que dejó este a la estrategia de combate al lavado de dinero y al manejo de recursos de procedencia ilícita. No es tarea sencilla conseguir que los ministros de la Corte elaboren una nueva jurisprudencia en la materia, sobre todo cuando los funcionarios de este gobierno suelen carecer de técnica jurídica.
De las ruinas de esta batalla pérdida AMLO construye un discurso para vulnerar la imagen del Poder Judicial, en un marco en el que el gobierno también ha perdido las herramientas con las que solía presionar.
Este jueves tomó protesta como nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Víctor Olea Peláez, quien encabezará esta organización durante los próximos dos años. Previo a la asamblea donde se llevó a cabo la toma de posesión, el abogado se reunió con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y con el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades. Este último también estuvo esta semana con el presidente López Obrador y con la presidenta de la Corte; en los próximos días la asociación que encabeza emitirá una postura sobre el Estado de derecho en México. La sorpresa fue que también reapareció con Olea y Cremades el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como se adelantó hace unos días en este espacio. A la ceremonia que se llevó a cabo en el Club de Industriales acudió el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, el nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls, y el abogado Javier Quijano Baz, entre otros.
El 11 de enero pasado se reveló en este espacio la planeación de una nueva manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La “marcha” iba a convocarse originalmente para el 5 de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana. El puente de ese fin de semana terminó por descarrilar la movilización en esa emblemática fecha. La nueva convocatoria se fijó para este domingo 26 de febrero. Será una concentración en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Tod@s de rosa. También participarán políticos, empresarios, líderes de organizaciones civiles y ciudadanos que están en desacuerdo con las reformas promovidas por el gobierno federal en contra del INE y la democracia. Los oradores principales: el ministro en retiro José Ramón Cossío, la periodista Beatriz Pagés y alguna sorpresa más. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p.10)
A semejanza de su líder supremo en las mañaneras, los morenistas se montaron en el veredicto del jurado en Nueva York para despotricar contra todo lo que huela a oposición. Ahora sí que les vino como anillo al dedo. Los doce del jurado de Brooklyn encontraron “culpable” a Genaro García Luna de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por mentir a las autoridades de Estados Unidos.
Desde entonces, el oficialismo utiliza el veredicto no sólo para descalificar al PAN y a la oposición en general, sino para fustigar a los ciudadanos que asistan el próximo domingo a la manifestación en defensa del INE. López Obrador llegó al extremo de afirmar que los que van al Zócalo el próximo 26 de febrero, favorecen la corrupción.
* Ejemplos de que en la 4T van explotar políticamente el caso sobran. Ayer, por ejemplo, diputados de Morena se pasearon por el salón del pleno con dos mantas blanquiazules que se burlaban del binomio Calderón-García Luna.
Una de las mantas simulaba el logotipo del PAN en medio del cual se leía la palabra “culpables”. La otra mostraba una fotografía de ambos encerrados en un círculo azul, con flechas que apuntaban hacia las imágenes. La flecha que iba hacia García Luna arrancaba desde un letrero que decía “El narcotraficante”. En la que apuntaba hacia Calderón se leía: El Jefe.
Mientras paseaban las mantas por el salón de sesiones, los morenistas, con risas festinaban: ¡Borolas sí sabía! ¡Borolas sí sabía!
* El diputado guinda, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confirmó que van a sacar raja electoral del mediático caso. Dijo textual: “El tema de García Luna se impone por encima de cualquier discusión. Es un tema relevante del que se va a seguir hablando durante semanas y meses. Después de esta sesión hay una declaración, un foro, una marcha, una mañanera, y más conferencias de prensa. Es un tema inacabable por un buen tiempo”.
En el otro extremo del tablero político lo saben. Habla Marco Adame, diputado del PAN: “El tema de García Luna inevitablemente daña la imagen del partido y gobiernos del PAN. Debe mantenerse en el ámbito jurídico y de responsabilidades públicas con base en la Ley. Es lamentable el uso político electoral y los discursos de odio”. En medio del alboroto en San Lázaro, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, convocó a rueda de prensa para “dar la cara” sobre el caso. Dijo sobre el exsecretario de Seguridad: “Quien transgrede la ley debe ser sancionado y pagar sus culpas. Y, en este caso, las de García Luna son gravísimas. Tenía la obligación y el deber de combatir al crimen organizado y lo que hizo fue exactamente lo contrario”. Luego de aclarar que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de García Luna, ni tuvo trato con él, le dio la puntilla: “Se decía que era un súper policía, lo que resultó ser es un súper traidor a México, traidor a su institución, traidor a sí mismo”.
* Corrió ayer el rumor de que la politización del caso de Genaro García Luna obligó ayer a suspender la sesión ordinaria del pleno en la Cámara de Diputados. Fake.
Fuentes confiables nos dijeron que la cancelación se debió a que la Jucopo, órgano de gobierno en San Lázaro, quiso abrirse un espacio para esperar la notificación de la resolución del TEPJF que obliga a que la próxima presidenta del INE sea mujer. El citado Juan Ramiro Robledo nos explicó que en San Lázaro hay molestia por la forma como actuaron en el Tribunal Electoral. “No notificaron a la Cámara porque había varias demandas. Las sumaron todas, las acumularon y dictaron una resolución. El procedimiento nos parece hasta de mala fe porque tenían mucho plazo para dictar esa resolución. La quinteta de puras mujeres se va a formar en la segunda quincena de marzo. No necesitaba dictarla sin avisarnos”.
Robledo asegura que varios diputados, él incluido, piden que se planteé una controversia ante la Corte. “No tiene facultades el Tribunal para estar justiciando sobre un procedimiento constitucional, sin perjuicio de que hay una anuencia entre muchos diputados de que pueda ser una mujer”, puntualizó.
* Los promotores del plan B electoral –que incluye despedir a 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera del INE– se llenan la boca con la palabra “ahorros”. Es la justificación más utilizada para empujar el famoso plan que debilita al árbitro electoral. Pero los despidos de esos trabajadores costarán al erario 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones –el mismo monto de lo que pensaban ahorrar–, según un estudio interno que dio a conocer ayer el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova. ¿Pobreza franciscana” Naaaa. El famoso plan tiene todavía que pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia. Las inconstitucionalidades saltan a la vista. El mismísimo Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, contabilizó 21 y votó en contra la primera vez que se sometió al pleno. No hay forma de que el plan pase, a menos que… (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
¿AMLO honrará a Herrera Valles? // En 2008 exhibió a García Luna // Sufrió cárcel, golpes, represión // Hora de reconocer el valor cívico
El 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles fue detenido por aproximadamente 20 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según lo reportado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un día después por los familiares de quien era comisario general de la citada PFP.
En mayo de 2007 había sido nombrado coordinador de seguridad regional de la PFP y mientras permaneció en ese cargo se enteró de irregularidades, mismas que hizo del conocimiento de sus superiores jerárquicos, lo que ocasionó que el 12 de febrero de 2008 fuera removido de su función y, a partir del 22 de abril de 2008, empezó a ser intimidado y a publicarse notas periodísticas en las que se señalaba su participación en actividades delictivas.
Herrera Valles fue amagado físicamente (el 28 de septiembre de 2008 lo pretendieron detener en su domicilio por una denuncia anónima de que en esos momentos estaba golpeando a su esposa, quien no estaba en casa y negó tal agresión) y mediáticamente (notas en su contra en ediciones del 13, 15 y 16 de mayo, y del 20 y 21 de octubre de 2008 en las páginas de Internet de El Universal y La Crónica), vigilado y presionado hasta su detención en noviembre, cuando fue apresado sin orden judicial, golpeado (fractura del noveno arco costal) y procesado bajo acusación de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El delito de Herrera Valles (quien estuvo casi cuatro años preso; también su hermano Arturo, quien era inspector general de la PFP en Tabasco) consistió en reportar a Felipe Calderón Hinojosa, mediante sendas cartas enviadas en febrero y mayo de 2008, las irregularidades que había observado, sin saber que el entonces ocupante de Los Pinos protegía al máximo a quien entonces y ahora ha figurado como su cómplice y socio.
La CNDH, a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, emitió en 2011 una recomendación, con cinco puntos, que el secretario García Luna desatendió llanamente. En abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a estudio el caso de Javier y Arturo Herrera Valles, quienes ya habían resultado absueltos en México de las imputaciones en su contra (ironía con vista a Nueva York: a Javier lo encarcelaron y procesaron con base en denuncias de Rocha y de un ‘testigo protegido’ conocido solo como Pitufo).
En ese 2008 tuvieron que renunciar a la PFP el mencionado Javier, su hijo Eduardo y el hermano (de Javier), Arturo. En 2012, a su esposa Liliana se le pidió que renunciara a su trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Javier ha presentado diversos recursos administrativos y judiciales en busca de ser reincorporado a su trabajo como policía, con resultados negativos hasta ahora.
Ayer, en entrevista (https://bit.ly/3YYmq7a), Javier Herrera Valles expresó que seguirá luchando para ser reinstalado en su empleo policiaco aunque sea un día, para luego pasar a retiro, como una confirmación de su inocencia y, a la vez, de la injusticia cometida en su contra. En agosto de 2022, la CIDH propuso al Estado mexicano acogerse a un procedimiento de solución amistosa, pero Javier no conoce la respuesta del gobierno obradorista (https://bit.ly/3Zcxz3K).
Dado el sacrificio y el servicio de Herrera Valles a la nación, al denunciar la mafiosidad de García Luna y evidenciar el cómplice conocimiento oportuno de Felipe Calderón, ¿determinará el presidente de la República la reinstalación de Herrera Valles, la disculpa pública a él y sus familiares agraviados y alguna forma de resarcimiento, que podría incluir un reconocimiento a su valor cívico?
Y, mientras este domingo los opositores al obradorismo se esfuerzan en mostrar fuerza numérica, al tiempo que batallan para eludir o disfrazar el daño colateral apellidado García Luna, ¡hasta el próximo lunes, con el priísta ex rector de la UNAM, José Narro, advirtiendo de manera provocativa que hoy se lucha en defensa del INE y tal vez después en defensa de la autonomía de las universidades públicas! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.14)
El ex presidente Felipe Calderón reapareció desde Madrid con un texto en el que hace una serie de consideraciones sobre el futuro democrático de México, a partir del momento que se vive hoy hacia lo que López Obrador llama la consolidación de su proyecto político a partir de ganar las elecciones presidenciales de 2024 y asegurar su cuarta transformación.
Calderón habla de dos tiempos y llama a reunir a todos los partidos en un solo frente con ciudadanos y candidato común para 2024, o llevarlo hasta 2030, aceptando ya la derrota de la oposición, vía un nuevo gran partido ciudadano.
Sobre el primer punto, he sostenido que, al día de hoy, cuando estamos a seis meses de iniciar el proceso electoral de 2024, no hay oposición ni liderazgo alguno competitivos para derrotar al candidato presidencial de López Obrador.
Y no veo cómo en medio año se vaya a construir todo lo que los partidos y sus dirigentes se han encargado de destruir desde hace años, marcadamente ahora en el régimen que gobierna.
Por eso hoy, insisto, no existe una oposición para ganar las elecciones presidenciales en 2024, pues carece de todo, no tiene con qué ni con quiénes y hay una ciudadanía huérfana de proyectos y liderazgos.
Mientras tanto, López Obrador se ha encargado de ir construyendo candidaturas, al menos tres, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal ha ido consolidando la suya, y no solo eso: es el único que cuenta con un proyecto político y de gobierno, guste o no, pero el único, lo que da certidumbre a los suyos.
La oposición es un páramo y los eriales, en su desamparo, no ganan las elecciones.
Al menos no, reitero, no al día de hoy.
RETALES
Dudo que haya sido con algún ánimo rijoso o con mala intención, pero el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado un dardo al corazón de la política mexicana justo el día en que un ex poderoso policía era declarado culpable de cargos de tráfico de droga a Estados Unidos.
El inocente mensaje salido de la cuenta oficial de Twitter del gobernante dice que Colombia ha avanzado mucho en la reducción del homicidio y todavía se puede hacer más, a propósito de una clasificación que cuelga como archivo adjunto, en dos cuartillas, sobre las ciudades más violentas del mundo en 2022.
De acuerdo con el reporte difundido por Petro, firmado por la organización Seguridad, Justicia y Paz, nueve de las primeras ciudades más violentas del mundo son mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco, solo “invadido” ese top ten, por decirlo de alguna manera, por Nueva Orleans en el octavo lugar.
Siempre atendiendo la tasa de incidencia a partir del número de homicidios frente al número de habitantes, Irapuato figura en el sitio 13, Cuernavaca en el 14, Cancún en el 29, Chihuahua en el 30, Morelia en el 31, León en el 38, Ensenada en el 44 y San Luis Potosí en el 50. Es decir, México ocupa 17 casillas del medio centenar que conforma la lista negra de los homicidios en el mundo: un desastre.
En cifras llanas, los casi tres mil asesinatos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, representan la más alta del infortunado grupo, pero en proporción con su población queda en mejor posición que Tijuana con sus 2 mil 177 casos. Y si Petro celebra con ese tuit, que acabó pegando en México, es porque Colombia aparece hasta el escalón 32 con Cali, en el 37 Santa Marta y en fila del 47 al 49 Cartagena, Palmira y Cúcuta.
¡Qué lejos suena aquello de “colombianización” como sinónimo de ejecuciones sin tregua y qué cerca eso de “mexicanización” a la que aludió en su momento el papa Francisco, aunque luego se disculpara por su incorrección política y falta de diplomacia! Acá, sin embargo, hay prioridades como las marchas, la crisis en Perú, las corcholatas, los médicos cubanos, Cuauhtémoc Cárdenas, la Serie del Caribe de beisbol… (Alfredo Campos Villeda, Milenio, Al Frente, p.2)
Tal vez le habría sido de alguna utilidad pedir perdón a México por la enorme tragedia que provocó y ponerse de inmediato a disposición de las autoridades para ser investigado. Pero a Felipe Calderón le ganó la arrogancia y reaccionó al veredicto del jurado con un texto autocomplaciente, insolente y falaz: con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno, escribió. La mentira es insostenible: desde mayo de 2007, seis meses después de que Calderón asumiera una presidencia robada, el general Tomás Ángeles Dauahare, por entonces subsecretario de Defensa, le advirtió de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Poco después, el que era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, le pidió que designara a alguna persona de su confianza, ajena totalmente a la gente del ingeniero Genaro García Luna, para que investigara los malos pasos del ex secretario de Seguridad Pública. En lugar de escuchar al militar y al policía, Calderón les fabricó delitos y los mandó encarcelar. Fuera de esos avisos, desde el periodismo y desde la oposición política se advirtió públicamente sobre el proceder torcido del narcotraficante convertido en funcionario o del funcionario convertido en narcotraficante.
Habría sido imposible que el hombre fuerte de los sexenios panistas actuara en solitario, sin contar con una red de complicidades horizontales, verticales y binacionales (o sea, con dependencias de Washington). La construcción de un “ narco solitario”, una suerte de Mario Aburto que asesinó a la seguridad pública del país, no tiene pies ni cabeza; pero es, en el fondo, lo único que pueden balbucear en defensa propia algunas de las figuras más prominentes del bisexenio 2000-2012: Vicente Fox, que nombró al reo de Nueva York director de la Agencia Federal de Investigación; los procuradores de ese periodo, Rafael Macedo de la Concha, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales; el secretario de Gobernación foxista, Santiago Creel Miranda, y sus sucesores en el calderonato, Francisco Javier Ramírez Acuña, Fernando Gómez-Mont Urueta y Alejandro Poiré, además de Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, fallecidos estos dos en extrañas circunstancias; los ex titulares de la Función Pública Francisco Barrio Terrazas, Eduardo Romero Ramos, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos, así como los dos generales y los dos almirantes que en ese lapso encabezaron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. ¿En verdad, ninguno de ellos se enteró de que el mariscal de campo de la guerra contra la delincuencia había puesto al frente de su Estado Mayor a un agente del enemigo?
O todos esos conformaban el manojo de omisos e incompetentes más prominente de la historia mundial o bien algunos, o todos, supieron quién era en realidad García Luna y al saberlo lo encubrieron. O fueron sus cómplices.
La operación de poner el gobierno federal al servicio de un cártel no sólo requería de un poder presidencial usurpado y el activo apoyo y la intensa participación de instituciones estadunidenses, sino también de una legitimación ante la sociedad. Esa fue la tarea de los ideólogos, comentócratas y propagandistas del régimen que, conociendo o no la condición real de García Luna, emprendieron una intensa campaña para convencer a la opinión pública de que él y su jefe básicamente estaban haciendo lo correcto: exterminar o impulsar la erradicación de todo un sector de la población. En la tarea ayudaron personeros del propio García Luna disfrazados de organizaciones ciudadanas, como México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro y otros membretes similares.
Toda vez que la mera sugerencia del narco solitario naufraga de inmediato, la hoy oposición y ayer oligarquía intenta atenuar su desastre socializando la responsabilidad. Claudio X. González escribe que el descrédito de la declaratoria de culpabilidad de García Luna es para todo el Estado mexicano y Raymundo Riva Palacio arguye que es para un país entero. Pero no. El narcogobierno de Calderón nunca representó la voluntad del pueblo mexicano sino la de un sector empresarial, la de la embajada de Estados Unidos y, hoy lo sabemos, la de una organización delictiva.
La sociedad mayoritaria pasó la mitad del foxato y todo el calderonato procurando sobrevivir y, siempre que fue posible, resistiendo, exigiendo un alto a la terrible carnicería desatada desde el poder y esperando el momento de poner fin a un régimen simulador, ilegal y oprobioso.
La dignidad y el prestigio nacionales están intactos. La abrumadora mayoría del país exige justicia esclarecimiento total y justicia para los crímenes de lesa humanidad perpetrados por un gobierno delictivo. Y lo seguirá haciendo.
No. Genaro no actuó solo, pero no todo México es Genaro. (Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p.17)
He revisado en estos días la elección del 2 de julio de 2006. Son jornadas llenas de mentiras y exageraciones.
Una de las exageraciones mayores me pareció entonces la comparación de López Obrador con Hugo Chávez y el ritornelo de la campaña que lo describía como “un peligro para México”.
Ya con López Obrador en el poder, me siguió pareciendo exagerada la comparación de México con Venezuela y su metáfora adyacente: la de la rana que no se da cuenta de que el agua hierve, sino hasta que no puede salir de la olla.
Sigo pensando que México es un país demasiado complejo y conectado al mundo como para que alguien lo amase a su antojo, hasta volverlo algo parecido a la Venezuela actual.
Pero la conducta de López Obrador me parece ahora menos lejana de aquella comparación, de aquel peligro y de aquella profecía.
Luego de cuatro años y meses en el poder, López Obrador me parece un gobernante más peligroso de lo que me parecía en 2018, más obsesionado con el poder y más dispuesto a todo para conservarlo.
Creo que sigue sin tener la fuerza necesaria para moldear a México a su antojo, pero creo también que el proyecto de país que tiene en la cabeza sí se parece mucho en lo político a la dictadura de Chávez, o de Castro, más que al viejo régimen del PRI.
Lo que podía verse como una caricatura de AMLO hecha por sus adversarios en 2006, se acerca bastante al retrato puntual de lo que AMLO dice y hace todos los días en febrero de 2023.
Creo que México sigue lejos de poder ser convertido en Venezuela, pero creo que corremos peligros políticos graves bajo López Obrador.
Creo que su mandato puede dañar nuestra democracia tan seriamente que, al final de la batalla, tengamos casi que empezar de nuevo.
Creo que puede limitar nuestras libertades al punto de que no podamos después ejercerlas libremente.
Y puede lastimar tanto nuestro Estado de derecho, débil como es, que nuestra actual sensación de vivir en un país sin ley nos parezca luego, por comparación, una barbarie deseable.
La movilización del domingo 26 de febrero es para repudiar las pulsiones dictatoriales que nos rodean. Creo que hay que acudir a ella. Mucho depende de cuántos acudan. Por mi parte, ahí estaré. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p.3)
En el gobierno que proclama combatir la corrupción y con la mañanera de los jueves dedicada a “cero impunidad”, sobresalta la grosera y paradójica falta de congruencia en llamarle “corruptazo conservador hipócrita” a quien sea, como a José Ramón Cossío, el respetable ministro en retiro de la Suprema Corte anunciado como uno de los oradores del domingo en la Plaza de la Constitución.
El decibelaje de la injuria revela el grado de contrariedad que a López Obrador provoca la previsible tumultuaria concentración de repudio al descuartizamiento del INE.
Su lectura es otra: “para defender al viejo régimen corrupto, para eso” será, afirma.
“Los que van a participar vienen a eso. ¿O ustedes creen que vienen por la ley electoral? ¡No! Vienen a decir: ‘El INE no se toca’, pero también ‘García Luna no se toca’, y en el fondo es ‘el régimen corrupto y conservador no se toca’. Para eso es”.
Descalifica y enlista a una decena de intelectuales y políticos dando por sentado que los demás que acudan al Zócalo tienen un mismo y deleznable interés:
“En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. O sea, no es que les preocupe la democracia, no, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación…”, afirma.
No tolera (al menos ante sus devotos) una explicable demostración social de rechazo a una imposición específica, alevosa y descaradamente inconstitucional.
El domingo, pues, la plancha frente a Palacio Nacional será ocupada por una runfla de “inconformes con una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos”.
Falso, pero se pregunta y se responde:
“¿Qué es lo que se propuso? ¿Qué propuse? Bueno, un ajuste, reducir el gasto…”.
No:
El atentado comprende, entre otros daños, que los mexicanos en el extranjero que quieran votar (ahora son algunos miles) no estarán en el padrón actual, sino que usarán su pasaporte. Será el gobierno, no el organismo autónomo del Estado, quien como hace más de 30 años maneje a su antojo una parte de la “voluntad popular”. Una porción del paisanaje (quizá 40 millones en EU), un cacho de la Iglesia en manos de Lutero…
El desmembramiento del INE implica desgracias como el despido de 84 por ciento de casi tres mil integrantes del personal civil de carrera, más otro tanto de trabajadores administrativos, lo que totaliza poco menos de seis mil servidores públicos que serán echados a la calle, a pesar de su probada experiencia y de que por ellos se explica la eficiente operación organizativa y la celebración de elecciones libres, confiables: democráticas.
La corredera se traducirá en liquidaciones laborales por tres mil quinientos millones de pesos y costosos litigios en tribunales.
¿Dónde queda la coartada del “ahorro”?
Mi voto se respeta, el INE no se toca y aplaudo a quienes espero saludar y ver atiborrar la plancha y las calles adyacente. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)