Templo mayor
VAYA QUE andan movidos los asuntos judiciales, allá en Quintana Roo el caso de las investigaciones contra la mafia rumana pinta para convertirse en un escándalo político. Y es que el asunto está muy verde y no por falta de maduración, sino por el color partidista de varios implicados. Dicen que cierto niño verdoso podría ser vinculado a este proceso en el que, por si fuera poco, también están interesadas las autoridades norteamericanas. Vaya, hasta el delegado de la Fiscalía General de la República dicen que saldría salpicado… y no precisamente por la espuma del mar, sino más bien por el sargazo del crimen organizado. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Giras del Presidente a estados con elección, pura coincidencia
Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará al este y norte del país donde realizará una gira de trabajo. Lo que destaca, nos hacen ver, es que al igual que el pasado fin de semana, visitará estados donde habrá elecciones para gobernador. Nos detallan que este viernes, tras su conferencia mañanera, el presidente López Obrador visitará Querétaro, para inaugurar el Hospital General, y ese mismo día, pero a las seis de la tarde, tras un largo viaje, estará en Pinos, Zacatecas, para inaugurar la Universidad del Bienestar Benito Juárez. El sábado 27 de febrero estará en la capital zacatecana, así como en Fresnillo, Jerez, y Tlaltenango de Sánchez Román, donde inaugurará desde cuarteles de la Guardia Nacional hasta supervisará programas sociales. Si usted cree que la presencia del Presidente en estados donde habrá contienda por la gubernatura y la inauguración de obras en vísperas del inicio de las campañas electorales es pura coincidencia, pues recuerde que el mandatario ha propuesto un pacto para que los gobiernos no intervengan en el proceso electo. (El Universal, Nación, p. 2)
No hay para cuando.- Algo que mantiene en ascuas a la diplomacia mexicana es la calma que se está tomando el presidente de EU, Joe Biden, para nombrar embajador en nuestro país. Buena parte de los diplomáticos advierte que es un proceso generalmente tardado, pero llama la atención que siendo México uno de los principales socios comerciales de ese país, se esté tomando su tiempo. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Pablo Gómez, se alista para recibir en las próximas horas la solicitud de procedencia contra el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, y, en su caso, iniciar el procedimiento de desafuero por las imputaciones de delincuencia organizada, lavado y defraudación que presume la FGR. Por la contingencia sanitaria, el órgano debe pedir al panista comparecer por escrito, como lo han hecho otros, pero sin descartar una sesión presencial. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Lecciones. No pasa inadvertido el orden con el que se realizó el primer día de vacunas en tres alcaldías de la CDMX, pues la jornada transcurrió sin contratiempos y se logró vacunar a 19 mil 737 personas de 60 años y más; siete mil 630 de Iztacalco; cinco mil 473 de Tláhuac y seis mil 634 de Xochimilco. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la atención fue ágil. “Hubo bastante organización, los tiempos de espera no fueron mayores a 40 minutos”, destacó. Inclusive en muchos lugares el tiempo de espera fue de sólo media hora. Así se hace, no como en otros lares. Felicidades, sobre todo, a los capitalinos. (Excélsior, Nacional, p. 13)
En el Senado está para ser discutida en este periodo una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Diferentes organizaciones, centros académicos y colectivos de víctimas han pedido al Senado que la iniciativa de ley sea ampliamente discutida, y han hecho observaciones que resumen en que algunas partes de la ley serían en realidad un retroceso para la justicia.
Frente a la poca respuesta del Senado para abrir en serio la discusión y el debate, algunas de estas organizaciones acudieron a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció el lunes llamando “al Estado mexicano a asegurar que cualquier modificación legislativa a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sea debatida con amplia participación ciudadana, aplicando el enfoque de derechos humanos y de modo consistente con sus compromisos internacionales en la materia”.
La CIDH menciona cómo frente a la petición de parlamento abierto el Senado abrió un cuestionario por internet en los días de vacaciones de diciembre. ¿Eso entienden por parlamento abierto? (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Las humillaciones en Ecatepec a decenas de miles de mayores de 60 años ilusionados con recibir sus vacunas contrastan con el servicio cordial, eficiente y hasta festivo que reciben las viejitas y viejitos en tres alcaldías capitalinas.
El pésimo y buen trato a ese sector vulnerable no está en manos de alguna institución sanitaria, lo cual es ilógico y absurdo, sino de las autoridades políticas, en estos casos paradójicamente correligionarias de Morena: el inútil presidente municipal Fernando Vilchis y la eficiente jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
La atención a los vacunables antes de la pandemia jamás fue dispareja en los tradicionales centros públicos de salud. ¿Por qué los ancianos de Ecatepec deben esperar más de un día para ser vacunados y en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco solo dos o tres horas?
La única explicación es el grado de eficacia operativa de la autoridad política, pero no habría mayores diferencias de haberse confiado en el Seguro Social, el Issste, Sanidad Militar y los servicios sanitarios públicos y privados de cada entidad, como ha ocurrido en las anuales campañas de vacunación contra la influenza.
El problema del desorden, la disparidad y las ofensas es que las decisiones las toma el gobierno federal usurpando las funciones de la única autoridad interinstitucional y multidisciplinaria que mandata la Constitución: el Consejo de Salubridad General, ideado para encabezar una auténtica estrategia de Estado en casos de contingencia sanitaria. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
Para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hay duda: se trata de una “persecución política” delineada directamente “desde Palacio Nacional”.
Y los tiempos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) ha echado la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados también le son bien claros: en pleno proceso electoral.
Era de mínima decencia política haberme pedido comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones… ¡Qué casualidad!, reclamó Cabeza de Vaca.
El calendario para el desafuero, efectivamente, corre en paralelo hacia las próximas elecciones del 6 de junio (15 gubernaturas en juego y la renovación de la Cámara de Diputados en pleno, entre otros cargos).
Hoy al mediodía, con la ratificación de la petición de desafuero por parte de la FGR, arranca el reloj parlamentario: el expediente en el que se acusa al mandatario tamaulipeco de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada será turnado a la Sección Instructora que encabeza el diputado de Morena, Pablo Gómez. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
El pleito entre el gobierno federal y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está en un punto sin retorno. La semana pasada, anticipando una acción de la Fiscalía General en su contra, envió un mensaje de conciliación a Palacio Nacional, ofreciendo posiciones políticas a cambio de paz judicial. Ya era tarde. El martes, el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para procesarlo por delitos relacionados con la delincuencia organizada, y el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo ayer al gobernador, sin mencionarlo, que no era una venganza política, pero que no era tapadera de nadie.
La petición del fiscal tiene un doble componente para meter presión al Congreso local, que es el que, por ley, tiene que realizar el proceso, a fin de que no alargue el procedimiento, y hacer pública toda la documentación de la acusación, incrementando la presión para que actúe. Ciertamente es un tema cargado de política y probablemente con intenciones electorales, pero también es una mancha que ha arrastrado García Cabeza de Vaca hace años, que ahora, si es inocente, como afirma, finalmente podrá aclararlo definitivamente en tribunales.
Desde hace ya casi un año se han ventilado en la prensa, a través de filtraciones de procesos en curso –un mal de la justicia mexicana que tiene varios lustros–, las investigaciones del gobierno de López Obrador contra el gobernador de Tamaulipas, a quien en agosto, durante una gira por Reynosa, le dijo en su cara: “Aquí en Tamaulipas, Presidente, nos jugamos todos los días la vida. Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del año que entra (2021), pero éstos son tan irresponsables que no entienden que aquí, ese tipo de politiquería cuesta vidas”. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 40)
Desde que llegó a encabezar la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares estableció un engranaje de corrupción para que cualquier gobierno pudiera, a cambio de un buen dinero, sacudirse el golpe político de ser señalado por las irregularidades en el manejo del dinero público.
Desde luego, Colmenares no se encarga de operar esto a detalle. Eso lo expondría mucho políticamente. Con el que hay que arreglarse es con el maestro Isaac Rojkind Orleanksy, titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, brazo derecho de Colmenares.
¿Cómo funciona? Si la Auditoría Superior hace observaciones sobre algún gobierno, éste de inmediato contacta a los altos funcionarios. La primera cita es para explicar en qué consiste la irregularidad. Si para ésta no hay explicación, pues se trata de un abierto desvío de recursos, entonces se pasa a la segunda ventanilla. Los “contactos” en la Auditoría sugieren contratar a un despacho defensor, con quienes los altos funcionarios de la ASF tienen buena relación. Pero nada avanza hasta que no se da la cita con Rojkind y se define cómo va a ser el intercambio: “según del sapo es la pedrada”, dice el dicho, es decir, depende del tamaño del desvío es el tamaño de la tajada de soborno para que la Auditoría haga como que se explicó satisfactoriamente la irregularidad. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
La aparición ayer del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para anunciar, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la solicitud del juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y aclarar que las acusaciones en torno al mandatario panista no eran una “venganza política”, significa que la FGR está de vuelta. Tras una larga y somnolienta pausa, a pesar de tener varias investigaciones y acusaciones de corrupción promovidas por el gobierno de la 4T contra personajes políticos y empresarios del pasado reciente y también del presente, la Fiscalía empezó a solicitar órdenes de aprehensión y a judicializar carpetas de investigación que durante varios meses estuvieron dormidas pero que hoy, en vísperas de las campañas electorales de este 2021, comienzan a ser reactivadas en busca de un efecto político y mediático que, sin lugar a dudas, busca influir en el ánimo de los electores rumbo a las votaciones del 6 de junio.
No es casual que después de que varios miembros del gabinete de la 4T se quejaran de la lentitud de los procesos de integración e investigación de la FGR para judicializar denuncias hechas por el gobierno y de que el propio presidente López Obrador llegara a expresar a sus colaboradores cercanos su descontento con la tardanza del fiscal para dar resultados en las denuncia e investigaciones de corrupción, Gertz Manero haya acudido a Palacio Nacional justo el día en el que se activó la denuncia en contra de un gobernador de oposición y contra un empresario como Raúl Beyruti, considerado “Rey del outsourcing” y al que el propio presidente había aludido más de una vez en la mañanera, sin que se procediera en su contra, a pesar de que en ambos casos, el de Cabeza de Vaca y el de Beyruti, las denuncias tenían más de un año presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Secretaría de Hacienda, sin que la FGR procediera en contra de los acusados. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Llegamos a Eje Central con el equipo de grabación de El Foco, el programa de televisión que conduzco con Veka Duncan en ADN40. Eran las 3 de la tarde de un lunes. La calle estaba atestada de vendedores ambulantes y el tráfico había vuelto a ser infernal.
Al doblar en Plaza de las Vizcaínas, para relatar la historia de ese sitio en donde alguna vez estuvieron los teatros Apolo y Politeama, y en donde triunfaron Agustín Lara, José Medel, Toña la Negra y Joaquín Pardavé, entre otros, notamos una rápida estampida de hombres con gorra y bolsas de las llamadas “mariconeras” cruzadas al pecho.
Algunos se esfumaron a bordo de motonetas. Otros cruzaron las puertas de vecindades cercanas. Parecía que hubiéramos sorprendido a alguien haciendo algo indebido, ilícito, tremendo. Nos rodeó un silencio de muerte.
¿Habíamos echado a perder una importante junta? Sin dejar de grabar, los miembros del equipo caminamos por la plaza bajo la mirada escrutadora de varias personas que caminaban tras nosotros intentando averiguar qué hacían ahí esas cámaras. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
La solicitud de desafuero del mandatario panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dinamitó el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por López Obrador a los gobernadores. Ni un día duró.
Sin prejuzgar los cargos que le hace la FGR al tamaulipeco —delincuencia organizada, lavado y defraudación fiscal— es válido hacer notar que el asunto apesta a oportunismo electoral. La cronología del proceso legislativo para la Declaración de Procedencia coincide con el proceso electoral, hasta una semana antes de que los ciudadanos vayan a las urnas.
Al propio Cabeza de Vaca le parece extraño que la Fiscalía solicite su desafuero a los diputados federales en estas épocas electorales, y no un año antes “cuando el ruido comenzó”.
El gobernador inició ayer su defensa en San Lázaro. No le dio vueltas al asunto. Alzó el índice y apuntó hacia el presidente López Obrador. “Es una persecución política dada directamente desde Palacio Nacional”, dijo en San Lázaro, donde acudió para que le notificaran de qué lo acusan.
Y más: “si hay algún delito que he cometido es no haberme sometido a este gobierno nacional”.
Ya encarrerado, exigió poder contar con los documentos para tener una defensa justa y adecuada. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Quienes lo conocen desde sus tiempos de cadete en la Escuela Militar de Ingenieros no dudan en afirmar que el carácter del general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ha cambiado. Y no es para menos. La presión que hay sobre el comandante del Cuerpo de Ingenieros Militares que encabeza el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México, lo ha colocado en el punto crítico de especialistas en aviación, ingeniería civil, políticos de oposición y medios de comunicación.
El general Vallejo goza de buena reputación entre sus subordiandos y sus contemporaneos, pero las dudas sobre su papel al frente de uno de los grandes proyectos de infraestructura del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya han quedado documentadas.
El primer aviso llegó con el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que señaló la falta de planeación precisa y medida en la construcción del nuevo aeropuerto. La secretaría de la Defensa Nacional fiel a sus “usos y costumbres”, esgrimió que se trata de un asunto de “seguridad nacional” cuando clasificó la totalidad de información sobre el proyecto. (Juan Veledíaz, El Sol de México, Republica, p.5)
Cuando vemos situaciones que no habíamos enfrentado en este país durante décadas, como la serie de apagones que hemos tenido últimamente, a muchos les resulta inevitable querer comparar el rumbo que lleva México en estos tiempos con lo que sucedió en Venezuela.
Ese país sudamericano era una nación rica, próspera, con recursos energéticos inimaginables, y aun así se hundió. Eso claro que genera acá muchos temores.
Pero, no. Más bien México tiene más similitudes con Argentina. Claro, la suerte de nuestro país es que tiene ese vinculo indivisible con Estados Unidos y por lo tanto se mantiene como la tabla salvadora de esta economía.
Tanto que, por ejemplo, para este año la firma calificadora Moody’s ha mejorado la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México de 3.5 a 5.5% por una simple razón: Estados Unidos. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p.7)
El pasado 15 de febrero, la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, emitió una opinión respecto a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados hace un par de días.
En ella, recomendó al Congreso no aprobar la reforma en los términos propuestos porque “podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica”.
Los diputados ignoraron la recomendación de la Cofece. Remitida la reforma al Senado, todo indica que los siguientes días seguirá un curso semejante al de la Cámara de Diputados.
Por ello, lo más probable es que se vuelva a emprender una nueva controversia en cuanto la reforma a la ley sea votada por los senadores y publicada en el Diario Oficial.
Igualmente, tras su publicación, lo más probable es que haya empresas privadas que se sientan afectadas en sus derechos y promuevan amparos.
Uno de los escenarios probables es que, tras varios meses de litigios que transiten por juzgados y tribunales, al final de cuentas el tema llegue a la Suprema Corte.
Y, además, lo más probable es que, por su trascendencia, se proponga que el asunto sea discutido y votado en el Pleno. (Enrique Quintana, El Financiero, Pagina Dos, p.2)