La vida de los otros
Quienes pensaban que el espionaje político en su modalidad de siembra de micrófonos era cosa del pasado, se equivocaron.
Las conversaciones se siguen interviniendo como comprobó en carne propia Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y figura clave en el proceso de renovación de la dirigencia del partido en el poder.
Alguien se metió a su domicilio particular y pudo grabar una conversación que ella y su esposo, el abogado Arturo alcalde, sostuvieron con el todavía líder nacional, Alfonso Ramírez Cuellar.
¿Y ahora qué hago, me pongo a revisar mi casa para ver dónde están ocultos los micrófonos?, se preguntó Luján.
No se trata, para calibrar la gravedad del caso, de una charla telefónica, sino de una plática en el comedor de su casa.
Las cosas llegaron demasiado lejos.
El cuento del avión robado
¿Se puede robar un avión? En el aeropuerto Mariano Matamoros en Cuernavaca sí se puede, a pesar de ser una instalación bajo custodia de las fuerzas federales.
El robo se cometió a plena luz del día por un grupo de tres personas que se identificaron como mecánicos y que al parecer presentaron alguna documentación para confirmarlo.
Dijeron que revisarían los motores. Una de las personas se quedó en tierra y abandonó la terminal aérea y los otros dos se subieron, encendieron los motores, tomaron pista y se robaron la nave.
La versión que circula es que viajaron hasta Venezuela y en el vuelo de regreso se estrellaron en Guatemala. Las autoridades encontraron, además de los cuerpos, drogas y armas.
Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. (La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
¡FELICIDADES! Ahora sí le atinó Bertha Luján pues, en efecto, en la elección interna de Morena hay guerra sucia… y es circular, de ida y vuelta, como diría ya saben quién.
POR UN LADO, la propia Luján confirmó la autenticidad de la grabación en la que se le escucha hablando con Alfonso Ramírez Cuéllar sobre la contienda morenista, lo cual significa que alguien la espió ¡en su propia casa! Como que descubrir que hay micrófonos en la sala llevaría a cualquiera a denunciar el hecho, ¿no?
POR el otro lado, de rebote, se confirma que hay toda una operación de la nomenklatura morenista para cerrarle el paso a Mario Delgado. El diálogo entre Luján y Ramírez Cuéllar deja en claro que están dirigiendo “recursos” para apoyar a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlalli Hernández, y que en la maniobra participan, al menos, Claudia Sheinbaum y el veracruzano Cuitláhuac García.
EL GRUPO de los “puros” del morenismo está desesperado ante la posibilidad, cada vez más evidente, de perder el control del partido que ayudaron a crear. Tan es así que todavía no hay resultado de la encuesta y Luján ya está hablando de irse a “la resistencia”. ¡Chulada de partido! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Jaime Cárdenas, director renunciante del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, le dijo a René Delgado de Reforma: “Ellos creían que yo iba a tener una obediencia total, ciega, a lo que me dijeran”. El Presidente respondió ayer en su habitual y descalificante estilo: “Esto es más que nada un asunto politiquero”. Se lo dice, recordemos, a uno de los más tenaces defensores siempre de la causa de López Obrador. El Presidente añadió: “Pedimos lealtad a ciegas, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces, sí, es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de nación”.
La lealtad a ciegas, sin embargo, se llama dogmatismo. Poco importa si es a una persona o a un proyecto político, especialmente cuando el proyecto se ha personificado, como ha ocurrido con Andrés Manuel.
Nadie en el gobierno se atreve ya a cuestionar al primer mandatario. Quienes se oponen a sus instrucciones autoritarias quedan fuera del régimen. Lo vimos esta semana con la renuncia de Alfonso Morcos a la dirección del Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, que quedó reducido, por instrucciones de López Obrador, a un simple órgano despachador de la Comisión Federal de Electricidad, como si el regulador pudiera ser parte del regulado. Quedó de manifiesto también en la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su oposición a la militarización de las aduanas y a la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
La Suprema Corte dio a conocer ayer la revisión de constitucionalidad sobre la consulta popular acerca de los ex presidentes de México y cuyo solicitante es el presidente de la República. El ministro ponente, Luis María Aguilar, sostiene, en 43 cuartillas, que debe ser declarada inconstitucional.
La pregunta “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” debe ser declarada inconstitucional, entre otras cosas, porque “no se puede someter a consulta la aplicación de la Ley”.
El análisis no se centró exclusivamente en la formulación de la pregunta, sino en su relación con el contenido de la exposición de motivos expuesta por el Presidente. El texto reseña los agravios, delitos, crímenes, actos de corrupción, abusos de poder que habrían ocurrido en México durante los sexenios de quienes gobernaron de 1988 a 2018. Eso le da pie al ministro para recalcar la obligación de las autoridades del Estado mexicano a denunciar y realizar investigaciones. Destaca el énfasis que pone el ministro Aguilar en ese punto: “…las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona -sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona”. (Carmen Aristegui F., Reforma, Opinión, p.8)
Que como bomba cayó entre senadores de Morena el proyecto de Luis María Aguilar para declarar inconstitucional la consulta popular que planteó Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a ex presidentes y Lucía Trasviña de plano llamó “sátrapa” al ministro de la Suprema Corte, cuyo pleno debatirá el tema el 1 de octubre. En los próximos días estará unido de nuevo el bloque de contención conformado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para apoyar la resolución contra el plan del Ejecutivo.
Que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió en la sesión extraordinaria de la asamblea de Infonavit que se retire el emolumento a los consejeros administrativos del instituto, quienes perciben hasta 80 mil pesos mensuales por cada reunión, planteamiento que el presidente del consejo de administración y líder cetemista, Carlos Aceves del Olmo, vio “fuera de agenda y político”, por lo que dijo esperar no fuera motivo para una nota de ocho columnas. La funcionaria había dicho que “por una cuestión de principios y ética, los consejeros deben tener cargos honoríficos y no recibir los pagos que tristemente se han incrementado a través de los años”. (Milenio, Opinión, p.2)
No había que ser un perito para adelantar que el proyecto sobre la constitucionalidad de la consulta popular del presidente López Obrador para enjuiciar a cinco de sus antecesores sería en sentido contrario a su deseo.
Y es que no hace falta tal consulta para procesarlos. Si alguno cometió un delito, con la ley y la Fiscalía General de la República basta proceder.
Fue el ministro Luis María Aguilar Morales quien presentó el proyecto en ese sentido, la propuesta es inconstitucional, lo que el próximo jueves habrá de confirmar, o no, el pleno de la Suprema Corte de Justicia por mayoría simple, y apuntó: De acuerdo al proyecto, la solicitud presidencial implica cinco violaciones a principios constitucionales. Basta con que cualquier persona tenga elementos para suponer la existencia de un delito y denuncie, para obligar al Ministerio Público a investigar y, en consecuencia, se castigue a todo aquel que resulte responsable por las conductas ilícitas. En virtud de lo anterior, la consulta popular no puede considerarse constitucionalmente idónea para dar comienzo a una investigación y persecución de delitos.
Luego reforzó: Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la consulta, la suma de todos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades, y por eso el sentido de su proyecto.
López Obrador reaccionó ayer por la mañana apresuradamente sin estar enterado del contenido del proyecto, y llamó a los ministros a actuar tomando en cuenta la ley el sentimiento del pueblo, un factor, el sentimiento, que ignora la aplicación de la ley. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Para la reunión que sostendrá mañana con ellos y cualesquiera sean las novedades que le hayan reportado la Comisión de la Verdad y la Fiscalía Especial del caso Iguala, lo mejor será que el presidente López Obrador tenga muy en cuenta la coincidencia sustantiva que hay entre los padres de Los 43 de Ayotzinapa y sus representantes con las extintas Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos: el encarcelamiento de alrededor de 130 presuntos responsables de la matanza de estudiantes y la colérica inconformidad por las liberaciones de la mayoría de inculpados, como lo hicieron antier los manifestantes ante la Suprema Corte de Justicia y, ayer, en el Consejo de la Judicatura Federal.
Dicho de otro modo: por más fallas de procedimiento (deficiencias ministeriales, procesales y hasta obtención de confesiones mediante tortura) que se aleguen, todo indica que las investigaciones y detenciones realizadas en el peñanietismo son dignas de crédito, inclusive para quienes rechazan la “verdad histórica” pero que, contra la evidencia científica, niegan que muchos o todos los jóvenes fueron sacrificados en el basurero de Cocula.
A partir de asumir la coincidencia referida, el Presidente podrá dar una respuesta merecedora del mayor reconocimiento a la muy probable pregunta que su gobierno está obligado a responder: ¿por qué no se han enviado a la universidad de Innsbruck los 114 restos óseos que recomendó se analizaran la desaparecida Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala? (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
Le preguntan: “Gane , pierda o empate, ¿se compromete hoy a una transmisión pacífica del poder después de las elecciones?”
“Vamos a ver qué pasa”, contesta Donald Trump. “Las boletas son un desastre. Los demócratas lo saben mejor que nadie. Y no va a haber una transmisión, va a haber una continuidad”.
La prensa estadunidense ha empezado a documentar la estrategia de Trump para cuestionar las elecciones de noviembre, sumirlas en un pantano de acusaciones de fraude y jugar sus cartas en una batalla legal de recuentos donde los votos reales hayan dejado de importar. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Dentro de un año México estará conmemorando el bicentenario de la consumación de su independencia. Contra lo que se enseña en la historia simplificada del país, el proceso que lo llevó a escindirse del imperio español no fue lineal.
Para 1820, la insurrección iniciada por Miguel Hidalgo y continuada por José María Morelos estaba virtualmente extinguida y en la Nueva España sólo quedaban algunos focos de sublevación, marcadamente la resistencia encabezada por Vicente Guerrero en la sierra sur.
Lo que daría un nuevo impulso al independentismo fue el inicio, en España, del llamado Trienio Liberal, en marzo de ese año, cuando el levantamiento del coronel Rafael del Riego obligó al rey Fernando VII a acatar la Constitución de Cádiz.
En México, el virrey Juan José Ruiz de Apodaca y la Real Audiencia se vieron obligados a jurar la Constitución. A consecuencia de ello, la oligarquía criolla comenzó a temer por su seguridad y urdió un plan para separarse de España. El virrey, por conveniencia, decidió secundarlo. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
El Presidente ya presiona a los ministros de la SCJN para que no ratifiquen el proyecto que declara inconstitucional la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes.
“No se dejen intimidar. Tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos”, dijo López Obrador, desde su mañanero púlpito.
En síntesis: pide luz verde para que haya “cárcel por aclamación”, para utilizar las palabras del senador del PAN, Damián Zepeda.
Suena paradójico, pero el propio tabasqueño pregona a los cuatro vientos que él va a votar en contra de que se enjuicie a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Deber cumplido. Durante la clausura de la iniciativa Juntos por la Salud, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, agradeció en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador el trabajo de todas las instituciones y empresas involucradas. Misión cumplida, dijo al dar por concluida la iniciativa en la que 579 empresas, universidades e instituciones trabajaron junto con el gobierno para hacer frente a la pandemia. En un evento donde estuvo presente el rector Enrique Graue, se destacó haber aumentado 85% la capacidad instalada de ventiladores en el país y destinar 3 mil 400 camas de hospitales privados para derechohabientes del sector público. Se canalizaron a 17 mil 413 pacientes no covid de hospitales públicos a privados para que recibieran atención médica. El poder de la unión da frutos de nuevo. Todos por un mejor país, como debe ser.
Trabajo a fondo. A nombre de 65 diputadas federales morenistas, Lucía Flores Olivo y Laura Martínez González cerraron filas en torno a la candidatura de Mario Delgado a la presidencia de Morena. Celebraron la sentencia del TEPJF de establecer como requisito que en la encuesta para elegir a la nueva dirigencia exista paridad de género. Las diputadas Lucía Flores Olivo y Laura Martínez González están de acuerdo que si gana un hombre la presidencia de Morena sea una mujer la que ocupe la secretaria general y viceversa. “Es una resolución que aplaudimos al tribunal porque nos tenemos que acostumbrar a la paridad de género en la política mexicana”, señalaron. Mario Delgado redobla esfuerzos y suma adeptos. Limpia el terreno. (Excélsior, Opinión, p.11)
Durazo no le deja la silla a un militar, todavía
Ante la eventual salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secretaría de Seguridad (SSPC) para irse a la contienda de Morena por Sonora, al interior del gobierno federal empiezan a sonar nombres de posibles sustitutos. Hasta el momento, todos civiles. Nos cuentan que a quien ven como un potencial sustituto es al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el principal operador de los asuntos en la dependencia y que desde hace una semana ha encabezado reuniones con diversos sectores y autoridades. Sin embargo, nos hacen ver, también suenan los nombres de Manuel Espino Barrientos, actual comisionado del Servicio de Protección Federal, y del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Ebrard fue el único que no se escondió
Algo que parece no funcionar en México es la comunicación entre los encargados del Poder Ejecutivo, los miembros del gabinete presidencial y los legisladores del Congreso de la Unión, a juzgar por las comparecencias en las que se jura decir la verdad, pero cada secretario escoge qué responde y cuándo se queda callado. Esa realidad de interlocutor renuente es un papel común en el senador sin bancada Emilio Álvarez Icaza-Longoria, quien desde 2019 a cada compareciente le entrega un paquete de preguntas que se quedan sin respuesta, salvo en un caso, dice, el del canciller Marcelo Ebrard Casaubón. A los demás “les vale”, nos comentan. El colmo de la estrategia del avestruz en comparecencias fue la asumida por la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien sorprendió por darse el lujo de no responder ninguno de los cuestionamientos que los senadores le hicieron. (El Universal, Opinión, p.2)
Yazmín Bolaños es una mujer de cuerpo robusto y mirada dura, que trabajó siempre en empleos precarios y en los últimos años ganó más de 60 millones de pesos como proveedora de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Nació en febrero de 1988 y fue registrada por primera vez ante el IMSS en 1996. Tuvo su primer trabajo en julio de 2007, cuando aún tenía 19 años, como promotora de equipos educativos en una pequeña empresa en el Estado de México, donde ganaba salario mínimo. Documentos públicos que revisé para esta columna muestran que, en los meses cuando trabajó en ese lugar, estaba embarazada de su primera hija. La dieron de baja en ese empleo poco después del nacimiento de su niña. (Peniley Ramírez, El Universal, Opinión, p.2)
La génesis partidaria de Morena sufre de una transformación motivada por la disputa interna por el poder. El movimiento social impulsado por el líder hegemónico, visionario y universal carece de pensamientos estratégicos que orienten procesos políticos diversificados que estén a la altura de los desafíos que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Morena es hoy una fotografía de radicalización y de tribus de izquierda incapaces de alcanzar acuerdos hace meses para la renovación de su dirigencia, proceso convertido en una arena de golpes bajos, reyertas, venganzas y ajustes de cuentas impulsado por aquellos morenistas que se creen inmaculados por el halo presidencial.
Pronto olvidaron aquella magnánime invitación del entonces candidato tabasqueño a todos para sumarse a su movimiento que presumía ser incluyente, diverso, tolerante. (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Opinión, p.2)
Hechos del pasado, cuyos protagonistas quisieran olvidar, reaparecen repentinamente y juegan en el presente. Es el caso de la reunión que sostuvieron el 6 de mayo de 1996, Carlos Salinas de Gortari y Jorge Castañeda Gutman, en un exclusivo pub de la ciudad de Dublín. Aquella comida puso en jaque la carrera diplomática de Agustín Gutiérrez Canet, entonces embajador de México en Irlanda.
Del paradero del expresidente poco se sabía en aquellos días tras la confrontación con su sucesor Ernesto Zedillo, luego del intercambio de culpas por la crisis económica que desató a finales de 1994 el llamado “error de diciembre”, y de la detención de su hermano Raúl, el 27 de marzo de 1995, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido el 28 de septiembre anterior. Al cabo del tiempo se supo que Salinas había pasado varios meses en Cuba y aquel 6 de mayo de 1996 reaparecía en la capital irlandesa, donde había mudado su residencia. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.10)