NO CABE DUDA de que Rosa Icela Rodríguez se sacó uno de los tantos tigres que rifa esta administración federal, pues llega a la Coordinación de Puertos y Marina Mercante en un momento muuuy complicado.
Y, COMO ya es costumbre en los tiempos de la 4T, su falta de experiencia o de conocimientos técnicos en la materia serán “compensados” con dos cosas: largo colmillo para la operación política y la plena confianza presidencial.
ESAS características explican su sorpresivo nombramiento, pues tendrá que armonizar la llegada de los militares a la administración de los puertos frente al rechazo de la mayor parte de los trabajadores de la SCT.
LO CIERTO es que Rodríguez ha sido una funcionaria cercana a Andrés Manuel López Obrador desde su gobierno en el entonces DF. Esa cercanía se refleja en haberle encomendado una importante fuente de ingreso del gobierno: los puertos, que generan más de 9 mil millones de pesos al año.
TAN SORPRESIVA fue la incorporación de Rosa Icela Rodríguez al gobierno federal que en la CDMX, donde se desempeñaba como secretaria de Gobierno, no se anunciará hasta hoy quién tomará su lugar.
DE HECHO, cuentan que hasta la propia Claudia Sheinbaum se quedó descolocada, pues para nada tenía previsto cambiar a quien se había desempeñado como su mano derecha en temas como la relación con los 16 alcaldes y el manejo de la epidemia de Covid-19.
ESO SÍ, como la oportunidad la pintan calva, desde ayer comenzó a sonar para ese cargo el nombre de Tomás Pliego, actual coordinador del Gabinete de Seguridad capitalino, y el de Héctor Ulises García Nieto, quien está al frente de la Central de Abasto y ya levantó la mano.
SIN EMBARGO, cuentan que hay un tercer cuadro morenista que vendría impulsado desde uno de los patios del Palacio Nacional y podría dar la sorpresa. ¿Quién será, quién será? (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión)
De la corrupción generalizada e impune pasamos a la corrupción centralizada y purificada. Lo que queda es la misma corrupción de siempre: solo los adjetivos cambian.
Comienza el circo en torno a la detención y extradición de Emilio Lozoya, pero la corrupción permanece. Mucho ruido, grandes negociaciones y un solo objetivo: distraer a la ciudadanía de las fallas del gobierno, la terrible recesión y la ausencia de acción en torno a la promesa que hizo el hoy presidente en su campaña y que cautivó a la mayoría de la población: la esperanza.
La gran promesa del candidato López Obrador fue que acabaría con la corrupción. El contexto era más que propicio no sólo por la desfachatez que caracterizó al gobierno de Peña, sino por el hartazgo de una población que observaba cómo se explotaban recursos naturales para provecho particular, se otorgaban permisos y contratos a los cercanos al régimen y se privilegiaba a los cuates. Como sugiere la información que presuntamente tiene Lozoya en su poder, la corrupción fue no solo un objetivo, sino un modus operandi: todo se resolvía con dinero y nadie ni nada era demasiado marginal para ser parte de la perversidad: diputados, senadores, periodistas, gobernadores, oposición, empresarios, medios de comunicación. Peña fue un extremo en la vieja práctica y tradición tan mexicana de la corrupción por su falta de pudor: el robo era un derecho divino para ser publicitado en toda su magnitud. (Luis Rubio, Reforma, Opinión)
Que en los próximos días y semanas seguirá midiendo fuerzas el español, Baltazar Garzón y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, en torno al caso de Emilio Lozoya. Resulta que desde el otro lado del charco, El Mago, ha desaparecido al ex director de Pemex y pretende contraatacar a la justicia mexicana por violaciones al debido proceso porque a más de una semana de su extradición no ha sido presentado ante un juez. Del otro lado el Fiscal Gertz, aseguran, ha sido muy cuidadoso anteponiendo la salud de Lozoya para evitar pise los juzgados del Reclusorio Norte. En medio de ellos dos están las negociaciones para que le permitan librar los proceso en contra de su madre Gilda Austin; su hermana, Gilda Susana Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eques.
Que este lunes siete gobernadores presentarán al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, una reforma al Poder Judicial para implementar la figura de “jueces sin rostro”, con el fin de preservar el anonimato de los juzgadores que revisen los casos relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción de altos funcionarios.
Entre los promotores están los mandatarios Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Alejandro Murat de Oaxaca, y Francisco Domínguez, de Querétaro.
Se trata del regreso del Domínguez al Senado, donde votó, al igual que otros liderazgos del PAN, a favor de la Reforma Energética que, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, se avaló mediante la compra de voluntades.
Que justamente cuando se ha cuestionado el gasto que se hace en equipos de cómputo y softwares desde la Presidencia de la República, una de las dependencias que pretende ser la consentida, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, enfrenta una investigación a cargo del INAI por la divulgación indebida en la red de los datos personales de más de 830 mil servidores públicos, contenidos en las declaraciones patrimoniales, a causa, probablemente de una vulneración al sistema de seguridad de la información, una tarea que estuvo a cargo del ahora subsecretario de Combate a la Impunidad, Luis Gutiérrez Reyes, que como ingeniero en computación encabezó la Dirección General de Tecnologías de la Información de la dependencia. (Trascendió, Milenio, Opinión)
La lectura abre la mente y el corazón. Eso ocurrió con Fernández de Lizardi, quien murió de hambre y su cadáver desapareció del cementerio de San Lázaro. Pero he aquí que Claudia Sheinbaum lo leyó cuidadosamente y supo elaborar una conferencia magnífica. Si entonces se luchó por hacer padres de la patria, El Pensador Mexicano también se preocupó por hacer las madres de la patria en un folleto, donde Leona Vicario destaca.
Bien el añadido de Beatriz Gutiérrez Müller: Fernández Lizardi entendió la necesidad de leer en voz alta en los espacios colectivos. Para las dos y Natalia Toledo el nahual de José Joaquín Fernández de Lizardi fue una nube de lectura que corre por doquier asociada al canto. Sí, hoy Claudia y Beatriz y Natalia le pidieron al Sol el chance de robarle un poco de luz y Fernández de Lizardi y Leona Vicario cantaron. Una estrella nace y José Joaquín resucita. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión)
Desde Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio sus primeras instrucciones para recuperar el control de los puertos del país. El más destacado anuncio: la designación de la nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la SCT. Lo interesante, sin embargo, no fue el qué sino el cómo: “Voy a informar el día de hoy al secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que se nombre en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a Rosa Icela Rodríguez”. Nos comentan que no es raro que un Presidente nombre personal subordinado a sus secretarios; lo nuevo es que el mandatario lo exhiba, como si quisiera dejar claro que su gabinete está conformado por meras extensiones de su voluntad. No ha pasado ni una semana en el cargo y al nuevo secretario ya lo ningunearon.
Parte de lo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue que aceptará las propuestas del Secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, para que se haga cargo de API de Manzanillo, Colima, el almirante Salvador Gómez Meillón, y de la API de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el almirante Jorge Luis Cruz Ballardo, quien en el sexenio pasado tuvo esa misma responsabilidad y fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El control del puerto es de suma importancia debido a que ha sido, desde siempre, azotado por los grupos del crimen organizado. Empero, nos dicen, quien tendrá mayor tarea será el almirante Salvador Gómez Meillón, pues además de que Manzanillo es el principal puerto del país, es también la entrada del fentanilo, la droga sintética más cotizada en el mercado. Por algo Colima ha subido en la lista de las entidades con mayor número de homicidios. (Bajo Reserva El Universal, Opinión)
Más allá de la galería de personajes sobre los que Emilio Lozoya hará presuntas revelaciones, los cargos en su contra traerán inevitablemente un juicio sumario sobre la clase política del PRI, aun si ello no constituye el principal objetivo del gobierno López Obrador, que tiene hoy en el Institucional un cómodo compañero de viaje.
Procesos judiciales aguardan, algunos desde 2017, poder interrogar a Lozoya, considerado operador clave en la entrega de dinero sucio a campañas del tricolor, en particular durante 2016, con la presunta participación del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de investigaciones de la fiscalía para delitos electorales (Fepade), que hoy encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, un acreditado abogado estrechamente ligado a López Obrador, tanto que tras el triunfo electoral de 2018, ya con 81 años a cuestas, declinó ser impulsado a Fiscal General de la República.
Él tiene pruebas de que desde 2012 y al menos hasta 2016, fondos federales y estatales por cientos de millones de pesos fueron desviados para financiar campañas políticas del PRI, en tres procesos electorales diferentes.
En 2017 la Fepade, entonces a cargo de Santiago Nieto —ahora titular de la UIF— presentó la primera denuncia contra Lozoya con evidencias de que ese dinero provino de la Secretaría de Hacienda cuando al frente se hallaba Luis Videgaray, así como de Chihuahua, durante el gobierno del priísta César Duarte (2010-2016), a quien también denunció. (Roberto Rock L, El Universal, Opinión)