CUANDO Mario Delgado dio a conocer que la CNDH había propuesto a John Ackerman como su representante, más de uno dijo: “saquen las narices rojas de payaso y las pelucas verdes, porque la elección de los nuevos consejeros del INE ya se convirtió en chacota”.
LA PARTICIPACIÓN de la CNDH en el proceso se suponía que debía darle un tono plural, independiente y apartidista, pero Rosario Piedra Ibarra hizo tooodo lo contrario.
Para integrar el Comité Técnico de Evaluación, por un lado propuso a Ackerman, que no cumple ninguno de los tres criterios pues es ampliamente conocido como porrista del régimen, está casado con la secretaria de la Función Pública y, además, es consejero del Instituto de Formación Política de Morena.
Una burla, pues.
LA COSA se complicó más porque, por el otro lado, la CNDH planteó una candidatura con más méritos: la de Carla Humphrey, que fue consejera capitalina y ha trabajado en ONU, en el Tribunal Electoral y en el propio IFE. Pero, ¡oh, sorpresa!, ella misma anunció su rechazo pues quiere ser consejera del INE.
Y para colmo, la comisión desconoció los nombramientos.
¿QUÉ PASÓ AHÍ?
La gente de la CNDH asegura que fue el diputado Delgado quien les dio madruguete, por lo que por la noche tuvieron que presentar su nueva propuesta. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, está en Washington y aprovechó su estancia en la impresionante capital estadounidense para sacar la cámara y tomar una foto que compartió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el diplomático, que seguramente quería enviar un mensaje positivo, acabó por “balconear” a la cancillería de su país. Don Christopher tomó una fotografía de las banderas que hay a la entrada la dependencia, que son de todas las naciones con las que la Unión Americana tiene relaciones, e hizo un acercamiento especial a la de México y subió las imágenes a Twitter. Sin embargo, de inmediato le llovieron los mensajes de crítica. En la fotografía se aprecia una bandera con los colores verde, blanco y rojo, con un parche pegado sobre el color blanco con el escudo nacional. Algunos de los usuarios comentaron que era una bandera de Italia con un parche pegado y otro, de plano, dijo que era una bandera pirata, El embajador recibió de los usuarios de la red social varias propuestas de donación de una bandera original. Landau aguantó las críticas, respondió con respeto a ellas y se comprometió a corregir la situación. (El Universal, Nación, p. 2)
De reversa. El Comité Técnico Evaluador del INE que elegirá a los nuevos consejeros electorales debe estar integrado por siete personas: tres nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por la CNDH y dos más por el Inai. La CNDH había propuesto a John Ackerman y a Carla Humphrey, después lo rechazó y aseguró que aún no había hecho ningún nombramiento, aunque los diputados difundieron el oficio de las propuestas firmadas por la misma Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión. Horas después, la CNDH, ahora sí, informó que sus prospectos eran Ackerman y la periodista Sara Lovera. Por su parte, la Jucopo eligió a Diego Valadés, Silvia Giorguli y Blanca Heredia, mientras que el Inai a Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa. Lo que más ruido generó fue la designación de Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y el evidente conflicto de interés. Esa papa se les quemó en las manos. (Excélsior, Nacional, p. 13)
QUE vaya lío el que armó Rosario Piedra Ibarra con sus dos designaciones para el Comité Técnico que calificará a los aspirantes a consejeros del INE, pues de su primer dúo propuesto a la Cámara de Diputados, Carla Humphrey se le bajó, porque ella más bien quiere un asiento en el instituto que encabeza Lorenzo Córdova, así que la CNDH negó autenticidad a su documento inicial y envió otro, en el que repite John Ackerman, pero ahora con Sara Lovera. El investigador está puestísimo, pese a que no cumple con el requisito para figurar en el comité evaluador por ser parte del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, elegido el 7 de julio de 2019. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Alito respalda pena capital Apoyo total dio el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a la pena de muerte para feminicidas y asesinos de niñas y niños, como lo planteó el líder de la bancada del Partido Verde en San Lázaro, Arturo Escobar. El priista dijo que su postura es a título personal, pero llevará el debate al interior de su partido, e incluso a su Asamblea Nacional. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Los casilleros de Morena.- La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de validar el Congreso de Morena que eligió a Ramírez Cuéllar como presidente interino profundiza la crisis en ese movimiento.
Ramírez Cuéllar ocupa el casillero 1. En el casillero 2, correspondiente a la Secretaría General, se mantiene su archirrival, Yeidckol Polevnsky, lo que augura, dicen, que la lucha seguirá sin límite de tiempo.
Mientras los allegados a López Obrador se destrozan, otro grupo, que ocupa dentro del partido posiciones con menor visibilidad, pero decisivas en la operación cotidiana, se consolida.
Según esto, el llamado Grupo Texcoco recuerda el trabajo que efectuaron en su momento Los Chuchos para quedarse con el control del PRD.
La ausencia de un mando claro abre al mismo tiempo la oportunidad de que gobiernos estatales emanados de Morena se conviertan en ínsulas de poder que, literalmente, se mandan solas. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
México Libre solicitará mañana registro.- Nos comentan que será mañana viernes cuando México Libre, organización de Felipe Calderón, acuda a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para solicitar su registro como partido político, luego de que este martes alcanzó los 300 mil afiliados y más de 250 asambleas, requisitos para el trámite. Al acto acudirá la excandidata presidencial, Margarita Zavala, quien dialogará con medios de comunicación en las escalinatas del organismo electoral. (El Financiero, Nacional, p. 41)
Si bien causó revuelo la propuesta de Santiago Nieto, de reformar la denominada Ley Antilavado para establecer una extinción de dominio “exprés”, desde la Unidad de Inteligencia Financiera nos explican que la medida sería específicamente para los bienes ligados al crimen organizado. Que las empresas serias, limpias, no deben preocuparse.
Por ejemplo, nos dicen los de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay varias cuentas bancarias ligadas a cárteles del narcotráfico o a bandas dedicadas a la trata de personas, las cuales llevan mucho tiempo en la panza del sistema financiero y se mantendrán sin ser reclamadas. Por el momento, el Estado no puede disponer de ellas, porque los procedimientos para su intervención tardan entre dos y tres años. (El Sol de México, Nacional, p. 2)
El góber y el crucero.- Quien al final entró para resolver el entuerto del crucero Meraviglia, que llegó a Cozumel con un caso confirmado de influenza, fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Después de que la embarcación fuera rechazada en Jamaica y se generara inquietud y hasta cierta paranoia cuando se supo que se dirigía a México, el mandatario estatal dejó en claro que la embarcación no tiene aún la autorización para atracar en el puerto, y que antes deberá pasar por inspecciones de Sanidad Internacional, a cargo de personal especializado a bordo de la nave. Así que… todos tranquilos. (La Razón, La Dos, p. 2)
Por ley, la CNDH tiene que nombrar a dos de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros del INE. Por eso Rosario Piedra dirigió ayer un oficio a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en que le anunciaba que: este organismo ha tenido a bien designar como integrantes de ese comité a la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y al C. John Mill Ackerman
Rose. Y firmaba ella misma.
En cuanto se conoció el oficio se desató una serie de críticas por el perfil partidista de Ackerman, integrante del Consejo del Instituto de Formación Política de Morena y el más conocido intelectual y promotor de la 4T, en lo que está en todo su derecho.
Ante ese oficio de Piedra, Ackerman aceptó el nombramiento con honor y orgullo, y Delgado subió un tuit confirmando la recepción del oficio de la CNDH con sus dos propuestas. (Joaquín López – Dóriga, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
Finalmente, Yeidckol Polevnsky terminó su encomienda al frente de Morena de la peor manera: defenestrada. Y no sólo eso. Deja la dirigencia lanzando advertencias, repartiendo culpas, acusando a los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haberse “empinado” ante el senador Ricardo Monreal y ante quién sabe qué otros enviados de Palacio Nacional.
Ah, pero si bien no será más la presidenta de Morena, ¡ni crean que dejará su cargo como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del partido!
“Si ellos (los magistrados) dicen que (Alfonso) Ramírez Cuéllar va a entrar como presidente, ¡claro que yo voy a seguir como secretaria general! A ningún precio les iba yo a dejar el espacio libre…, ni que estuviera loca”.
Pero no sólo eso, Polevnsky anunció que la próxima semana habría un foro con académicos y funcionarios sobre las “ilegalidades jurídicas” cometidas en el Congreso Extraordinario del 26 de enero pasado, en el que se nombró como presidente temporal del partido a Ramírez Cuéllar. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Sigilosamente y cuando aún estaba en curso un amparo a su favor, el gobierno del presidente López Obrador le entregó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera González “El Mencho”. La entrega se produjo el jueves 20 febrero en la frontera entre Arizona y Sonora, y la seguridad y reserva y discreción con que actuaron las autoridades mexicanas fue por una petición directa desde Washington, desde donde pidieron “acelerar la extradición” ante el retraso que provocaron las demandas y amparos interpuestos por sus abogados.
Rubén Oseguera, quien para los Estados Unidos era “el segundo al mando en el CJNG, también era el segundo en una lista de 11 presuntos integrantes de ese cártel que fueron solicitados en octubre de 2018 por el entonces fiscal general de EU, Jeff Sesions, el jefe de la DEA, Uttam Dillon, y el agente especial de la DEA en el área de Los Angeles, Daniel Comeaux.
El interés especial que el gobierno de Donald Trump tiene en “El Menchito” quedó claro al radicarse su asunto directamente a un juzgado federal en Washington, donde el hijo de Nemesio Oseguera será procesado por delitos de “conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos para su ilegal importación a los Estados Unidos”, además de portar armas de fuego en sus actividades delictivas en el territorio estadounidense. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 11)
En el aire flotaba el posicionamiento del presidente López Obrador en la mañanera: Uso medicinal sí, uso recreativo no. La sesión amenazaba con salirse de control. De uno y otro lado se interrumpían, se descalificaban, se arrebataban la palabra.
Al titular del Consejo Nacional Contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot, representante de la Secretaría de Salud, hasta de mentiroso e ignorante lo calificó el panista Damián Zepeda. Pero eso fue lo menos.
El tema se descarriló. Los opositores comenzaron a hablar del desabasto de medicamentos. Los morenos protestaron. Querían volver al tema de la cannabis que los convocó.
En eso pidió la palabra la senadora de Morena, Lucía Trasviña. Gobernada por sus impulsos, soltó graves imputaciones que le pueden costar caro:
“¿Bajo qué sustancia sicoactiva actuó Carlos Salinas de Gortari cuando ordenó el asesinato de Colosio?”, preguntó.
“¿Bajo qué sustancia psicoactiva actuó Felipe Calderón cuando sacó el Ejército a las calles con más de 250 mil ejecutados, 50 mil desaparecidos y más de 50 mil feminicidios?
“¿Estaban bajo el efecto de la cannabis?”.
La senadora de Morena no parecía consciente de que sus palabras, pronunciadas en un foro público, son motivo de demanda. Tampoco se dio cuenta del autogol que se metió. El Ejército y la Marina siguen en la calle en el combate contra el narcotráfico. El presidente López Obrador no sólo legalizó esa participación, sino que también la elevó a rango constitucional.
Esa ligereza y afán de lucimiento dejan muy mal parada a la senadora Trasviña. Legisladores de ese nivel no los merece la Cámara alta. Sería injusto no distinguir. No todos los morenos son así. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Esta semana, Norma Trujillo Báez, en Pie de Página, publicó un artículo donde revela que el expresidente Calderón y el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acordaron cambiar el dictamen médico sobre la muerte de Ernestina Ascencio y ocultar la violación sexual que, presuntamente, habrían cometido soldados del Ejército mexicano.
Trujillo cita al médico legista Juan Pablo Mendizábal: “Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.
Ocurrió hace trece años. En una foto publicada en Proceso, apareció el cadáver de Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años de edad, quien yacía en lo que parecía ser la plancha del Servicio Médico Forense. De su cabeza salía un chorro de sangre dirigiéndose a una coladera. Junto había un par de trapos sucios y una botella vacía de Coca-Cola. El horror de la escena resultaba más dramático por el rostro apacible de la víctima. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 11)
En plena crisis de la influenza AH1N1 –6 de mayo de 2009 en Tamulté de las Sabanas–, un desafiante López Obrador se brincó los lineamientos sanitarios del IFE y celebró un mitin de campaña con los candidatos a diputados del PRD en Tabasco, donde gritó: “¡qué influenza ni qué ocho cuartos!”.
Le dijo a los congregados, compuesto por una abigarrada concurrencia en la que nadie llevaba cubre bocas, que “el virus que más afecta a la población es el del mal gobierno”.
Ahora tenemos un nuevo virus que amenaza al mundo, el COVID-19, y no se ha visto una campaña masiva de difusión de parte del gobierno para defender a la población de esa pandemia que, dice la Secretaría de Salud, es inminente que llegue a México.
La pregunta es si López Obrador va a actuar con la misma irresponsabilidad con que lo hizo con la influenza en 2009, cuando culpó al gobierno de su propagación porque en su opinión actuó mal en la prevención de la epidemia.
Esperemos que en esta ocasión no nos salga López Obrador, ya como presidente de México, con “¡qué coronavirus ni qué ocho cuartos!”. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 42)
Alfonso Romo: ¿voz en el desierto? “Si no hay certidumbre y crecimiento económico, la Cuarta Transformación no tendrá éxito”, advirtió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, en la presentación de la Agenda 2030.
Ante los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores, Romo dijo que el país requiere un paraguas, y explicó que lo que busca el gobierno es entusiasmar para la inversión.
Mensaje razonable y racional, pero también uno escucha al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, calificar como mito el crecimiento cero, y se pregunta si no predica Romo en el desierto. (José Fonseca, El Economista, Política, p. 49)
A un mes del relevo de cuatro consejeros electorales, la legalidad del proceso ha quedado en entredicho. Y en la víspera del cierre de registro para los aspirantes, el nombramiento de los siete integrantes del comité técnico que definirá a los candidatos y armará las quintetas que serán sometidas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados desveló las intenciones de algunas facciones por tomar el control del procedimiento.
La intención de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, de imponer un nuevo requisito para los nuevos consejeros electorales —“no haberse (sic) desempeñado en algún cargo en el Instituto Federal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral, en los últimos 14 años— frenó el registro de una docena de aspirantes, quienes valoran acudir ante las autoridades jurisdiccionales para frenar esta intentona. (Alberto Aguirre, El Economista, Política, p. 51)
Cunde el pánico en el Estados Unidos de arriba. Bernie Sanders es el competidor a vencer por los otros contendientes, o por lo menos a restarle empuje, en las primarias de Carolina del Sur del sábado 29 y, sobre todo, en el supermartes (3 de marzo), cuando se disputarán mil 357 delegados al colegio electoral. El domingo 23 de febrero sonaron las alarmas en el establishment del Partido Demócrata, y en general de los adinerados, cuando Sanders se dibujó como favorito para obtener la nominación presidencial de esa agrupación.
Autodefinido como socialista democrático, adquirió un gran impulso en la contienda demócrata al imponerse por amplio margen en las primarias de Nevada con una cantidad significativa de voto latino, conquistar también el voto popular en las de Iowa y Nuevo Hampshire y acumular más delegados que los demás precandidatos. Pero no lo quieren ni el Comité Nacional del partido, ni sus figuras dominantes, como Obama, los Clinton o el también precandidato y ex vicepresidente Joe Biden, todavía favorito de esas instancias para la nominación. Claro, tampoco lo quieren Wall Street ni el país corporativo, donde, para empezar, las industrias de guerra y las grandes empresas farmacéuticas y de seguros se verían muy perjudicadas de llegar a la Casa Blanca el senador por Vermont. (Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, Mundo, p. 23)
Con seis votos contra uno, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ayer válido el Congreso Nacional Extraordinario de Morena que tuvo lugar el pasado 26 de enero y, con ello, la elección del diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de ese instituto político. El tribunal puso fin a las funciones de presidenta ejercidas por la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, desde que Andrés Manuel López Obrador renunció a la dirigencia del partido para competir en las elecciones federales de 2018; culmina, así, el pleito entre la secretaría general y el resto de las instancias partidistas nacionales como son: el Congreso, el Consejo, la Comisión de Honor y Justicia, y el Instituto de Formación Política.
El fallo del TEPJF resulta de particular relevancia en tanto significa el cierre de meses de fractura abierta y otros tantos de parálisis en el partido gobernante. (Editorial, La Jornada, p. 2)
En esta ocasión habré de concentrarme en este fenómeno presente en la sociedad norteamericana y que se manifiesta con claridad en los recientes estudios realizado por Pew Research Center; think tank apartidista de opinión pública que mide el pulso sobre temas como medios, migración y las nuevas tecnologías. El resultado del proceso de impeachment del presidente Donald Trump, paradójicamente condujo, al parecer, a un fortalecimiento de su presidencia. Todo lo contrario a lo que buscaba el Partido Demócrata.
Este proceso inició por el uso político de sus atribuciones presidenciales para investigar a su posible rival, Joe Biden. Un detalle interesante es que el resultado del juicio se dio en el mismo periodo del informe State of the Union en el que se presentan los resultados de un año de gobierno. Durante este evento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió públicamente el discurso de Trump. Ambos eventos reflejan la creciente polarización partidista en Estados Unidos y el uso de cargos públicos para promover una determinada agenda política relacionada con el proceso electoral en puerta. (Óscar Espinosa Villarreal, La Crónica de Hoy, Opinión, p.1)