ES ENTENDIBLE (y hasta atendible) que el Presidente quiera infundir optimismo ante la debacle económica que vive el país. Sin embargo, una cosa es ver el vaso medio lleno y otra, muy distinta, es negar la realidad. Todos los días surgen nuevas alertas de que la situación está mal y se va a poner peor, pero Andrés Manuel López Obrador no se da por enterado.
HACE APENAS unos días, la calificadora Standard & Poor’s se sumó a la larga lista de analistas que ve riesgos en el futuro financiero de México. Específicamente advirtió que el país se encamina a perder el grado de inversión, arrastrado hacia lo profundo por Pemex y la CFE, debido al grave endeudamiento de ambas empresas.
EN ESTOS momentos es cuando se extraña al viejo López Obrador que sabía adaptarse a las circunstancias y sobreponerse, pues el actual López Obrador trae una venda puesta en los ojos y no ve más ruta que la suya.
POR CIERTO que ahí viene oootro golpe a las empresas mexicanas de parte del gobierno más nacionalista de la historia: una reforma para ir a comprar medicamentos al extranjero y hacer a un lado a los proveedores del país.
TODO INDICA que en breve será convocado un nuevo periodo extraordinario de sesiones, para que diputados y senadores aprueben la iniciativa sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con lo que el gobierno cumplirá su amenaza de no comprarle a los laboratorios ni a los distribuidores nacionales, a los que acusa de corrupción por igual y sin matices. (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión)
“México es un estado fascista atenuado por la corrupción”.
Luis Buñuel, Mi último suspiro
Según el escrito que presuntamente Emilio Lozoya entregó al gobierno mexicano antes de su extradición, el exdirector de Pemex habría recibido instrucciones de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, para dar 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética. De ese monto, Videgaray habría pedido que 6.8 millones de pesos se pusieran en las manos de Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados.
No sé si la información es cierta, Anaya la ha calificado de “absolutamente falsa”. Pero si lo es, ¡qué desperdicio de recursos!
Anaya ha sido siempre un liberal y ha apostado a la apertura de los mercados y las libertades individuales. No había que convencerlo de los méritos de una reforma liberal. El 15 de diciembre de 2013 declaró que la reforma energética “puede ser considerada como la más valiosa en términos de fomento productivo y económico, pues abre las puertas a la inversión productiva que permitirá la generación de miles de empleos”. Darle dinero para votar conforme a sus convicciones era, me parece, un gasto innecesario.
Si a alguien había que sobornar era a los legisladores del PRI, muchos de los cuales aceptaron la reforma a regañadientes, o a los del PRD y Movimiento Ciudadano, los cuales votaron en contra. A los panistas, en cambio, no había que sobornarlos para obtener su voto.
Lozoya llegó a México en la madrugada del 17 de julio, pero hasta el momento no ha sido presentado ante un juez. La Fiscalía General de la República afirma que un agente del Ministerio Público “de inmediato… le leyó sus derechos” (no dice en dónde) y le informó de las acusaciones en su contra, pero no hay indicios de que haya estado en un reclusorio. Fue trasladado a un hospital privado y ahí permanece, bajo custodia de la FGR, sin haber presentado hasta donde sabemos una declaración formal ante el MP. (Sergio Sarmiento, Jaque Mate, Reforma, Opinión)
Una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada ante la Fiscalía General de la República, acusa al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México y excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados hasta febrero de 2019, de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque “está vinculado con el grupo criminal de “Los Zetas”, además de que cuando fue alcalde del municipio de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, desvió recursos públicos por medio de pagos a empresas con las que están vinculados él y su familia, como Grupo Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas del Potosí, entre otras, a través de las cuales él y su familia también realizan actividades de lavado de dinero, al mismo tiempo que les otorgan contratos públicos.
La investigación financiera que respalda la denuncia penal incluye al diputado federal Gallardo Cardona, da cuenta de que éste ya fue detenido en 2015 acusado de lavado de dinero y del desvío de más de 200 millones de pesos cuando fue alcalde de Soledad de Graciano. Su detención se produjo cuando pretendía postularse como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí y estuvo en prisión por orden del juez Federal de Procesos Penales de Hermosillo, Sonora. Pero en esta nueva denuncia se le incluye como parte de un clan familiar liderado por su padre Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde también de Soledad, y quien es el objetivo principal de la denuncia en la que también se incluyen su esposa y madre del diputado, María del Pilar Cardona Reyna y su hermana Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona. (Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, El Universal, Opinión)
Ayer un pasajero no había cumplido con las reglas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud imponen a todas aquellas personas que vayan a realizar un vuelo durante la pandemia. El problema es que ese pasajero era, nada menos, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. Nos relatan que la tarde de ayer, en el aeropuerto de Puerto Escondido, personal de seguridad regresó al nuevo titular de la SCT con su pase de abordar e identificación en mano del filtro de ingreso a la sala de abordaje. La razón es que don Javier no llevaba consigo su cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo que emite la SCT y la Ssa para viajaros en medio de la pandemia de coronavirus. Tras llenar el formulario el nuevo mandamás de la SCT hizo fila y viajó en vuelo comercial de regreso a la Ciudad de México acompañado del subsecretario Cedric Iván Escalante. Ambos estuvieron presentes en la gira de trabajo que el Presidente realizó por el estado de Oaxaca. (Bajo Reserva, El Universal, Opinión)
La pandemia de Covid-19 y sus efectos en lo económico y social han evidenciado una diferencia entre las empresas trasnacionales, las grandes y algunas medianas, respecto de las micro y pequeñas industrias.
En las primeras destacan pocos despidos de los trabajadores, y donde se ha convenido laborar en línea desde sus casas y el pago con reducciones de sus salarios. En el segundo segmento fueron cesados sin indemnización miles de trabajadores.
De acuerdo con el Inegi hay 4.8 millones de unidades económicas en el país, cuyo 54.7 por ciento del valor agregado censal bruto es determinado por alrededor de 11 mil grandes empresas, y al sumarlas a 17 mil unidades económicas medianas da un valor agregado que excede 66 por ciento del total.
Las unidades económicas micro y pequeñas empresas son 4.1 millones y representan 94.9 por ciento del total de las unidades.
Sobre estas últimas el impacto de la pandemia ha sido devastador en más de 25 por ciento de esas empresas, que es la aportación a los nuevos 16 millones de personas que cayeron en situación de pobreza extrema por ingresos, por lo que es prioridad que toda persona tenga el derecho a la alimentación suficiente y de calidad. (El Correo Ilustrado, La Jornada)
Emilio Lozoya cumple 10 días de estancia en el lujoso hospital privado que le dio asilo tras la aparición de una extraña enfermedad que habría adquirido en pleno vuelo Madrid-Ciudad de México, porque la autoridad española lo extraditó sano y salvo, y hay constancia médica. Fue cosa de pisar suelo nacional para que, de la nada, el ex director de Pemex reportara un delicado estado de salud y con ello evitara –se supone que en forma momentánea– su traslado a la cárcel. Desde ahí, Baltasar Garzón, su abogado defensor, enseñó el cobre y reveló su estrategia: reventar el juicio en contra de su cliente.
Pero la mala salud del ex funcionario no impidió a su defensa –y achichincles gachupines que lo acompañan– la selecta filtración a ciertos medios mexicanos de las primeras declaraciones de Lozoya en Madrid, rendidas ante los representantes de la Fiscalía General de la República, que involucran –como debe ser– a la tradicional famiglia ( capisci) política nacional, coimera por excelencia.
Como bien lo publicó La Jornada, el traslado directo de Lozoya Austin del aeropuerto de la Ciudad de México al hospital, haber conseguido que no se pusiera a disposición de los jueces para las audiencias iniciales, así como la filtración de información a medios periodísticos, forman parte de la estrategia que la defensa del ex director de Pemex, que encabeza Garzón, habría desplegado para descarrilar el posible juicio en su contra y evitar así que su cliente pise la cárcel. Funcionarios y litigantes consultados indicaron que con la estancia de Lozoya en un hospital y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales se trata de evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión (Gustavo Castillo y Roberto Garduño). (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Opinión)
Que en el gobierno de la 4T tienen en la mira a José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, por caso Lozoya-Odebretch, pues hasta hace poco el priista se presentaba como el “arquitecto” del Pacto por México y se ufanaba de ser el hombre elegido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para negociar, junto con Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, los acuerdos con la oposición.
Los malpensados corrieron a leer su libro Pacto por México. De la reforma política de 1977 a la construcción de acuerdos para conocer los detalles de cómo operó Emilio Lozoya la aprobación de reformas estructurales. Se trata de un texto que circuló entre amigos y conocidos, pues si bien el político oaxaqueño pagó de su bolsillo para imprimirlo, nunca llegó a librerías.
Que ante los constantes ataques a la autoridad electoral y cuestionamientos al INE desde casi todos los frentes, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, realizó una jugada de jaque mate con la plataforma digital para realizar juicios en línea. De esta forma se adelantó para evitar cualquier duda o acusación, pues por un lado evitó riesgos de contagio de covid-19 y, por el otro, garantizó la respuesta a aquellos que sientan sus derechos políticos bajo riesgo. Muy a la vanguardia.
Que Nayib Bukele, de El Salvador, es el presidente con mayor aprobación del mundo en medio de la crisis de covid-19, que hasta ayer había dejado más de 16 millones de muertes, de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en torno a 19 mandatarios de América y nueve de Europa, Asia y Australia. En ese listado, Andrés Manuel López Obrador aparece en el lugar siete, en el apartado de “alta aceptación”, por arriba incluso de Justin Trudeau y Donald Trump. (Trascendió, Milenio, Opinión)
En la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la secretaría de Comunicaciones y Transportes hay mucho más que profundas diferencias de ese funcionario con el Presidente de la República. Es verdad que Jiménez Espriú perdió progresivamente el control sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el principal tramo del Tren Maya y ahora el control de los puertos y la marina mercante del país, los tres en beneficio de los militares. Pero los perdió por la corrupción que permea muchos sectores de la SCT.
No sé si fue por la edad, por presuntos problemas de salud, simplemente por diferencias políticas o por la forma ultra centralizada del Presidente de ejercer el poder, pero lo cierto es que una instancia tan estratégica como la SCT estuvo ausente en muchas de las principales decisiones sectoriales en este sexenio.
La situación no cambiará, el reemplazo de Jiménez Espriú es el ingeniero Jorge Arganis, un hombre respetado en el ramo, pero con escasa experiencia política. En la refinería de Dos Bocas, donde estaba hasta su designación en SCT, ha sido cuestionado por la adjudicación directa de varios contratos a empresas de muy reciente formación y sin experiencia en el sector. El papel de Arganis lo exhibió el propio presidente López Obrador cuando en Salina Cruz designó como nueva coordinadora general de puertos y marina mercante a Rosa Icela Rodríguez y dijo que “le informaría” de esa designación al secretario que, por ende, no estaba enterado de la misma.
Como ha dicho el Presidente, lo importante para estas y otras designaciones (como la de Horacio Duarte en Aduanas) parece ser contar con un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de conocimiento. Nadie discute la lealtad de Rosa Icela hacia el presidente López Obrador, pero del manejo de los puertos y de sus implicaciones en el comercio global y la seguridad pública y nacional que tienen los mismos, sabe poco o nada. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Opinión)
Una de las historias centrales sobre los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya es la triangulación para pagarle seis millones de dólares por su apoyo para conseguir obras.
Según el ex director de la constructora brasileña en México, Luis Alberto de Meneses Wyell, el dinero se transfirió a través de una empresa, Zecapan –que aparece en su testimonio ante la Fiscalía brasileña como ZacaBank–, cuyo beneficiario era la firma Latin America-Asia Capital Holding. Ambas compañías han sido vinculadas al ex director de Pemex. La primera es propiedad del alemán Gerhard Henze, y en la segunda, su madre y su esposa son accionistas fundadoras.
La ingeniería financiera empleada en esas dos empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes, ha sido reseñada por la prensa desde 2017, y Lozoya siempre negó haber recibido sobornos de Odebrecht. Su defensa aportó documentos y testimonios para demostrar que los recursos que presuntamente recibió, no eran de él. Ahora, su defensa ha cambiado radicalmente la estrategia, y reconoció que sí recibió ese dinero, pero no para su peculio. Lozoya va a tener que hacer magia para encontrar la música que quiere escuchar la Fiscalía General, porque lo que declaró en los últimos días, según reportó Reforma el viernes pasado, está en arenas movedizas. (Raymundo Riva Palacio – Estrictamente Personal, El Financiero, Opinión)
Gerardo Gil Valdivia y Susana Chacón Domínguez, regiomontanos que coordinan la sección mexicana del Club de Roma, presentaron en abril de 2008 un profundo estudio titulado La Crisis del Petróleo en México de la investigadora Alicia Puyana Mutis, de la Universidad de Oxford, EUA y, obvio de toda obviedad, anunciaron por adelantado la crisis actual del país.
Una apretada, pero precisa y dolorosa síntesis de esta investigación podrían ser las líneas que enseguida le entrego, doctor Fernández Zayas:
“Las políticas aplicadas por el gobierno mexicano durante décadas, basadas en la captura de renta derivada de la propiedad nacional del petróleo y en el monopolio estatal de su explotación, absorben recursos cuyo monto representa una proporción elevada del producto bruto y de las ganancias netas de Petróleos Mexicanos y le generan déficits que han crecido con la producción, las exportaciones y los precios internacionales. El resultado: agotamiento de reservas, deuda de Pemex del 90% de los activos de la empresa y aguda petrolización de las cuentas fiscales. Los altos precios de los energéticos y la urgencia de garantizar la seguridad energética, han revivido en Estados Unidos el interés por un ‘Mercado Común Energético TLCAN’, que limitaría la soberanía mexicana en el manejo del recurso y no resolvería la fragilidad fiscal de la economía. Estos factores demandan cambiar la política. Cualquier opción: privatizar o rebajar la carga impositiva de Pemex, tiene gran costo político.” (Leopoldo Mendívil, La Crónica, Opinión)
Nos cuentan que, tras el accidente vehicular que sufrió hace unos días ZOÉ ROBLEDO titular del IMSS, en Chiapas y que dejó una víctima mortal, sus afines en aquel estado iniciaron un intenso trabajo de cabildeo para que el evento no afecte la imagen del funcionario y sea deslindado incluso ante la opinión pública de toda responsabilidad.
Lo anterior porque, aseguran, Zoé Robledo está más que interesado en ser el sucesor del morenista Rutilio Escandón en la gubernatura de su estado, por allá de 2024; por lo que su equipo tuvo que arrancar una suerte de precampaña ¡con mucha, pero mucha, anticipación!
Aunque lo negó con una carta un tanto intimidatoria, a la sombra nos reiteran los que saben que Ricardo Gallardo, diputado federal por el Verde Ecologista en San Luis Potosí, está en la mira de las autoridades, porque lo señalan como presunto involucrado en una gran defraudación fiscal. Luis Felipe Gómez Aranda, a nombre y por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su carácter de director de Investigaciones de Delitos Fiscales, tiene reconocida la carpeta de investigación.
Recordemos que el también conocido como El Pollo, ha recurrido a diversas acciones legales, que conoce debido a su profesión de abogado, para deslindarse de esas acusaciones, sin embargo, la Procuraduría Fiscal ha recurrido a un amparo para permitir que continúen sus procesos y de esta manera aclare o enfrente a la justicia. Lo cierto es que se investiga la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada. (A la sombra, El Sol de México, Análisis)
Silencio… por ahora
A diferencia de su antecesor, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, inició su gestión con un bajo perfil y ha evitado hablar con los medios de comunicación. Nos dicen que esto se debe a que quieren dejar enfriar la polémica que hizo poner sobre la mesa la renuncia de Javier Jiménez Espríu.
Por la familia
Al lanzar su libro La Infamia, el senador Ricardo Monreal enumeró a diversos funcionarios locales, federales, incluso a exgobernadores de Zacatecas que vincularon a sus seres cercanos con el narcotráfico. Ahora, el legislador anunció que actuará legalmente contra todos aquellos que lanzaron campañas negras para truncar la gubernatura de su hermano David.
Reinvindican a Tribu Yaqui
Frutos rindió la designación de Rabindranath Salazar como subsecretario de Gobernación. Nos cuentan que logró destrabar el conflicto que impedía la construcción del Plan de Justicia. Así, cumplió uno de los encargos del presidente Andrés Manuel López Obrador para reivindicar los derechos al desarrollo de los habitantes de Loma de Guamúchil–Cócorit.
Disputan a Pool
Dos bancadas pelean al diputado Jesús Pool Moo, quien hace unos días renunció a Morena y a su grupo parlamentario. Nos dicen que el primero en acercársele fue el PT, que busca tener tres curules más para disputar al PRI, la Mesa Directiva de la Cámara, pero también ya está en pláticas con el PRD, que le ofreció una candidatura para 2021, en Quintana Roo.
Ecos del relevo
La ahora exsecretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, no se va del todo. Claudia Sheinbaum pidió que no haya cambios en esa oficina, aunque el nuevo titular, Alfonso Suárez del Real, hará su evaluación. Rodríguez deja a su equipo, y su nuevo despacho estará en la sede de la SCT. Aunque tiene oficinas en cada puerto, pasará más tiempo en la CDMX. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión)