QUE en oficinas federales comentan que la queja que hoy presentará en Washington la defensa de Rosario Robles, ex titular de Sedesol, ante la CIDH, no tiene futuro, porque no han agotado todos los recursos que existen en la justicia mexicana.
Los abogados argumentan que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la ex funcionaria y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, no se ha conducido con imparcialidad, violando los derechos humanos de su clienta.
QUE hablando de jueces, los cooperativistas de Cruz Azul afines a Guillermo Álvarez, cuya destitución fue detenida por el juzgado quinto de distrito en Ciudad de México con el trámite de amparo 809-2019, aseguran que detrás del embate hay un acuerdo entre los disidentes con el impartidor Felipe Consuelo Soto.
La suspensión obtenida por la dirección jurídica que encabeza Miguel Borrell ha dado un respiro a las huestes de Billy, porque sus detractores Víctor, Laura Alicia y Margarita Velázquez Rangel, así como José Antonio Marín Gutiérrez, no podrán regresar a sus funciones durante el juicio. Va para largo. (Milenio, Opinión, p.2)
La madrugada del domingo pasado, seis hombres se bajaron de dos camionetas que llegaron a un rancho cercano al fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 5.
Dispararon más de doscientos tiros. Doscientos.
El ataque fue contra las personas que estaban arriba de una camioneta Chevrolet Silverado roja. En el auto quedó un hombre muerto de nombre Rafael Gordillo González que ocupaba el asiento del copiloto. En el asiento trasero estaban Lindsay, Sherlyn y Arleth Sánchez Gordillo, las tres menores de edad, de 14, 13 y 4 años, quienes recibieron múltiples balazos, algunos de ellos en la cabeza, las tres murieron. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
En Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque tiene un objetivo muy claro: convertir al país en “el hub de producción de insumos y medicamentos a base de cannabis, así como de productos industriales de cáñamo”. Y lo dice en todo el mundo para atraer inversiones; ya llegaron de Canadá y esperan que lo hagan empresas europeas a donde exportan cannabinoides para fines terapéuticos.
La propaganda oficial presume que en 2017 entró en vigor “un marco regulatorio sobre el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados”, que reglamenta el cultivo, comercialización, derivados y uso de semillas del cannabis para esos fines, y agrega que en los ministerios de Justicia y Salud se pueden solicitar las licencias de operación; ya se entregaron más de 140. (J. Jesús Rangel M. Milenio, Opinión, p.3)
A lo largo del gobierno del presidente López Obrador, el país ha padecido dos graves problemas: el disparo de la violencia y el desplome en el crecimiento.
La violencia y la inseguridad se han incrementado por la falsa expectativa que creó durante su campaña de que a partir del día 1 de diciembre, con el inicio de su gobierno, iba a bajar, lo que ha sido al revés, se ha disparado porque venimos arrastrando una inercia desde hace más de una década en la que cada mes es peor al anterior al punto de alcanzar en junio un homicidio doloso en el país cada quince minutos.
En el otro tema, el Presidente ha dicho que la economía no le preocupa, pero ya le comenzó a preocupar.
Sobre todo con el dato del crecimiento cero del PIB en el segundo trimestre del año que nos lleva a un .2 por ciento en el semestre, no solo cada día más lejano del 4 por ciento original para 2019, sino la revisada por él mismo del 2 por ciento.
Debo reconocerle que tiene un punto cuando dice que crecimiento no es sinónimo de desarrollo y bienestar, pero dicho esto, también apuntar que sin crecimiento no se da el desarrollo ni el bienestar que pasa por el combate a la pobreza y las políticas públicas en materia de salud, educación y bienestar.
Ahora, ante estos dos problemas, aumento de la violencia y caída del crecimiento, veo un López Obrador que los ha reconocido como un pendiente de su gobierno, lo que es el primer paso para corregirlos.
Esa es la gran diferencia que le veo hoy, que cumple los primeros 270 días de gobierno. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Ayer, en el Foro Democracia y Derecho a la Información en México, quedó refrendada la conveniencia de preservar y fortalecer las instituciones autónomas del Estado, en este caso los institutos Nacional Electoral y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que, por fortuna, gozan de cabal salud.
No es el caso, para desgracia de menores y jóvenes que asisten a las escuelas públicas, del organismo al que, por arreglarse con la facción afín de lo menos calificado del magisterio, la CNTE, la 4-T pasó a cuchillo: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Tampoco el de la degradada Comisión Reguladora de Energía, que terminó tomada por comisionados a gusto de Morena. Otra institución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha estado bajo fuego de una despiadada embestida gubernamental por haber desmantelado jurídicamente las argucias, mentiras y patrañas esgrimidas para cancelar el Programa de Estancias Infantiles, y demostrado que la supresión atenta contra el constitucional derecho superior de la infancia. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
Hipólito Mora fue uno de los fundadores de las autodefensas michoacanas en 2013. Apenas el pasado 15 de julio, anunció por su perfil de Facebook: “Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán”.
Mora se reunió el 14 de febrero de 2013 con Miguel Ángel Gutiérrez, El Kiro, y con Juan José Farías, El Abuelo, personaje asociado en el pasado con el cártel de los Valencia. Allí acordaron levantarse en armas 10 días después en la Ruana y Tepalcatepec. Esa fue la presentación en sociedad de las autodefensas en la Tierra Caliente de Michoacán (https://bit.ly/328v0T3).
En diciembre de 2014, los hombres de Luis Antonio Torres, El Americano, mataron al hijo de Hipólito. El Americano, un autodefensa que creció en Estados Unidos, vinculado con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, protegido por el pasado gobierno, supuestamente fue ejecutado en julio de 2018 afuera de un table dance en Manzanillo. (Luis Hernández Navarro, La Jornadas, Opinión, p.16)
Una amenaza de muerte en Conafe
En un expediente que debe tomarse con seriedad, nos dan a conocer, el director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio, recibió una amenaza de muerte en su oficina. Nos dicen que apareció un mensaje anónimo a unos metros, para incitar a sus colaboradores a “romperle su madre; ignorarlo; patearlo; despedirlo; o mandar desaparecerlo”. El aviso, nos explican, cierra con un “mejor cuídate”, acompañado de una nota periodística que denuesta a don Cuauhtémoc, relacionada con una licitación que no satisfizo los requerimientos del Conafe. La amenaza contra Sánchez Osio, nos aseguran, derivó en la apertura de una carpeta de investigación en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿A poco quieren poner contra las cuerdas a un funcionario de la 4T?
¿Y dónde está la fiscal?
Como que alguien se acordó ayer de que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, de quien no se ha sabido mucho. Con su particular estilo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, deslizó ayer que nada se sabe de esa dependencia. La puntillosa observación de don Porfirio se deriva de que los casos que han sonado por ahora en la lucha contra la corrupción han sido desatados desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o incluso producto de la reactivación de viejos casos judiciales, pero de la Fiscalía no se sabe gran cosa. “No he visto que se castigue por denuncia a la Fiscalía todavía a ningún funcionario”, dijo el diputado Morenista al exigir que se siga el clásico “crimen y castigo”, pues de lo contrario lo que hay es sólo impunidad. (El Universal, Opinión, p.2)
Los gobernadores se quedaron sorprendidos. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, hablaba, daba números, datos, cifras en láminas de elementos del Ejército desplegados en los estados: tantos a Guerrero, tantos a Coahuila, tantos a Puebla…
Resumía así el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano.
La sorpresa de los gobernadores fue porque esos números no coincidían con la realidad. Varios de los ahí presentes intercambiaron mensajes de texto en celular cuando salieron de la reunión, como para corroborar si a otros les había pasado lo mismo: ¿a ti ya te llegaron los elementos que dijo el General? No. A mí tampoco. Tampoco acá. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
Cerrar representaciones comerciales nunca terminará por ser un buen mensaje, es como decirle a alguien que, simplemente, no te importa, que prefieres ver hacia nuevos horizontes.
En términos románticos, es como el clásico: no eres tú, soy yo.
El gobierno populista de la Cuarta Transformación, como la mayor parte del populismo mundial, busca un regreso al pasado donde los tiempos eran más simples, donde el comercio se confinaba al interior de las fronteras y el mundo, es decir la hoy aldea global, era un sueño guajiro, utópico e inalcanzable.
La globalización ha traído consecuencias nefastas para el mundo, quizá el calentamiento global por la superproducción y el renacimiento de los discursos xenófobos sean las peores, sin embargo, la misma globalización podría ser la solución, máxime si las problemáticas trascienden de las fronteras y entendemos que los problemas de unos, como la crisis en el Amazonas, son realmente los problemas de todos. (Luis Cárdenas, Opinión, p.2)
Antes de morir, logró decir que se llamaba Karla. Una patrulla de la policía municipal de San Luis Potosí la encontró deambulando de madrugada por la colonia Las Piedras, al norte de la capital del estado.
Se trató de una visión pavorosa. Karla gemía de dolor en la oscuridad. Se había arrancado la blusa. Los médicos del Hospital Central constataron más tarde que la joven presentaba quemaduras en 60 por ciento del cuerpo.
Un vecino había reportado al 911 que una mujer gritaba en la calle Camino Real a Pinos. Los agentes se aproximaron, seguidos de una ambulancia. Más tarde indicaron que Karla olía al líquido inflamable con el que la habían rociado antes de prenderle fuego. Ella balbució que dos hombres la habían quemado, “luego de tenerla amarrada”. Había marcas de golpes brutales en el rostro y en el cuerpo. (Héctor Mauleón, El Universal, Opinión, p.5)
La polémica suscitada en torno a la elección de la Mesa Directiva del Senado abrió una discusión sobre la necesidad de generar contrapesos al interior de las cámaras. Cuando un partido político tiene la mayoría, como hoy, ese tipo de contrapesos suelen generarse a través del equilibrio entre grupos internos.
En efecto, una manera de que existan controles políticos capaces de frenar excesos o malos manejos es cuando rivales políticos de un mismo partido —como Batres y Monreal— son colocados en posiciones estratégicas desde las cuales puedan vigilarse entre sí. Lo ocurrido el 13 de noviembre de 2018 en el Senado es un buen ejemplo de ello.
Ese día, la Mesa Directiva recibió un acuerdo de la Jucopo, presidida por Monreal, a través de la cual se propuso una lista de 15 nombres de posibles magistrados en materia electoral. Uno de quienes integraban esa lista era nada más y nada menos que Gerardo García Marroquín, cuñado de Monreal. (Hernán Gómez Bruera, El Universal, Opinión, p.7)
Como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el Acuerdo que hoy se anunciará con bombo y platillo entre el gobierno federal, la CFE y cuatro empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi 700 millones de dólares más al gobierno mexicano que, en principio había impugnado estos contratos por considerarlos “leoninos” y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación, en términos reales, le va a costar a los mexicanos pagarle 40% más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior.
Esto significa que hoy que se anuncie, en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, el “gran acuerdo” en el que intervino directamente el mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim, para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses IEnova y Transcanada, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de siete nuevos gasoductos en la República mexicana, lo que se estará aceptando por parte de la administración lopezobradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales, de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos. (Salvador García soto, El Universal, Opinión, p.9)
Los derechos humanos están por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico, pertenecen y son inherentes a todas las personas, y en esa medida su vigencia no distingue o depende de banderas, colores o partidos. Aun cuando algunas determinaciones del Ombudsperson puedan generar inconformidad u oposición entre las autoridades destinatarias de la misma, lo cierto es que la existencia de tales diferendos no debe servir de excusa o justificar que se deje de lado la atención y respuesta que el Estado mexicano debe a las víctimas que han visto vulnerados sus derechos humanos, así como la búsqueda, constante y obligada, que debe llevarse a cabo, para que tales derechos se respeten y defiendan.
Actuar a favor de los derechos humanos no es una cuestión optativa o discrecional por parte de las autoridades. Es una obligación y responsabilidad de todos los servidores públicos, de los distintos órdenes y niveles de gobierno, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este contexto, la institución del Ombudsperson es un mecanismo de control democrático, establecido a favor del pueblo, de las personas, para garantizar que las autoridades actúen con apego a la legalidad, con respeto a la dignidad humana y, en caso de que incurran en algún abuso de poder, rindan cuenta de sus actos ante una entidad independiente y objetiva. (Luis Raúl González Pérez, El Universal, Opinión, p.10)
Si atendemos a los datos recabados por el Inegi en la Encuesta Intercensal 2015, alrededor de un millón 400 mil personas (1.16% del total de la población) se autoidentifican como afromexicanas: 705 mil mujeres y 677 mil hombres. Lo anterior, sin perjuicio de que casi 600 mil habitantes más consideran ser parcialmente afrodescendientes. En su distribución territorial, los afromexicanos representan el 6.5%, el 4.9% y el 3.3%, respectivamente, del total de la población de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con el propio Inegi y con el Conapred, una de cada seis personas afrodescendientes (15.7%) es analfabeta, lo que prácticamente triplica la tasa nacional (5.5%); cerca del 76% están afiliadas al Seguro Popular y no al IMSS o al ISSSTE, cuando la proporción nacional es del 41%, y la tasa de quienes ganan más de tres salarios mínimos es cercana a la mitad de la nacional.
Hace poco se llevó a cabo una modificación constitucional que ha merecido poca atención con respecto a los intereses de esta población. En el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto se publicó la adición del apartado C al artículo 2° para reconocer “a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación”. Ello, como enseguida se agregó, a fin de garantizarles en lo conducente los derechos señalados en los apartados A y B del mismo artículo y conforme a lo que dispongan las leyes, en lo concerniente a “su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”. (José Ramón Cossío Díaz, El Universal, Opinión, p.12)
No pasó nada. Reunión de trabajo del G7 (las siete economías más potentes del planeta –EU, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón) en París con el presidente Macron como anfitrión y “decafeinaron” la cumbre.
La tóxica presencia de Trump, desde la última reunión en Canadá, provocó que en esta ocasión retiraran todos los temas de gran trascendencia.
Macron eliminó –en su calidad de anfitrión– el comunicado conjunto, el documento mediante el cual todos los jefes de Estado difunden los acuerdos alcanzados. No había acuerdos y es un espacio natural de confrontación: comunicar los temas compartidos y los puntos de acuerdo colectivo. Por ende, Macron se ahorró, y les ahorró a sus colegas, el bochornoso acto de emitir un comunicado. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Opinión, p.28)
Con la orden de no defenderse, el gobierno está poniendo al Ejército como blanco de las atrocidades de grupos criminales.
Eso no se lo merece nuestro instituto armado.
Se permite que a los soldados los humillen, los maltraten o los maten. No pasa nada.
Por este camino el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a acabar con el prestigio de nuestro instituto armado. Es decir, va a destruir a esa institución.
No la respetan ni le temen. A los soldados y sus mandos los apalean, los amarran, les dan de escobazos y balazos.
Y a los autores de esos atropellos el gobierno les manda al subsecretario de Gobernación a ofrecerles apoyos económicos para obras y el control del dinero. (Pablo Hiriart, El Financiero, Opinión, p.34)
El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario, se habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan mal en el último minuto, pero habrá que esperar el anuncio.
López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett, en la última plática del miércoles, impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al Presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.35)
Desde el inicio de año advertimos de los riesgos de renunciar al uso legal de la fuerza que tiene el gobierno federal para garantizar los derechos de los mexicanos.
El mismísimo Presidente de la República ha dado su palabra de que no utilizará las Fuerzas Armadas o a la policía para reprimir a nadie. “La violencia no se combate con más violencia”, repite cada que puede.
Los resultados de esa “política de avestruz” —así la llaman— allí están. Cifras récord en homicidios. Casi seis mil asesinados en dos meses, la mayoría cometidos por el crimen organizado. Las agresiones a militares retenidos por decomisar armas, establecer retenes o perseguir delincuentes son el pan nuestro de cada día. A menudo son rehenes, utilizados como moneda de cambio en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato.
En La Huacana, Michoacán, vimos, hace semanas, a soldados humillados, zarandeados, aventados, por haber decomisado armas a grupos dizque de autodefensa. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Con miras al primer informe de gobierno del Presidente, vale la pena revisar algunas cifras preliminares y los retos a los que se enfrenta su gobierno de cara al resto de esta administración. Se dio a conocer que la economía mexicana no creció en el segundo trimestre del año. El Inegi reportó un crecimiento nulo, con las cifras desestacionalizadas, pero hay elementos interesantes para no verlo como una catástrofe, ya que la deuda pública no se ha incrementado, como sí sucedió con Peña Nieto y se dio sin estar en una coyuntura internacional con precios elevados del petróleo, como ocurrió en administraciones panistas.
Un crecimiento nulo no es algo que alguien desee, pero no se debe hacer una crítica a la ligera. Como ha mencionado el Presidente, no sólo importa el crecimiento sino la distribución, y eso es algo en lo que ha estado trabajando esta administración: se han entregado más apoyos a la gente de escasos recursos. Aunque es del conocimiento del Presidente que es necesario crecer para poder distribuir, porque sin crecimiento no habrá bienestar. Consecuentemente se busca incentivar el crecimiento económico para el segundo semestre del año, con medidas como las que anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que alcanzarán un monto aproximado del 2% del PIB. (Arturo Ávila Anaya, Excélsior, Opinión, p.18)
¿A QUIÉN incomoda tanto Claudio X. González Guajardo? Resulta extraña la intensa campaña desatada en contra del fundador de Mexicanos Primero, especialmente desde las redes sociales y los medios digitales cercanos al régimen.
PRÁCTICAMENTE lo acusan hasta de comer niños en salsa verde, por lo que sería interesante saber quién financia esas campañas y, sobre todo, por qué les causa tanta inquietud el empresario.
ENTRE la obediencia al Presidente y un quehacer legislativo sin ton ni son, así concluye el primer año de esta legislatura de acuerdo con un análisis de circulación restringida de la consultora Integralia.
LA FIRMA que encabeza Luis Carlos Ugalde señala que si bien el jefe del Ejecutivo ha dejado de ser el gran legislador (envió siete iniciativas y sólo le aprobaron tres), su agenda es la que impera y sobre la que Morena actúa en ambas Cámaras. Más allá de eso, dicen los expertos, a la hora de plantear su propia agenda el Poder Legislativo ha puesto en evidencia una descoordinación tanto con el propio gobierno como con las bancadas aliadas. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)