Cómo no les van a tener desconfianza si ellos son los únicos que logran grandes utilidades en México. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
TODOS LOS OÍDOS estarán puestos en la mañanera de hoy para saber si la presidenta Claudia Sheinbaum formaliza que ha recibido la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero.
EN EL SENADO ya están listos para sesionar a partir de las 10:45 horas y aunque el tema no viene en la Orden del Día, todo indica que se incluiría decidir el nombramiento del sucesor o sucesora del fiscal.
AUNQUE DICEN que la causa de la posible dimisión es un tema de salud, muchos han visto a Gertz últimamente muy repuestito. Hay quien dice que de plano le pidieron su salida y no por enfermedad.
DOS RAZONES se barajan y ambas colmaron el plato en la 4T. Una es la dificultad para tomar decisiones inmediatas y actuar ante los bloqueos carreteros y consignar por delitos contra las vías de comunicación a los agricultores que protestan. En la FGR no suelen ser expeditos ante esas peticiones que les hicieron supuestamente con sigilo desde el gobierno federal.
OTRO TEMA es que resultó sorpresivo para el Ejecutivo conocer que Raúl Rocha tenía una indagatoria por narcotráfico y huachicol desatada desde hace meses por la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, y la FGR no hubiera acelerado su detención. Por el contrario, desde dentro de la Fiscalía le ayudaron al dueño de Miss Universo para que evitara su captura y hasta fuera a Tailandia muy quitado de la pena.
LO QUE INQUIETA del nombramiento de un nuevo titular es que, para como son las cosas en la 4T, la FGR pinta para convertirse en brazo del Ejecutivo. Dicen que una de los candidatos al cargo es la consejera jurídica Ernestina Godoy. Si ella llega, no habrá ninguna duda del carácter de la decisión.
EL TEMA del perdón a Raúl Rocha que tramitó en la FGR tiene muy molestos a los funcionarios de la 4T.
LA PROPIA DEPENDENCIA lo acusó de narcotráfico, huachicol y contrabando de armas pero eso puede quedar en nada a cambio supuestamente de información en calidad de “testigo colaborador”. ¡Qué fácil!
EL DUEÑO de Miss Universo se vería beneficiado por este acuerdo, con todo y que se libró una orden de captura para presentarlo ante el juez.
GRAVE, sin duda, resulta la desaparición de dos agentes federales en Jalisco, pues por los indicios existe la sospecha de que fueron plagiados por el crimen organizado. Y es que los enviaron a Guadalajara para hacer labores de inteligencia, pero sus superiores perdieron todo contacto con ellos y lo siguiente que se supo fue que la policía local encontró su auto baleado, con rastros de sangre y abandonado en la zona suburbana.
EN MEDIO de la cruzada emprendida por García Harfuch contra las bandas de narcotráfico, que dos de sus muchachos desaparezcan así no es nada tranquilizante. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
La misteriosa visita de Adán Augusto a Palacio Nacional
De forma discreta, Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, cruzó nuevamente las puertas de Palacio Nacional. Sin cámaras, sin reflectores, el tabasqueño se reunió en privado con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hace mucho, la mandataria dejó de recibirlo periódicamente, rompiendo las reuniones que sostenían todos los lunes por la tarde. Un congelamiento político que coincidió con el escándalo de la organización criminal “La Barredora”. Don Adán, nos dicen, ya había reaparecido el pasado 20 de noviembre, cuando la Presidenta citó a legisladores de Morena y aliados. Ayer, el senador regresó y sin dar declaraciones se retiró con la misma discreción con la que llegó. Versiones de su presencia, muchas: Que ya le levantaron el castigo y que habrá para él borrón y cuenta nueva; que si dejará la coordinación de la bancada; que solo fue recibido porque tenía que tratar un tema de una renuncia de gran relevancia para el país. Ya se sabrá.
Berdegué, el invitado de palo
Nos cuentan que en la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación donde se busca un acuerdo para resolver la crisis y demandas de productores de todo el país, hay un invitado de palo que, en las largas reuniones, a veces de más de 10 horas, casi no habla, no opina, no acuerda, no resuelve. Se trata, nos dicen, del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien incluso ha sido conminado por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, a responder a los agricultores y asumir compromisos, por lo que nos dicen que hay desesperación porque no hay forma de que entre en el ritmo de las negociaciones.
La nueva gran responsabilidad del diputado Sergio Mayer
Nos comentan que el diputado morenista y actor Sergio Mayer anunció que será el coordinador nacional de estrategia, pero no crea que se trata de un asunto nacional de trascendencia, como el combate a la corrupción o la inseguridad, sino de coordinar la estrategia en todo el país para buscar que su hijo gane un reality show. “Me sumo como un estratega de Mayer Mori, y digan lo que digan, no me importa que critiquen”, afirmó. La buena noticia, es que una vez que concluya el reality show quizá don Sergio pueda dedicar la misma energía a su trabajo en la Cámara de Diputados, donde le pagan un millón 193 mil 485 pesos anuales, pues, en lo que va de este periodo legislativo el diputado Mayer no ha presentado ni una sola iniciativa o proposición. Ya habrá tiempo para eso, primero, lo primero.
Travesura en el Órgano de Administración Judicial
En este espacio le informamos el domingo pasado que había causado gran sorpresa entre abogados y fiscales el que en las pantallas de las salas de los juzgados federales y las de grabación de audiencias del Órgano de Administración Judicial haya aparecido el color guinda como el institucional. Pues nos aseguran que esto ya se corrigió y señalan que todo fue una “travesura” que dejó el responsable de tecnologías de la información del extinto Consejo de la Judicatura. Nos explican que después de que se publicó esta columna, se modificó el diseño y colores autorizados y ahora son amarillos. Ojalá, nos dicen, esta institución se mantenga independiente y no de color. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Que aunque habían desdeñado el ofrecimiento de tener una reunión con el diputado Ricardo Monreal, los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano finalmente sí asistieron a San Lázaro y al parecer este encuentro tuvo buenos resultados, pues consiguieron una mesa sobre la ley de aguas y, además, que legisladores del PT se conviertan en una especie de mediadores para retomar el diálogo con el gobierno federal que les permita alcanzar acuerdos y terminar con los bloqueos carreteros. A ver.
Que con nada más que el sentido común, la presidenta Claudia Sheinbaum enmendó la plana a Gerardo Fernández Noroña, a quien pidió “sensibilidad” después que acusó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de ultraderechista, fascista y ambiciosa, y lo llamó a respetar y ser solidario frente al homicidio de Carlos Manzo, pues para lo político habrá otros momentos. Hubo, sin embargo, quienes dentro de Morena no coinciden con la mandataria, como Lucía Trasviña, quien se resistió a refutar a su compañero de bancada y salió, hágame usted favor, conque por qué nadie cuestiona a Lilly Téllez, emulando a su prócer con la famosa salida “¿y García Luna?”. Bueno.
Que a pesar de que la ministra Lenia Batres celebró que la nueva Corte abriera la puerta a romper el principio de impunidad que había prevalecido en el Poder Judicial, al revisar casos considerados cosa juzgada, pero fraudulenta, no se alcanzó el respaldo de seis requerido para avalar el que sería un precedente para reabrir asuntos cuyas sentencias están firmes. Solo la acompañaron Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinosa Betanzo y Hugo Aguilar.
Que tras la apresurada discusión y votación en comisiones del proyecto de reformas a la Ley de Salud para prohibir vapeadores y cigarrillos electrónicos, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados desaceleró el avance del dictamen y, hasta bien avanzada la sesión de ayer en el pleno, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López, no había recibido el dictamen para darle trámite, por lo que se prevé sea aprobada hasta el martes. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Avanza acuerdo con plataformas digitales
México sentará un precedente a nivel mundial. A más tardar el próximo 10 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará los compromisos que van a sumir las plataformas digitales para restringir algoritmos, bots y contenidos que promuevan la violencia contra las mujeres. Así lo anunció Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, en entrevista con el programa, A Fuego Lento, que conducen Alfredo González e Isaías Robles, en El Heraldo Radio.
Presentan Observatorio Judicial
Se instaló el Observatorio Judicial, un esfuerzo multidisciplinario para fortalecer la función jurisdiccional en México. Al presentar la iniciativa, el Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Heraldo Media Group, Antonio Holguin, recalcó que se busca fomentar la transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, independencia y cercanía con la sociedad.
Se da su vuelta por Palacio
Recibió la presidenta Sheinbaum al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. El político tabasqueño entró a Palacio Nacional tras terminar la conferencia mañanera de la mandataria, alrededor de las 10:00 horas, y salió a las 11:30 horas. En el encuentro participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Decisión salomónica
Al no llegar a un acuerdo entre los magistrados del TEPJF, su presidente Gilberto Bátiz retiró del orden del día de la sesión pública un asunto sobre violencia política de género. Su decisión se basó en su compromiso de fomentar la unidad y respetar la pluralidad, por lo que al ver que el tema se había empantanado, lo dejó para mejor ocasión.
Alito se proyecta al 2030
Mucho revuelo generó en el PRI la entrevista televisiva que concedió hace una semana en Chile su dirigente Alejandro Moreno al periodista Christian Pino. Ahí le preguntaron si se lanzará como candidato presidencial en 2030: “estaremos en una muy buena edad, 54, 55 años, en plena madurez política, con mucho ánimo”, respondió Alito.
Desarma críticas en el Senado
Dejó claro la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ante el Pleno del Senado, que los programas sociales “no son de ningún partido político”. Algunos legisladores de la oposición la cuestionaron por un supuesto uso político de esos apoyos, pero los desarmó con cifras y hechos. Remarcó que “se acabó el uso electoral”.
Retira denuncia contra consejeros
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López, fue al INE a notificar a su presidenta, Guadalupe Taddei, que la Cámara de Diputados se desiste de la denuncia que se interpuso en 2021 contra los consejeros que aprobaron aplazar la fecha de consulta de revocación del mandato presidencial. Así de fácil arregló el asunto. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Corte ataca la seguridad jurídica
La nueva Suprema Corte de Justicia pareciera ir por la destrucción de la seguridad jurídica en México. En sesión del 26 de noviembre, un bloque de los nuevos ministros del pleno pretendió imponer un polémico y preocupante criterio que abre la puerta a impugnar sentencias previamente consideradas firmes. El peligroso precedente surgió al discutir una contradicción de criterios y fue impulsado por las radicales ideas de Lenia Batres, y respaldado por los ministros Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinoza Betanzo y Hugo Aguilar. Estos ministros quieren imponer un retrógrado criterio que permitirá reabrir todos los juicios en México, a pesar de que se encuentren totalmente concluidos. Bajo el pretexto de que la figura de “nulidad de juicio concluido” aplica para todos los procedimientos, aunque la ley no lo prevea, pretenden romper con el principio de seguridad jurídica que había regido tradicionalmente en México, pues con ello se permitiría reabrir asuntos concluidos y volver a litigar decisiones que ya habían adquirido firmeza. La elección de la que fueron producto los nombramientos de los nuevos ministros les obliga a garantizar al pueblo la seguridad jurídica de las decisiones tomadas en un juicio. Sin duda alguna, esta resolución generará incertidumbre en distintos sectores, desde la percepción ciudadana de justicia hasta el clima de confianza necesario para la inversión y la actividad económica, poniendo en riesgo la estabilidad de la vida social.
Le sale caro al PRI incumplir en paridad
Al PRI le salió caro incumplir en tiempo su obligación de modificar su Declaración de Principios y Programa de Acción en materia de violencia política contra las mujeres, así como de incorporar criterios mínimos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas, pues ayer el Tribunal Electoral confirmó la multa de 749 mil 936 pesos que le impuso el INE. A ver si a la próxima el tricolor la piensa antes de incumplir con sus obligaciones.
Alargan agonía de Javidú
Si el exgobernador de Veracruz Javier Duarte pensaba que su libertad ya estaba próxima, parece que será más complicado obtenerla. Resulta que a pocos meses de cumplir su sentencia de nueve años por desvío de recursos y asociación delictuosa, ya lo espera otra audiencia, que ayer se difirió para enero. Esta vez es por parte del Tribunal Superior de Justicia estatal, que revisará las acusaciones por desaparición forzada en su contra. Y los ánimos entre los colectivos de búsqueda no están como para más injusticias. Veremos qué pasa.
Cautela en el TEPJF
El presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, parece ir en serio en procurar la “colegialidad funcional”. Ayer, ante un virtual empate técnico al resolver un caso de violencia política de género que presentó una candidata a jueza, pudo haber usado su voto de calidad, mas prefirió dar pie a un mayor análisis. Resulta que sólo se acreditaban tres y no los cinco requisitos que –según el criterio usado durante nueve años– se necesitan para que se considere violencia, por lo cual Bátiz planteaba rechazar la queja. Pero como tres magistrados –entre ellos Mónica Soto y Claudia Valle– tenían postura distinta, optó por retirar su proyecto. Así, se abre la discusión y, probablemente, vendrá un cambio de criterio para que sea más sencillo acreditar actos de violencia política de género, lo cual causará problemas a más de un violentador.
Bloqueos en San Lázaro
Para garantizar que no haya otro albazo de Morena y sus aliados, diputados de PAN y PRI ya preparan un encuentro con dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano para abrirles las puertas del Palacio Legislativo. Debido a que las bancadas de los dos partidos han recibido ya a varios productores para comentar los riesgos de aprobarse la nueva Ley General de Aguas, aseguran que el movimiento les ha propuesto hasta instalarse en plantón indefinido en San Lázaro. Por lo pronto, el panista José Lixa dijo que ojalá el Congreso no vaya a salir con su “sabadazo” o un “campanazo de Navidad”. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
› Se estrena con Blanco el Comité de Ética
Nos dicen que tras la larga espera para que se instalara el Comité de Ética de la Cámara de Diputados —más de un año— ya cayó la primera denuncia y no es una acusación menor: es por violencia sexual. Aunque, se comenta, ni la denuncia ni el denunciado son una sorpresa. ¿Quién será? Pues el exfutbolista, exgobernador y hoy legislador Cuauhtémoc Blanco, señalado por la diputada petista Martha Aracely Cruz Jiménez. Ayer, en medio de los ecos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cruz Jiménez le exigió que saliera del pleno y renunciara para ser juzgado —por las acusaciones de violación y violencia política de género que tiene en contra—. En respuesta, Blanco le envió un beso, un acto repudiado por la legisladora, ya que, dijo, fue un intento de ridiculizarla. Martha Aracely argumentó que el gesto, más que una broma, reproduce patrones de acoso y violencia machista y acusó a Morena de “proteger a violentadores”. Pendientes.
› Dato estandarte de la 4T
Y fue Ariadna Montiel quien ayer compareció en el Senado con un indicador que no hay forma de que sea controvertido —la medición de la pobreza se hace con los mismos parámetros desde hace sexenios— y por lo tanto se ha vuelto estandarte de la 4T. La secretaria de Bienestar, nos comentan, destacó que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. “La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 por ciento, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”, sostuvo ante legisladores que insisten en cuestionar la efectividad de las transferencias directas. La histórica reducción de la pobreza, les dijo, es fruto de una fórmula exitosa: la política de bienestar, que combina el sistema de protección social, la mejora salarial histórica y la inversión pública que genera empleos dignos. Qué tal.
› ¿Qué pasará hoy en el Senado?
Se rumora fuertemente que algo muy relevante ocurrirá esta mañana en el Senado de la República. Para los expertos que saben atar cabos, una “muy rara” sesión a la que convocó este jueves la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, está estrechamente relacionada con una muy hermética reunión que, se señala, sostuvo ayer el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El senador no quiso decir ni pío al salir de aquel encuentro, pero cuentan los que piensan mal y aciertan que estos acontecimientos van orientados a la supuesta renuncia del fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, quien sería remplazado por el ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar. Otros, que también coinciden en la partida de Gertz Manero, difieren en la teoría de Zaldívar como sucesor y apuestan por la actual consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy. Vaya fuerza que traía ayer ese rumor. En fin.
› ¿Clasismo en la Cuauhtémoc?
Quien, se acusa en las benditas redes, fue víctima de sí misma fue la directora de Mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, Ericka Guzmán, que se dio el quemón de su vida al presumir un video donde se observa a personal de la demarcación retirando un carrito camotero en la colonia Condesa, pues, dijo, hacía “ruido excesivo”. Dicen que cuando la funcionaria, quien forma parte del equipo de gobierno de Alessandra Rojo de la Vega, se dio cuenta de que todo el mundo la tundía en redes —por regodearse de una acción de orden que muchos vieron como un acto de intolerancia y discriminación— eliminó la publicación; sin embargo, el daño estaba hecho como también quedaron hechas las capturas de pantalla de su resbalón, que sirvió para que los usuarios le reprocharan falta de congruencia institucional por castigar a vendedores tradicionales, pero permitir la invasión publicitaria y las actividades que favorecen la exclusión social en la zona.
› Dañaron violentos obra maestra
Para acumular repudio contra los violentos que trastocaron la marcha de la Generación Z hace unos días, el hecho de que afectaran gravemente el mural de Rafael Cauduro Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores que se encuentra en el interior del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que ayer se confirmó oficialmente que entre los daños que sufrió la obra a causa de las piedras que sujetos lanzaron contra el inmueble para romper los vidrios, está el desprendimiento de calaveras de fibra de vidrio que forman parte de la pintura, así como la fractura de un fragmento del vitral contiguo, ubicados en la planta baja del edificio. El mural referido se considera una de las más grandes y destacadas obras del artista plástico fallecido en 2022 y ahora se tendrá que llevar a cabo todo un proceso de valuación de los daños, así como otro de revisión a detalle para determinar cómo debe ser su restauración. De pena.
› De novela
Vaya forma de enredarse, complicarse y quedar en el peor de sus momentos en términos de fama pública el dichoso certamen Miss Universo, en el que lo único claro es que quien menos debe pagar los platos rotos es Fátima Bosch, la joven tabasqueña que tuvo un gran desempeño, basado en su formación, elocuencia y carácter. La noticia del involucramiento de quien posee la mitad de los derechos del concurso, el mexicano Raúl Rocha Cantú ha provocado ejercicios de revisión en el que han aflorado señalamientos por influencias irregulares, tanto económicas como políticas, como ocurrió con Miss Costa de Marfil, o mezclas de intereses oscuros tanto públicos como privados y un entretejido de negocios y situaciones que si no fuera porque son reales, serían fruto de la mente de un novelista de profusa inventiva y capacidad de generar las más intrincadas teorías conspirativas. Seguro en el futuro habrá película, nos dicen. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
¿Riesgo a la cosa juzgada?
La ministra Lenia Batres impulsa que la nueva Suprema Corte encuentre un mecanismo para nulificar sentencias. Su justificación es que se trataría de un aparato excepcional y que se aplique solo cuando se hallen acciones fraudulentas, lo que podría ocasionar un cisma en la comunidad jurídica, que ya se ve en riesgo el principio de cosa juzgada. Más aún porque Batres, en septiembre de 2027, asumirá la Presidencia del Alto Tribunal. ¿Será?
No me ayudes…
Dicen que no resulta de ayuda la campaña en redes contra el presidente de Estados Unidos, que un grupo de influencers realiza en redes, promocionando un “video bomba de Trump enfiestado con Epstein, en donde se puede ver cómo toca y besa a las porristas de los Delfines de Miami” que se pide sea difundido “antes de que la Casa Blanca lo baje”… ¿Se los habrán encargado, o se les ocurrió, así como por iniciativa propia? ¿Será?
Cátedra Blanca
Ante el acelerado crecimiento urbano en todo el mundo, la Universidad Iberoamericana mantiene desde hace dos décadas un programa educativo denominado Cátedra Blanca, cuyo objetivo es formar a los profesionales de la construcción en temas de sostenibilidad, desarrollos vanguardistas y ordenamiento. El programa, que promueve en conjunto con la mexicana Cemex, apuesta por estrechar los vínculos entre expertos del sector y estudiantes que han logrado concretar más de 80 obras de infraestructura. ¿Será?
Visita en Palacio
Al terminar la conferencia de prensa matutina, ayer entró a Palacio Nacional el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien se retiró del inmueble minutos antes de que la mandataria saliera a Pachuca, Hidalgo. Más tarde, en el Senado se convocó a una sesión para este jueves que no estaba programada y comenzó a correr la versión que habría un nombramiento “grande” por “encargo de la presidenta”… Aunque no faltó quien asegurara que habría alguna renuncia; el nombre más mencionado en redes era el del fiscal Alejandro Gertz Manero y, para ocupar su lugar, el de Arturo Zaldívar, que desde hace unos días ya puede aspirar legalmente al cargo; otros también mencionaban a Ernestina Godoy. Allá en la FGR, anoche seguían trabajando intensamente, y sí que hay chamba. ¿Será?
En aprietos
Lo que sí es un hecho es la investigación contra el dueño del concurso Miss Universo, Raúl Rocha, a quien se le acusa de tener vínculo con el huachicol. Ese concurso salió salpicado, sino es que totalmente bañado de… sospechas. ¿Será?
Morena vs. PAN
En términos coloquiales, los diputados son los representantes del pueblo, ellos están ahí para velar por sus intereses e incluso se ha manejado que sus jefes son los ciudadanos. En la Ciudad de México, el Congreso local tiene un importante rezago legislativo y como si esto no fuera poco, se dan el lujo de faltar. Ayer, ocurrió algo con lo que sí se volaron la barda, ya que resulta que tocaba turno de comparecer al alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y se armaron todo un relajo. Los guindas aliados acusaban que no asistió y el alcalde defendía que ahí estaba, total que puro borlote y descalificación. ¡Qué espectáculo! ¿No sería más fácil que ambas partes se pusieran a trabajar y ya? ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
No podía haber caído en mejor momento para desviar la atención de las crisis múltiples que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum: Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado. Abrió la caja del silencio y filtró a la prensa que le otorgaron un criterio de oportunidad para evitar ser procesado y encarcelado por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. Rocha se fue a Tailandia a meterse en otro problema con el concurso y, de regreso a México, se encontró con que, aunque no iría a la cárcel, su fama pública había terminado de hacerse pedazos.
Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, un claro control de daños –se puede conjeturar–, para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor, como sucedió cuando, para apaciguar al presidente Donald Trump, la Marina se sacó de la manga una investigación sobre contrabando de combustible en Tamaulipas, que no sabía, ni tampoco la presidenta, que iba a escalar a las alturas del poder del régimen.
La orden de aprehensión que solicitó la FGR menciona a una decena de personas que presuntamente operaron los delitos imputados, pero como subordinados de Rocha, o como Jacobo Reyes León, director de Seguridad de Acolman, un municipio mexiquense pegado a Ecatepec, a quien le pagaba, según el documento, por darle información de la FEMDO. El criterio de oportunidad exige que aporte información “esencial y eficaz” para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, donde, por su naturaleza, no puede darla sobre personas subordinadas a quien lo obtiene, sino de aquellas que, por sus funciones, entran en el supuesto.
Este es el punto donde el caso Rocha puede volverse, como el de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, en un asunto tan caliente que la presidenta decida meter el freno y pararlo en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen. De acuerdo con reportes de inteligencia, Rocha tiene vínculos con el Grupo Virreyes, que está siendo investigado por la FGR porque una de sus empresas, Mada Energy, con sede en Querétaro, operaba gasolineras en Tamaulipas cuyo combustible compraba a pipas de origen desconocido, que vendía en 19 pesos el litro de gasolina regular, cuando en el mercado local el litro estaba en 21.69 pesos, poco después del aseguramiento de un barco con huachicol, que detonó la investigación con los marinos.
El Grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano, tiene relaciones abiertas con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y con el expresidente de Morena, Mario Delgado, quienes han sido señalados en investigaciones en México y Estados Unidos como parte de las redes del contrabando de combustible. Los reportes de inteligencia señalan que, además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenían una relación estrecha con ese grupo.
La investigación, cuyos generales fueron publicados ayer en la prensa, se inició el 29 de noviembre del año pasado a partir de una denuncia anónima. Esa investigación derivó en la causa penal 307/2025 del 7 de agosto de este año, en la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó una orden de aprehensión en contra de 13 personas, entre las que se encontraba Rocha, por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. La jueza a la que le pidieron la orden de aprehensión, en el Estado de México, la rechazó por carecer de legal competencia por cuestiones de territorio –fuera de su jurisdicción– y de seguridad, porque las autoridades dijeron que los delitos se habían realizado en Querétaro y la Ciudad de México.
La FEMDO llevó el caso a Querétaro, donde se abrió el 15 de noviembre la causa penal 495/2025, que es lo que se filtró a la prensa. En ella aparecen al menos ocho de las 13 personas imputadas en la causa penal inicial de agosto, en la que figuran la fiscal especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la FEMDO, Raúl Manrique Miranda, y una jueza federal, Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, en Querétaro. No aparece en la orden que publicó la prensa Jorge Alberts Ponce, que sí figura en la causa penal del 6 de agosto. Alberts Ponce dirige una empresa que le daba servicio de vigilancia a Banobras en el sexenio pasado y es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Según lo que publicó la prensa, la denuncia anónima presentada en la FGR detonó la investigación el 29 de noviembre del año pasado, dos semanas después de que el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que sus predecesores Adán Augusto López y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, “deberán responder por la violencia” en el estado.
May inició una investigación contra La Barredora, que manejaba el exdirector de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el senador López, que era un brazo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que operaba una ruta de contrabando de combustible desde la frontera con Guatemala hasta Tamaulipas. La denuncia que involucra a Rocha lo imputa con la misma organización criminal y con su aliada en la capital federal, La Unión Tepito, que tenía tratos con los oficiales de la Marina Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. La investigación contra ellos por el huachicol fiscal, que destapó la cloaca en el olimpo de la cuatroté, está congelada. La de Bermúdez Requena también. Los exgobernadores de Tabasco tampoco están siendo investigados. Todas las investigaciones por el contrabando de combustible, de manera extraña, están paradas. El caso Rocha podría seguir el mismo camino, una vez que cubra y haga olvidar las múltiples crisis de la presidenta. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
El dueño de Miss Universo puede entrar a México, caminar tranquilamente por el país, acudir a algún restaurante de lujo y destapar una botella de vino cara. Raúl Rocha Cantú no es prófugo de la justicia. Es testigo protegido del gobierno, es decir, aceptó su responsabilidad como operador de una red de huachicol y tráfico de armas para el narco, y prometió dar información que vincule a otros empresarios y a funcionarios públicos.
La gran pregunta es: ¿a quién se comprometió a “empinar” Raúl Rocha Cantú? ¿quiénes son los peces más gordos en ese organigrama criminal que obtuvo visibilidad por el controversial certamen Miss Universo?
Hace cuatro años, llegó hasta las más altas esferas del gobierno federal —entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador— una denuncia que implicó a Raúl Rocha Cantú con el financiamiento ilegal a las campañas políticas de Morena. Esa denuncia lo vinculó con dos personajes que siempre han estado bajo sospecha en la élite del poder: Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y hoy secretario de Educación Pública; Ricardo Peralta, quien fue director de Aduanas y subsecretario de Gobernación en la administración pasada; y los hermanos Sergio y Julio Carmona, conocidos como “Los Reyes del Huachicol”.
Se señaló que entre los tres habían organizado una red de corrupción, huachicol fiscal y extorsión a casinos. De esta triada de actividades habrían obtenido los recursos para manejar el financiamiento de campañas políticas (y amarrar compromisos económicos a cambio): la de Mario Delgado a la dirigencia de Morena, así como las aspiraciones a la gubernatura de Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Castro en Baja California Sur, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Félix Salgado Macedonio en Guerrero, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Américo Villarreal en Tamaulipas, David Monreal en Zacatecas.
Cuenta el reporte interno, que circuló en el gabinete de Seguridad del entonces presidente López Obrador y al que tuve acceso, que estos personajes desfilaron por una oficina operada por Peralta y Rocha, ubicada en el Paseo de las Palmas 910 de la Ciudad de México, con la carátula de una consultoría político electoral.
La red fue inicialmente denunciada por la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, quien fue impulsada por AMLO para ser ministra de la Suprema Corte y luego fue de las que se rebeló a cualquier intento de sometimiento. A esta denuncia agregó datos Porfirio Muñoz Ledo (qepd) cuando compitió contra Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena, en una elección que fue cuestionada por fraude en las encuestas.
El lunes le pregunté a Raúl Rocha Cantú en W Radio a este respecto. Dijo: “falso, completamente falso… yo ni apoyo campañas políticas… no soy ni de Morena ni del PRI ni del PAN, tengo la relación que uno puede llegar a tener como cualquier mexicano”. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A5)
Convocada y tratada desde el poder como “única marcha legítima”, la concentración que prepara la Presidencia de la República para “celebrar” lo que ellos consideran “7 años de transformación”, será no sólo una costosa movilización, con cargo al erario, de acarreados procedentes de toda la República, sino que parecerá también un espectáculo macabro de celebración en un país donde la muerte ronda todos los días con 55 asesinatos violentos (2.3 mexicanos asesinados cada hora), donde agricultores y transportistas exigen seguridad y precios justos; donde no hay medicamentos ni tratamientos o camas disponibles en hospitales públicos; y donde 11 mujeres son asesinadas cada día en el territorio nacional.
Ninguna de esas cifras amerita celebración alguna, como tampoco nadie, en su sano juicio o con una visión objetiva de la realidad, celebraría que tengamos 125 mil mexicanos desaparecidos de los que no se sabe paradero ni si viven, mueren o están siendo explotados y esclavizados; o que en el sexenio anterior llegáramos a la cifra récord de 202 mil mexicanos asesinados con violencia, que se suman a 25 mil homicidios del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum; y mucho menos parece digno de celebrar que las extorsiones o cobro de derecho de piso del crimen organizado se dispararan, en los primeros 6 meses de esta administración, a la cifra récord de 5 mil 887 víctimas, sin contar la gran cifra negra que no denuncia ese delito.
Los campesinos, por ejemplo, que hoy cumplen su cuarto día de paros y bloqueos carreteros, en demanda de precios justos de garantía para el maíz y en busca de que se revise la Ley de Aguas Nacionales que les quiere quitar derechos adquiridos en las concesiones de agua de las que depende su actividad, no tienen nada que celebrar, y mucho menos los transportistas o choferes de camiones de carga que protestan con ellos y también bloquean carreteras en demanda del derecho básico de cualquier mexicano: seguridad y orden en las carreteras nacionales para poder trabajar sin ser víctimas de la delincuencia y la extorsión de las autoridades.
Tampoco los médicos y personal de salud de múltiples instituciones u hospitales del sector público encuentran motivo para celebraciones, cuando últimamente han tenido que salir a las calles, hacer paros y marchas para denunciar desde la falta de pagos en el IMSS Bienestar, hasta la escasez de insumos, medicamentos y condiciones dignas para atender a sus pacientes y ejercer su profesión. Como tampoco las cientos de miles de madres y familiares buscadores, que no encuentran a sus hijos ni reciben apoyo, recursos o seguridad del estado en esa búsqueda, y por el contrario, lo único que les da la Presidenta, como lo hizo su antecesor, es la espalda y adjetivos de que su búsqueda cruel y desesperada tiene “tintes políticos”.
Mucho menos los sinaloenses y en particular los culiacanenses querrán celebrar ya un año y dos meses de guerra narca que les ha robado la paz y la tranquilidad y ha colocado a su ciudad como una de las más violentas de México y en donde se dispararon todos los delitos, desde los homicidios violentos, hasta el robo de autos y los feminicidios, a partir de que el gobierno no puede o no quiere terminar con los enfrentamientos de las dos células del Cártel sinaloense que convirtieron al estado y a su capital en territorio de guerra.
Igual que los michoacanos, que siguen enardecidos por los asesinatos de Carlos Manzo y de Bernardo Bravo, y que padecen una violencia cotidiana y un narcogobierno que tolera, auspicia y es cómplice de los cárteles de la droga que se disputan el productivo territorio de Michoacán; ni los guerrerenses, que viven en el miedo constante, la violencia y la extorsión de 7 células criminales que actúan en su territorio; o los jaliscienses que son presas del CJNG que controla y domina todo lo que pasa en el estado; o los tamaulipecos que en su frontera conviven a diario con el miedo y la violencia narca; o los tabasqueños que, con todo y su Miss Universo cuestionada, siguen padeciendo la violencia que les dejó La Barredora y sus exgobernadores Adán Augusto y Carlos Merino. Y así a cualquier estado de la República que se voltee a ver, hay un ambiente de violencia y control del narco, que no amerita celebrarse o festejarse.
Ni siquiera la economía del país, que se encuentra estancada y con amenazas de recesión, tiene nada que celebrar; con una deuda que ha crecido como nunca, una informalidad que ya alcanzó el 54% del empleo; con inversiones extranjeras que se contraen y denuncian la falta de certidumbre por un Poder Judicial politizado y el riesgo de perder o modificar el próximo año a su motor principal que es el TMEC, la economía de los mexicanos no está para festejos, aunque no la de la mayoría, pero sí la de los grandes magnates como Carlos Slim, Alberto Bailleres o Germán Larrea, que han incrementado notablemente sus fortunas con aquellos que pregonaban que “primero los pobres”.
¿Y entonces? Si no existen motivos reales que celebrar para los ciudadanos, los trabajadores, los campesinos y los profesionistas, que por cierto desaparecieron como sectores en el discurso y las prioridades de la llamada 4T, donde sólo se nombra y se ensalza “al pueblo” que es una entelequia amorfa que alude más a una clientela política y de votantes, más que a ciudadanos de carne y hueso que produzcan y contribuyan al crecimiento del país, ¿qué va a salir a celebrar la Presidenta con sus huestes clientelares e incondicionales?
La de este sábado será realmente una celebración del poder, por el poder y para el poder. En la que no importa qué digan, sientan, vivan o piensen la mayoría de los mexicanos, porque lo único que importa es la percepción que tienen los que gobiernan y detentan el poder. Ellos, sus gobernantes, líderes y funcionarios y políticos que viven y se benefician del erario y de la enorme corrupción tolerada e institucionalizada por Morena, llenarán el Zócalo para autocelebrarse, autoelogiarse y autorreconocerse por “7 años de transformación”, una transformación que para ellos ha sido de abundancia y riqueza económica, pero para el país sólo ha traído deterioro institucional, mayor violencia homicida y debilitamiento de la democracia y los equilibrios de poder.
NOTAS INDISCRETAS… Fuentes del Senado confirman que la sesión extraordinaria convocada para este jueves sin revelar el tema a tratar, será para someter a discusión la remoción del fiscal general de al República, Alejandro Gertz Manero. Las fuentes afirman que la mayoría de Morena aprobará el cambio en la fiscalía aun cuando faltan dos años para que termine el periodo de Alejandro Gertz por indicaciones de la Presidencia; entre los nombres de los fiscales que relevarían a Gertz Manero se mencionan dos nombres: el del exministro Arturo Zaldívar, que acaba de cumplir el pasado 15 de noviembre el plazo legal para poder ocupar la fiscalía y la actual consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy…
La cuestionada licitación para imprimir las credenciales de elector sigue causando polémica y escándalo dentro del INE. Primero fueron los señalamientos de favoritismo hacia la empresa Litoformas, de los hermanos Hernández Casillas y su relación cercana con la presidenta Guadalupe Taddei, y ahora, fuentes internas del instituto nos comentan que entre los participantes en la licitación internacional se ha invitado a participar a Talleres Gráficos de México (TGM, empresa pública dependiente de la Secretaría de Gobernación como si se tratase de una empresa privada que busca obtener un contrato como licitante).
Pero si ya la intención de que un organismo gubernamental concurse con compañías privadas por el millonario contrato representa una violación a la Ley Federal de Adquisiciones, nos dicen que el tema se complica aún más por que TGM no iría sola en su oferta para imprimir las credenciales para votar, sino que lo haría en consorcio con la empresa Cosmocolor, propiedad del empresario Jorge Kahwagi. Ese movimiento, que a primera vista parece administrativo, es a decir de los funcionarios administrativos del INE un cambio de régimen institucional que resulta por demás peligroso, porque TGM no es una empresa ni un competidor privado, sino una entidad pública.
El marco jurídico de Talleres Gráficos no deja lugar a interpretaciones y le prohíbe alianzas comerciales con empresas privadas. Su decreto de creación, su estatuto y su manual de organización establecen que solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. No puede competir en licitaciones públicas internacionales ni asociarse con particulares para buscar contratos derivados de la autoridad electoral. Ahí está la regla y ahí empieza el problema que genera una violación legal que sentaría un precedente peligroso. Si el INE aceptara que un órgano subordinado a Gobernación en consorcio con una empresa privada compita en una licitación pública, rompería su propio Reglamento de Adquisiciones, cruzaría la Ley de Adquisiciones y violaría el artículo 134 constitucional que exige legalidad, neutralidad y competencia equitativa para todos los participantes.
El riesgo está en el precedente sembrado. ¿Qué sigue? ¿Que cualquier institución federal participe de forma conjunta con alguna empresa privada de su elección, para asegurar contratos con otras instituciones del gobierno? La alianza de TGM con Cosmocolor violenta las normas y rompe una frontera institucional diseñada justamente para garantizar la libre competencia y la transparencia en las licitaciones públicas.
Eso sin contar que la Secretaría de Gobernación no puede imprimir credenciales de elector ni puede tener acceso a la información de los ciudadanos y a sus datos personales para imprimir las credenciales de elector. Tampoco la Segob puede ni debe meterse a los procesos de un organismo autónomo y ciudadano, ni siquiera puede emitir fianzas de cumplimiento, ni ceder su representación legal a una empresa privada en un convenio de participación conjunta.
El conflicto de interés es tan evidente como las. violaciones legales. El INE no puede cruzar esa norma ni pasar ese límite, al menos no mientras la ley siga diciendo que es un organismo autónomo y ciudadano, algo que muy pronto, con la reforma electoral morenizada que se prepara desde la Presidencia de la República podría cambiar, pero al menos que muestren un poco de dignidad y de decencia y no se adelanten a entregar lo poco que queda del INE independiente al gobierno federal… Los dados repiten la doble Escalera. Buen tiro. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A12)
Mientras estuvieron en la oposición, los morenistas y sus ancestros ideológicos no tuvieron problema con que los mexicanos acudieran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar violaciones a sus garantías que no eran reparadas por los tribunales en México.
Esa posibilidad se abrió desde hace ya rato. En 1981, para ser precisos, cuando este país se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fue el Partido de la Revolución Democrática, sobre cuya base se fundaría Morena, el promovente de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995, y que derivó, dos años después, en una recomendación de ese organismo de la OEA.
Leo en los archivos de La Jornada, una nota publicada por la reportera Rosa Icela Rodríguez, el 15 de marzo de 1997, que dice lo siguiente: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA formuló una primera recomendación al gobierno mexicano para remediar las violaciones a los derechos humanos en el caso de los 17 campesinos asesinados en el vado Aguas Blancas. La Comisión envió ayer la notificación al asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante legal de las víctimas, Samuel del Villar (…) En entrevista, Del Villar se manifestó satisfecho con la recomendación que no sólo rechazó la petición del gobierno de México para no tomar en cuenta la denuncia del PRD, sino que atendió la solicitud de los abogados de las viudas”.
En aquel año, Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD, partido que no tuvo inconveniente en enviar a Washington —sede de la Organización de Estados Americanos y de la CIDH— a su asesor jurídico para denunciar al Estado mexicano (que no al gobierno de México) por los hechos ocurridos en Aguas Blancas. (Por cierto, ese homicidio múltiple provocó la caída del gobernador guerrerense Rubén Figueroa, una medida que el actual oficialismo se resiste a tomar en el caso de varios de sus gobernadores).
Es más, el PRD que dirigía López Obrador apoyó que el presidente Ernesto Zedillo, previo aval del Senado, reconociera en diciembre de 1998 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que México había dejado pendiente al suscribir la Convención Americana.
El 25 de noviembre de 1998, el entonces diputado perredista Benito Mirón Lince —hoy morenista— propuso un punto de acuerdo, que fue aprobado, para comunicar al Senado el “beneplácito” de la Cámara baja para dicho reconocimiento.
Por eso sorprende que el actual oficialismo se indigne cuando un mexicano o un grupo de mexicanos acude a Washington para usar los mecanismos del Sistema Interamericano. Ése es un derecho que para nada implica no amar al país ni pedir la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, sino simplemente recurrir a lo plasmado en la Convención Americana, un tratado internacional al que México se adhirió hace 44 años y cuyo peso está reconocido en la propia Constitución.
Dice el artículo 1º de la Carta Magna: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Uno de esos tratados es la Convención Americana.
Quizá el morenismo, ahora que es gobierno, se siente incómodo con la adhesión a ese instrumento del derecho internacional. Lo digo no sólo por los recientes comentarios sobre los mexicanos que acuden ante la CIDH, sino también porque se ha negado a cumplir dos sentencias de la Corte Interamericana, que no son opinables, para dejar sin efecto en su marco legal la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Si al oficialismo le incomoda tanto ser parte del Sistema Interamericano, tiene los votos en el Legislativo para sustraerse. Pero mientras México sea parte de él, cualquier mexicano que sienta que sus derechos han sido violados tiene la facultad para pedir justicia “en Washington” cuando ésta le ha sido negada en su propio país. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)