APROVECHANDO las clases por televisión, tal vez Andrea Legarreta podría explicarle al Presidente la diferencia entre estímulo fiscal para salir de la crisis y rescate. Porque Andrés Manuel López Obrador no sale de la cantaleta de que no hará otro Fobaproa, cuando lo único que esperan de su parte calificadoras y empresarios es que entienda la necesidad de echar a andar la economía.
EL COLMO del asunto es que mientras el mandatario presume que su gobierno se ajusta el cinturón y ya no hay privilegios, ¡oh, sorpresa!, resulta que tomó la decisión de condonarle sus adeudos hipotecarios a 4 mil 870 afiliados al SME, uno de los sindicatos consentidos de López Obrador.
LA GRACIA de la condonación fue “gestionada” todavía por Jaime Cárdenas como director del Instituto para Robarle al Pueblo lo Recuperado -¿o cómo era?-, pero no aclaró cuánto le costará al erario ese cariñito al emporio de Martín Esparza. Lo único que sí informó el INDEP fue que los electricistas se manifestaron frente a sus oficinas, obvio, para agradecerle al Presidente. ¡Notición!. (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión)
Esta semana será de alta tensión para el equipo jurídico del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues el próximo jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si es constitucional o no la solicitud presidencial de consulta popular. Es decir, se conocerá el futuro de la reiterada promesa de campaña de consultar al pueblo de México si deben ir a juicio los últimos cinco expresidentes por actos de corrupción cometidos en sus mandatos. Nos hacen ver que cualquiera que sea el resultado que salga de la Corte, el Presidente gana. Si el pleno de la SCJN decide por mayoría que la consulta solicitada por AMLO es improcedente —como lo propone el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar—, el mandatario habrá cumplido su promesa y el Poder Judicial tendrá que cargar con las consecuencias de que la consulta no se realice. En otro escenario, la Corte podría votar en contra del proyecto presentado por el ministro Aguilar y pedir que se hicieran algunos ajustes para que la pregunta propuesta por el titular del Poder Ejecutivo sea modificada con el fin de que pueda cumplir con los marcos requeridos por la Constitución, en este caso el tema seguiría vivo. Este es uno de los casos, explican, en el que el presidente López Obrador apostó al caballo ganador.
En el puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un agradecimiento “especial” durante un acto público al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez (PAN), hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con el que AMLO ha tenido muy agrios momentos. “Podemos tener diferencias”, dijo el Ejecutivo, quien agregó que cuando se trata de gobernar lo hacen juntos por el bien de la nación. El apapacho del mandatario contrastó con el golpe que soltó horas más tarde. En Córdoba, sin mencionar nombres, el mandatario dijo que Veracruz no ha tenido buena suerte en cuanto a gobernadores, muy pocos honestos, la mayoría puro “mediocre y ladrón”. ¿Será que el mandatario incluyó en esa lista al papá de don Fernando? (Bajo Reserva, El Universal, Opinión)
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 manifestaron su desaliento al salir del larguísimo informe que, sobre el caso, se presentó el sábado pasado en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente del presidente de la República.
Según el señor Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, fue “solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la Comisión Ayotzinapa”.
El presidente dijo que muerta la “verdad histórica” tendremos la “verdad auténtica”. El subsecretario Alejandro Encinas, comisionado del caso, dijo que, con los nuevos hallazgos de la investigación, que demuestra que los 43 nunca estuvieron juntos, la “verdad histórica” ha colapsado. El fiscal del caso Iguala, Omar Gómez Trejo señaló, entre otras cosas, que se han girado órdenes de aprehensión contra varios militares por su probable participación en los hechos, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, acusó al gobierno anterior de mentir, encubrir y realizar falsas diligencias, y al antiguo encargado de la investigación, Tomás Zerón, de robarse mil millones de pesos: su supuesto pago por encubrir la verdad. (Héctor De Mauleón, El Universal, Opinión)
El eje del gobierno de la 4T es la política social y una de sus joyas es el Banco del Bienestar, por medio del cual se canalizarían todo tipo de apoyos económicos y financieros a la población más necesitada del país, en un esquema de distribución que incluía la construcción de 2 mil 700 sucursales en el primer bienio de la administración de López Obrador, para llegar a 7 mil al finalizar el sexenio.
Así, todas las baterías gubernamentales se enfocarían a lograr ese objetivo para beneficio de dicha población, luego de que el gran logro de la política social del régimen neoliberal (planeada y ejecutada, fundamentalmente, por egresados del ITAM y de universidades foráneas; allí están Cordero y Meade para no ir más lejos) fue que el número de mexicanos en pobreza no dejó de aumentar.
Se trataba, pues, de un cambio radical en la forma de apoyar a los más necesitados y así clausurar la enorme cuan ignominiosa fábrica de pobres en la que los neoliberales convirtieron a México a lo largo de cuatro décadas. Conceptualmente el nuevo diseño de política social resulta impecable, pero algo falló, porque, paradójicamente, el presidente López Obrador anunció, el pasado 22 de junio, que la dirección general del Banco del Bienestar quedaba en manos de una itamita, Diana Álvarez Maury, es decir, dejó la Iglesia en manos de Lutero.
En lo que denominó un enroque obviamente republicano, López Obrador anunció que Diana Álvarez Maury dejaba la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación para que –sin ninguna experiencia en el ámbito financiero y menos en el bancario– ocupara la dirección del Banco del Bienestar, mientras Rabindranath Salazar desocupaba esa posición para llegar a Bucareli. En esa ocasión el mandatario dijo que se trataba de una decisión consensuada que va a ayudar mucho para seguir adelante en la transformación de México. ¿En serio? (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Opinión)
Ve inconcebible desear el retorno del Prian
Se puede entender que al grupito de Frena no le simpatice el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que no comulgue con su ideario político. Eso es válido.
Pero, de eso a desear el retorno del Prian, me parece una estupidez absoluta y una falta de memoria y rigor históricos, después de 70 años de gobiernos inmorales y bestialmente corruptos. Da la impresión de que jamás han vivido en este país.
Exige a agresores reparar daños al Palacio Nacional
Sin saber ni de cerca el tremendo dolor de perder un hijo o un hermano, y peor no saber ni su paradero, de ninguna manera podemos decir que entendemos el dolor de los padres, hermanos, familiares o amigos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Es comprensible que protesten y se manifiesten quienes consideren que es el camino adecuado para su causa, sean los padres de los 43, los padres de los niños de la guardería ABC, las feministas o los frenéticos desquiciados del movimiento sin dirección ni rumbo de Frena. Pero, de ninguna manera, nadie tiene el derecho de atentar contra los bienes materiales de otras personas y menos en contra de los edificios históricos o monumentos propiedad de la nación. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión)
Que la Confederación Patronal de la República Mexicana anunciará este lunes el lanzamiento de la Alianza Coparmex-CCI (Centro de Integridad Ciudadana). El organismo patronal nombró a Mauricio Doehner vicepresidente de Responsabilidad Social, a fin de impulsar esta misión que busca incentivar la participación ciudadana para resolver problemas que aquejan a la gente a través de nuevas tecnologías y redes sociales. Se trata de dar fuerza al ciudadano para trabajar con la autoridad en la solución de distintas problemáticas.
Que en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguran que el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que plantea declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, cuenta con el apoyo de la mayoría, incluidos ministros de carrera judicial y externos.
La única duda es si en la sesión del jueves se tendrá una decisión unánime, pues de ser así se repetirá la votación que declaró inconstitucional la ley Bonilla, en la que todos se sumaron a un mismo proyecto, aunque con diferentes matices y argumentos. (Trascendió, Milenio, Opinión)
La investigación sobre los fabricantes de pruebas en el caso Ayoztinapa está en la cancha de los jueces. Mientras tanto, quienes con su pluma propagaron esas fabricaciones continúan defendiendo lo mismo sin que nadie les cobre por haber participado en la mascarada.
El pasado sábado 26 de septiembre, durante el informe rendido por el gobierno y la Fiscalía General de la República, nos enteramos de que la ministerio público, Blanca Alicia Bernal Castillo, está siendo procesada por haber truqueado el acta donde consignó la diligencia realizada en el Río San Juan. Mintió al decir que se hallaba en Guerrero cuando en realidad estaba en Ciudad de México.
También se informó que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autor principal de la “verdad histórica”, desvió mil millones y por eso se fugó a Canadá. Supimos que hay 80 personas procesadas, entre las cuales —además de integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos— deben incluirse funcionarios federales, estatales y municipales. Además, se dijo que pronto serán enjuiciados mandos militares relacionados con lo ocurrido aquella madrugada trágica de septiembre de 2014. (Ricardo Raphael, Milenio, Opinión)
“Yo no quiero ser el siguiente Cuauhtémoc Cárdenas, eterno candidato a la Presidencia”, dijo Andrés Manuel López Obrador en una cena con empresarios. “Seré candidato en 2012 y si no gano me voy a La Chingada”.
La frase causó estupor entre los asistentes. Se hizo el silencio, pero éste fue reemplazado por una carcajada general cuando el exjefe de Gobierno del Distrito Federal aclaró que se refería a una finca en Palenque, Chiapas, que había heredado de sus padres.
Era principios de 2011. Aunque todavía miembro del PRD, López Obrador acababa de anunciar la creación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), grupo con el que se encontraba apoyando la candidatura de Alejandro Encinas en la contienda para gobernador del Estado de México.
Unos meses después, cuando López Obrador y su sucesor en la jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, negociaban qué hacer con una encuesta que daba una ligera ventaja al segundo en la definición de quién estaba mejor posicionado para ser el aspirante presidencial de la izquierda en 2012, el tabasqueño volvió a sacar la misma carta: a cambio de que Ebrard le cediera el paso, él se comprometía a no volver a ser candidato en caso de perder.
Ebrard había lanzado la idea de la encuesta durante una entrevista con CNN, el 7 de marzo de 2011: “Si sacaras ahorita una encuesta —retó el entonces jefe de Gobierno capitalino—, tengo mayor porcentaje que Andrés Manuel”.
El 16 de noviembre de ese año, la fundación Equipo Equidad y Progreso, plataforma que impulsaba la candidatura ebrardista, había convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la encuesta levantada a principios de mes por las empresas Covarrubias y Nodo para resolver quién de los dos sería el abanderado.
Aquello se canceló. Lo que hubo, en cambio, fue una aparición conjunta de los dos aspirantes, en un hotel de la Alameda Central, a la que ambos llegaron vestidos con traje oscuro y corbata amarilla y en la que Ebrard anunció que —pese a haber él ganado la encuesta en tres de las cinco preguntas realizadas— el candidato sería López Obrador. (Pascal Beltrán Del Río, Excélsior, Opinión)
Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde, desde lo más alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero, al terminar de oír las mil 613 palabras de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese régimen que marcó con fuego seguía en pie.
Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió. No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez. La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para este, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal “fue una matanza”, pero no precisó dónde.
Gertz Manero informó que “hay acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijo que no pertenecían a los normalistas. Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA –no solicitadas por la Fiscalía–, fuera el responsable de la desaparición, o participara en el crimen, como afirmó Gertz Manero. (Raymundo Riva Palacio – Estrictamente Personal, El Financiero, Opinión)
Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Hacienda supervisar personalmente el avance de los proyectos prioritarios en los estados del sur del país y eliminar a su paso la mayor cantidad de contratiempos financieros a los que se enfrentan las obras de infraestructura. De ahí que ARTURO HERRERA recorriera durante el fin de semana la ruta de los tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Playa del Carmen en Quintana Roo, estado en el que aprovechó para firmar un acuerdo de colaboración para el combate a los delitos fiscales y financieros.
Entre quienes adelantaron, por mucho, el inicio de las campañas rumbo a las gubernaturas se encuentra el consejero independiente de Pemex, Rafael Espino quien, nos dicen, busca ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional para suceder a Javier Corral en el gobierno de Chihuahua.
Sin embargo, cuentan que antes de llegar a la boleta electoral, Espino de la Peña tendrá que aclarar un asunto ante la autoridad fiscal, pues su firma de turismo médico Holding Amerimed se encuentra en un esquema de facturación cruzada, debido a que fue constituida y reporta ingresos en Baja California Sur, pero su operación se concentra en el sureste del país.
Dicen los que saben que el Gobierno de México estableció contacto con los inversionistas de la empresa Trituradora Minera del Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, para evitar que la compañía se vaya del país, después del conflicto que afecta a la mina San Rafael desde el 26 de enero de este año.
La firma de Canadá, con sede en Toronto, encabezada por el CEO, Darren Blasutti, anunció que cerrará las puertas de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, y operada por Trituradora Minera del Noroeste, ante el bloqueo de las instalaciones y el clima de inseguridad desatado por las huestes del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.
Que el asunto de Conagua no solo quedará en la renuncia de seis ex funcionarios, pues existen testimonios de proveedores que vincularían a Eduardo Seldner, subdirector general de Administración del organismo, en una red de tráfico de influencias para gestionar contratos, adjudicaciones y licitaciones a modo, hechos que ya son investigados por la cuatroté. (A la sombra, El Sol de México, Análisis)
La resolución que viene
El próximo jueves será un día especial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar, porque se discute el proyecto de resolución sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes. Hay gran expectativa, porque sólo se requieren seis votos de los 11 ministros para aprobar el programa.
Concluye primera fase
Este lunes, tres empresas concluyen el levantamiento de la encuesta de reconocimiento que permitirá al Instituto Nacional Electoral seleccionar a los morenistas que participarán en la encuesta para elegir a la nueva dirigencia del partido. Nos dicen que los nombres de los finalistas se darán a conocer, a más tardar, el 1 de octubre. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión)