Haber planteado ayer aquí la interrogante de si los consumidores de drogas pueden también ser considerados “terroristas” provoca reclamos en lectores indignados, o simplemente interesados en el tema, que demandan una explicación.
Va:
Mucho se habla de lo importante que es “pegarles a las organizaciones delincuenciales donde más les duele”, o sea, en su economía, despojándolas del dinero que lavan en diversos giros de negocio, aparentemente ajenos a la venta de drogas.
Hace ya varios años, cuando cobraron auge los asesinatos de La Familia Michoacana y Los Templarios, eran frecuentes (como hasta la fecha) los hallazgos de cabezas humanas en Guerrero y el Estado de México, o de cadáveres completos con rastros de tortura y de cuerpos desmembrados y repartidos en bolsas de plástico en muchas otras entidades federativas, tuve la oportunidad de platicar con jóvenes adictos a la inofensiva mariguana, tan impactados como yo por la carnicería. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
Arranco diciendo que de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador conozco únicamente a Ana Laura Magaloni personalmente. Conozco su trabajo, su trayectoria, lo que ha escrito y hecho. Siempre me ha sorprendido su manera de ver las cosas desde una perspectiva original y de ponerse a chambear en ellas.
Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez han tenido trayectorias con menos exposición pública, aunque a la primera la pudimos conocer a través de sus artículos de opinión en Reforma y ahora por su tiempo en el SAT; ambas tienen un currículum que, igual que a Ana Laura, las avala como candidatas a la Corte. Es una buena terna.
Lo que no parece estar a la altura, o no lo ha estado en los últimos tiempos, es el Senado, que tiene elegir a una de ellas para ocupar el espacio que dejó Eduardo Medina Mora. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
No es la primera vez que el presidente Donald Trump amaga con designar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas. Tampoco es la primera vez que flota la idea de enviar soldados estadunidenses a México para combatir a los narcos.
Trump y un grupo de republicanos en el Congreso llevan tiempo consintiendo esta idea y el cobarde atentado contra la familia LeBarón sumado al incremento en los niveles de violencia en nuestro país, justo en la antesala de la elección presidencial de 2020, ha servido como el pretexto ideal para revivir el asunto referido.
En vez de anticipar algo que parecía inevitable, la cancillería prefiere vivir reaccionando a la crisis del momento. No hay espacio para la diplomacia de largo alcance porque no se lo han creado. (Enrique Acevedo, Milenio, Opinión, p.3)
Tras el ajetreado proceso, elección y toma de protesta a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que seguía es que la hoy ombudsperson enviara mensajes contundentes de autonomía de su perfil para que amortizara los cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento. Parece que ha decidido tomar otra ruta.
El lunes, frente a la autonomía presupuestaria de la que goza la CNDH como órgano constitucional autónomo, una de las primeras declaraciones públicas de la ombudsperson fue anunciar que la CNDH se ajustaría a la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel. Así dejó claro que su prioridad es responder a las expectativas del mandatario y no a las necesidades de la institución. El mismo día, Rosario Piedra afirmó en una entrevista que el Presidente de la República tiene la disposición de que se dé justicia a todos los mexicanos. El martes, la titular de la CNDH se presentó como oradora en un evento dedicado a Evo Morales en la sala Ollin Yoliztli, ahí respaldó al hoy asilado político en México refiriendo que para ella y para los mexicanos él es el presidente legítimo de Bolivia. Continuando con el recuento, ayer miércoles la ombudsperson realizó declaraciones respecto a la marcha del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la mujer, en las que tuvo el desacierto de señalar: “No podemos comportarnos igual que un torturador, que un violador, que un asesino”. Mostró su lejanía con la problemática del feminicidio y puso el acento en las formas y no en el fondo. (Maite Azuela, Milenio, Opinión, p.17)
Los programas sociales manejados por la Secretaría del Bienestar están en la cima de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La dependencia, a cargo de María Luisa Albores, obtuvo un incremento de 4.8% de su partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, un total de 181 mil 457 millones de pesos.
De ese monto, 126 mil millones se destinarán al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que paga dos mil 550 pesos bimestrales a 8.5 millones de personas. El programa, antes denominado “70 (años) y más”, estaba destinado originalmente a atender a los ancianos pobres de comunidades rurales que no tuviesen ningún tipo de pensión. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
No sé si en el gobierno de López Obrador han aquilatado en toda su magnitud lo que implica que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas internacionales. Parece que no se comprende que las leyes antiterroristas de Estados Unidos se aplican sin respetar la territorialidad, y podrán ser, por ello, cuestionables, pero eso no las hace ni menos reales ni menos efectivas cuando deciden aplicarlas.
El gobierno federal ha dicho que se debe colaborar poniendo dos temas sobre la mesa: el tráfico de armas y el de dinero y servicios financieros. Los dos son centrales, pero no van al fondo de lo que se está planteando. Es más, incluso, aunque se comenzaran a tomar medidas hoy en esos temas, ello no implicaría una modificación significativa de la situación que vivimos. En México, lo que les sobra a los cárteles son armas. Comenzar a aplicar controles más estrictos es importante, pero no solucionará la espiral de violencia, con un agravante, mientras la venta de armas largas sea legal en Estados Unidos, éstas llegarán, de una u otra forma, al país. Atacar el lavado de dinero es más fácil de decir que de hacer. Ni México ni Estados Unidos han tenido éxito en ese ámbito y se suele olvidar un punto: es verdad que los grandes capos y grandes cárteles viven de los recursos del tráfico de drogas internacional, pero las poco más de 80 organizaciones criminales que operan cotidianamente en el país viven de la expoliación del ciudadano y la sociedad, vía el narcoconsumo, la extorsión, el robo, el secuestro. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Opinión, p.12)
MÁS ALLÁ de las bravuconadas de Donald Trump, la realidad es la realidad aunque no les guste en Palacio Nacional… y los cárteles de la droga están imponiendo un régimen de terror en varias zonas del país.
ANTE el vacío del gobierno federal, los criminales están tomando un nuevo aire, dejando de lado el bajo perfil y haciendo ostentación de su poderío e impunidad. En Nuevo Laredo, por ejemplo, se reportó que toda una familia fue secuestrada y su casa incendiada por el simple hecho de haber subido a las redes sociales un video -de apenas unos segundos- en el que delincuentes del Cártel del Noroeste roban autos a plena luz del día.
EN TANTO, en San Luis Potosí comenzó a circular un video en el que un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación anuncia su llegada a la plaza, retando al gobierno del priista Juan Manuel Carreras. Y en Tiquicheo, Michoacán, un grupo paramilitar cerró la carretera para extorsionar a los vehículos que pasaban. Y, obviamente, al conteo hay que agregar los ejecutados que se recogen todos los días en el país.
ESTÁN VIENDO que Trump es risueño y encima le hacen cosquillas con tantos “bad hombres”. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
Trump, el que avisa no traiciona
Muchos se sorprenden hoy de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hable de su intención de designar como terroristas a las organizaciones mexicanas del narcotráfico. Sin embargo, nos hacen ver que al menos desde el pasado 12 de marzo de este año lo adelantó en entrevista con Breitbart News, un sitio de noticias y opiniones identificado con el ala más conservadora de la política estadounidense. Así que los políticos, entre ellos uno que otro excanciller, que hoy se admiran del anuncio de Trump es que están tan desinformados como sorprendidos. El que avisa no traiciona, dice el dicho.
Se acaba la “beca Evo Morales”
Aparentemente, se les acabó la manutención gubernamental a los bolivianos que llegaron en calidad de asilados políticos a México el pasado 12 de noviembre: Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño. Durante 15 días estuvieron en el Campo Militar No. 1 y con cargo al erario mexicano, pero a decir de ellos mismos, ya salieron del lugar y ahora su manutención correrá por su cuenta, así que ya hicieron llamado a mexicanos y embajadores amigos para que los apoyen. Como recordará, algunos legisladores de Morena plantearon hacerle una vaquita a don Evo para que cada uno de ellos diera una aportación mensual de 500 pesos, con lo que el exmandatario de Bolivia podría tener mejores ingresos que el Presidente de México, e incluso más que el sueldo que él tenía como presidente de su país. Lo que no se les quitó fue el equipo de seguridad que los protege. (El Universal, Opinión, p.2)
En aquella bodega, Mónica Esparza Castro vio desnudos a su esposo y a su hermano. Militares y policías municipales de Torreón les pegaban con tablas en el pecho y la espalda. A ella, que acababan de descubrirle la cara (se la habían tapado con su ropa), la golpearon en el estómago, “mientras le cuestionaban cosas que desconocía”.
La sumergieron en un tambo con agua, luego le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Uno de ellos la golpeó con un látigo con espuelas.
Vio que a ellos les hacían lo mismo. A su esposo le desprendieron la piel de las piernas, lo golpearon con un palo, le dieron toques eléctricos. A su hermano le apretaron los pezones con pinzas. (Héctor de Mauleón, El Universal, Opinión, p.5)
Como si se repitiera el escenario de una falta de mayoría calificada que se vivió recientemente en el caso de la CNDH, ahora en el Senado de la República el nombramiento de una nueva ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra entrampado, porque las bancadas partidistas están divididas en sus votos y ninguna de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene los apoyos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de los senadores que conforman la mayoría calificada que la ley establece como requisito para el nombramiento de un nuevo ministerio en la Corte.
Dos son las candidatas que han dividido a los senadores: por un lado Margarita Ríos Fajat, actual directora del SAT, y a quien apoyan Morena, PT, PES y PVEM, además de unos cuantos diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano; y por el otro lado Ana Laura Magaloni, la jurista y académica prestigiada a quien respaldan los senadores del PAN, la mayoría de la bancada del PRI, la mayoría también de MC y los tres senadores del PRD. La tercera integrante de la terna para la Corte, Diana Álvarez Maury, actualmente subsecretaria de Gobernación, no ha despertado simpatías ni apoyos entre los senadores, que se dividieron entre las dos primeras. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.6)
Tiene mucha razón el Presidente López Obrador cuando se refiere a la politización del país, de la sociedad.
De alguna manera, Andrés Manuel vive en esa polarización una de sus más inherentes fantasías: la discusión permanente que le hubiera gustado ver, de la que le hubiera encantado participar, hace muchos, muchos años ya, en el cénit del priato, con una clase media más bien tibia, timorata, conformista en la discusión de los asuntos públicos.
Hoy, la polarización y el descontento se hacen evidentes prácticamente en cualquier lugar, para muchos, me incluyo, preocupa el hecho de que las discusiones comienzan a tornarse arrebatadas, más inclinadas a divisiones de “clases” que a una argumentación medianamente sólida de la vida nacional. (Luis Cárdenas, El Universal, Opinión, p.7)
Estimada Yeidckol: Desde que nos conocimos hace más de 30 años, siempre he sentido mucho afecto y admiración por ti.
Te conocí con tu nombre actual. Te conocí como una extraordinaria EMPRESARIA que tuvo un pequeño desliz de 16 y pico de millones de pesos en el NO pago de tus impuestos.
Y también te conocí como la PRIMERA MUJER presidenta de Canacintra. Te conocí como una madre cariñosa y entregada a su familia. Siempre muy comprometida con tu sector y con México. Hasta que un día hace más de 20 años… conociste al presidente López Obrador. (Carlos Alazraki, El Universal, Opinión, p.9)
Consejero del INE denuncia probable corrupción, despilfarro // Slim recomienda al gobierno pagar más rápido // Estados Unidos y el terrorismo
En medio de la discusión que ha provocado el recorte decretado por la Cámara de Diputados de mil millones de pesos al presupuesto de 2020 del Instituto Nacional Electoral (solicitó la fantástica cifra de 12 mil 493 millones, aparte del subsidio a la partidocracia), hizo su aparición en el escenario un soplón que revela la probable corrupción y el evidente despilfarro imperantes en el instituto. Un caso que denuncia es la compra de equipo de cómputo. El INE decidió gastar 344 millones de pesos para cambiar la tecnología para el monitoreo de radio y televisión, aunque es evidente que de un año a otro no se requiere renovar la tecnología para esa función. Tendría que haberse pedido mucho menos dinero y sólo renovarse la más antigua para que no se convierta en obsoleta. Tiene sentido. Pero como dijo famoso personaje: Sin compras no hay sobras. No es cualquier individuo quien hace la denuncia, sino el consejero del propio INE Roberto Ruiz Saldaña, en entrevista con el portal Sin Embargo.
Vida de mirreyes
El Consejero Ruiz Saldaña menciona otros gastos discutibles del INE: 49 millones para la Estrategia nacional de cultura cívica, un proyecto que no debe dejarse, pero con menos dinero; seguro de separación individualizada, que consiste en un fondo de ahorro en el cual la alta burocracia del INE ahorra un peso y el pueblo mexicano pone otro peso; vehículos oficiales que no se justifican; tarjetas de crédito para comidas de los consejeros y directores ejecutivos; viajes al extranjero para acudir a foros; ayuda disfrazada de alianzas estratégicas a instituciones académicas. Hasta ahí lo revelado por el consejero Ruiz Saldaña. Vale recordar que de 2014 a 2020, mantener al INE le habrá costado a los contribuyentes 83 mil 695 millones de pesos. Un dato pista: hay algunos nombres que aparecen casi siempre en el comité de presupuesto: Marco A. Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y Benito Nacif Hernández. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)
AMLO elude chocar con Trump // En México, debate sobre terrorismo // Slim: no a quejidos y quejidos // Conductores estrella de Uber
Hace bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en no reaccionar de manera ríspida ante el amago de Donald Trump de clasificar a los cárteles criminales mexicanos como organizaciones terroristas (con las amenazas a la soberanía mexicana que esa caracterización implicaría).
El político tabasqueño ha evitado los pronunciamientos drásticos (apenas unas palabras en la mañanera de ayer) y su canciller, Marcelo Ebrard, ha mantenido el tono diplomático de la previa indagación y la búsqueda de encuentros de alto nivel sobre el tema. Otras áreas institucionales del obradorismo, especialmente en el Senado, han emitido posicionamientos más críticos que, en todo caso, no comprometen formalmente a la Presidencia de la República.
La moderación de los ánimos gubernamentales mexicanos proviene de una lectura política más detallada, que encuentra cuando menos los siguientes flancos débiles en el planteamiento del presidente de Estados Unidos: el anuncio fue hecho en un medio de comunicación dirigido a la base social dura de Trump y pareciera inscribirse en una estrategia global en busca de la relección del mencionado Donald; el procesamiento de tal anuncio no puede ser inmediato ni unilateral, así que faltarían muchos elementos para convertirlo en una realidad que permitiera acciones armadas en el país donde residieran los narcotraficantes terroristas y, por otra parte, la acusación que se hiciese a la parte mexicana tendría como contraparte a empresarios, comerciantes y banqueros o financieros que hicieran tratos con los villanos al sur de Estados Unidos (en ese segmento podrían entrar los vendedores fronterizos de armas que luego llegan a los cárteles). (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Dilan Cruz tiene 18 años y marcha por el corazón de Bogotá en la movilización nacional que revienta el 21 de noviembre y lanza gente a las principales ciudades del país como nunca antes. Semanas antes, en un debate del Congreso, un senador denuncia que el Ejército bombardeó en septiembre unos supuestos guerrilleros que resultaron siendo 18 menores de edad en el sur del país. Lo que había sido comunicado en la prensa como un logro contundente contra los grupos armados que quedaron después de la entrega de armas de un sector de las FARC, volvió al debate nacional en forma de fotos de los restos de los cuerpos de los niños, de cuadernos y del dolor de las familias, de historia de mutilaciones y de reclutamiento forzado. El paro 21N convocado por centrales obreras se convirtió en un catalizador de la movilización que se desbordó en las ciudades que habían sido indiferentes a todas las barbaries de la guerra.
Mientras Dilan corre a darle una patada a una bomba lacrimógena para alejarla de la multitud que camina pacífica, un integrante del Escuadrón Móvil Anti Disturbios –conocido como Esmad– le dice a uno de sus compañeros al que sea, dele dele y ese otro le dispara al joven una recalzada de balines –un trapo con balines adentro– a pocos metros de distancia y por la espalda. En el video, el cuerpo de Dilan se desploma de inmediato y al acercarse, los paramédicos la encuentran incrustada en la cabeza causando el mayor daño que puede; por eso está prohibida, por eso la usa la policía. El 26 de noviembre muere en el hospital y de inmediato la noticia se extiende al final de la movilización que se había convocado ese día, que se prende de nuevo y se expande en forma de cacerolazo: sí fue el estado, a Dilan lo mataron y Dilan hermano, nosotros no olvidamos retumba en la noche fría bogotana mientras muchos caminan hacia el lugar en el que lo asesinaron. (Estefanía Ciro Rodríguez*, La Jornada, Opinión, p.21)
En los últimos tiempos se ha hecho un lugar común en distintos círculos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) −incluidas diversas autoridades académicas y administrativas−, calificar al Posgrado en Derechos Humanos como un espacio problemático y conflictivo. En realidad, desde 2014 a la fecha, las y los profesores del posgrado hemos sido estigmatizados, criminalizados y judicializados como parte de un proceso de construcción social del otro, a partir de prejuicios, estereotipos y acusaciones sin fundamentos −no exentas de intencionalidades políticas de grupos de poder al interior y al exterior de la institución−, con el objetivo de ser exhibidas/os como un peligro para la comunidad uacemita, en virtud de lo cual, ese espacio académico y de formación de ciudadanía crítica y emancipatoria debe ser intervenido y/o sometido a sanciones disciplinarias, como parte de un patrón convencional autoritario que ha venido rigiendo al interior de la UACM a últimas fechas.
La caricatura o el intento de querer etiquetar al cuerpo docente y administrativo del posgrado en Derechos Humanos –compuesto por dos profesoras, cuatro profesores y una trabajadora administrativa− como un espacio patriarcal, misógino, discriminatorio y violento, choca con una larga práctica de las y los integrantes de ese colectivo, en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y hombres en México y el mundo. (Carlos Fazio, La Jornada, Opinión, p.21)
Esta semana El Financiero publicó su encuesta en la que mide la aprobación y desaprobación del presidente López Obrador.
El resultado que obtuvo ese ejercicio indica en noviembre una aprobación presidencial de 68 por ciento, frente a un 31 por ciento de rechazo.
Algunos amigos, empresarios y analistas, me han expresado su incredulidad. Me dicen que no es posible que con el cero crecimiento económico, con hechos como los de Culiacán o el asesinato de los LeBarón, entre muchas cosas, no se haya caído la popularidad presidencial, que se mantiene virtualmente constante desde mayo. (Enrique Quintana, El Financiero, Opinión, p.2)
A un año de iniciada la presente administración, resaltan características que definen el estilo, la forma, la narrativa y la eficiencia del actual gobierno.
En muchos rubros, es aún temprano para realizar una evaluación a fondo, considerando que el presidente decidió desmontar por completo el aparato de gobierno que heredamos de administraciones anteriores. Incluso, a pesar de que –con base en los hechos– algunas de esas decisiones se hayan realizado sin sustento, análisis objetivo o métrica de resultados. Simplemente, había que quitar lo de antes. (Leonardo Kourchenko, el financiero, Opinión, p.31)
Nadie celebra que nos amenacen con invasiones ni presiones desde Estados Unidos, pero el respeto se gana. Y eso no lo ha hecho la administración actual.
Estaba cantado que la siguiente andanada de Trump vendría por la negativa del gobierno a combatir a los grupos criminales.
Nuestro Presidente dejó hacer, que en este caso significa dejar matar. Dejó pasar, que en este caso significa otorgar impunidad. (Pablo Hiriart, El financiero, Opinión, p.34)
Una vez más, el presidente Donald Trump puso de cabeza al gobierno mexicano. Una declaración a un comentarista ultraconservador, su amigo Bill O’Reilly, donde afirmó que designaría como “terroristas” a los cárteles de la droga, metió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un torbellino. Fue un golpe por debajo de la línea de flotación de un gobierno con el cual dice López Obrador mantiene una extraordinaria relación, que es autoinfringido. Hace más de un año está esa discusión en Estados Unidos –que ignoraron hasta ahora–, y que está en línea con la crítica permanente de Trump, que lo que está haciendo el gobierno para controlar la violencia de los cárteles, no sirve para nada.
La declaración de Trump es reciclada. El pasado 12 de marzo, Trump concedió una entrevista a los editores de Breitbart News, en medio de la crisis de migración con México, donde reveló que su gobierno estaba pensando “seriamente” en designar a los cárteles mexicanos como “terroristas”. En la entrevista con O’Reilly, inmersa en el contexto del juicio político al que quieren someterlo en el Capitolio en vísperas de iniciar la campaña presidencial, Trump dijo que llevaba tres meses analizando esa reclasificación. No obstante, diplomáticos consultados en Washington dijeron que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado estaban enterados de lo que planteó el presidente. Es decir, como muchas cosas que hace, fue una posición no analizada, revisada o planificada. (Raymundo Riva Palacio, El financiero, Opinión, p.36)