“No renegó de nada ni comulgó con todo”. (La Jornada, Contraportada)
¡AH, CARAY! Ahora resulta que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuestión de impuestos, hay evasores buenos y evasores malos. Entre los malos están, dijo, 20 empresas nacionales y extranjeras que deben unos 100 mil millones de pesos y a las que advirtió que deben pagar ya.
EN CAMBIO, el mandatario salió con que Grupo Salinas no está en esa lista, sino que se cuece aparte. Con el consorcio de Ricardo Salinas Pliego se sigue “negociando”, pese a que, según Raquel Buenrostro, su deuda acumulada es de cerca de 40 mil millones de pesos, de los cuales debe pagar ya más de ¡2 mil 600 millones de pesos!
YA lo decía Benito Juárez: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, el SAT a secas.
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NO HAY nada que justifique el violento proceder de Daniel Tabe, padre del alcalde Mauricio Tabe, al amenazar con un cuchillo a un verificador del Invea. Dicho eso, antes de rostizar a Lord Shawarma, sería bueno conocer toda la historia detrás del incidente.
QUIENES conocen a Tabe padre saben que inició su negocio hace más de 30 años, con un pequeño local en la colonia Narvarte. Es decir, su actividad empresarial comenzó y se expandió cuando su hijo era niño, no cuando ya era político. De ahí que resulta sospechoso que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda hacer parecer la apertura de la nueva sucursal de Don Eraki como un caso de tráfico de influencias.
OJALÁ se dé a conocer el video completo del operativo de clausura, pues todo indica que se trata en realidad de una ofensiva más del gobierno morenista en contra de los alcaldes de oposición. Al propio Tabe le suspendieron a su coordinador jurídico por una simple sospecha; y atropellos similares han ocurrido también en Álvaro Obregón, que encabeza Lía Limón. Como quien dice, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento están hostigando a la oposición política a la 4T a fuego leeento, muy lento.
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ALLÁ en Campeche se preguntan para cuándo Layda Sansores dejará el show y se pondrá a gobernar en serio. La razón es que la morenista se interesa más en los números del rating de su programa “Martes de Jaguar”… que en las cifras delictivas.
DESDE QUE asumió el gobierno campechano, la tendencia de criminalidad no ha bajado. Al contrario: la mayoría de los índices (con datos oficiales) reflejan un constante incremento: lo mismo en robos de todo tipo, que en homicidios dolosos, daño a la propiedad… ¡y hasta fraudes!
DE AHÍ que en Campeche andan diciendo que ojalá Sansores le dedique menos tiempo a la celebridad y se enfoque más en la seguridad.
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CON los malos resultados que ha tenido la Selección Nacional de futbol que dirige Gerardo “Tata” Martino, ya hay quien está proponiendo cambios radicales. Siguiendo la línea dictada en Palacio Nacional, dicen que a lo mejor es tiempo de darle la dirección técnica… ¡a la Sedena! Se pasan. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
¿Quién pagó la tamaliza en Palacio?
Nos comentan que en Palacio Nacional siguen ocurriendo fenómenos paranormales, pues documentos oficiales de la Oficina de Presidencia, que por ley deberían estar disponibles para los ciudadanos, desaparecen sin dejar rastro. Como ya es costumbre, cuando se pide información por la vía de la Ley de Transparencia, la Presidencia de la República jura y perjura que por más que buscaron “de manera exhaustiva” documentos e información no se encontró nada. La última documentación de la que aseguran no se tiene rastro, es la referente a las facturas o recibos del costo de la tamaliza que ofreció en julio pasado el Presidente a empresarios para invitarlos a comprar boletos del sorteo de la Lotería Nacional para la rifa de lotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Lo bueno es que en la casa presidencial no se cansan de decir que la transparencia es la base de la democracia. ¿Qué tal si no fuera así?
La caída del sistema en la Cámara de Diputados
Será que la pobreza franciscana tuvo algo que ver en la caída de la red de internet en la Cámara de Diputados, que ayer impidió que se pudiera discutir la derogación del horario de verano en la Ley de Husos Horarios. Al ser una sesión semipresencial del pleno, era necesario contar con internet para registrar la votación de los diputados que no se encontraban en el recinto. ¿Estará la Cámara al corriente en el pago del servicio? Hoy, si no se va la luz y si regresa la señal de Wifi, podría, por fin, llegar a su final el debate y votación de la ley que dará fin al horario de verano, y que seguramente será aprobada sin problema, ya que la mayoría de Morena y sus aliados votarán a favor. Después, será enviada como minuta al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Desinterés de senadores en comparecencia del secretario de Hacienda
Nos cuentan que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tuvo que esperar casi tres horas para comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno, ello ante el debate que se estaba dando sobre la licencia del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, no sólo fue el retraso inicial, sino que durante prácticamente toda la sesión el salón de plenos estaba semivacío y de los 128 senadores por momentos no había ni siquiera la mitad. ¿Será que a los senadores los tiene sin cuidado la situación financiera del país?
Donación obligatoria de órganos
Tal parece que el tema del horario de verano eclipsó el resto de las propuestas que se someterán a debate este jueves, sin embargo, nos dicen que vale la pena observar la votación en torno a la propuesta de Morena para que la donación de órganos sea vuelva obligatoria. El proyecto establece que “toda persona se constituye en donante potencial obligado a fin de que pueda disponerse, sin mediar voluntad previa, de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento”. Se prevé que se avale por mayoría, y que venga una ola de amparos, en especial de las organizaciones provida. (El Universal, Nación, p. 2)
Corcholatas del PRI, a escena
‘Sin querer queriendo’ y en medio de una marcada división interna, el PRI pondrá en escena a sus corcholatas rumbo a 2024. En un acto denominado Diálogos por México, los días 17 y 18 de octubre llevará a la sede de su partido a Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y Alfredo Del Mazo, “para exponer su visión de los temas de la agenda nacional y global”. Estos priistas han expresado y han sido impulsados por sectores del tricolor para ser eventuales candidatos presidenciales. También aparecen en la lista personajes como José Ángel Gurría, Miguel Ángel Riquelme, Omar Fayad, Ildefonso Guajardo, entre otros. Seguridad, economía y salud serán los temas.
Creel confirma, va ‘por la grande’
“¿Que si tengo aspiraciones? ¡Claro que tengo!, ¿por qué no lo voy a decir? ¡Por supuesto que tengo, no hay que esconderlo! Si no las tuviera no estaría aquí”, confirmó ayer el panista. Ante las acusaciones del líder de Morena San Lázaro, Ignacio Mier, replicó: “No debe ser a la antigüita, en mi caso soy directo y claro: sí es sí, no es no; nada de que no quiero y no puedo contestar”. Y fue más allá: “Y que nadie se sorprenda, mis aspiraciones las tenía desde antes de que me eligieran presidente de la Cámara de Diputados, todos lo sabían…”.
Descortesías al invitado
En el Senado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, sufrió ayer más de una descortesía. El funcionario primero tuvo que esperar más de dos horas para comparecer como parte de la glosa del Informe. “Es una falta de cortesía, hubiéramos puesto el debate después de la comparecencia”, lamentó Ricardo Monreal tras un acalorado debate sobre la elegibilidad de Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas. Después, Ramírez de la O compareció prácticamente en soledad, pues la mayoría de los senadores brilló por su ausencia. Ante el pleno casi vacío, la panista Xóchitl Gálvez ironizó: “Si usted fuera corcholata esto estuviera bien lleno de parte de Morena, pero como no, ni modo, no les interesó venir”.
Escala polarización
En el Senado, las fricciones entre la panista Lilly Téllez y el morenista José Narro Céspedes cada día escalan más, ya que del pleno se han trasladado a los pasillos de la sede de la Cámara alta. Ayer, ambos legisladores se cruzaron cerca de la entrada al pleno e intercambiaron descalificaciones. En un video que se hizo viral, se escucha a la sonorense decirle al zacatecano: “Tienes la cola larga, la boca sucia y las manos sucias. Tú, Américo y tu bancada. ¡Narcosenador!”. Y es que Téllez ha declarado que tanto Narro como Américo Villarreal sostienen presuntos nexos con el crimen organizado.
Se les fue el WiFi…
Ahora resulta que, por falta de internet, la sesión en la Cámara de Diputados se tuvo que suspender. Ya ni porque era sesión híbrida se preocuparon por tener las mínimas condiciones para que los diputados pudieran votar a la distancia. Se ve que la tecnología no es lo suyo, o que eso de “internet para todos” no aplica en San Lázaro…
Monreal respalda a Américo
Vaya polémica la que se dio ayer sobre la licencia de Américo Villarreal en el Senado, y es que si bien es cierto que estuvo bien asesorado en los trámites que debió presentar, fue Ricardo Monreal, quien mostró que Américo no estaba impedido a asumir la gubernatura. Una vez que el zacatecano despejó la duda de que no aplica el argumento panista de que el senador morenista no podría tomar el cargo de gobernador de Tamaulipas tras su reincorporación y desincorporación por unos días a su escaño, aclaró que lo que mandata la Constitución de esa entidad es pedir licencia a cualquier cargo público 120 días antes de las elecciones. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
Que la presidencia cameral convirtió a Santiago Creel en un político tan osado como su ex jefe Vicente Fox, quien decía hace veinte años que en quince minutos iba a resolver el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora quien fue secretario de Gobernación en aquel sexenio durante cinco años, hasta que Felipe Calderón le arrebató la candidatura panista para la grande, solo pide una horita a Andrés Manuel López Obrador para “darle la solución al problema” de la violencia, “respetando su investidura”, por supuesto. Cosas de blanquiazules.
Que después de la designación de su correligionaria Yolanda de la Torre como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se apresuró a rechazar que el referido nombramiento sea el premio para la ahora legisladora con licencia por haber presentado como propia la iniciativa para extender hasta 2028 la permanencia militar en seguridad pública. “Hasta la pregunta ofende”, dijo el coahuilense, sin una señal mínima de rubor.
Que en el gabinete económico de la 4T hay optimismo a partir de algunos datos positivos y por eso la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, invitó a revisar que el Indicador Global de la Actividad Económica reportó un aumento de 0.4 por ciento, que espera mantenga el ritmo afianzado con el plan contra la inflación que se presentará el próximo lunes y que se afinó ayer al mediodía con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Que la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, expuso en Uzbekistán que México ha sido uno de los pioneros en aprovechamiento de las plataformas electrónicas para impulsar una mayor gobernanza digital de la información, durante su participación en el Diálogo de Alto Nivel de la Conferencia Global sobre el Acceso Universal a la Información 2022. Planteó también que por medio de la divulgación coordinada con la Secretaría de Salud, contribuyó a salvar vidas durante la pandemia. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Sin marcha atrás va el saneamiento financiero del ISSSTE. Su director, Pedro Zenteno, reveló que gobiernos estatales y alcaldías adeudan al Instituto $80 mil millones, además de que en 2019 se detectaron pasivos por $30 mil millones, de los cuales $22 mil millones se generaron sólo en 2018. Incliuso, ya presentaron denuncias por presunta corrupción ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, sin contar los casos de robo hormiga de insumos médicos.
Pasa prueba de fuego
Bien librado salió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O de su comparecencia ante el Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la oposición fue dura en sus cuestionamientos, pero siempre respetuosa del funcionario. Y él tuvo respuestas y argumentos para todos. En resumen, fue un acto, nos dicen, de civilidad política.
Notarios, en alerta
Escándalo destapó la contienda por la dirigencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Se dice que la aspirante Guadalupe Díaz Carranza lidera el “cártel del despojo”, dedicado a arrebatar predios. Opera, dicen, en complicidad con su padre Juan Díaz Pimentel, ex secretario de Salud de Oaxaca, corredores públicos y autoridades locales y federales.
Diputada con licencia, premiada
Se confirmó lo adelantado por El Heraldo de México el pasado 23 de septiembre: Yolanda de la Torre, quien presentó la iniciativa para ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, fue electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Su designación se dio por unanimidad y quien más contento está es el ex gobernador José Rosas Aispuro.
Se quiebra moratoria legislativa
Es casi un hecho que el PAN en el Senado, a cargo de Julen Rementería, se quedará sólo en su rechazo a la reforma militar. Las bancadas del PRI y del PRD, comandadas por Miguel Osorio y Miguel Mancera, respectivamente, manifestaron su disposición a ajustar con Morena la minuta. De ser así, la famosa moratoria legislativa quedaría rota…, igual que Va por México. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Desafío desde Chihuahua
Y a quien en estos días miran con recelo desde varias dependencias federales es a Alejandra de la Vega, empresaria y secretaria de Desarrollo Económico del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y es que con tal de expandir su negocio de gasolineras, la también dueña de los Bravos de Juárez, acaba de obtener un amparo para burlar la regulación que impide que las estaciones de servicio se ubiquen a menos de mil 200 metros de distancia una de otra. El caso, nos comentan, implica un doble revés por ejemplo para Pemex: por un lado, porque pega a los esfuerzos que ésta ha realizado para procurar todo lo relacionado con la seguridad en las gasolineras, y por otro, porque el combustible que las empresas de la exfuncionaria venderán será bajo las siglas de ARCO e importado y no de Pemex. De ese tamaño el desafío.
Elssa en Querétaro
Relevante, nos comentan, que el programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables que promueve el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, esté teniendo arropo cada vez mayor de diversas empresas de todo tipo y no sólo eso, sino también en entidades con gobiernos de distintas filiaciones políticas. De lo anterior quedó registro ayer, luego de que iniciara la implementación del Elssa en la industria de Manufactura Automotriz y Aeroespacial —clave para el país en materia económica y de empleo— en un acto que tuvo lugar en Querétaro, donde gobierna el panista Mauricio Kuri. Fue el director del IMSS quien detalló que se trata de una respuesta del Seguro Social para enfrentar el posCovid. Éste implica la implementación de medidas preventivas para procurar mayor salud prevenir accidentes y promover un estilo de vida saludable. Ahí el dato.
Una obra necesaria
Y donde están acometiendo una acción necesaria desde hace varias administraciones para dar un espacio digno a decenas de trabajadores administrativos y para atender posibles riesgos derivados del sismo del pasado 19 de septiembre es en la alcaldía de Coyoacán. Y es que por fin iniciaron los trabajos de mantenimiento y remodelación del espacio ubicado en la calle de Caballo Calco 22. La alcaldía, nos informan, invertirá 35 millones de pesos en los trabajos que quedarán concluidos en un plazo de entre 10 y 12 meses. Por lo pronto, ya se fijaron las medidas necesarias para que se lleve a cabo una mudanza a espacios alternos, entre los que se encuentran casas de cultura, bibliotecas y deportivos, por lo cual el funcionamiento de las áreas administrativas que tienen sede en el inmueble no se verán afectadas. Buena decisión, nos comentan.
Zacatecas, vacío de autoridad
Muy lamentable el multihomicidio cometido ayer en contra de seis elementos de la Policía Municipal de Calera, Zacatecas, entre ellos el director de la corporación. Los sicarios acribillaron a cinco uniformados en un lugar público a plena luz del día y todavía se dieron el lujo de esperar ahí a que llegaran los refuerzos para atacarlos también. Esta libertad de movimiento que tienen los delincuentes sólo es posible cuando hay un vacío de autoridad. Cuando la presencia de las fuerzas del orden estatales es nula y los agentes municipales, mal armados y mal capacitados, se las tienen que arreglar como pueden. Por eso no extraña, nos dicen, que un día antes del ataque la Guardia Nacional haya desmantelado seis campamentos de entrenamiento de sicarios. En la entidad gobernada por David Monreal eso es una realidad que parece inamovible. Uf.
De la Torre y la unidad
Y la que, con sonrisa de oreja a oreja, asumió ayer la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Durango fue la diputada priista con licencia Yolanda de la Torre. Sí, la autora de la iniciativa de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas pudieran seguir en apoyo de tarea de seguridad pública hasta 2028, que, por lo pronto, se encuentra escalonada en el Senado. Para muchos ese proyecto de reforma constitucional no sólo derivó en el resquebrajamiento de la alianza PRI-PAN-PRD, sino del propio PRI. Sin embargo, ese hecho, nos hacen ver, parece ya no ser relevante para la ahora magistrada que, irónicamente, apeló a la unidad en el Poder Judicial estatal. “La unidad será la fortaleza de este tribunal ante el gran reto, nos gustan los retos, a todos ustedes los conozco… tengo la certeza que vamos a hacer un gran equipo”.
Layda va de nuevo
Regresó, nos comentan, y además recargada, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con nuevos misiles políticos para dispararlos contra el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Sí, de nuevo a través del programa Martes del Jaguar. Layda acaba de soltar un obús en el que señala a Emigdio, hermano de Alito, de triangulaciones de dinero. Esto ocurre luego de que la reforma sobre la Guardia Nacional promovida por los priistas afines a Moreno Cárdenas se quedó a medio camino por la falta de apoyo de varios senadores de su mismo partido. Ayer, en un tuit, Sansores escribió que “no nos van a detener; seguimos firmes en nuestra lucha” y agregó con puras mayúsculas: “no hay pacto”. (La Razón, La dos, p. 2)
¿Qué tanto ha cambiado el diputado federal que en una ocasión le aventó billetes a un secretario de Estado?
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Adán Augusto López era legislador por el PRD, cuando subió a tribuna en la comparecencia de Javier Lozano, encargado de la Secretaría del Trabajo, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno.
—Yo quiero decirle que es pan para hoy y hambre para mañana las migajas que el espurio del gobierno federal intenta entregarles a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sí orgullosamente yo pertenezco al movimiento de López Obrador y tengo valor para decirle a mis electorales que yo voté en contra de los impuestos que ustedes le impusieron al pueblo. Usted, señor Lozano, es un fascista y un farsante, le miente al país al disponer arbitrariamente de los recursos para propiciar el esquirolazo. Qué bien se escucha en el discurso que usted ofrezca clases de inglés o poner changarros a los trabajadores mexicanos de electricistas, que les ofrezca una sobreliquidación a quienes pasen a la caja, pero nos sale más barato, señor Lozano y aquí se los dejo: tome, cobre su liquidación y váyase—, dijo el tabasqueño al arrojarle un fajo de billetes en la tribuna.
Adán Augusto López se volvió, a partir de la segunda mitad del sexenio, en el hombre más importante para implementar las acciones del modelo de gobierno lopezobradorista y devolverle el poder real a la Secretaría de Gobernación.
El martes en el Senado, el funcionario federal se vio buen orador y domador en la comparecencia del Cuarto Informe de gobierno presidencial, después de un trabajo de meses en los que ha retomado las riendas, por instrucción de López Obrador, que andaban sueltas para ejercer el poder.
¿Estaremos ante un secretario de Gobernación que puede volver a ser Presidente de la República?
¿Estaremos ante quien romperá la maldición que dejó fuera de la sucesión a Francisco Labastida, Santiago Creel o Miguel Ángel Osorio Chong?
¿Volverá a ser Adán Augusto López el Echeverría de Díaz Ordaz, es decir el siguiente Presidente venido de Gobernación? Es decir, la última vez que un secretario de Gobernación fue Presidente ocurrió hace 52 años.
Uppercut: A quién deberá darle las gracias, Yolanda de la Torre, por su nuevo cargo como Presidenta del Poder Judicial en Durango: ¿A Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; a Esteban Villegas Villareal, gobernador de la entidad, o a Adán Augusto López, secretario de Gobernación? (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, Política, p. 9)
Hace una década, circulaba en Estados Unidos un compendio de la revista académica Trends on Organized Crime (Tendencias del Crimen Organizado) bajo el título Introducción: cárteles mexicanos, crimen organizado contra insurgencia criminal.
El tema era obvio y planteaba, entre otras cosas, la evolución de los cárteles de la droga a empresas policriminales con impacto más allá de las fronteras, y no sólo en EU sino en América Central, Sudamérica, África, Europa y Asia. Anotaba la publicación, “uno de los debates académicos dominantes que ocurren respecto a cárteles mexicanos es la amenaza que pudieran significar para estados soberanos”.
De acuerdo con esa formulación, “la base inicial de la insurgencia criminal es de origen económico ilícito” que los mismos cárteles buscan convertir en la creación de “áreas de impunidad” libres de hecho de la influencia del Estado.
El debate era entre aquellos que creían que se trataba de un fenómeno delictivo, con una respuesta policiaca, o quienes pensaban que la respuesta debería incluir a elementos militares y de seguridad nacional.
Mal o bien, y con frecuentes trastabilleos, la respuesta de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –que marcaron un hito al ser los primeros, tras la finalización de lo que académicos definen como la coexistencia entre narcotraficantes y estructuras al abrigo del dominio del PRI– y del presidente Enrique Peña Nieto, la idea era que la autoridad del estado podría ser reinstalada por la fuerza. (El heraldo de México, El Orbe, p. 28)
Dicen los modernos asesores corporativos con pensamiento positivo que toda derrota es “un área de oportunidad”, no una derrota. Okey.
Y sabemos que en este gobierno todo, en serio todo, se trata como un asunto político electoral para construir base de apoyo.
Pasemos a lo que está sucediendo con el plan de mantener a las fuerzas armadas en las calles haciendo labores de seguridad.
Después de una intensa labor de cabildeo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no logró los votos necesarios en el Senado de la República para aprobar la extensión de la presencia militar en las calles. El dictamen se ha pasado a comisiones, pero no se ve sencillo que pueda volverse a meter a discusión en estos días que quedan y, tal vez, a Adán Augusto no le interesa. Volvamos a lo del “área de oportunidad”.
Después del voto en contra, el Presidente anunció y le encargó al secretario de Gobernación la elaboración de un “ejercicio participativo para tener la opinión ciudadana en materia de seguridad”. Veamos algunos detalles según los contó el propio tabasqueño.
La organización de todo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y así se replicará a nivel estatal, donde estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados.
El 4 de octubre se convocará a todos los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de Gobierno y dos días después a presidentes y presidentas municipales; ambos eventos los encabezará el secretario. Y, lo más importante: la jornada de “promoción, de difusión, de debate” en “plazas públicas” será del 10 de octubre al 16 de enero de 2023. El último responsable de esa campaña… pues el organizador del ejercicio.
Pobres senadores. Si votan no a la militarización en estos días, Adán Augusto lo agradecerá muchísimo. Si votan sí… pues eso, la militarización y sus terribles consecuencias y Adán Augusto lo presumirá como logro. El Senado y el corcholatismo. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El martes próximo, el Senado volverá a subir a su pleno la minuta del dictamen que busca reformar la Constitución para ampliar de 2024 a 2028 la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
En San Lázaro, el presidente López Obrador operó para que el PRI presentara la iniciativa, que luego reivindicó suya, y le diera, con sus votos, la mayoría calificada.
Pero en Reforma, en el primer intento, el miércoles pasado, topó con el bloque de contención, lo que llevó a Ricardo Monreal a regresarla a comisiones para que en diez días la devolviera al pleno, corrigiendo los argumentos por los que fue devuelta. Pero no hay legal alguno. Se la endosaron porque no tenían los votos para aprobarla.
El martes irá de nuevo, tras un intenso cabildeo del secretario Adán Augusto López Hernández, quien al parecer ya sumó al menos a tres priistas y a dos perredistas y con cuatro ausencias tendría la calificada para aprobarla.
Ayer le decía aquí que ante la disyuntiva de la violencia creciente o las fuerzas armadas en la Guardia Nacional, prefería esta opción, siempre y cuando se mejore la política de seguridad, porque de nada sirve tener a militares y marinos en esas funciones si no responden a una mejor y más eficaz estrategia. Es inútil tenerlos si los van a enviar cuando ya se haya presentado la violencia, como sucede en la actualidad, y si son obligados por el mantra presidencial a los abrazos, que no es lo suyo, y no balazos, que tampoco lo es, pero para eso están entrenados, sobre todo cuando así los enfrenta la delincuencia. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, nunca tendría que haber ocupado esa responsabilidad. Estaba impedido para ello por la sencilla razón de que era parte interesada en el caso, que había sido parte del movimiento de apoyo a los padres, incluso, participó en algunas diligencias en 2014 y después fue el secretario ejecutivo del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que desde 2015 vienen insistiendo, sin pruebas, en la participación militar en el caso y, por ello, tuvieron profundas diferencias con las autoridades de procuración de justicia durante la investigación.
Por supuesto, el señor Gómez Trejo estaba, y está en todo su derecho, de tener una posición definida ante el crimen de la noche de Iguala, de participar en el GIEI, incluso en las diligencias ministeriales de entonces, pero lo que no podía era ser, al mismo tiempo, un fiscal imparcial en este caso. Tampoco lo era, desde el día uno, el subsecretario Alejandro Encinas, un político respetable, pero que lleva consigo una fuerte carga ideológica en el tema, que desde que ocurrieron los hechos suscribió la tesis del crimen de Estado y de que en ello había participado el Ejército. Lo mismo pensaba Gómez Trejo, designado por Encinas, y a partir de esas convicciones se comenzó a construir el actual capítulo de las investigaciones.
El martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encontró en graves problemas en su comparecencia en el Senado porque afirmó, al mismo tiempo, que el de Iguala era un crimen de Estado, pero que el Ejército no estaba involucrado en él, salvo algunos elementos. Fuera del dato duro de que no hay pruebas de la participación de esos elementos militares en esos hechos, si se tratara de un crimen de Estado tenemos que hablar de un crimen organizado por las instituciones del Estado, desde el presidente de la República hasta sus brazos ejecutores. Pensar que desde los altos niveles del Ejército se puede ejecutar un crimen de Estado sin que se enteren los más altos mandos es absurdo. Si no es así, no estamos ante un crimen de Estado.
Lo más grave es que no hay más elementos para afirmarlo que las declaraciones de un delincuente confeso, que acepta ser un jefe de plaza, de Iguala, nada menos de un cártel, Guerreros Unidos, y que sabe los nombres completos, conoce y describe a todo tipo de altos funcionarios del gobierno federal y estatal, al mismo tiempo que dice que nunca los vio ni estuvo en reuniones con ellos. Es un dicho de oídas con base en oídas. Un testimonio que a todas luces parece construido. Otro día ahondaremos en el tema.
La pregunta es por qué tuvo que renunciar Gómez Trejo. Presentó su renuncia, luego de generar mayores filtraciones de información desde la Fiscalía, porque, dijo, tenía diferencias con la FGR, ya que le habían rechazado órdenes de aprehensión. En realidad, con la base pericial con que se presentaron esas acusaciones, lo increíble es que se hayan otorgado algunas órdenes de aprehensión. Ayer, el exprocurador Jesús Murillo Karam recibió un amparo definitivo en el caso, y si no hay nada nuevo, más temprano que tarde tendría que quedar en libertad. El día que se le giró la prisión preventiva, el propio juez regañó a los fiscales, que dependían de asuntos internos de la FGR, porque ni siquiera conocían bien el caso. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
La Policía de la Moral. Sí, en pleno siglo XXI, hay una Policía Moral en Irán. ¿A qué se dedica este “cuerpo de seguridad”? Nada menos que a aplicar las reglas de la religión musulmana, entre ellas, que las mujeres porten correctamente el velo para que no se vea su cabello.
La Policía Moral detuvo el pasado 16 de septiembre a Mahsa Amini, de 22 años de edad, al parecer, porque no llevaba bien su velo. Murió por la golpiza que le pusieron. Vaya moralina: no se vale traer chueca una prenda, pero sí apalear a una pobre chica hasta llevarla al borde de la muerte.
Irán es una teocracia. Gobiernan los Ayatolas. La ley musulmana es, por tanto, obligatoria para toda la sociedad. Con el fin de aplicar estas reglas, existe la Policía Moral. En realidad se trata de un aparato de dominación del Estado con el fin de generar miedo y así controlar a la población. De esta forma, una pequeña minoría de fanáticos religiosos domina a la mayoría de la sociedad.
Son las mujeres quienes más sufren en este régimen opresivo. La Policía de la Moral se ensaña más con ellas porque las reglas religiosas fueron hechas por hombres para subyugar al género femenino. Las mujeres a la cocina, a cuidar niños y ocultar su cuerpo y cara para no provocar ninguna atracción sexual. Y si no cumplen, la Policía de la Moral las detiene y envía a campos de “reeducación”. Esclavas de los hombres, eso es lo que quieren los Ayatolas iraníes que viven en la Edad Media.
Bueno, pues afortunadamente las mujeres en Irán se están rebelando de esta insoportable opresión masculina. El asesinato de Mahsa Amini, ha generado protestas en todo el país. Desde pequeños pueblos hasta las universidades, las iraníes están expresando su hartazgo por cuatro décadas de una de las peores dominaciones masculinas del Planeta. (Leo Zuckerman, Excélsior, Nacional, p. 13)
No hicieron falta los adversarios, los críticos ni los opositores. La “nueva” verdad de Ayotzinapa la está tirando el propio gobierno a punta de maquillaje y contradicciones.
1.- Dicen que la verdad histórica es una mentira, pero su investigación establece básicamente lo mismo: sí fue el grupo criminal Guerreros Unidos, sí tuvo que ver el Ejército, sí intervino el presidente municipal de Iguala, sí se repartieron a los 43 estudiantes entre varios comandos de sicarios para masacrarlos y sí, después movieron sus restos para que no fueran encontrados.
2.- Hicieron campaña por años diciendo que fue el Estado, que el Ejército los asesinó, y cuando el Informe de la Comisión de la Verdad imputa a muchos militares y se giran órdenes de aprehensión contra ellos, la Fiscalía ¡retira las órdenes de aprehensión! y el presidente sale en defensa del Ejército.
3.- Hay un pleito dentro del gobierno de López Obrador, entre el subsecretario de Gobernación que investigó el tema, Alejandro Encinas, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Encinas imputa a militares, Gertz los exonera… y el fiscal especial de plano renuncia al gobierno por este cochinero.
4.- Llevan toda la vida diciendo que la “verdad histórica” de Peña Nieto es una mentira y que los detenidos en el sexenio pasado fueron torturados. Cuando un juez libera a muchos de esos, ¡denuncian al juez!
5.- El viernes, el presidente sugirió dar a conocer sin tachaduras el nuevo informe sobre Ayotzinapa. Al día siguiente, la periodista Peniley Ramírez publicó el informe sin testar. Y entonces los voceros de la 4T se le fueron encima, acusándola de amarillista, de falta de ética, de revictimizar a las familias, de poner en riesgo el debido proceso…
¿Por qué el ataque? Porque esta filtración desnudó al gobierno de López Obrador. Exhibió que el Presidente está haciendo lo mismo que hicieron en el sexenio pasado: ocultar la participación de militares para proteger a su socio incondicional: el Ejército.
Y en qué momento: el gobierno impulsa la militarización del país justo cuando detienen y están por juzgar a varios miembros de las fuerzas armadas por encubrir y ser parte de una de las masacres más atroces de nuestra historia…
Pero también porque el informe sin tachaduras deja en evidencia que el gobierno de López Obrador buscó endulzar el papel del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca… Según el Informe, él ordenó matar a los estudiantes. Y eso se diluyó cuando presentaron el Informe en la mañanera. ¿Por qué? Porque quien lo puso de candidato fue López Obrador, a pesar de que le advirtieron que tenía nexos con el narco. Así es López Obrador, así ha sido siempre: capaz de poner a un delincuente con tal de ganar una elección (Salgado Macedonio, Gallardo, etc.).
López Obrador tuvo la torpeza de convertir un activo de campaña en un pasivo de gobierno. Ayotzinapa era un tema que usó a su favor por años para acusar al mal gobierno. Hoy es una crisis política de su gobierno: los militares están enojados, el fiscal especial renunció, Encinas enfrentado con Gertz, los papás de los normalistas se sienten traicionados, violencia en las manifestaciones, López Obrador salpicado por Abarca…
¿Y el caso? Empantanado, en uno de esos pantanos que sí manchan el plumaje. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)
Si no fue una estrategia, las estrellas se alinearon con Omar Gómez Trejo para crear las condiciones de opinión pública que lo mostraban como un David enfrentando a los gigantes del gabinete y que generaran la idea de que su batalla interna era para evitar el encubrimiento de militares en el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Por ello, cuando se oficializó su renuncia este martes, Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, quedó a la vista de muchos como un héroe y víctima del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tampoco quiere llegar a la verdad plena del crimen de Iguala. Sin embargo, el fiscal está muy lejos de ser un héroe.
Gómez Trejo es un manipulador. Lo fue como el hombre de confianza del subsecretario Alejandro Encinas, que encabeza la comisión presidencial del caso Ayotzinapa, y lo es en su salida. Su renuncia se hizo pública el martes mediante trascendidos de prensa, aunque fue entregada desde la semana pasada, antes de que aparecieran las filtraciones de prensa del fin de semana de los chats de criminales de Guerreros Unidos que involucran a militares en el crimen contra los normalistas, y su carta de queja al juez que autorizó la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares. Muy conveniente para él la secuencia de cómo se dieron las cosas, aunque no fuera la cronología exacta de cómo sucedieron.
Esta línea de tiempo colocó al gobierno contra la pared, y llovieron las críticas al Presidente por proteger al Ejército, asumiendo a priori que, cuando menos, un general y tres subalternos que estuvieron en Iguala, son asesinos. La percepción es la que, aun en medio de sus contradicciones, tiene López Obrador: la verdad jurídica no importa, la ley tampoco; lo que importa es la justicia. La pregunta es, ¿cuál es la justicia que sea justa? La que crean los familiares de los normalistas. O también, la que consideren en su entorno, en los medios y en el ala dura del gobierno.
Pudieron haber sido los militares y, como sostiene Encinas, un “crimen de Estado” donde participaron decenas de funcionarios de los tres niveles de gobierno, pero hay que probarlo. Con Gómez Trejo, llegar a la verdad, cualquiera que esta sea, por la vía de la investigación y las evidencias, no iba a ser posible. Nunca debió haber sido nombrado fiscal especial, porque su origen y procedencia establecían un conflicto de interés al haber sido secretario ejecutivo del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, cuya hipótesis es el crimen de Estado.
Su trabajo no garantizaba la imparcialidad en el análisis de los hechos, como encontró la periodista María Idalia Gómez en los expedientes para solicitar la orden de aprehensión y el auto de formal prisión contra los militares, donde incluyó Gómez Trejo a Ulises Bernabé como presunto responsable de la desaparición de los normalistas. Sin embargo, reportó Gómez, desde 2015, cuando él y el GIEI conocieron del caso del juez de barandilla, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, creyeron su acusación contra el Ejército a partir de las acusaciones de Bernabé contra militares del 27º Batallón de Infantería. Cinco años después, ya como fiscal especial, conoció el testimonio de un civil no involucrado en el caso, que por razones particulares acudió al Ministerio Público al día siguiente del crimen, y no sólo escuchó a Bernabé hablar de la violencia de la noche anterior, sino que un policía municipal presumía de, por lo menos, 17 normalistas que habían llevado al juzgado, donde el juez de barandilla los interrogó y después, ahí mismo, los asesinaron. El civil pudo ver varios cuerpos atrás de la barandilla.
Esas inconsistencias graves en su gestión se sumaron a, como señalan expertos, las responsabilidades penales y administrativas en las que incurrió Gómez Trejo al no haber subsanado los errores de las consignaciones de la autoridad judicial en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “obteniendo y ofreciendo pruebas en carácter superviniente (que se suman a las ya entregadas) para evitar la liberación de decenas de procesados”.
La liberación de decenas de criminales en juzgados de Tamaulipas, acorde con el criterio del Tribunal Colegiado en Reynosa, que determinó que sus declaraciones habían sido obtenidas mediante tortura, violando el debido proceso, ha sido criticada por López Obrador y Encinas, culpando al Poder Judicial de liberarlos. No voltearon a ver a Gómez Trejo, que como fiscal pudo obtener elementos probatorios para proceder penalmente en contra de quienes estaban ya en libertad –como el testigo “Juan”, Gildardo López Astudillo, quien imputa a los cuatro militares–, así como a otros imputados por su pertenencia a Guerreros Unidos, una banda criminal involucrada en asesinatos, secuestros, extorsiones y narcotráfico.
Gómez Trejo, al ser omiso, consintió la liberación de los criminales de Guerreros Unidos, y convirtió a los asesinos intelectuales y materiales de los normalistas, en sus aliados al reconocerlos como testigos protegidos. La investigación sobre la cual Encinas preparó el informe sobre el caso, dado a conocer el 19 de agosto, tiene testimonios que se contradicen, como las declaraciones de “Juan” y otro (a) testigo (a) protegido (a), “Carla”, que difieren hasta en horarios en que ocurrieron los hechos.
El trabajo de Gómez Trejo provocó cuestionamientos generalizados al informe de Encinas, quien ahora, para mantener la credibilidad de la investigación, está obligado a mostrar las pruebas jurídicas para acusar a más de 80 personas y peritajes forenses clave, como las pantallas de WhatsApp donde miembros de Guerreros Unidos mencionan a militares involucrados en el crimen, para demostrar que son reales y evite suspicacias, como, por ejemplo, las que existen por la diferencia de formato de los mensajes supuestamente escritos en 2014 frente a los de 2022.
Encinas debe dejar claro que sus acusaciones a oficiales y soldados no están orientadas por ideología o politización, como acusa su defensa, sino en un trabajo serio y responsable, que es lo que todos queremos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales en Matamoros, Tamaulipas, ha liberado a 120 imputados por el caso Iguala. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha dicho que el gobierno va a presentar una denuncia penal en su contra porque las liberaciones no han sido producto de un respeto al “debido proceso, sino de un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa“. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha señalado: “Esta es la justicia que defienden los testaferros de la Verdad Histórica” (sus mayúsculas).
No son, sin embargo, los que respaldan la “verdad histórica” los responsables de esta masiva liberación de quienes secuestraron y asesinaron a los normalistas. El subsecretario debe buscar a esos testaferros más cerca de casa: en quienes promueven la tesis de que el Estado cometió los crímenes de Iguala.
El movimiento de Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del cual salió Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso Iguala que acaba de renunciar, promovieron la idea de que la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Karam era falsa porque las confesiones de los presuntos responsables fueron obtenidas por tortura. Quienes llevaron a cabo los interrogatorios lo negaron e incluso exhibieron videos que mostraban cómo algunos de los acusados confesaban sin presiones. Nunca los torturadores admitirán que torturaron, es cierto, pero los inculpados pronto se dieron cuenta de que quejarse de tortura abría las puertas a su liberación.
¿Fueron realmente torturados? La recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida cuando la CNDH era todavía independiente, aborda el tema. Setenta y dos acusados promovieron quejas por violación a sus derechos humanos, 57 por tortura. Se aplicó el protocolo de Estambul a todos menos a uno, que no lo aceptó. La CNDH determinó que 65 de los detenidos habían sufrido violaciones a sus derechos humanos, pero solo en nueve se acreditó tortura. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)