En el campo la opción es: dejar de sembrar cruces para plantar alimentos. (La Jornada, Contraportada)
RESULTA increíble que Andrés Manuel López Obrador acuse de fraude electoral al mismo INE que organizó la elección en la que él ganó la Presidencia. La enfermiza obsesión contra el instituto subió un nuevo peldaño con la idea de presentar una iniciativa para desmantelarlo tras la revocación de mandato.
NO ESTÁ claro si se trata de un nuevo distractor del mago de la comunicación política... o si es una manera de curarse en salud ante lo que se prevé será una muy baja participación el 10 de abril, que no estará a la altura de sus expectativas… ni de su ego.
COSA de hacer números: para que la revocación sea vinculante, se requieren 37 millones de votos, en favor o en contra. En 2018, 30 millones de personas votaron por AMLO. Igualar esa cifra es imposible. En 2021, la coalición Morena, PT y PVEM logró 21 millones de votos, otro umbral muuuy lejano. Una meta más realista podrían ser los 6.6 millones de la consulta sobre los ex presidentes. Hay quienes se preguntan si López Obrador se está anticipando a echarle la culpa al INE de lo que pinta para ser otro gran fracaso: no haber logrado movilizar a millones que voten para que se quede en el cargo.
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AUNQUE fue electo como gobernador constitucional de Veracruz, Cuitláhuac García insiste en comportarse como tiranuelo jarocho. Su desprecio por la ley ahora lo llevó a atacar… ¡a la Comisión Nacional de Derechos Humanos! No le gustó la dura recomendación de la CNDH sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, que confirma que fue encarcelado sin evidencias del homicidio que le imputan. También considera al colaborador de Ricardo Monreal como una víctima de los abusos del gobierno veracruzano y pide se le indemnice. García se niega a soltarlo, arropado desde Palacio Nacional para que siga persiguiendo judicialmente a sus opositores, al mejor estilo nicaragüense.
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¡AGUAS! Los morenistas del Estado de México andan peleándose entre ellos. El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, pretende caminar hasta Toluca para exigirle al gobierno que resuelva el problema del agua en su municipio. Pero quien salió a pararle los caballos fue el líder de Morena en el Congreso, Maurilio Hernández, advirtiéndole que la bronca es de los tres niveles: federal, estatal y municipal. Y es que el alcalde ecatepense muy poco ha invertido en el mantenimiento de la red de agua potable. Se le olvida que Dios da el agua… ¡pero no la entuba!
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RECUERDE que hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, incluidos los de holograma “0” y “00”. En cambio sí circulan las autoridades que privilegian las energías sucias, minimizan los efectos del cambio climático y usan la verificación vehicular sólo para recaudar dinero y no para cuidar el medio ambiente. Así que… ¡aguante la respiración! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Las tribus de Morena
Algo que está creciendo cada vez más en Morena, nos advierten, es la creación de “tribus”. El tema es que cada tribu busca jalar agua para su molino y evidentemente todas y cada una se asumen como los representantes legítimos de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de reciente creación es la que entre morenistas llaman “Los Convencionalistas”, y es encabezada por el titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Nos aseguran que esa corriente busca a toda costa remover a Mario Delgado de la dirigencia nacional de Morena. Sin embargo, hay quienes dicen que la empresa no es sencilla, pues como quiera que sea, Delgado sigue siendo recibido en Palacio Nacional de manera frecuente y pública, para “hablar de todo un poco”, como él mismo dice. Y en los tiempos actuales, es el termómetro de Palacio el que marca quiénes visitan al Presidente y con qué frecuencia, el que permite saber la fuerza que tiene la tribu o el personaje en cuestión.
Ebrard busca disminuir dependencia de laboratorios de EU
A partir de hoy, y hasta el viernes, el canciller Marcelo Ebrard realiza una visita de trabajo en la India. Además de la parte política, que aseguran marcha por buen camino, el objetivo de la gira es lograr alianzas en el sector farmacéutico, que permitan al gobierno de México disminuir la dependencia de las grandes compañías y laboratorios de Estados Unidos y Europa, así como compartir tecnología y, probablemente, realizar algunas adquisiciones. Nos hacen ver que parte de la delegación mexicana está integrada por un grupo de empresarios y altos funcionarios de los sectores farmacéutico, salud y de institutos de investigación, entre ellos, los directores generales de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Jens Lohmann, y del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval.
Protección a paridad, a prueba en Tribunal Electoral
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá hoy la oportunidad de enviar un mensaje para proteger la paridad sustantiva. Las magistradas y magistrados deberán fallar en uno de los juicios interpuestos por Susana Harp sobre la designación de la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca. El proyecto de sentencia a discutir fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, y los integrantes del pleno tendrán que decidir si están a favor de la causa de las mujeres o la ignorarán debido a que se trata de un estado en el que las preferencias favorecen al partido en el gobierno, que se ha empeñado en que un hombre sea su candidato. La moneda está en el aire.
Senadores bloquean debate sobre desempeño de la Guardia Nacional
A dos meses de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Senado el informe anual de la Guardia Nacional, es hora de que el pleno del Senado no discute ni aprueba el documento. La semana pasada fue la bancada de Movimiento Ciudadano la que solicitó posponer la discusión, con el fin de tener más tiempo para analizar el informe. El debate se había reprogramado para la sesión de ayer martes, pero la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Lucía Trasviña, pidió retirar el tema de la agenda del día, sin presentar argumento alguno, por lo que fue pospuesto hasta nuevo aviso. Senadores de oposición aseguran que la nueva doble postergación de este asunto le quedó como anillo al dedo a Morena y sus aliados, pues el horno no está para bollos con las recientes masacres en Michoacán y en general, con la violencia desatada en distintas regiones del país. (El Universal, Nación, p. 2)
Que en su prisa por discutir y votar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en Semana Santa, los diputados de Morena y sus aliados de PVEM y PT convocaron a la Comisión de Medio Ambiente a dar opinión favorable a la iniciativa el próximo lunes 4 de abril. No obstante, por el bloque opositor, el panista Santiago Creel y el perredista Luis Cházaro confían en “derrotar” la propuesta del mandatario en el pleno… salvo que el PRI, encabezado por Rubén Moreira, diga lo contrario.
Que en oficinas federales aseguran que en la Secretaría de Marina, que encabeza Rafael Ojeda Durán, causó mucha molestia el video que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con el que se involucra a personal de la dependencia en actividades irregulares en la investigación del caso Ayotzinapa tras la desaparición de 43 normalistas. Cuentan que mandos del instituto armado han manifestado que no se alteró la escena del crimen y lo único que hicieron fue auxiliar al Ministerio Público Federal en su indagatoria.
Que muy contento y “satisfecho” salió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de su cita en Palacio, reconociendo el trato respetuoso del Presidente, pese a las diferencias en algunos temas, y se fue con el compromiso para dos obras estratégicas, la Línea 4 a Tlajomulco con un esquema financiero compartido y el sistema de aguas para el área metropolitana. Otro emecista visitante, Samuel García, también celebró que se vaya a resolver la falta del líquido en NL “de una vez por todas”.
Que se prevé que la Sala Superior del Tribunal Electoral dictamine hoy acerca del juicio de Susana Harp sobre la designación de la candidatura de Morena en Oaxaca, que disputa con el senador Salomón Jara. En el equipo de la cantante se dice que llegó la hora de saber si los magistrados mantienen el curso previo de diversas sentencias a favor de la paridad sustantiva o, por tratarse de una gubernatura donde adelanta el partido guinda, optan por empañar las causas de las mujeres. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Sandra Cuevas, en el juzgado
La autenticidad, nos hacen ver, es sin duda una virtud en política, sin embargo, lo es más cuando está modulada por la mesura y la capacidad de adaptación a lo que demandan los momentos y las circunstancias. Lo anterior viene a cuento, nos comentan, porque hay quienes observan en la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acometiendo el problema más complicado de su joven administración, con acciones disonantes. Ayer, nos dicen, llegó a su audiencia en el reclusorio en un vehículo Audi A5, emplacado en Morelos. Y no es que no pueda o no tenga derecho a hacerlo, al contrario. El problema es lo que algunos ya ven como un afán de reafirmación en eso que la condujo a lanzar, desde el balcón de la alcaldía, pelotas con billetes de 500 pesos o a abofetear, como éstos acusan, a policías con los que tendrá que volverse a disculpar.
Candidata a Quintana Roo, denunciada
La que se enfila a arrancar campaña el próximo domingo con una sombra encima es la candidata de la alianza PAN-PRD al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández, nos aseguran. Y es que de acuerdo con documentos exhibidos por medios de la entidad, la exalcaldesa de Puerto Morelos está siendo investigada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que podría tratarse de un presunto desfalco por poco más de 90 millones de pesos. En el caso, la referida Fiscalía ya solicitó información sobre los responsables del asunto, que serían, además de la propia Fernández, el extesorero del municipio Eligio Sierra y el excontralor Raymundo Martínez. El caso, se informó, deriva de la falta del pago de aportaciones al Seguro Social, entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, de trabajadores a quienes sí se les retenía ese concepto. Uf.
Datos sobre Blindar MH
Dábamos cuenta aquí sobre los buenos niveles de acuerdo entre algunos alcaldes de oposición y el Gobierno de la CDMX, que encabeza Claudia Sheinbaum. Y que eso está derivando, por ejemplo, en materia de seguridad, en que los datos sobre los resultados se ocupen como indicadores de eficaz gestión. En días pasados, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, dio cuenta de que del 1 de enero al 10 de marzo del 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021, los delitos en la Miguel Hidalgo bajaron 23 por ciento. Un 39.3 por ciento si se toman en cuenta los primeros cinco meses de las nuevas administraciones. Así, la alcaldía a cargo de Mauricio Tabe puede, con los datos que dan cuenta de disminuciones en robos a casa-habitación, de vehículos y a negocios, presumir que la estrategia Blindar MH está funcionando.
¿Y el alcalde de Zinapécuaro?
Son muchos los que se han preguntado si el presidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, podía haber hecho algo para evitar la masacre de 20 personas registrada el pasado domingo. La respuesta es que no podía hacer absolutamente nada, porque ese día, a la hora en que fue cometido el crimen, se encontraba de gira por otros municipios promoviendo la consulta sobre revocación de mandato. El domingo, según se apreciaba ayer en su página web, el alcalde morenista recorrió Zacapu, La Piedad, Panindícuaro y Tuxpan, para movilizar a la estructura del partido guinda de cara al ejercicio ciudadano que tendrá lugar el próximo 10 de abril. Es claro que los presidentes municipales no cuentan con las herramientas para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es estar al pie del cañón en sus demarcaciones para por lo menos tener una primera reacción, así sea de pedir apoyo a fuerzas estatales o federales. Pero eso difícilmente se puede hacer cuando, como en el caso de Zinapécuaro, el gobernante local se va de pinta por motivos políticos.
Gobernadores emecistas, buenas noticias
Salieron muy contentos de sus reuniones con el Presidente los gobernadores emanados de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León. Y es para ambos hubo luz verde y fondos para obras públicas relevantes, principalmente hidráulicas y de movilidad. Tan satisfechos salieron que las expresiones de ambos fueron de mucho agradecimiento hacia el Jefe del Ejecutivo. El jalisciense, quien por cierto le llevó una camiseta autografiada de los Charros de Jalisco, celebró que “el Presidente cumplió su palabra” y “el trato que me dio”. En tanto que García la llamó una “gran reunión”, porque “vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas” y cerró con un “muy agradecidos con el Presidente”. ¿Qué tal, eh?
Regresó Bonilla al Senado
Y el que se reportó ayer con la bancada de Morena en el Senado de la República fue el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y quedó formalmente reintegrado a sus funciones legislativas, de las que se había separado en diciembre de 2018 para contender por la gubernatura y luego ocupar ese cargo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Fue el propio Bonilla quien informó en sus redes de su retorno con un mensaje: “Me da mucho gusto regresar. Fue un gran día de labor y representación digna para Baja California en esta sesión. Tengan por seguro que desde esta trinchera vamos a seguir trabajando duro por el bien del estado y de la nación”. Por cierto que quien el lunes se despidió del escaño fue su suplente, Gerardo Novelo, quien, nos cuentan, luego de tres años en la Cámara alta como que ya le había agarrado el gusto. Pero, pues, nada es para siempre. (La Razón, La dos, p. 2)
Le entran al tema del agua
Nos hacen ver que en Palacio Nacional hay disposición para resolver la escasez de agua en Monterrey, Nuevo León. Luego de reunirse con el presidente López Obrador, el gobernador Samuel García se mostró optimista. Nos dicen que, si bien ese estado no obtendrá el líquido del Río Panuco, en la huasteca potosina, se le presentaron otras opciones.
Sheinbaum, en viernes santo
Tras dos años de realizarse a puerta cerrada, por la pandemia, la Pasión de Cristo en Iztapalapa no sólo se reabrirá al púbico, sino que asistirá la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La alcaldesa Clara Brugada destacó que será el Viernes Santo cuando vaya la mandataria, y sería la primera vez en 179 años que un gobernante acude a la representación.
¿Se queda o se va?
Esta es la semana crucial para definir si el Horario de Verano sigue o se elimina. Hasta ahora se mantiene en pie que el próximo domingo se adelante el reloj una hora, como se ha venido haciendo desde hace 26 años. El caso es que el presidente López Obrador pidió hacer una revisión a fondo sobre sus beneficios, y de aquí al viernes sabremos qué se concluyó.
Otra carrera adelantada
En la UNAM se empezó a calentar el relevo en rectoría, aunque la elección es a finales de 2023. Ese año, el rector Enrique Graue termina su segundo periodo, y la baraja de nombres se ha abierto. Se menciona a dos: Alicia Bárcena, quien termina este año su cargo al frente de la Cepal; y Sergio Alcocer, ex subsecretario de la Cancillería y actual presidente del Comexi.
Olga lo recibe
De vuelta a la bancada de Morena en el Senado está el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Ayer se reincorporó a su escaño y ofreció trabajar “incansablemente” por la Cuarta Transformación. Y quien lo hizo sentir como en casa fue la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero: “Bienvenido nuevamente a su responsabilidad en este Senado”. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
La respuesta de cajón del gobierno en estos tiempos es la misma que escuchamos tantos años: se matan entre ellos.
Es producto de la frustración con un nivel de violencia que no baja como se quisiera y que, además, vamos viendo la acumulación de eventos, masacres terribles que creo antes nos conmovían más. La maldita normalidad.
Así, los balazos parecen ir ganando a los abrazos. Recorro sin tener que escarbar mucho las últimas semanas: “La fiscalía general del estado informó que una jornada violenta en Guanajuato dejó un total de 12 personas sin vida, entre éstas dos mujeres; además, anunció el hallazgo de tres bolsas con restos humanos. De acuerdo a los primeros informes, los asesinatos se cometieron el pasado viernes 18 de marzo, pero fue hasta este sábado que las autoridades lograron identificar a las víctimas, originarias de siete municipios…”.
“Un policía y una mujer que lo acompañaba fueron asesinados y calcinados mientras viajaban en un vehículo particular en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
De acuerdo con fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y con elementos cercanos a la víctima, el hecho ocurrió el sábado a las 10:30 de la noche, cuando el policía y su acompañante circulaban por la comunidad Estación San José, en su día de descanso”.
“De los trabajos de investigación realizados hasta el momento, se logró determinar que aproximadamente a las 15:00 horas abrió sus puertas el palenque ubicado en el rancho El Paraíso, de la colonia Emiliano Zapata, sitio donde presuntamente se encontraban integrantes de una célula delincuencial que opera en la región oriente de Michoacán. En un momento determinado y una vez que había concluido la actividad, hasta las inmediaciones del palenque arribó una camioneta de una empresa de frituras, de la que descendieron varias personas armadas y que vestían ropas de camuflaje; simultáneamente, se utilizó un camión de pasajeros que circulaba al exterior del inmueble para realizar un bloqueo. Una vez que ingresaron al recinto, los hombres accionaron armas de fuego en contra de los asistentes, entre ellos el propietario del recinto, Abiel A., de 59 años, y el hijo de éste, Salvador A., quienes murieron en el lugar, al igual que otras 17 personas” (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El presidente López Obrador me volvió a acusar ayer de ser su adversario, y eso es falso, yo no soy su adversario ni tampoco su opositor, como también ha dicho. Yo, Presidente, y lo sabe, soy un reportero con 54 años de oficio, más de medio siglo de duro y apasionado trabajo cotidiano en el que en mis espacios expreso acuerdos y desacuerdos.
Y pregunto: Decir que en lo que va de este gobierno van 116 mil 259 homicidios dolosos, ¿me hace su adversario? Decir que en este gobierno ha habido un aumento de casi 5 millones de pobres, ¿me hace su adversario? Decir que van más de 326 mil muertos por covid, el cuarto lugar mundial, ¿me hace su adversario? Decir que estamos en la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿me hace su adversario? Decir que el subsidio a las gasolinas cuesta 5 mil millones de pesos a la semana, ¿me hace su adversario? Decir que no ha habido crecimiento económico en sus tres años de gobierno, ¿me hace su adversario? Presidente, ¿de verdad hablar de la realidad, que no quieren ver, me hace su adversario?
No cabe duda que su doctrina, el que no está conmigo está contra mí, les lleva a negar esa realidad y hablar solo de la que quisieran que fuera. No, Presidente, no. Ni soy su adversario ni su opositor y menos su enemigo. Confío en que usted no sea el mío. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Se necesita tener cara dura para que, después de haber sido acusada de inventar delitos y actuar de manera inconstitucional, la fiscalía de la Ciudad de México asegurara que ni los fabrica, ni inventa culpables, ni genera acuerdos al margen de la ley. Pero en el caso del encarcelamiento de Alejandra Cuevas, hija de quien fue pareja por 50 años de Federico Gertz Manero, la declaración sin firma de la fiscal Ernestina Godoy la muestra cínica, capaz de mentir con descaro. Godoy bailó al ritmo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que quería que su excuñada y su hija, a quienes acusó de homicidio por omisión de su hermano, vivieran en la cárcel. Sin embargo, Godoy buscó neutralizar el mazazo del fallo de la Suprema Corte al retirarles los cargos y ordenar la liberación inmediata de Cuevas. La fiscalía capitalina, afirmó, “es autónoma, (y) no obedece a intereses personales”. Qué descaro.
El fiscal general, como se ha publicado, actuó en contubernio con Godoy y Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que después de haber perdido en todas las instancias legales donde acusaba a sus familiares políticas por la muerte de su hermano en 2015, reactivó el caso al asumir el cargo y ordenó a su incondicional, Juan Ramos, fiscal para Control Competencial, que se encargara de ello. Ramos manipuló a la fiscalía capitalina a través de Facundo Santillán, que conoció cuando era asesor de Guerra en el tribunal, y al que Godoy nombró coordinador general de Investigación Estratégica. Cuando se fue Santillán a la Secretaría de Seguridad, lo remplazó con Israel Cevallos, el magistrado que confirmó la formal prisión a Cuevas.
Ramos fue quien tomó las decisiones importantes del caso en la fiscalía capitalina, ante la permisividad de Godoy. Funcionarios capitalinos recuerdan que Godoy estaba intimidada por Gertz Manero, y le tenía mucho miedo. El fiscal general no tuvo dificultades para recibir el apoyo de Godoy, que informó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que hacía, y pese a los consejos de hacerse a un lado, no la detuvo ni, por consiguiente, al fiscal general. Mensajes de personas que apoyaron a Godoy cuando se preparaba para ser fiscal capitalina nunca fueron respondidos por ella, acentuando la decepción en la fiscal, que optó por esconderse.
Empezó mal Godoy este caso y con el tiempo empeoró su actuación. Gertz Manero quería encarcelar a Laura Morán, la pareja sentimental de su hermano, pero la gestión de su yerno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, lo detuvo. Para saciar su sed vengativa enfocó su odio en Cuevas, y desde la Fiscalía General pidieron a la capitalina que la detuvieran, lo que obedecieron. En la sesión de la Suprema Corte del lunes pasado, ministros y ministras dijeron que su detención fue inconstitucional.
Godoy respondió a través de la tarjeta informativa de la fiscalía que no fabricaba culpables, pero el 16 de octubre de 2020, acatando las peticiones de Gertz Manero, detuvieron a la señora Cuevas al salir de su casa en compañía de su hijo Gonzalo, sin ninguna orden de aprehensión. Tras obligarla a acompañar a los agentes ministeriales, le dijeron que iban a la fiscalía, cuando en realidad enfilaron hacia Santa Martha Acatitla, donde tres días después ya estaba formalmente presa, acusada de cómplice de su madre por no haber dado la atención médica que requería Federico Gertz Manero.
El presunto delito la señalaba como “garante accesoria”, inexistente en el Código Penal. La afirmación de Godoy de que no fabrican delitos es una mentira flagrante, al haberle imputado uno que es producto de un invento. La aberración, sin embargo, no podía haber sido completada de no haber existido la complicidad de los tribunales capitalinos. Marcela Ángeles Arrieta, jueza 67 de lo penal, subordinada a Guerra, el presidente del tribunal, procesó el caso avalando un delito falso y sin tomar en cuenta las violaciones al proceso en la detención de Cuevas, lo que subraya otra parte del embuste de la tarjeta informativa de Godoy.
“Presentamos pruebas”, dijo Godoy en la tarjeta, lo que es un engaño porque no existe el delito, y “con base en ellas los juzgadores adoptan sus resoluciones” –la aberración jurídica fue respaldada por la jueza Arrieta–, que “pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal”. Lo que sucedió fue que Israel Cevallos, actual colaborador de Godoy, en ese momento magistrado subordinado a Guerra, confirmó la formal prisión a Cuevas. Con todo esto, Godoy tuvo la impudicia de mandar decir en la tarjeta informativa que “somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en autocomplacencias”, cuando los propios hechos relatados en la Suprema Corte contradicen sus afirmaciones.
El proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que se discutió el lunes en la Corte decía que, además de basarse en una figura inexistente en la legislación penal, el caso de la señora Cuevas rayaba en el límite de lo no razonable. “No hay delito sin ley”, señaló el ministro, lo que subraya la impunidad de Gertz, Godoy y Guerra para torcer las leyes y ser cómplices en una venganza, donde lo único que importaba era aniquilar civil y penalmente a la familia política del fiscal general. Los dos primeros inventaron delitos y la jueza los dio por buenos e ignoró las pruebas de las acusadas que los desmontaban. Guerra, sentado en la antesala de la ilegalidad, palomeaba las decisiones de Arrieta.
La injusticia campeará irreversiblemente. Al no haber dado vista la Corte para que se investigaran los delitos de quienes deben vigilar la ley, Godoy tendría que iniciar una investigación para encontrar a los funcionarios responsables de incurrir en los delitos, mientras que Guerra debería hacer lo mismo contra la jueza Arrieta. Los responsables de la aberración legal que vimos deberían ir a la cárcel, pero eso no sucederá, porque tendrían que meterse ellos mismos en la celda y apagar la luz. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 44)
Desde el inicio de la televisión hasta nuestros días, los americanos han visto más de 100 series sobre médicos y hospitales. Programas como “Dr. Kildare”, “Ben Casey”, “Mash”, “ER”, “House, MD” o “Grey’s Anatomy” han estado durante años hasta arriba en los ratings y han inspirado a miles de jóvenes a estudiar disciplinas médicas.
Para seguir esa vocación deben obtener buenas calificaciones en su bachillerato en ciencias, preferentemente en biología (dos o tres años de premed) y aprobar un riguroso examen de habilidades y conocimientos.
Luego tienen dos opciones. Hay 34 escuelas en las que pueden obtener el título de doctor of osteopathic (DO) y 152 escuelas en que pueden graduarse como medical doctor (MD). En ambos casos, hacen un internado rotatorio el tercer y cuarto años y luego, tienen que cumplir una residencia de al menos un año y aprobar el examen para obtener su licencia para ejercer (en el estado en que quieran trabajar).
Los osteópatas (25% de los estudiantes y 11% de los practicantes) se concentran en el estudio de huesos, músculos y nervios y hacen énfasis en la medicina preventiva: factores ambientales y estilos de vida. Mayormente se orientan hacia medicina familiar, ginecoobstetricia, pediatría, cirugía general, medicina de urgencia y psiquiatría.
Los que optan por ser MD buscan dedicarse a la investigación o a especialidades más complejas, que pueden durar tres (medicina interna), cinco (cirugía general) o siete años (neurocirugía). Las especialidades las cursan como residentes en alguno de los mil 100 hospitales-escuela que hay allá.
Habiendo tantos aspirantes a una carrera ciertamente difícil, sorprende que, entre las naciones desarrolladas, la Unión Americana es de las que tienen menos médicos por habitantes. Faltan miles y cada vez necesitarán más porque crece y envejece la población. El problema se agravó con la pandemia de Covid. Muchos galenos murieron heroicamente; otros se deterioraron por la sobrecarga de trabajo y ahora trabajan menos horas; no pocos adelantaron su retiro. Hay también escasez de enfermeras y asistentes.
BARRERAS ABSURDAS
Sintiendo que había mucha competencia, en los 80 las asociaciones médicas presionaron a las universidades para que no admitieran tantos educandos. Durante casi un cuarto de siglo la matrícula estuvo congelada. Fue hasta 2005 que empezó a expandirse. Aunque ha aumentado 35% desde entonces, en agosto pasado entraron a primer año (en grupos muy grandes) apenas 23 mil jóvenes. Miles más han tenido que conformarse con los programas que ofrecen las 49 escuelas de medicina que hay en el Caribe.
El siguiente problema es el alto costo de las colegiaturas. Una carrera de cuatro años puede implicar un desembolso de hasta 400 mil dólares, si se incluyen gastos de alojamiento y alimentación. La mayoría de los egresados inicia su vida profesional con deudas. Afortunadamente, hay algunas iniciativas positivas: en 2018 la Universidad de Nueva York decidió dar beca completa a todos sus alumnos de primer ingreso.
El mayor impedimento es, sin embargo, el limitado número de oportunidades para entrenamiento clínico. Las residencias médicas crecen muy lentamente porque faltan preceptores y para abrir nuevos proyectos de investigación se requiere un número alto de pacientes con la misma enfermedad.
Además, de los 35 mil que iniciaron su especialidad en agosto, la quinta parte son extranjeros. Dadas las restricciones migratorias prevalecientes, muy pocos podrán obtener la ciudadanía o la residencia. A peor, la mayoría de los estados no reconoce las residencias realizadas en otro país, obligando a repetirlas.
Aunque los hospitales se esfuerzan por obtener fondos para sostener las residencias y los estados y las aseguradoras contribuyen, la principal fuente de financiamiento es el Medicare. Desde 1965 el seguro médico federal para personas de 65 años o más reembolsa a los hospitales ese gasto, de acuerdo con una fórmula que considera el número de pacientes atendidos. Eso privilegia a los hospitales grandes y urbanos y perjudica a los que se enfocan a otros grupos demográficos.
En 1997 el Congreso puso un tope al número de residentes que Medicare puede financiar cada año. Ese límite se mantuvo hasta 2010 y luego se ha ido incrementando muy lentamente. En el presupuesto de 2020 se autorizaron 1,800 millones de dólares para aumentar 200 plazas cada año, durante los siguientes cinco. No es suficiente. De alguna manera tendrán que formar a más de 120 mil facultativos adicionales en los próximos 10 años. (Alejandro Gil Recansens, El Financiero, Mundo, p. 34)
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha cumplido más de 30 jornadas seguidas. Si bien sería indebido dejar de comentar que existen un sinfín de aristas -desde las (geo)políticas, ideológicas, económicas, mediáticas, energéticas, sociales-, que detonan una complejidad más allá de la típica narrativa dicotómica de héroes contra villanos; durante este tipo de sucesos, la población civil, es quien sufre las consecuencias más drásticas y duraderas.
En ese sentido, es importante hacer un recuento de la gran crisis humanitaria derivada de este conflicto, así de cómo se han desarrollado distintos esfuerzos para abordarla. Al 25 de marzo se registran 2,788 muertes civiles, además de la necesidad de alimentos, agua potable, medicamentos, servicios de salud, acogida. Además, desde las organizaciones civiles humanitarias, se ha alertado sobre la falta da protección a civiles en tránsito a zonas seguras, la salvaguarda de infraestructuras civiles, y la protección de personal humanitario, prisioneros de guerra.
Desde el derecho internacional humanitario, cuando sucede un conflicto armado las partes deben respetar a proteger a la población; es decir, preservar a la población civil, así como permitir su paso seguro al huir de los enfrentamientos armados. A inicios de marzo, las tensiones provocaron el cierre de corredores humanitarios en lugares como Mariúpol. El cierre de corredores, por un lado, ha forzado a las personas a desplazarse, incluso a pie, hacia las fronteras internacionales; sin embargo, y sin dejar de lado el apoyo ofrecido desde distintos países en Europa, se ha presentado una situación de discriminación racial hacia desplazados y refugiados no ucranianos que huyen de la misma crisis. Lo último, ha descubierto los debates en cuanto a la existencia de cierto tipo de premura o predilecciones de la comunidad internacional para abordaje de pasadas crisis humanitarias en distintos puntos del globo terráqueo al igual que el tipo de trato hacia las personas que han huyen de distintos conflictos.
En cuanto a las infraestructuras civiles se han registrado bombardeos en los principales aeropuertos, estaciones de trenes, y áreas densamente pobladas en Chernihiv, Kharkiv, Kiev, Mariúpol. Desde el tema de la infraestructura de salud, se han reportado 34 ataques en contra de instalaciones médicas. Las preocupaciones en cuanto al sistema de salud rondan en torno a las víctimas de la guerra, el potencial aumento de contagios de coronavirus -solamente 36% de la población tiene el esquema completo de vacunación- y, de acuerdo con diálogos de sociedad civil, la necesidad urgente de atención a la salud mental, en especial a pacientes con trastorno de estrés postraumático derivado de los ataques.
Hasta el momento, los intentos de realizar una operación humanitaria a gran escala no han dado los resultados. En uno de sus reportes más recientes, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios compartido el cálculo de más de 18 millones de personas afectadas, de las cuales 12 millones necesitan o necesitarán asistencia humanitaria. En el caso de Naciones Unidas, se ha alcanzado a apoyar casi un millón de personas en Kiev, Lviv, Zakarpatska, Donetska a través del Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población, la Organización Mundial para la Migración, la Agencia de Refugiados, los clústers de Agua, Saneamiento e Higiene. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional y Mercy Corps colaboran en activar los corredores humanitarios y abastecer necesidades básicas de la población afectada. La Unión Europea, por su parte ha coordinado el Mecanismo de Protección Civil que incluye la entrega de asistencia desde Polonia, Rumania y Eslovaquia, aunado a apoyo financiero y técnico para la crisis humanitaria.
Para la financiación de esta ayuda humanitaria, el Fondo Humanitario a Ucrania ha recaudado 30 millones de dólares que se ha destinado a organizaciones locales al interior del país. El sistema de Naciones Unidas también cuenta con un fondo llamado Flash Appeal (o llamado rápido) de 1 billón de dólares de los cuales se ha cubierto un 40% con el apoyo de donadores diversos.
La asistencia humanitaria en Ucrania aún se encuentra en sus primeras etapas. Durante los últimos años, el abordaje de conflictos como este ha procurado emplear el nexo humanitario-desarrollo-paz (HDP-N por sus siglas en inglés) como un acercamiento integral ante este tipo de crisis. En el caso de Ucrania, no obstante, es aún temprano para la implementación de ejes como la construcción de paz o de cooperación para el desarrollo. Este tipo de ejes conllevan tiempo porque integran temas como la cohesión social, la educación cuyo apoyo financiero es comúnmente de las relaciones bilaterales y de las temáticas prioritarias de Asistencia Oficial para el Desarrollo que tienen los países donantes.
Podemos concluir que crisis humanitaria es una de las más grandes en la región desde finales del siglo pasado. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU continúa las negociaciones para una resolución, la Asamblea General ya ha demandado la protección de civiles y el acceso a la ayuda humanitaria en el país. Desde esta perspectiva, habrá que dar seguimiento, por un lado, al cumplimiento del derecho internacional por las partes involucradas en el conflicto, y por otro, el impacto integral de la guerra sobre la población afectada en el mediano y el largo plazo.
Asociada COMEXI, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios de Paz y Conflicto por la Universidad de Uppsala (Suecia) y maestrante en Estudios Ecuménicos por la Universidad de Bonn (Alemania). Consultora independiente e investigadora en desarrollo sostenible y paz. (Lani Anaya, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Las elecciones municipales extraordinarias celebradas el domingo en Oaxaca y Veracruz dan cuenta de problemas en el Movimiento Regeneración Nacional.
De 11 demarcaciones en juego –siete en el primer estado y cuatro en el segundo–, el partido del gobierno perdió nueve. En cuatro casos, el candidato de Morena terminó en tercer lugar. En Jesús Carranza, bastión ganadero del sur de Veracruz, el opositor que ganó los comicios está en la cárcel.
Aunque fueron pocos municipios, los resultados preliminares han prendido las alarmas para los morenistas cuando falta poco más de dos meses para las elecciones en las que se renovarán seis gubernaturas. Y dejaron mal parados a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; a Salomón Jara, candidato oficialista para el gobierno de Oaxaca, y a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.
La principal derrota ocurrió en Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado de la capital oaxaqueña, de 100 mil habitantes, en el que se asienta el aeropuerto internacional y la zona arqueológica de Monte Albán. La demarcación es ambicionada por la gran cantidad de dinero que recauda en predial y derechos.
Ahí, el médico Inocente Castellanos, quien había abandonado Morena, ganó la elección a Tania López López, esposa del alcalde saliente e hija del fallecido exsenador Daniel López Nelio, quien recibió el apoyo de Jara para ser candidata. “Xoxo no es tu herencia”, fue el lema de campaña del opositor. (Pascal Beltran del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Como si nos faltara otra ocurrencia. El presidente López Obrador adelantó ayer que va a mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para que sea “el pueblo” el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral.
Jura que su intención es acabar con los acuerdos cupulares para que ya no haya consejeros electorales y magistrados “que no tengan vocación democrática”, pero lo que en realidad busca es consolidar su poder personal, al margen de leyes e instituciones que le estorban.
Su idea es que los tres poderes propongan como candidatos a ciudadanos independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder presentará a 20 aspirantes para el INE y otros 20 para el Tribunal.
La iniciativa la enviará a las cámaras legislativas después del 10 de abril, una vez transcurrida la consulta para la revocación de mandato.
El anuncio es una confesión de que tiene agenda presidencial después del revocatorio. Sabe que tiene ganado ese costoso ejercicio de “democracia participativa”, antes de que los ciudadanos vayan a las urnas a ratificar lo que leemos en espectaculares colocados en todo el país: “Que siga AMLO”.
Para ponerlo en palabras del senador del Grupo Plural, Germán Martínez: la revocación es una farsa. “Así como él mandó un día ¡al diablo a las instituciones!, yo mandó ¡al diablo su revocación!”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Dice el canciller Marcelo Ebrard que la reforma eléctrica es un tema del Congreso, de política interior, no exterior, interrogado durante su gira por Oriente Medio, respecto a las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma eléctrica y demandó respeto a los contratos ya firmados para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios estadunidenses. El embajador sostuvo que percibe una situación “difícil, donde no sé a qué vamos a llegar”.
No fue una queja aislada. Empresarios y legisladores, que de éste y del otro lado de la frontera, han expresado su preocupación por las leyes aprobadas en 2021 y cuya constitucionalidad estará a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes 4 de abril, a lo que se suma la propuesta de reforma constitucional que el presidente López Obrador quiere que esté aprobada antes del feriado de Semana Santa.
El jueves pasado, Katherine Tai, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, expresó serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México, que “dañan el medio ambiente y a los intereses de negocios e inversionistas”. Lo dijo en un encuentro virtual con legisladores, empresarios y asociaciones medioambientalistas de su país. La Oficina de la Representante Comercial (USTR) publicó un resumen sobre la reunión en el que se señala que “la embajadora Tai inició la discusión señalando las serias preocupaciones con la trayectoria en deterioro de las políticas energéticas mexicanas, incluyendo una serie de acciones por parte del Gobierno de México que han aumentado el control del Estado sobre el sector energético y limitado la competencia en el sector energético”.
Tai habló de los cambios aprobados en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, que han ocasionado, dijeron empresarios y legisladores, “retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera con los Estados Unidos”. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentó un video tomado por un dron, que prueba que la mañana del 27 de octubre de 2014 personal de la Secretaría de Marina llegó al basurero de Cocula y permaneció en ese sitio alrededor de cinco horas.
Una vez en el vertedero, los marinos bajaron tres objetos de color blanco —según el GIEI se trataba de tres bultos— de una camioneta, encendieron una fogata en la parte superior del basurero y deambularon por la zona en donde luego se señaló que habían sido asesinados y calcinados 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El video fue entregado al grupo de expertos por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán quien, curiosamente, era el comandante de la octava región naval en el estado de Guerrero, en los días en que se dio la desaparición de los estudiantes.
¿Entrega el secretario de hoy un video que, según el GIEI, prueba que los hombres que ayer se hallaban bajo su mando manipularon el escenario en el basurero? Esto no ha quedado claro.
En todo caso, la entrega de ese video ocho años después de la noche de Iguala, y a más de tres años del inicio de la actual administración, resulta un verdadero escándalo.
¿Por qué la Marina lo mantuvo en secreto y nunca fue entregado a ninguna de las instancias que a lo largo de ese tiempo han tomado parte en la investigación del caso (la PGR, la CNDH, la FGR, el propio GIEI?).
¿Por qué ocultarlo tantos años y por qué entregarlo precisamente ahora?
El ocultamiento, el retraso deliberado o el entorpecimiento de una investigación constituyen un delito. ¿Quién dio la orden de cometerlo?
El video secreto de la Marina es la gran novedad presentada por el GIEI. Si no el resto, mucho de lo que aparece en su informe ya había sido dicho, algunas veces, incluso, desmintiendo conclusiones previas del propio GIEI —que ahora el GIEI ha hecho suyas: en un principio negó, por poner un ejemplo, que un grupo de estudiantes hubiera sido llevado ante el juez de barandilla; ahora finalmente ha aceptado que los alumnos fueron ingresados al área de detención y más tarde entregados de manera ilegal al subdirector de la policía de Cocula.
A pesar del inmenso ruido que el video ha desatado, y de las altas sospechas que genera, de momento —y según la opinión de expertos consultados—, no alcanza para probar que la escena del basurero haya sido manipulada. ¿Qué eran los objetos que bajaron los marinos de aquella unidad? En medios han sido definidos como bolsas, bultos, e incluso costales. ¿Estaban ahí los 63 mil restos óseos que luego fueron hallados en el basurero y en diversos puntos del río San Juan?
Las imágenes no alcanzan a mostrarlo. La idea de la manipulación, en todo caso, tendrá que completarse con otros elementos de prueba.
Lo que el documento deja claro, sin lugar a dudas, es que el lugar de los hechos fue indebidamente preservado. Que hubo acciones y diligencias que no fueron documentadas, ni aparecen en ninguna carpeta, en ninguna constancia, en ningún acta circunstanciada.
Lo que las imágenes prueban de manera brutal es el ocultamiento de información. Un ocultamiento del que, para empezar, todos los que estuvieron aquel día en el vertedero tendrían que dar amplias explicaciones. En primer lugar, la Marina.
En segundo, el titular de la SEIDO, que iba al frente del ministerio público, y al que poco se ha mencionado, Rodrigo Archundia Barrientos.
En esa lista tendrían que estar Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
La Marina ha dicho que el fuego que aquella mañana se encendió al inicio de la pendiente tenía como fin servir de referencia, en medio de la tupida vegetación, a algunos helicópteros.
En el fondo del basurero se localizaron, ese mismo día, los restos de un incendio que había abarcado 150 metros de diámetro: de acuerdo con peritajes en los que participaron investigadores de los institutos de Biología y Geología de la UNAM, en el lugar había rocas con huellas de impacto térmico, cambios de tonalidades en el suelo, causados “por combustión de combustibles con alta energía calórica” y, sobre la base del fuego, elementos de flora y fauna que tenían alrededor de 21 días de crecimiento.
Le pregunto al exprocurador de Guerrero Iñaky Blanco —cuya investigación inicial del caso se ha sostenido contra viento y marea a lo largo de siete años— hasta qué punto la aparición del video secreto de la Marina cambiará el relato de lo que sucedió aquella noche.
Responde que los alumnos sobrevivientes identificaron a los policías municipales como sus agresores, recuerda que ahí están las intervenciones de la DEA y del Ejército, los análisis de telefonía, y una serie de testimonios “limpios”, rendidos en presencia del propio GIEI (el de los hermanos Sotelo Salinas, entre otros), que marcan el basurero como una de las rutas de desaparición de los alumnos.
“A pesar del video —dice—, no puede asegurarse hoy por hoy que la escena haya sido manipulada. Aún hace falta indagar y probarlo”. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 7)
Alejandro Gertz utilizó el inmenso poder que le confiere el cargo de fiscal general de la República para fines personales, para satisfacer sus deseos de venganza en contra de la familia de su hermano.
Alejandro Gertz manipuló a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la mirada ausente o la venia de Ernestina Godoy, para perseguir penalmente a dos mujeres de la tercera edad y robarle la libertad a una de ellas durante 528 días.
Alejandro Gertz logró que un juez y un órgano colegiado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México enviaran a prisión preventiva a Alejandra Cuevas, acusándola de un delito inexistente y obviando cualquier análisis objetivo de las pruebas contenidas en el expediente.
Alejandro Gertz extorsionó durante meses a la familia Castillo Cuevas, arrancándole su patrimonio y sus recuerdos, pretendiendo además que los hijos de Alejandra Cuevas se autoincriminaran de delitos que nunca cometieron y nunca pudieron haber cometido.
Alejandro Gertz utilizó todas las chicanas posibles e imaginables para prolongar la tortura de Laura Morán, extender el encarcelamiento de Alejandra Cuevas y eternizar un proceso judicial sin pies ni cabeza, sin delito a perseguir.
Alejandro Gertz intentó presionar a integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que se concediera un amparo y se frenara la persecución ilegítima en contra de sus víctimas. Incluso, según afirmaciones de Julio Scherer y Jorge Carrasco, trató de usar a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para ese fin.
Alejandro Gertz se ha valido una y otra vez de recursos públicos, incluyendo el tiempo de altísimos funcionarios de la Fiscalía General de la República, para litigar asuntos personales y librar batallas privadas.
Alejandro Gertz ha hecho del caso Odebrecht un lodazal inmanejable, casi garantizando que nadie que no sea Emilio Lozoya (y eso está aún por verse) reciba sanción por el asunto, en paralelo a la fabricación de acusaciones con notables tintes políticos.
Alejandro Gertz ha sido acusado (con pruebas) de haber incurrido en plagio en al menos dos ocasiones y aun así ha logrado, con la activa ceguera de las autoridades del CONACYT, su incorporación al nivel más elevado del Sistema Nacional de Investigadores
Alejandro Gertz participó sin reparos en la simulación del cheque del Infonavit, cuyos fondos supuestamente se destinarían a la no rifa del no avión presidencial y que eventualmente tuvieron que ser devueltos a sus legítimos propietarios (los trabajadores que cotizan en el Infonavit).
Alejandro Gertz se ha negado a transparentar su (considerable) patrimonio y despejar las dudas sobre el origen de su fortuna, so pretexto de protegerse del riesgo de posibles extorsiones.
Alejandro Gertz ha fracasado en la que debería ser su tarea primordial: la transformación de la Fiscalía General de la República en una herramienta potente para el combate a la impunidad. La nueva FGR es igual a la vieja PGR, salvo por una sigla.
Alejandro Gertz está incapacitado moral y políticamente para seguir ejerciendo el cargo de fiscal general de la República. Su permanencia en el cargo es un lastre para el país.
Alejandro Gertz se tiene que ir. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 11)
Desde que apareció una encuesta que lo mostraba como el opositor mejor posicionado para la elección presidencial de 2024, se desató mucha conversación en torno a la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas sea quien enfrente a quien López Obrador lance por Morena.
Algunos de los que alientan esta posibilidad han incluso puesto sobre la mesa un slogan de campaña: “Ahora sí, Colosio Presidente”. Es decir, posicionar a Colosio hijo como un anti-sistema, una víctima de lo más podrido de México que le quitó a su padre la Presidencia y a él le quitó a su padre; permear en el electorado una sensación de reivindicación histórica a un apellido cuyo patriarca pagó con su vida denunciar la injusticia, la pobreza y la corrupción. En síntesis, arrebatarle a AMLO las banderas que le dieron Palacio Nacional. ¿El primer mitin en el Monumento a la Revolución donde su padre pronunció aquel mítico discurso que se interpretó como el rompimiento con el entonces presidente Salinas de Gortari?
A Colosio Riojas lo describen como un joven político que no tiene las excentricidades y banalidades de otros de su generación, que no teme a los reflectores, que sabe el apellido que carga y se nota, y que tiene facilidad de palabra (quiso ser actor, y estudió para ello).
El apellido lo reconoce todo México (es el principal activo), él no tiene enemigos y tampoco ha estado metido en escándalos personales. En contraste, lo ubican como francamente novato (ha sido apenas diputado local y unos meses alcalde), carente de la madurez para un cargo de esa magnitud, sin equipo y muy desconfiado (se entiende, la política le ha cobrado mucho desde niño).
Como posibilidad para el 2024, Colosio hijo está en la conversación de los partidos políticos de oposición, tanto los tradicionales de la Alianza como desde luego en Movimiento Ciudadano, que sabe que actualmente es su figura, pero que también sabe que el puro apellido tiene más votos que MC y se les puede ir si no lo cuidan. Pero sobre todo, varios personajes del mundo de la política, algunos contemporáneos de su padre, y no pocos empresarios de buen nivel, están viendo con buenos ojos a Colosio y buscando arroparlo y crearle un camino para insertarlo en la baraja de la sucesión.
Y con dos narrativas que buscan seducir a la esquina de enfrente. Las relatan así:
Primero, Colosio Riojas es un joven criado en la institucionalidad que le puede dar garantías creíbles al Ejército (que con el poder político y económico que ha recibido de López Obrador, va a ser un jugador relevantísimo en la sucesión).
Y segundo, llegado el momento, si su candidatura prende y la del oficialismo se atora, ofrecer garantías a López Obrador de que no es mal legado —para su manera de leer a México— entregarle el poder a un Colosio, un apellido al que “la mafia del poder” no dejó llegar.
Hoy, Colosio hijo está en la conversación. Es una conversación a la que le falta mucho. En todos los sentidos. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 7)
El Presidente ordenó la apertura de los archivos militares cuando se hayan violado los derechos humanos. Los uniformados dicen que sí, pero van oponiendo una resistencia silenciosa a las solicitudes de instituciones de gobierno.
Para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el 2021 México tenía 88,298 desaparecidos: 903 correspondían a la Guerra Sucia (1965-1990) y 87,395 a las guerras contra el crimen organizado (2006-2021). En el caso de los desaparecidos este gobierno está superando las cifras de sus dos predecesores. Durante todo el sexenio peñanietista hubo 31,912 desaparecidos y en tres años de lopezobradorismo, 33,664.
Es evidente que hay diferencias entre los dos tipos de desaparición, pero pueden verse en conjunto tomando como variable la búsqueda de información. En ambas categorías los familiares coinciden en la exigencia de información sobre el paradero de los suyos y es notable cuánto han avanzado en la reconstrucción de los rompecabezas; acompañados, justo es decirlo, por varias generaciones de activistas, periodistas y académicos.
El Presidente llegó al cargo comprometiéndose a atender a las víctimas, a quienes Alejandro Encinas (Gobernación) y Karla Quintana (CNB) han dado la cara y han llegado hasta donde han podido. Dialogan constantemente con las organizaciones de desaparecidos que, en reuniones con el Presidente, reiteran su petición de abrir los archivos militares. Un testigo de esos encuentros me relata que “siempre contesta que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y se compromete a que se abrirán. Sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto”. El Presidente toma la misma postura en discursos o en aquel decreto anunciando una transparencia total (28 de febrero de 2019).
Otras fuentes me confirman lo reticentes que son los militares a la hora de entregar información. A menos que se los ordene expresamente el Presidente “no responden las llamadas o los oficios y retardan hasta el otorgamiento de citas”. En el caso de la Guerra Sucia las reticencias podrían deberse a que algunos de sus elementos tuvieron responsabilidad en las desapariciones. Aun así, no podemos prolongar eternamente una de las etapas más dolorosas de la transición.
El tortugismo también aparece en los casos más recientes y mediáticos. En el informe del lunes pasado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, nos enteramos de que la Secretaría de Marina les entregó un video muy importante hasta marzo de 2021, ¡28 meses después de empezado el nuevo gobierno!
Es buen momento para que las Fuerzas Armadas ratifiquen su disposición a transparentar la información. Una forma simbólicamente muy poderosa sería que los titulares de Defensa y Marina ofrecieran voluntariamente sus testimonios sobre lo que supieron y observaron durante sus estancias en Coahuila y Guerrero.
El secretario de la Defensa Nacional fue comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras entre marzo de 2011 y enero de 2012, una etapa en la cual los Zetas controlaban esa ciudad y habían convertido la cárcel estatal en fortaleza del crimen. Y el actual titular de la Marina era el comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco el año de Ayotzinapa.
Hay otras dependencias que pueden hacer grandes aportes. Entiendo que el fiscal tenga otras inquietudes en este momento, pero la dependencia a su cargo tiene la llave sobre el “criterio de oportunidad” que ha utilizado para obtener información sobre la gran corrupción. Podría usarse para acercarse a la verdad sobre los desaparecidos. Casi todos los perpetradores de la Guerra Sucia fallecieron, pero un buen número de los sicarios del crimen organizado están encarcelados y podrían recibir algún beneficio a cambio de información.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está perdiendo el control sobre una violencia que crece incesantemente. Si son incapaces de protegernos, al menos entreguen la información sobre lo sucedido con los desaparecidos. El Presidente, los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y el fiscal general de la República pueden aliviar el tormento de familiares que tienen años, y en algunos casos décadas, buscando a los suyos. Presidente, primero las víctimas. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 8)
Botar al actual poder electoral // AMLO anuncia propuesta // INE y TEPJF, por votación // Tres puntos a considerar
El presidente de la República ha anunciado que enviará una iniciativa de reforma electoral que, entre otras innovaciones, propondrá la elección por voto popular de consejeros y magistrados. No quiso dar más detalles, pero señaló que los tres poderes van a presentar a ciudadanos, verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad; cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas, y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.
Inmediata polémica causó, por inusual, la idea de elegir por voto directo a ocupantes de esos cargos en que teóricamente deberían predominar el conocimiento técnico y la honestidad, mas no la popularidad.
Cierto es que, hasta ahora y con excepciones que han saltado a la vista, el conocimiento técnico no ha sido garantía de comportamiento institucional respetable, además de que los consejeros y magistrados electorales han provenido de cuotas partidistas y arreglos cupulares. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)