CON el Jesús o, mejor dicho, con el Napoleón Gómez Urrutia en la boca andan empresarios y legisladores de Morena pues dicen que la nueva ocurrencia del senador minero pone en riesgo la mismísima aprobación del T-MEC.
RESULTA QUE el líder sindical se sacó de la manga una nueva reforma laboral, que incluye entre otras cosas el tema de la subcontratación y que ayer mismo fue turnada a comisiones.
Y la preocupación viene porque, precisamente, se supone que con la reforma laboral ya aprobada (que era uno de los puntos más delicados), se esperaba pronto la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
DE HECHO, en la reunión interparlamentaria del fin de semana en San Diego, dicen que para nada se habló de que hubiera pendientes en cuestión laboral.
Al contrario: tanto el republicano Michael McCaul como el demócrata Henry Cuéllar se mostraron optimistas de que la ratificación pasara pronto por el Capitolio.
DE AHÍ que más de uno se pregunta si Gómez Urrutia realmente tocó base con la Consejería Jurídica de la Presidencia y con la Secretaría del Trabajo… o si se fue por la libre. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Si no hay contraorden, este jueves en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dará a conocer el informe “minuto a minuto” sobre el fallido operativo que llevó primero a la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del líder del capo preso en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Nos comentan que si don Alfonso no ordena bien la información, vivirá otro jueves negro como el de hace dos semanas cuando hubo seis versiones diferentes de los hechos. Así que habrá que ver si la de mañana, la séptima, es la verdadera. (El Universal, Nación, p. 2)
No lo descuiden. El senador Napoleón Gómez Urrutia presentó ante el pleno una peligrosa propuesta en materia de subcontratación laboral. Argumenta que la iniciativa tiene como objetivo “privilegiar los derechos de los trabajadores, procurando un equilibrio en las relaciones obrero-patronales”. Pero… ¿Estarán enterados de los detalles Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Marcelo Ebrard, canciller? Al sector privado, CCE, Concamin, Coparmex y Concanaco, así como en empresas de Estados Unidos y de Canadá, les parece una amenaza en el peor momento, pues se discute la ratificación del T-MEC y se rompen acuerdos de la 4T con los congresistas demócratas, desalienta el crecimiento económico y fomenta desempleo e informalidad. Mucho cuidado. (Excélsior, Nacional, p. 19)
QUE la propuesta de ley que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia sobre subcontratación encendió las alarmas en el sector privado y en empresas estadunidenses y canadienses porque dicen que amenaza la ratificación del nuevo TLC, rompe acuerdos de la 4T con congresistas demócratas, desalienta el crecimiento, fomenta desempleo e informalidad y se parece a la legislación de Ecuador. En CCE, Concamin, Coparmex y Concanaco se preguntan si la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el canciller Marcelo Ebrard y el Presidente vieron y están de acuerdo con el texto, que ayer se fue a comisiones. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Lo que pasa en Las Vegas.- Alguien no hizo su chamba en la cancillería y dejó pasar el nombre de Víctor Alberto Barreras en la lista de cónsules de la 4T. Eligieron para él una plaza importante, Las Vegas, con una población mexicana en crecimiento constante.
También se le conoce como la ciudad del juego y del pecado y por eso, dicen, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Fue una suerte que el nombramiento de Barreras se haya suspendido pues pesan sobre él acusaciones serias como la de cometer estupro con una niña de 14 años.
Mientras son peras o manzanas el canciller Marcelo Ebrard decidió cortar por lo sano y emprender de inmediato la indagatoria. La pregunta pertinente es quién sugirió a Barreras para el cargo y quién lo dejó pasar como si nada. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Hay un nombre que no deja de aparecer en las investigaciones que realiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre los contratos que gestionó la SCT de Gerardo Ruiz Esparza. No lo olvide, su nombre comienza con la “E” de Eduardo y su apellido con “L” de Luque. Famoso por usar relojes Richard Mille y otras marcas que ni Obama tenía, terminó su gestión como director de la API de Altamira, justo cuando Presidencia se dio cuenta de sus excesos. Hoy la FGR de Alejandro Gertz Manero, el SAT de Margarita Ríos, la Dirección de Juegos y Sorteos de Luis Calvo Reyes y la UIF de Santiago Nieto amplían el expediente que sin lugar a dudas trascenderá hasta tribunales y penales. Todo por el gusto que tiene por los relojes que denotan poder, buen poder adquisitivo y buen gusto. (El Sol de México, Nacional, p. 2)
El dispendio de la fianza.- Que más de uno en Veracruz levantó las cejas luego de enterarse que Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, pagó en Londres una fianza de casi 3.7 millones de pesos para poder enfrentar en libertad un proceso en su contra con fines de extradición a México. Y es que, dicen, pocos han olvidado la bodega con pertenencias del matrimonio Duarte-Macías, en los que destacaba una libreta con apuntes de puño y letra de la exprimera dama estatal, en la que detallaba el número de cuentas bancarias, propiedades de la familia y diversas planas con la leyenda “sí merezco abundancia”. ¿Será que de esa abundancia salieron los recursos para cubrir tan onerosa fianza? (La Razón, México, p. 2)
Durazo, a piedra y lodo.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se encerró ayer, a piedra y lodo, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal. En la encerrona, nos cuentan, los coordinadores parlamentarios solicitaron conocer a fondo la orden de operación del ‘operativo fallido’ de aprehensión de Ovidio Guzmán, el pasado 17 de octubre. Además, salió a relucir la necesidad no sólo de fortalecer a las policías estatales y municipales, sino, sobre todo, se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de hablar de un mando único. (El Financiero, Política, p. 49)
¿A quién se le ocurrió nombrar como cónsul de México en Las Vegas a un sujeto acusado y procesado por estupro en contra de una menor de edad? El nombramiento de Alberto Barreras Castro, aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores apenas el pasado 7 de septiembre, se hizo a partir de una recomendación del secretario Alfonso Durazo, quien previamente había contratado al agresor sexual de una niña de 14 años en Ciudad Obregón, Sonora, como Director General de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El escándalo destapado por la periodista Dolia Estévez en su columna en donde publicó el número de la Averiguación Previa con la que el flamante cónsul mexicano fue acusado de estupro en el año 2011 en Sonora, puso en evidencia el poco rigor con el que algunos funcionarios de la Cuarta Transformación contratan y otorgan nombramientos a personajes de muy dudosa honorabilidad, pues antes de que el canciller Marcelo Ebrard aceptara otorgarle el nombramiento diplomático para representar a México en Las Vegas, Alberto Barrera Castro ya había ocupado una posición importante nada menos que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció en su cuenta de Twitter que había ordenado la suspensión del nombramiento del cónsul Barreras Castro, y le pidió intervenir al Comité de Ética de la cancillería. La denuncia de los antecedentes de Alberto Barreras Castro ya se había hecho pública desde que éste fue dirigente de Morena en el comité Municipal de Cajeme, e incluso se volvió a mencionar esa acusación de un delito grave en su pasado cuando éste fue nombrado director en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y presentó una “Carta de No Antecedentes Penales” que era evidentemente falsa. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 8)
Se fortalece la tendencia de que este desacelerado 2019 terminará con malas noticias económicas, y no sólo en el caso de México, sino en los de economías más sólidas que la nuestra. De hecho, ayer la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, anunció otro recorte a la perspectiva mexicana y, de acuerdo con las estimaciones de la institución a su cargo, este año el avance nacional no sería mayor a 0.2 por ciento, proporción raquítica, pero positiva.
La Cepal se suma al ejército de profetas que a lo largo del presente año una y otra vez han tijereteado sus propias estimaciones, aunque una de las premisas para recortar es la relativa al salvajismo del inquilino de la Casa Blanca en materia económica y su cruzada comercial en contra los infieles, con la poderosísima China a la cabeza.
Para Bárcenas el nuevo tijeretazo es atribuible a la desaceleración global y a un retraso en el ejercicio del presupuesto para este año y detalló que todos los organismos estamos revisando a la baja; en 2019 prevemos crecimiento de 0.2 por ciento en el producto interno bruto mexicano, y la reducción está muy vinculada al desempeño internacional, que afecta a todas las economías, y se asocia a retrasos en la ejecución del presupuesto, que impacta a la inversión pública y privada. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 26)
En tan sólo unos meses de la operación Golpe de Timón, encabezada por el gobierno de Guanajuato con apoyo de fuerzas federales, a la organización de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, le han decomisado 221 vehículos. Todos ellos tenían reporte de robo, según los informes oficiales, lo que sugiere una organización con capacidad para renovar cotidianamente por medio del despojo una amplia flotilla de vehículos para mover su mercancía (combustible, droga y armas), transportar sicarios y cometer crímenes diversos.
Además de los vehículos, El Marro llegó a contar con un verdadero ejército para sostener la empresa criminal que lo llevó en unos cuantos años a ser el principal capo huachicolero del país. Las tropas de su cártel de Santa Rosa De Lima, llamado así por el municipio guanajuatense en el que se gestó, tenían armamento de alto poder para imponer su ley en amplias zonas.
Vehículos y armas revelan una fuerza de al menos varios cientos de personas y una capacidad de fuego suficiente para sostener —como lo hicieron por lo menos desde finales de 2018— dos guerras al mismo tiempo: una contra el Estado mexicano y otra contra uno de los grupos del narcotráfico más poderosos no sólo de México sino del mundo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que les disputa la plaza y el negocio. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Pp)
El 21 de octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de un operativo conjunto denominado Frozen para frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Si bien no se han proporcionado muchos detalles, el operativo parece tener tres componentes esenciales:
Los funcionarios se mostraron satisfechos y hasta entusiastas con el acuerdo. El canciller Marcelo Ebrard señaló que, con este acuerdo, “habrá un antes y un después” en materia de tráfico de armas. Ojalá tenga razón, pero francamente lo dudo. En primer lugar, todos los componentes de Frozen se han intentado ya varias veces. En materia aduanera, se han anunciado medidas de reforzamiento en 2008, 2011, 2016 y 2018. Las promesas de mejor y mayor intercambio bilateral de inteligencia han sido reiteradas: encontré anuncios similares a los de la semana pasada en 2009, 2010 y 2017. Por otra parte, han existido grupos de contacto en materia de tráfico de armas desde al menos 2008. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 9)
El jueves sinaloense aceleró la revisión del fondo y la forma de las relaciones de seguridad con Estados Unidos. ¡Ya era hora! El gobierno federal llega con varias décadas de retraso.
El pasado miércoles 23, Washington le dio un jalón de orejas a la 4T. José Díaz Briseño, corresponsal de “Reforma” en Washington, asistió a la audiencia en la cual un subsecretario de Estado, Richard Glenn, reconvino con dureza a México. “Necesita hacer más” en el combate a los cárteles —sentenció— Y la tarea más urgente —añadió— es “desarrollar y compartir con (Estados Unidos) una estrategia integral para confrontar el crimen organizado”. Al negar la existencia de una estrategia, criticaba al Presidente y al gabinete de seguridad; quienes la presumen y defienden todo el tiempo.
La mañana siguiente, el Presidente hizo a un lado la mansedumbre habitual hacia las insolencias de Donald Trump y descalificó al diplomático estadounidense. En asuntos de seguridad, quienes gobiernan México han optado por el silencio y el sometimiento frente a Estados Unidos. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
“Pax Narca” fue en su momento una política impulsada por los “gobiernos neoliberales o conservadores” (como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador) que buscaba encontrar una solución pragmática a los problemas de violencia propiciada por grupos del crimen organizado. “Pax Narca” promovía una negociación –generalmente informal– buscando que las organizaciones criminales dejaran de ejercer violencia extrema sobre la población y bajar su perfil público, a cambio de dejar que continúen con el tráfico de algún ilícito, o no perseguir sus familias y allegados, o no facilitar que las organizaciones antagónicas les hicieran la “guerra”.
En algunos casos no fue una negociación, sino participación de los gobiernos estatales, municipales y hasta del mismo gobierno federal en el negocio del tráfico de drogas. O sea que la “Pax Narca” también podía ser un esquema de protección al negocio –business– por parte de algunos actores dentro del gobierno.
Y, la verdad, es que ante la incapacidad o la dificultad que tenían gobiernos anteriores de controlar las organizaciones criminales, una “Pax Narca” era una forma de asegurar gobernabilidad en lugares del país donde la capacidad bélica y el control territorial de las organizaciones generalmente rebasaba al Estado. (Ana María Salazar, El Financiero, Opinión, p. 45)
Despacio que voy de prisa. La designación de lo que llaman prematuramente la ombusdperson carnala requiere mayoría calificada. Piedra Ibarra no transita con la oposición. Tiene la misma objeción que impidió la llegada del priista Raúl Cervantes a la SCJN: su militancia partidista. Rosario fue candidata a diputada federal por Morena en 2018. Perdió. Fue también secretaria de Derechos Humanos del CEN del partido en el gobierno.
“Es muy cuestionable”, sintetizó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, otrora secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El PRI promueve a Arturo Peimbert, nos dicen. Trae también el apoyo de Manuel Velasco. La misma fuente asegura que es el delfín de Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia. La capacidad del tercer aspirante, José de Jesús Orozco, es reconocida por tirios y troyanos, pero tiene un “pecado original”: formó parte de los magistrados del TEPJF que declararon a Felipe Calderón presidente electo en el 2006. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
De esto y aquello… La terna de la que saldrá el sucesor de Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedó integrada por Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra; José de Jesús Orozco Enríquez y Arturo Peimbert, según acordaron los integrantes de las Comisiones de DH y Justicia. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 10)
Ayer, con la noticia de que Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, había sido detenida por las autoridades británicas con fines de extradición a México, hubo una especie de júbilo colectivo en redes y en algunos espacios radiofónicos. El populismo penal tiene sus fans.
Ya veremos si llega a México como están armados los casos o no, como casi siempre, que todo lo que por meses y años hemos leído y documentado no alcanza para que el Ministerio Público arme un caso sólido. Pero con el caso Duarte y lo que ayer sucedió con su pareja es buen momento para preguntar sobre qué hacemos para no seguir creando Duartes y Borges y el resto.
Es cierto que en tiempos de austeridad de la 4T y el hecho que la mayoría de gobernadores no sea del partido que gobierna el país ha provocado que los gobernadores no tengan las carretadas de dinero que tuvieron en otros tiempos para embolsarse parte; pero tampoco pareciera que hemos hecho demasiado para cambiar las condiciones estructurales para que aquella fiesta de trampa y corrupción eventualmente no se repita. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
En la polémica entrevista de George Soros al New York Times (NYT), uno de los medios que se le tiran al suelo, sentencia que viene el reflujo de los globalistas con la derrota del nacionalismo de Donald Trump y el triunfo de la senadora Elizabeth Warren del Partido Demócrata (https://nyti.ms/2PEaF59). ¿De cuando acá Warren, feroz crítica de Wall Street, es globalista?
The Times of Israel comenta que Soros es un multimillonario judío-estadunidense y uno de los principales obsequiantes del Partido Demócrata (https://bit.ly/2BUdyGE).
Más allá de su encapsulamiento israelí-anglosajón, a sus casi 90 años de edad Soros no está actualizado en el tsunami antiglobalista que impera por doquier con diferentes pulsos regionales, en particular en América Latina, donde resalta la muerte del neoliberalismo desde Chile, su otrora ridículo paradigma (https://bit.ly/2PtcYaX), hasta la patética derrota de la Macrieconomía en Argentina –donde Soros posee pletóricos intereses en la Patagonia–, que pretendía durar una generación y a duras penas llegó a cuatro años cataclísmicos. (Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, Política, p. 18)