Dicen los que saben que con broche de oro cerró la titular de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, una semana en la que los rumores la ponían ya lejos las oficinas de Bucareli, pero que terminó significando el primer gran paso del Gobierno de la Cuarta Transformación hacia el objetivo de “pacificación del país”: el desarme de las autodefensas de José Mireles. El mencionado logro es también atribuible al subsecretario del ramo Ricardo Peralta, quien se reunió directamente con el emblemático y polémico personaje para negociar la entrega de las armas, esto a cambio de fuentes de empleo bien remuneradas. (El Sol de México, Editorial, P.2)
“Uno no es monedita de oro”, dice Sanjuana Martínez. La periodista que encabeza desde hace algunos meses la agencia de noticias del Estado, Notimex, anda muy a la defensiva, aunque nos asegura que más está tranquila que nunca.
Le recordamos que hace poco se dijo que estaba por sacar las noticias de negocios de su página principal, y que eran algunos jóvenes reporteros famosos por vivir de los boletines de prensa los que acusaban que esto no debía pasar. Esos jóvenes editores y reporteros, que presumen tener una formación de “periodismo de largo aliento” y que casi nunca salen de su redacción porque están acostumbrados a recibir la información de las agencias de relaciones públicas en la boca (porque todo se tragan) comenzaron a quejarse en redes y a teorizar como es su costumbre sobre el periodismo mexicano. Exigían que no les cortaran la entrega de boletines, que no los obligaran a dejar la comodidad de su “oficina” donde sobreviven dándole la vuelta al comunicado. Sanjuana responde que ellos son enviados del sindicato. (Hiroshi Takashi, El Sol de México, Opinión, p.5)
El sábado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de junio. La información no es alentadora: en el mes de referencia, fueron asesinadas 3080 personas, casi 9% más que en junio de 2018.
Medido en promedio diario, este fue el segundo peor mes del año, con 102.6 víctimas de homicidio doloso y feminicidio por día, apenas por debajo de la cifra de febrero (102.7).
En algunos estados, los resultados fueron de terror. Destacan en particular los casos de Hidalgo, Tlaxcala, Sonora y Nuevo León, donde los homicidios crecieron 355, 300, 156 y 150%, respectivamente, contra el mismo mes del año pasado. En varias otras entidades, se registraron igualmente tasas de crecimiento de dos dígitos: Morelos (81%), Michoacán (67%), Jalisco (23%), Oaxaca (16%) y el Estado de México (11%). (Alejandro Hope, El Universal, Opinión, p.2)
Mucho se ha escrito sobre el neoliberalismo y el daño que la aplicación de sus políticas causó al país en los últimos 30 años. Si bien comparto la idea de que los planteamientos neoliberales no son adecuados para economías emergentes como la de México, no creo que la aplicación de sus postulados sea la causa única de la compleja situación económica en la que nos encontramos y que, a su vez, ha ocasionado el estancamiento de la pobreza y la inseguridad. Me explico.
Las ideas del liberalismo clásico de Montesquieu y de John Locke sentaron las bases para la Revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. Algunos de los pilares son la eliminación de los privilegios legales de la aristocracia y del clero, así como del poder absoluto y la intervención del Estado en asuntos civiles.. Con el lema de laissez faire, laissez passer —expresión francesa que significa “dejar hacer, dejar pasar”— se enfatiza que el Estado se debe abstener de dar dirección e interferir en asuntos económicos, para permitir que las fuerzas del mercado actúen libremente, a fin de lograr una óptima asignación de recursos. (Ricardo Monreal, El Universal, Opinión, p.5)
La reforma que amplía el gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años en Baja California es inconstitucional. Así lo reconoció Olga Sánchez Cordero en su calidad de ministra en retiro de la Suprema Corte. Sin embargo, dijo que como integrante del gabinete federal le corresponde respetar lo que hizo el congreso de ese estado.
Legisladores federales de Morena, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano calificaron lo ocurrido como “un atentado a la democracia”. Consideraron que va en contra de los derechos de los habitantes del estado. Encabezados por Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, presentaron un punto de acuerdo en el que pidieron que el gobernador tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada la ley. Fueron enfáticos en la necesidad de que se investigue la presunta compra de votos en el congreso estatal para aprobar la tan cuestionada reforma. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p.10)
El sábado en Axtla, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador pareció haber dejado atrás el notable disgusto de la noche anterior. Inusual en él (por lo común se ufana de estar “bien y de buenas”), no contuvo su contrariedad ante huelguistas que lo esperaban en su hotel para quejarse del presidente municipal de Ciudad Valles. “No pasa nada”, dijo riendo la tarde siguiente, pero lo que había sucedido fue la exhibición de su vulnerable accesibilidad, un injusto arrebato de cólera y la facilidad con que un explicable contratiempo lo ve como algo planeado en su contra.
“La única cosa que quiero es que por favor se retiren”, les dijo a quienes lo aguardaban. “No merezco que aquí, donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza. Hay que respetar a la autoridad, una autoridad legítima (…). Yo no soy el usurpador (…). ¿Por qué tienen que hacerme esto a mí? (…). No merezco esto que me están haciendo”. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
El 9 de julio pasado, tuvo lugar la sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De una larga agenda que originalmente se había planteado para la sesión, únicamente se revisó el tema de la modificación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Recordará usted que estos formatos ya se habían publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2018, estaban listos para entrar en vigor el 30 de abril de este año, pero la Secretaría de la Función Pública solicitó que se modificaran y así se acordó, por lo que se publicó otro acuerdo señalando como fecha máxima de modificación y entrada en vigor de los siguientes formatos el 31 de diciembre de 2019.
Para lograr lo anterior, se creó un grupo de trabajo coordinado por la SFP e integrado por enlaces de los miembros del Comité Coordinador en el que se revisaron las inquietudes de la Secretaría y fue esta quien propuso un nuevo formato. El problema es que la metodología en las reuniones de los enlaces fue poco democrática; primero, se partió de un nuevo formato propuesto por la propia SFP y no del ya aprobado y, además, lo que la Secretaría consideraba que no procedía, quedaba fuera. Adicionalmente, el sábado por la tarde y sin marcas de revisión se circuló por mail a los integrantes una “última versión” que se votaría el martes 9 de julio. (Irene Leny, El Universal, Opinión, p.13)
El Estado tiene como uno de sus deberes fundamentales el proteger a los ciudadanos, para ello tiene la fuerza pública. El gobierno de México debe saber que su responsabilidad indeclinable es garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades sin la amenaza de la violencia y el delito.
Hoy, el Estado en México evade la responsabilidad y lo que hemos visto es un esfuerzo que parece más dirigido a la desaparición de las instituciones (cuidado con esa apuesta peligrosa) que al fortalecimiento de los órganos encargados de la seguridad. (Margarita Zavala, El Universal, Opinión, p.12)
Amediados de 1997, cuando desde el gobierno de Ernesto Zedillo se impulsó la reforma a la seguridad social en México, una de las disposiciones que fueron seguidas con más atención por los trabajadores fue el cambio en el sistema de pensiones. Se abandonaba el tradicional esquema de pensiones solidarias; es decir, financiadas con ingresos generales del Estado, por uno de capitalización individual donde los fondos serían manejados por administradoras especialmente creadas para ese fin y actuantes en el sistema financiero.
Una de las razones aducidas para el cambio fue que, dado que el crecimiento en el número de pensionados era más pronunciado que el dela población económicamente activa, más temprano que tarde el sistema acabaría por volverse insostenible. En cambio, aunque los mercados financieros nacional o internacional atravesaran por malos momentos –decían en las Administradoras de Fondos para el retiro (Afore)– el Sistema de Ahorro para el Retiro, en el que se inscriben las Afore, siempre tiende a crecer. (La Jornada, Editorial, p.2)
QUE hace unos días el gobierno federal envió un mensaje positivo a la IP tras la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Ricardo Peralta en el conflicto entre comunidades y la empresa Newmont Goldcorp, propietaria de la mina Peñasquito, en Zacatecas, que produce 7 mil mdp al año en oro.
Y es que luego de 78 días de bloqueo, con pérdidas diarias de 950 mdp, además del entorno de incertidumbre que empresarios han manifestado sentir, derivado de diversas decisiones políticas, la mediación se lee como una señal para mostrar a México como un país que respeta el estado de derecho y la inversión privada. (Milenio, Opinión, p.2)
Gonzalo Hernández Licona es de esos funcionarios de los que deberíamos tener a montones. Serio, capaz, sin afanes inútiles de protagonismo, eficiente.
Desde hace muchos años ha sido fundamental para construir una institución clave para la elaboración de políticas públicas: el Coneval, que observa y evalúa los programas sociales.
Por como es Gonzalo y la importancia del Coneval habría que tomar muy en serio lo que publicó en Animal Político a finales de la semana pasada, donde advertía que el consejo podría dejar de operar en los siguientes días. ¿Por qué? Por austericidio. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
“Send her back… Send her back…” (“regrésala…”), coreaba una multitud en Carolina del Norte ante el silencio complaciente del orador. Los gritos iban dirigidos a Ilhan Omar, congresista estadunidense musulmana nacida en Somalia. Dos días antes, el orador –nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos– había emprendido una andanada de tuits que fueron calificados como “racistas” por el Congreso. Es sólo el principio: detrás de diferendos políticamente correctos como el socialismo o la visión sobre el Estado de Israel, el debate racial se ha vuelto a colar a la elección presidencial de nuestro vecino del norte.
Donald Trump ha normalizado ciertas palabras y arquetipos que parecen estar en el límite de lo que legal y éticamente puede permitirse un jefe de Estado; sin embargo, sus seguidores –que no son pocos– van mucho más allá en términos de una creciente intolerancia a la América no blanca, no anglosajona, no protestante, no inmigrante europea previa a la Segunda Guerra. Su base dura de votantes está regresando a una narrativa y retórica propias del desgarrador debate previo a la Ley de Derechos Civiles que se vio obligado a publicar Lyndon Johnson en los años ’70. (David Penchyna Grub, La Jornada, Opinión, p.12)
Del juicio del Chapo Guzmán es importante lo que se dice y lo que se calla, pero sobre todo lo que se deja ver. Se trató de un proceso políticamente muy delicado, que aspiró a ser el punto medio perfecto entre encontrar la verdad suficiente para condenar a un personaje sin salpicar de más como para tocar a personajes clave del orden del sistema político.
No me refiero a la declaración de Alex Cifuentes sobre el soborno que el Chapo habría dado a Enrique Peña Nieto por 100 millones de dólares, porque Cifuentes habla de oídas, cuenta lo que el Chapo Guzmán mismo le dijo y éste era bastante proclive al alarde. Lo más importante es lo siguiente.
1.Que los entornos presidenciales están involucrados por lo menos en el caso de Felipe Calderón. Jesús Zambada confesó haber dado él mismo dinero a Genaro García Luna (6 millones de dólares). Más allá de que la información aportada por Zambada fue clave para el juicio, estaba juramentado, hablaba de su propia acción personal, que además viene a coincidir con los señalamientos que Anabel Hernández ha hecho sobre el enriquecimiento ilícito de García Luna. Si sumamos la detención de Juan Collado en México por las operaciones ilícitas de lavado de dinero en que estaba involucrada la Caja Libertad (también con el cártel de Sinaloa), tenemos ya dos personajes clave de tres entornos presidenciales: el de Peña, el de Calderón y el de Salinas. (Gibrán Ramírez Reyes, Milenio, Opinión, p.13)
La gran disyuntiva para Morena en los próximos años será pasar de ser un movimiento social a un partido político. Todos sus signos y manifestaciones son que sigue actuando como si estuviera en campaña, cargado de voluntarismo, solidaridad y crítica al pasado, de la mano de su líder indiscutido.
Esto es también, paradójicamente, uno de sus grandes problemas. López Obrador es su eje, pero el partido depende y gira sólo sobre él, quien construyó una organización a su imagen y semejanza.
La mayor parte de los retos que enfrenta Morena se basan en la confianza y certeza de que detrás de cualquier decisión que se tome está bajo el amparo del López Obrador. (Javier Solórzano Zinser, La razón, Opinión, p.2)
Durante 30 años movió los hilos de la mayor organización criminal dedicada al narcotráfico y anduvo “a salto de mata”. Joaquín El Chapo Guzmán sabía que aun estando preso en México tenía posibilidades de obtener un trato distinto y con privilegios.
Estuvo dos veces en penales de máxima seguridad; de ambos escapó.
En tiempos de su reclusión en México tuvo contacto cotidiano con sus abogados y su gente; incluso con distintas mujeres. Fue hasta la segunda etapa de reclusión en la prisión del Altiplano, en Almoloya de Juárez, que sus condiciones carcelarias fueron mucho más rigurosas. Se decía que El Chapo siempre caía parado y que tenía muchas vidas. (Bibiana Belsasso, La Razón, Opinión, p.11)
Hace ya muchos años entrevisté a quien era entonces el zar antidrogas de Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, el general Barry McCaffrey. El general, héroe de la llamada Guerra del Golfo de 1991, me decía en aquella entrevista que entonces (hace unos 18 años) las utilidades netas del narcotráfico eran de unos seis mil millones de dólares anuales. Le pregunté que dónde quedaban esos recursos y por qué no se incautaban y me contestó que 90% se quedaba en el sistema financiero de Estados Unidos. Le pregunté si no era sencillo rastrear semejante cantidad de recursos y me aseguró que, para una economía como la de su país, cinco o seis mil millones de dólares no eran demasiado y se podían fácilmente diluir y lavar en operaciones legítimas.
Cuando la justicia de Estados Unidos estima la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán en 12 mil 500 millones de dólares, buscando decomisarla, y el gobierno de México se suma a esa lógica, anunciando, incluso, que habrá una instancia binacional para “compartir” los recursos por decomisar a El Chapo, no dejan de parecer, ambos, por lo menos ingenuos. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Opinión, p.8)
Tiempo de definiciones en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo mantendrá la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, mientras que Mario Delgado dejará la coordinación de la bancada mayoritaria —y la presidencia de la Junta de Coordinación Política— para competir por la dirigencia nacional del partido oficialista.
Ricardo Monreal mantendrá el control de la bancada morenista pero la permanencia de Martí Batres Guadarrama como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República dependerá de una negociación interna. Y es que el exgobernador de Zacatecas logró un acuerdo político con los coordinadores del resto de las bancadas para que Morena encabece la Cámara alta al menos los dos primeros años del sexenio.
Delgado, Monreal y el líder del Grupo Texcoco, Higinio Martínez, irían en un acuerdo para mantener los equilibrios en los grupos parlamentarios y ganar la dirigencia partidista. (Alberto Aguirre, El Economista, Opinión, p.40)
Miami se convirtió en el refugio y centro de operaciones para no pocos personajes acusados de fraudes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Algunos lograron salvoconductos a tiempo, pero otros no.
Ahí van algunos ejemplos: Martín Díaz Álvarez, el expresidente de la Caja Libertad, fijó su residencia en esa localidad. En su momento se giró orden de aprehensión por el tema de Oceanografía.
Rafael Olvera Amezcua, el fundador de Ficrea, que defraudó a cerca de 6 mil ahorradores, aunque no se estableció formalmente en Miami, compró decenas de propiedades en esa ciudad. (Darío Celis, El Financiero, Opinión, p.6)