El grupo en el poder pregona una nueva reforma electoral. No se vislumbran objetivos para mejorar o hacer más eficiente el sistema electoral. Nubarrones de tormenta asoman en el firmamento político.
El defenestrado candidato a la gubernatura de guerrero expresó lapidario, refiriéndose a los consejeros del INE, con toda pulcritud lingüística, “me los voy a chingar”; el coordinador de Morena del Grupo Parlamentario en el Senado enunció: “…una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales…”; Mario Delgado presidente de Morena señaló sobre el INE que, “…se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo…”; por su lado, el Presidente de la República declaró “…aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no la quieren…” y, todavía fue más allá al pronunciarse para que el Instituto Nacional Electoral fuera absorbido por el Poder Judicial de la Federación. La coincidencia básica de la cúpula morenista es disminuir el costo electoral recortando el presupuesto de los organismos electorales y de los partidos políticos, sin evaluar la funcionalidad sistémica de esas instituciones.
Vale la pena traer a la memoria el azaroso andar de las reformas electorales desde la ya mítica de 1977-1978, cuyo objetivo, desde el poder, fue permitir una mayor pluralidad acotada, sin que el PRI perdiera la hegemonía. La oposición vio una ventana de oportunidad para ampliar los cauces democráticos al ampliarse la arena de la competencia electoral. Fue un primer paso.
La reforma 1986-1987 amplió el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200 y por primera vez se entregó financiamiento público en dinero a los partidos políticos. El levantamiento Zapatista la madrugada de año nuevo de 1994 obligó a una nueva reforma electoral para vestir de imparcialidad al IFE, cambiando la figura de los integrantes del Consejo General del IFE, de magistrados electorales a consejeros ciudadanos.
La reforma electoral de 1996 consolidó definitivamente la autonomía del IFE al trasformar a los consejeros ciudadanos en consejeros electorales, dándoles la calidad de servidores públicos. La transformación de las reglas comiciales de 2007-2008, fueron polémicas, pero atendieron virtuosamente la guerra sucia instrumentada desde el poder, en la elección presidencial de 2006, contra del candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. La modificación del modelo de comunicación política fue sustancial; se prohibió a los particulares y partidos contratar tiempos en radio y televisión, éstos últimos sólo podrían hacer usos de las prerrogativas otorgadas de los tiempos del Estado. (Javier Santiago Castillo, La Crónica, Opinión, p.5)
Cuentas claras
En Palacio Nacional consideran de mala fe las publicaciones que señalan a integrantes del gabinete por tener cuentas de ahorro o crédito en bancos del extranjero. Nos dicen que, para empezar, nada ilegal hay en ello, además de que es producto de su esfuerzo. En segundo lugar, explican, varios han residido en el exterior por cuestiones de trabajo o estudio.
La red de Mena
Hasta las manitas se metió el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, a la campaña de la candidata priista al gobierno estatal, Anabell Ávalos. Se presume que su hermano Fabrizio, el Coordinador de Prensa, Carlos Villanueva, y el secretario técnico de gobierno, Carlos Bailón, han desviado recursos con fines proselitistas. Pronto los citará la Fiscalía de Delitos Electorales.
Confesión pública
Hablando de priistas, en el caso de su candidato a diputado local en Oaxaca, Gerardo García Henestroza, se aplica aquella máxima “a confesión de parte relevo de pruebas”. Y es que en un mitin en Ixtaltepec el político quiso criticar a los legisladores de Morena con el argumento de que “salieron ellos más rateros que nosotros”. Algo similar a aquel que “roba poquito”.
Les preocupa Corral
Mucha preocupación hay en la sede nacional del PAN, que preside Marko Cortés, por lo que pueda hacer de aquí a la jornada del 6 de junio su gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien trae pleito casado con la candidata Maru Campos. Los mensajes que le han hecho llegar al mandatario es que no se meta en la elección, aunque varios creen que hará lo contrario.
A rescatar el registro
Nos hacen ver que las declinaciones disímbolas de candidatos de RSP, de Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, apuntan a mantener el registro de ese partido. No es casual, nos cuentan, que en la recta final de la campaña sus abanderados se estén sumando a los punteros, sean del partido que sea. Como dice el dicho: el fin justifica los medios. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p.2)
El regreso a salones saqueados
A una semana del regreso a clases en las escuelas del país que así lo decidan, luego de que han bajado los contagios del virus causante de Covid-19, en la mayoría de los colegios apenas empezaron a desempolvar los pizarrones y los mesabancos. No se ha dicho nada oficialmente acerca de cómo se repondrá el material y el equipo que fue saqueado durante la cuarentena escolar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estima que entre el 40 y 50 por ciento de los planteles públicos del país sufrieron vandalismo o robos. Habrá que ver si la austeridad republicana no afecta o retrasa el deseo presidencial del regreso a clases o bien se manda a alumnos y maestros sin siquiera jabón en los baños el próximo 7 de junio. Un par de días antes de las elecciones, varias autoridades en el país querrán mandar la señal de que ya superamos la pandemia, aunque sectores como el educativo no estén preparados para el regreso a la normalidad.
Artimaña presidencial
Ya pasó más de un mes desde que el Congreso de la Unión completó la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con la manzana envenenada de una ampliación de dos años más al cargo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el Presidente de la República no ha ordenado la publicación de esa modificación en el Diario Oficial de la Federación, para que la nueva norma entre en vigor. Nos cuentan que entre juristas y diputados de oposición ven muy sospechoso que esta reforma no se haya publicado, pues debido a esto, no pueden interponer acciones de inconstitucionalidad en contra. Ya hay quien desliza el escenario de que se dejará pasar el tiempo y no se publicará esta modificación sino hasta unas horas antes del primer día hábil del 2023, para que la ley esté en vigor y así no haya oportunidad de presentar impugnaciones antes. ¿Será?
No sueltan el Día de las Madres
Nos comentan que hay dependencias donde las madres trabajadoras estarán tristes por cancelaciones de festejos, pero en otras el jolgorio continúa. El viernes le dimos a conocer en este espacio que la licitación que la Cancillería preparaba —para el gran festejo atrasado del Día de las Madres— se había cancelado porque declararon desierto el proceso, previsiblemente para evitar un regaño por el despilfarro. Pero nos enteramos que en otra dependencia federal, al contrario de la Cancillería, si festejarán a las mamás. Nos comentan que la Gerencia Metropolitana Norte de Liconsa sí agasajará a sus trabajadoras con monederos electrónicos y para eso ya entregó un contrato de la licitación AA-008VST955-E46-2021 en el que desembolsará más de 60 mil pesos en 200 monederos. Para eso sí hay dinero.
Cartas y más cartas
Responder a artículos (a favor o en contra) que son publicados en revistas, es ahora parte de las tareas diplomáticas. Es el caso de la embajadora de México en Rusia, Norma Pensado, que recién envió una carta a Ekaterina Kosevich, quien es candidata a Doctora en Ciencia Política por la Escuela Superior de Economía, en Moscú, Rusia. La razón: Kosevich recién publicó el artículo “Historia de la cooperación política y económica entre Rusia y México”, el cual fue difundido en una revista científica mexicana. Por ello, la diplomática envió una carta en la cual felicitó a la doctorante que se convirtió en la primera científica en publicar en la revista editada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. No dejan pasar una. (Bajo Reserva, El Universal, Opinión, p.2)
El miércoles 2 de junio terminan las campañas de un proceso electoral que se caracterizó por la opacidad, descalificación, violencia política, amenaza y asesinatos. ¿Quién identifica plenamente a sus candidatos? ¿Conoce su trayectoria, preparación, propuestas? Si se postuló para la reelección, ¿sabe de su desempeño y resultados en la alcaldía o como legislador o legisladora?
En estos meses de campañas nos quedó clara su faceta de aspirantes a influencer de las redes sociales, pero no conocemos qué tan honestos, éticos y confiables son, no dieron a conocer sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses; no sabemos si se conducen con rectitud, respetan a las mujeres y cumplen con el pago de las pensiones alimenticias. La mayoría de los candidatos no ha reportado cuánto gastó en sus campañas.
Información y transparencia, ausentes en estas elecciones.
De los más de 125,000 candidatas y candidatos a un cargo de elección popular, sólo 5% ha presentado y publicado su declaración 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal), y menos del 1% ha presentado su 3de3 contra la violencia de género (familiar, sexual y pago de pensión alimenticia). Requisitos indispensables para evaluar su compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el cumplimiento de ley. ¿Confiaría en un candidato omiso?
Únicamente 18 de los 117 candidatos que buscan ser gobernadores han presentado su declaración 3de3: impuestos que pagan, relaciones que mantienen y patrimonio que poseen. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, le dijo en entrevista a Pascal Beltrán del Río, que sólo en Sinaloa cuatro de sus ocho candidatos a gobernador la ha presentado. Le sigue San Luis Potosí, con tres de nueve candidatos y Campeche, con tres de siete.
Sólo mil 40 aspirantes hicieron pública su declaración 3de3 contra la violencia de género. Nada más en Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán se puede consultar quiénes han presentado su declaración, pero en 27 estados no existen plataformas para consultar esta información ni a nivel federal. (Fabiola Guarneros Saavedra, Excélsior, Nacional, p.4)
Aludo a las distintas acepciones de la Seguridad, mismas que he tenido la oportunidad de abordar en otras entregas, pasaron de largo en las tan insustanciales e inconsistentes campañas electorales (en su gran mayoría), que de manera formal, concluyen el próximo miércoles 2 de junio. La Seguridad Pública, sobre todo y sus efectos sobre la Seguridad Interior, a penas si fueron mencionadas o tratadas en los numerosos debates.
Si bien aún le quedan tres meses a la actual legislatura y el partido oficialista y sus aliados, cuentan con el poderoso recurso de la mayoría calificada para desde la Cámara de Diputados, para en su caso, modificar la Constitución. Las especulaciones respecto de cómo quedará integrada la siguiente Legislatura, los problemas lejos de atenuarse, en algunos casos se ha agudizado. En esos términos, atender las exigencias que significan las principales preocupaciones de la población, deberán ser atendidas por los partidos políticos, sin distingo de su orientación ideológica. La situación del país, reclama propuesta prácticas, viables, visibles, medibles y sobre todo, con efectos positivos en el corto plazo.
En esa atmósfera, es aconsejable realizar una revisión y balance, desde las áreas civiles, lo que se ha hecho en la Seguridad Pública, desde la federación. Sobre todo, ante la evidencia y contradictoria presencia de la criminalidad, afectando de manera muy seria el desarrollo de la democracia como procedimiento, mediante los homicidios dolosos de candidatas y candidatos, e incluso aún antes, potenciales aspirantes a alguna candidatura. Al momento de redactar esta nota, se contabilizar 88 asesinatos, sin contar las amenazas, agresiones a familiares, integrantes de equipos de campaña o dirigentes partidistas locales.
Si se sigue el patrón delictivo de los comicios presidenciales de 2018, daremos cuenta de violencia postelectoral. Ojala y me equivoque, pero estos llamados de atención, debido a la visibilidad de lo que significa alterar la voluntad popular, un caso así, en cualquier ámbito de análisis o estudios comparativos, colocan en esa democracia y sus procedimientos, en una debilidad o fragilidad, próxima a la inutilidad. Hay elementos y datos objetivos para realizar o que se apuntó al inicio: una revisión y ajuste a la política de Seguridad Pública, desde la perspectiva de los funcionarios del estamento civil, pues es su directa responsabilidad. (Javier Oliva, El Sol de México, Análisis, p.16)
¡Vaya costo está pagando (y pagará) el tricolor por las genialidades de su dirigente máximo! (La Jornada, Columnas Políticas ,Rayuela ,Redacción, C.p)
Conmemora la batalla naval en el Peñón Viejo
El 31 de mayo de 1521, en el Peñón Viejo –junto al pueblo Santa Martha Acatitla–, fue detenido militarmente Hernán Cortés, quien se dirigía con su ejército al pueblo de Iztapalapa para reforzar a Gonzalo de Sandoval que en ese momento atacaba dicha población.
Los invasores habían planeado desde Texcoco la acción hostil a esa y otras poblaciones del sur del lago de Texcoco y la Laguna de México, para luego dirigirse con un ataque final a Tenochtitlan para vencerla y declarar la conquista a favor de España.
No obstante, quiero destacar que la del Peñón Viejo debe estar registrada en la historia como la batalla naval más grande durante la conquista de Tenochtitlan, pues fue atacado con 13 pequeños barcos y 300 hombres, todos ellos expertos marineros, como lo reconoce el propio Cortés, pero, además, cada navío llevaba su capitán, veedor, ballesteros y escopeteros que enfrentaron a 500 canoas de los pueblos del entorno del Peñón Viejo y de Tenochtitlan.
Por tal motivo, toda buena historia que hable de la conquista de México-Tenochtitlan necesariamente tendrá que citar la contienda del Peñón Viejo, como una batalla naval, la cual sucedió en la Cuenca de México, a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.
Los priístas están desesperados por recuperar al poder, ese poder que perdieron por los excesos –de toda índole– en los que incurrieron. Hoy prometen, si votan por ellos, lo que nunca hicieron en su larga estancia en el poder y denostan, acusan, señalan, inventan datos en contra del gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha contratado a dos personajes extranjeros, especialistas, para iniciar una guerra sucia en contra de AMLO.
Aún no entienden que los tiempos han cambiado: el pueblo mexicano ya sabe de las malas artes de los tricolores; la televisión ya no es la dueña de la información, como antaño que manipulaba datos y no había otra forma de enterarse.
Siendo el partido autor de muchos fraudes electorales, ya se sabe como operan y les será más difícil engañar a la gente, incluso contando con la complicidad de las autoridades electorales.
Finalmente, en un acto público, Claudia Ruiz Massieu reconoció la crisis financiera por la que atraviesa el partido tricolor y dejó entrever un eventual recorte de personal para paliar dicha emergencia. Aún con esa crisis económica, ¿contratarán a estos dos especialistas en guerra sucia para cumplir el capricho del ex gobernador de Campeche que aspira llegar a la Presidencia? (La Jornada, Opinión, p.2)
FALTA una semana para las elecciones en las que estarán en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos locales, 15 gubernaturas, mil 910 ayuntamientos y las 16 alcaldías de la CDMX.
Y CON TODO y la participación de 10 partidos políticos nacionales, decenas de partidos estatales y miles de candidatos que representan a esos partidos, a alianzas o participan de manera independiente, lo que ha marcado el proceso electoral es la violencia.
HAY QUIENES culpan de la muerte de por lo menos 35 candidatos durante las campañas y más de 80 políticos desde el inicio del proceso electoral al crimen organizado y su influencia en todo el país, lo cual es una muy mala noticia.
OTROS consideran que tal cantidad de ejecuciones, así como los atentados que afortunadamente resultaron fallidos, no se pueden atribuir sólo a los cárteles, y que hay actores en la política e incluso en los distintos niveles de gobierno que son responsables directos de acciones violentas contra sus adversarios, lo cual es una noticia aún peor.
EN TEORÍA, la jornada del 6 de junio debería marcar el fin de los asesinatos electorales, pero aún falta ver si el clima de violencia e impunidad que se ha creado en los últimos meses no provoca que, como ha venido ocurriendo, las diferencias políticas se sigan dirimiendo a balazos y no por vías pacíficas. Esa sería la peor noticia de todas.
…Y EN EL capítulo de hoy de “La Intriga Palaciega”, cuentan que el pleito más reciente en el gabinete presidencial se está librando entre la Segob, que encabeza Olga Sánchez Cordero, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde despacha Julio Scherer.
SE SABE que mandos del Palacio de Cobián andan muy activos tratando de echarle tierra al consejero presidencial por supuestamente apoyar al priista Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo León. La duda es si los intrigantes actúan por cuenta propia o -gulp- con el conocimiento de su jefa la secretaria.
SI ALGUIEN sabe en dónde andaba ayer el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por favor que le avise que transportistas y taxistas bloquearon durante 10 horas la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas sin que alguna autoridad interviniera.
BASTARON 100 personas para dejar varados a más de 12 mil vehículos, muchos de ellos ocupados por turistas que iban a San Cristóbal donde miles de familias dependen de la llegada del turismo para sobrevivir. ¿Y el gobierno estatal? De vacaciones, probablemente. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)