La campaña del Presidente Donald Trump para demonizar a los mexicanos está subiendo de tono: ahora quiere convencernos de que muchos son terroristas, calificando oficialmente a los carteles como organizaciones terroristas.
A primera vista, parece una idea inocua, pero podría tener graves consecuencias en muchos frentes.
Trump declaró al portal digital derechista Breitbart News el 12 de marzo que está pensando muy seriamente en designar a los carteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que le daría al Gobierno la capacidad atacarlos con menos restricciones legales.
El mes pasado, los legisladores republicanos Mark Green (Tennessee), y Chip Roy (Texas), habían propuesto precisamente hacer eso.
El Presidente puede designar a las organizaciones de la droga como grupos terroristas por orden ejecutiva, sin la aprobación del Congreso. Hay más de 60 grupos extranjeros que han sido etiquetados como grupos terroristas por el Ejecutivo estadounidense.
Trump podría hacer esto para complacer a muchos xenófobos que lo apoyan y para tratar de convencer a un público escéptico de que el país debe gastar miles de millones en construir su muro fronterizo.
Pero sería una pésima idea, que además de todo afectaría a la seguridad nacional.
Primero, desviaría importantes recursos humanos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que a duras penas pueden combatir al Estado Islámico, Al Qaeda y otras organizaciones terroristas verdaderas.
El FBI, la CIA y otras agencias ya enfrentan dificultades presupuestarias para monitorear a los grupos en Medio Oriente, que proponen abiertamente el asesinato de civiles estadounidenses.
Pedir a estas agencias que comiencen a monitorear a miles de narcotraficantes mexicanos y sus familias haría que dejen de prestar la misma atención a amenazas más serias.
En segundo lugar, como reconoció el Departamento de Estado, la idea de que los carteles de la droga están trabajando con grupos terroristas extranjeros es un mito.
Un informe del Departamento de Estado publicado en septiembre concluyó que no hay evidencia creíble que indique que estas organizaciones internacionales hayan establecido bases en México, hayan trabajado con carteles de la droga mexicanos o hayan enviado agentes a Estados Unidos.
En tercer lugar, no tienen una agenda política. A diferencia de las narcoguerrillas de las FARC de Colombia, buscan dinero, no derrocar Gobiernos.
Según la definición de terrorismo más usada por Estados Unidos, el término terrorista se usa para describir a organizaciones que ejercen violencia premeditada y con motivos políticos. Eso no es lo que hacen los carteles mexicanos. Por el contrario, lo que más quieren es que los dejen tranquilos.
Cuarto, designarlos de esta manera devaluaría el significado de la palabra terrorismo. La mayoría de nosotros usamos ese término para describir grupos que, además de tener una agenda política, matan a civiles inocentes.
Los carteles de la droga en México ciertamente matan a civiles inocentes, pero en la gran mayoría de los casos matan a sus rivales.
Si extendiéramos la definición a todos quienes causan muertes civiles, intencionalmente o no, sentaríamos un precedente para designar a cualquiera como terrorista.
Quinto, estigmatizaría aún más a los millones de mexicanos decentes que trabajan duramente en Estados Unidos, muchos de los cuales han servido en las fuerzas armadas, algo que Trump nunca ha hecho.
El Mandatario ha tratado de demonizarlos para obtener beneficios políticos desde el primer día de su campaña presidencial en el 2015, cuando dijo que la mayoría de los mexicanos traen delincuencia y son violadores.
En lugar de tratar de clasificar como terroristas a los carteles, Trump debería usar más recursos de inteligencia para perseguir las amenazas verdaderas, así como los asesinos nacidos en Estados Unidos que mataron a civiles inocentes en una sinagoga en Pittsburgh, y en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida.
Pero Trump no está hablando de los que murieron allí. Sólo está hablando de México, en su intento por subir el tono de su agenda política antiinmigrante con miras a las elecciones del 2020. (Andrés Oppenheimer, Reforma, p. 14)