Conforme a una política “dura” que utiliza “la maquinaria de deportación” heredada del sexenio de Enrique Peña Nieto –a decir de colectivos defensores de derechos humanos–, el Instituto Nacional de Migración acelera la repatriación de migrantes centroamericanos. Para ello le otorgó un contrato de hasta 32 millones 800 mil pesos mensuales a la empresa ETN por disponer de 70 autobuses. Casualmente, esa firma de transportes pertenece a Roberto Alcántara, quien fue uno de los contratistas consentidos de Enrique Peña Nieto.
El empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, uno de los amigos y principales contratistas del expresidente Enrique Peña Nieto, se beneficiará este año con el negocio de la deportación de migrantes centroamericanos: el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó un contrato de hasta 295 millones 717 mil pesos a su empresa ETN Turistar de Lujo, SA de CV, para trasladar a esas personas a sus países de origen.
El pasado 31 de marzo la empresa de Alcántara Rojas ganó la licitación del contrato de “servicio de transporte vía terrestre de migrantes extranjeros presentados en las delegaciones federales del INM”, firmado el 15 de abril. ETN pondrá 70 autobuses a disposición de las autoridades desde el presente abril hasta diciembre próximo.
El INM otorgó el contrato en medio de una profunda crisis migratoria, marcada por la llegada de decenas de miles de familias originarias de Centroamérica a la frontera sur de México.
La situación se agrava todos los días y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador responde con “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”, sostiene el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), que aglutina a 15 organizaciones de la sociedad civil.
Tan solo en enero y febrero de este año el gobierno mexicano devolvió a 13 mil 450 migrantes centroamericanos a sus países, un promedio de 227 por día. Más de la mitad son hondureños y mil 876 son menores de 12 años, según los datos de la Secretaría de Gobernación.
El ritmo de esas deportaciones creció a niveles inéditos: el pasado martes 16 el INM informó que, durante los primeros 15 días de abril, deportó por vía terrestre a 4 mil 102 hondureños indocumentados, un promedio de 273 al día.
Esa cifra, que no incluye a los ciudadanos de otras naciones centroamericanas, rebasa las tendencias registradas en 2015, cuando las autoridades mexicanas deportaron a 177 mil centroamericanos en el marco del Plan Frontera Sur. Ese año retornaron a un promedio de 225 personas hondureñas cada día.
“Parece que el gobierno mexicano ha respondido única y exclusivamente de manera policiaca y activando la maquinaria de deportación mexicana que heredó de Enrique Peña Nieto”, sostiene el activista Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano.
“La situación es caótica, no sólo por el gran número de personas migrantes, sino también por la nula respuesta efectiva de las autoridades para resolver esta crisis migratoria y humanitaria”, abunda en entrevista.
De acuerdo con los anexos del contrato, los autobuses de Alcántara Rojas estarán a disposición del INM “las 24 horas del día” y trasladarán a los migrantes desde los centros de detención que el INM opera en México hasta sus destinos en Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua.
El documento establece un monto mínimo de 118 millones 68 mil pesos para el servicio y uno máximo de 295 millones 171 mil pesos, IVA incluido. En el caso de alcanzar el monto máximo, ETN se embolsará 32 millones 800 mil pesos mensuales para deportar a los centroamericanos, un monto superior a los 21 millones de pesos que fueron otorgados a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) para operar durante todo 2019.
Genes priistas
Como Peña Nieto, Alcántara Rojas es oriundo de Acambay, Estado de México; es priista e integrante del núcleo político conocido como Grupo Atlacomulco. Su padre y dos de sus hermanos fueron presidentes municipales y legisladores por el PRI, mientras que su primo, el diputado federal Jesús Sergio Alcántara Núñez, fue uno de los operadores políticos más cercanos a Peña Nieto, del que fue suplente en el Congreso mexiquense.
Alcántara Rojas preside el consejo de administración del Grupo Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, SA de CV (IAMSA), y el Grupo Toluca, con los que opera, solo o en sociedad, una treintena de empresas de transporte, entre ellas la aerolínea VivaAerobús, las camioneras ETN, Costa Line, Ómnibus de México y Flecha Amarilla.
Alcántara Rojas también preside la empresa GHO Network, a través de la cual controla 9% de las acciones de Grupo Prisa, que edita el periódico español El País y opera la radiodifusora W Radio, entre otras.
Durante el sexenio de Peña Nieto el empresario obtuvo el jugoso contrato para la operación de los telepeajes con el sistema IAVE: en abril de 2013, Caminos y Puentes Federales (Capufe) –entonces dirigida por Benito Neme Sastré, dos veces compadre de Peña Nieto– otorgó a su empresa Telepeaje Dinámico el contrato para operar el sistema, por un monto inicial de 4 mil 123 millones de pesos.
En los años siguientes, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) incrementó el contrato en varias ocasiones: 264 millones de pesos en mayo de 2014, 153 millones medio año después, y finalmente el contrato se extendió ocho meses en julio de 2018, por adjudicación directa y con un costo adicional de 463 millones de pesos. En resumen: tan sólo con este contrato la empresa de Alcántara recibió más de 5 mil millones de pesos del gobierno federal.
Pero el verdadero beneficio que el empresario obtuvo del gobierno resultó más sutil y mucho más lucrativo: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –dirigida por Gerardo Ruiz Esparza en el sexenio pasado– permitió que cuatro grupos acaparen la enorme industria del autotransporte federal de pasajeros, sin competencia y con sobrecostos de hasta 40%, según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El pasado 10 de abril ese organismo determinó que esos cuatro grupos –entre ellos IAMSA, de Alcántara Rojas– concentran 95% de las 5 mil 877 rutas en el país, y que en ocho de cada 10 casos una sola empresa controla la ruta, lo que le permite imponer sus tarifas de manera discrecional.
En paralelo a este hallazgo, la Cofece continúa la investigación que inició en noviembre de 2017 por “posibles prácticas monopolísticas absolutas” en el sector del autotransporte. Aunque las empresas y la SCT se niegan a dar a conocer la magnitud del negocio, algunos datos permiten vislumbrarla: nueve de cada 10 mexicanos viajan en autobús al menos una vez al año, y en 2017 se vendieron 3 mil 700 millones boletos en el país.
La Cofece señaló que la SCT tuvo una gestión opaca de los permisos de operación y de las concesiones de centrales camioneras, y que sus regulaciones inhiben la participación de otras empresas en distintas rutas, “lo que impide la oferta de más opciones de servicios a mejores precios, en detrimento del bienestar de los usuarios”.
Entre 2015 y 2017 la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT estuvo a cargo del mexiquense Adrián del Mazo Maza, primo lejano de Peña Nieto y hermano de Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México. Al igual que Alcántara Rojas, los hermanos Del Mazo son los herederos de una dinastía mexiquense priista que participó en la fundación del Grupo Atlacomulco.
Se agudiza la crisis
En la zona fronteriza sur del país, la crisis migratoria y humanitaria se agudiza. Cada día cientos de personas –sobre todo familias y menores no acompañados– arriban a Chiapas, a donde se suman a miles de migrantes que esperan su proceso de regularización, a veces durante más de un mes.
El INM cerró su oficina de regularización migratoria en Tapachula y la mantendrá clausurada al menos hasta mayo próximo, lo que les deja a los migrantes tres opciones: aguardar en Tapachula –como es el caso de miles de cubanos y personas originarias de África y Asia–; trasladarse a otros municipios, como Palenque o Comitán, para continuar sus trámites, o emprender una caravana para avanzar en grupo hacia el norte.
Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación y el INM aplicaron medidas poco claras sobre los procesos de regularización y multiplicaron los operativos para impedir el paso de migrantes.
El COMDHSM alertó el jueves 18 sobre “el número de operativos de detención que se han implementado en los últimos días, en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar a la migración”.
El martes 16 el INM envió una circular a las empresas de autotransporte en la que les pidió su “colaboración” para impedir que migrantes indocumentados viajen en las corridas comerciales de sus autobuses.
Párrafos abajo, la misiva, firmada por Luis Alberto Cortés Ortiz, director general de Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM, se vuelve más amenazante: recuerda a las empresas que se las podría inculpar por el delito de tráfico de personas, con penas que van desde multas hasta 16 años de prisión.
“Muchos de los apoyos que reciben las personas en su camino son de la población civil local, quienes de manera solidaria los trasladan a diversos puntos”, recordaron
las organizaciones del COMDHSM, según las cuales la circular pretende “inhibir la ayuda que la población pueda brindar, dejando solos y en situaciones de mayor vulnerabilidad a las personas de la caravana”.
Desde el estallido de la crisis, el INM ha deportado a cinco grupos de migrantes en aeronaves de la Policía Federal, entre ellos a 71 haitianos y 148 cubanos. En comparación, en 2018 fueron repatriados dos haitianos y 156 cubanos.
Las organizaciones señalaron la presencia “casi nula” de la Comar en la región, a pesar de que muchas familias “podrían ser sujetos de protección internacional” y de que, “de ser deportadas sin procesos de identificación, se estarían poniendo en grave riesgo su integridad física e incluso su vida”.
También denunciaron “la falta de información clara sobre los procesos que cada una de las personas tendría que realizar para regularizar su estancia en México, generando graves incertidumbres entre el grupo y llevándolos al límite de su estabilidad emocional, hecho que consideramos un trato cruel, inhumano y degradante”.
Autoridades cómplices
En los dos campos de refugiados que se improvisaron en el municipio de Mapastepec, donde las condiciones humanitarias son “insostenibles”, según el COMDHSM, los agentes del INM llevan 20 días prometiendo a los más de mil 600 migrantes presentes que les entregarán tarjetas de estancia por razones humanitarias.
“En estos espacios hemos documentado la falta de acceso al agua y alimentos, a atención médica, a baños y espacios de aseo personal, así como a espacios adecuados y seguros para dormir. Se carece de espacios adecuados y seguros para mujeres que se encuentran solas con sus hijos, así como para niños, niñas y adolescentes que viajan solos, lo que les expone a diversos riesgos”, deploró el colectivo.
Ante esta espera estéril, un grupo de migrantes se manifestó y forcejeó con autoridades el pasado domingo 14. En los siguientes dos días, la mitad de los ocupantes de uno de estos campos se marchó del recinto.
El lunes 15 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la presencia de más de 2 mil personas hacinadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, cuya capacidad máxima está limitada a 950 personas, y solicitó a las autoridades federales y chiapanecas establecer medidas cautelares para atender la emergencia humanitaria.
Como en octubre de 2018, el INM abrió las instalaciones de la Feria Mesoamericana como extensión del centro de detención, donde instaló a casi 600 personas, la mayoría “mujeres y menores de edad”.
“Junto a la preocupante gestión de la crisis que ofrecen las autoridades, no se vislumbra una reorientación estructural de la política migratoria y de refugio que evite nuevas crisis inminentes, dado el sostenimiento del flujo que llega de personas desplazadas forzadas, y la posible organización de nuevas caravanas”, deploraron las organizaciones civiles.
Entre los defensores de derechos humanos que operan en el sureste impera el temor de que el gobierno de López Obrador regrese a una política migratoria “dura”, bajo la presión del gobierno estadunidense, para impedir que los migrantes lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
La semana pasada, este semanario documentó que el gobierno federal pretende otorgar a la Guardia Nacional facultades en materia migratoria, ya sea mediante el control de las fronteras y de las carreteras, la revisión de documentos migratorios, la detención de personas en situación irregular o la custodia de las estaciones migratorias, entre otras (Proceso 2215).
Figueroa sostiene que “el gobierno mexicano tiene los ojos puestos en las caravanas aquí en Chiapas, pero descuida otras rutas que son totalmente controladas por las redes de tráfico de personas, como en Frontera Corozal y la ruta del Golfo, donde cientos y cientos de personas son traficadas diariamente en tráileres.
“Las redes –enfatiza– operan de manera impune de la mano con autoridades corruptas. Para muestra, el accidente que ocurrió hace unas horas (en la mañana del jueves 18): se volteó un tráiler con aproximadamente 100 migrantes a bordo. Detrás de todo esto están las redes de tráfico: no puede pasar un tráiler con tantas personas sin el visto bueno de las autoridades.”