Camargo es territorio peligroso. Fronterizo con Estados Unidos, colindante con Nuevo León, a medio camino entre Reynosa y Nuevo Laredo, ese municipio tamaulipeco ha sido, desde hace un buen tiempo, espacio de altos niveles de violencia criminal.
Ese peligro quedó de manifiesto el pasado 22 de enero: en el poblado de Santa Anita, ubicado en la esquina sureste del municipio, fue hallada una camioneta pick up con 19 cadáveres calcinados.
Casi diez días después, solo se ha podido identificar a cuatro de las víctimas. Dos eran mexicanos y dos más eran de nacionalidad guatemalteca. En Guatemala, se especula que otras de las víctimas pudieran ser migrantes de ese país vecino, pero eso está aún por confirmarse.
Este hecho terrible no sucede en un vacío. Camargo, como los demás municipios de la llamada Frontera Chica, ha estado desde hace varios lustros en el centro de una disputa entre varios grupos armados.
La región es ruta habitual de migrantes dirigiéndose hacia Estados Unidos. En febrero de 2018, más de 100 migrantes centroamericanos fueron encontrados en la caja de un tráiler en Camargo. En julio de 2019, 60 migrantes fueron detenidos en el municipio por personal del instituto Nacional de Migración. Un mes después, 26 extranjeros fueron descubiertos en una casa de seguridad de la misma localidad. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. A5)
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Las masacres no cesan. El fin de semana antepasado en el ejido de Santa Anita, Tamaulipas, 19 personas aparecieron calcinadas en el interior de dos vehículos, se sospecha que pudieran ser migrantes guatemaltecos. La Secretaria de Gobernación dice que este evento no es equiparable a la masacre acontecida en San Fernando en el 2010, ya que todos los días ven en el gabinete de seguridad los avances del caso y puede decir que “se ha avanzado, y muchísimo”. Ayer mataron a siete personas en una fiesta en Ojuelos, Jalisco, veamos que nos dicen ahora las autoridades. (Carlos Seoane, El Universal, Online)
La caravana hondureña desarticulada por la fuerza en Vado Profundo, departamento de Chiquimula, Guatemala, en este 2021, tiene facetas parecidas a las caravanas de 2018, por lo cual es importante contrastarlas. La ocurrida este enero se integró con 9 mil migrantes dentro del territorio de Honduras, mientras las caravanas de octubre alcanzaron esa cantidad y un poco más, después de que cuatro contingentes se sumaron en distintas fechas a la primera del 12 de octubre.
La caravana de enero, por el número de migrantes decididos a romper las fronteras para llegar a Estados Unidos, permite pensar que éste será solamente el primer intento del año por armar nuevos contingentes. El contexto internacional es hoy un tanto diferente; hace dos años estaba por inaugurarse el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, quien había pergeñado declarativamente una política migratoria humanista consciente de las condiciones compulsivas del éxodo centroamericano. Al contrario, Trump sostenía una política antinmigrante implacable. Al final terminó por imponerse el imperio y México desplazó parte de la Guardia Nacional para vigilar sus fronteras norte y sur, quedando en los hechos como un tercer país seguro, manteniendo a extranjeros solicitantes de asilo dentro de territorio mexicano.
Ahora Estados Unidos inaugura un nuevo gobierno, con Joe Biden, que planteará un camino de otorgamiento de la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, un respiro para los dreamers, volver a la política de asilo anterior a Trump e inversión por 4 mil millones de dólares para Centroamérica. En tanto, el gobierno mexicano se quedó con la obligación de mantener un sistema de contención, consistente en paralizar las poblaciones centroamericanas dentro de sus propios límites territoriales, lo cual eventualmente puede conducirlo a conflictos internacionales. (Leopoldo Santos Ramírez, La Jornada, Política, p. 16)
Exactamente 10 años cinco meses después de la masacre de San Fernando, acontece la matanza de Camargo, ambas poblaciones de Tamaulipas próximas a la frontera con Estados Unidos.
En San Fernando fueron 72 las víctimas, asesinadas con arma de fuego, en su mayoría migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos; en Camargo fueron 19, probablemente procedentes de Guatemala, ultimados a tiros y luego calcinados.
No son hechos aislados. Son producto de la violencia que ejercen en la zona los cárteles que se disputan el trasiego de drogas y el tráfico de migrantes.
Esta violencia ha encontrado en los migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también de otras nacionalidades e incluso mexicanos, víctimas propicias en la batalla por el control de la zona.
Como personas, los migrantes no tienen nada que ver en esa pugna; es en su inaceptable condición de mercancía que quedan en medio de la contienda. (Mauricio Farah Gebara, Milenio, Política, p. 10)
El 20 de enero decenas de migrantes centroamericanos que viven en los albergues de Tijuana vieron con emoción (por televisión, en la mayoría de los casos) el cambio de poderes en Estados Unidos. El inicio de la era Biden representa para ellos la esperanza de reunirse con hijos, hermanos o padres que se quedaron en ese país cuando la administración Trump decidió separar a las familias que llegaron en caravana a pedir asilo.
Buena parte de quienes permanecen aquí pese a la pandemia y a la suspensión de las comparecencias en las cortes de migración de Estados Unidos (hay que recordar el acuerdo con Trump para esperar en un tercer país seguro) lo hacen porque en sus lugares de origen peligra su integridad o simplemente no tienen dinero para irse y volver cuando se reanuden los procesos. Deambulan por Tijuana consiguiendo trabajos temporales y durmiendo en casas de campaña.
La embajadora Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden y coordinadora de la frontera sudoccidental, ofreció el viernes pasado una conferencia de prensa a medios de México y Centroamérica para dar una actualización sobre la política migratoria. Aclaró que la situación en la frontera no ha cambiado, que el mensaje más importante de la nueva administración para los migrantes es no venir de manera irregular a la frontera de México o Estados Unidos. (La Jornada Baja California, La Jornada, Estados, p. 26)
Hasta el liderazgo estamos perdiendo en Centro y Sudamérica. Adelantamos aquí, que después de Canadá, otros países también iban a cerrar sus fronteras con México, porque si en algo está destacando nuestra nación, es precisamente por el manejo de la pandemia de Hugo López-Gatell, a quien Laurie Ann Ximénez, doctora en ciencias médicas e investigadora en microbiología, señala de haber optado por la dispersión de los contagios, negándose a corregir.
Ahora, Guatemala blindó su frontera a fin de evitar el paso de personas con síntoma de COVID-19. Cuba también anunció la reducción de vuelos de aerolíneas procedentes de México e informó que los viajeros que ingresen quedarán en cuarentena; en Cuba hay 11.2 millones de habitantes y es una de las naciones menos afectadas. La Isla no quiere que les llevemos el bicho. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 9)
Cuando la comunidad migrante ejerce su voto desde el extranjero, participa en las decisiones políticas del país, siguen siendo ciudadanas y ciudadanos mexicanos que aportan al fortalecimiento de la democracia y, al mismo tiempo, benefician a sus familiares y amigos que habitan en el país.
A partir de la reforma político-electoral de 2005 a nivel federal, se permitió que las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar en la elección presidencial de 2006. El entonces Distrito Federal modificó su Estatuto de Gobierno para permitir que las y los capitalinos residentes en el extranjero pudieran votar en la elección de la Jefatura de Gobierno y fue en 2012 que nació el llamado Voto Chilango. (Mauricio Huesca, Contraréplica, p. 10)