Opinión Migración 010224
Signos vitales / La tríada AMLO-Fuerzas-Armadas-narco, nuevamente…
Desde hace meses se habla del triángulo López Obrador-Fuerzas Armadas-narco, y sus implicaciones para el país. Yo mismo escribí una columna el 19 de mayo de 2022 en estas páginas, “Una tríada complicada” (https://www. elfinanciero.com.mx/opinion/ enrique-cardenas/2022/05/19/ una-triada-complicada/), en la que mostré evidencias de la conexión bilateral de AMLO con las Fuerzas Armadas, y de AMLO con el narco.
Al final, terminé con este párrafo: “Parece claro, entonces, que el gobierno está apuntalado por las Fuerzas Armadas y que tiene algún tipo de relación no convencional con el crimen organizado. Si ese fuera el caso, ¿existe una interrelación entre los tres componentes que conforman esta tríada? Dado el enorme poder que tiene cada uno de ellos, y a pesar de sus objetivos divergentes, ¿hay posibilidad de que se unan en un proyecto común? ¿Bajo qué condiciones podría ocurrir? Si ese fuera el caso, ¿cuál podría ser ese proyecto común y qué objetivo tendría? ¿Sería presumiblemente para beneficio de los ciudadanos? ¿Qué implicaciones tendría para la República y para la democracia?”
Hoy, casi dos años después, tenemos mucha mayor evidencia de esas relaciones: más dinero y poder a los militares, que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, dudas sobre su lealtad a la Constitución y un largo etcétera. Sobre el narco, se ha mantenido inalterable la estrategia de “abrazos, no balazos” a pesar de su fracaso, el gobierno ha cedido largas extensiones del territorio al narco, permite su lavado de dinero por contrabando, factureras y hasta las remesas, y otro largo etcétera. Una nueva evidencia es la excelente investigación (separadamente) de la periodista mexicana galardonada Anabel Hernández1 y del norteamericano ganador de dos Pulitzer Tim Golden2 sobre las “donaciones” del Cártel de Sinaloa para financiar la campaña presidencial de López Obrador. Este tipo de evidencia está creciendo día con día.
Pero, además, hoy ya podemos proponer respuestas a las preguntas que formulé hace año y medio y que entonces no pude responder: primero, parece más claro que efectivamente sí existe una tríada: AMLO-Fuerzas Armadas-narco. Dos indicios —entre muchos otros— que apuntan en esta dirección: la liberación y repatriación del general Cienfuegos desde los Estados Unidos, además de señalar el poder militar, vino acompañado de una drástica reducción de la cooperación binacional en contra del tráfico de drogas ordenada por López Obrador, cuyos beneficiarios directos son los cárteles. Por otra parte, los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con los grupos criminales son relativamente selectivos. No atacan a todos por igual. Por ejemplo, las cifras de encuentros y muertos en los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa son menores que los que se tienen en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Con qué fin podrían reunirse estos tres poderes? ¿Con qué proyecto? Aquí también ya tenemos más claridad. López Obrador se está apoyando en las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad pública, para el control del tránsito y tráfico de personas nacionales y extranjeras (con el control del Instituto Nacional de Migración), para el control de mercancías que entran y salen del país (hay evidencia que el contrabando de gasolinas, fentanilo y otros productos ha ido en aumento, a un tiempo que el control de las aduanas está ahora en manos militares), para el control del espacio aéreo, terrestre y marítimo. También está claro que el narco se ha incrustado en los procesos electorales y que de ellos depende quién puede contender y quién no, en cada vez más lugares. Hay evidencia que el crimen organizado ha operado del lado de Morena en los últimos procesos electorales y con frecuencia ha sido definitorio del resultado. Incluso, Luis Carlos Ugalde ha señalado la incursión del narco en nuestras elecciones como el riesgo máximo para nuestra democracia. Nuevamente, los artículos antes referidos de Anabel Hernández y Tim Golden son elocuentes.
Así, podemos plantear la hipótesis de que el objetivo por el cual se han “juntado” los narcos, los militares y el gobierno de López Obrador es retener el poder para conservar sus privilegios y negocios. Unos más de índole político, otros de índole económico y otros de índole criminal. Es evidente que la tríada no trabaja para beneficio de los ciudadanos ni para consolidar la democracia. La criminalidad no cede sino más bien avanza, la pérdida de derechos de los ciudadanos continúa, los riesgos de nuestra democracia y porvenir están cada vez más en entredicho. Pareciera, de acuerdo con la hipótesis planteada, que estos tres poderes se han enconchado, son realmente cómplices y se apoyan unos a otros, para sus propios propósitos. Si resulta verdad como parece, ¡pobre México! (Enrique Cárdenas, El Financiero, Opinión, p. 29)
Rayuela
Con el fenómeno de la migración, la Biblia se equivocó: Babel está en Los Ángeles y en Nueva York. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
Cartas de Viaje / La frontera
El presidente Joe Biden sabe que el estallido de la inmigración a su país le puede costar la reelección en Estados Unidos. Anunció hace unos días su intención de cerrar la frontera con México. Nunca antes como en 2023 habían sido detenidos tantos inmigrantes en esa frontera. El problema es percibido como una amenaza por muchos estadunidenses. El gobierno de Texas, por ejemplo, gasta miles de millones de dólares en barreras para frenar la inmigración de México. Colocó hace poco una muralla sobre el agua, a lo largo del río Bravo. Una corte aceptó esa muralla, a pesar de la protesta del Departamento de Justicia. El asunto llegó hasta la Suprema Corte, que por un margen estrecho le dio la razón al Departamento de Justicia. Washington sabe que, si no actúa, puede perder el control de su frontera con México, ante gobiernos como el de Texas.
Jacumba es una comunidad situada en el condado de San Diego, al sur del estado de California, pegada a la frontera con México, a 20 kilómetros del pueblo La Rumorosa, en Baja California. En el censo de 2000, su población tenía apenas 660 personas. En 2023 surgió ahí un campamento para refugiados. Algunos duermen en tiendas de campaña, otros sobre la arena del desierto. Llegan no sólo de Centroamérica; también de China, India y Turquía. The Economist les dedicó un reportaje, ilustrado con fotos y gráficas, que habla con elocuencia de la complejidad de esa frontera. La diversidad del campamento refleja los cambios que han ocurrido.
En 2023, los mexicanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos dejaron de ser por primera vez más de la mitad de los inmigrantes que son detenidos. Ahora, más de la mitad llega de otros países. “Los venezolanos son la parte más importante de este grupo. Pero el año pasado, 43 mil rusos, 42 mil indios y 24 mil chinos también cruzaron la frontera —tras haber sido 4 mil 100, 2 mil 600 y 450, respectivamente, en 2021”. Algunos entran a Estados Unidos por el sur de Canadá, pero la mayoría entra por el norte de México.
Son distintas las rutas que toma la diáspora que converge en la frontera de México con Estados Unidos. Los chinos, en su mayoría, vuelan a Ecuador, donde no requieren visa, para después emprender el largo y peligroso camino a través de las selvas del Darién. Los cubanos, que han estado saliendo masivamente de su país, vuelan a Nicaragua, para seguir de ahí a pie, con la esperanza de recibir un trato más generoso en la frontera con Estados Unidos.
Los turcos suelen volar a Tijuana, en México, para caminar después hasta California. Los indios, en fin, con frecuencia aterrizan en El Salvador, para unir ahí sus destinos al resto de los inmigrantes que caminan hacia el Norte. Cada nacionalidad tiene predilección por una parte de la frontera: los indios suelen cruzar por Tucson, Arizona, mientras que los rusos y los chinos pasan normalmente por San Diego, California.
¿Qué explica este estallido de la inmigración hacia Estados Unidos? Varias razones, entre ellas una con la que concluye su reportaje The Economist: “El poder persistente de la idea de ese país como tierra de la oportunidad. Para muchos inmigrantes en Jacumba no existe ningún otro lugar por el que estén dispuestos a arriesgarlo todo —su dinero, su seguridad— para poder llegar”. (Carlos Tello Díaz, Milenio, Política, p. 10)
Prima Facie / Propuesta arriesgada
La propuesta del presidente Joe Biden de cerrar la frontera entre su país —Estados Unidos— y México desató una serie de controversias, así como debates sobre migración y relaciones internacionales. En medio de la búsqueda de soluciones presupuestarias para apoyar a Ucrania, la viabilidad de la medida planteada por el mandatario estadounidense generó preocupaciones y plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias.
Biden argumenta que el cierre de la frontera es esencial para abordar desafíos financieros, destacando su respaldo a un plan bipartidista de inmigración. Sin embargo, un eventual cierre de la frontera plantearía desafíos financieros significativos, con todos los costos operativos, recursos humanos y logísticos que ello implica.
Recordemos que Estados Unidos es un país donde la retórica antiinmigrante se ha convertido en plataforma política. De ahí que la condición de los legisladores republicanos para aprobar la propuesta del Ejecutivo sea endurecer la política migratoria, lo cual da pie a una compleja conexión entre ese tema y el presupuestario.
Las declaraciones de Biden no pasaron desapercibidas en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la postura como “demagógica”, cuestionando así la viabilidad y eficacia de cerrar la frontera y recordando experiencias pasadas con propuestas similares, en clara referencia a la idea de construir muros.
Desde una perspectiva económica, el cierre de la frontera impactaría negativamente en el comercio bilateral. Los sectores empresariales de ambas naciones enfrentarían consecuencias adversas y la incertidumbre generada podría repercutir en la economía regional; además, las restricciones comerciales causarían estragos en los estados y comunidades fronterizos que dependen del intercambio económico.
Por otra parte, el presidente Biden reconoció el desafiante sistema migratorio que heredó y, en más de una ocasión, ha mostrado voluntad para buscar soluciones estructurales. Por ello, cerrar la frontera —aunque pueda parecer una medida inmediata— no resolvería el problema de raíz; al contrario, podría exacerbar la crisis, al forzar los flujos migratorios por rutas más peligrosas para las personas.
En un año electoral para Estados Unidos, donde la inmigración se convierte en un tema candente, la propuesta del presidente Biden (quien busca la reelección) se podría considerar estratégica, pero arriesgada, toda vez que también pudiera generar tensiones diplomáticas y críticas internas, además de afectar la imagen de su gobierno.
La propuesta de cerrar la frontera plantea preguntas importantes sobre la efectividad de las medidas unilaterales y sus consecuencias en la región. En un contexto en que las soluciones conjuntas son esenciales, tomar decisiones apresuradas podría tener serias consecuencias a largo plazo, y las promesas de seguridad presupuestaria pueden chocar con la realidad económica y migratoria.
Por ello es fundamental que este tipo de planteamientos no solo se basen en la retórica política, sino que aborden efectivamente los problemas sistémicos subyacentes. (Ricardo Monreal Ávila, 24 Horas, Estados, p. 11)
Economía y sociedad / Contexto global de dificultades
4 MIGRACIÓN. Si la migración mundial fuera un país, sería el quinto más poblado después de China, India, Estados Unidos e Indonesia. Suma 290 millones de personas. Son los parias del mundo. Pasan todas las pruebas del infierno, delincuencia organizada, retenes, extorsiones, xenofobia, antes de llegar a su destino incierto. Pese a los riesgos, los migrantes siguen queriendo instalarse en Estados Unidos o en Europa. Nadie quiere irse a Moscú o a Pekín. (Sergio Mota Marín, El Economista, El foro, p. 47)
Desde Afuera / México en la agenda de crisis
Hace casi 15 años, en una columna, escribí que “tanto o más que el hecho en sí, la creciente percepción de inseguridad en México podría convertirse en el foco de atención para grupos políticos estadounidenses que, como la derecha republicana, buscan ahora temas que les permitan mantener su paranoica percepción del mundo.
“La posibilidad de que la violencia en México llegue a convertirse en un problema de seguridad nacional y peor aún, una cuestión de política doméstica para Estados Unidos, está presente en la mente de muchos de los elementos familiarizados con la compleja relación bilateral.
“La atención de la burocracia política y los encargados de política exterior estadounidenses está normalmente en lo que podría definirse como una agenda de crisis y en ese sentido, México no está ahí. Pero la creciente atención pública puede llevar a mayor interés político…”
Sólo una cosa ha cambiado desde que escribí esa columna, el 23 de febrero de 2009, los tiempos gramaticales y su carácter. La percepción de inseguridad es ahora parte de la imagen de México, dentro y fuera del país; y la posibilidad de que la violencia se convierta en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos está invocada en el discurso electoral de muchos republicanos.
De hecho ese sector político estadounidense usa del tema para hacer creer a parte de su audiencia que sus enemigos externos, esos que se encuentran en su frontera sur, aprovechan o pueden aprovechar la situación en México para infiltrarse en su país.
La agenda política estadounidense es una de crisis, reales o fabricadas. La situación de la frontera, como reflejo de lo que ocurre en México, parece unir ambas características: no es buena, pero quién sabe si sea tan mala como la presentan Donald Trump y sus aliados, que denuncian “invasión” y han llegado a proponer acciones militares contra los cárteles en México.
En alguna medida, es una crisis fabricada con fines electorales, para tratar de poner al gobierno del presidente Joe Biden, aspirante a reelegirse, como ineficiente y débil.
Trump y los suyos promueven la idea de que el gobierno mexicano está influenciado por narcotraficantes así como medidas de endurecimiento fronterizo contra presuntos inmigrantes y traficantes.
En respuesta, Biden adoptó propuestas migratorias y de control fronterizo que son virtualmente las mismas que agitan Trump y los suyos, pero también asume un trato cortés y de diálogo hacia el gobierno mexicano.
La cuestión migratoria y los temas paralelos de narcotráfico y la vulnerabilidad de la frontera se han convertido, pues, en parte de la agenda política estadounidense.
En principio parece difícil visualizar que pueda hacer o no el gobierno mexicano para presentar una visión distinta. Es un año electoral, en ambos lados de la frontera, y aunque los gobernantes como tales puedan ser cuidadosos, la retórica propia y de los aliados políticos no lleva exactamente a entendimientos. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
Razones / Las declaraciones de los narcos
No creo en los testigos protegidos que no pueden comprobar sus dichos con pruebas materiales. El que un narcotraficante declare, años después de ser detenido y a cambio de su libertad, que entregó dinero o que tuvo complicidad con alguna persona o funcionario, pierde credibilidad si no puede respaldarse con datos duros. Eso se aplica al presidente López Obrador o a García Luna, al caso Ayotzinapa o a cualquier otro.
En Estados Unidos, el reconocido periodista Tim Golden publicó una amplia investigación en la que cuenta cómo Roberto López Nájera, conocido como el testigo protegido Jennifer, testificó ante la DEA que entre 2009 y 2010 había sido abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y que había participado en una reunión en 2006, en Nuevo Vallarta, con políticos, que decían representar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y narcotraficantes, incluyendo a La Barbie. En ese encuentro se llegó a un acuerdo para financiar la campaña de López Obrador en el 2006. Eran los años en los que los Beltrán Leyva, todavía parte del Cártel de Sinaloa, tenían una amplia presencia en la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, además de Sinaloa y Sonora.
Ese testimonio es coincidente con el que maneja la fiscalía del sur de Nueva York, que tendría abierta una investigación sobre la presunta entrega de dos millones de dólares del cártel de los Beltrán Leyva a la campaña presidencial en el 2006. Esta segunda información está relacionada con la primera, porque involucra al mismo cártel. Uno de los personajes es Sergio Villarreal, El Grande, uno de los jefes de sicarios de los Beltrán Leyva, convertido también en testigo protegido, y otro es Jesús El Rey Zambada, que en el 2013 ya había declarado ante la DEA que habían financiado la campaña de 2006 de López Obrador a través de quien era entonces el subsecretario de Seguridad del gobierno capitalino, Gabriel Regino, que se especulaba que sería, dijo el hermano de El Mayo Zambada, el titular de Seguridad federal si ganaba López Obrador la Presidencia.
El problema es que la información surge de la misma fiscalía del sur de Nueva York que juzgó al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna, y ese testimonio se presentó en el juicio contra García Luna. Ahí, cuando el abogado defensor de García Luna interrogó a Zambada sobre el presunto aporte a la campaña de López Obrador en el 2006. El hermano de El Mayo, también testigo colaborador de la fiscalía, dijo que había pagado ese dinero a Gabriel Regino, pero que no era para López Obrador, cuando el abogado defensor ahondó más en el tema, la fiscalía interrumpió el interrogatorio porque dijo que ése no era el tema del proceso. Y el juez Brian Cogan lo aceptó.
Pero lo cierto es que la investigación está abierta en la fiscalía de Nueva York, que El Grande, El Rey y Jennifer han sido testigos creíbles para esa fiscalía y a todos ellos les han dado beneficios por este tipo de testimonios. Insisto, esos testimonios, desde mi punto de vista, no son válidos porque no se sustentan en pruebas materiales, no sirven para condenar a Genaro García Luna, pero tampoco para proceder contra Gabriel Regino y tampoco contra el presidente López Obrador, que calificó esas denuncias como una “vil calumnia”.
El problema es cuando se hacen selectivas esas opiniones. Si esa investigación, basada en esas acusaciones, son una calumnia contra López Obrador, también lo serían contra García Luna, porque el juicio contra éste se basa solamente en esos mismos testigos y sus testimonios, sin una sola prueba material. Muchas veces hemos dicho que ése es el riesgo inherente al aceptar este tipo de testimonios y hacerlos buenos sin pruebas que los respalden, y es que se pueden convertir, como ocurre ahora, en un búmeran.
Además, todo esto ocurre en un momento en que en México se politiza y se manipula la procuración de justicia en forma notable. Ahí está el informe de Transparencia Internacional que nos coloca en una posición global lamentable (número 126 de 180 naciones estudiadas, por debajo de buena parte de las naciones latinoamericanas) en el índice de corrupción, precisamente por ese tema. Pero, inevitablemente, cuando aquí politizamos y manipulamos la justicia con fines políticos, eso también se refleja en las acusaciones que se hacen contra personajes en México, sean García Luna o López Obrador.
Además, como comentábamos esta misma semana, se enlaza con un momento muy particular, el del endurecimiento del discurso antiinmigrante en Estados Unidos, que ya abarca desde el presidente Joe Biden hasta Donald Trump, ante lo que consideran poca colaboración de México para frenar la migración, con amenazas serias de cerrar la frontera.
Y con agravantes. Dijo el presidente López Obrador sobre la última reunión de diciembre en Washington de funcionarios estadunidenses y mexicanos, que para resolver el tema migratorio y, por ende, la crisis en la frontera, entre otras dos medidas (financiamiento y amnistía), la Casa Blanca debía levantar el bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela, los otros dos grandes países exportadores de migrantes, junto con México, hacia Estados Unidos. Las sanciones no se suspenderán en ninguno de los dos casos. En Venezuela se rompieron todos los acuerdos con la inhabilitación a María Corina Machado como candidata presidencial (tiene un 70% de aceptación en las encuestas), ante lo cual, por cierto, el gobierno de López Obrador no ha dicho una palabra. El apoyo de Andrés Manuel a Díaz-Canel y a Maduro sigue siendo inmutable.
El gobierno federal ha hecho de aprendiz de brujo y ha echado a andar fuerzas que no va a poder controlar. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 4)
El Informe Oppenheimer / Lamentable silencio sobre Venezuela
Los Presidentes de México, Brasil, Colombia y España dicen ser defensores de la democracia en todo el mundo, pero demostraron ser todo lo contrario al permanecer en silencio tras el más reciente atropello a las normas democráticas del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Ninguno de estos jefes de Estado se unió a las protestas internacionales cuando el régimen chavista ratificó el 26 de enero la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado para presentarse en las elecciones presidenciales que constitucionalmente deben realizarse en 2024. Machado había ganado las primarias de la Oposición en octubre con más del 90 por ciento de los votos.
Horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por Maduro- anunciara que Machado no podrá postularse, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Francia, entre otros países, condenaron o expresaron su preocupación por el fallo.
Machado afirma que se presentará de todos modos, con la esperanza de que la presión nacional e internacional obligue al régimen de Maduro a dar marcha atrás.
Los países que protestaron contra la inhabilitación de la candidata dicen que Caracas ha roto un compromiso que asumió en las negociaciones con la Oposición mediadas por Noruega en Barbados el año pasado. Ese acuerdo exigía que Venezuela celebrara elecciones justas en 2024.
Además, funcionarios de los países que critican la decisión de Maduro señalan, con razón, que una nueva farsa electoral en Venezuela afectaría a todos los países de la región, porque podría dar lugar a una nueva ola de migrantes venezolanos.
En una entrevista la semana pasada, Machado me indicó que “si Maduro no hace elecciones y por la fuerza nos ataca, podemos llegar a ver en pocos meses a uno o dos millones de migrantes más”.
Incluso antes de su más reciente prohibición de competir, la candidata opositora debía hacer frente a enormes obstáculos para hacer campaña. Según me explicó, la censura gubernamental no le permite aparecer en los principales medios, y no puede viajar en avión al interior del país porque las aerolíneas tienen órdenes de no dejarla abordar.
“¿Sabes cuántas entrevistas yo tuve en televisión abierta en medios importantes de enero a diciembre del año pasado? ¡Cero!”, me comentó.
“Estoy absolutamente censurada”.
Machado se hace escuchar a través de las redes sociales (tiene 4.4 millones de seguidores en X, antes Twitter, y 2.4 millones en Instagram) y a través de expatriados que envían videos de sus entrevistas con medios extranjeros a sus familiares en Venezuela, me señaló.
El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Ejecutivo colombiano, Gustavo Petro, no tienen excusa alguna para permanecer en silencio ante los abusos de Maduro.
No pueden pretender que no se meten en los asuntos internos de otros países, porque lo hacen casi a diario. López Obrador declaró recientemente que el nuevo Presidente de derecha argentino, Javier Milei, es un “facho” y que la Mandataria constitucionalmente designada de Perú, Dina Boluarte, es una “usurpadora” del poder.
Por gracioso que parezca, mientras se proclama un defensor de la democracia, López Obrador hace poco le otorgó la medalla más importante de México para extranjeros al dictador cubano Miguel Díaz-Canel.
Al igual que López Obrador, al momento en que escribo estas líneas cuatro días después de la inhabilitación de Machado, Lula y Petro han permanecido callados sobre el tema.
Irónicamente, Colombia y Brasil están entre los países que más tienen que perder si Venezuela no resuelve su crisis mediante elecciones justas. Colombia ya tiene 2.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos -más que cualquier otro país- y Brasil tiene 510 mil, que están sobrecargando sus escuelas y hospitales, según nuevas cifras de las Naciones Unidas.
El Gobierno del Presidente estadounidense, Joe Biden, hizo bien en anunciar días atrás que restablecerá algunas sanciones a Venezuela y podría restituir otras en abril si Maduro no revoca la inhabilitación de Machado. En contraste, el silencio cómplice de los Mandatarios de México, Brasil y Colombia es vergonzoso. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 13)
Moneda en el aire
Más unidos San Diego y Tijuana
Estas dos ciudades tienen mucho en común, comparten aproximadamente un millón de cruces fronterizos diarios y es sin duda la frontera con mayor frecuencia de cruces en el mundo y eso estiman genera casi 45 mil millones de dólares al año en comercio a través de los puertos de entrada de Tecate y Otay Mesa.
Ahora, además de eso, compartirán un millón de dólares que la Fundación Prebys, que dirige Grant Oliphant les donará, esto porque la Organización Mundial del Diseño o World Design Organization (WDO), con sede en Canadá y que promueve el diseño, las nombró como la Capital Mundial del Diseño 2024 (WDC 2024).
Es la primera vez que la WDO da este nombramiento a la vez a dos ciudades de diferentes países y parte de los desafíos que se analizarán en el año de esa zona transfronteriza son la viabilidad de la vivienda y temas migratorios.
Por lo pronto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, que por cierto es la misma que liquidó la deuda de la ciudad; y el alcalde de la ciudad de San Diego, Todd Gloria, serán los que durante este año, además de seguir fortaleciendo la parte financiera de ambas ciudades, el WDC les permitirá lograr trabajos conjuntos, para atender vivienda, empleo, migración y preservación y sostenibilidad de la zona que hoy enfrentan y que es algo que debe atenderse ya. (Jeanette Leyva Reus, El Financiero, Economía, p. 6)
Cartones
Presunto depredador a casa
(Rocha, La Jornada, Política, p. 5)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 31/01/2024