Según los últimos datos del Instituto Nacional de Migración, tanto el mercado de los viajeros estadunidenses como el de los canadienses que vienen a México se siguen recuperando; pero ahora el faltante es el turismo británico.
De hecho, los viajeros colombianos ya se han convertido en el tercer mercado emisor hacia México; cuando antes de la pandemia los británicos tenían esa posición.
Cada mercado tiene sus características y, por mucho, el estadunidense es el más rentable para México.
El viajero estadunidense está acostumbrado a gastar por encima del promedio, pero, además, no es un público particularmente exigente.
En los hoteles de playa en México especializados en ese mercado ya saben que a los estadunidenses les gusta cenar temprano, que, en promedio, no dedican más de una hora a esa actividad, incluso en las llamadas cenas románticas.
Además, cuando terminan se van a los bares y la costumbre es pedir unas cervezas y algún licor; esto es excelente para los hoteles “todo incluido”, pues sólo necesitan tener bares con barras largas, buen ambiente y el costo de estos viajeros es relativamente bajo para ellos.
En cambio, los mexicanos son mucho más costosos, pues hacen sobremesas largas, lo que evita usar más las mesas y, además, buscan qué es lo más caro de las barras y allí enfocan sus pedidos.
El viajero colombiano se caracteriza por ser medido en sus gastos y también por hacer en México estancias cortas de cinco días a máximo una semana.
Mientras que los británicos acostumbran venir por dos semanas y, aunque también optan por paquetes en hoteles todo incluido y cuidan su presupuestos, México les resulta muy barato debido a la paridad del peso contra la libra esterlina, algo que los alienta a gastar.
La falta de visitantes británicos tiene consecuencias indeseables para el negocio turístico mexicano, no sólo en términos del número de habitaciones que no ocupan, sino a la derrama, que tampoco está llegando.
Hace 10 años había una situación parecida y el Consejo de Promoción Turística de México, entonces bajo la conducción de Rodolfo López Negrete, lanzó una campaña muy agresiva para promover a México en los mercados británicos. Una fiesta espectacular en la Torre de Londres; una muestra gastronómica en el Museo de Historia Natural y todo coordinado en torno al World Travel Market (WTM), la feria de turismo británica que se realiza habitualmente en noviembre, fueron el prólogo de una campaña de publicidad y otra de relaciones públicas con los medios y la industria.
El gobierno mexicano invirtió más de 10 millones de dólares en todo eso, lo que para algunos pudo haber sido un derroche injustificable en un país con tantas carencias como México.
Pero los resultados fueron notables y Gran Bretaña se convirtió en el tercer país emisor de viajeros a México, que en algunos años superaron los 600 mil.
Es obvio decir que la inversión estuvo plenamente justificada, pues el negocio que esto generó para México tuvo grandes frutos. Hoy haría falta una campaña de reposicionamiento de México en el mercado británico, pero como país no existen los recursos ni el organismo capaz de orquestar la estrategia y sólo algunos destinos como Los Cabos y el Caribe Mexicano pueden hacer esfuerzos aislados.
Un ejemplo concreto de cómo el vilipendiado CPTM tenía el músculo para generar resultados que le hacen falta al país. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 4)
Uno de los elementos ideológicos y culturales más relevantes en la formación de los Estados nacionales era el poderoso sentido de pertenencia y de arraigo en un territorio. La idea de la soberanía nacional aún ahora se fundamenta en una de sus aristas, precisamente en la capacidad de determinar lo que se hace o no se hace en determinados límites espaciales.
Frente a ello, el drama migratorio que se vive en diferentes regiones del mundo pone en tensión precisamente esa idea, en el sentido de que los Estados a los que originalmente pertenecen las personas no tienen la capacidad de cumplir y hacer cumplir lo que marcan sus constituciones y sus marcos jurídicos, ante lo cual las personas deciden abandonarlo todo, y poner en riesgo sus vidas para buscar un mejor lugar dónde vivir.
La cuestión es de una gravedad mayor por todo lo que implica en términos políticos, económicos y culturales. Y ello obliga a pensar en el fenómeno migratorio del siglo XXI, el cual está siendo provocado por factores más allá de la pobreza: por un lado, la violencia, y por el otro los dramáticos efectos del cambio climático y la pérdida del capital natural de los territorios.
América Latina es, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la región más violenta del mundo, si se mide por la tasa de homicidio intencional. En efecto, entre los diez países que no están en guerra y que tienen los peores indicadores en esta materia en el planeta, ocho son de nuestra región: Jamaica, Venezuela, Honduras, Bolivia, México, Belice, Brasil y El Salvador. Entre ellos, si se toman los de mayor número absoluto, incluido Colombia, que está entre los 20 de mayor tasa a nivel mundial, la suma de asesinatos en el 2021 es de, al menos, 133,500 víctimas de homicidio intencional.
Asimismo, la Organización Internacional de las migraciones estima que en Estados Unidos de América habitan ya alrededor de 50 millones de personas que han llegado en los últimos 30 años; de las cuales, al menos el 80% provienen de México y de países latinoamericanos; pero, además, los desplazamientos internos en ese mismo país, pero también en Canadá, han crecido aceleradamente por el cambio climático, pues se estima que al menos 1.5 millones de personas se movieron de sus lugares de residencia debido a los efectos de los incendios forestales. Lamentablemente, no se tiene un registro así para nuestra región.
Adicionalmente, hay factores disruptivos que complejizan aún más esta situación, entre los que destacan al menos tres: en primer lugar, la política, pues a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, el discurso racista y antiinmigrante cobró nuevo vigor en aquel país, dando como resultado enormes presiones al gobierno mexicano para cambiar su política migratoria y convertirnos, en los hechos, en un “tercer país de asilo” y en el muro de contención de los flujos migratorios del sur.
En segundo lugar, la emergencia sanitaria de la covid-19, que obligó, ante el desastre económico en la región, a que decenas de miles de personas decidieran dejar sus países de origen, incluido México, pues fue precisamente a raíz de esta emergencia que una vez más se intensificó el flujo migratorio hacia aquel país.
En tercer término, está la violencia, con el añadido de la extendida presencia y capacidad operativa del crimen organizado, el cual se ha convertido en una auténtica amenaza contra las personas que emigran, pues pueden ser víctimas tanto del robo, la extorsión, el secuestro o incluso del asesinato.
Las capacidades de respuesta de los gobiernos latinoamericanos ante esta problemática son limitadas; más aún en países con democracias erosionadas, economías sumamente débiles y ausencia de liderazgos con la capacidad suficiente de transformar estructuralmente a sus países para transformarlos en territorios donde la vida en dignidad no sólo sea posible, sino que se convierta en condición permanente para quienes los habitamos. (Mario Luis Fuentes, Excélsior, Nacional, p. 12)
Hace ya tiempo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México trabaja a marchas forzadas. La saturación ha llegado a un nivel tal, que existen riesgos latentes para sus usuarios. Además de peligroso, es muy ineficiente. La espera promedio para recoger maletas es de 50 minutos y las filas para cruzar migración son más largas que nunca. El primer trimestre de este año, cuatro de cada diez vuelos presentaron retrasos. De acuerdo a la Agencia Federal de Aviación, sólo algunos de ellos fueron causados por las aerolíneas. La enorme mayoría es atribuible a la operación del aeropuerto que, para colmo, es crucial para la aviación nacional y la conectividad de todo el país. Es el que moviliza a más pasajeros: el año pasado superó los 36 millones y la tendencia en este 2022 indica que la cifra será aún mayor.
Todo esto ocurre con una Terminal 2 que corre el riesgo de tener derrumbes por daños en su estructura y con pistas que son cerradas durante horas porque presentan baches. Ante esto, habrá en los próximos meses cierres durante la noche para hacer reparaciones. Esto podría generar que los retrasos aumenten aún más. Es por eso que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ha pedido que las obras de rehabilitación generen la menor afectación para la operación de los vuelos.
Aun trabajando a marchas forzadas, el AICM genera una importante cantidad de recursos. Lamentablemente, lo que se cobra de TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) no se destina a su mantenimiento. Durante el gobierno de Vicente Fox, el dinero recaudado se destinó para construir la Terminal 2 y para la emisión de bonos por 6 mil millones de dólares para la construcción del fallido Aeropuerto en Texcoco.
Por otro lado, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha logrado posicionarse como una opción. A cuatro meses de su inauguración sigue teniendo una muy baja afluencia de pasajeros. Los datos más recientes indican que en junio movilizó a poco más de 32 mil pasajeros, mientras que en el AICM volaron durante el mismo mes más de 3 millones de personas. Si bien es habitual que a un aeropuerto nuevo le tome tiempo aumentar su oferta, en el caso del Felipe Ángeles no ha habido un aumento paulatino de operaciones. De hecho, hiló dos meses (mayo y junio) con un descenso de pasajeros.
Texcoco no ocurrió, el AIFA no se usa y el AICM se hunde. Hay aeropuertos en otras ciudades del país que han atendido una parte de la demanda de conectividad. Aun así, la Ciudad de México sigue siendo central para la aviación nacional. Buena parte de la recuperación del turismo y de otras industrias depende de una mejor conectividad. Urge que contemos con una solución integral y de largo plazo. Son muchos los empleos que están en juego. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p. A20)
En los círculos de decisión de alta burocracia de la Casa Blanca están enredados -por no decir que hechos bolas- con los efectos de las sanciones que pudieran derivarse de las quejas de empresas estadounidenses por malos tratos del Gobierno mexicano en el área energética. Sobre todo, hay muchas dudas de que pudiera llegarse el tema de las sanciones arancelarias a México.
La administración de Donald Trump jugó rudo con México en 2020, y amenazó con castigos arancelarios si el Gobierno mexicano no detenía de manera contundente las caravanas de migrantes que se dirigían de Centroamérica a la frontera del río Bravo. Lo interesante del tema entonces estuvo en que la Casa Blanca nunca se detuvo a pensar -o no le interesó- el efecto económico en México de sanciones arancelarias: desaceleración, desempleo y más migración.
Ahora parece que México está jugando rudo con Estados Unidos: la decisión de mantener las restricciones a empresas estadounidenses en el área energética ya pasó la primera de las tres etapas de los conflictos y controversias: las consultas. Ahora vienen los paneles formales y jurídicos de presentación de pruebas y la tercera etapa serán las sanciones económicas que implicarán un castigo productivo a México y estarían desde ahora preocupando por sus efectos recesivos y el aumento en la migración fronteriza.
La Casa Blanca de Biden tendría que llegar a enfrentar -si es que no lo ha hecho ya, a pesar de sus restricciones burocráticas- el dilema que siempre ha estado presente en las relaciones con México: acuerdos comerciales que involucran a empresas o la relación de seguridad nacional que se crea por encima de cualquier controversia. Ante castigos arancelarios, a México le bastará disminuir la vigilancia de su lado fronterizo y dejar que Estados Unidos pague el costo de su arrogancia.
Zona Zero
La frontera México-Estados Unidos tendría, en resumen, cinco temas delicados que afecta más a los americanos: el flujo de droga, el cruce creciente de migrantes ilegales, el contrabando de todo tipo de bienes y servicios, el tráfico de armas y una sociedad agobiada por la violencia, la corrupción y en dominio territorial por todo tipo de organizaciones delictivas binacionales. En términos estrictos, la frontera México-EU es una bomba de tiempo. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 13)
Nuestro principal competidor es el uso de dinero en efectivo. Con la digitalización y múltiples opciones buscamos que los receptores de remesas en México analicen por qué somos mejor opción que el efectivo, y la alianza con Western Union nos permitirá cuidar más a nuestros clientes”, destacó Pedro Rivas, director general de Mercado Pago.
Y este es precisamente uno de los valores que Western Union analizó para impulsar el acuerdo del uso de tecnología de ambas empresas. “Compartimos valores y la propuesta acordada es valiosa porque coadyuva a la inclusión financiera con herramientas fáciles de uso desde el sillón de la casa, costos competitivos dentro de la industria y regulación estricta para evitar lavado de dinero. Ofrecemos seguridad y confianza”, puntualizó Pablo Porro, director de Western Union México.
Ambas instituciones realizaron pruebas piloto y en los primeros seis meses registraron que el promedio de envíos de remesas rondó alrededor de 285 dólares, que 70 por ciento de los receptores tienen entre 25 y 45 años, según datos de la fintech, y que las principales ciudades receptoras fueron CdMx, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y Reynosa.
Rivas y Porro comentaron que más de 70 por ciento de las remesas se cambian por efectivo, y que por eso “tenemos que vencer a nuestro principal competidor con opciones diferentes y sencillas”. Mercado Pago y Mercado Libre invirtieron este año mil 400 millones de dólares para ofrecer una mayor digitalización en todas sus operaciones.
Mercado Pago ofrece a sus clientes de remesas utilizar los recursos obtenidos para el pago de servicios como teléfono y luz, para generar rendimientos y ahorros, para recargas telefónicas y transferencias, recibir una tarjeta de débito de Mastercard, realizar operaciones comerciales en línea y tener acceso al crédito. “Todo esto para reducir el uso del efectivo”.
Western Union opera en más de 200 países y territorios, y en todos tiene diálogo abierto con las instituciones reguladoras para mejorar los mecanismos “de cuidado al cliente” con monitoreo extremo para seguir con transparencia una transacción, y combatir todo tipo de operaciones ilícitas. “Dedicamos muchos recursos y esfuerzos para la salud de nuestras transacciones”, expuso Porro.
Pedro Rivas detalló que cualquier usuario podrá utilizar las remesas como quiera, incluso su retiro total, pero que el objetivo principal es que hagan retiros parciales “para que usen los fondos de manera adecuada. Queremos influir de forma determinante en la inclusión financiera de las personas y familias, y tenemos opciones digitales de uso sencillo y práctico. A pesar de que es muy reciente el acuerdo, los resultados revelan que vamos por buen camino porque muchas operaciones ya buscan otras opciones diferentes al efectivo”. (J. Jesús Rangel M., Milenio, Negocios, p. 24)