No es, propiamente, que el fenómeno de las caravanas de migrantes que intentan atravesar nuestro país esté poco documentado. La academia, los medios y las organizaciones de activistas ofrecen números y análisis desde varios puntos de vista, todos o casi todos desoladores.
Lo que hace único a Los muros de aire y otras crónicas de frontera, el libro de Yael Weiss publicado hace poco por Debate, es que ofrece un primer plano de la migración, es decir, un testimonio a pie del terreno, y un testimonio lleno de sorpresas. Las cinco historias que incluye Los muros empiezan en 2018, luego de un viaje a Tijuana de la autora, y atraviesan la pandemia para llegar a 2022, en cinco geografías tanto de la frontera norte como de la del sur, probablemente la más cruel y caótica: la mencionada Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Tenosique y Ciudad Hidalgo.
En todas ellas, Yael abre ojos y oídos, e incluso el gusto y el olfato, para hablar con un mosaico de personajes que nos acercan una imagen de la migración ajena al cliché. Ahí están, sí, los conocidos peligros de las maras, y la pesadilla de atravesar el Darién, ese tapón selvático tapizado de cadáveres, y los traficantes de personas, y la corrupción policiaca, y la comida precaria y desagradable, o la otra pesadilla, la burocrática, junto con las historias de disfuncionalidad de los varios países que arrojan a sus ciudadanos al nomadismo, y junto con ese tren que atraviesa nuestro país con las multitudes en el techo, la famosa Bestia, todo narrado en primera persona por los migrantes.
Pero también están el descubrimiento de que esas multitudes resultan más politizadas de lo que podría suponerse, y las muestras de solidaridad, y el recordatorio de que no son una población homogénea, lejos de ello, y sobre todo la evidencia más dolorosa: que entre los países disfuncionales de la región se encuentra el nuestro.
En la misma medida que un retrato de la migración, Los muros de aire es un retrato de México nada favorecedor. Para los migrantes, somos la crueldad de los centros migratorios, la corrupción de policías y militares, las cargas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración al servicio de los vecinos del norte, el prejuicio xenófobo y sobre todo la amenaza del crimen organizado, ese Estado paralelo que ha dejado reclutamientos forzosos y masacres, ante la incapacidad o la franca complicidad gubernamental.
Es decir, para los salvadoreños, hondureños, venezolanos o cubanos nosotros somos los gringos o, más bien, algo mucho peor que los gringos. Muy recomendable, pues, meterse a las páginas de este libro, que, valga el lugar común, es literalmente un espejo. (Julio Patán, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Con el fin de la emergencia nacional que el gobierno de los Estados Unidos declaró por la pandemia de Covid-19, concluyó la vigencia del Título 42; normativa que prohibía la entrada de migrantes a los EU que pudieran suponer un riesgo para la salud pública. Esta legislación permitía a las autoridades estadounidenses expulsar a los migrantes sin llevar a cabo el procedimiento ordinario estipulado en la legislación sobre migración en los EU.
El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho humano para buscar y recibir asilo político en casos de persecución. En este sentido, el derecho no puede ser invocado contra una acción judicial originada por delitos comunes, o por actos contrarios a los principios de la Organización de las Naciones Unidas.
La validez del Título 42 se encontraba sujeta a que la alarma sanitaria nacional siguiera vigente. Bajo esta legislación, más de 2.8 millones de solicitantes fueron rechazados en las fronteras de los EU con el fundamento de esta legislación. En reiteradas ocasiones, autoridades del poder judicial de los EU revisaron la legalidad del Título 42 a contraluz del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Título 8 del Código de los Estados Unidos, pero esta legislación nunca fue revocada en su totalidad.
El Título 8 del Código de los Estados Unidos, estipula, entre muchos más aspectos migratorios, la forma para solicitar asilo político. Toda persona que busque ingresar a los Estados Unidos por razones de persecución política en su país de origen o por tener un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones o pertenencia a un grupo social determinado (8 U.S.C. § 1101) pueden solicitar asilo.
Es el caso de que el estado de Nueva York ha recibido una cantidad de solicitantes de asilo incontrolable, especialmente la Ciudad de Nueva York. La última actualización del alcalde de la ciudad señala que más de 116 mil migrantes han pasado por los centros de admisión desde marzo del año pasado. De este número, se estipula que alrededor de 60 mil migrantes son solicitantes de asilo que se han establecido dentro de los 5 condados de la ciudad. La administración del alcalde Adams ha abierto 206 refugios de emergencia y 16 centros de ayuda humanitaria; y el 15 de septiembre, se celebró un contrato de arrendamiento con el gobierno federal para utilizar el campo Floyd Bennett para albergar a más solicitantes. El gobierno de la Ciudad de Nueva York, además de brindar asilo, asesora a los solicitantes para que realicen con éxito los procesos migratorios de internación.
Un número tan alto de migrantes ha generado ciertas diferencias con la administración de la gobernadora Hochul, no obstante ha prevalecido el ánimo de cooperación entre ambas instancias de gobierno.
En fechas recientes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció nuevas medidas para hacer frente a la crisis nacional de solicitantes de asilo. Entre las medidas anunciadas se encuentra la declaración y prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a Venezuela durante 18 meses para las personas que ya residían en Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023, dado que muchos de estos migrantes son de nacionalidad venezolana.
Es importante señalar que, desde el inicio de esta crisis migratoria, el Consulado General de México en NY, ha estado en comunicación con la oficina del alcalde. Hasta el día de hoy no hay ciudadanos mexicanos entre los solicitantes de asilo que llegan de la frontera sur. A finales de julio de este año, se informó que aproximadamente el 40% de los solicitantes de asilo que llegan a la Ciudad de Nueva York proceden de Venezuela.
Los solicitantes de asilo migran de su país con la esperanza de encontrar un nuevo hogar y una nueva oportunidad de desarrollo. En NY, han encontrado una luz de esperanza, pero los números tan grandes de migrantes que están llegando, también generan tensiones a las autoridades, para atender y resolver todos los retos que implica ofrecer techo y comida con dignidad a cientos de miles de familias que buscan paz y trabajo.
¡Vaya prueba para materializar un derecho humano fundamental en las actuales circunstancias! (Jorge Islas, El Universal, Opinión, p. A14)
No cabe duda que el crimen organizado está inmerso en la sociedad mexicana, en todos los niveles y en todas las regiones del país. No sólo hablamos de los casi 100 homicidios diarios, sino del control que ejercen en los diversos ámbitos de la vida diaria. Imponen gobernantes, determinan qué negocios deben pagarles piso y son la autoridad de facto.
Sabemos que los tentáculos de estas organizaciones se extienden de muchas maneras, pero gran parte de este control lo llevan a cabo a través de cooptar a las policías en los tres ámbitos del gobierno: municipal, estatal y federal.
Al presentar los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2023, el Inegi reportó que 222 mil personas estaban adscritas el año pasado a las instituciones de seguridad pública de las entidades. Por otro lado, en México hay más de 1,600 corporaciones policiales.
Sobran casos que demuestran que las corporaciones de seguridad pública infiltradas. Pero no sólo por convicción, sino igualmente por la violencia que ejercen contra ellas las mismas organizaciones criminales.
De acuerdo con la organización Causa en Común, de 2018 a junio 2023, han sido asesinados 2 mil 482 uniformados en todo el país.
En julio pasado, al menos 36 agentes municipales renunciaron a la policía de Cajeme, Sonora, tras el secuestro, tortura y asesinato de tres policías.
Lo cierto es que nuestros gobernantes no han entendido qué hacer para lograr una policía fuerte y confiable que pueda cumplir con su objetivo. Por eso, para la ciudadanía, en casi todos los casos, las interacciones con los uniformados son un volado sobre el resultado. Desde mordidas hasta el trabajo que hacen para las organizaciones criminales.
Ahí están los casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, donde está documentando que fueron los policías de Iguala y estatales quienes entregaron a los normalistas al crimen organizado.
También, hace unos días, se confirmó que fueron policías estatales los que el 21 de enero de 2021, en la comunidad de Santa Anita, del municipio de Camargo en Tamaulipas, asesinaron y calcinaron a 17 migrantes.
Desde hace más de una década se ha tratado de “blindar” a las policías con mandos sacados de las filas castrenses, pero el resultado ha sido el mismo.
Sin buscar simplificar el problema –que claramente es complejo– no se ha entendido que lo que hace fuerte a una policía es el misticismo de ser parte de una corporación, el sentido de pertenencia. Así es como se pretendía consolidar a la Policía Federal, la cual fue destruida con un plumazo por el presidente López Obrador.
Un buen ejemplo de una policía nacional exitosa en Latinoamérica son los carabineros de Chile. Es una institución creada en 1927 que es la segunda institución pública y de la sociedad civil que mayor confianza genera a la ciudadanía, según los resultados del cuarto estudio nacional de Research Chile.
Es necesario que se profundice en diseñar a policías que funcionen, que rindan cuentas y no caigan en las garras del crimen organizado. Hoy estamos lejos de instituciones de ese tipo. (Ricardo Alexander Márquez, Excélsior, Nacional, p. 6)