Que por cierto, la embajada de Estados Unidos en México, que encabeza Ronald Johnson, anunció que desde el 20 de marzo de este 2026 amplió la revisión de redes sociales de los solicitantes de visa de no migrante, así como las de trabajadores domésticos y otras denominaciones, y detalló que para facilitar el proceso para el otorgamiento será necesario que las cuentas de los solicitantes sean públicas con el fin de evitar retrasos, así que a la voz de “ya” aguas con los memes. ¿Big Brother se dice en english? (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente como canciller por motivos de salud y la designación en el cargo de Roberto Velasco Álvarez, quien fungía de subsecretario para América del Norte. La mandataria manifestó su aprecio y agradecimiento al también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de quien dijo “nos va a seguir ayudando en distintos temas y cuando termine su rehabilitación regresará con nuevas funciones”. Por su parte, De la Fuente agradeció a la Presidenta por haber confiando en él para participar en el proyecto político de la transformación.
Es necesario reconocer la gestión del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en uno de los periodos más complejos para el desempeño de esa tarea, en particular por el desafío permanente de lidiar con Donald Trump. Debe recordarse que, a pocas semanas de iniciar su segundo mandato, el magnate anunció la imposición de un arancel general de 25 por ciento a todas las importaciones provenientes de México y Canadá, pese al tratado de libre comercio vigente.
Asimismo, la cancillería mexicana enfrentó con templanza la insistencia de Trump y de funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, de enviar tropas estadunidenses a México con el pretexto inverosímil del combate a los cárteles de la droga, llegando a comparar la situación con la lucha contra el Estado Islámico en Medio Oriente; lidió con la crisis humanitaria desatada por la cacería humana del trumpismo contra migrantes, sin importar su estatus legal, e incluso contra ciudadanos con apariencia extranjera, bajo los criterios racistas de las agencias policiales estadunidenses. Por último, manejó la naturaleza impredecible y las contradicciones de los mensajes provenientes de Washington: mientras el presidente estadunidense o sus secretarios lanzan amenazas frontales (cierres de frontera, aranceles o uso de la fuerza), figuras como el embajador en México emiten balances matizados destacando la “buena sintonía” o la cooperación bilateral.
En todos esos y otros retos, De la Fuente condujo al Servicio Exterior Mexicano de acuerdo con los principios constitucionales, los valores del movimiento de transformación y las directrices de la presidenta Sheinbaum. Ello le valió a la SRE críticas muchas veces injustas desde los extremos del espectro político, donde se cuestiona a las autoridades de “trasnochadas” por actuar según principios y de “entreguista” por mostrar flexibilidad y pragmatismo en coyunturas imposibles. Ante tales señalamientos, es preciso reconocer que en los 18 meses transcurridos de la presente administración federal la política exterior desempeñó un papel clave en mantener a flote al país salvaguardando la dignidad y la soberanía nacionales. (Editorial, La Jornada, Editorial, p. 2)
El viernes pasado, en la conferencia matutina, el gobierno federal presentó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Más que una cifra -132 mil personas permanecen en el registro-, lo que se presentó fue un intento por ordenar esa base de datos y replantear la forma en que el Estado enfrenta una de las crisis más graves del país.
Para entender el alcance del cambio conviene mirar hacia atrás.
Durante el sexenio pasado, el registro creció de manera sostenida. Se nutrió de múltiples fuentes -heterogéneas y de calidad desigual- y se expandió sin un criterio uniforme.
Permitió empezar a dimensionar el horror, pero no necesariamente facilitó la búsqueda.
En esa base convivían nombres incompletos, duplicidades, apodos y registros sin contexto. El impulso era incluyente: registrar todo. Ese mismo impulso, sin embargo, dificultó su uso como herramienta de búsqueda.
Lo presentado el viernes introduce otra lógica.
El punto de partida: los registros de desapariciones no son homogéneos ni responden a una sola causa.
En esa base coexisten situaciones distintas -desde ausencias voluntarias y procesos migratorios, hasta desapariciones cometidas por particulares o por agentes del Estado- que no pueden tratarse como si fueran lo mismo.
Aquí separar no implica restar importancia. Permite entender.
En su intervención, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo, desglosó la complejidad del registro en tres grandes conjuntos.
Una primera porción del registro -más de 46 mil casos- carece de datos mínimos de identidad. Son simplemente entradas que no permiten iniciar una búsqueda. “Cristo”, “Masculino no registrado”, “RRRR”, “Claudia Sheinbaum”.
Nombres sin identidad verificable, desprovistos de contexto y sin posibilidad de anclar una investigación. Aquí el problema es de origen.
Un segundo grupo -alrededor de 40 mil personas- muestra indicios de actividad posterior a su registro como desaparecidas. Esos indicios emergen al cruzar el registro con otras bases de datos: apariciones en el padrón electoral, altas ante el SAT, registros de matrimonio, entre otros.
Aquí la tarea consiste en verificar e integrar esa información. El problema no es la falta de datos, sino su dispersión y la incapacidad de hacerlos dialogar.
Un tercer conjunto -poco más de 43 mil casos- no muestra ninguna actividad posterior a la fecha de desaparición. No hay indicios, ni huellas administrativas, ni señales posteriores. Son los casos en los que, pese a contar con información inicial, no se ha logrado construir ninguna pista adicional. Aquí se configuraría la desaparición en sentido estricto.
Sin embargo, como reconoció la propia Figueroa, ni siquiera en estos casos la búsqueda ha sido sistemática. De los más de 43 mil, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación. Ese déficit es atribuible al pésimo trabajo de las fiscalías.
Ese déficit, sin embargo, no agota el problema.
El desorden del registro anterior no solo generó sobrerregistro, sino también subregistro -y aquí el gobierno federal tendría que ser más explícito.
Hay desapariciones que nunca fueron documentadas: casos que no se denunciaron, nombres que no ingresaron a la base, ausencias que quedaron fuera del sistema.
¿Cuántos son? No lo sabemos. Miles, con toda probabilidad; acaso decenas de miles. A ellos también hay que buscarlos.
Es justo reconocer que la 4T no ha tratado bien el tema de las desapariciones. A lo largo de estos años se han acumulado errores, episodios de opacidad y una relación tensa con los colectivos.
Ese antecedente ayuda a explicar por qué el anuncio del viernes ha despertado reservas e incluso acusaciones de un intento por “borrar” o “desaparecer” desaparecidos.
La desconfianza es comprensible. Mi lectura, sin embargo, es otra.
El nuevo registro apunta en la dirección correcta: usar la información para construir criterios de acción. Depurar, reclasificar, articular datos y definir rutas diferenciadas de búsqueda. Sobre todo, obligar a las fiscalías a hacer su trabajo con base en información real, objetiva y verificable.
En una crisis de esta naturaleza, contar es apenas el inicio. Buscar es la tarea pendiente. (Carlos A. Pérez Ricart, Reforma, Opinión, p.6)v
Desde hace cinco años las compañías militares privadas rusas fueron identificadas con operaciones en América Latina teniendo como plataforma Venezuela, bajo el antiguo régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con documentos sin clasificar del Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), la principal empresa de mercenarios rusos con despliegue en la región sería Wagner, una compañía creada en 2014 en Moscú, que desde su surgimiento se le vinculó con el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso.
Wagner, fundada por el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, fue el brazo paramilitar operativo ruso en el Donbass en la primera guerra de Ucrania, y posteriormente tuvo despliegues en Siria, Libia, República Centroafricana, Sudán y Mozambique. El líder del grupo se rebeló en junio del 2023 contra la cúpula militar rusa, tras una fallida intervención en la actual guerra de Ucrania. Su ejército tomó la ciudad de Rostov del Don y tras negociaciones depuso las armas para exiliarse en Bielorrusia. Dos meses después de forma extraña el avión donde viajaba explotó en el aire muriendo en el acto.
Algunos de los integrantes del grupo volvieron a la actividad tiempo después en su especialidad, los “conflictos asimétricos”. El documento señala que ningún estado de la región presenta características de conflictos asimétricos internos, comparado con África o Medio Oriente. Al examinar la naturaleza de los conflictos, se tomó en cuenta la relación de Rusia con el país anfitrión y los antecedentes de operaciones de la inteligencia rusa.
El documento advierte que los rusos suelen aprovechar los conflictos internos cuando los gobiernos locales no controlan la violencia en su territorio. Aprovechan debilidades institucionales que permite que organizaciones no estatales tengan control territorial para interferir. En el caso de Venezuela, Wagner operó resguardando instalaciones de la empresa petrolera rusa Rosneft.
Los servicios de inteligencia estadounidense han dado seguimiento desde entonces a la presencia de Wagner en el hemisferio, el análisis señala que cuando un Estado no ejerce a plenitud el “monopolio sobre la violencia” es un “factor universal para determinar la intervención de compañías militares privadas rusas”.
El documento toma relevancia en el actual contexto nacional donde el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación cercana con el régimen autócrata ruso. En diciembre pasado The New York Times publicó que Estados Unidos entregó a México una lista de espías rusos y el gobierno no los expulsó pese a que han intensificado sus operaciones encubiertas en el país.
Hace unos días la Marina desmanteló en la sierra de Cosalá, Sinaloa, un laboratorio de metanfetaminas donde encontraron equipo para fabricar droga sintética, vestimenta militar y chalecos tácticos uno de los cuales traía las insignias del grupo Wagner. La información no pudo ser verificada de forma independiente, pero se inscribe dentro de la guerra de información que sostienen los grupos criminales confrontados por el estado, donde se acusan de recibir apoyos de tecnología y armas de naciones como Rusia y China, antagónicos a intereses estadounidenses. Es el tipo de conflicto donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, un factor que suelen aprovechar los rusos de Wagner. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p. 5)